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24 Agosto 2019 03:50:00
Cosas imposibles
Por: Gerardo Abraham

El tema de las empresas fantasma que fueron detectadas durante la Administración de Rubén Moreira en el 2016, generó la convicción de que el Gobierno del Estado desviaba recursos del erario por medio de esta ya muy conocida práctica, en la cual se requiere de diversos cómplices de acuerdo a sus atribuciones respectivas. Para empezar: Los contralores o contralor de la dependencia estafada, que voltea a ver para otro lado y evita inspeccionar al proveedor que fue beneficiado para que este cumpla con los requisitos de ley. Luego, la Tesorería o Secretaría de Finanzas hace lo propio, y libera los pagos sin atender ni solicitar por lo menos un informe que acredite la debida constitución de la empresa y su operación legal. Finalmente, las autoridades fiscalizadoras, como la Auditoría Superior del Estado, que revisa de modo superficial o sin muchas ganas de encontrar nada respecto a la situación de los proveedores y de los pagos realizados. No se necesita ser un experto para determinar pues, que la constitución y posterior contratación de una empresa fantasma es un hecho que requiere una acción orquestada para que esta pueda operar con “éxito” de principio a fin.

En Coahuila, cuando se detectaron y denunciaron las empresas fantasma, entre otras cosas, se revelaron los problemas que había con los registros de las mismas, sus denominaciones, la forma irregular en que algunas facturaron, los domicilios fiscales falsos y otras irregularidades que tienen relación directa con deberes “FISCALES FEDERALES”. Y es aquí donde me voy a detener; por tratarse de empresas proveedoras del Estado a las cuales se les pagó dinero –del erario– por determinado servicio, corresponde a la Auditoria Superior del Estado de Coahuila investigar todo el procedimiento desde su constitución hasta que se convirtieron en proveedoras, incluso fue la Auditoria local la que determinó que existían 13 “empresas fachada” que habían desviado alrededor de 410 millones de pesos, una vez corroborada la información, se presentaron las querellas correspondientes ante la Fiscalía de Coahuila y estas seguirán su curso en el orden local. Sin embargo parece que esto no lo sabe el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien a pregunta expresa de una reportera en sus tradicionales “mañaneras”, acerca de si se haría justicia por este tema, el Presidente no solo no supo contestar que el tema de la procuración de justicia por este concepto o por cualquier delito por hecho de corrupción perpetrado en una entidad, en este caso Coahuila, es llevado por las autoridades locales, pero además de demostrar poco conocimiento en la materia, el Mandatario bien pudo precisar qué acciones sí podrían ser llevadas a cabo por la Federación, pero no lo hizo, y es que no es poca cosa lo que a nivel federal se podría contribuir con el tema, específicamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si bien es verdad que de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, la UIF tiene como finalidad investigar las operaciones financieras que tengan como finalidad financiar el terrorismo, además de detectar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y, bajo tal razonamiento una empresa fantasma local no sería “materia” de investigación para ellos; lo cierto es que en realidad sí pueden existir puntos que justifiquen la intervención de la UIF, siempre y cuando existiera la voluntad política de un Presidente que dice que los hechos por corrupción en Coahuila son un tema politizado –nada más alejado de la realidad– y es cuando una empresa fantasma local involucre en sus operaciones a la banca, participando esta de manera consciente en actos ilegales, o bien en las llamadas “triangulaciones”, cuando la empresa fantasma local participe en operaciones de lavado de dinero del crimen organizado, o cuando, siendo empresa fantasma local, sea proveedora también del Gobierno federal o de organismos federales; esto solo por citar algunos ejemplos.

Por otra parte, al Servicio de Administración Tributaria les corresponde vigilar que los causantes cumplan con sus obligaciones fiscales: Registro de denominaciones, registro federal de contribuyentes, domicilio fiscal, declaraciones de impuestos, etcétera. Deberes que toda empresa, sin importar si es local, debe cumplir.

Derivado de lo que comparto en esta columna, considero que, independientemente de las investigaciones que las autoridades locales llevan de las empresas fantasma, el Presidente de México, a través de las autoridades federales ya mencionadas, pudiera realizar alguna investigación al respecto, pero como lo dije, hace falta voluntad política a un Mandatario que solo le importa perseguir a sus adversarios por temas políticos y no en coadyuvar con las entidades en las investigaciones que aceleren la procuración de justicia, pero estas, mi estimado lector parecen ser cosas imposibles en esta transformación de cuarta.



Gerardo Abraham Aguado Gómez es miembro de Acción Nacional desde 2008. Actualmente es diputado local en la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila.

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