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Guillermo Robles Ramírez
Guillermo Robles Ramírez
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Licenciado en Comunicación en la Universidad Iberoamericana Plantel Laguna, Posgrado el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Monterrey, Director General de la Agencia de Noticias SIP, Premio Estatal de Periodismo en el 2011 y 2013 en la categoría Columna de Opinión, reconocimiento de labor periodística de la Unión de Periodistas del Estado de Coahuila, Presea Trayectoria "Antonio Estrada Salazar" 2018

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11 Febrero 2019 03:54:00
¿Dónde está los controles de confianza?
Uno de los temas más escabrosos para cualquier administración municipal del país, y a su vez dolor de cabeza para la ciudadanía, es sin lugar a dudas el transporte público.

Pero cualquiera que se le pregunte con respecto a este tema y sobre todo a los usuarios siempre habrá mil cosas que dirán en contra de ello, resumiéndose en un pésimo servicio.

Los ciudadanos que hacen uso de este servicio conceptúan el servicio como algo ajeno a la Presidencia Municipal, o al menos las malas prácticas de antecesores hacen lo que Poncio Pilato, es decir, simplemente se lavan las manos para quitarse la culpa echándoles la culpa a los concesionarios.

Un servicio que tienen como característico en la incongruencia ya que por una parte los municipios lo hacen creer a la gente que no le pertenece cuando existen fallas, pero está en ellos, es decir, autoridad la responsable para la asignación de el costo del pasaje público.

El concepto de concesión de servicio público se define al menos jurídicamente como la función o concesión del transporte público, como un contrato administrativo municipal mediante el cual una persona con carácter jurídica ante la Presidencia Municipal puede celebrar por un tiempo determinado, la organización y funcionamiento de un servicio público, a quien se le llamará “concesionario”.

Todo queda muy claro hasta aquí sin embargo las obligaciones del concesionario aparentemente terminan hasta ahí, ya que las mismas autoridades no le dan seguimiento al resto de los requisitos a cumplir, como es desde la contratación de los choferes quienes operan estas unidades de transporte público.

En este último punto mencionado en el párrafo anterior, haré un pequeño paréntesis en donde si bien es cierto que, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en su Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila decreta en su Artículo 2º “El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia… queda prohibido restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso de trabajo, así como limitar el ingreso a los programas de capacitación profesional por razones de raza, sexo, edad, preferencias sexuales, doctrina política, creencias religiosas, estado de gravidez, antecedentes penales….la carta de antecedentes penales se exigirá únicamente para aquéllos que apliquen para ocupar un cargo en los cuerpos de seguridad pública o policía”

El punto concreto es que en Coahuila no existe la discriminación en puestos público al menos con las excepciones mencionadas de antecedentes penales o no penales, es decir, no se solicita como requisito dicho documento.

Si bien es cierto que el transporte público urbano son concesiones otorgadas por parte de los Ayuntamientos del país, eso significa que sus choferes también deben de ser considerados como servidores públicos, haciendo esta mención por aquello que en cada municipio de México, la mayoría de los choferes de estas unidades son manejados por personas que han tenido algún historial con antecedente penal, ya que la Ley Federal de Trabajo no prohíbe a ningún particular o empresa como parte de requisito tal documento, y ni tampoco se menciona en ninguna parte la palabra discriminación, así que la decisión de no contratar a personas con algún pasado de tal índole queda al libre albedrio por parte patronal.

Sin embargo, las autoridades no le dan seguimiento ya que, en la entidad de Coahuila de Zaragoza, es indispensable contar con la original y copia de carta de No Antecedentes Penales (vigencia un año) para la otorgación de Tarjetón de Identificación para personas que pretendan laborar como Operadores del Servicio Público de Transporte de personas, es decir, esto incluye tanto a choferes de taxis y camiones urbanos de las 38 cabeceras municipales de Coahuila.

Existe un fuerte rumor más nada oficial en la que en un gran número de operadores en el gremio del transporte público tienen al menos un antecedente penal registrado, pero nadie se ha dado a la tarea de investigar o darle seguimiento por parte de las autoridades municipales en este aspecto ya que simplemente se renuevan las concesiones otorgadas asumiendo a que cuentan con toda la papelería en orden pero honestamente; ¿cuántos de ustedes ven visible estos tarjetones de identificación en camiones y taxis?. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria “Antonio Estrada Salazar” 2018) http://www.intersip.org



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