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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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01 Octubre 2017 04:03:00
El desmantelamiento constitucional
Cien años y 743 artículos reformados lleva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ellos, 154 han sido modificados durante el régimen actual, lo que representa casi el 20% del total de las reformas efectuadas anteriormente.

La última –¿ominosamente?– se publicó el día mismo en que se conmemora el inicio de la guerra de independencia, el 15 de septiembre pasado.

La mayoría de esas reformas han tenido por motivo central ampliar las facultades de los órganos del gobierno de la Unión, en detrimento de las atribuciones de las correspondientes a los gobiernos estatales.

El vehículo de concentración, primero, fueron la leyes “generales”, una clasificación que, en rigor, sólo merecen aquellas disposiciones que, en desarrollo de una disposición constitucional, regulan el ejercicio de las facultades concurrentes, es decir, aquellas que la propia constitución otorga a los órdenes federal y estatales como excepción a la regla general de facultades exclusivas.

Después, de plano y ya sin rubor alguno, se dio en la práctica de emitir leyes y códigos “nacionales”, que desplazan a las legislaciones locales en materias que, según el equilibrado diseño original, les correspondían.

Un par de datos interesantes y que usualmente pasan desapercibidos: durante el largo periodo de estabilidad económica y social, pocas fueron las reformas efectuadas a la ley suprema; en cambio, el frenesí de los cambios empezó en los 70, se agudizó en los 80 –para propiciar el suave aterrizaje en nuestro país del entonces abiertamente pujante “neoliberalismo, que aún sigue vivo, pero casi soterradamente– y ha tenido un verdaderamente grande apogeo en los dos últimos sexenios.

¿No es de llamar la atención que a la inestabilidad constitucional correspondan los tiempos de mayor inestabilidad política y social? ¿Es mera coincidencia?

Incluso en materia económica, respecto de la que se pregonan condiciones de prosperidad y estabilidad macroeconómica, los índices de pobreza son mayúsculos y la brecha entre los muy pocos ricos y el resto de la población cada vez más pronunciada, lo que es en sí mismo injusto y, además, propicio para la inconformidad creciente que, ya con visos de acre rebeldía, es perfectamente perceptible entre la gente de nuestro país.

Lo grave del asunto es que, a pesar de esa crispación social, los argumentos desplegados por los centros de poder impulsores del retroceso estructural, a pesar de su retórica retorcida y gastada, no son rebatidos; al contrario, frecuentemente se aplauden, incluso desde sectores ordinariamente críticos, quizás porque la inmediatez de los problemas que se dice pretenden ser resueltos con las reformas, impide ver el panorama que ofrece el horizonte profundo de las intenciones de control que ellas conllevan, pues es evidente que mientras más disperso y limitado se encuentre el poder, más difícil será ejercerlo en favor de intereses particulares.

Hay que recordar que nuestra Constitución es, en el papel, rígida, precisamente para evitar que a voluntad de los poderosos se modifique sin ton ni son, en favor de ellos y perjuicio de los seres humanos cuyos intereses y derechos está destinada a proteger.

En los hechos, esa característica se ha esfumado. Los órganos que deberían protegerla, los partidos políticos incluidos, se han sumado al pequeño grupo rector de la política –¿recuerda usted el llamado Pacto por México?– para decidir, incluso al margen de los órganos legislativos, sobre los asuntos que atañen a todo el país y afectan a todos sus habitantes. Eso rompe el orden institucional y opera contra la democracia.

Ferdinand La Salle, ese jurista alemán marxista decimonónico que habló desde entonces sobre el tema, sostuvo que, a pesar de la generalizada creencia de que la Constitución es una ley suprema, protectora del interés general, en realidad no es sino una expresión de la voluntad de los poderosos, que en la cúspide se dan la mano y coinciden en la adopción de medidas para cuidar sus intereses, “legalizando” las vías para conseguirlo desde la fuente misma de la supremacía jurídica.

¿Acaso La Salle tenía razón?
31 Mayo 2020 04:03:00
El sistema educativo y la política que falta
La expedición de la Ley de Educación de Puebla, en fecha reciente ha hecho surgir una inquietud acerca de los alcances, principalmente, de una disposición contenida en su artículo 105: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

Se temía y casi se daba por hecho, que se trataba del inicio de un proceso que conduciría a la afectación del régimen de propiedad de los bienes, sobre todo los inmuebles, de las escuelas particulares. Se llegó mencionar, incluso, la palabra “expropiación”.

La reacción es explicable por el grado de exaltación anímica que ha provocado el contexto político contemporáneo, pero no hay motivo para inquietarse por ello porque la ley recientemente expedida no incorpora, como se verá, novedad alguna.

Baste recordar, para ilustrarlo, que la Ley Federal de Educación de 1973, bajo cuyo amparo funcionó el sistema y se educaron muchas generaciones, disponía que el sistema educativo nacional estaba constituido “por la educación que imparten el estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios”, mientras que se componía “con los siguientes elementos: Los educandos y los educadores; los planes, programas y métodos educativos; los establecimientos que imparten educación…; los libros de texto, cuadernos de trabajo, material didáctico, los medios de comunicación masiva y cualquier otro que se utilice para impartir educación; los bienes y demás recursos destinados a la educación; y la organización y administración del sistema”.

Si bien se puede entender que haya personas en las que surjan dudas y temores respecto de la prevalencia de algunos derechos fundamentales -o todos- y la seguridad jurídica imprescindible para garantizarlos, no se justifica el empeño de redoblar el esfuerzo y la disciplina de informarse bien y reflexionar pensando en el largo plazo, teniendo en mente las estrategias y tácticas adecuadas a la solución de los muy graves problemas que nos aquejan, sin perder la concentración en los puntos críticos.

Eso y no otra cosa, servirá mejor al propósito de mejorar las estructuras sociales en nuestro país, enderezar el rumbo -perdido hace mucho tiempo, para ser justos- e instaurar condiciones propicias a las dinámicas de justicia en libertad e igualdad que caracterizan a las sociedades civilizadas y que son condiciones necesarias para que florezcan, en un orden justo, la paz, la seguridad y la esperanza que parecen perdidas.

En cambio, la emotividad pura y dura puede ser contraria a los intereses y valores que para eso hace falta rescatar y hasta pueden hacer presa de ella los falsos profetas que suelen aparecer con provecho en la confusión del río revuelto. Ellos se nutren, precisamente, del descontento y la irritación, justificados o no.

Falta también el contacto con los más necesitados, no ya como clientela electoral, sino para incorporarlos como compañeros de viaje al progreso y la dignidad del desarrollo integral, porque solo así se podrá decir que en este país hay democracia y que ella es sustancial y progresivamente dinámica, puesto que gobierna para proteger los derechos y libertades de todos, conforme a reglas de juego claras y estables, conforme a las cuales, en efecto, son provistas seguridad y justicia para toda persona, sin ambages y sin reservas.

Si se pierde de vista que toda respuesta basada en métodos, procedimientos, actitudes y lenguaje, como los que se critican solo abona a la causa de lo criticado y fortifica su juego, se va a errar, aunque se obtenga el desahogo de la presión emotiva.

Si, en cambio se parte de razones y argumentos y se prohíjan acciones virtuosas evitando el insulto y la diatriba, podrá avanzarse en el buen sentido.

Pensamiento y acción política de envergadura mayor, no catarsis, es lo que México necesita.
31 Mayo 2020 04:00:00
El Sistema Educativo y la política que falta
La expedición de la Ley de Educación de Puebla, en fecha reciente, ha hecho surgir una inquietud acerca de los alcances, principalmente, de una disposición contenida en su Artículo 105: “Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo estatal”.

Se temía, y casi se daba por hecho, que se trataba del inicio de un proceso que conduciría a la afectación del régimen de propiedad de los bienes, sobre todo los inmuebles, de las escuelas particulares. Se llegó mencionar, incluso, la palabra “expropiación”.

La reacción es explicable por el grado de exaltación anímica que ha provocado el contexto político contemporáneo, pero no hay motivo para inquietarse por ello porque la ley recientemente expedida no incorpora, como se verá, novedad alguna.

Baste recordar, para ilustrarlo, que la Ley Federal de Educación de 1973, bajo cuyo amparo funcionó el sistema y se educaron muchas generaciones, disponía que el sistema educativo nacional estaba constituido “por la educación que imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios”, mientras que se componía “con los siguientes elementos: los educandos y los educadores; los planes, programas y métodos educativos; los establecimientos que imparten educación…; los libros de texto, cuadernos de trabajo, material didáctico, los medios de comunicación masiva y cualquier otro que se utilice para impartir educación; los bienes y demás recursos destinados a la educación; y la organización y administración del sistema”.
Si bien se puede entender que haya personas en las que surjan dudas y temores respecto de la prevalencia de algunos derechos fundamentales –o todos– y la seguridad jurídica imprescindible para garantizarlos, no se justifica el empeño de redoblar el esfuerzo y la disciplina de informarse bien y reflexionar en el largo plazo, teniendo en mente las estrategias y tácticas adecuadas a la solución de los muy graves problemas que nos aquejan, sin perder la concentración en los puntos críticos.
Eso, y no otra cosa, servirá mejor al propósito de mejorar las estructuras sociales en nuestro país, enderezar el rumbo –perdido hace mucho tiempo, para ser justos– e instaurar condiciones propicias a las dinámicas de justicia en libertad e igualdad que caracterizan a las sociedades civilizadas y que son condiciones necesarias para que florezcan, en un orden justo, la paz, la seguridad y la esperanza que parecen perdidas.

En cambio, la emotividad pura y dura puede ser contraria a los intereses y valores que para eso hace falta rescatar, y hasta pueden hacer presa de ella los falsos profetas que suelen aparecer con provecho en la confusión del río revuelto. Ellos se nutren, precisamente, del descontento y la irritación, justificados o no.
Falta también el contacto con los más necesitados, no ya como clientela electoral, sino para incorporarlos como compañeros de viaje al progreso y la dignidad del desarrollo integral, porque solo así se podrá decir que en este país hay democracia y que ella es sustancial y progresivamente dinámica, puesto que gobierna para proteger los derechos y libertades de todos, conforme a reglas de juego claras y estables, conforme a las cuales, en efecto, son provistas seguridad y justicia para toda persona, sin ambages y sin reservas.

Si se pierde de vista que toda respuesta basada en métodos, procedimientos, actitudes y lenguaje como los que se critican solo abona a la causa de lo criticado y fortifica su juego, se va a errar, aunque se obtenga el desahogo de la presión emotiva.

Si, en cambio, se parte de razones y argumentos, y se prohíjan acciones virtuosas evitando el insulto y la diatriba, podrá avanzarse en el buen sentido.
Pensamiento y acción política de envergadura mayor, no catarsis, es lo que México necesita.
24 Mayo 2020 04:01:00
El pasado, espejo del futuro
Primero fue la discordia respecto de las medidas para paliar la devastación económica. Después, por la exclusión de la inversión privada en la generación de energías limpias (inoportuna porque hay ya inversiones de varios millones de dólares). Siempre, por las decisiones centralizadas respecto de las estrategias para enfrentar la pandemia del coronavirus.

La tensión acumulada rompió la dócil sumisión a los ancestrales controles que descansaban en la llamada “disciplina de partido”, a estas alturas perdida, y resurgieron las voces regionales que, a partir de reclamos típicos de las organizaciones federales, ponían en tela de juicio la legitimidad y la procedencia políticas de la centralización, mientras pugnaban por hacer valer prerrogativas propias de la soberanía compartida que las caracteriza.

Se cuestionó, incluso, el pacto federal y hasta se habló de la posibilidad de escisiones tales que romperían con la actual configuración del Estado mexicano, aunque en las circunstancias presentes esa perspectiva se antoje remota, puramente teórica e inviable.

A pesar de todo, bueno será recordar el adagio que dice que “los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir sus errores”.

Eso se explica porque el pasado es, en buena medida, un espejo del futuro. Si se atiende la imagen reflejada y se pone esmero, pueden corregirse las deficiencias e imperfecciones; si no, irremisiblemente, la realidad se volverá dolorosa y pesada.

Por eso no está de más, aunque sea a vuelo de pájaro, recordar un episodio de nuestra historia que tiene que ver con el tema.

Joel R. Poinsett fue el primer enviado plenipotenciario de Estados Unidos a México, todavía en tiempos del inestable periodo del llamado “primer imperio”. Tenía para entonces ya amplia experiencia como agente diplomático estadunidense, porque había fungido con el mismo carácter en varios países de Sudamérica durante los procesos de independencia, a los que en modo alguno fue ajeno el país del norte.

Su misión en México tenía, como uno de sus principales propósitos, negociar la compraventa de los territorios de Coahuila y Texas (entonces unidos en una misma demarcación), Nuevo México, las Californias, Sonora (con parte de Arizona entonces) y Nuevo León. La propuesta fue rechazada y el oferente tuvo que regresar a su país con cajas destempladas.

Téngase presente que, precisamente en esas fechas, James Monroe era presidente de Estados Unidos y por entonces fue que fijó la doctrina que lleva su nombre, advirtiendo a las antiguas potencias europeas que en adelante sería inadmisible cualquier intento de intervención suya en los países de este hemisferio.

Más tarde, esa idea sirvió de base, hacia mediados del siglo 19, para la formulación de la más ambiciosa propuesta doctrinaria que permea la cultura entera de ese país y se conoce como del “destino manifiesto”, pretendiendo que atañe a Estados Unidos, por designio divino, fungir como guardián de las libertades y la democracia en el mundo entero, idea en la que todavía fincan sus pretensiones intervencionistas de extensión global, como justificaron entonces sus empeños, nunca abandonados, por hacerse de los territorios que, a fin de cuentas, quedaron en su poder.

Las circunstancias de México son, ciertamente, muy diferentes, y las del mundo también. La composición geopolítica y los equilibrios globales están mudando y los nuevos equilibrios redefiniéndose.

En un extremo del tablero la pujante China y en el otro un menguado –pero nada descartable– Estados Unidos, con una Comunidad de Estados Independientes –la antigua U.R.S.S.– buscando no perder preeminencia. Todos rodeados por sus aliados y socios, en presencia de jugadores que, supuestamente “no alineados”, merodean en busca de la propia ventaja.

México no es ajeno a ese escenario, por más que alguno se empeñe en el aislamiento. Aquí crecerán las tensiones políticas y habrá nuevos actores –de casa y el subcontinente– pero en el largo plazo el cauce que siga su historia dependerá no solo de ello y de la solución de los problemas internos, sino también de los arreglos globales geopolíticos.

Cualquier pronóstico específico sería aventurado.
24 Mayo 2020 04:00:00
El pasado, espejo del futuro
Primero fue la discordia respecto de las medidas para paliar la devastación económica. Después, por la exclusión de la inversión privada en la generación de energías limpias (inoportuna porque hay ya inversiones de varios millones de dólares). Siempre, por las decisiones centralizadas respecto de las estrategias para enfrentar la pandemia del Covid-19.

La tensión acumulada rompió la dócil sumisión a los ancestrales controles que descansaban en la llamada “disciplina de partido”, a estas alturas perdida, y resurgieron las voces regionales que, a partir de reclamos típicos de las organizaciones federales, ponían en tela de juicio la legitimidad y la procedencia políticas de la centralización, mientras pugnaban por hacer valer prerrogativas propias de la soberanía compartida que las caracteriza.

Se cuestionó, incluso, el pacto federal y hasta se habló de la posibilidad de escisiones tales que romperían con la actual configuración del estado mexicano, aunque en las circunstancias presentes esa perspectiva se antoje remota, puramente teórica e inviable.

A pesar de todo, bueno será recordar el adagio que dice que “los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetir sus errores”.

Eso se explica porque el pasado es, en buena medida, un espejo del futuro. Si se atiende la imagen reflejada y se pone esmero, pueden corregirse las deficiencias e imperfecciones; si no, irremisiblemente, la realidad se volverá dolorosa y pesada.

Por eso no está de más, aunque sea a vuelo de pájaro, recordar un episodio de nuestra historia que tiene que ver con el tema.

Joel R. Poinsett fue el primer enviado plenipotenciario de los Estados Unidos a México, todavía en tiempos del inestable periodo del llamado “primer imperio”. Tenía para entonces ya amplia experiencia como agente diplomático estadounidense, porque había fungido con el mismo carácter en varios países de Sudamérica durante los procesos de independencia, a los que en modo alguno fue ajeno el país del norte.

Su misión en México tenía, como uno de sus principales propósitos, negociar la compraventa de los territorios de Coahuila y Texas (entonces unidos en una misma demarcación), Nuevo México, las Californias, Sonora (con parte de Arizona entonces) y Nuevo León. La propuesta fue rechazada y el oferente tuvo que regresar a su país con cajas destempladas.

Téngase presente que, precisamente en esas fechas, James Monroe era presidente de los Estados Unidos y por entonces fue que fijó la doctrina que lleva su nombre, advirtiendo a las antiguas potencias europeas que en adelante sería inadmisible cualquier intento de intervención suya en los países de este hemisferio.

Más tarde, esa idea sirvió de base, hacia mediados del siglo 19, para la formulación de la más ambiciosa propuesta doctrinaria que permea la cultura entera de ese país y se conoce como del “destino manifiesto”, pretendiendo que atañe a los Estados Unidos, por designio divino, fungir como guardián de las libertades y la democracia en el mundo entero, idea en la que todavía fincan sus pretensiones intervencionistas de extensión global, como justificaron entonces sus empeños, nunca abandonados, por hacerse de los territorios que, a fin de cuentas, quedaron en su poder.

Las circunstancias de México son, ciertamente, muy diferentes, y las del mundo también. La composición geopolítica y los equilibrios globales están mudando y los nuevos equilibrios redefiniéndose.

En un extremo del tablero la pujante China y en el otro un menguado -pero nada descartable- Estados Unidos, con una Comunidad de Estados Independientes -la antigua U.R.S.S.- buscando no perder preeminencia. Todos rodeados por sus aliados y socios, en presencia de jugadores que, supuestamente “no alineados”, merodean en busca de la propia ventaja.

México no es ajeno a ese escenario, por más que alguno se empeñe en el aislamiento. Aquí crecerán las tensiones políticas y habrá nuevos actores -de casa y el subcontinente- pero en el largo plazo el cauce que siga su historia dependerá no solo de ello y de la solución de los problemas internos, sino también de los arreglos globales geopolíticos.

Cualquier pronóstico específico sería aventurado.
17 Mayo 2020 04:00:00
El desdén por las normas y el desprecio a las personas
El miércoles 13 de mayo, a la hora habitual, se publicó el Diario Oficial de la Federación, por vía electrónica. En su página 69 aparece el índice, en el que hay un rubro que dice “Consejo de Salubridad General”, que en la página 29 contiene un “Acuerdo por el que mientras prevalezca la emergencia sanitaria, la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte se considerarán como actividades esenciales”.

Unos minutos después, esa versión había desaparecido, para ser sustituida por un ejemplar que mutilaba el índice y suprimía el contenido de ese acuerdo.

Esa irregular situación implica, por sí misma, que se generen diversas complicaciones jurídicas, por cuanto que la norma suprimida en la segunda versión no fue formalmente derogada y, por consiguiente, su texto podría considerarse válido y generador de situaciones jurídicas, cuya supresión sería capaz de producir agravios en perjuicio de alguien. Ese análisis, y la solución de los problemas técnicos que revelé, corresponderán a los abogados de los agraviados, y a ellos lo dejo.

Me ocupo de tan inusitado fenómeno porque en sí mismo trasciende la esfera de lo particular, para instalarse en un lugar prioritario de la agenda jurídica, política y de gestión pública de nuestro tiempo.

Por supuesto, ninguno de los problemas generados específicamente por esa patidifusa edición se resuelve con la ridícula explicación que publicó la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación, tan elemental que calificarla como pueril será ofender a los infantes.

Dice en ella que, “al visualizar el sitio” del Diario Oficial –no dice quién– las imágenes incluían “lo que sería el Acuerdo (sic) derivado de la reunión del día de ayer del Consejo de Seguridad General” y que “el procesamiento de esas imágenes se realizó tomando como base un archivo electrónico que contenía una versión preliminar” que se utilizó “para determinar el espacio y los cambios que se deberían realizar en la edición ante su eventual publicación”.

“Por un error”, se dice, se incluyeron “imágenes incorrectas”, pero ese yerro en las páginas publicadas de manera incorrecta” fue “resuelto” –según ellos– aunque el pretendido remedio fuera peor que la enfermedad y, a la postre, no resolviera nada.

Pero la paciencia paga: se informó también que, en ese momento, ya se estaba en espera de la institución emisora del acuerdo, “para proceder a su publicación a la brevedad posible”.

No hay que ir muy lejos por los comentarios ni profundizar mucho. El artículo 2º de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales deja clara la trascendencia de lo que en él se publica: “El Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación y los Órganos Constitucionales Autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente”.

Por lo que se refiere a la versión electrónica, el artículo 5º no deja duda: “El Diario Oficial de la Federación se publicará en forma electrónica y su edición tendrá carácter oficial”, en tanto que la autoridad que publica en él –tanto como la que lo administra y controla– es responsable de “garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación que se publique en su dirección electrónica, a través de la firma electrónica avanzada”, cosa que en el caso, según la propia “autoridad competente” reconoce, no ocurrió.

En medio del imperante desdén por las normas, que no deja de ser desprecio por las personas a cuya protección están destinadas, lo ocurrido no es anecdótico, sino síntoma de un mal mayor ¿Cómo pretender así credibilidad a la hora de proclamar que “nada al margen de la Ley” y nadie por encima de ella?
17 Mayo 2020 04:00:00
El desdén por las normas y el desprecio a las personas
El miércoles 13 de mayo, a la hora habitual, se publicó el Diario Oficial de la Federación, por vía electrónica. En su página 69 aparece el índice, en el que hay un rubro que dice "Consejo de Salubridad General", que en la página 29 contiene un "Acuerdo por el que mientras prevalezca la emergencia sanitaria, la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte se considerarán como actividades esenciales".

Unos minutos después, esa versión había desaparecido, para ser sustituida por un ejemplar que mutilaba el índice y suprimía el contenido de ese acuerdo.

Esa irregular situación implica, por sí misma, que se generen diversas complicaciones jurídicas, por cuanto que la norma suprimida en la segunda versión no fue formalmente derogada y, por consiguiente, su texto podría considerarse válido y generador de situaciones jurídicas cuya supresión sería capaz de producir agravios en perjuicio de alguien. Ese análisis, y la solución de los problemas técnicos que revele, corresponderán a los abogados de los agraviados, y a ellos lo dejo.

Me ocupo de tan inusitado fenómeno porque en sí mismo trasciende la esfera de lo particular, para instalarse en un lugar prioritario de la agenda jurídica, política y de gestión pública de nuestro tiempo.

Por supuesto, ninguno de los problemas generados específicamente por esa patidifusa edición se resuelve con la ridícula explicación que publicó la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación, tan elemental que calificarla como pueril será ofender a los infantes.

Dice en ella que, “al visualizar el sitio” del Diario Oficial -no dice quién- las imágenes incluían “lo que sería el Acuerdo (sic) derivado de la reunión del día de ayer del Consejo de Seguridad General” y que “el procesamiento de esas imágenes se realizó tomando como base un archivo electrónico que contenía una versión preliminar” que se utilizó “para determinar el espacio y los cambios que se deberían realizar en la edición ante su eventual publicación”.

“Por un error”, se dice, se incluyeron “imágenes incorrectas”, pero ese yerro en las páginas publicadas de manera incorrecta” fue “resuelto” -según ellos- aunque el pretendido remedio fuera peor que la enfermedad y, a la postre, no resolviera nada.

Pero la paciencia paga: Se informó también que, en ese momento, ya se estaba en espera de la institución emisora del acuerdo, “para proceder a su publicación a la brevedad posible”.

No hay que ir muy lejos por los comentarios ni profundizar mucho. El artículo 2º de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales deja clara la trascendencia de lo que en él se publica: “El Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, cuya función consiste en publicar en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por los Poderes de la Federación y los Órganos Constitucionales Autónomos, en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que estos sean aplicados y observados debidamente”.

Por lo que se refiere a la versión electrónica, el artículo 5º no deja duda: “El Diario Oficial de la Federación se publicará en forma electrónica y su edición tendrá carácter oficial”, en tanto que la autoridad que publica en él -tanto como la que lo administra y controla- es responsable de “garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación que se publique en su dirección electrónica, a través de la firma electrónica avanzada”, cosa que en el caso, según la propia “autoridad competente” reconoce, no ocurrió.

En medio del imperante desdén por las normas, que no deja de ser desprecio por las personas a cuya protección están destinadas, lo ocurrido no es anecdótico, sino síntoma de un mal mayor ¿Cómo pretender así credibilidad a la hora de proclamar que “nada al margen de la Ley” y nadie por encima de ella?
10 Mayo 2020 04:01:00
México, teatro del absurdo
El “teatro del absurdo” se ha adueñado de la escena política nacional, con brotes cotidianos que aquí, allá y acullá, muestran el deterioro institucional que nuestro país padece, dejando de lado la fantasiosa quimera del “estado de derecho”.

La ya mítica pandemia ha dejado al descubierto las debilidades endémicas de esta República que nunca ha podido cuajar del todo porque quienes han debido construirla se han empeñado en afanes de conveniencia personal, olvidando sus responsabilidades.

La voluble temática del debate deambula hoy a saltos y entre giros de moscardón, con rumbos imprevisibles, mientras las instituciones, aquellas que en un exabrupto fueron mandadas al diablo, se están yendo solas y sin mucho esfuerzo, a causa de tantos desatinos.

Por eso cayó “como anillo al dedo”; no hacía ya falta mayor esfuerzo ni mucho desgaste para explicar el deterioro y culpar de todo al pasado “neoliberal”, corrupto y conservador, en un discurso con anacrónico tufo decimonónico.

Con habilidad ya probada, el Presidente y los pocos actores en la escena del momento hincan el diente a las proyecciones de su pandemia, jugando con las cifras y rompiendo ellos mismos las treguas pedidas a la cabeza de turco escogida para culparla de todos los males pasados, presentes y futuros (los que, lamentablemente, se presentarán): los “empresarios”.

A eso se debe la negativa a “rescatarlos”, como en “el pasado”, sin parar miente en que el rescate es para el sistema económico, como tampoco en que la empresa, en rigor, es una conjunción de capital, trabajo y otros elementos técnicos, estructurados para generar bienes y servicios necesarios, convenientes o simplemente deseados por la gente.

En medio de todo eso, hay una cuestión que no se ha tocado ni mucho ni poco, cuando menos con el enfoque debido: la que tiene que ver con la fundamentación de las medidas adoptadas y por adoptar para atemperar los efectos de la pandemia, reducir su mortalidad y combatirla hasta la extinción.

Es claro que en una situación como la que atraviesan los tiempos, habrá derechos que se vean afectados y otros que sea necesario afectar para evitar obstáculos, dilaciones y resistencias indebidas frente a ese cometido, pero hay una previsión constitucional que permite hacerlo y que, injustificablemente, ha sido desatendida.

El Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en caso de presentarse algún caso “que ponga a la sociedad en grave peligro… solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona”.

De cualquier forma, dice el mismo Artículo, la restricción deberá “estar fundada y motivada en los términos establecidos” por la propia constitución y “ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación”, además de que prohíbe terminantemente que puedan excluirse los principio de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad e irretroactividad en la aplicación de las normas de carácter general que para ese efecto se expidan, entre otros derechos y sus garantías, incluidas las judiciales.

La ausencia de esa formalidad ha dejado un vacío muy grave que, como suele suceder, ha tenido que ser llenado, sin apego en rigor a la legalidad, por las autoridades de los estados, dando pie a resquebrajaduras en el sistema que podrán acarrear consecuencias funestas en el futuro.

El “debido proceso” no es adorno, sino formalidad esencial. No en balde Ortega y Gasset escribió, como bien recordaba don Jesús Reyes Heroles, que “en política –y yo diría que también en las cosas relevantes del derecho– la forma es fondo.
10 Mayo 2020 04:00:00
México, teatro del absurdo
El “teatro del absurdo” se ha adueñado de la escena política nacional, con brotes cotidianos que aquí, allá y acullá, muestran el deterioro institucional que nuestro país padece, dejando de lado la fantasiosa quimera del “estado de derecho”.

La ya mítica pandemia ha dejado al descubierto las debilidades endémicas de esta república que nunca ha podido cuajar del todo porque quienes han debido construirla se han empeñado en afanes de conveniencia personal, olvidando sus responsabilidades.

La voluble temática del debate deambula hoy a saltos y entre giros de moscardón, con rumbos imprevisibles, mientras las instituciones, aquellas que en un exabrupto fueron mandadas al diablo, se están yendo solas y sin mucho esfuerzo, a causa de tantos desatinos.

Por eso cayó “como anillo al dedo”; no hacía ya falta mayor esfuerzo ni mucho desgaste para explicar el deterioro y culpar de todo al pasado “neoliberal”, corrupto y conservador, en un discurso con anacrónico tufo decimonónico.

Con habilidad ya probada, el presidente y los pocos actores en la escena del momento hincan el diente a las proyecciones de su pandemia, jugando con las cifras y rompiendo ellos mismos las treguas pedidas a la cabeza de turco, escogida para culparla de todos los males pasados, presentes y futuros (los que, lamentablemente, se presentarán): los “empresarios”.

A eso se debe la negativa a “rescatarlos”, como en “el pasado”, sin parar mientes en que el rescate es para el sistema económico, como tampoco en que la empresa, en rigor, es una conjunción de capital, trabajo y otros elementos técnicos, estructurados para generar bienes y servicios necesarios, convenientes o simplemente deseados por la gente.

En medio de todo eso, hay una cuestión que no se ha tocado ni mucho ni poco, cuando menos con el enfoque debido: La que tiene que ver con la fundamentación de las medidas adoptadas y por adoptar para atemperar los efectos de la pandemia, reducir su mortalidad y combatirla hasta la extinción.

Es claro que en una situación como la que atraviesan los tiempos, habrá derechos que se vean afectados y otros que sea necesario afectar para evitar obstáculos, dilaciones y resistencias indebidas frente a ese cometido, pero hay una previsión constitucional que permite hacerlo y que, injustificablemente, ha sido desatendida.

El artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en caso de presentarse algún caso “que ponga a la sociedad en grave peligro…solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona”.

De cualquier forma, dice el mismo artículo, la restricción deberá “estar fundada y motivada en los términos establecidos” por la propia constitución y “ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación”, además de que prohíbe terminantemente que puedan excluirse los principio de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad e irretroactividad en la aplicación de las normas de carácter general que para ese efecto se expidan, entre otros derechos y sus garantías, incluidas las judiciales.

La ausencia de esa formalidad ha dejado un vacío muy grave que, como suele suceder, ha tenido que ser llenado, sin apego en rigor a la legalidad, por las autoridades de los estados, dando pie a resquebrajaduras en el sistema que podrán acarrear consecuencias funestas en el futuro.

El “debido proceso” no es adorno, sino formalidad esencial. No en balde Ortega y Gasset escribió, como bien recordaba don Jesús Reyes Heroles, que “en política -y yo diría que también en las cosas relevantes del derecho- la forma es fondo”.
03 Mayo 2020 04:00:00
La adopción del federalismo en México (2)
La abdicación de Agustín de Iturbide, en un escenario político ya de suyo complejo e inestable, eliminó el último obstáculo para que las diputaciones provinciales declararan sus autonomías y asumieran “poderes extraordinarios”.

