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Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento
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Empezó su carrera profesional en la revista Siempre! a los 17 años, cuando era todavía estudiante de preparatoria. Obtuvo la licenciatura en filosofía con honores de la Universidad York de Toronto, Canadá. A los 22 años entró a trabajar como redactor en Encyclopaedia Británica Publishers, Inc. y dos años más tarde fue nombrado director editorial de las obras en español de la empresa.

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15 Octubre 2019 04:07:00
Fabricar criminales
“El poder de cobrar impuestos es el poder de destruir”.
John Marshall

Se está creando una ley que convierte en miembros del crimen organizado a quienes no lo son. Esta extraña legislación ya fue aprobada por el Senado, pero será considerada y probablemente votada hoy por la Cámara de Diputados. El resultado será dejar sin garantías individuales a personas acusadas de defraudación fiscal.

El paquete modifica la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal. Los cambios a la ley se hicieron originalmente para combatir las facturas falsas, pero el proyecto se cambió en el Senado para castigar cualquier defraudación fiscal por más de 7.8 millones de pesos.

Los empresarios se quejaron de que se estaba configurando una nueva forma de terrorismo fiscal. Las nuevas medidas, afirmaron, dejarían sin posibilidad de defensa a los acusados, quienes antes de ser juzgados podrían sufrir el congelamiento de sus cuentas bancarias, prisión preventiva oficiosa y la confiscación de sus bienes por la vía de la extinción de dominio.

Distintos funcionarios del Gobierno han señalado que los contribuyentes honestos no tienen por qué preocuparse, pero los empresarios han pedido que se aclare que esas leyes solo deberían aplicarse a quienes expidan o utilicen facturas falsas y no a quienes cometan errores o tengan interpretaciones diferentes de la ley a la autoridad.

Ángeles Jasso, la administradora general jurídica del Sistema de Administración Tributaria (SAT), me ha dicho que la ley está hecha para considerar como miembros del crimen organizado solo a quienes comentan el ilícito “de manera permanente y reiterada, no por error o por volumen”. La medida, señala, “no va dirigida a los pequeños empresarios. Tuvieron que haber tenido ventas por 21 millones. La idea es ir sobre los grandes, mafias o redes, en delitos como el lavado. El ministerio público tiene que comprobar que existió esta conducta dolosa. Tiene que comprobar que la conducta es reiterada. Los medios de defensa siguen estando vigentes. Los medios de apelación siguen estando vigentes. La prisión preventiva oficiosa debe ser dictada por el juez de control”.

Nadie puede cuestionar el intento del Gobierno por tratar de mejorar la recaudación. Quienes pagamos impuestos estamos particularmente interesados en lograrlo, pero es importante hacerlo sin violar las garantías individuales. Y la nueva ley lo hace.

La nueva legislación parte de una mentira: que los contribuyentes que cometan alguna falta son miembros del crimen organizado, cuando no lo son. Pueden ser responsables de evasión, pero eso no los hace
narcotraficantes.

La prisión preventiva oficiosa debe ser una excepción y no una regla, como lo han señalado las organizaciones de derechos humanos y la ONU. Esta práctica viola la presunción de inocencia porque castiga al acusado, privándolo de la libertad, antes de que sea juzgado o declarado culpable. Por eso solo debe aplicarse a criminales violentos.

La mayoría de los acusados por delitos fiscales no son violentos, sino que tienen criterios distintos de interpretación de una legislación extraordinariamente compleja. Aplicarles prisión preventiva no ayuda a lograr justicia. Tampoco es justo congelarles las cuentas bancarias o confiscar sus bienes antes de juzgarlos. Son contribuyentes registrados ante el SAT, y no miembros del crimen organizado, aun cuando por ley se les quiera convertir en tales.


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