El pronunciamiento de la diputación de Guadalajara, que negaba fundamentos para exigir obediencia al centro como pretendía el proyecto de constitución redactado por la comisión presidida por Servando Teresa de Mier, fue el emblemático reflejo de la posición de las de Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, a las que se sumaron más tarde Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Puebla, más los ayuntamientos adherentes al Plan de Casa Mata en los que no había diputación, y todavía después Sonora y Sinaloa.

Al romperse los lazos con la metrópoli española y declararse la independencia, desapareció todo vestigio de la antigua estructura jurídica y, con ello, la unidad que ella proporcionaba.

También, internamente, se había iniciado un proceso de fragmentación. Sonora y Sinaloa, por ejemplo, se habían separado de Guadalajara y Chihuahua, respectivamente, reclamando instituciones propias, y empezaban a tener impulso pactos confederales entre las nuevas entidades.

Zacatecas, la provincia más rica entonces y con gran peso político, había ya expresado que solo una federación sería aceptable, porque era esa la única manera de ver conciliados el interés “nacional” con el particular de cada provincia y de todas.

Diseñar al nuevo estado de manera que respondiera a las necesidades de esas circunstancias ya no sólo era imprescindible, sino que se volvió urgente y, como había fracasado el primer intento de establecer el marco constitucional por el congreso que convocó para el efecto Iturbide, fue necesario convocar uno nuevo, que quedó instalado el 7 de noviembre de 1823.

La realidad política que enfrentó presentaba así una pluralidad de comunidades que hacían valer, irreductiblemente, sus reclamos de ser reconocidas y respetadas en sus identidades propias, y por lo tanto también en sus autonomías.

Fue por eso por lo que el congreso, instalado formalmente el 7 de noviembre de 1823, no demoró mucho en expedir el “Acta Constitutiva de la Federación Mexicana”, que fue aprobada el 31 de enero de 1824, reconociendo la existencia de veinte estados, cuatro territorios y un Distrito Federal, mientras se concluía la redacción de la Constitución en su integridad.

Es claro que, en las condiciones entonces imperantes, o se adoptaba una estructura federal o la fragmentación de lo que había sido la Nueva España, habría sido mayor de lo que fue, y la reducción territorial ocurrida unos años después hubiera sido más temprana.

Si hoy se percibe el surgimiento de una crisis política de magnitud que puede llegar a no ser deleznable, ya podrá imaginarse la que se atravesaba en aquellos momentos tras ser derruida la estructura preexistente.

A pesar de eso, existen quienes aducen que la instauración del sistema federal en la naciente república fue un contrasentido artificial, porque en lo que hoy es México había un “gobierno” central que “decidió” federalizar lo que era unitario, cuando que la historia demuestra lo contrario.

Suelen, quienes así piensan, señalar la diferente estructura imperante, al iniciarse los respectivos movimientos independentistas, en Estados Unidos y en México. Pierden de vista que Canadá, por ejemplo, era una sola colonia, a pesar de lo cual es un estado federal, como lo son otros que pueden ser monarquías, fueron imperios o son parlamentarios y no necesariamente presidenciales.

Con sólo un repaso a esa porción inicial de la historia de México podría apreciarse que la pluralidad y los reclamos de autonomía eran, en el fondo, semejantes, por lo que la técnica de integración era recomendable para establecer las bases de una estructura tan firme y perdurable como la que se necesitaba.

Lamentablemente, las muchas ventajas que el sistema federal ofrece se vieron pronto obstruidas, y a la postre anuladas, por el caudillismo, mal que ya parece endémico en nuestro país y que respetar al federalismo pudo haber ayudado a evitar porque obstruye la concentración del poder.
03 Mayo 2020 03:30:00
La adopción del Federalismo en México (parte 2)
La abdicación de Agustín de Iturbide, en un escenario político ya de suyo complejo e inestable, eliminó el último obstáculo para que las diputaciones provinciales declararan sus autonomías y asumieran “poderes extraordinarios”.

El pronunciamiento de la diputación de Guadalajara, que negaba fundamentos para exigir obediencia al centro como pretendía el proyecto de Constitución redactado por la comisión presidida por Servando Teresa de Mier, fue el emblemático reflejo de la posición de las de Zacatecas, Oaxaca y Yucatán, a las que se sumaron más tarde Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí y Puebla, más los ayuntamientos adherentes al Plan de Casa Mata, en los que no había diputación, y todavía después Sonora y Sinaloa.

Al romperse los lazos con la metrópoli española y declararse la independencia, desapareció todo vestigio de la antigua estructura jurídica y, con ello, la unidad que ella proporcionaba.

También, internamente, se había iniciado un proceso de fragmentación. Sonora y Sinaloa, por ejemplo, se habían separado de Guadalajara y Chihuahua, respectivamente, reclamando instituciones propias, y empezaban a tener impulso pactos confederales entre las nuevas entidades.

Zacatecas, la provincia más rica entonces y con gran peso político, había ya expresado que solo una Federación sería aceptable, porque era esa la única manera de ver conciliados el interés “nacional” con el particular de cada provincia y de todas.

Diseñar al nuevo Estado de manera que respondiera a las necesidades de esas circunstancias ya no solo era imprescindible, sino que se volvió urgente y, como había fracasado el primer intento de establecer el marco constitucional por el Congreso que convocó para el efecto Iturbide, fue necesario convocar uno nuevo, que quedó instalado el 7 de noviembre de 1823.

La realidad política que enfrentó presentaba así una pluralidad de comunidades que hacían valer, irreductiblemente, sus reclamos de ser reconocidas y respetadas en sus identidades propias, y por lo tanto también en sus autonomías.

Fue por eso por lo que el Congreso, instalado formalmente el 7 de noviembre de 1823, no demoró mucho en expedir el “Acta Constitutiva de la Federación Mexicana”, que fue aprobada el 31 de enero de 1824, reconociendo la existencia de 20 estados, cuatro territorios y un Distrito Federal, mientras se concluía la redacción de la Constitución en su integridad.

Es claro que, en las condiciones entonces imperantes, o se adoptaba una estructura federal o la fragmentación de lo que la Nueva España habría sido mayor de lo que fue, y la reducción territorial ocurrida unos años después hubiera sido más temprana.

Si hoy se percibe el surgimiento de una crisis política de magnitud que puede llegar a no ser deleznable, ya podrá imaginarse la que se atravesaba en aquellos momentos tras ser derruida la estructura preexistente.

A pesar de eso, existen quienes aducen que la instauración del sistema federal en la naciente República fue un contrasentido artificial, porque en lo que hoy es México había un “Gobierno” central que “decidió” federalizar lo que era unitario, cuando que la historia demuestra lo contrario.

Suelen, quienes así piensan, señalar la diferente estructura imperante, al iniciarse los respectivos movimientos independentistas, en Estados Unidos y en México. Pierden de vista que Canadá, por ejemplo, era una sola colonia, a pesar de lo cual es un estado federal, como lo son otros que pueden ser monarquías, fueron imperios o son parlamentarios y no necesariamente presidenciales.

Con solo un repaso a esa porción inicial de la historia de México podría apreciarse que la pluralidad y los reclamos de autonomía eran, en el fondo, semejantes, por lo que la técnica de integración era recomendable para establecer las bases de una estructura tan firme y perdurable como la que se necesitaba.

Lamentablemente, las muchas ventajas que el sistema federal ofrece se vieron pronto obstruidas –y a la postre anuladas– por el caudillismo, mal que ya parece endémico en nuestro país y que respetar al Federalismo pudo haber ayudado a evitar porque obstruye la concentración del poder.

26 Abril 2020 04:02:00
La adopción del federalismo en México
El federalismo es una técnica jurídica para integrar comunidades políticamente diferentes, no para descentralizar funciones administrativas. El término “foedus”, su raíz, quiere decir, en latín, unir, precisamente.

A pesar de haber sido aplicado, distintivamente, por el imperio romano, no es sino hasta el final del siglo 18 que se perfecciona, al integrarse los 13 estados nuevos que fueron colonias británicas en el norte de América.

Descansa sobre tres principios básicos: la supremacía de la constitución general; la distribución de competencias por el método de “facultades expresas y residuales”; y por la reciprocidad, que se desdobla en dos subprincipios: el de “entera fe y crédito”, y el de “derechos iguales”.

El primero de ellos se explica porque confiere solidez, perdurabilidad y sentido al sistema; el tercero es un complemento muy conveniente, porque en virtud de él los actos y negocios celebrados en un estado tienen validez en todos, que además se obligan a reconocer a los naturales de los demás los mismos derechos que a los propios.

El segundo, el tema de la distribución de competencias, es el más relevante en este momento, porque es el que ha motivado el surgimiento de la primera fase de la crisis política. Por esa razón me detengo en él, haciéndolo explícito: quiere decir, cómo dispone el Artículo 124 de la Constitución Mexicana, que el Gobierno de la Unión tendrá solamente las facultades que la propia constitución le otorgue expresamente –y esto hay que subrayarlo– quedando todas las demás facultades correspondientes a función pública –las “residuales”– a cargo de las autoridades estatales.

Es importante tener siempre presente que la organización federal pretende “unir sin unificar” –como solía decir don Manuel Herrera y Lasso– y por lo tanto requiere de dar cauce ordenado a la confluencia de corrientes políticas y energías sociales muy dinámicas, y eso da lugar a un continuo y permanente “estira y afloja” –si se me permite decirlo de manera coloquial– entre los ámbitos del poder constitucionalmente repartido. Esta visión dinámica del formato federal es imprescindible para entenderlo en su desarrollo y comprender las vicisitudes por las que atraviesa los estados que lo adoptan a lo largo de su historia.

En México, el federalismo se establece en el momento de su nacimiento, una vez que fueron superadas las peculiaridades de un primer intento ridículamente imperial, que lo único que consiguió fue aplazar la estructuración de la nueva República que nacía a la vida independiente.

Tras la expedición del Acta Constitutiva del Imperio Mexicano, por Agustín de Iturbide, que no concitó consenso alguno, la convulsión iniciada en 1810 perduró un tiempo más, hasta que en 1823 fue suscrito el Plan de Casamata, por el que se desconoció al pretendido emperador y se convocó a un congreso constituyente, tramo de nuestra historia que, como debería suponerse, transcurrió en medio de una crisis política de magnitud mayor.

La primordial consecuencia respecto de la estructura del nuevo estado se resolvió, primero, por la adopción de la forma republicana, pero el consenso respecto a la fórmula de integración dio lugar a corrientes encontradas: de una parte, para decirlo muy sucintamente, la proyección del congreso, proclive a una estructura descentralizada pero unitaria, de corte francés; de la otra, la postulada, emblemáticamente, por la diputación de Guadalajara, que estaba en favor de formar una Federación, argumentando a favor de su postulado que “no había ley, tratado ni compromiso que obligara a las provincias a depender del centro” (cita de Josefina Zoraida Vázquez en el estudio introductorio de El Establecimiento del Federalismo en México, 1812-1827, coordinado por ella misma y publicado por El Colegio de México en 2003).

Esa posición fundante del estado mexicano de las muy pocas que han permanecido incólumes, en la letra, a la par que sido vulneradas, en los hechos, a lo largo de toda la historia; eso se explica, parcialmente, por la dinámica mencionada en párrafos anteriores, pero amerita matices que habrá que dejar para una posterior entrega.

¡A seguir cuidándonos!

19 Abril 2020 04:00:00
La crisis política de la pandemia
Según se vislumbra, tras la crisis de salud general se agudizará la crisis económica que ya se venía gestando entre nosotros, y habrá seguramente una crisis política que puede ser de magnitud mayor, a juzgar por los barruntos que se han dejado ver.

“Balcanización”, la llaman algunos, pero en el fondo no es sino una crisis estructural que se debe al inveterado desdén por las normas y la incivilidad que ha hecho presa de la vida comunitaria en México.

Se expresa por boca de algunos gobernadores ahora que la necesidad es extrema y las sensibilidades están a flor de piel, pero no es nueva. Sus orígenes radican en la hegemonía consentida, hija de una convenenciera sumisión, que ha significado a nuestro país durante toda su historia.

Cuando, a la vera del modelo estadunidense, se adoptó en México el formato presidencial, se resolvieron algunos problemas coyunturales de dispersión por falta de liderazgo, pero también se asumieron los vicios de la monarquía que, republicanizada –por decirlo del modo más preciso– absorbió la “nueva” figura, con el agravante de hacerlo en un contexto cuya cultura política se caracterizaba por abrevar de dos fuentes imperiales, de elevado tono religioso: la mexica y la ibérica.

El Presidente, en México, ha sido siempre el “Gran Tlatoani” que, como único paterfamilias, ha fungido, al mismo tiempo, como legislador, jefe de la Administración y juez supremo. Nada contra su voluntad omnímoda, todo conforme a sus deseos.

Hoy, tiempo de borrascas en que el timonel ha dado muestras de no contar con una brújula bien calibrada y la firmeza necesaria en la mano para mantener el rumbo debido, surgen las voces, apenas explicables, de algunos gobernadores que exigen respeto a un pacto federal que, como el metal en las costas, ha sido carcomido por el desdén hacia las normas y la abyección de la sumisión cortesana.

¿Dónde estaban esas voces cuando, con prolijidad proverbial, han pasado tantas reformas constitucionales socavando el “pacto federal? ¿Dónde al dar cabida a tantas y tantas leyes “generales” que, junto a sus absurdas réplicas locales, desmantelaban el sistema federal?

Poco se ha estudiado en nuestro país el sistema federal seriamente, a pesar de ser uno de los pilares fundantes del Estado mexicano y ser uno de los pocos fundamentos políticos que han estado presentes desde el principio, aunque no exento de vicisitudes, en la norma que debiera ser suprema.

En cambio, la irreflexiva “innovación” jurídica ha conducido, una y otra vez, a la introducción de remiendos y pegotes literalmente copiados, ni siquiera adaptados, de otros dogmas jurídicos.

Tal es el caso, por ejemplo, de las reformas constitucionales promovidas en 1983 por Miguel de la Madrid, adoptando las líneas de la teoría denominada “relaciones intergubernamentales”, setenta años después de que se hubieran adoptado en los Estados Unidos y a partir de las cuales se desarrolló esa teoría, que después se quiso llamar “nuevo federalismo” y que en su momento impulsó Ernesto Zedillo en México.

Las reacciones de los gobernadores que han adoptado medidas propias o las han pactado con los gobernadores de los estados vecinos ante la pandemia, son una reacción natural de defensa frente al embate de una adversidad que, por sus características, debería ser atendida con mayor diligencia por el Gobierno de la Unión, que sin embargo parece estar más ocupado por otros menesteres, quizás menos importantes y seguramente menos urgentes.

No se trata de balcanización alguna o pretendidos secesionismos, aunque la situación prohíje proyectos decimonónicos y aspiraciones nuevas que, sin embargo, no habrá que desestimar fútilmente, porque ciertamente hay voces –y señales– que le confieren a la idea algún aire de verosimilitud, por fantasiosa que ahora pueda sonar.

De esto último, de la crisis política global, de los reacomodos en ese nivel, de la verdadera naturaleza del sistema federal y de su saneamiento en México tendrán que ocuparse las siguientes entregas, porque el espacio de ésta ya se terminó.

Que tengan una feliz semana.


19 Abril 2020 04:00:00
La crisis política de la pandemia
Según se vislumbra, tras la crisis de salud general se agudizará la crisis económica que ya se venía gestando entre nosotros y habrá seguramente una crisis política que puede ser de magnitud mayor, a juzgar por los barruntos que se han dejado ver.

“Balcanización”, la llaman algunos, pero en el fondo no es sino una crisis estructural que se debe al inveterado desdén por las normas y la incivilidad que ha hecho presa de la vida comunitaria en México.

Se expresa por boca de algunos gobernadores ahora que la necesidad es extrema y las sensibilidades están a flor de piel, pero no es nueva. Sus orígenes radican en la hegemonía consentida, hija de una convenenciera sumisión, que ha significado a nuestro país durante toda su historia.

Cuando, a la vera del modelo estadounidense, se adoptó en México el formato presidencial, se resolvieron algunos problemas coyunturales de dispersión por falta de liderazgo, pero también se asumieron los vicios de la monarquía que, republicanizada -por decirlo del modo más preciso- absorbió la “nueva” figura, con el agravante de hacerlo en un contexto cuya cultura política se caracterizaba por abrevar de dos fuentes imperiales, de elevado tono religioso: La mexicana y la ibérica.

El presidente, en México, ha sido siempre el “Gran Tlatoani” que, como único partefamilias, ha fungido, al mismo tiempo, como legislador, jefe de la administración y juez supremo. Nada contra su voluntad omnímoda, todo conforme a sus deseos.

Hoy, tiempo de borrascas en que el timonel ha dado muestras de no contar con una brújula bien calibrada y la firmeza necesaria en la mano para mantener el rumbo debido, surgen las voces, apenas explicables, de algunos gobernadores que exigen respeto a un pacto federal que, como el metal en las costas, ha sido carcomido por el desdén hacia las normas y la abyección de la sumisión cortesana.

¿Dónde estaban esas voces cuando, con prolijidad proverbial, han pasado tantas reformas constitucionales socavando el “pacto federal? ¿Dónde al dar cabida a tantas y tantas leyes “generales” que, junto a sus absurdas réplicas locales, desmantelaban el sistema federal?.

Poco se ha estudiado en nuestro país el sistema federal seriamente, a pesar de ser uno de los pilares fundantes del estado mexicano y ser uno de los pocos fundamentos políticos que han estado presentes desde el principio, aunque no exento de vicisitudes, en la norma que debiera ser suprema.

En cambio, la irreflexiva “innovación” jurídica ha conducido, una y otra vez, a la introducción de remiendos y pegotes literalmente copiados, ni siquiera adaptados, de otros dogmas jurídicos.

Tal es el caso, por ejemplo, de las reformas constitucionales promovidas en 1983 por Miguel de la Madrid, adoptando las líneas de la teoría denominada “relaciones intergubernamentales”, setenta años después de que se hubieran adoptado en los Estados Unidos y a partir de las cuales se desarrolló esa teoría, que después se quiso llamar “nuevo federalismo” y que en su momento impulsó Ernesto Zedillo en México.

Las reacciones de los gobernadores que han adoptado medidas propias o las han pactado con los gobernadores de los estados vecinos ante la pandemia, son una reacción natural de defensa frente al embate de una adversidad que, por sus características, debería ser atendida con mayor diligencia por el gobierno de la Unión, que sin embargo parece estar más ocupado por otros menesteres, quizás menos importantes y seguramente menos urgentes.

No se trata de balcanización alguna o pretendidos secesionismos, aunque la situación prohíbe proyectos decimonónicos y aspiraciones nuevas que, sin embargo, no habrá que desestimar fútilmente, porque ciertamente hay voces -y señales- que le confieren a la idea algún aire de verosimilitud, por fantasiosa que ahora pueda sonar.

De esto último, de la crisis política global, de los reacomodos en ese nivel, de la verdadera naturaleza del sistema federal y de su saneamiento en México tendrán que ocuparse las siguientes entregas, porque el espacio de ésta ya se terminó.

Que tengan una feliz semana.
12 Abril 2020 04:00:00
Una Cuaresma en cuarentena
En sus orígenes, la Cuaresma fue destinada a la oración, la meditación y la ejercitación del espíritu, con miras a llegar a la Pascua de Resurrección reconvertidos y aptos para iniciar una vida nueva apegada a las enseñanzas de Cristo.

Al paso del tiempo, ese original sentido sufrió una mudanza: El vigor de la fe cedió terreno frente al becerro de oro y las costumbres se relajaron, a la par de que las tradiciones perdieron significado.

A fin de cuentas, su culmen, la Semana Santa, y la de Pascua que le sigue, se convirtieron en un periodo vacacional más, tan antitético del primigenio sentido que dio en el surgimiento de los “spring breakers” y sus desenfrenos, como signo más representativo.

Por eso, según muy generalizada afirmación, esta Semana Santa fue atípica desde que la pandemia mantuvo a la gente en sus casas.

Sin embargo, podría también afirmarse que la crisis de salud pudo haber restituido al periodo sus prendas originales, porque no dejó de ser una oportunidad para la introspección.

Durante tan prolongado aislamiento, después de ordenar papeles, arreglar las averías de la casa, leer el libro postergado y saturarse ver películas, en el último rincón del hastío, las personas quizás hayan encontrado tiempo para meditar y reflexionar, hasta toparse consigo mismas, así haya sido en el último rincón del hastío.

Perdido ya todo delirio de omnipotencia, dadas las circunstancias, es casi imposible ignorar que en el abandono de los principios y valores no están las respuestas, pero sí la simiente de los fracasos y las debacles.

Tal vez una vez que las aguas retomen su cauce y las emergencias cesen, la gente volverá a relajarse y a bajar la guardia, pero es de esperarse que algo quede de los cambios interiores y sea suficiente para influir en las actitudes y, con ellas, en una definición de mejores derroteros para el mundo.

La pandemia ha provocado, también, respuestas solidarias que, muy a pesar de los protagonismos de nueva factura y del inevitable rejuego de las ideologías, han cobrado vigor y relevancia.

En este punto, la confusión es el enemigo por vencer; lo rescatable, que frente al pasmo de las autoridades federales, la sociedad ha tomado medidas correctas y, algo que no es menor, las razones que dan valor al principio federativo han emergido del maremágnum, con nitidez que resalta la diversidad y la conveniencia del trato diferenciado, a la par de la responsabilidad local, que demanda contar con los medios que le son necesarios para resolver los problemas.

Tampoco, creo yo, que la vía pase por la fractura de la cohesión necesaria para mantener la unidad del país, desempolvando proyectos viejos, como el de la “República del Río Grande”, o alentando nuevos, como la “República del Bajío”, ocurrencia reciente de algún otro, aunque el tema amerita muy seriamente tomarse en cuenta, como lo hará esta columna en alguna muy próxima oportunidad.

Mientras tanto, hay que insistir en que defender la vida y la salud son deberes ineludibles, que hay que cumplir de modo que no se descuide el futuro, porque sería negligente perder de vista los estragos que en la economía va a causar la pandemia. El mundo ha cambiado en las décadas recientes y más cambiará después de esta crisis. Los equilibrios políticos serán muy otros, también la economía y hasta la cultura.

Quien pierda de vista esa realidad, perderá eficiencia, legitimidad y poder político. La reacción frente a esos menoscabos puede ser extrema y exige estar prevenidos.

Ojalá que al término de esta cuaresma -que no, todavía, de la cuarentena- se haya producido ese auto encuentro y hayan tenido lugar los cambios de actitud que hacen falta para transformar la cultura del mundo, de modo que resulte una vida mejor y más digna para toda persona, de cualquier parte, en todo tiempo y sin distinción de ninguna clase.

Todo es posible. Hasta la utopía, si se persigue con perseverancia e inteligentemente.
05 Abril 2020 04:04:00
Como anillo al dedo
Pensar siquiera que una crisis generalizada e incontrolable, que amenaza gravemente la salud y la vida de los seres humanos, viene como “anillo al dedo” para hacer las circunstancias propicias a la realización de un proyecto político personal, es inaudito y no debe extrañar a nadie que arranque, en los demás, expresiones que califiquen como perverso ese pensamiento, sea quien sea la persona que lo exprese.

Cuando esa actitud corresponde a un Jefe de Estado y de Gobierno, cuya responsabilidad primera y mayor es precisamente velar porque tenga lugar lo contrario, en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo, esa visión de las cosas generaría dudas sobre la idoneidad del gobernante para cumplir con su misión, de su integridad moral y, en mucha gente, incluso de su salud mental.

Es así en cualquier circunstancia, pero cuando las cosas pintan mal y el panorama se vislumbra más denso y difícil, la magnitud del deber de prudencia y objetividad del líder que carga con esa responsabilidad es, sin duda, mayor.

A los riesgos vitales emergentes a causa de la pandemia seguirán, ya se sabe, condiciones muy severas en materia económica. Ellas causarán estragos, muy principalmente, en quienes se ganan el sustento cotidiano con su trabajo.

Por esa razón, lo sensato es mantener firmes las estructuras que puedan abrir, superada la crisis humanitaria, lo más pronto y de la mejor manera que sea posible las oportunidades para acceder a los espacios en los que puedan generar los ingresos necesarios para proveer, a sí mismos y a sus familias, los satisfactores indispensables para tener una vida digna.

Nada más lejos que pretender la defensa de doctrina alguna que desconozca el sentido humano de la economía y se base solo en la ley de la oferta y la demanda, olvidando que la propiedad privada tiene, necesariamente, una función social y las libertades, todas, solo sobre bases de solidaridad y justicia pueden coexistir.

Irse al otro extremo sería igualmente pernicioso, o más, pero nada peor que derruir hasta carcomer los cimientos sin tener manera de reconstruir nada.

Lo peor del caso es que una actitud tal es autodestructiva porque, sin ingresos –y los más cuantiosos provienen de las rentas generadas por quienes producen frutos de su capital y su trabajo– no habrá modo de cumplir, tampoco, con la intención de subsidiar a quienes carecen de un empleo u ocupación lícita, a través de los mal llamados, a mi juicio “programas gasto sociales”.

Lo cierto es que, en un escenario en el que la economía mostraba ya un decremento severo, el ahorro interno es una quimera, la inversión extranjera huye frente a señales desalentadoras para ella, el crédito se encarece y el petróleo baja de precio, el horizonte se ennegrece todavía más y no se ven por ningún lado las fuentes de financiamiento para, ya no se diga apuntalar la mermada economía, sino siquiera para detener su picada.

Hoy por hoy –es una pena– solo una actividad se ha mantenido próspera, pero la sola idea de su inadmisible inclusión en los planes de financiamiento aterra. A causa de ella se ha desatado el encono violento, síntesis del desorden que ha sentado sus reales en este país, y respecto del cual riesgo se han dado episodios recientes que, conociéndose los procederes y apetencias reiterados por quienes controlan las actividades ilegales, nutren la natural suspicacia y alientan la preocupación por la posibilidad de injerencias impensables.

La solidez del legado de Morelos, de Juárez, de Madero, de Cárdenas –si se quiere– y de muchos patriotas más, anónimos y anónimas la mayoría, convocan a una actitud constructiva que sea realista y rescate al discurso político del sentido vacío de la demagogia, para darle el contenido que la real democracia demanda.

Esta Cuaresma, transformada en cuarentena, es buena época para reflexionar y tomar decisiones que permitan mudar las debilidades en fuerzas y las amenazas en oportunidades, para sentar nuevas bases, sin estériles y nocivos rencores.


05 Abril 2020 04:00:00
Como anillo al dedo
Pensar siquiera que una crisis generalizada e incontrolable, que amenaza gravemente la salud y la vida de los seres humanos, viene como “anillo al dedo” para hacer las circunstancias propicias a la realización de un proyecto político personal, es inaudito y no debe extrañar a nadie que arranque, en los demás, expresiones que califiquen como perverso ese pensamiento, sea quien sea la persona que lo exprese.

Cuando esa actitud corresponde a un jefe de estado y de gobierno, cuya responsabilidad primera y mayor es precisamente velar porque tenga lugar lo contrario, en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo, esa visión de las cosas generaría dudas sobre la idoneidad del gobernante para cumplir con su misión, de su integridad moral y, en mucha gente, incluso de su salud mental.

Es así en cualquier circunstancia, pero cuando las cosas pintan mal y el panorama se vislumbra más denso y difícil, la magnitud del deber de prudencia y objetividad del líder que carga con esa responsabilidad es, sin duda, mayor.

A los riesgos vitales emergentes a causa de la pandemia seguirán, ya se sabe, condiciones muy severas en materia económica. Ellas causarán estragos, muy principalmente, en quienes se ganan el sustento cotidiano con su trabajo.

Por esa razón, lo sensato es mantener firmes las estructuras que puedan abrir, superada la crisis humanitaria, lo más pronto y de la mejor manera que sea posible las oportunidades para acceder a los espacios en los que puedan generar los ingresos necesarios para proveer, a sí mismos y a sus familias, los satisfactores indispensables para tener una vida digna.

Nada más lejos que pretender la defensa de doctrina alguna que desconozca el sentido humano de la economía y se base sólo en la ley de la oferta y la demanda, olvidando que la propiedad privada tiene, necesariamente, una función social y las libertades, todas, solo sobre bases de solidaridad y justicia pueden coexistir.

Irse al otro extremo sería igualmente pernicioso, o más, pero nada peor que derruir hasta carcomer los cimientos sin tener manera de reconstruir nada.

Lo peor del caso es que una actitud tal es auto destructiva porque, sin ingresos - y los más cuantiosos provienen de las rentas generadas por quienes producen frutos de su capital y su trabajo- no habrá modo de cumplir, tampoco, con la intención de subsidiar a quienes carecen de un empleo u ocupación lícita, a través de los mal llamados, a mi juicio - “programas gasto sociales”.

Lo cierto es que, en un escenario en el que la economía mostraba ya un decremento severo, el ahorro interno es una quimera, la inversión extranjera huye frente a señales desalentadoras para ella, el crédito se encarece y el petróleo baja de precio, el horizonte se ennegrece todavía más y no se ven por ningún lado las fuentes de financiamiento para, ya no se diga apuntalar la mermada economía, sino siquiera para detener su picada.

Hoy por hoy -es una pena- solo una actividad se ha mantenido próspera, pero la sola idea de su inadmisible inclusión en los planes de financiamiento aterra. A causa de ella se ha desatado el encono violento, síntesis del desorden que ha sentado sus reales en este país, y respecto del cual riesgo se han dado episodios recientes que, conociéndose los procederes y apetencias reiterados por quienes controlan las actividades ilegales, nutren la natural suspicacia y alientan la preocupación por la posibilidad de injerencias impensables.

La solidez del legado de Morelos, de Juárez, de Madero, de Cárdenas -si se quiere- y de muchos patriotas más, anónimos y anónimas la mayoría, convocan a una actitud constructiva que sea realista y rescate al discurso político del sentido vacío de la demagogia, para darle el contenido que la real democracia demanda.

Esta cuaresma, transformada en cuarentena, es buena época para reflexionar y tomar decisiones que permitan mudar las debilidades en fuerzas y las amenazas en oportunidades, para sentar nuevas bases, sin estériles y nocivos rencores.
29 Marzo 2020 04:00:00
Las cifras de la pandemia
Hace ya algunos años, mientras transitaba en mi Volkswagen rumbo a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para atender una audiencia, me detuve al llegar a la esquina de la avenida Orizaba y la calle de Puebla, y fui detenido, con el concurrido caudal de tráfico que a esa hora por ahí transitaba, por un agente de Tránsito que nos marcaba el alto.

De repente sentí que mi coche se movía, como si alguien estuviera balanceando su suspensión, presionándola y soltándola. miré de inmediato por los retrovisores para descubrir al causante, sin haber visto a nadie.

Cuando volví los ojos al frente, vi cómo las torres del templo de La Sagrada Familia, a mi derecha, se aproximaban y alejaban entre sí perceptiblemente y vi al agente de Tránsito al centro del cruce, todavía con los brazos abiertos en cruz, como señalando el alto, pero girando sobre su eje y revoloteando de un lado a otro, sin dejar de soplar su silbato.

Estaba ocurriendo un terremoto y al agente de tránsito, sorprendido por el fenómeno, le resultaba imposible ocultar la confusión y el descontrol que le había ocasionado.

Por alguna razón ese episodio ha venido a mi memoria en estos días en los que una sociedad civil, consciente y con sentido común, a pesar del vacío de liderazgo decidió guardarse para no ponerse en riesgo y cuidar a los demás del contagio con una enfermedad cuyos orígenes siguen siendo oscuros, pero con resultados socialmente devastadores en aquellos lugares que no tuvieron el buen sentido de precaverse a tiempo.

Cuando al fin, apenas hace unos días, la sensatez hizo acto de presencia en medio de muchos desatinos, surge una nueva inquietud, debida a la incertidumbre acerca de las cifras que se difunden, pues no puede menos que sospecharse que no son confiables.

Mientras, por ejemplo, los estados fronterizos del sur de los Estados Unidos arrojan cifras oficiales -no exentas del riesgo del encubridor maquillaje- que llegan a miles, en los estados limítrofes mexicanos apenas rebasan, en algún caso, la decena y en una entidad pasan de medio centenar: California, 3169, Baja California, 14; Arizona, 401, Sonora, 4; Nuevo México, 112, Chihuahua, 6; Texas, 1345; Coahuila, 12; Nuevo León 52, y Tamaulipas, 6, al 27 de marzo (Fuente: El Imparcial,
https://www.elimparcial.com/mexico/Salud-explica-mapa-de-contraste-de-casos-de-Covid-19-entre-Mexico-y-EU-20200327-0152.html).

El comentario general ha sido, como era de suponerse, sarcástico: O ellos no tienen idea de lo qué hay que hacer y los mexicanos son excepcionalmente aptos en la materia, o alguien está cercenando las cifras de este lado de la frontera.

Como la primera hipótesis no es verosímil, habría que desecharla: Ni son ineptos los servicios de sanidad estadounidenses, ni los mexicanos, a pesar de la calidad profesional de los médicos y enfermeras y su compromiso, están tan bien dotados instrumentalmente como para sustentar superioridad alguna sobre los vecinos del norte.

En cambio, hay indicios de que los decesos, y es válido suponer que también los enfermos, son reportados como debidos a neumonía, sin especificar la causa de ella.

Eso no sería mentira, pues es sabido que, en los casos extremos y graves, lo que ocasiona el covid-19 es precisamente esa enfermedad, pero sería un ocultamiento culpable, en las condiciones actuales, no especificarlo.

Un botón de muestra: La Unión de Funerarias del Valle de Toluca afirma que “los casos de decesos por coronavirus podrían estar disfrazados con diagnósticos por ‘neumonía en comunidad’”, y exhortó a las autoridades de Salud, “así como a los hospitales públicos, sanatorios privados y clínicas médicas, a ser certeros con las actas de defunción que emiten”, debido a que tienen casos “donde no se registra en el certificado de defunción la causa de muerte por Covid-19”, al que ellos y sus trabajadores quedarían expuestos (Observatorio ciudadano, http://obsci.org/70-muertes-por-neumonia-denuncian-funerarias-en-toluca/).

La calidad de las decisiones depende de la información en que se basen y, por lo tanto, se nutran las medidas de solución que se adopten. Principio básico.
22 Marzo 2020 04:00:00
¿Hay un lado luminoso en la pandemia?
Después de la Segunda Guerra Mundial Europa quedó devastada. Un manto extenso de muertes cubrió su territorio, las fronteras mudaron sus perfiles, muchas familias se desintegraron o fueron separadas y una profunda crisis económica se abatió sobre ella como resultado de la contienda bélica.

No fue lo más grave: En estado de necesidad, la civilizada Europa dejó de lado su sofisticación y descarnadamente se lanzó contra lo que fuera para sobrevivir. Los “valores” culturales dejaron de lado el refinamiento y se enseñoreó el “todo se vale” en aras de la sobrevivencia.

A la postre, sin embargo, algo quedó de bueno en medio de la debacle: los europeos dijeron “nunca más”, y se dieron a la tarea de poner los medios para evitarlo.

El resultado está a la vista: un sistema político y económico estructurado por un sistema político bien construido y vigoroso, que ha ocasionado que, por primera vez en su historia, Europa transcurra un tramo de más de siete décadas en paz, sin dirimir por las armas sus conflictos. Algo bueno dejó la guerra.

Por alguna razón, al contemplar los estragos que ya va haciendo la pandemia que ha provocado el virus Covid-19, vino a mi mente ese fenómeno, especialmente después de contemplar las imágenes de Wuhan, de Venecia y de Roma que han circulado en las redes los días anteriores. En ellas pueden verse los cielos limpios de la primera, antes ensombrecidos por una densa nube parduzca; las aguas claras de los canales, otrora turbias hasta la opacidad y ahora capaces de permitir que se vean claramente los peces que las habitan; también es posible constatar que los patos se bañan y nadan en las fuentes de Roma.

Nunca, desde la debacle postbélica del siglo 20, se había sentido en Europa el pánico que en esta hora produce el asedio del Covid-19, ni se habían hecho pronósticos más pesimistas para la economía que los que ya dan la vuelta por el mundo.

De China proviene el virus y de China proviene también el principio que identifica a las crisis también como oportunidades.

De Japón, por los mismos rumbos del lejano oriente, es Haruki Murakami, y en estos días de forzado encierro, de creativo ocio, topé con una cita suya, tomada de su novela “Kafka en la orilla”, que dice: “…y cuando la tormenta de arena haya pasado, tu no comprenderás cómo has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera estarás seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa sí quedará clara. Y es que la persona que surja de la tormenta no será la misma persona que penetró en ella. Y ahí estriba el significado de la tormenta de arena”.

Me pareció una metáfora ineludible para los tiempos que corren, signados por el temor y la incertidumbre y aderezados por la inconciencia que la ignorancia y la irresponsabilidad engendran.

Como tormenta de arena, la pandemia ha envuelto al mundo con furor, plantándose con encono mayor ahí donde la inconciencia ha sido mayor, según todo parece indicar, aunque la vorágine misma del fenómeno, todavía en curso, impida ver bien el entorno y vislumbrar sus consecuencias.

Una cosa es segura: como en el texto de Murakami, quienes sobrevivan a la pandemia no serán ya las mismas personas ni el mundo en que vivirán será ya el mismo.

Ojalá que la humanidad, tan desprovista de instrumentos y destrezas espirituales y éticas hoy en día, salga fortificada y sepa hacer de la crisis una oportunidad propicia para hacer de este mundo, y de cada ser humano que lo habita -no hay remedios abstractos ni soluciones mágicas- un mejor lugar, poblado por personas conscientes de sus propias responsabilidades y respetuosas de ellas.

Hay que provocar que, siendo así, el valor de la tormenta sea de envergadura mayor. De no ser así, si prevalecen el egoísmo, la codicia y el desdén por la justicia, ese valor se traducirá en una triste pérdida.
15 Marzo 2020 04:01:00
Ríos de color morado
Hay quienes creen que el movimiento social que se hizo visible el domingo 8 de marzo será efímero. Mucho me temo que se equivocan.

No solo visibilizó un problema añejo, una lacra irresoluta, poniéndola sobre la mesa, sino que sacudió los cimientos de tradiciones anquilosadas y pletóricas de vicios y sociopatías agrupadas en una designación: machismo.

No faltará quien quiera sacar raja política del tema, como ya se ha intentado. Como siempre, se habla de expedir nuevas normas o reformar las existentes, de respeto y apoyo, de políticas públicas adecuadas al tema, etc. Nada de eso, aunque ocurra, satisfará los reclamos legítimos de las mujeres del mundo, de nuestro México particularmente, que no van en busca de dádivas ni están pidiendo limosnas.

Tampoco podrá deslegitimarse el movimiento por los desmanes –excepcionales, hay que decirlo, y además sospechosos– que hubieran podido empañar el ordenado transcurso de la impresionante marcha.

Con todo, no es la visibilización del problema lo que prevalecerá, aunque contribuya a mantener la atención en el tema. Se mantendrá la actitud manifiesta en la gráfica expresión del “ya basta” que aglutinó, sin reservas y sin distinguir entre clases sociales, condición económica, formación académica, origen étnico, o cualquier otro dato accidental, lo que influirá en los nuevos métodos de construcción de estructuras garantes de la esencial igualdad en dignidad de los seres humanos.

La coincidencia fue contundente, vigorosa y clara. El expreso motivo convocante fue protestar por la violencia contra la mujer, pero en realidad fue un consenso que llegó más lejos: el grito estremecedor que irrumpió desde miles de gargantas poniendo un “¡hasta aquí, no más!”, al decadente y anacrónico modelo seudopatriarcal que sustenta, todavía, intereses espurios.

En todo el país, simultáneamente, marcharon las mujeres. Impresionante fue la vitalidad del río de color morado que discurría, como torrente incontenible pero ordenado, por las avenidas de la Ciudad de México, caja de resonancia y crisol de los movimientos en el país, a pesar de las marrullerías y artimañas violentas de –se supo luego– grupos patrocinados o cuando menos afines al Gobierno de sedicente izquierda que, hoy, en esa urbe y el Gobierno federal, detenta el poder político.

Todas las mujeres, en la marcha o fuera de ella, ocupando con firmeza y energía nunca vistas su lugar en el movimiento, montadas en sus derechos y determinadas a defenderlos más allá de las leyes amañadas y las instituciones ineficientes. Se vieron como una sola y sentaron un precedente que, seguramente, abrirá brecha.
Incluso la coincidencia, nada gratuita, con otros fenómenos similares en el mundo –en sospechosa sincronía– y aún suponiendo que forme parte de la estrategia de las izquierdas del mundo la promoción de una nueva dialéctica, superada la “lucha de clases”, habría que indagar cómo es que consiguió la convocatoria concitar tanta simpatía y activa participación, abarcando un amplio rango de personas tan distintas, con intereses tan disímbolos, como fueron las amalgamadas en torno al movimiento.

El éxito de la convocatoria, que nadie se engañe, no tuvo base en las ideologías. Tuvo lugar porque cayó en tierra fértil, porque entre las crisis paradigmáticas que experimenta el mundo, destaca, hoy de manera trascendente y no solo relevante, la del rol social de las mujeres y su presencia efectiva en la vida política y social, también económica, del país.

A partir del 8 de marzo, quienes no habían querido oírlas se toparán cada día con las actitudes y acciones de ellas; quienes no habían querido verlas, van a escuchar sus reclamos y voces. No bastarán, en adelante, los recursos retóricos y los artilugios de nuevas leyes e instituciones “piadosas” para paliar su presencia y acallar su exigencia.

Sumarse a la búsqueda del nuevo modelo social es un imperativo ineludible, teniendo claro, por fin, que no hace falta buscar ninguna “nueva masculinidad”, sino asumir de una vez por todas que el “machismo” no es parte de ella, sino un lastre, una patología que hay que erradicar, para siempre.



08 Marzo 2020 05:00:00
La simulación y sus consecuencias
Según reporta Mariana León, de la revista digital “Expansión Política”, Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE, se refirió a los resultados de la prueba PISA, destacando que ellos muestran que apenas el 0.7% de las y los jóvenes mexicanos ha desarrollado la capacidad de discernir, por lo cual les resulta prácticamente imposible diferenciar entre hechos y opiniones (https://politica.expansion.mx/mexico/2020/02/17/jovenes-mexicanos-fallan-en-distinguir-entre-hechos-y-opiniones)

Eso, dijo el funcionario, hace que México sea muy vulnerable, mientras recalcaba, con mucho sentido, lo siguiente: “La mejor manera de enfrentar esto es dar a las personas mejores habilidades…La capacidad para reproducir conocimiento es en lo que las computadoras se han vuelto buenas, y las habilidades humanas necesitan producir productos más complejos. Tener decisiones y habilidades sociales incrementan. Nosotros intentamos probar algunas de esas habilidades en la prueba PISA”, precisamente esa que reflejó la carencia de tal aptitud, de manera generalizada, entre los y las jóvenes de México.

Precisó: “Hace 10 años comenzó la historia de los teléfonos inteligentes, algunas cosas son más fáciles, pero algunas cosas se hicieron más difíciles y se necesita que la gente pueda navegar entre la ambigüedad y utilice información compleja. Distinguir entre hechos y opiniones. En la prueba PISA encontramos que menos .7% de los mexicanos de 15 años son capaces de diferenciar entre hechos y opiniones. El contexto era complejo, no fue una tarea sencilla, lo admito, pero estas son las tareas que se necesitan. Ese es el gran reto para nuestro sistema educativo y para nuestra sociedad”.

Es grave el diagnóstico, y más todavía porque, refiriéndose él al sistema educativo formal, no aborda esa porción todavía más preocupante que tiene que ver con la formación de la cultura de la simulación que día con día, contumazmente y ya desde hace mucho tiempo, se ha ido construyendo entre nosotros, lo que no sólo afecta a los jóvenes, sino a la sociedad toda, generando una disociación entre la realidad y su percepción, que a su vez conduce a la negación de la realidad incómoda y al refugio en la fantasía imaginada.

En psicología, el síndrome de Madame Bovary -que de tal personaje de Flaubert deriva el nombre “bovarismo”, dado por la psicología a esta afectación de la personalidad- implica que, la persona que por él se ve afectada, desarrolla una “ausencia de autoconocimiento”, caracterizada por la “incapacidad para percibirse a sí misma de manera realista, la autopercepción es idealizada. No son capaces de reconocer sus propias limitaciones y debilidades. Además, es frecuente la reacción de forma dramática y desmesurada ante cualquier pequeño conflicto, así como la actitud paranoica respecto a las demás personas”, según la definición de “Psicología Online” (https://www.psicologia-online.com/que-es-el-bovarismo-en-psicologia-significado-y-ejemplos-4682.html).

Se dan también expectativas irreales, con objetivos fantasiosos y desproporcionados, lo que conduce a la frustración, porque se suelen establecer metas y propósitos irrealizables y se generan angustia y malestar intensos, y además de que la aceptación de la información recibida se hace de forma selectiva, con base en el ajuste de ella con las expectativas fantasiosas que se han generado. La información que contradice la realidad ficticia es rechazada y, por lo tanto, se produce una interpretación sesgada de la realidad y se pierden el sentido de objetividad y el juicio crítico.

¿Acaso no se ven reflejados esos síntomas en la sociedad mexicana de nuestros días? Esos y otros que, si no son fruto directo de la simulación habitual, se refuerzan por ella, la que no falta en el menú cotidiano: autonomías que no existen; delitos que no se investigan; justicia que se difiere o no imparte; normas que no se respetan; estadísticas que no reflejan realidades; información que se distorsiona a discreción; derechos humanos que se proclaman y protegen en abstracto, mientras se vulneran en los hechos, y un largo etcétera que podría agregarse.

Vivir en ese mundo de la simulación, inmerso en la farsa cotidiana, tiene resultados todavía más funestos que los arrojados por la prueba PISA.

¿Podrán corregirse a tiempo?
08 Marzo 2020 04:03:00
La simulación y sus consecuencias
Según reporta Mariana León, de la revista digital Expansión Política, Andreas Schleicher, director de educación de la OCDE, se refirió a los resultados de la prueba PISA, destacando que ellos muestran que apenas el 0.7% de las y los jóvenes mexicanos ha desarrollado la capacidad de discernir, por lo cual les resulta prácticamente imposible diferenciar entre hechos y opiniones (https://politica.expansion.mx/mexico/2020/02/17/jovenes-mexicanos-fallan-en-distinguir-entre-hechos-y-opiniones)

Eso, dijo el funcionario, hace que México sea muy vulnerable, mientras recalcaba, con mucho sentido, lo siguiente: “La mejor manera de enfrentar esto es dar a las personas mejores habilidades…La capacidad para reproducir conocimiento es en lo que las computadoras se han vuelto buenas, y las habilidades humanas necesitan producir productos más complejos. Tener decisiones y habilidades sociales incrementan. Nosotros intentamos probar algunas de esas habilidades en la prueba PISA”, precisamente esa que reflejó la carencia de tal aptitud, de manera generalizada, entre los y las jóvenes de México.

Precisó: “Hace 10 años comenzó la historia de los teléfonos inteligentes, algunas cosas son más fáciles, pero algunas cosas se hicieron más difíciles y se necesita que la gente pueda navegar entre la ambigüedad y utilice información compleja. Distinguir entre hechos y opiniones. En la prueba PISA encontramos que menos. Hasta 7% de los mexicanos de 15 años son capaces de diferenciar entre hechos y opiniones. El contexto era complejo, no fue una tarea sencilla, lo admito, pero estas son las tareas que se necesitan. Ese es el gran reto para nuestro sistema educativo y para nuestra sociedad”.

Es grave el diagnóstico, y más todavía porque, refiriéndose él al sistema educativo formal, no aborda esa porción todavía más preocupante que tiene que ver con la formación de la cultura de la simulación que día con día, contumazmente y ya desde hace mucho tiempo, se ha ido construyendo entre nosotros, lo que no solo afecta a los jóvenes, sino a la sociedad toda, generando una disociación entre la realidad y su percepción, que a su vez conduce a la negación de la realidad incómoda y al refugio en la fantasía imaginada.

En sicología, el síndrome de Madame Bovary –que de tal personaje de Flaubert deriva el nombre “bovarismo”, dado por la sicología a esta afectación de la personalidad– implica que, la persona que por él se ve afectada, desarrolla una “ausencia de autoconocimiento”, caracterizada por la “incapacidad para percibirse a sí misma de manera realista, la autopercepción es idealizada. No son capaces de reconocer sus propias limitaciones y debilidades. Además, es frecuente la reacción de forma dramática y desmesurada ante cualquier pequeño conflicto, así como la actitud paranoica respecto a las demás personas”, según la definición de Psicología Online (https://www.psicologia-online.com/que-es-el-bovarismo-en-psicologia-significado-y-ejemplos-4682.html).

Se dan también expectativas irreales, con objetivos fantasiosos y desproporcionados, lo que conduce a la frustración, porque se suelen establecer metas y propósitos irrealizables y se generan angustia y malestar intensos, y además de que la aceptación de la información recibida se hace de forma selectiva, con base en el ajuste de ella con las expectativas fantasiosas que se han generado. La información que contradice la realidad ficticia es rechazada y, por lo tanto, se produce una interpretación sesgada de la realidad y se pierden el sentido de objetividad y el juicio crítico.

¿Acaso no se ven reflejados esos síntomas en la sociedad mexicana de nuestros días? Esos y otros que, si no son fruto directo de la simulación habitual, se refuerzan por ella, la que no falta en el menú cotidiano: autonomías que no existen; delitos que no se investigan; justicia que se difiere o no imparte; normas que no se respetan; estadísticas que no reflejan realidades; información que se distorsiona a discreción; derechos humanos que se proclaman y protegen en abstracto, mientras se vulneran en los hechos, y un largo etcétera que podría agregarse.

Vivir en ese mundo de la simulación, inmerso en la farsa cotidiana, tiene resultados todavía más funestos que los arrojados por la prueba PISA.

¿Podrán corregirse a tiempo?

01 Marzo 2020 04:00:00
México, sociedad de riesgo
Ya llegó, dicen algunas personas, el tan temido futuro, mientras, con añoranza, repiten que el tiempo pasado fue mejor. Otras, menos nostálgicas, pero con una visión más trágica, piensan que los presentes son tiempos apocalípticos.

Entre el resignado pesimismo de un lado y el optimismo perdido del otro, un vasto contingente de seres humanos inconformes, justamente indignados, inquietos y en ánimo de ver en las crisis oportunidades, han asumido el papel de enfrentar los desafíos de la era en que la humanidad ha ingresado, la era de la “sociedad de riesgo”, como la llama Ulrich Beck, quien dice que “vivimos, pensamos y actuamos con unos conceptos anticuados que, no obstante, siguen gobernando nuestro pensamiento y nuestra acción.”

El concepto de riesgo presupone la previsión para hacer controlables, en la medida de lo posible, las consecuencias de las decisiones que se toman como civilización, ya que éstas desatan peligros y problemas que contradicen, radicalmente, el lenguaje de control institucionalizado.

En la sociedad de riesgo, “explotan” las pretensiones de racionalidad, las responsabilidades, la legitimación del poder institucional porque la sociedad percibe los riesgos, pero no ve como este último pueda enfrentarlos con éxito. La consecuencia es que ese temor engendra una situación “cuasi revolucionaria”, un río revuelto que puede, para bien o para mal, aprovecharse de maneras muy distintas y para intereses diversos, lo mismo legítimos que espurios ¿No es ese el caso de México hoy en día?

Violencia incontenible que crece y se esparce por todas partes, que se dice combatir desde la política de “abrazos, no balazos”; una economía en picada, cuyo decaimiento recalará, inevitablemente y de manera principal, en el deterioro de la condiciones de vida de los menos favorecidos; riesgos de sanidad inminentes, en un entorno que se ha vuelto incapaz de enfrentar las necesidades de salud que, de alguna manera, ya se cubrían, y un largo etcétera que se podría añadir.

Riesgos hay para dar y repartir que se han hecho dolorosa realidad; riesgos que nublan el horizonte con ominosos nubarrones, de tal manera inminentes que la Secretaría de Salud ha dicho que, porque es seguro y fatal su arribo, ha preferido abstenerse de tomar medidas preventivas.

En tanto eso ocurre, quienes deberían estar ocupados, porque esa es su responsabilidad, en prevenir esos riesgos, mueven los hilos del tingla de que se hicieron a causa de la esperanza para ocupar posiciones que les permitan pavimentar el camino para perpetuarse en el poder, con poca (si alguna) intervención efectiva de un sistema de “frenos y contrapesos” mermado y mediatizado que poco promete.

Queda, ya se ha visto, el contrapeso democrático extremo de la sociedad civil, que por definición es ajena al poder, político y económico, o no es sociedad civil, sino extensión encubierta de aquellos.

A nadie extrañe entonces que, ante la farsa y la simulación que han hecho nido en el quehacer político institucional, surjan los brotes de base comunitaria incómodos con las indebidas férulas que han sido impuestas a sus integrantes más desprotegido.

En el fondo, lo que se busca con esas expresiones es la prevalencia de esa actitud virtuosa que consiste en reconocer y respetar el derecho de cada quien, y su contraparte de hacerlo respetar.

Pero existe una interrelación entre la generación de bienes y la generación de males que, si bien puede desencadenar una dinámica virtuosa de cambios culturales y políticos, también se incrementan los riesgos de reposicionamiento del que alguien ha llamado “el sempiterno poder”.

Por eso, el riesgo mayor del que hay que precaverse, y el único en el que nadie puede darse el lujo de incurrir, es el de caer en el viejo garlito estratégico que recomienda “divide y vencerás”.

Téngase mucho cuidado con él, no sea que den los empeños y propósitos en una fragmentación de frentes que pueda dar lugar a feudos aislados, vulnerables frente a quienes abrigan el interés de ganar posiciones contrarias al resguardo de la justicia que debiera imperar.
23 Febrero 2020 04:01:00
En defensa de los derechos y libertades
Bien hacen quienes elevan la voz y toman acciones para plantar cara a la violencia contra las mujeres y la laxitud con que frente a ella reaccionan las autoridades.

Todo menosprecio de esa causa y la supeditación de ella a vagos “intereses generales” de supuesta mayor jerarquía, son execrables. Hay que tener cuidado al acudir al llamado, todos, de que la natural concentración en él ocasione perder de vista acciones de quienes quieren ver a las instituciones sometidas a la intención de controlarlas con fines ilegítimos.

Viene a colación esa exhortación porque, mientras la sociedad mexicana reacciona favorablemente y levanta un clamor legítimo para detener la violencia feminicida, con gran sigilo están ocurriendo cosas que casi pasan desapercibidas.

Trascendió que llegaron autobuses a la UNAM, convoyes con vastos contingentes de jóvenes a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con el fin de reforzar las presiones para forzar la salida del rector Enrique Graue y apoderarse de la institución. Sea eso exacto o no, es verosímil y encuadra en el contexto de acoso a la UNAM, contra el que el rector Graue ya expresó un enérgico rechazo.

Como siempre ocurre, especialmente en los regímenes opacos, campean los rumores y se barajan nombres e intenciones que no viene al caso repetir, pero que apuntarían a hacer de la UNAM un bastión para una acción política del muy amplio espectro, muy útil para la formación de cuadros afines al grupo promotor.

El doctor Enrique Graue, rector de la UNAM, ha expresado su disposición para encabezar la defensa de la autonomía universitaria, y así lo hizo saber cuando reaccionó a la iniciativa de ley planteada por un diputado de Morena ante el Congreso de la Unión para reformar la ley orgánica institucional: “Deseo hacer del conocimiento de todas y todos ustedes mi rechazo absoluto a este intento de intromisión en la vida universitaria, en donde a espaldas de las y los universitarios se pretende incidir en la normatividad que nos rige y que nos hemos autoimpuesto a lo largo de muchos años”.

El rector asume que el hecho de presentar una iniciativa como la mencionada solo puede interpretarse como un intento desestabilizador, precisamente cuando esa universidad está inmersa en una revisión a fondo de su normatividad establecer mejores condiciones de respeto, paz y seguridad.

Fue contundente: “Exijo, como rector de la Universidad de la Nación, que las comisiones dictaminadoras correspondientes de la Cámara de Diputados rechacen esta iniciativa y hagan público y manifiesto el respeto irrestricto a la autonomía de nuestra máxima casa de estudios”.

Hay quien augura que vendrán en la UNAM días turbios, a los que no serán ajenos los refuerzos en que se traducirían los contingentes de jóvenes, mujeres y varones, que han arribado últimamente. Ojalá que no ocurra así, pero no puede dejarse al azar la prevención, porque no es solo el control de la UNAM

–en sí mismo es factor de gran peso– lo que se busca, sino una posición estratégica en la arena política del país.

La UNAM importa, sí, por su propio peso específico, pero también por su relevancia en el contexto de la educación superior pública del país entero. Con ella perdida, la suerte de todas las universidades públicas en México estaría echada. En esta hora difícil será bienvenida la acción que tenga por fin frenar la espiral de violencia contra las mujeres y erradicarla definitivamente.

Bienvenido será, inclusive, el debate sobre esa lacerante cuestión, y no solo la injustificable violencia contra la mujer, sino contra cualquier violencia.; siempre será el débil la víctima, y quien sufra las consecuencias si el poder público no resguarda como debe hacerlo la paz, el orden, los derechos y las libertades.

Hay que exigirlo con firmeza y con el vigor que da la unión solidaria. No hay que descuidar otros frentes en riesgo inminente. Un ojo al gato y otro al garabato.

16 Febrero 2020 04:00:00
Imparcialidad comprometida
En el curso del ejercicio presidencial matutino del 11 de febrero pasado, el presidente “reveló” que “se trabajará de manera conjunta con la Fiscalía General de la República (FGR) y con el Poder Judicial de la Federación” para esclarecer lo ocurrido en el caso “Ayotzinapa”, para lo cual, dijo, dirigió una comunicación a “cada uno de sus titulares” (lo que es inexacto, porque los titulares del poder judicial son los jueces, tribunales y la SCJN, no el presidente de este órgano), donde solicitaba, “…de manera atenta, y con absoluto respeto a la autonomía del poder que usted representa, su invaluable participación para atender juntos y de manera coordinada dicha demanda de justicia.”

Se trata de efectuar una reunión mensual con los padres de los 43 estudiantes que fuero víctimas de desaparición forzada, cuyo objeto será recibir informes y tomar las decisiones que sean necesarias.

Al día siguiente, el presidente inició la conferencia de prensa cotidiana, a la que asistió como invitado el presidente de la SCJN, diciendo: “Son tiempos de renovación y de cambio verdadero. Estamos trabajando de manera coordinada, respetando la independencia, la autonomía de los poderes, ya se terminó el tiempo, la práctica, ya no es el tiempo, ya no se practica aquello de que el poder de los poderes era el Ejecutivo, y que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estaban subordinados; ahora se cumple lo que está establecido en la Constitución, hay división, hay equilibrio entre los poderes”.

Se conoce bien el “estilo personal de gobernar” (Cossío Villegas dixit) del presidente, caracterizado por su tendencia a concentrar el poder, por eso no es de extrañar que haya planteado la incorporación de “ambos titulares” a las reuniones mensuales con madres y padres de los jóvenes desaparecidos, para recibir los informes de la comisión respectiva y tomar las decisiones necesarias, cuyo primer encuentro tendrá lugar el próximo 5 de marzo en el Palacio Nacional.

Tan seguro estaba el presidente de que su invitación sería aceptada sin chistar, que dijo: “Ya me respondió por escrito el fiscal, que acepta; y lo mismo el presidente de la Suprema Corte, él no por escrito, pero siempre ha estado apoyando; seguramente en el transcurso de estos días va a expresar su apoyo y vamos a trabajar juntos”. Lo hizo, el mismo día, por la vía de Tuiter.

Hay noticia vasta de la proclividad del ministro presidente de la SCJN a mantener una presencia intensa en los medios, incluidas las redes sociales, por lo que tampoco extraña su inmediata reacción al tuitear su respuesta a la invitación aludida.

No extraña, pero preocupa, porque puede su participación poner en riesgo la función medular de la corte, como órgano jurisdiccional extremo, y poner en entredicho su misión como contrapeso de las otras ramas del poder público en el sistema de equilibrios que es indispensable en los regímenes democráticos, en el tan invocado “estado de derecho”.

Asentó él mismo en su cuenta de Tuiter: (“He aceptado la invitación del Presidente (sic) López Obrador para acompañarlo en las reuniones mensuales con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. En el marco de mis facultades constitucionales, cooperaré en lo que me corresponda para buscar una solución a este doloroso suceso”, como asentó él mismo en su cuenta de Tuiter el 11 de febrero mismo).

No encuentro atribuciones para ello y, en cambio, muchos inconvenientes. Es bien sabido que los jueces hablan por sus sentencias, y que la prudencia que debe caracterizarlos aconseja no aventurar opiniones que puedan comprometer sus criterios prejudiciales; menos aún es pertinente participar en una mesa donde se revisarán actuaciones -y muy seguramente omisiones- que puedan ir a dar, como ha de pasar con seguridad, a manos del juez, del órgano que preside él, particularmente.

La imparcialidad se verá comprometida. Ojalá se revise la decisión, aun a sabiendas de la dificultad que implica declinar una invitación tal. Es, como dijera un distinguido constitucionalista mexicano, por el bien de la república.
09 Febrero 2020 04:00:00
La educación democrática
Concurrido intercambio de ideas y perspectivas tuvo lugar el fin de semana -6 y 7 de febrero- en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que congregó a juristas de todo el mundo y en el que hubo aportaciones muy destacadas. En la mesa correspondiente al tema de la reforma educativa, a la que fui invitado, tuve la oportunidad de exponer algunas reflexiones, que comparto con ustedes en este espacio.

En primer lugar, el hecho de que la reforma al artículo tercero constitucional mexicano efectuada en 2019 fue, en realidad, una “contrarreforma” respecto de la promulgada en 2016, y se formuló, en el fondo, con la finalidad de cumplir con compromisos políticos adquiridos con la base magisterial que apoyó al vencedor en la contienda presidencial, aunque se aprovechó para incluir algunos matices típicamente enarbolados por las corrientes etiquetadas como de izquierda que acompañaron al presidente en su largo camino hacia el poder ejecutivo.

En segundo término, expresé mi convicción de que esos matices así introducidos poco aportaron en realidad al texto constitucional -en todo caso, nada que fuera sustancialmente relevante- lo que no les resta importancia estructural, porque no dejan de proporcionar una base ideológica y un soporte normativo de nivel supremo que fuera suficientemente amplio para la interpretación al momento de expedir la legislación reglamentaria.

En tercer lugar, la que constituyó la parte medular de mi ponencia, que consiste en la afirmación de que, más que la reforma al artículo que se comenta, efectuada en 2019, y casi que cualquiera otra de las once reformas efectuadas al artículo tercero, destaca la valía de la introducida en 1946, que incluyó entre los criterios orientadores de la educación el democrático, “considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”, lo que rebasa la concepción habitual de la democracia como método para elegir a las autoridades y, cuando mucho, aplicable a la toma de decisiones. En cambio, la equipara a la “virtud cívica” que, desde los tiempos en que la cultura occidental se gestaba, consistía en la capacidad de formar parte, activa, respetuosa, libre y justa, de la comunidad (es decir, aquello que verdaderamente humaniza a los seres humanos), formación que, indiscutiblemente desde entonces, atañe a la educación.

Enfaticé mi convicción de que la falta de acción pública congruente con ese principio, que lamentablemente ha sido letra muerta, ha sido y es un obstáculo mayor para construir la “polis” mexicana que se echa en falta, especialmente en momentos de tan grave descomposición como son estos por los que el país atraviesa.

Hube de expresar, en referencia específica a la reforma de 2019, preocupación por la supresión de la frase “derechos humanos” del texto del artículo. Podría no ser anodina, porque cuando en 2011 se incluyó, se hizo con el propósito de reforzar la orientación del quehacer público hacia el respeto, la protección, la promoción y la garantía de los derechos fundamentales, en los que se nutre un interés general.

La preocupación que menciono en el párrafo anterior surge porque el texto vigente del artículo emplea las fórmulas “interés general de la sociedad” y “los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos”, que sin el límite claro de la mención expresa de los “derechos humanos”, podría incubar interpretaciones y acciones lesivas de los derechos y libertades fundamentales, como ya se ha visto que pasa, aun en presencia de prohibiciones expresas. En esta materia, además, no hay supresiones inocuas.

En fin, concluí proponiendo que lo que de verdad importa es la instrumentación de políticas enderezadas a la construcción de una comunidad basada en una civilidad virtuosa, de modo que se recojan y armonicen el reconocimiento y el ejercicio de los derechos y libertades en que se nutre la legitimidad de las instituciones.

En México, lejos estamos todavía de ese ideal.
02 Febrero 2020 04:05:00
El antídoto de la corrupción
Corrupción y putrefacción son la misma cosa. Es un proceso de descomposición que puede llevar al organismo hasta su destrucción total.

Cuando algo se corrompe, la cohesión entre sus partes falla y la coherencia en su funcionamiento se distorsiona; solo revirtiendo la disfunción se puede aliviar el mal.

Crear burocracia, instaurar procedimientos e instituciones inquisitoriales, y cosas por el estilo, no servirá de nada mientras no prive entre las personas que México es un sentido de decencia que se exprese en la hoy ausente “virtud cívica”, que se ha pregonado siempre y en toda cultura, como elemento básico del orden equitativo, pacífico y justo, en vista del desarrollo humanitario de las comunidades.

¿Cómo conseguirlo? Resume Emilio Suñé, en el preámbulo del libro Filosofía Jurídica y Política de la Nueva Ilustración (Porrúa, 2009), muchos siglos de cavilaciones sobre el tema, efectuadas por los más preclaros filósofos de todos los tiempos, al decir que “solo la educación, o mejor dicho, la formación en la virtud cívica, hace del individuo un ser verdaderamente humano. La educación es equilibrio, formación integral de la persona y como tal, persona humana; no un mero repertorio, más o menos amplio, de conocimientos técnicos o prácticos, que apenas sí nos darían un ligero plus adaptativo sobre el resto de los animales”.

Es verdad, la educación, bien entendida y correctamente configurada, forma, no solo instruye; induce a la virtud cívica y enaltece valores básicos universales; forma ciudadanos, no adoctrina para formar súbditos dóciles, ni seguidores incondicionales.

¿Qué hacer en México para alcanzar el objetivo de instaurar una convivencia pacífica, ordenada y justa?

La receta está a la vista, pero parecería que nadie la quiere ver: el Artículo 3 de la Constitución dice que la educación debe orientarse, entre otros criterios, por ser democrática, y para que no haya confusiones, explica: “Considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

Es obvio que la falta de acción pública congruente con el principio democrático, tal como lo enuncia el Artículo 3, ha sido y es un obstáculo mayor para construir la “polis” mexicana que se echa en falta, especialmente en momentos de tan grave descomposición como son los que atraviesa el país.

Lo que de verdad importa, en términos de la responsabilidad del Estado y la sociedad, no nada más en los planes y programas correspondientes a la instrucción formal, escolarizada, presencial o abierta, sino en toda la amplia gama de vías y metodologías educativas, es la instauración de actitudes y la instrumentación de acciones y políticas enderezadas a la construcción de una comunidad basada en esa actitud virtuosa que respeta e incluye, que recoge y busca que se armonicen en su ejercicio los derechos y libertades fundamentales, tanto como los deberes y responsabilidades que ellos necesarsiamente conllevan, con un ánimo de justicia tal que se corresponda con el ideal clásico: reconocer y respetar a cada quien su propio derecho y hacerlo con todos. En eso es que se nutre, incluso, la verdadera legitimidad de las instituciones y en México, infortunadamente, estamos todavía muy lejos de ello.

Hace falta, sí, detener el proceso, pero nada se gana con combatir la infección, incluso con “terapia de choque”, si solo se atacan los síntomas y perviven las causas que la ocasionaron.

Una cosa, en todo caso, es indispensable considerar: creando burocracias “ad hoc” no se combate la corrupción, y hasta puede que se generen incentivos para estimularla, como la historia enseña que ha ya pasado en otros tiempos, aquí y en otras latitudes. Habrá que tener cuidado, no vaya a ser que el remedio resulte más grave que la enfermedad.

En este país se ha desatendido el único antídoto que puede ser eficaz -la decencia- y solo se ha puesto hincapié en paliativos que incapaces son ya siquiera de enmascarar los síntomas. Urge rectificar.
26 Enero 2020 04:05:00
Una extemporánea infancia
Mientras el proverbial avión atrae la atención y se aterriza en la vía adecuada para enajenarlo, hay que volver la cara hacia otros temas que son más graves. Apenas unos días después de la tragedia ocurrida en un colegio de Torreón, los medios dieron cuenta de dos cosas que bien merecen considerarse.

La primera, el preocupante dato de que los suicidios, cada uno una tragedia de todos y para todos, han aumentado alarmantemente, lo que trasciende el ámbito particular y da cuenta de la descomposición que aqueja a nuestro país, con énfasis en muchas de las comunidades que lo integran, aunque el resto del mundo no sea ajeno a ese mal.

Acerca de las causas específicas de cada caso poco, pudiera decirse, si algo; una reflexión apenas superficial induce a inferir, en cambio, que “algo huele podrido” en estos terrenos nuestros, parafraseando a Shakespeare.

En este punto es que surge la segunda noticia: en algún medio se publicó una nota de Juan M. Blanco acerca del libro Forever Young, de Marcel Danesi, profesor de antropología, que plantea una tesis sugerente.

Basado en datos empíricos, sostiene que tiene lugar un fenómeno que considera un “síndrome colectivo” y que consiste en que “la adolescencia se extiende hoy hasta edades muy avanzadas, generando una sociedad inmadura, unos sujetos que exigen cada vez más de la vida pero entienden cada vez menos el mundo que los rodea”.

La opinión pública, en ese contexto, tiende a considerar la inmadurez como normal, incluso “deseable”, para un adulto, como resultado de lo cual, “cunde una sensación de inutilidad, de profunda distorsión: quienes toman las decisiones cruciales suelen ser individuos con valores adolescentes. Va desapareciendo la cultura del pensamiento, de la reflexión, del entendimiento y es sustituida por el impulso, la búsqueda de la satisfacción instantánea” (La Incontenible Infantilización de Occidente, en Disidentia,
https://disidentia.com/incontenible-infantilizacion-occidente/).

Destaca esta tesis el hecho de que mucho se olvida que “la madurez consiste básicamente en la adquisición de juicio para distinguir el bien del mal, la formación de los propios principios y, sobre todo, la disposición a aceptar responsabilidades”.

También lo hace con la circunstancia de que los dirigentes han contribuido –“con todas sus fuerzas”, dice– “a diluir o difuminar la responsabilidad individual” y condenar a las personas adultas a una “adolescencia permanente”, porque –y esto me parece irrefutable– el estado paternalista “aseguró al súbdito que resolvería hasta la más mínima de sus dificultades a cambio de renunciar al pensamiento crítico, de delegar en los dirigentes todas las decisiones”.

El creciente infantilismo fomenta la difusión de miedos, temores inventados o exagerados, que generan una sociedad “bastante cobarde, insegura, que se asusta de su sombra, de lo que come o respira”, que siente pánico ante noticias que no debieran ser más que una excepción, y eso mueve a considerar como una causa probable del trágico panorama que se puede observar en derredor nuestro, aunque no se puede descartar otra porción de causación que reside en la dogmatización del discurso político, que a partir de esas premisas “se limita a meras consignas, pierde complejidad”.

En ese contexto, la cantidad y el tamaño de las frustraciones frente al fracaso en la construcción de una vida comunitaria sólida y la desesperanza de encontrar una vía para el propio desarrollo, explican que se produzcan decepciones y depresión que, aunadas al ambiente de violencia aguda y la disfunción familiar creciente, trastoquen los valores, con la consecuencia de ver cómo cada vez más jóvenes incurran en las explosiones de violencia y las salidas falsas que con tanta tristeza hemos experimentado.

Imposible pasar por alto que la promesa de una “interminable infancia despreocupada y feliz” del “estado paternalista” es un campo propicio para que florezca la “mentalidad infantil”.

En cambio, hay que insistir en aquello que se atribuye a Pitágoras y esta semana, providencialmente, me trajeron las redes sociales: “Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida”.

26 Enero 2020 04:00:00
Una extemporánea infancia
Mientras el proverbial avión atrae la atención y se aterriza en la vía adecuada para enajenarlo, hay que volver la cara hacia otros temas que son más graves.

Apenas unos días después de la tragedia ocurrida en un colegio de Torreón, los medios dieron cuenta de dos cosas que bien merecen considerarse. La primera, el preocupante dato de que los suicidios, cada uno una tragedia de todos y para todos, han aumentado alarmantemente, lo que trasciende el ámbito particular y da cuenta de la descomposición que aqueja a nuestro país, con énfasis en muchas de las comunidades que lo integran, aunque el resto del mundo no sea ajeno a ese mal.

Acerca de las causas específicas de cada caso poco, pudiera decirse, si algo; una reflexión apenas superficial induce a inferir, en cambio, que “algo huele podrido” en estos terrenos nuestros, parafraseando a Shakespeare.

En este punto es que surge la segunda noticia: en algún medio de publicó una nota de Juan M. Blanco acerca del libro “Forever Young”, de Marcel Danesi, profesor de antropología, que plantea una tesis sugerente. Basado en datos empíricos, sostiene que tiene lugar un fenómeno que considera un “síndrome colectivo” y que consiste en que “la adolescencia se extiende hoy hasta edades muy avanzadas, generando una sociedad inmadura, unos sujetos que exigen cada vez más de la vida pero entienden cada vez menos el mundo que los rodea”.

La opinión pública, en ese contexto, tiende a considerar la inmadurez como normal, incluso “deseable”, para un adulto, como resultado de lo cual, “cunde una sensación de inutilidad, de profunda distorsión: quienes toman las decisiones cruciales suelen ser individuos con valores adolescentes. Va desapareciendo la cultura del pensamiento, de la reflexión, del entendimiento y es sustituida por el impulso, la búsqueda de la satisfacción instantánea” (“La incontenible infantilización de Occidente”, en Disidentia,
https://disidentia.com/incontenible-infantilizacion-occidente/).

Destaca esta tesis el hecho de que mucho se olvida que “la madurez consiste básicamente en la adquisición de juicio para distinguir el bien del mal, la formación de los propios principios y, sobre todo, la disposición a aceptar responsabilidades”.

También lo hace con la circunstancia de que los dirigentes han contribuido –“con todas sus fuerzas”, dice- “a diluir o difuminar la responsabilidad individual” y condenar a las personas adultas a una “adolescencia permanente”, porque -y esto me parece irrefutable- el estado paternalista “aseguró al súbdito que resolvería hasta la más mínima de sus dificultades a cambio de renunciar al pensamiento crítico, de delegar en los dirigentes todas las decisiones”.

El creciente infantilismo fomenta la difusión de miedos, temores inventados o exagerados, que generan una sociedad “bastante cobarde, insegura, que se asusta de su sombra, de lo que come o respira”, que siente pánico ante noticias que no debieran ser más que una excepción, y eso mueve a considerar como una causa probable del trágico panorama que se puede observar en derredor nuestro, aunque no se puede descartar otra porción de causación que reside en la dogmatización del discurso político, que a partir de esas premisas “se limita a meras consignas, pierde complejidad”.

En ese contexto, la cantidad y el tamaño de las frustraciones frente al fracaso en la construcción de una vida comunitaria sólida y la desesperanza de encontrar una vía para el propio desarrollo, explican que se produzcan decepciones y depresión que, aunadas al ambiente de violencia aguda y la disfunción familiar creciente, trastoquen los valores, con la consecuencia de ver cómo cada vez más jóvenes incurran en las explosiones de violencia y las salidas falsas que con tanta tristeza hemos experimentado.

Imposible pasar por alto que la promesa de una “interminable infancia despreocupada y feliz” del “estado paternalista” es un campo propicio para que florezca la “mentalidad infantil”.

En cambio, hay que insistir en aquello que se atribuye a Pitágoras y esta semana, providencialmente, me trajeron las redes sociales: “Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida”.
19 Enero 2020 04:07:00
El paraíso perdido
La semana concluida ha sido pródiga en noticias que no dejan de ser alarmantes, un motivo de preocupación mayor para este país en el que muchos creyeron que, con el brusco golpe de timón dado en las urnas en 2018, se iba a enmendar el rumbo y enfilar la proa hacia una utopía de bienestar.

La fórmula que así lo prometía pasaba por la justicia y una honrada austeridad, pero a un año y poco más que apenas ha transcurrido, la ruta elegida ha dado ya muestras evidentes de ser errática y poco eficiente en vista de una correcta gestión de la cosa pública; también de que aquella fórmula no ha sido empleada con la atingencia debida.

Se supo en los días recientes de un cúmulo enorme de problemas, carencias y arbitrariedades con los pacientes del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), muchos de ellos graves, todos inmersos en niveles profundos de precariedad económica, que se toparon con cuotas que superaban por mucho las que hasta entonces habían cubierto, sin atención ni medicamentos, y además infundadamente, porque toda contribución –y esas cuotas lo son– debe estar sustentada, de manera proporcional y equitativa, en una ley, como lo exige la Constitución.

Todo se atribuyó a insuficiencias financieras de la nueva institución, afectada en aras de una alegada austeridad, que en este caso concreto tiene visos de mezquindad.

Mientras eso ocurría, se anunciaba con bombo y platillo que, con el objeto de promover el deporte, se concedía una subvención millonaria al equipo de beisbol profesional de Tabasco (curiosamente, el deporte favorito del Presidente y en su tierra), en una suma aparentemente superior a la necesaria para el fin de atender las necesidades de salud mencionadas, que son las de los más necesitados (¿Primero los pobres?).

El remate de esta representación de absurdos, más dramáticos que tragicómicos, fue el más reciente epi-sodio de ese culebrón telenovelesco que bien podría llamarse El Avión Presidencial. Ya le habían tocado Las Golondrinas, pero esta semana llegó de regreso (aunque, por lo visto, nunca acabó de irse).

Volvió a México porque no era nuestro y uno no puede vender lo que tiene como arrendatario, aunque el arrendamiento sea financiero y conceda el derecho de adquisición al término del contrato. Tampoco queda exento el arrendatario del pago de la renta por el hecho de no usar el bien arrendado. Eso, que es elemental, no fue tomado en cuenta por quienes era debido que lo consideraran.

Como bien se sabe, el mantenimiento del avión y su almacenamiento costaron muchos dólares, que bien pudieron aho-rrarse porque el Gobierno federal cuenta con las instalaciones –sin uso desde que se llevaron el avión– y el personal adecuado para ello. Ni se vendió, ni se usó –y en cambio se gastó en pasajes– y ahora ya está de vuelta sin que se sepa qué hacer con él.

Todo eso deja entrever improvisación, falta de claridad en los objetivos, carencia de metas, nula planeación y, lo que es peor, capricho y terquedad, que no perseverancia, y quizás algo peor, porque bastaban un par de sumas y restas para poder darse cuenta de que las cosas deberían ir por otro rumbo para mantener siquiera, ya no mejorar, las condiciones de vida de los menos favorecidos. No se hicieron, o a nadie le importo hacerlas, entre quien toma las decisiones y quienes debieron hacer notar esas “minucias”.

Cuando se creía que la cosa no daba para más, llegó el “gran finale”: como no hubo manera de vender el avión, ni siquiera ofreciéndolo en copropiedad (y tampoco conviene admitir el fracaso), había que deshacerse de él de otra manera.

¿Cuál? ¡Una rifa!, aunque sea más onerosa para el ganador que la rifa de un tigre.

Tanto desatino movería a la risa si no fuera porque la gravedad de la situación lo impide. El paraíso de bienestar y justicia que se había prometido no se aprecia en el horizonte.

19 Enero 2020 04:00:00
El paraíso perdido
La semana concluida ha sido pródiga en noticias que no dejan de ser alarmantes, un motivo de preocupación mayor para este país en el que muchos creyeron que, con el brusco golpe de timón dado en las urnas en 2018, se iba a enmendar el rumbo y enfilar la proa hacia una utopía de bienestar.

La fórmula que así lo prometía pasaba por la justicia y una honrada austeridad, pero a un año y poco más que apenas ha transcurrido, la ruta elegida ha dado ya muestras evidentes de ser errática y poco eficiente en vista de una correcta gestión de la cosa pública; también de que aquella fórmula no ha sido empleada con la atingencia debida.

Se supo en los días recientes de un cúmulo enorme de problemas, carencias y arbitrariedades con los pacientes del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (INSABI), muchos de ellos graves, todos inmersos en niveles profundos de precariedad económica, que se toparon con cuotas que superaban por mucho las que hasta entonces habían cubierto, sin atención ni medicamentos, y además infundadamente, porque toda contribución -y esas cuotas lo son- debe estar sustentada, de manera proporcional y equitativa, en una ley, como lo exige la constitución.

Todo se atribuyó a insuficiencias financieras de la nueva institución, afectada en aras de una alegada austeridad, que en este caso concreto tiene visos de mezquindad.

Mientras eso ocurría, se anunciaba con bombo y platillo que, con el objeto de promover el deporte, se concedía una subvención millonaria al equipo de beisbol profesional de Tabasco (curiosamente, el deporte favorito del presidente y en su tierra), en una suma aparentemente superior a la necesaria para el fin de atender las necesidades de salud mencionadas, que son las de los más necesitados (¿Primero los pobres?).

El remate de esta representación de absurdos, más dramáticos que tragicómicos, fue el más reciente episodio de ese culebrón telenovelesco que bien podría llamarse “El avión presidencial”. Ya le habían tocado “Las Golondrinas” pero esta semana llegó de regreso (aunque, por lo visto, nunca acabó de irse).

Volvió a México porque no era nuestro y uno no puede vender lo que tiene como arrendatario, aunque el arrendamiento sea financiero y conceda el derecho de adquisición al término del contrato. Tampoco queda exento el arrendatario del pago de la renta por el hecho de no usar el bien arrendado. Eso, que es elemental, no fue tomado en cuenta por quienes era debido que lo consideraran.

Como bien se sabe, el mantenimiento del avión y su almacenamiento costaron muchos dólares, que bien pudieron ahorrarse porque el gobierno federal cuenta con las instalaciones -sin uso desde que se llevaron el avión- y el personal adecuado para ello. Ni se vendió, ni se usó -y en cambio se gastó en pasajes- y ahora ya está de vuelta sin que se sepa qué hacer con él.

Todo eso deja entrever improvisación, falta de claridad en los objetivos, carencia de metas, nula Planeación y, lo que es peor, capricho y terquedad, que no perseverancia, y quizás algo peor, porque bastaban un par de sumas y restas para poder darse cuenta de que las cosas deberían ir por otro rumbo para mantener siquiera, ya no mejorar, las condiciones de vida de los menos favorecidos. No se hicieron, o a nadie le importo hacerlas, entre quien toma las decisiones y quienes debieron hacer notar esas “minucias”.

Cuando se creía que la cosa no daba para más, llegó el “gran finale”: Como no hubo manera de vender el avión, ni siquiera ofreciéndolo en copropiedad (y tampoco conviene admitir el fracaso), había que deshacerse de él de otra manera.

¿Cuál? ¡Una rifa!, aunque a sea más onerosa para el ganador que la rifa de un tigre.

Tanto desatino movería a la risa si no fuera porque la gravedad de la situación lo impide. El paraíso de bienestar y justicia que se había prometido no se aprecia en el horizonte.
12 Enero 2020 04:05:00
El ángel de la muerte
Sucedió otra vez, cuando apenas se disipaban los festivos ecos de la Navidad y los aires de renovación que cada año trae consigo. La tragedia volvió a extender sus alas.

Eran las 8:30 del segundo día de labores escolares, cuando un joven alumno del Colegio Cervantes, de la ciudad de Torreón, inopinadamente arremetió a balazos contra una profesora, a la que dio muerte, mientras hería también a algunos alumnos que se encontraban, circunstancialmente, en el lugar de los hechos. Luego, se pegó un tiro y se quitó la vida.

Hoy, más que nunca, la autoridad está obligada a despojarse de poses y mantener incólume la transparencia, para evitar encubrir situaciones tan graves como la ocurrida al adoptar actitudes de genuino o ficticio pesar, mientras se pretende que “no pasa nada” y que el origen de la tragedia se debe al contexto violento de los videojuegos o a situaciones abstractas e impersonales, como la “pérdida de valores”, como el propio fiscal general expuso en una de las primeras entrevistas que dio después del infortunado y trágico evento.

¿Qué hacia un jovencito, todavía niño, con dos pistolas en su poder? ¿De dónde las obtuvo? ¿De dónde, y sobre todo por qué, nació la idea de llevarlas a la escuela? Son estas preguntas tan elementales como primordiales son sus respuestas para poder empezar a entender la gravedad social que, más allá de la ingente pena individual, incuban estas conductas cada vez más frecuentes.

No basta decir que la sociedad es culpable porque vive una “crisis de valores” ¿A qué valores se refieren quienes acuden a ese lugar común? En todo caso ¿quién o quiénes son responsables de esa crisis? ¿Fuenteovejuna?

Tampoco sirve intentar transferir las responsabilidades, como ya va ocurriendo entre los grupos e instituciones directamente afectados por el caso y, como es habitual, empiezan a pulular los señalamientos y hasta las explicaciones “expertas” de la conducta, como si fuera un caso aislado.

Los datos dicen que un joven, cuya edad lo ponía en el umbral de la adolescencia, inexplicablemente arremetió contra una profesora y en el camino hirió a otros compañeros.

Hay versiones, aparentemente sólidas, que sostienen que actuó así después de haberse cambiado de ropa para vestirse como Eric Harris, uno de los dos adolescentes que, el 20 de abril de 1999, en Columbine, Colorado, masacraron a sus compañeros de High School. Empiezan también a correr versiones que afirman que el joven era objeto de “bullying”, no solo por parte de sus compañeros, sino generalizadamente.

Ha trascendido también que vivía con sus abuelos, porque su madre había fallecido hace poco y su padre se ausentaba con frecuencia por razones de trabajo.

No viene al caso hacer el juego a esas circunstancias como distractores, sino descubrir su trascendencia en la descomposición sicológica que llevó a lo acontecido, porque esos son indicios que podrían apuntar a una disfuncionalidad familiar, que podría ser el campo de cultivo de los motivos desencadenantes de la conducta que hoy todos lamentamos.

Sean cuales hayan sido las causas específicas, la justicia demanda que se esclarezcan los hechos en el caso concreto, pero también que se tracen los paralelos con otros fenómenos similares y con el grave cúmulo de suicidios que han tenido lugar en los últimos tiempos, sin perder de vista el contexto de violencia endémica en el que todo eso ha tenido lugar. De las respuestas y su confiabilidad dependerán en mucho las soluciones.

En todo caso, para cortar las alas del ángel de la muerte que se regodea, revoloteando sobre nuestra gente, habrá que remediar desde sus causas profundas, la grave descomposición social, teniendo en cuenta que en el trecho entre el dicho y el hecho se incuba la corrupción, que no es otra cosa que la putrefacción de los vínculos sociales cuya cohesión se funda, precisamente, en esos valores que tanto se cacarean y tan poco se procuran.

Obras son amores, y no buenas razones.


12 Enero 2020 04:00:00
El ángel de la muerte
Sucedió otra vez, cuando apenas se disipaban los festivos ecos de la Navidad y los aires de renovación, cada renovación de año trae consigo. La tragedia volvió a extender sus alas.

Eran las 8:30 del segundo día de labores escolares, cuando un joven alumno del Colegio Cervantes, de la ciudad de Torreón, inapropinadamente arremetió a balazos contra su profesora, a la que dio muerte, mientras hería también a algunos alumnos que se encontraban, circunstancialmente, en el lugar de los hechos. Luego, se pegó un tiro y se quitó la vida.

Hoy, más que nunca, la autoridad está obligada a despojarse de poses y mantener incólume la transparencia, para evitar encubrir situaciones tan graves como la ocurrida al adoptar actitudes de genuino o ficticio pesar, mientras se pretende que “no pasa nada” y que el origen de la tragedia se debe al contexto violento de los videojuegos o a situaciones abstractas e impersonales, como la “pérdida de valores”, como el propio fiscal general expuso en una de las primeras entrevistas que dio después del infortunado, trágico, evento.

¿Qué hacía un jovencito, todavía niño, con dos pistolas en su poder?, ¿de dónde las obtuvo?, ¿de dónde, y sobre todo por qué, nació la idea de llevarlas a la escuela? Son estas preguntas tan elementales como primordiales, son sus respuestas para poder empezar a entender la gravedad social que, más allá de la ingente pena personal, incuban estas conductas cada vez más frecuentes.

No basta decir que la sociedad es culpable porque vive una “crisis de valores” ¿A qué valores se refieren quienes acuden a ese lugar común? En todo caso ¿quién o quiénes son responsables de esa crisis? ¿Fuenteovejuna?

Tampoco sirve tratar de transferir las responsabilidades, como ya va ocurriendo entre los grupos e instituciones directamente afectados por el caso y, como es habitual, empiezan a pulular los señalamientos y hasta las explicaciones “expertas” de la conducta, como si fuera un caso aislado.

Los datos dicen que un joven, cuya edad lo ponía en el umbral de la adolescencia, inexplicablemente arremetió contra su profesora y en el camino hirió a otros compañeros.

Hay versiones, aparentemente sólidas, que sostienen que actuó así después de haberse cambiado de ropa para vestirse como Eric Harris, uno de los dos adolescentes que, el 20 de abril de 1999, en Columbine, Colorado, masacraron a sus compañeros de high school. Empiezan también a correr versiones que afirman que el joven era objeto de “bullying”, no solo por parte de sus compañeros, sino generalizadamente.

Ha trascendido también que vivía con sus abuelos, porque su madre había fallecido hace poco y su padre se ausentaba con frecuencia por razones de trabajo. No viene al caso hacer el juego a esas circunstancias como distractores, sino descubrir su trascendencia en la descomposición sicológica que pudo haber llevado a lo acontecido, porque esos son indicios que podrían apuntar a una disfuncionalidad familiar que podría ser el campo de cultivo de los motivos desencadenantes de la conducta que hoy todos lamentamos.

Sean cuales hayan sido las causas específicas, la justicia demanda que se esclarezcan los hechos en el caso concreto, pero también que se tracen los paralelos con otros fenómenos similares y con el grave cúmulo de suicidios que han tenido lugar en los últimos tiempos, sin perder de vista el contexto de violencia endémica en el que todo eso ha tenido lugar. De las respuestas y su confiabilidad dependerán en mucho las soluciones.

En todo caso, para cortar las alas del ángel de la muerte que se regodea revoloteando sobre nuestra gente habrá que remediar, desde sus causas profundas, la grave descomposición social, teniendo en cuenta que en el trecho entre el dicho y el hecho se incuba la corrupción, que no es otra cosa que la putrefacción de los vínculos sociales cuya cohesión se funda, precisamente, en esos valores que tanto se cacarean y tan poco se procuran.

Obras son amores, y no buenas razones.
05 Enero 2020 04:02:00
Basta de buenos propósitos
Es común que se inicie el año con un listado de buenos propósitos, que usualmente se incumplen y por eso se reciclan un año tras otro.

Esa práctica, que da la impresión de ser anodina, podría no serlo tanto cuando se considera que es capaz de socavar el vigor de la actitud personal frente a los problemas cotidianos, que cuando son importantes requieren racionalidad, entereza, persistencia, y presencia de buen ánimo.

Mientras eso ocurra en la esfera personal y ahí quede, es cosa de cada uno juzgar sobre la conveniencia de continuar con el hábito, pero cuando la ligereza trasciende la esfera de lo particular y se instala en el ámbito de lo público, la cosa se pone seria, porque debilita la capacidad colectiva de atender preventivamente, o remediar, las cuestiones públicas.

Cuando Julio César informó al Senado romano sobre su campaña en las Galias, se refirió a los pueblos enfrentados por él diciendo que, entre todos los más fuertes fueron los belgas, aduciendo que eso era porque estaban muy alejados del género de vida y de las costumbres de las provincias, y con muy poca frecuencia llegaban a ellos los mercaderes que traían consigo aquellas cosas que suavizaban los ánimos, además de que su vecindad con los germanos y el constante estado de guerra que mantenían con ellos los fortificaba.

La analogía es evidente: la vida muelle produce una languidez inconveniente a la hora de plantar cara a las dificultades y amenazas que la cotidianidad impone, especialmente en momentos de violencia, inestabilidad y riesgo como son los que corren.

Cuando eso le pasa a un país, la frivolidad carcome su capacidad de mantener sus instituciones con firmeza suficiente para garantizar el orden justo, pacífico y perdurable que toda sociedad reclama y sin el cual no hay desarrollo posible.

Los gobernantes –que forman parte de esa cultura y de ella participan– suelen refrendar cada año los compromisos expresamente adquiridos por ellos y algunos otros que, para resolver problemas que a lo largo del camino se van presentando, suman a los originales.

Uno de los recursos más socorridos para este último fin consiste en invocar la instauración de un “verdadero estado de derecho”, pretendiendo que se tendrá por satisfecha esa finalidad con la sola emisión de leyes y aun reformas constitucionales, sin reparar en que ellas no sirven de nada si no van acompañadas de una acción congruente, concertada, planeada conforme a diagnósticos confiables y aptos para dilucidar estratégicamente el funcionamiento institucional, para lo cual hace falta el diseño de políticas públicas aptas para el caso.

Pero, regularmente se pasa por alto que ellas son medios técnicos para prevenir y resolver problemas de índole pública que se nutren de información verídica, oportuna y confiable, para traducirse en acciones susceptibles de ser medidas y evaluadas en orden a su eficacia.

Las proclamas, los buenos deseos y los propósitos de cada año –por noble y sinceros que sean– no sirven de nada si no se resuelven en actitudes y acciones que puedan llevarlas a cabo. De otra manera lo que se tendrá será solamente un catálogo de buenos propósitos que, por su parentesco con las buenas intenciones y como dice el refrán, buen pavimento han de ser para los caminos del infierno, que en esta ocasión se hace presente muy vívidamente en la caótica crisis generalizada en que vivimos.

Lejos de mi intención está romper con el optimismo propio de la época, pero dadas las circunstancias, bueno me ha parecido recordar que la diligencia es una virtud cuya presencia desplaza a la negligencia, y que las cosas públicas son cosa de todos –muy especialmente y en primer lugar de quienes tienen encomendadas funciones propias de su Gobierno– y por lo tanto no es dable que nadie se desentienda de ellas.

Acciones planeadas, correctas y congruentes es lo que falta, no “buenos propósitos” que son, a la postre y según mi juicio, perniciosos y contraproducentes si no se cumplen bien.

05 Enero 2020 04:00:00
Basta de buenos propósitos
Es común que se inicie el año con un listado de buenos propósitos, que usualmente se incumplen y por eso se reciclan un año tras otro.

Esa práctica, que da la impresión de ser anodina, podría no serlo tanto cuando se considera que es capaz de socavar el vigor de la actitud personal frente a los problemas cotidianos, que cuando son importantes requieren racionalidad, entereza, persistencia y presencia de buen ánimo.

Mientras eso ocurra en la esfera personal y ahí quede, es cosa de cada uno juzgar sobre la conveniencia de continuar con el hábito, pero cuando la ligereza trasciende la esfera de lo particular y se instala en el ámbito de lo público, la cosa se pone seria, porque debilita la capacidad colectiva de atender preventivamente, o remediar, las cuestiones públicas.

Cuando Julio César informó al senado romano sobre su campaña en las Galias, se refirió a los pueblos enfrentados por él diciendo que, entre todos los más fuertes fueron los belgas, aduciendo que eso era porque estaban muy alejados del género de vida y de las costumbres de las provincias, y con muy poca frecuencia llegaban a ellos los mercaderes que traían consigo aquellas cosas que suavizaban los ánimos, además de que su vecindad con los germanos y el constante estado de guerra que mantenían con ellos los fortificaba.

La analogía es evidente: La vida muelle produce una languidez inconveniente a la hora de plantar cara a las dificultades y amenazas que la cotidianeidad impone, especialmente en momentos de violencia, inestabilidad y riesgo como son los que corren.

Cuando eso le pasa a un país, la frivolidad carcome su capacidad de mantener sus instituciones con firmeza suficiente para garantizar el orden justo, pacífico y perdurable que toda sociedad reclama y sin el cual no hay desarrollo posible.

Los gobernantes -que forman parte de esa cultura y de ella participan- suelen refrendar cada año los compromisos expresamente adquiridos por ellos y algunos otros que, para resolver problemas que a lo largo del camino se van presentando, suman a los originales.

Uno de los recursos más socorridos para este último fin consiste en invocar la instauración de un “verdadero estado de derecho”, pretendiendo que se tendrá por satisfecha esa finalidad con la sola emisión de leyes y aun reformas constitucionales, sin reparar en que ellas no sirven de nada si no van acompañadas de una acción congruente, concertada, planeada conforme a diagnósticos confiables y aptos para dilucidar estratégicamente el funcionamiento institucional, para lo cual hace falta el diseño políticas públicas aptas para el caso, pero regularmente se pasa por alto que ellas son medios técnicos para prevenir y resolver problemas de índole pública que se nutren de información verídica, oportuna y confiable, para traducirse en acciones susceptibles de ser medidas y evaluadas en orden a su eficacia.

Las proclamas, los buenos deseos y los propósitos de cada año, por noble y sinceros que sean, no sirven de nada si no se resuelven en actitudes y acciones que puedan llevarlas a cabo. De otra manera lo que se tendrá será solamente un catálogo de buenos propósitos que, por su parentesco con las buenas intenciones y como dice el refrán, buen pavimento han de ser para los caminos del infierno, que en esta ocasión se hace presente muy vívidamente en la caótica crisis generalizada en que vivimos.

Lejos de mi intención está romper con el optimismo propio de la época, pero dadas las circunstancias, bueno me ha parecido recordar que la diligencia es una virtud cuya presencia desplaza a la negligencia, y que las cosas públicas son cosa de todos -muy especialmente y en primer lugar de quienes tienen encomendadas funciones propias de su gobierno- y por lo tanto no es dable que nadie se desentienda de ellas.

Acciones planeadas, correctas y congruentes es lo que falta, no “buenos propósitos” que son, a la postre y según mi juicio, perniciosos y contraproducentes si no se cumplen bien.
22 Diciembre 2019 04:06:00
Un reforzado viejo vicio
El pasado martes 10 de diciembre se firmó el protocolo de modificación al T-MEC, destinado a sustituir al TLC. Hace un par de días se aprobó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, y se espera que para febrero lo apruebe el Senado. Con eso, el anuncio del Gobierno, hecho con bombo y platillo justo tras la firma, empieza a ver satisfecho su optimista previsión.

En medio de la euforia generada por la esperanza de ver disipadas las brumas de la incertidumbre comercial, y con ellas el sombrío panorama de las inversiones en nuestro país, se pasó por alto un pequeño detalle que se volvió, hace ya mucho tiempo, práctica indebida a la hora de contraer para el país compromisos internacionales que, además de la responsabilidad que en ese nivel involucran, tienen la característica de convertirse, una vez cumplidos los requisitos constitucionales, en “ley suprema de la Unión”, según lo dispone la Constitución misma en su Artículo 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”.

Muy bien, pero ¿en qué consistían las modificaciones pactadas adicionalmente? El Senado no las conocía al momento de la firma, y sin embargo los senadores Monreal y Vasconcelos –presidente este último de la Comisión de Relaciones Exteriores– elogiaron mucho el nuevo texto y anunciaron que lo iban a presentar esa misma semana para ratificarlo.

Primera cuestión: ¿Pueden hablar ellos por todos los senadores y anticipar con tal seguridad su ratificación? Se les olvidó –en el caso de que lo supieran– que la Constitución establece que los tratados requieren, para integrarse con validez al bloque de “ley suprema”, que se celebren con la aprobación del Senado, no con su ratificación una vez que sean suscritos.

Segunda cuestión: ¿Puede pedirse una aprobación después de llevarse a cabo una acción, o debe ser requerida y obtenida antes?

El hecho de que, en la práctica, desde hace ya mucho tiempo se dé el vicio de firmar primero y luego someter el hecho consumado al Senado para que ratifique –no apruebe– los tratados, no significa que eso sea correcto.

El sentido del artículo transcrito, congruente con las atribuciones conferidas al Senado y al Presidente en esta materia, es que en el frente internacional no haya resquebrajaduras debidas a la integración federal, pero también que en casos tan delicados y trascendentes no se tomen individualmente las decisiones y se asuman los compromisos, sino después de una serena reflexión que, en la Cámara llamada a representar a las partes del llamado “pacto federal”, sopese sus consecuencias.

La “colaboración” entre los poderes –incluida la Cámara de Diputados, cuyo líder se sumó a los elogios– se volvió sumisión y con ello se hicieron añicos las bondades políticas del sistema de frenos y contrapesos, sin ya siquiera simularlo.

Una verdadera transformación se habría esmerado en corregir, antes que cualquier otra cosa, las malas prácticas, no reforzarlas, especialmente cuando enarbola, en el discurso, la bandera de restablecer el perdido “estado de derecho”.

Eso sí hubiera sentado una diferencia de fondo con los tiempos idos, esos del “periodo neoliberal”, como lo llama peyorativamente el presidente AMLO.

A decir verdad, frente al desdén por tan elemental mecanismo de colaboración entre esas ramas del poder soberano palidece el hecho de que los pretendidos “inspectores” laborales –en realidad “agregados”– hayan sido inadmisibles, como afirmara candorosamente el subsecretario Seade.

Sin embargo, en medio de todos sus ires y venires a Washington, de tuits y retuits, discusiones y refriegas subidas de tono, que enredaron más las cosas y aumentaron la confusión al faltar las explicaciones claras, bueno sería tener presente, también, que la oscuridad no alumbra y la opacidad no es democrática.

Posdata: Un receso festivo no cae mal. Nos reencontramos en enero. Feliz Navidad.
22 Diciembre 2019 04:00:00
Un reforzado viejo vicio
El pasado martes 10 de diciembre se firmó el protocolo de modificación al T-MEC, destinado a sustituir al TLC. Hace un par de días se aprobó en la cámara de representantes de los Estados Unidos, y se espera que para febrero lo apruebe el senado. Con eso, el anuncio del gobierno, hecho con bombo y platillo justo tras la firma, empieza a ver satisfecho su optimista previsión.

En medio de la euforia generada por la esperanza de ver disipadas las brumas de la incertidumbre comercial, y con ellas el sombrío panorama de las inversiones en nuestro país, se pasó por alto un pequeño detalle que se volvió, hace ya mucho tiempo, práctica indebida a la hora de contraer para el país compromisos internacionales que, además de la responsabilidad que en ese nivel involucran, tienen la característica de convertirse, una vez cumplidos los requisitos constitucionales, en “ley suprema de la Unión”, según lo dispone la constitución misma en su artículo 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”.

Muy bien, pero ¿en qué consistían las modificaciones pactadas adicionalmente? El senado no las conocía al momento de la firma, y sin embargo los senadores Monreal y Vasconcelos -presidente este último de la Comisión de Relaciones Exteriores- elogiaron mucho el nuevo texto y anunciaron que lo iban a presentar esa misma semana para ratificarlo.

Primera cuestión: ¿Pueden hablar ellos por todos los senadores y anticipar con tal seguridad su ratificación? Se les olvidó -en el caso de que lo supieran- que la constitución establece que los tratados requieren, para integrarse con validez al bloque de “ley suprema”, que se celebren con la aprobación del senado, no con su ratificación una vez que sean suscritos.

Segunda cuestión: ¿Puede pedirse una aprobación después de llevarse a cabo una acción, o debe ser requerida y obtenida antes? El hecho de que, en la práctica, desde hace ya mucho tiempo se dé el vicio de firmar primero y luego someter el hecho consumado al senado para que ratifique -no apruebe- los tratados, no significa que eso sea correcto.

El sentido del artículo transcrito, congruente con las atribuciones conferidas al senado y al presidente en esta materia, es que en el frente internacional no haya resquebrajaduras debidas a la integración federal, pero también que en casos tan delicados y trascendentes no se tomen individualmente las decisiones y se asuman los compromisos, sino después de una serena reflexión que, en la cámara llamada a representar a las partes del llamado “pacto federal”, sopese sus consecuencias.

La “colaboración” entre los poderes -incluida la Cámara de Diputados, cuyo líder se sumó a los elogios- se volvió sumisión y con ello se hicieron añicos las bondades políticas del sistema de frenos y contrapesos, si ya siquiera simularlo.

Una verdadera transformación se habría esmerado en corregir, antes que cualquier otra cosa, las malas prácticas, no reforzarlas, especialmente cuando enarbola, en el discurso, la bandera de restablecer el perdido “estado de derecho”. Eso si hubiera sentado una diferencia de fondo con los tiempos idos, esos del “periodo neoliberal”, como lo llama peyorativamente el Presidente AMLO.

A decir verdad, frente al desdén por tan elemental mecanismo de colaboración entre esas ramas del poder soberano palidece el hecho de que los pretendidos “inspectores” laborales -en realidad “agregados”- hayan sido inadmisibles, como afirmara candorosamente el subsecretario Seade; sin embargo, en medio de todos sus ires y venires a Washington, de tuits y retuits, discusiones y refriegas subidas de tono, que enredaron más las cosas y aumentaron la confusión al faltar las explicaciones claras, bueno sería tener presente, también, que la oscuridad no alumbra y la opacidad no es democrática.

Posdata: Un receso festivo no cae mal. Nos reencontramos en enero. Feliz Navidad.
15 Diciembre 2019 04:07:00
Derechos Humanos: 71 años
“En definitiva, ¿dónde empiezan los Derechos Humanos Universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. (...) Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano”, dijo Eleanor Roosevelt en ocasión de expedirse, en París, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Setenta y un años después, que se cumplieron en esta semana, esa aspiración sigue siendo utópica. Lejos, muy lejos estamos de alcanzar el ideal de que esas prerrogativas fundamentales encuentren el arraigo cultural necesario para convertirse en la actitud generalizada de respeto a ellas que la justicia reclama.

A ratos parece, por el contrario, que los riesgos a que están expuestas no han disminuido significativamente, porque los medios para eludir el deber de proteger los derechos han sufrido mutaciones y se han sofisticado los instrumentos para vulnerarlos impunemente desde los centros mismos del poder, internos y externos, muchas veces en contubernio culpable.

Es necesario reconocer que subsisten, y por momentos arrecian, los procederes tradicionales que los quebrantan. Las estadísticas no mienten y en ellas aparecen, en los primeros lugares por el número y la gravedad, los actos violatorios de las fuerzas del orden público. La lenidad de las autoridades administrativas y parlamentarias, en lo que les corresponde hacer, se ha convertido en un incentivo pernicioso que fortalece esas prácticas en vez de desalentarlas.

No puede decirse que haya presencia en el sector privado de una conciencia clara de los deberes frente a los derechos humanos, lo que no beneficia las condiciones necesarias para que opere su arraigo en la sociedad.

Como símbolos generalizados, por otra parte, los derechos humanos son un móvil muy efectivo para concitar el apoyo generalizado de las masas populares, moviendo su voluntad en el sentido de la que expresan sus líderes. Eso hace que cada vez más se conviertan en instrumento político.

Con todo, y aunque parezca mentira, quizá la peor amenaza proviene del seno mismo de quienes se ostentan como defensores y promotores de los derechos humanos. El vigor de esos derechos como “idea fuerza” de la democracia sustancial, los ha convertido, además de bandera política, en una fuente de ingresos nada despreciable debido a los montos financieros internacionales que las potencias y los organismos, públicos y privados, dedican a su promoción. La abundancia de fondos que se canalizan hace de la proclamación y promoción de los derechos humanos una actividad muy lucrativa.

Eso explica que, a pesar de ser llamados a incomodar al poder por contener sus abusos, proliferen las alianzas de él con sectores controlados y organizaciones creadas “ad hoc” para apropiarse de los reclamos y administrar el sufrimiento de las víctimas.

También explica la aparición en escena de grupos de juristas –o seudojuristas– “ajenos a la teoría constitucional, alérgicos a cualquier atisbo de nacionalismo, en su gran mayoría posmodernos (aunque ellos no lo sepan), intolerantes a la historia, pasionales y sentimentalistas (sic)”, como dice el profesor Juan Jesús Garza Onofre (@garza_onofre) en un tuit suyo del 10 de este mismo 2019.

Dice –y concuerdo con él– que ellos se ostentan como nuevos constitucionalistas que “exigen garantismo sin leer a Ferrajoli, invocan principios sin conocer a Alexy, (son) dúctiles hasta la médula y reconocen la inefabilidad (sic) la Corte Interamericana”, y se asumen como “herederos de una tradición de izquierda ilustrada, y deudores de un sinfín de luchas sociales inconclusas”.

Siete décadas han pasado desde que fue proclamada la Declaración Universal. Poco se ha avanzado en su aspiración de universalidad. Los nubarrones en su horizonte, renuentes a disiparse, dan hoy motivos adicionales de preocupación.

No es la menor de ellas el asalto de las hordas de aventureros que no procuran otro beneficio que el propio peculio y sus intereses políticos. Se ven desde lejos.


15 Diciembre 2019 04:00:00
Derechos Humanos: 71 años
“En definitiva, ¿dónde empiezan los Derechos Humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa; en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Sin una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno, nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano”, dijo Eleanor Roosevelt en ocasión de expedirse, en Paris, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Setenta y un años después, que se cumplieron en esta semana, esa aspiración sigue siendo utópica. Lejos, muy lejos estamos de alcanzar el ideal de que esas prerrogativas fundamentales encuentren el arraigo cultural necesario para convertirse en la actitud generalizada de respeto a ellas que la justicia reclama.

A ratos parece, por el contrario, que los riesgos a que están expuestas no han disminuido significativamente, porque los medios para eludir el deber de proteger los derechos han sufrido mutaciones y se han sofisticado los instrumentos para vulnerarlos impunemente desde los centros mismos del poder, internos y externos, muchas veces en contubernio culpable.

Es necesario reconocer que subsisten, y por momentos arrecian, los procederes tradicionales que los quebrantan. Las estadísticas no mienten y en ellas aparecen, en los primeros lugares por el número y la gravedad, los actos violatorios de las fuerzas del orden público. La lenidad de las autoridades administrativas y parlamentarias, en lo que les corresponde hacer, se ha convertido en un incentivo pernicioso que fortalece esas prácticas en vez de desalentarlas.

No puede decirse que haya presencia en el sector privado de una conciencia clara de los deberes frente a los derechos humanos, lo que no beneficia las condiciones necesarias para que opere su arraigo en la sociedad.

Como símbolos generalizados, por otra parte, los derechos humanos son un móvil muy efectivo para concitar el apoyo generalizado de las masas populares, moviendo su voluntad en el sentido de la que expresan sus líderes. Eso hace que cada vez más se conviertan en instrumento político.

Con todo, y aunque parezca mentira, quizá la peor amenaza proviene del seno mismo de quienes se ostentan como defensores y promotores de los derechos humanos. El vigor de esos derechos como “idea fuerza” de la democracia sustancial, los ha convertido, además de bandera política, en una fuente de ingresos nada despreciable debido a los montos financieros internacionales que las potencias y los organismos, públicos y privados, dedican a su promoción. La abundancia de fondos que se canalizan hace de la proclamación y promoción de los derechos humanos una actividad muy lucrativa.

Eso explica que, a pesar de ser llamados a incomodar al poder por contener sus abusos, proliferen las alianzas de él con sectores controlados y organizaciones creadas “ad hoc” para apropiarse de los reclamos y administrar el sufrimiento de las víctimas.

También explica la aparición en escena de grupos de juristas -o seudo juristas- “ajenos a la teoría constitucional, alérgicos a cualquier atisbo de nacionalismo, en su gran mayoría posmodernos (aunque ellos no lo sepan), intolerantes a la historia, pasionales y sentimentalistas (sic)”, como dice el profesor Juan Jesús Garza Onofre (@garza_onofre) en un tuit suyo del 10 de este mismo 2019.

Dice -y concuerdo con él- que ellos se ostentan como nuevos constitucionalistas que “exigen garantismo sin leer a Ferrajoli, invocan principios sin conocer a Alexy, (son) dúctiles hasta la médula y reconocen la inefabilidad (sic) la Corte Interamericana”, y se asumen como “herederos de una tradición de izquierda ilustrada, y deudores de un sinfín de luchas sociales inconclusas”.

Siete décadas han pasado desde que fue proclamada la Declaración Universal. Poco se ha avanzado en su aspiración de universalidad. Los nubarrones en su horizonte, renuentes a disiparse, dan hoy motivos adicionales de preocupación.

No es la menor de ellas el asalto de las hordas de aventureros que no procuran otro beneficio que el propio peculio y sus intereses políticos. Se ven desde lejos.
08 Diciembre 2019 04:07:00
Trump, México y el ‘destino manifiesto’
John L. O’Sullivan publicó un artículo intitulado The Great Nation of Futurity, que apareció en United States Magazine and Democratic Review en 1845.

En él estableció las bases de la doctrina que en adelante se conocería como del “Destino Manifiesto”, que no es otra cosa que la afirmación de que es misión de los Estados Unidos de América –los del hombre blanco, anglosajón y protestante por supuesto- “conquistar y cristianizar la tierra”.

Si en un principio esa postura se ceñía a las cuestiones territoriales, el presidente Theodore Roosevelt lo amplió al añadir a la defensa territorial el ámbito de los negocios y todavía se modificó después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, al adquirir el matiz que le imprimió George W. Bush al declarar la guerra a ese enemigo abstracto e indefinido al que se refirió como “terrorismo”, sin un destinatario específico y sin la necesidad expresa de una previa agresión determinada y, por supuesto, sin la previa declaración formal que exige –todavía– el derecho internacional.

Su documento The National Security Strategy of the United States of America (
http://www.whitehouse.gov/nsc/print/nssall.html) es claro en su intención: “Las grandes luchas del siglo 20 entre la libertad y el totalitarismo terminaron con una decisiva victoria de las fuerzas de la libertad –y un solo modelo sostenible para el éxito nacional: libertad, democracia, y libre empresa–.

En el siglo 21, solamente las naciones que compartan un compromiso de proteger los derechos humanos básicos y garantizar la libertad política y económica podrán desatar el potencial de sus pueblos y asegurar su prosperidad futura”.

Hoy, bajo el Gobierno de Trump, es perceptible que la orientación que imprimió el segundo Bush a la doctrina abre la puerta para enfocar las baterías hacia el sur, donde quiere encontrar el Presidente estadunidense un terreno propicio en las condiciones que genera el entorno de inseguridad e impunidad imperante en México.

La persistente advertencia de Trump se resume en su afirmación de que ha hecho al Presidente mexicano repetidas ofertas para que lo deje venir a “limpiar” y erradicar los males ha sido “hasta ahora”, como dice él mismo, rechazado. Los riesgos para México de que se emita esa declaratoria son actuales, no teóricos, y tienden a incrementarse conforme pasa el tiempo sin que se resuelva el problema.

Me parece que ese es el significado real de la reciente visita del fiscal general William Barr y su reunión con el propio canciller y los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y de Marina (¿por qué no también el de la Defensa Nacional?), quienes acordaron “fortalecer al Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos… con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada y al crimen que opera de forma transfronteriza” ¿Era necesario un viaje relámpago de tan importante funcionario nada más para eso?

La posición del Gobierno de México, como tuiteó el canciller en días recientes, es que “México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional”. Está muy bien, pero es necesario hacerlo integralmente, no nada más en una de sus facetas, porque eso deja vulnerable el flanco en que precisamente la infección ha sentado sus reales.

Regresar a lo básico parece recomendable. Bodino definió a la soberanía como el poder irresistible hacia el interior e independiente ante el exterior. Eso quiere decir que no basta el frente internacional para mantenerla incólume, sino que es necesario defender la supremacía interna. Por eso Weber confiere al estado el monopolio legítimo de la fuerza, que implica la necesidad de contar con ella para el caso de que internamente se vea amenazada la integridad del poder jurídico del país.

Cuando la primera parte de la fórmula falta, la soberanía está ya en riesgo y se hace necesario guarecerla del jaque. De otra manera, la debilidad resultante puede alentar acechanzas externas, especialmente cuando el desorden interno puede servir de pretexto a un vecino expansivo y codicioso como es el nuestro del norte.
08 Diciembre 2019 04:00:00
Trump, México y el “destino manifiesto”
John L. O’Sullivan publicó un artículo intitulado “The Great Nation of Futurity”, que apareció en “United States Magazine and Democratic Review” en 1845.

En él estableció las bases de la doctrina que en adelante se conocería como del “destino manifiesto”, que no es otra cosa que la afirmación de que es misión de los Estados Unidos de América -los del hombre blanco, anglosajón y protestante por supuesto- “conquistar y cristianizar la tierra”.

Si en un principio esa postura se ceñía a las cuestiones territoriales, el presidente Theodore Roosevelt lo amplió al añadir a la defensa territorial el ámbito de los negocios y todavía se modificó después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, al adquirir el matiz que le imprimió George W. Bush al declarar la guerra a ese enemigo abstracto e indefinido al que se refirió como “terrorismo”, sin un destinatario específico y sin la necesidad expresa de una previa agresión determinada y, por supuesto, sin la previa declaración formal que exige –todavía- el derecho internacional.

Su documento “The National Security Strategy of the United States of America” (
http://www.whitehouse.gov/nsc/print/nssall.html) es claro en su intención: “Las grandes luchas del siglo XX entre la libertad y el totalitarismo terminaron con una decisiva victoria de las fuerzas de la libertad –y un solo modelo sostenible para el éxito nacional: libertad, democracia, y libre empresa. En el siglo XXI, solamente las naciones que compartan un compromiso de proteger los derechos humanos básicos y garantizar la libertad política y económica podrán desatar el potencial de sus pueblos y asegurar su prosperidad futura”.

Hoy, bajo el gobierno de Trump, es perceptible que la orientación que imprimió el segundo Bush a la doctrina abre la puerta para enfocar las baterías hacia el sur, donde quiere encontrar el presidente estadounidense un terreno propicio en las condiciones que genera el entorno de inseguridad e impunidad imperante en México.

La persistente advertencia de Trump se resume en su afirmación de que ha hecho al presidente mexicano repetidas ofertas para que lo deje venir a “limpiar” y erradicar los males ha sido “hasta ahora”, como dice él mismo, rechazado.

Los riesgos para México de que se emita esa declaratoria son actuales, no teóricos, y tienden a incrementarse conforme pasa el tiempo sin que se resuelva el problema.

Me parece que ese es el significado real de la reciente visita del fiscal general William Barr y su reunión con el propio canciller y los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y de Marina (¿por qué no también el de la Defensa Nacional?), quienes acordaron “fortalecer al Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos…con el objetivo de combatir a la delincuencia organizada y al crimen que opera de forma transfronteriza” ¿Era necesario un viaje relámpago de tan importante funcionario nada más para eso?

La posición del gobierno de México, como tuteó el canciller en días recientes, es que “México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional”. Está muy, pero es necesario hacerlo integralmente, no nada más en una de sus facetas, porque eso deja vulnerable el flanco en que precisamente la infección ha sentado sus reales.

Regresar a lo básico parece recomendable. Bodino definió a la soberanía como el poder irresistible hacia el interior e independiente ante al exterior. Eso quiere decir que no basta el frente internacional para mantenerla incólume, sino que es necesario defender la supremacía interna. Por eso Weber confiere al estado el monopolio legítimo de la fuerza, que implica la necesidad de contar con ella para el caso de que internamente se vea amenazada la integridad del poder jurídico del país.

Cuando la primera parte de la fórmula falta, la soberanía está ya en riesgo y se hace necesario guarecerla del jaque. De otra manera, la debilidad resultante puede alentar acechanzas externas, especialmente cuando el desorden interno puede servir de pretexto a un vecino expansivo y codicioso como es el nuestro del norte.
01 Diciembre 2019 04:07:00
¿Narcoterrorismo?
“Miedo muy intenso” es la definición de “terror” que ofrece el diccionario de la Real Academia y quien diga en este país que no lo ha experimentado a causa de las actividades de la delincuencia organizada, pertenece a un muy reducido núcleo de privilegiados o es de plano insensible a los riesgos y amenazas de su entorno.

El terror existe ¿también el terrorismo? Para que este exista hace falta, según el mismo diccionario, que tenga lugar una de las tres cosas siguientes: que haya “dominación por el terror”; “sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror”, o “actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”.

Aunque en una de esas tres acepciones que asigna el lexicón al término se implica una finalidad política –y muchas veces también en su uso común– es evidente que, teniéndola o no, las bandas delincuenciales emplean en México el terror como método de control o como instrumento directo para cometer ilícitos, como en el caso de la extorsión.

Eso, que bien lo saben desde hace mucho los habitantes de Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y muchas otras zonas y estados del país, ha cobrado esta semana actualidad política a causa de la posibilidad de que el Presidente de los Estados Unidos decida considerar como terroristas a los cárteles del narcotráfico.

¿Puede ocurrir eso? Sí, porque la legislación estadunidense sobre la materia faculta a su Gobierno para que designe como tales, entre otras, a las organizaciones que tengan la “capacidad y la intención” de llevar a cabo actividades que quepan, según sus leyes, en tal definición, o bien que dicha actividad amenace la seguridad de personas que sean nacionales de los Estados Unidos o la seguridad nacional de ese país, que abarca los riesgos en materia de defensa nacional, de relaciones exteriores y sus intereses económicos.

Las consecuencias de esa hipotética declaratoria no serían cómodas, porque abren la puerta, incluso, a una intervención militar del estilo de las que ya se han visto en el medio oriente y Panamá (con Noriega), por ejemplo.

Se ha dicho que se trata de un mero alarde de Trump en vísperas electorales, y puede ser, pero no hay que subestimar el potencial del justificado activismo de la familia LeBarón, recientemente violentada en los linderos de Chihuahua y Sonora.

La reacción oficial de este lado de la frontera se puede sintetizar en la frase que pronunció el presidente AMLO el miércoles previo al “día de gracias”: “Cooperación sí; intervencionismo no”. En la del viernes siguiente añadió que, en caso de que se afectara la soberanía, acudiría a la ley internacional.

Bien pensado. Nuestra inveterada actitud basada en la “doctrina Estrada”, aunque muy disminuida ahora, daría pie para eso, pero mientras tal ocurre, las cosas entre nosotros y dentro de nuestra casa, esa que decimos ser capaces de defender, seguramente seguirán por el mismo camino de descomposición.

Nadie quiere una patria mellada en su dignidad, ni su suelo hollado. Por el contrario, el anhelo es de paz, orden y respeto, para poder hacer por la vida sin temores y sobresaltos.

Para que eso se vuelva realidad, sin embargo, hay que hacerse cargo de que esa capacidad jurídica de defender los valores, derechos y libertades, a la que llamamos “soberanía”, ha sido severamente carcomida por la actuación de los grupos delincuenciales, sin que se haya logrado siquiera detener su expansión. Ese es el verdadero problema, el meollo del asunto.

A un año de haber protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de ella emanadas, el presidente AMLO enfrenta una posible crisis internacional de consecuencias todavía imprevisibles, sin que se perciba en el horizonte algo que parezca solución a la inseguridad imperante, pero viendo cómo la circunstancia económica, aquella en la que el propio Presidente encuentra una de las causas del deterioro social, se complica. El panorama es más sombrío que un año antes.

24 Noviembre 2019 04:07:00
Una piedra en el camino
El afán de imponer a la cabeza de la CNDH a un elemento que fuera incondicional del presidente AMLO y que tuviera a la vez un valor simbólico para afianzar su ascendiente en el sector de la población que constituye su núcleo duro, llevó a designar atropelladamente a la señora Rosario Piedra Ibarra, a pesar de estar impedida porque forma parte del Consejo Nacional de Morena y es, por lo tanto, dirigente de ese partido.

El proceso, como se pudo ver con claridad diáfana, fue a todas luces desaseado, una muestra patente del desapego a las normas y la falta de respeto por las instituciones.

Las reacciones no se hicieron esperar: renunciaron al Consejo Consultivo de la CNDH cinco de sus integrantes; varias organizaciones de la sociedad civil manifestaron su inconformidad y hasta la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo al respecto un severo posicionamiento: el proceso, dijo, “estuvo marcado por un ambiente de polarización, dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata, a quien se tomó protesta y cuestionamientos respecto a si en la tercera votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución”.

Esa oficina de la ONU dijo además que la CNDH debe jugar un rol en la construcción de un estado de derecho democrático y para ello necesita “plena independencia y legitimidad”, razón por la cual el proceso de designación de su titular debe ser “particularmente escrupuloso, objetivo, transparente y certero”, agregando que hay que evitar “cualquier tipo de cuestionamiento que afecte la legitimidad de la persona a quien se designa, de la institución cuya cabeza se nombra y de quien hace la elección respectiva”.

Por si eso fuera poco, se hizo evidente que la nueva presidenta no contaba con el consenso necesario entre los senadores; también que, por su activa militancia partidaria y sus propios antecedentes familiares y políticos, se configuran condiciones que, por decir lo menos, ponen en entredicho su imparcialidad e independencia, y también han hecho que se cuestione la autoridad moral necesaria para sustentar sus recomendaciones futuras y la exigencia del cumplimiento de las que están en curso.

En el sector gubernamental, la oposición llegó al grado de que el Gobernador de Querétaro, que encabeza a los gobernadores panistas, anticipó que no reconoce, por esas razones, la legitimidad de la elección, que afecta también la de las recomendaciones que emita en esas condiciones la CNDH, y por lo tanto no serán aceptadas.

Mal empieza la semana quien es ahorcado en lunes, dice el refrán, y la verdad es que no parece un buen comienzo para una función que, en un elevado porcentaje, descansa en la independencia de criterio y la autoridad moral que su ejercicio exige.

A pesar de todo y con ser muy serio todo eso, no es el peor escenario posible, porque es bien sabido que en la mente del Presidente se ha arraigado la idea de transformar a la CNDH, en una “defensoría del pueblo” dotada, a diferencia del actual organismo, de facultades para hacer coercibles sus determinaciones.

Lo de menos es que eso desvirtuaría la naturaleza del organismo, que fue diseñado y responde al modelo sugerido por los Principios de Paris, sino que, a cargo de una persona incondicional de quien es depositario del poder ejecutivo, es natural que se tema que su función de control se ejerza con parcialidad y se convierta, en cambio, en un instrumento de gestión política, al enfilar sus acciones conforme a los objetivos del depositario del Poder Ejecutivo y, más aún, cubra sus fallos y los de sus colaboradores en la esencial tarea de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

¿Se imaginan ustedes el potencial de una institución tal, con capacidad sancionadora, respecto de quienes sean considerados opositores o enemigos del régimen? El camino de los derechos humanos enfrentaría obstáculos nuevos y hasta podría convertirse en instrumento que contrarrestara su avance.
24 Noviembre 2019 04:00:00
Una piedra en el camino
El afán de imponer a la cabeza de la CNDH a un elemento que fuera incondicional del presidente AMLO y que tuviera a la vez un valor simbólico para afianzar su ascendiente en el sector de la población que constituye su núcleo duro, llevó a designar atropelladamente a la señora Rosario Piedra Ibarra, a pesar de estar impedida porque forma parte del Consejo Nacional de MORENA y es, por lo tanto, dirigente de ese partido.

El proceso, como se pudo ver con claridad diáfana, fue a todas luces desaseado, una muestra patente del desapego a las normas y la falta de respeto por las instituciones.

Las reacciones no se hicieron esperar: renunciaron al Consejo Consultivo de la CNDH cinco de sus integrantes; varias organizaciones de la sociedad civil manifestaron su inconformidad y hasta la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo al respecto un severo posicionamiento: el proceso, dijo, “estuvo marcado por un ambiente de polarización, dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata, a quien se tomó protesta y cuestionamientos respecto a si en la tercera votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución”.

Esa oficina de la ONU dijo además que la CNDH debe jugar un rol en la construcción de un estado de derecho democrático y para ello necesita “plena independencia y legitimidad”, razón por la cual el proceso de designación de su titular debe ser “particularmente escrupuloso, objetivo, transparente y certero”, agregando que hay que evitar “cualquier tipo de cuestionamiento que afecte la legitimidad de la persona a quien se designa, de la institución cuya cabeza se nombra y de quien hace la elección respectiva”.

Por si eso fuera poco, se hizo evidente que la nueva presidenta no contaba con el consenso necesario entre los senadores; también que, por su activa militancia partidaria y sus propios antecedentes familiares y políticos, se configuran condiciones que, por decir lo menos, ponen en entredicho su imparcialidad e independencia, y también han hecho que se cuestione la autoridad moral necesaria para sustentar sus recomendaciones futuras y la exigencia del cumplimiento de las que están en curso.

En el sector gubernamental, la oposición llegó al grado de que el gobernador de Querétaro, que encabeza a los gobernadores panistas, anticipó que no reconoce, por esas razones, la legitimidad de la elección, que afecta también la de las recomendaciones que emita en esas condiciones la CNDH, y por lo tanto no serán aceptadas.

Mal empieza la semana quien es ahorcado en lunes, dice el refrán, y la verdad es que no parece un buen comienzo para una función que, en un elevado porcentaje, descansa en la independencia de criterio y la autoridad moral que su ejercicio exige.

A pesar de todo y con ser muy serio todo eso, no es el peor escenario posible, porque es bien sabido que en la mente del presidente se ha arraigado la idea de transformar a la CNDH, en una “defensoría del pueblo” dotada, a diferencia del actual organismo, de facultades para hacer coercibles sus determinaciones.

Lo de menos es que eso desvirtuaría la naturaleza del organismo, que fue diseñado y responde al modelo sugerido por los “Principios de París”, sino que, a cargo de una persona incondicional de quien es depositario del Poder Ejecutivo, es natural que se tema que su función de control se ejerza con parcialidad y se convierta, en cambio, en un instrumento de gestión política, al enfilar sus acciones conforme a los objetivos del depositario del poder ejecutivo y, más aún, cubra sus fallos y los de sus colaboradores en la esencial tarea de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

¿Se imaginan ustedes el potencial de una institución tal, con capacidad sancionadora, respecto de quienes sean considerados opositores o enemigos del régimen? El camino de los derechos humanos enfrentaría obstáculos nuevos y hasta podría convertirse en instrumento que contrarrestara su avance.
17 Noviembre 2019 04:07:00
Las lecciones de Evo
En un contexto social caracterizado por una diversidad sociocultural con excesivas disparidades, Evo Morales, el carismático líder cocalero, llegó con un amplio margen electoral a la Presidencia de Bolivia.

Su gestión llegó a arrojar datos positivos en términos económicos: el PBI creció a un promedio de 4.9% anual durante 13 años, la pobreza se redujo del 60 al 35% y mejoró la distribución del ingreso, todo lo cual no es poca cosa.

Casi tres lustros después, sin embargo, Evo Morales se vio precisado a renunciar, estrepitosamente defenestrado, precisamente después de un proceso electoral que él alegaba haber ganado, aun cuando estuvo plagado de irregularidades, a juzgar por el informe rendido por un grupo de observadores de la OEA.

¿Por qué las cosas se dieron así? A mi juicio, porque cuando se rompe el consenso y se agudizan las diferencias, se presenta la insumisión frente al orden jurídico y, además, se cede a la tentación de perpetuarse en el poder, surgen la exacerbación social y las crisis políticas incontrolables.

La gestión de Evo Morales se caracterizó desde un principio, infortunadamente, por enfatizar las diferencias en un Gobierno fincado en afanes pretendidamente reivindicatorios, lo que a la postre generó rencores y cismas de difícil recomposición.

Fue concentrando el poder de manera creciente, seguro de que así se aseguraba el control social necesario para conservar el poder, independientemente del propósito que lo animara a hacerlo.

La historia es rica en ejemplos de casos similares: El que se dice un día “progresista”, se vuelve “conservador” –del nuevo “status quo”– y para conseguir su objetivo no se detiene a pensar en los valores sociales fundamentales, en los derechos y libertades de todos, sino que se ocupa de hacer que prevalezcan, a toda costa, sus intereses, sean ellos espurios o no, y al fin fracasa en sus empeños.

Por eso, la democracia republicana iguala y limita, para que el poder, no se concentre en personas o grupos, ni se extienda indefinidamente, y se someta siempre al derecho. Evo Morales pudo haber sido un exitoso gestor, pero no fue capaz de apreciar la necesidad de integrar la dinámica política, construyendo los consensos necesarios para consolidar sus avances.

Sus políticas, en cambio, agudizaron las diferencias y quiso, además, acrecentar su poder, al grado de ir amoldando progresivamente las normas a sus necesidades, en vez de ajustar su actuación al Derecho. Cuando le fueron adversas las reglas del juego, maniobró para que se modificaran o de plano las pasó por alto.

Así ocurrió, por ejemplo, cuando convocó a un referéndum nacional para reformar la constitución a fin de abrir la posibilidad de acceder a una nueva reelección. El 51% de los bolivianos votó por la negativa, escollo que fue salvado por medio del fallo emitido por el Tribunal Constitucional boliviano, que estableció que el limitante precepto constitucional era inválido porque vulneraba el derecho fundamental a elegir y ser elegido para gobernar ¡Menudo criterio!

El mérito del ascenso al poder de Evo en su primera elección, un hito en la historia política de ese país y, en muchos sentidos, también de Iberoamérica, se vio opacado a la larga por la pérdida del sentido republicano de la renovación, que en plenos albores del tercer milenio –una era global– es un requisito universal para el ejercicio democrático del poder público.

Haber pasado por alto esa circunstancia ocasionó que se disgregaran sus antiguos apoyos y se aglutinaran sus opositores, otrora dispersos, y hasta los actores institucionales, apartidistas, encontraran motivos y oportunidad para saltar a la palestra.

No se puede pretender que el desquiciamiento del orden republicano acarree bienestar para nadie; al contrario: lo previsible es que ahuyente la paz y la estabilidad necesarias para que prospere el desarrollo compartido, sin el cual no podrá haber, a cabalidad, justicia, democracia, progreso y bienestar algunos.

Fue así como el vaso se vio colmado y su contenido se derramó. Las consecuencias ya se conocen bien.
17 Noviembre 2019 04:00:00
Las lecciones de Evo
En un contexto social caracterizado por una diversidad sociocultural con excesivas disparidades, Evo Morales, el carismático líder cocalero, llegó con un amplio margen electoral a la presidencia de Bolivia.

Su gestión llegó a arrojar datos positivos en términos económicos: El PBI creció a un promedio de 4,9% anual durante 13 años, la pobreza se redujo del 60 al 35% y mejoró la distribución del ingreso, todo lo cual no es poca cosa.

Casi tres lustros después, sin embargo, Evo Morales se vio precisado a renunciar, estrepitosamente defenestrado, precisamente después de un proceso electoral que él alegaba haber ganado, aun cuando estuvo plagado de irregularidades, a juzgar por el informe rendido por un grupo de observadores de la OEA.

¿Por qué las cosas se dieron así? A mi juicio, porque cuando se rompe el consenso y se agudizan las diferencias, se presenta la insumisión frente al orden jurídico y, además se cede a la tentación de perpetuarse en el poder, surgen la exacerbación social y las crisis políticas incontrolables.

La gestión de Evo Morales se caracterizó desde un principio, infortunadamente, por enfatizar las diferencias en un gobierno fincado en afanes pretendidamente reivindicatorios, lo que a la postre generó rencores y cismas de difícil recomposición.

Fue concentrando el poder de manera creciente, seguro de que así se aseguraba el control social necesario para conservar el poder, independientemente del propósito que lo animara a hacerlo.

La historia es rica en ejemplos de casos similares: El que se dice un día “progresista”, se vuelve “conservador” -del nuevo “statu quo”- y para conseguir su objetivo no se detiene a pensar en los valores sociales fundamentales, en los derechos y libertades de todos, sino que se ocupa de hacer que prevalezcan, a toda costa, sus intereses, sean ellos espurios o no, y al fin fracasa en sus empeños.

Por eso, la democracia republicana iguala y limita, para que el poder, no se concentre en personas o grupos, ni se extienda indefinidamente, y se someta siempre al derecho.

Evo Morales pudo haber sido un exitoso gestor, pero no fue capaz de apreciar la necesidad de integrar la dinámica política, construyendo los consensos necesarios para consolidar sus avances.

Sus políticas, en cambio, agudizaron las diferencias y quiso, además, acrecentar su poder, al grado de ir amoldando progresivamente las normas a sus necesidades, en vez de ajustar su actuación al derecho. Cuando le fueron adversas las reglas del juego, maniobró para que se modificaran o de plano las pasó por alto.

Así ocurrió, por ejemplo, cuando convocó a un referéndum nacional para reformar la constitución a fin de abrir la posibilidad de acceder a una nueva reelección. El 51% de los bolivianos votó por la negativa, escollo que fue salvado por medio del fallo emitido por el tribunal constitucional boliviano, que estableció que el limitante precepto constitucional era inválido porque vulneraba el derecho fundamental a elegir y ser elegido para gobernar ¡Menudo criterio!

El mérito del ascenso al poder de Evo en su primera elección, un hito en la historia política de ese país y, en muchos sentidos, también de Iberoamérica, se vio opacado a la larga por la pérdida del sentido republicano de la renovación, que en plenos albores del tercer milenio -una era global- es un requisito universal para el ejercicio democrático del poder público.

Haber pasado por alto esa circunstancia ocasionó que se disgregaran sus antiguos apoyos y se aglutinaran sus opositores, otrora dispersos, y hasta los actores institucionales, apartidistas, encontraran motivos y oportunidad para saltar a la palestra.

No se puede pretender que el desquiciamiento del orden republicano acarree bienestar para nadie; al contrario: lo previsible es que ahuyente la paz y la estabilidad necesarias para que prospere el desarrollo compartido, sin el cual no podrá haber, a cabalidad, justicia, democracia, progreso y bienestar algunos.

Fue así como el vaso se vio colmado y su contenido se derramó. Las consecuencias ya se conocen bien.
10 Noviembre 2019 04:07:00
Entre la justicia y la ley
En la narrativa política de los tiempos que corren, enfrentar a la ley y la justicia se ha vuelto recurrente. Por eso creo que reflexionar acerca del tema no está de más.
Por razón de método y para sortear el escollo de la relativización, parto de la añeja definición de Ulpiano: “La justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada quien su propio derecho” (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere).

Es una definición que amerita un examen a fondo, sobre todo porque no es extraño que se le exprese sin reflexionar sobre su real significado, y frecuentemente de manera mutilada.
Importa mucho destacar que, tal como se expresa por Ulpiano, se trata de una actitud, desde que es una voluntad “constante y permanente”; es también, y al mismo tiempo, una virtud, un valor cívico, puesto que es una voluntad que opta por enfilar la conducta hacia la obtención de un resultado apetecido generalizadamente.

Así y todo, hay un equívoco cuando de determinar el contenido de tal voluntad se trata, porque la fórmula emplea el verbo “tribuere”, que casi invariablemente se traduce como “dar”, cuando que, en el contexto, significa más bien “conceder”, en el sentido de “reconocer y respetar”.

Es claro que ese “reconocimiento” implica una actitud recíproca, objetivamente ordenada, capaz de dotar de bases firmes y perdurables para una coexistencia duraderamente armónica de las libertades y derechos de cada persona y de todos al mismo tiempo, aunque la infortunada frecuencia con que se suele presentar esa definición diciendo que es “dar a cada quien lo suyo” produce equívocos y confusiones.

Hay que pensar en derechos, no en cosas, y en reconocimiento y respeto, no en concesiones gratuitas o dádivas.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que “ley” –como es debido entenderlo en el contexto– no es otra cosa que el conjunto de normas que estructuran y dan sentido a las relaciones sociales, se podrá apreciar que la única forma de garantizar el respeto de las libertades y derechos, en esquemas efectivos de armonía, es contar con un orden jurídico arraigado en los valores de la comunidad en la que rige y sobre cuya plataforma axiológica generalizada se finca.

En el fondo, si se piensa con corrección –formal y de contenido– se podrá descubrir fácilmente que, en esquemas de igualdad real, solo un sistema de normas que garantice un clima permanente, constante y duradero en el que todos y cada uno reconozcan, acepten y respeten de los demás aquello que por derecho le corresponde a cada persona, podrá satisfacerse la prevención de la justicia y alcanzarse la paz social.

Por eso la justicia y el derecho son inconcebibles si se les separa, aunque en la práctica política las trampas retóricas puedan enfrentar sofísticamente una y otro, como vemos que lamentablemente ocurre cotidianamente.

Rechazar el derecho para optar por una aparente “justicia”, es un falso dilema, que no solo relativiza la percepción de esta última, sino que distorsiona su sentido profundo, hasta privarla de su verdadera esencia.

Quien así lo haga, se confunde a sí mismo y confunde a los demás, en un juego retórico tan falaz como pernicioso. Si es gobernante, lo hará en perjuicio de la responsabilidad que atañe al Gobierno –los tres poderes– de velar por la existencia de una civilidad fundada en el respeto de los derechos y libertades de todas y cada una de las personas integrantes de la comunidad, que a fin de cuentas es el origen y la materia del estado, así como destinataria del ejercicio legítimo del buen Gobierno, con los seres humanos de carne y hueso que la conforman como centro de la atención.
10 Noviembre 2019 04:00:00
Entre la justicia y la ley
En la narrativa política de los tiempos que corren, enfrentar a la ley y la justicia se ha vuelto recurrente. Por eso creo que reflexionar acerca del tema no está de más.

Por razón de método y para sortear el escollo de la relativización, parto de la añeja definición de Ulpiano: “La justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada quien su propio derecho” (“Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuere”).

Es una definición que amerita un examen a fondo, sobre todo porque no es extraño que se le exprese sin reflexionar sobre su real significado, y frecuentemente de manera mutilada.

Importa mucho destacar que, tal y como se expresa por Ulpiano, se trata de una actitud, desde que es una voluntad “constante y permanente”; es también, y al mismo tiempo, una virtud, un valor cívico, puesto que es una voluntad que opta por enfilar la conducta hacia la obtención de un resultado apetecido generalizadamente.

Así y todo, hay un equívoco cuando de determinar el contenido de tal voluntad se trata, porque la fórmula emplea el verbo “tribuere”, que casi invariablemente se traduce como “dar”, cuando que, en el contexto, significa más bien “conceder”, en el sentido de “reconocer y respetar”.

Es claro que ese “reconocimiento” implica una actitud reciproca, objetivamente ordenada, capaz de dotar de bases firmes y perdurables para una coexistencia duraderamente armónica de las libertades y derechos de cada persona y de todos al mismo tiempo, aunque la infortunada frecuencia con que se suele presentar esa definición diciendo que es “dar a cada quien lo suyo” produce equívocos y confusiones.

Hay que pensar en derechos, no en cosas, y en reconocimiento y respeto, no en concesiones gratuitas o dádivas.

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que “ley” -como es debido entenderlo en el contexto- no es otra cosa que el conjunto de normas que estructuran y dan sentido a las relaciones sociales, se podrá apreciar que la única forma de garantizar el respeto de las libertades y derechos, en esquemas efectivos de armonía, es contar con un orden jurídico arraigado en los valores de la comunidad en la que rige y sobre cuya plataforma axiológica generalizada se finca.

En el fondo, si se piensa con corrección -formal y de contenido- se podrá descubrir fácilmente que, en esquemas de igualdad real, solo un sistema de normas que garantice un clima permanente, constante y duradero en el que todos y cada uno reconozcan, acepten y respeten de los demás aquello que por derecho le corresponde a cada persona, podrá satisfacerse la prevención de la justicia y alcanzarse la paz social.

Por eso la justicia y el derecho son inconcebibles si se les separa, aunque en la práctica política las trampas retóricas puedan enfrentar sofísticamente una y otro, como vemos que lamentablemente ocurre cotidianamente.

Rechazar el derecho para optar por una aparente “justicia”, es un falso dilema, que no solo relativiza la percepción de esta última, sino que distorsiona su sentido profundo, hasta privarla de su verdadera esencia.

Quien así lo haga, se confunde a sí mismo y confunde a los demás, en un juego retórico tan falaz como pernicioso. Si es gobernante, lo hará en perjuicio de la responsabilidad que atañe al Gobierno -los tres poderes- de velar por la existencia de una civilidad fundada en el respeto de los derechos y libertades de todas y cada una de las personas integrantes de la comunidad, que a fin de cuentas es el origen y la materia del estado, así como destinataria del ejercicio legítimo del buen Gobierno, con los seres humanos de carne y hueso que la conforman como centro de la atención.
03 Noviembre 2019 04:07:00
Tensión entre la lealtad y la disciplina
El tema, inevitablemente, saltó a la palestra de nueva cuenta: ¿Quién dio la orden del operativo? Así, desde la exasperación, la reportera de Proceso, Nelly San Martín, abrió la compuerta del torrente reporteril, en plena conferencia mañanera de prensa.

Después de un primer intento, también fallido, de distraer la atención y zanjar el tema, el presidente cedió a la presión de los reporteros que hicieron eco a su colega. Ordenó entonces al general Luis Cresencio Sandoval, presente en el salón, que diera el nombre del responsable del operativo, en el nivel nacional y sin revelar el nombre de quien directamente lo comandó, para no comprometer su seguridad.

El general secretario obedeció sin chistar, pero por momentos se le notaba titubeante al hablar; casi balbuceaba a ratos, quizás por la tensión experimentada al intentar conciliar su deber de obediencia al comandante supremo con el deber de lealtad con sus subordinados, que lo obligaba a mantener el sigilo respecto de la información que pudiera revelar los propios esquemas tácticos y estratégicos, así como la seguridad de sus subordinados. Finalmente, en un tono que dejaba traslucir esa tensión, el general reveló el nombre.

A nadie se oculta que, en el contexto, una extendida inconformidad recorre, no solo a la tropa, sino también a los generales que, sin romper la tradición de disciplina y lealtad institucionales, es bien sabido que se han reunido para hacer patentes su inconformidad e inquietudes frente a una situación que les ha resultado incómoda, ciertamente ya por varios sexenios, pero nunca como en el momento que corre.

No es momento, me parece, de pasar por alto ese dato y menos aún de trivializarlo. En un ejercicio estratégico, el decaimiento de la moral de las fuerzas armadas repercute inexorablemente en el debilitamiento de la fuerza cohesiva y la capacidad de acción y reacción.

Mientras eso ocurre en el interior, la amenaza de los contendientes es creciente si nos atenemos a las capacidades tácticas, estratégicas y hasta al poder de fuego demostrados por ellos en el reciente episodio de Culiacán.

Ellos, a pesar de ser adversarios entre ellos y operar fuera de la ley, supieron unirse ante el ataque oficial a uno de sus competidores para presentar un frente común de defensa.

Se trata, no hay que olvidarlo, de un adversario que, a pesar de operar fuera de la ley, no deja de contar con el respaldo de nada deleznables sectores de la población, cuando menos en aquellas regiones que, tradicionalmente, han sido sus reductos, según pudo constatarse.

La necesidad de replantear la estrategia se hace imperiosa, porque, además, la crispación general, incluso entre los “aliados” del régimen, da muestras de ser creciente y la circunstancia económica que se avizora no será propicia para atemperar los ánimos, sino al contrario, es previsible que contribuya a exacerbarlos.

Las palabras del general Carlos Gaytán, vocero del grupo de generales que se reunió en días pasados en el campo Marte, lejos de ser desestimadas, bien se haría en oírlas y sopesarlas en su justo valor, porque son expresión, bien cuidada, por cierto, de un parecer generalizado que no por cortés dejó de ser muy severo.

Yo no puedo disentir de un planteamiento que anteponga la paz a la guerra y la vida a la exterminación, pero sí de los planteamientos que ignoran las realidades y, en cambio, las suplantan con deseos bienintencionados, pero infundados porque se basan en escenarios quizá deseables, pero improbables.

Es muy difícil -y sería vanidoso en demasía pretenderlo- sugerir medidas concretas, pero siempre será necesario que las políticas públicas, incluidas las de seguridad, si quieren ser exitosas, se diseñen y ejecuten, sí, con la pretensión puesta en las alturas -de las mismas nubes, si se quiere- pero con los pies en la tierra, siempre racionalmente y sujetas a una evaluación permanente, para disminuir los riesgos y evitar desviaciones y fracasos.

Moderación y juicio; suavidad y maña. El horno no está para bollos.
27 Octubre 2019 04:07:00
Los nuevos sofistas
La estrategia de dividir al país, maniqueamente, entre partidarios progresistas y adversarios conservadores, ha producido una gran cantidad de polemistas que, ante cualquier comentario crítico de las políticas implementadas por el Gobierno federal, o la falta de ellas, saltan a la palestra para combatir sin parar la utilización de recursos irracionales.

¿Acaso la línea trazada por el Presidente no es “todo conforme a la razón y el derecho”? A pesar de ello, el empleo de la incorrección retórica está a la orden del día.

Cuando una crítica no es confrontada con insultos y agresividad, se intenta descalificar con argucias pretendidamente racionales, pero en la forma y la sustancia engañosas. Frente a los argumentos, se oponen falacias, como los antiguos sofistas griegos.

Una falacia, si se hace memoria, es un razonamiento incorrecto, engañoso o erróneo, que pretende ser convincente o persuasivo, a pesar de que rompe las reglas más elementales de la lógica.

Así ocurre, por ejemplo, cuando alguien, en oposición al argumento de que la gravísima pifia de Culiacán denota una deficiente planeación y una peor ejecución de las autoridades federales que intervinieron en ello, cuestiona que no se diga nada de las autoridades estatales y municipales, cuando fueron el Presidente mismo y su Gabinete de seguridad quienes asumieron la responsabilidad.

Las falacias engañan y confunden, son contraproducentes si lo que se busca de verdad es el “bienestar” de las mujeres y hombres que forman parte de la comunidad. Sus fuentes más comunes son: el abandono de la racionalidad, la falta de comprobación de los supuestos, el abandono o distracción de la cuestión central a debatir, la ignorancia y, lamentablemente, la mala intención.

Entre las falacias más comunes están aquellas que consisten en “disfrazar” la realidad con triquiñuelas o planteando preguntas múltiples para confundir y desviar la atención de la cuestión importante, la que es central. Así pasa cuando alguien pretende sacar la discusión de su terreno o pone su empeño en probar algo que nadie discute. Por ejemplo, la necesidad de salvar vidas, cuando lo que se hizo fue ponerlas en peligro.

También es fácil encontrar las que pretenden responder a una cuestión planteada con un ataque personal, o con referencias a calidades propias de la persona que sostiene el argumento y no al argumento mismo. Así, cuando en vez de rebatir un argumento, se dice: “lo dijo fulano, que ya sabemos cómo es”.

Pasar por alto alternativas es otra fuente muy frecuente de fallos lógicos (“o suelto al delincuente, o salvo vidas”, cuando hubo la opción de planear y ejecutar el operativo de mucho mejor manera para ser efectivo, por ejemplo).

Confundir los conceptos, y por consiguiente hacer referencias erróneas, equívocas y confusas es otro caso que se da con frecuencia, como cuando no se distingue lo que es esencial de lo accidental; lo que implican la regla y su excepción; aquello que es absoluto con lo que es relativo y la parte con el todo, por ejemplo.

Muchas veces el error proviene de la falta de respaldo, porque se prueba lo que se afirma, olvidando que “quien afirma está obligado a probar”.

En el mundo artificialmente dual del “blanco y negro” que ha surgido en este país, los colores y los matices han caído también en desuso y por eso el diálogo se ha visto roto o se ha vuelto de plano imposible; los ánimos se han enervado.

La defensa a ultranza y a toda costa de la “línea” mañanera se ha vuelto para algunos tan imperativa que la aparición de “nuevos sofistas” ha sido un fenómeno recurrente.

Bueno será recordar ante eso el refrán: “el que se enoja, pierde”. Conviene conservar la calma y tampoco olvidar que, sin oxígeno, no hay combustible que arda.

Lo importante es conservar la cordura y no caer en el garlito del raciocinio incorrecto. Como Sócrates afirmaba: ante la retórica de los sofistas, “la elocuencia de la verdad”, correctamente expresada, me atrevo a añadir.
20 Octubre 2019 04:04:00
Culiacán, la síntesis del fracaso
El jueves anterior, poco después del mediodía, se desató en Culiacán una verdadera hecatombe, que puso las cosas de cabeza ahí, y a todo el país en grave riesgo.

David Lunhow, editor de la sección de Latinoamérica del Wall Street Journal, que ha cubierto la escena del “narco mexicano”, como él lo llama, desde 1995, dijo en Twitter: “nunca pensé que vería escenas como las de ayer en Culiacán, donde los traficantes lanzaron una pelea total, y ganaron”.

Dijo eso, en medio de tanto desatino, porque después de cumplir su cometido la operación con la captura pretendida, se dejó en libertad al detenido. Después de una confusa versión oficial, desmentida por el presidente AMLO al día siguiente, quedó en claro que el operativo se debió a la ejecución de una orden de aprehensión, con fines de extradición, de un presunto delincuente, que fue expedida en septiembre de 2018 por un juez federal. El objetivo del operativo no era otro que capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del mismísimo “Chapo” Guzmán.

Eso no solo explica la virulenta reacción, sino que pone en evidencia algunos hechos muy graves: se procedió irresponsablemente, sin que se hubiera planeado, preparado y respaldado el operativo como hubiera debido hacerse; denota negligencia al ejecutar la orden del juez, lo que resulta imperdonable en quienes deberían saber que no hay operativo fácil, especialmente cuando el objetivo involucraba al personaje mencionado; es una falta de respeto a la población pretender engañarla con tan ingenua explicación como la que inicialmente se produjo.

Quedó en evidencia, además, la incapacidad institucional para enfrentar a un adversario que era superior en número, pero también en organización y entrenamiento táctico. Por eso consiguió doblegar al Gobierno y su fuerza pública, consiguiendo su propósito de rescatar al detenido, que fue dejado en libertad, según el propio Presidente explicó, porque se tornó muy difícil la situación y entonces se decidió suspender la operación porque, dijo, “es preferible salvar vidas que la captura de un delincuente”. Añadió, y esto es muy importante, “no debe haber masacres, eso ya se terminó; ya lo he dicho antes: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Destaco la última frase porque, si de verdad se quieren evitar las masacres, no hay que estimularlas con incentivos como es permitir su éxito; si se quiere obrar conforme a la razón, hay que ordenar el pensamiento y desterrar las falacias; si se aspira a actuar conforme al derecho, hay que respetarlo y aplicarlo, no evadirlo.

Permitir que los verdaderos adversarios, no solo del Presidente, sino de México entero se salgan con la suya por medio de la violencia y se restrinjan las capacidades de la fuerza legítima para evitarlo y proteger a la población, la violencia se hará señora de la situación e imperará sobre cualquier estructura civilizada.

Acudir a la retórica vacía y pretender transferir responsabilidades, crear distracciones, falsos dilemas y otras falacias, no conduce a conclusiones correctas en el diseño, ejecución y evaluación de acciones y políticas públicas. Tampoco la opacidad y la imprecisión en la información.

El derecho impone la obligación de enfrentar a la delincuencia, no consentirla; el deber de velar porque se cumpla con los propósitos de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, según dice el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿Que los acontecimientos son de tal naturaleza graves que en circunstancias ordinarias no pueden ser enfrentados? La propia constitución precisa, en su Artículo 29, los casos y condiciones necesarios para hacerle frente “rápida y fácilmente” a la situación.

Cumplir con eso y garantizar la seguridad es obrar conforme a la razón y el derecho; eludir las responsabilidades bajo el pretexto de respetar las vidas de quienes están poniendo en peligro las de los demás y la viabilidad del país, es precisamente lo contrario.
13 Octubre 2019 04:06:00
Entre el control y la oposición
Es lamentable y hasta ridículo que, en pleno siglo 21, el debate político en México se gire en torno a la función del tribunal constitucional por excelencia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es evidente que ella no tiene por atribución oponerse por sistema a órgano otro gubernamental alguno, pero también lo es que anular las acciones contrarias a la constitución que cualquiera de ellos pretenda efectuar es imprescindible para garantizar la estabilidad jurídica y, con ello, contribuir a dar vida en los hechos al desarrollo civilizado de la comunidad. Esa es, en última instancia, su misión.

Pero eso que parecía tan claro y que es realidad perceptible en otras latitudes y desde tiempos secularmente lejanos, en México se enreda en juegos retóricos que no aportan sino confusión y perplejidad frente al frenesí de desatinos que han sentado sus reales entre nosotros.

Para empezar, la noción misma de “oposición” demanda, a mi juicio, mayor reflexión, porque ella se emplea habitualmente en el contexto del sistema de partidos y la posición de estos frente al Gobierno, particularmente en los regímenes parlamentarios, donde “formar Gobierno” quiere decir integrar la rama ejecutiva. En ellos es natural que un partido mayoritario en el órgano colectivo encuentre, en ese trance, oposición de los partidos minoritarios. En ese caso es posible entender que se les designe, colectivamente, como “oposición”.

En los regímenes presidenciales, donde el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, electa además democráticamente, difícilmente pudiera usarse en el mismo sentido ¿Oposición de quién a qué? ¿A los designios presidenciales, a las decisiones del órgano parlamentario? La precisión no es un lujo en esta materia, sino una necesidad soslayada, lamentablemente. Creo que no estaría de más profundizar en el tema.

En todo caso, es un despropósito querer comparar a la oposición con el control que, como garantía de la efectividad de las normas constitucionales, corresponde llevar a cabo a los jueces respecto de los actos de las autoridades, incluidas las judiciales mismas.

La necesidad de establecer mecanismos que propicien el equilibrio en el ejercicio del poder es un elemento indispensable para la existencia del tan traído y llevado “estado de derecho”. De suyo, la propia división de poderes es, en sí misma, un elemento de ese sistema de control y equilibrio, no una mera división de tareas que obedezca a criterios de eficiencia administrativa.

El ejercicio del control jurisdiccional de la constitucionalidad conlleva, necesariamente, la posibilidad de contrariar la voluntad de quien ejerce el poder público. Ningún sentido tendría hablar de control si no existiera la capacidad de anular los efectos de los actos y decisiones contrarios a la ley, especialmente cuando esa ley es la misma ley suprema del país.

En el momento que vive la cuestión entre nosotros, hay un catalizador innegable: el protagonismo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no para mientes en considerar que sus opiniones periodísticas, su intensa comunicación a través de Twitter, sus apariciones en los medios electrónicos y escritos y su posición misma en las cuestiones que corresponden a los órganos colegiados que preside y aún frente a otros del poder judicial, comprometen no solo sus propios criterios, sino que pueden influir en los comportamientos que un día, convertidos en conflicto, pueden llegar a su conocimiento oficial.

Debería, también, considerar que sus expresiones de coincidencia ideológica con cualquier corriente política, en boga o no, dominante o minoritaria, y la reiterada manifestación del auto impuesto proyecto de “airear” el poder judicial –sea lo que sea que eso signifique– pueden configurar prejuicios respecto de temas que puedan ser sometidos a su conocimiento, lo que comprometería su imparcialidad.

El viejo proverbio que dice “los jueces hablan por sus sentencias” no es gratuito ni debe perderlo de vista un juez prudente, como se espera que sean quienes ejerzan tan delicada función. Las cuestiones jurisdiccionales se debaten en la sede judicial, no se ventilan en los medios.
13 Octubre 2019 04:00:00
Entre el control y la oposición
Es lamentable y hasta ridículo que, en pleno siglo 21, el debate político en México se gire en torno a la función del tribunal constitucional por excelencia: La Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es evidente que ella no tiene por atribución oponerse por sistema a órgano otro gubernamental alguno, pero también lo es que anular las acciones contrarias a la constitución que cualquiera de ellos pretenda efectuar es imprescindible para garantizar la estabilidad jurídica y, con ello, contribuir a dar vida en los hechos al desarrollo civilizado de la comunidad. Esa es, en última instancia, su misión.

Pero eso que parecía tan claro y que es realidad perceptible en otras latitudes y desde tiempos secularmente lejanos, en México se enreda en juegos retóricos que no aportan sino confusión y perplejidad frente al frenesí de desatinos que han sentado sus reales entre nosotros.

Para empezar, la noción misma de “oposición” demanda, a mi juicio, mayor reflexión, porque ella se emplea habitualmente en el contexto del sistema de partidos y la posición de estos frente al Gobierno, particularmente en los regímenes parlamentarios, donde “formar gobierno” quiere decir integrar la rama ejecutiva. En ellos es natural que un partido mayoritario en el órgano colectivo encuentre, en ese trance, oposición de los partidos minoritarios. En ese caso es posible entender que se les designe, colectivamente, como “oposición”.

En los regímenes presidenciales, donde el poder ejecutivo se deposita en una sola persona, electa además democráticamente, difícilmente pudiera usarse en el mismo sentido ¿Oposición de quién a qué? ¿A los designios presidenciales, a las decisiones del órgano parlamentario? La precisión no es un lujo en esta materia, sino una necesidad soslayada, lamentablemente. Creo que no estaría de más profundizar en el tema.

En todo caso, es un despropósito querer comparar a la oposición con el control que, como garantía de la efectividad de las normas constitucionales, corresponde llevar a cabo a los jueces respecto de los actos de las autoridades, incluidas las judiciales mismas.

La necesidad de establecer mecanismos que propicien el equilibrio en el ejercicio del poder es un elemento indispensable para la existencia del tan traído y llevado “estado de derecho”. De suyo, la propia división de poderes es, en sí misma, un elemento de ese sistema de control y equilibrio, no una mera división de tareas que obedezca a criterios de eficiencia administrativa.

El ejercicio del control jurisdiccional de la constitucionalidad conlleva, necesariamente, la posibilidad de contrariar la voluntad de quien ejerce el poder público. Ningún sentido tendría hablar de control si no existiera la capacidad de anular los efectos de los actos y decisiones contrarios a la ley, especialmente cuando esa ley es la misma ley suprema del país.

En el momento que vive la cuestión entre nosotros, hay un catalizador innegable: El protagonismo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no para mientes en considerar que sus opiniones periodísticas, su intensa comunicación a través de Twitter, sus apariciones en los medios electrónicos y escritos y su posición misma en las cuestiones que corresponden a los órganos colegiados que preside y aún frente a otros del poder judicial, comprometen no sólo sus propios criterios, sino que pueden influir en los comportamientos que un día, convertidos en conflicto, pueden llegar a su conocimiento oficial.

Debería, también, considerar que sus expresiones de coincidencia ideológica con cualquier corriente política, en boga o no, dominante o minoritaria, y la reiterada manifestación del auto impuesto proyecto de “airear” el poder judicial -sea lo que sea que eso signifique- pueden configurar prejuicios respecto de temas que puedan ser sometidos a su conocimiento, lo que comprometería su imparcialidad.

El viejo proverbio que dice “los jueces hablan por sus sentencias” no es gratuito ni debe perderlo de vista un juez prudente, como se espera que sean quienes ejerzan tan delicada función. Las cuestiones jurisdiccionales se debaten en la sede judicial, no se ventilan en los medios.
06 Octubre 2019 04:05:00
La independencia judicial
¿Está el sistema judicial en México plagado de vicios, deficiencias profesionales que lo afectan generalizadamente; conductas delincuenciales como la prevaricación, la extorsión, el soborno y otras de semejante naturaleza? ¿Hay otros males que remediar? ¿Hay actitudes internas que propicien o agraven los defectos y vicios?

Con esas preguntas y la promesa de continuar con la reflexión sobre el tema concluyó la entrega de la semana anterior.

Despertó atención y hubo muchos comentarios, de entre los cuales destaca uno que sintetiza contundentemente a la mayoría de ellos: a cada una de las preguntas, dijo, respondo “sí”. Esa es, infortunadamente, la percepción generalizada, lo que hace que el tema merezca más atención que la que se ha visto hasta ahora.

Es verdad que, en mucho, tal desprestigio –que no es otra cosa frente a lo que estamos– se debe en mucho al desconocimiento y la confusión entre las funciones policiacas y las propiamente jurisdiccionales, pero es imposible negar que los males percibidos se dan con mucho mayor frecuencia que la correspondiente a márgenes excepcionales y es, en realidad, muy grave.

También es cierto que existe una campaña evidente de desprestigio proveniente de otros actores políticos que se verían favorecidos con el debilitamiento de los poderes judiciales, especialmente del federal. A pesar de todo, hay que reconocer que es precisamente el deterioro de la imagen judicial la mejor fuente instrumental para nutrir esos ataques.

En todo caso, es innegable que esa percepción obedece a la existencia de los males y que es necesario combatir, desde el fondo, su causa. El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ha dicho:

“La reforma judicial que se emprenda debe partir de la base de no modificar la composición e integración de la Suprema Corte y preservar su función como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano; debe tender al fortalecimiento de la carrera judicial y de los mecanismos de rendición de cuentas; debe apostar por la agilidad de los procedimientos, por la transparencia y por el reforzamiento de la justicia local; debe centrarse, ante todo, en dar mayor acceso a la justicia a todas las personas y no solo a las élites, debe ser una reforma orientada hacia una mayor igualdad y justicia social”. (
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/el-momento-de-la-reforma-judicial).

Tiene razón, pero pasa por alto algunas cuestiones torales: primero, que la función jurisdiccional ha de ser independiente para poder cumplir con su cometido; sin ello, no será sino paliativo de los males sociales y, lo que es peor, encubrimiento cómplice de los abusos de poder y las injusticias.

En segundo lugar, que en esa reforma no hay intocables, por lo que condicionarla a no tocar a la Corte que preside es impropio. En fin, que no se puede hacer una reforma que pierda de vista la interdependencia de todos los factores sociales, porque siempre quedaría trunca.

Hay que considerar la coyuntura política, como él lo hace, pero es necesario despojarla de toda ideología, porque se inocularía, desde la concepción, un germen de parcialidad y exclusión contrarias a la naturaleza misma de la función jurisdiccional.

Lograr todo eso no es fácil y habrá cosas que depurar antes de reconstruir, pero hay elementos legislativos suficientes ya dados. Hay que aplicarlos. En cambio, para alcanzar el grado de excelencia que ha de buscarse se necesita enfatizar, como ya se dijo, la independencia de los jueces, desde su misma designación.

Ayudará tener en cuenta aquello que, en su Elogio de los Jueces, dijo hace décadas el insigne Piero Calamandrei: “En régimen de tiranía el juez, si está dispuesto a ceder, lo hace en una sola dirección. La elección es simple: servilismo o consciencia. Pero en tiempos de libertad, cuando distintas corrientes políticas soplan de todos los lados, el juez se encuentra expuesto como el árbol en la cumbre de la montaña. Si el tallo no es sólido, corre el riesgo de inclinarse al soplo de cada uno de los vientos”.
06 Octubre 2019 04:00:00
La independencia judicial
¿Está el sistema judicial en México plagado de vicios, deficiencias profesionales y lo afectan generalizadamente conductas delincuenciales como la prevaricación, la extorsión, el soborno y otras de semejante naturaleza? ¿Hay otros males que remediar? ¿Hay actitudes internas que propicien o agraven los defectos y vicios?

Con esas preguntas y la promesa de continuar con la reflexión sobre el tema, concluyó la entrega de la semana anterior.

Despertó atención y hubo muchos comentarios, de entre los cuales destaca uno que sintetiza contundentemente a la mayoría de ellos: A cada una de las preguntas, dijo, respondo “sí”.

Esa es, infortunadamente, la percepción generalizada, lo que hace que el tema merezca más atención que la que se ha visto hasta ahora.

Es verdad que, en mucho, tal desprestigio -que no es otra cosa frente a lo que estamos- se debe en mucho al desconocimiento y la confusión entre las funciones policiacas y las propiamente jurisdiccionales, pero es imposible negar que los males percibidos se dan con mucho mayor frecuencia que la correspondiente a márgenes excepcionales y es, en realidad, muy grave.

También es cierto que existe una campaña evidente de desprestigio proveniente de otros actores políticos que se verían favorecidos con el debilitamiento de los poderes judiciales, especialmente del federal. A pesar de todo, hay que reconocer que es precisamente el deterioro de la imagen judicial la mejor fuente instrumental para nutrir esos ataques.

En todo caso, es innegable que esa percepción obedece a la existencia de los males y que es necesario combatir, desde el fondo, su causa.

El propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal ha dicho: “La reforma judicial que se emprenda debe partir de la base de no modificar la composición e integración de la Suprema Corte y preservar su función como Tribunal Constitucional del Estado Mexicano; debe tender al fortalecimiento de la carrera judicial y de los mecanismos de rendición de cuentas; debe apostar por la agilidad de los procedimientos, por la transparencia y por el reforzamiento de la justicia local; debe centrarse, ante todo, en dar mayor acceso a la justicia a todas las personas y no solo a las élites, debe ser una reforma orientada hacia una mayor igualdad y justicia social” (
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/el-momento-de-la-reforma-judicial).

Tiene razón, pero pasa por alto algunas cuestiones torales: primero, que la función jurisdiccional ha de ser independiente para poder cumplir con su cometido; sin ello, no será sino paliativo de los males sociales y, lo que es peor, encubrimiento cómplice de los abusos de poder y las injusticias. En segundo lugar, que en esa reforma no hay intocables, por lo que condicionarla a no tocar a la corte que preside es impropio. En fin, que no se puede hacer una reforma que pierda de vista la interdependencia de todos los factores sociales, porque siempre quedaría trunca.

Hay que considerar la coyuntura política, como él lo hace, pero es necesario despojarla de toda ideología, porque se inocularía, desde la concepción, un germen de parcialidad y exclusión contrarias a la naturaleza misma de la función jurisdiccional.

Lograr todo eso no es fácil y habrá cosas que depurar antes de reconstruir, pero hay elementos legislativos suficientes ya dados. Hay que aplicarlos.

En cambio, para alcanzar el grado de excelencia que ha de buscarse se necesita enfatizar, como ya se dijo, la independencia de los jueces, desde su misma designación.

Ayudará tener en cuenta aquello que, en su “Elogio de los Jueces”, dijo hace décadas el insigne Piero Calamandrei: “En régimen de tiranía el juez, si está dispuesto a ceder, lo hace en una sola dirección. La elección es simple: servilismo o conciencia. Pero en tiempos de libertad, cuando distintas corrientes políticas soplan de todos los lados, el juez se encuentra expuesto como el árbol en la cumbre de la montaña. Si el tallo no es sólido, corre el riesgo de inclinarse al soplo de cada uno de los vientos”.
29 Septiembre 2019 04:08:00
La ‘reforma judicial’
El ejercicio de cualquier función pública exige una impecable probidad, pero la de impartir justicia lo requiere más enfáticamente. De ella dependen, en última instancia, las garantías mismas de la legitimidad de toda acción de la autoridad y los equilibrios internos del sistema social.

Por eso, cuando alguien se encuentra en la necesidad de acudir al aparato de justicia y se adentra en un terreno que, lejos de ofrecerle abrigo, resulta incierto y plagado de vicios, engaños, deficiencias profesionales y hasta con conductas delincuenciales como la prevaricación, la extorsión, el soborno y otras de semejante naturaleza, los focos rojos se encienden y la aplicación de medidas que remedien ese estado de cosas se vuelve una prioridad absoluta.

Según una opinión muy generalizada, México atraviesa por una situación muy parecida a la descrita, lo que hace necesario revisar las cuestiones vinculadas con la impartición de justicia y recomponerlas en lo necesario. Las piezas del ajedrez político que en días recientes se ha visto mover, aducen justificarse en ello.

Así la iniciativa presentada por los senadores Ricardo Monreal y Joel Molina Ramírez para reformar la ley de amparo en lo que toca a la “ética profesional” de los abogados, que en el fondo no tiene por motivo, aunque lo invoque en la exposición correspondiente, combatir esa corrupción, sino que, como bien lo ha señalado la Barra Mexicana de Abogados, pretende obstruir la defensa de los derechos fundamentales cuando incomode al poder, sin considerar medidas para combatir el ejercicio de los litigantes y operadores corruptos, respecto de los cuales la iniciativa es omisa.

Ella, además, es cuestionable respecto de su constitucionalidad y presenta algunos errores técnicos e incongruencias argumentativas de las que ya se han ocupado destacados juristas, como Elisur Arteaga, y seguramente lo harán otros.

Hay un punto, sin embargo, que se ha pasado por alto, a pesar de la relevancia que le confieren sus implicaciones funcionales. Tiene que ver con una visión distorsionada de la estructura judicial y las responsabilidades de sus depositarios, lo que en mucho se debe al hecho de que la rama judicial del poder no tiene lugar en un ambiente aislado del resto de la vida nacional, de la que en buena medida es reflejo.

Esta última circunstancia hace olvidar que no hay un depositario único de la potestad judicial, sino que lo es, en plenitud de jurisdicción, cada uno de los jueces magistrados y ministros que integran los diferentes poderes judiciales del país.

A pesar de ello, el patrón mental que refleja comúnmente el discurso político y el de los analistas y comentaristas es el correspondiente a la estratificación fuertemente jerárquica de las estructuras que dependen del depositario –ese sí, único– del Poder Ejecutivo, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Traslapar ese esquema al Poder Judicial conduce a considerar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, como “titular” del “Poder Judicial”, cuando no lo es ni puede serlo porque una configuración jerárquica así vulneraría el principio de la autonomía judicial al someter a los jueces a una dependencia contraria a la ley.

Considerar esa autonomía como fundamental es un requisito indispensable para cualquier acción que se pretenda emprender para el perfeccionamiento de la impartición de justicia, so pena de fracasar si no lo hace y hasta resultar contraproducente.

Al mejor interés de la administración de justicia interesa que a los jueces y magistrados se les mantenga libres de la doble ligadura de la dependencia que descansa, por una parte, en la expectativa de la recompensa que el “superior” pudiera otorgarle si desempeña bien su papel, tanto como en el temor al castigo por desagradarlo.

¿Es eso lo que ocurre en México? ¿Hay otros males que remediar? ¿Hay actitudes internas que propicien o agraven los defectos y vicios?
Las limitaciones de espacio obligan a posponer las respuestas a esas preguntas y otras consideraciones para subsecuentes entregas. Aquí nos encontraremos.
29 Septiembre 2019 04:00:00
La ‘reforma judicial’
El ejercicio de cualquier función pública exige una impecable probidad, pero la de impartir justicia lo requiere más enfáticamente. De ella dependen, en última instancia, las garantías mismas de la legitimidad de toda acción de la autoridad y los equilibrios internos del sistema social.

Por eso, cuando alguien se encuentra en la necesidad de acudir al aparato de justicia y se adentra en un terreno que, lejos de ofrecerle abrigo, resulta incierto y plagado de vicios, engaños, deficiencias profesionales y hasta con conductas delincuenciales como la prevaricación, la extorsión, el soborno y otras de semejante naturaleza, los focos rojos se encienden y la aplicación de medidas que remedien ese estado de cosas se vuelve una prioridad absoluta.

Según una opinión muy generalizada, México atraviesa por una situación muy parecida a la descrita, lo que hace necesario revisar las cuestiones vinculadas con la impartición de justicia y recomponerlas en lo necesario. Las piezas del ajedrez político que en días recientes se ha visto mover, aducen justificarse en ello.

Así la iniciativa presentada por los senadores Ricardo Monreal y Joel Molina Ramírez para reformar la ley de amparo en lo que toca a la “ética profesional” de los abogados, que en el fondo no tiene por motivo, aunque lo invoque en la exposición correspondiente, combatir esa corrupción, sino que, como bien lo ha señalado la Barra Mexicana de Abogados, pretende obstruir la defensa de los derechos fundamentales cuando incomode al poder, sin considerar medidas para combatir el ejercicio de los litigantes y operadores corruptos, respecto de los cuales la iniciativa es omisa.

Ella, además, es cuestionable respecto de su constitucionalidad y presenta algunos errores técnicos e incongruencias argumentativas de las que ya se han ocupado destacados juristas, como Elisur Arteaga, y seguramente lo harán otros.

Hay un punto, sin embargo, que se ha pasado por alto, a pesar de la relevancia que le confieren sus implicaciones funcionales. Tiene que ver con una visión distorsionada de la estructura judicial y las responsabilidades de sus depositarios, lo que en mucho se debe al hecho de que la rama judicial del poder no tiene lugar en un ambiente aislado del resto de la vida nacional, de la que en buena medida es reflejo.

Esta última circunstancia hace olvidar que no hay un depositario único de la potestad judicial, sino que lo es, en plenitud de jurisdicción, cada uno de los jueces magistrados y ministros que integran los diferentes poderes judiciales del país.

A pesar de ello, el patrón mental que refleja comúnmente el discurso político y el de los analistas y comentaristas es el correspondiente a la estratificación fuertemente jerárquica de las estructuras que dependen del depositario -ese sí, único- del poder ejecutivo, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Traslapar ese esquema al poder judicial conduce a considerar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, como “titular” del “Poder Judicial” cuando no lo es, ni puede serlo porque una configuración jerárquica así vulneraría el principio de la autonomía judicial al someter a los jueces a una dependencia contraria a la ley.

Considerar esa autonomía como fundamental es un requisito indispensable para cualquier acción que se pretenda emprender para el perfeccionamiento de la impartición de justicia, so pena de fracasar si no lo hace y hasta resultar contraproducente.

Al mejor interés de la administración de justicia interesa que a los jueces y magistrados se les mantenga libres de la doble ligadura de la dependencia que descansa, por una parte, en la expectativa de la recompensa que el “superior” pudiera otorgarle si desempeña bien su papel, tanto como en el temor al castigo por desagradarlo.

¿Es eso lo que ocurre en México? ¿Hay otros males que remediar? ¿Hay actitudes internas que propicien o agraven los defectos y vicios?

Las limitaciones de espacio obligan a posponer las respuestas a esas preguntas y otras consideraciones para subsecuentes entregas. Aquí nos encontraremos.
22 Septiembre 2019 04:08:00
¿Contra los jueces?
Una aparente aversión añeja del depositario del Poder Ejecutivo y su grupo de apoyo contra los jueces se ha visto recrudecida recientemente.

El detonador inmediato hay que buscarlo en las suspensiones concedidas en diversos juicios de amparo interpuestos contra la destrucción del avance de obra en lo que estaba destinado a ser el NAIM y la continuación de las labores en la base aérea militar de Santa Lucía.

Paralelamente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en un acto sin mayor relevancia, pronunció un discurso en el que, pareciera que haciéndose eco de la autoproclamada cuarta transformación, dijo que se vive en México “un momento social y político especialmente propicio para una reforma judicial más profunda y de mayor calado” (
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/el-momento-de-la-reforma-judicial).

La cereza que coronó este pastel fue, por si faltara poco, la resolución del juez primero de Distrito en Materia Penal, con sede en Matamoros, Tamaulipas, que, por no encontrar elementos suficientes para decretar la prisión preventiva, se atuvo a la presunción de inocencia y decretó la libertad de los detenidos a causa del llamado “caso Ayotzinapa”, hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva, si es que esta dispone lo contrario.

Según todo indica, el motivo de la resolución radica en una integración del expediente, por el Ministerio Público, que pudo ser defectuosa. A pesar de ello, la andanada ha sido contra los jueces, porque existe en nuestro país una desafortunada confusión sobre lo que es la función de impartir justicia, y en ella se incluye el quehacer de las fiscalías: cuando fallan éstas, se condena a los jueces.

En ese contexto, hay que decir que es común que el poder reaccione con aversión y energía ante los obstáculos que dificultan sus pretensiones. No es extraño, entonces, que considerando opositor en esa ruta al poder judicial se le quiera desprestigiar para conseguir, según la máxima oriental, debilitar al enemigo antes que buscar fortalecerse ante él.

Por natural que sea esa reacción, no es la más conveniente al buen gobierno. Lo procedente, en una democracia republicana, especialmente donde los derechos fundamentales se han erigido en brújula para orientar toda acción de gobierno, sería el apego a las normas y la prudencia en la conducción de las cuestiones que atañen a la comunidad.

El acceso a la justicia es un derecho garantizado a todos los seres humanos, y eso conlleva un paquete infranqueable de derechos fundamentales.

México no es Shangri-La ni aspira a ser Utopía. Muchas vicisitudes hubo de pasar antes de encontrar cierta estabilidad normativa para proteger la esfera de sus habitantes frente a las tentaciones del sempiterno poder para actuar sin límites (como el “mercado”, en el extremo “neoliberal”, por cierto).

Siempre hará falta un valladar que vea por la efectividad de las disposiciones garantes de las libertades y derechos, y en México la institución protectora más valiosa, arraigada, e influyente en el derecho comparado es, sin duda, el juicio de amparo, que desde la mitad del siglo 19 ha sido el medio de defensa por excelencia contra los excesos de la autoridad.

Cualquier persona que ocupe un puesto de autoridad debe tener en cuenta que los poderes y facultades que ostenta no le pertenecen, sino que son derivados y solo tienen un carácter instrumental: valen nada más en lo necesario para cumplir la encomienda que, conforme a la ley han recibido. Todo exceso no solamente deberá ser privado de efectos, sino que dará lugar a responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales.

Si de verdad se profesa algún respeto por el tan manido “estado de derecho”, hay que tener presente que su esencia descansa en que, en él, Gobierna el derecho, no los seres humanos.

Bueno será considerarlo así al ejercer las funciones propias del gobierno y la gestión pública en las democracias, porque “dondequiera que termine la ley, comenzará la tiranía”, según dijo John Locke, que mucha razón tenía al afirmarlo.
22 Septiembre 2019 04:00:00
¿Contra los jueces?
Una aparente aversión añeja del depositario del Poder Ejecutivo y su grupo de apoyo contra los jueces se ha visto recrudecida recientemente.

El detonador inmediato hay que buscarlo en las suspensiones concedidas en diversos juicios de amparo interpuestos contra la destrucción del avance de obra en lo que estaba destinado a ser el NAIM y la continuación de las labores en lavase aérea militar de Santa Lucía.

Paralelamente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en un acto sin mayor relevancia, pronunció un discurso en el que, pareciera que haciéndose eco de la autoproclamada “cuarta transformación, dijo que se vive en México “un momento social y político especialmente propicio para una reforma judicial más profunda y de mayor calado” (
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/el-momento-de-la-reforma-judicial)

La cereza que coronó este pastel fue, por si faltara poco, la resolución del juez primero de distrito en materia penal, con sede en Matamoros, Tamaulipas, que, por no encontrar elementos suficientes para decretar la prisión preventiva, se atuvo a la presunción de inocencia y decretó la libertad de los detenidos a causa del llamado “caso Ayotzinapa”, hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva, si es que ésta dispone lo contrario.

Según todo indica, el motivo de la resolución radica en una integración del expediente, por el ministerio público, que pudo ser defectuosa. A pesar de ello, la andanada ha sido contra los jueces, porque existe en nuestro país una desafortunada confusión sobre lo que es la función de impartir justicia, y en ella se incluye el quehacer de las fiscalías: cuando fallan éstas, se condena a los jueces.

En ese contexto, hay que decir que es común que el poder reaccione con aversión y energía ante los obstáculos que dificultan sus pretensiones. No es extraño, entonces, que considerando opositor en esa ruta al poder judicial se le quiera desprestigiar para conseguir, según la máxima oriental, debilitar al enemigo antes que buscar fortalecerse ante él.

Por natural que sea esa reacción, no es la más conveniente al buen gobierno. Lo procedente, en una democracia republicana, especialmente donde los derechos fundamentales se han erigido en brújula para orientar toda acción de gobierno, sería el apego a las normas y la prudencia en la conducción de las cuestiones que atañen a la comunidad.

El acceso a la justicia es un derecho garantizado a todos los seres humanos, y eso conlleva un paquete infranqueable de derechos fundamentales.

México no es Shangri-La ni aspira a ser Utopía. Muchas vicisitudes hubo de pasar antes de encontrar cierta estabilidad normativa para proteger la esfera de sus habitantes frente a las tentaciones del sempiterno poder para actuar sin límites (como el “mercado”, en el extremo “neoliberal”, por cierto).

Siempre hará falta un valladar que vea por la efectividad de las disposiciones garantes de las libertades y derechos, y en México la institución protectora más valiosa, arraigada, e influyente en el derecho comparado es, sin duda, el juicio de amparo, que desde la mitad del siglo 19 ha sido el medio de defensa por excelencia contra los excesos de la autoridad.

Cualquier persona que ocupe un puesto de autoridad debe tener en cuenta que los poderes y facultades que ostenta no le pertenecen, sino que son derivados y solo tienen un carácter instrumental: valen nada más en lo necesario para cumplir la encomienda que, conforme a la ley han recibido. Todo exceso no solamente deberá ser privado de efectos, sino que dará lugar a responsabilidades civiles, administrativas y hasta penales.

Si de verdad se profesa algún respeto por el tan manido “estado de derecho”, hay que tener presente que su esencia descansa en que, en él, gobierna el derecho, no los seres humanos.

Bueno será considerarlo así al ejercer las funciones propias del gobierno y la gestión pública en las democracias, porque “dondequiera que termine la ley, comenzará la tiranía”, según dijo John Locke, que mucha razón tenía al afirmarlo.
15 Septiembre 2019 04:06:00
¿Fuchi, guácala?
Si las cosas estaban ya complicadas en materia de inseguridad, la semana que concluyó se agudizaron en varios puntos del país, especialmente en Nuevo Laredo. Ahí se impidió el abasto de gasolina a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad pública, mediante amenazas de la delincuencia organizada proferidas a los expendedores.

Fue entonces que el Presidente exhortó a los grupos involucrados a “que le bajen” y a “portarse bien”. A sus “madrecitas”, les pidió que les digan que ya se dejen de andar delinquiendo. “Al carajo la delincuencia… ¡Fuchi, guácala!”, dijo literalmente.

Después de tan considerado exhorto, circularon en las redes sociales diversos comunicados según los cuales los dirigentes de las organizaciones destinatarias del llamado presidencial, daban permiso de robar farmacias, tiendas Oxxo y restaurantes o taquerías, además de violar mujeres “siempre y cuando se les regrese con vida”.

Ya previamente habían advertido a los habitantes de Nuevo Laredo que nada de lo que estaba pasando ahí era contra ellos, sino “guerra con los wachos y la furia prieta”, al tiempo en que alguno de tales grupos prohibía a los comercios (centros comerciales, tiendas Oxxo, City Club, carnicerías, fruterías, bodegas, restauranteros taqueros, vendedores de hot dogs, etc.) la venta de comida para las fuerzas del orden destacamentadas en esa plaza.

Frente a la gravedad de esa circunstancia y la magnitud del problema, la reacción presidencial causó azoro, por decir lo menos. Francamente, exhortar a las “madrecitas” para que les digan “que ya se porten bien” y le hagan “fuchi, guácala” a los delitos, denota, en el mejor de los casos, una ingenuidad de proporciones inusitadas, absolutamente inadmisible y sin justificación alguna. Hay quienes piensan, incluso, en complacencia reprobable.

La responsabilidad que conlleva el deber de velar por la exacta observancia de la ley, la calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas y, en general la obligación de ver en todo y por todo que la ley se cumpla, serían ya bastantes para obligar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a ir más allá de llamar, como lo hizo, a “portarse bien” a quienes han demostrado que cosas más graves que eso son ineficaces para disuadirlos de persistir en su desafiante
beligerancia.

Para más clara y contundente precisión, por si eso fuera poco, están las fracciones VI y VII del Artículo 89 de nuestra maltrecha Constitución que, a pesar de todo el asedio de que ha sido objeto, sigue siendo la norma fundamental en México.

Ese precepto, en lo conducente, dice: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”, y “VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley”.

Razón sobrada tuvo el Gobernador de Tamaulipas cuando manifestó que, si la Guardia Nacional había surgido a la vida pública precisamente con motivo de fortalecer la capacidad gubernamental ante el reto de enfrentar a las fuerzas organizadas que no solo actúan fuera de la ley, sino contra las instituciones estructurales del Estado mexicano, no estaba cumpliendo ese cuerpo con su función primordial, puesto que se le había encomendado, en cambio, el control de las personas en estado de migración que, desde la frontera sur del país, intentan cruzar el territorio de México para llegar a los Estados Unidos.

Si en el contexto inmediato causa pasmo la reacción presidencial, cuando se amplía el obturador la cosa se confunde más, porque la tersa suavidad mostrada frente a la delincuencia organizada se vuelve mano dura cuando se trata de velar por los derechos fundamentales a la salud, el acceso a guarderías, etc., y no se diga en las cuestiones
fiscales.

¿Por qué tan dispar actitud? ¿Es tal el grado de ingenuidad? ¿“Fuchi, guácala”? ¿De qué se trata?
15 Septiembre 2019 04:00:00
¿Fuchi, guácala?
Si las cosas estaban ya complicadas en materia de inseguridad, la semana que concluyó se agudizaron en varios puntos del país, especialmente en Nuevo Laredo. Ahí se impidió el abasto de gasolina a las Fuerzas Armadas y cuerpos de Seguridad Pública, mediante amenazas de la delincuencia organizada proferidas a los expendedores.

Fue entonces que el presidente exhortó a los grupos involucrados a “que le bajen” y a “portarse bien”. A sus “madrecitas”, les pidió que les digan que ya se dejen de andar delinquiendo. “Al carajo la delincuencia… ¡Fuchi, guácala!”, dijo literalmente.

Después de tan considerado exhorto, circularon en las redes sociales diversos comunicados según los cuales los dirigentes de las organizaciones destinatarias del llamado presidencial, daban permiso de robar farmacias, tiendas Oxxo y restaurantes o taquerías, además de violar mujeres “siempre y cuando se les regrese con vida”.

Ya previamente habían advertido a los habitantes de Nuevo Laredo que nada de lo que estaba pasando ahí era contra ellos, sino “guerra con los wachos y la furia prieta”, al tiempo en que alguno de tales grupos prohibía a los comercios (centros comerciales, tiendas Oxxo, City Club, carnicerías, fruterías, bodegas, restauranteros taqueros, vendedores de hot dogs, etc.), la venta de comida para las fuerzas el orden destacamentadas en esa plaza.

Frente a la gravedad de esa circunstancia y la magnitud del problema, la reacción presidencial causó azoro, por decir lo menos. Francamente, exhortar a las “madrecitas” para que les digan “que ya se porten bien” y le hagan “fuchi, guácala” a los delitos, denota, en el mejor de los casos, una ingenuidad de proporciones inusitadas, absolutamente inadmisible y sin justificación alguna. Hay quienes piensan, incluso, incluso, en complacencia reprobable.

La responsabilidad que conlleva el deber de velar por la exacta observancia de la ley, la calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y, en general la obligación de ver en todo y por todo que la ley se cumpla, serían ya bastantes para obligar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos a ir más allá de llamar, como lo hizo, a “portarse bien” a quienes han demostrado que cosas más graves que eso son ineficaces para disuadirlos de persistir en su desafiante beligerancia.

Para más clara y contundente precisión, por si eso fuera poco, están las fracciones VI y VII del artículo 89 de nuestra maltrecha constitución que, a pesar de todo el asedio de que ha sido objeto, sigue siendo la norma fundamental en México.

Ese precepto, en lo conducente, dice: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”, y “VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley”.

Razón sobrada tuvo el gobernador de Tamaulipas cuando manifestó que, si la Guardia Nacional había surgido a la vida pública precisamente con motivo de fortalecer la capacidad gubernamental ante el reto de enfrentar a las fuerzas organizadas que no solo actúan fuera de la ley, sino contra las instituciones estructurales del estado mexicano, no estaba cumpliendo ese cuerpo con su función primordial, puesto que se le había encomendado, en cambio, el control de las personas en estado de migración que, desde la frontera sur del país, intentan cruzar el territorio de México para llegar a los Estados Unidos.

Si en el contexto inmediato causa pasmo la reacción presidencial, cuando se amplía el obturador la cosa se confunde más, porque la tersa suavidad mostrada frente a la delincuencia organizada se vuelve mano dura cuando se trata de velar por los derechos fundamentales a la salud, el acceso a guarderías, etc., y no se diga en las cuestiones fiscales.

¿Por qué tan dispar actitud? ¿Es tal el grado de ingenuidad? ¿“Fuchi, guácala”? ¿De qué se trata?
08 Septiembre 2019 04:00:00
La imprescindible autonomía
En estos tiempos convulsos, de cambio de época, la vestimenta que había costumbre de usar va quedando chica, desajustada, incómoda.

La gente, que se percata de la nueva circunstancia, está consciente de la necesidad de cambiar, pero no suele saber cómo, por eso se ven los vaivenes políticos en toda latitud y longitud, sin que importen la cultura, el desarrollo económico y otras características por el estilo.

Lo que importa es recuperar lo perdido, y lo perdido bien puede ser la consciencia de la dignidad elemental, que es sinónimo de pertenencia y fuente de beneficios, pero también de responsabilidades.

La ruptura de los cánones tradicionales, obsoletos y caducos, que por tantos siglos -casi cuatro- trazaron las estructuras sociopolíticas del mundo, reventó los paradigmas modernos y dio salida a una gran diversidad de corrientes que buscan los referentes aptos para encauzar las energías sociales de todo tipo por rumbos ordenados, justos y estables.

Eso, y no otra cosa, permite entender el resurgimiento del viejo empeño por encontrar los fundamentos que verdaderamente justifiquen la organización sociopolítica de las comunidades, tanto como la convergencia de esas corrientes que, antes de entrar en el desarrollo detallado de sus propuestas, muestran una clara coincidencia en el afán de rescatar la dignidad de la gente a partir de los derechos humanos, ese grupo de prerrogativas iguales y universales que resulta indispensable proteger, promover, garantizar.

Eso, que es justicia, tiene también un sentido práctico, porque todo crecimiento, todo desarrollo, requiere de la estabilidad, la predictibilidad y la seguridad equitativa que solo un orden basado en ellos puede proveer.

Por eso, los gobiernos, la “clase política” en cada rincón del mundo, han adoptado como bandera su defensa, aunque con pesar hay que reconocer que no son pocos, ni extraños, los casos en que eso sea sólo un recurso retórico, vacío de contenido. Es difícil que el poder vaya a limitarse a sí mismo, sin obtener ventajas considerables a cambio. Pensar lo contrario sería ingenuo.

Debido a ello, el sistema de frenos y contrapesos provistos por la división de los poderes públicos ha cumplido bien, pero insuficientemente, con su cometido. Enriquecerlo con la institución de organismos públicos defensores de los derechos humanos se generalizó en el mundo para reforzar la protección de los seres humanos, en condiciones de igualdad, frente a los abusos de autoridad que los vulneraran.

Hace poco más de 26 años, en París, y precisamente con ese fin, la ONU estableció una serie de principio encaminados a establecer estándares mínimos para enmarcar y garantizar la regularidad en el funcionamiento de los organismos públicos instituidos para la defensa, protección y garantía de los derechos humanos.

Uno de esos principios es, precisamente, el que proclama la autonomía de que deberán estar dotados, con la consiguiente independencia de criterio y los recursos financieros y materiales suficientes para no depender de nadie que, por ser objeto de su vigilancia, podría tener interés en someterla, restringiendo y hasta anulando su capacidad de acción.

Esa autonomía es una propiedad de los organismos públicos de derechos humanos que requiere de ser construida en los hechos, palmo a palmo, y defendida a pulso, aunque los costos, como frecuentemente sucede, sean altos.

Hacer esto último es un deber derivado de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, pero también de la ética del servicio público, que debe verse reflejada en la conducta de quienes asumen esa responsabilidad, porque ellos y ellas asumen también el indeclinable compromiso de velar, precisamente en aras de los “estándares internacionales” tan frecuentemente invocados, de proteger y promover los derechos humanos, según su mandato, a pesar y aun en contra de toda injerencia externa, por poderosa o tentadora que sea.

El medio se presta para que gente sin escrúpulos medre, con él y desde él, en términos de conveniencias políticas y económicas. Eso es inadmisible.

Todo intento de sometimiento desde el poder es reprobable; la entrega y la sumisión voluntarias de un organismo al poder son execrables.
01 Septiembre 2019 04:00:00
El honor militar
Han circulado en las redes y en los noticieros numerosos eventos en los que aparecen turbamultas rodeando y hostigando a contingentes de las fuerzas armadas que patrullan o acuden a una comisión del servicio.

Recientemente se vieron escenas de algo que ocurrió en algún lugar del sur, en las que, a soldados entrenados y debidamente apertrechados, se les agrede y golpea hasta con escobas.

A uno de ellos, arteramente y con gala de cobardía, por la espalda, algún malhadado sujeto le pego un empellón que lo hizo perder la figura y literalmente volar varios metros, mientras que su unidad era objeto de insultos y vejaciones sin límite por la enardecida multitud que impunemente la acosaba.

Las cosas no paran ahí, porque también se han escalado los riesgos que corren los militares y su gravedad. En esta misma semana han sido asesinados diversos mandos militares y personal de tropa por gente de agrupaciones criminales, mientras se incrementaban las agresiones de los carteles en diversos territorios.

También fue prolija la difusión de un incidente ocurrido durante una gira presidencial por el sur del país, en la que fue abordado por un grupo de víctimas de actividades delincuenciales, pidiéndole que dispusiera de las fuerzas armadas y las enviara en su auxilio. La respuesta causó polémica, porque en ella el presidente quiso refrendar su postura e insistió en que las fuerzas armadas no estaban para reprimir al pueblo.

Tuve oportunidad de comentar los acontecimientos con una persona cercana a la vida militar, patriota y ciudadano preocupado por las cosas de la gran comunidad nacional, a quien expresé mi inquietud por el decaimiento en el ánimo de la tropa en esas condiciones, y mi preocupación por los límites de la paciencia de sus miembros frente a tan indignante acoso ¿Hasta cuándo estarán dispuestos a resistir?

Me respondió: “Les tienen atadas las manos”, y frente a ello fue ineludible pensar en que la lealtad de las fuerzas armadas, su disciplina y el sometimiento que han mostrado inveteradamente al poder institucional, son producto del honor militar. Sin él, será inexplicable la paciencia de que han hecho gala sus elementos en los tiempos recientes.

Se entiende el afán de no alimentar el fuego arrojándole gasolina, pero no se puede pasar por alto que ese mismo honor que mantiene a las armas institucionales en una actitud de resistencia pasiva y contención apenas eficaz contra las agresiones de los cada vez más amplios y extendidos sectores inmersos en la marginalidad ilícita, tiene sus propios límites y no es sano empujar contra ellos.

El periodista Juan Ibarrola, de íntima conexión con las fuerzas armadas, también aludió en los días recientes al malestar que aqueja, precisamente por esas condiciones, a la tropa, y me hizo recordar algo que es bien sabido y ha sido largamente comprobado: La moral de la tropa puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier estrategia, incluso las de mayor excelsitud, y por consiguiente un factor decisivo para el triunfo o la derrota de cualquier ejercicio militar.

Ya Sun Tzu decía que la mejor batalla es la que se gana sin pelearla, lo que supone una presencia militar que imponga respeto y amedrente al opositor, al grado de provocar su defección sin necesidad de disparar un solo tiro.

Eso requiere del respeto y el ascendiente que, sin que se pueda dar por perdido del todo, es claro que se ve mellado por esos episodios.

Debe ser muy difícil para los soldados de cielo, mar y tierra prepararse para proteger a los demás y tener que renunciar a protegerse a sí mismos, por obediencia y contra los propios instintos, en virtud de una lealtad que quizá no perciban debidamente correspondida desde los mandos supremos, en cuya cúspide, por disposición constitucional, se encuentra el depositario único y unipersonal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Unión, jefe de estado y de Gobierno, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
01 Septiembre 2019 03:50:00
El honor militar
Han circulado en las redes y en los noticieros numerosos eventos en los que aparecen turbamultas rodeando y hostigando a contingentes de las Fuerzas Armadas que patrullan o acuden a una comisión del servicio.

Recientemente se vieron escenas de algo que ocurrió en algún lugar del sur, en las que, a soldados entrenados y debidamente apertrechados, se les agrede y golpea hasta con escobas.

A uno de ellos, arteramente y con gala de cobardía, por la espalda, algún malhadado sujeto le pegó un empellón que lo hizo perder la figura y literalmente volar varios metros, mientras que su unidad era objeto de insultos y vejaciones sin límite por la enardecida multitud que impunemente le acosaba.

Las cosas no paran ahí, porque también se han escalado los riesgos que corren los militares y su gravedad. En esta misma semana han sido asesinados diversos mandos militares y personal de tropa por gente de agrupaciones criminales, mientras se incrementaban las agresiones de los cárteles en diversos territorios.

También fue prolija la difusión de un incidente ocurrido durante una gira presidencial por el sur del país, en la que fue abordado por un grupo de víctimas de actividades delincuenciales, pidiéndole que dispusiera de las Fuerzas Armadas y las enviara en su auxilio. La respuesta causó polémica, porque en ella el Presidente quiso refrendar su postura e insistió en que las Fuerzas Armadas no estaban para reprimir al pueblo.

Tuve oportunidad de comentar los acontecimientos con una persona cercana a la vida militar, patriota y ciudadano preocupado por las cosas de la gran comunidad nacional, a quien expresé mi inquietud por el decaimiento en el ánimo de la tropa en esas condiciones, y mi preocupación por los límites de la paciencia de sus miembros frente a tan indignante acoso. ¿Hasta cuándo estarán dispuestos a resistir?

Me respondió: “Les tienen atadas las manos”, y frente a ello fue ineludible pensar en que la lealtad de las Fuerzas Armadas, su disciplina y el sometimiento que han mostrado inveteradamente al poder institucional, son producto del honor militar. Sin él, sería inexplicable la paciencia de que han hecho gala sus elementos en los tiempos recientes.

Se entiende el afán de no alimentar el fuego arrojándole gasolina, pero no se puede pasar por alto que ese mismo honor que mantiene a las armas institucionales en una actitud de resistencia pasiva y contención apenas eficaz contra las agresiones de los cada vez más amplios y extendidos sectores inmersos en la marginalidad ilícita, tiene sus propios límites y no es sano empujar contra ellos.

El periodista Juan Ibarrola, de íntima conexión con las Fuerzas Armadas, también aludió en los días recientes al malestar que aqueja, precisamente por esas condiciones, a la tropa, y me hizo recordar algo que es bien sabido y ha sido largamente comprobado: la moral de la tropa puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier estrategia, incluso las de mayor excelsitud, y por consiguiente un factor decisivo para el triunfo o la derrota de cualquier ejercicio militar.

Ya Sun Tzu decía que la mejor batalla es la que se gana sin pelearla, lo que supone una presencia militar que imponga respeto y amedrente al opositor, al grado de provocar su defección sin necesidad de disparar un solo tiro.

Eso requiere del respeto y el ascendiente que, sin que se pueda dar por perdido del todo, es claro que se ve mellado por esos episodios.

Debe ser muy difícil para los soldados de cielo, mar y tierra prepararse para proteger a los demás y tener que renunciar a protegerse a sí mismos, por obediencia y contra los propios instintos, en virtud de una lealtad que quizá no perciban debidamente correspondida desde los mandos supremos, en cuya cúspide, por disposición constitucional, se encuentra el depositario único y unipersonal del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Unión, jefe de Estado y de Gobierno, que es el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
25 Agosto 2019 04:00:00
¿Una ‘constitución moral’?
En estos días ha resurgido un tema viejo en los planteamientos del Presidente que, desde los tiempos de su campaña, anunció que promovería la expedición de una “Constitución moral” que complementaría, no sustituiría, la “Constitución Política”.

A pesar de la insistencia en el hecho de que no se tratará de un instrumento de carácter jurídico, o quizá precisamente por eso, la sola denominación del documento y el contexto en el que se menciona, inducen a poner atención cuidadosa al tema.

Desde que se lanzó la convocatoria para efectuar propuestas e ideas qué incorporar al documento, se expresaron sus propósitos, inseparables de los enunciados en la “cartilla moral” de Alfonso Reyes, que fue adaptada para quedar en la que ha circulado recientemente. El plazo para presentar las aportaciones inició el 3 de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2019.

Los rubros a los que se convoca –enunciativa, no limitativamente– son: a) respeto a nuestra persona; b) respeto a la familia; c) respeto a la sociedad; d) respeto a la patria; e) respeto a la especie humana, y f) respeto a la naturaleza. A ellos podrán agregarse nuevos “respetos” –según literalmente dice la convocatoria– para así “ampliar el catálogo ético”. El ejercicio culminará con una convención en 2019, en la que se aprobará el texto final.

Nadie puede negar las bondades de respetar a los demás y sus derechos, a las instituciones –como la familia y la patria– y al género humano, la dignidad de la personas en última instancia, pero hay un texto en la cartilla modificada que ha sido distribuida que, como una cortinilla que quedó doblada y no cubrió bien el trasfondo, deja ver una intención en él que no deja de ser inquietante: En el margen de la página 12, al referirse al “respeto a la persona”, la cartilla dice: “los respetos que hemos considerado como mandamientos de la moral pueden enumerarse de muchos modos”.

Hablar de “mandamientos de la moral” es algo que no solo tiene aires de dogma, sino que se antoja también que apunta a la juridicidad desde que alguien –¿investido de qué autoridad? ¿por quién? ¿con qué legitimidad?– pretende emitir una regla de conducta obligatoria cuyo nombre mismo corresponde, en el lenguaje llano tanto como en el específicamente técnico, a la naturaleza del derecho, y en el rango superior, nada más y nada menos, porque una constitución no es otra cosa que el sistema básico de normas jurídicas sobre el que descansa todo el sistema que estructura, imperativa y objetivamente, a la comunidad total que llamamos “Estado”. Por eso se llama “Constitución Política”, en tanto que encauza y dirige la dinámica de la “polis”, que desde la raíz griega del vocablo significa lo mismo que “civitas” según la etimología latina.

Es bueno, sí, que la conducta de toda persona integrada en esa comunidad –gobernantes y gobernados– esté impregnada de un claro sentido de lo que es correcto e incorrecto, para procurar, necesariamente, lo primero y evitar lo segundo, pero esa es precisamente la naturaleza del orden jurídico, heterónomo, objetivo y coercible en su cumplimiento como ha de ser, mientras que la moral se distingue por ser autónoma, subjetiva y sin la posibilidad de ser exigida su observancia por fuerza social alguna.

La sustancia que nutre al derecho está conformada, precisamente, por los valores comunitarios más preciados, los ineludibles para garantizar imperativamente la igualdad, la libertad y la solidaridad necesarios para que florezcan la justicia social y la conmutativa, descansando en los cimientos fincados en la ley suprema que se conoce como “Constitución”, que no necesita de la expedición de una constitución moral que la complemente.

Si el género normativo se expresa en las especies jurídica, moral y religiosa, mucho me temo que pretender yuxtaponer los dos primeros sistemas –el tercero no cabría en un Estado laico– produciría confusiones inconvenientes, o lo que es peor, abriría la puerta a la imposición de inadmisibles dogmatismos autoritarios.

Mucho cuidado.
25 Agosto 2019 04:00:00
¿Una “constitución moral”?
En estos días ha resurgido un tema viejo en los planteamientos del presidente que, desde los tiempos de su campaña, anunció que promovería la expedición de una “constitución moral” que complementaría, no sustituiría, la “constitución política”.

A pesar de la insistencia en el hecho de que no se tratará de un instrumento de carácter jurídico, o quizá precisamente por eso, la sola denominación del documento y el contexto en el que se menciona, inducen a poner atención cuidadosa al tema.

Desde que se lanzó la convocatoria para efectuar propuestas e ideas que incorporar al documento, se expresaron sus propósitos, inseparables de los enunciados en la “cartilla moral” de Alfonso Reyes, que fue adaptada para quedar en la que ha circulado recientemente. El plazo para presentar las aportaciones inició el 3 de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2019.

Los rubros a los que se convoca -enunciativa, no limitativamente- son: a) Respeto a nuestra persona; b) respeto a la familia; c) respeto a la sociedad; d) respeto a la patria; e) respeto a la especie humana, y f) respeto a la naturaleza. A ellos podrán agregarse nuevos “respetos” -según literalmente dice la convocatoria- para así “ampliar el catálogo ético”. El ejercicio culminará con una convención en 2019, en la que se aprobará el texto final.

Nadie puede negar las bondades de respetar a los demás y sus derechos, a las instituciones -como la familia y la patria- y al género humano, la dignidad de la personas en última instancia, pero hay un texto en la cartilla modificada que ha sido distribuida que, como una cortinilla que quedó doblada y no cubrió bien el trasfondo, deja ver una intención en él que no deja de ser inquietante: En el margen de la página 12, al referirse al “respeto a la persona”, la cartilla dice: “Los respetos que hemos considerado como mandamientos de la moral pueden enumerarse de muchos modos”.

Hablar de “mandamientos de la moral” es algo que no solo tiene aires de dogma, sino que se antoja también que apunta a la juridicidad desde que alguien -¿investido de que autoridad? ¿Por quién? ¿Con qué legitimidad?- pretende emitir una regla de conducta obligatoria cuyo nombre mismo corresponde, en el lenguaje llano tanto como en el específicamente técnico, a la naturaleza del derecho, y en el rango superior, nada más y nada menos, porque una constitución no es otra cosa que el sistema básico de normas jurídicas sobre el que descansa todo el sistema que estructura, imperativa y objetivamente, a la comunidad total que llamamos “estado”. Por eso se llama “constitución política”, en tanto que encauza y dirige la dinámica de la “polis”, que desde la raíz griega del vocablo significa lo mismo que “civitas” según la etimología latina.

Es bueno, sí, que la conducta de toda persona integrada en esa comunidad -gobernantes y gobernados- esté impregnada de un claro sentido de lo que es correcto e incorrecto, para procurar, necesariamente, lo primero y evitar lo segundo, pero esa es precisamente la naturaleza del orden jurídico, heterónomo, objetivo y coercible en su cumplimiento como ha de ser, mientras que la moral se distingue por ser autónoma, subjetiva y sin la posibilidad de ser exigida su observancia por fuerza social alguna.

La sustancia que nutre al derecho está conformada, precisamente, por los valores comunitarios más preciados, los ineludibles para garantizar imperativamente la igualdad, la libertad y la solidaridad necesarios para que florezcan la justicia social y la conmutativa, descansando en los cimientos fincados en la ley suprema que se conoce como “constitución”, que no necesita de la expedición de una constitución moral que la complemente.

Si el género normativo se expresa en las especies jurídica, moral y religiosa, mucho me temo que pretender yuxtaponer los dos primeros sistemas -el tercero no cabría en un estado laico- produciría confusiones inconvenientes, o lo que es peor, abriría la puerta a la imposición de inadmisibles dogmatismos autoritarios.

Mucho cuidado.
18 Agosto 2019 04:00:00
La estrategia educativa de la “cuarta transformación”
Heinz Dietrich opina que la educación, especialmente la superior, es el lugar por excelencia para ubicar al elemento de “vanguardia sistémica” que en su opinión está faltando para dotar de eficacia al empeño transformador de AMLO (“El Talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador”, https://aristeguinoticias.com/1208/mexico/el-talon-de-aquiles-de-andres-manuel-lopez-obrador-articulo/).

En su acérrima crítica al “establishment” académico, Dietrich dice algo que, aunque suene exagerado, no carece de algún fundamento: “Hoy día, las áreas sociales de las academias públicas son, esencialmente, burocracias inertes, donde impera la mediocridad, el influyentísimo y el oportunismo transversal. En términos económicos, se trata de mercados oligopólicos y monopólicos, cuyas relaciones de producción, apropiación y distribución son disfuncionales para la productividad científica”.

Por eso concede la razón al presidente cuando éste critica a los cacicazgos y “grupos de poder” en el mundo de la investigación, como son las universidades, diciendo incluso que los académicos “no salen de los cubículos”.

Vale la pena detenerse en esta cuestión, porque es verdad que, especialmente en el ámbito de las genéricamente clasificadas como “ciencias sociales”, la que bien podría llamarse “nomenklatura académica” ha constreñido los espacios de participación y los han reservado para personas afines a quienes ejercen el control de los sistemas y organismos a cargo de la promoción y el estímulo de la investigación como actividad productora de conocimiento, y todavía más cuando de su divulgación se trata.

Es un hecho que, en este ámbito como en otros sectores sociales, hay causas suficientes para explicar el descontento, la irritación y el hartazgo de la gente que llevó a una mayoría en los comicios a votar por un cambio en las cosas.

Pero a Dietrich, promotor del “socialismo del siglo XXI”, no le preocupa eso, sino el hecho de verlo como un obstáculo para la transformación que tanto se pregona.

Para removerlo propone una serie de acciones tendientes a lograr la convicción de las “masas y clases sociales” respecto de las bondades de la transformación que promete el régimen, porque, según afirma, solo eso “hará triunfar esta última gran oportunidad de desarrollo para México”.

¿Cómo lograr esa convicción? Aunque Dietrich no lo revela en su artículo y en él enfatiza la educación superior como ámbito “orgánico” de la “vanguardia sistémica” que echa de menos, es evidente que las tácticas propagandísticas, meticulosamente pensadas y elaboradas por la administración pública federal, incluyen a todo el espectro educativo, incluido el extraescolar.

Los primeros instrumentos quedaron a la vista en la semana que concluyó, precisamente en los prolegómenos de un nuevo ciclo escolar y en vísperas del primer informe del presidente.

En primer lugar, la distribución de nuevos libros de texto, que no solo son gratuitos, sino también de uso obligatorio.

En segundo, una profusa distribución de la “cartilla moral” elaborada originalmente por Alfonso Reyes, pero adaptada por José Luis Martínez, para incitar “una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad”, según el propio presidente apunta en la “Presentación” del documento.

En tercero, el anuncio de una “constitución moral”, que se promete como “un documento que recoja e inspire lo mejor del pensamiento y de la diversidad cultural de las mexicanas y los mexicanos”, advirtiendo que no se tratará de un documento jurídico, “sino de un material que recoja lo mejor del pensamiento de hombres y mujeres libres y conscientes” de nuestro país.

Largo sería examinar, aquí y ahora, todo el complejo entramado de significados e implicaciones que ese conjunto de acciones contiene, pero resulta evidente su intención propagandística y, a pesar de las bondades de los planteamientos genéricos que se expresan oficialmente, sobre todo respecto de los dos documentos citados al final, existirá siempre el riesgo de que tales vías puedan emplearse como instrumentos de adoctrinamiento ideológico, lo que en cualquier caso sería pernicioso.

Habrá que mantener la atención para evitar que eso pase.
11 Agosto 2019 04:00:00
Apología del Amparo
Hace unos días, el Presidente se dolía de los amparos presentados en contra de su decisión de interrumpir la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco y la transformación de la base aérea militar de Santa Lucía para dedicarla a ese fin.

En su conferencia mañanera mencionó, incluso, que había 80 demandas de amparo, y subrayó la cifra para destacar su demasía.

Preguntó, además, por qué no se habían presentado tales demandas durante las administraciones anteriores y manifestó su convicción de que la única finalidad de la medida se cifraba en el afán de obstruir los programas de su gestión y no en interés otro alguno.

Varias cuestiones hay en el planteamiento presidencial que, a mi parecer, es imprescindible aclarar. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que no se hayan presentado demandas de amparo en contra de la decisión durante los regímenes anteriores. Eso es así, como resulta evidente a poco que se reflexione, porque la resolución impugnada fue expedida en el que está a su cargo y no en los otros, por lo que no pudo ser impugnada durante el desempeño de alguno de ellos.

SI en cambio, la referencia fue hecha de manera genérica, pensando que 80 amparos son muchos y su cuantía hace evidente que se ha empleado la institución para obstruir su gestión, valdría la pena revisar la estadística del Consejo de la Judicatura Federal, cuya página web (
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/resources/resoluciones/10_sentrestcar.pdf) da cuenta de que, nada más en 2010, los tribunales colegiados de circuito conocieron, en revisión, de 80,435 amparos, mil veces más que la cifra citada por él.

Por lo que se refiere a la intención de esos amparos, hasta hace no mucho algunos autores clasificaban el juicio de amparo, en vista de su propósito específico, en “amparo contra leyes”, “amparo-garantías”, “amparo-casación” y “amparo-soberanía” (v. gr.: Juventino V. Castro, en Garantías y Amparo, Porrúa, 2000) ¿Debieron haber agregado una clasificación adicional, el “amparo-obstrucción”?

Es inevitable que el juicio de amparo sea una figura que puede resultar muy incómoda para la autoridad, porque se trata de un instrumento al alcance de toda persona, para controlar los actos de ella que, en contra de su interés, violen los derechos humanos.

Uno de los elementos que el juicio de amparo garantiza es el de la seguridad jurídica, porque solo en ella se puede dar la previsibilidad de los actos de cada uno y todos los de la colectividad. Eso incluye la necesidad de que se respeten los procedimientos para tomar y ejecutar las decisiones que, siempre dentro del ámbito limitado por las normas, tome y efectúe la autoridad.

En un país cuya incipiente cultura democrática entroniza al depositario de la rama ejecutiva del poder público, lo mismo federal que estatales, la función del amparo como control del poder se realza; lo hace más durante los innumerables periodos de hegemonía presidencial vividos por México, repetida casi fatalmente, desde su independencia.

No es saludable, en modo alguno, para la verdadera democracia, atentar en contra de la licitud de la figura y la legitimidad en su ejercicio, aduciendo intencionalidades que, aún en el supuesto de que existieran, no afectan la objetividad de la función instrumental del medio de protección y control denostado.

Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen no es algo que quede sujeto al arbitrio del gobernante, sino un deber inexcusable suyo, signo ineludible de civilidad hoy en día.

Cuando la garantía del correcto ejercicio del poder, fundada en la división de su ejercicio, no es suficiente para conseguir un eficiente sistema de “frenos y contrapesos” y, además esa disfuncionalidad afecta derechos fundamentales, solo queda el control constitucional para impedir que la acción violatoria surta efectos y aún sea resarcida la persona afectada por las consecuencias de la indebida actuación de la autoridad responsable.

En ello destaca el juicio de amparo. Hay que enaltecerlo, cuidarlo y acatarlo, no pretender restarle legitimidad.
11 Agosto 2019 04:00:00
Apología del Amparo
Hace unos días, el presidente se dolía de los amparos presentados en contra de su decisión de interrumpir la construcción del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco y la transformación de la base aérea militar de Santa Lucía para dedicarla a ese fin.

En su conferencia mañanera mencionó, incluso, que había ochenta demandas de amparo y subrayó la cifra para destacar su demasía.

Preguntó, además, por qué no se habían presentado tales demandas durante las administraciones anteriores y manifestó su convicción de que la única finalidad de la medida se cifraba en el afán de obstruir los programas de su gestión, y no en interés otro alguno.

Varias cuestiones hay en el planteamiento presidencial que, a mi parecer, es imprescindible aclarar. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que no se hayan presentado demandas de amparo en contra de la decisión durante los regímenes anteriores. Eso es así, como resulta evidente a poco que se reflexione, porque la resolución impugnada fue expedida en el que está a su cargo y no en los otros, por lo que no pudo ser impugnada durante el desempeño de alguno de ellos.

Si, en cambio, la referencia fue hecha de manera genérica, pensando que ochenta amparos son muchos y su cuantía hace evidente que se ha empleado la institución para obstruir su gestión, valdría la pena revisar la estadística del Consejo de la Judicatura Federal, cuya página web (
https://www.dgepj.cjf.gob.mx/resources/resoluciones/10_sentrestcar.pdf) da cuenta de que, nada más en 2010, los tribunales colegiados de circuito conocieron, en revisión, de 80,435 amparos, mil veces más que la cifra citada por él.

Por lo que se refiere a la intención de esos amparos, hasta hace no mucho algunos autores clasificaban el juicio de amparo, en vista de su propósito específico, en “amparo contra leyes”, “amparo-garantías”, “amparo-casación” y “amparo-soberanía” (v. gr.: Juventino V. Castro, en “Garantías y Amparo”, Porrúa, 2000) ¿Debieron haber agregado una clasificación adicional, el “amparo-obstrucción”?

Es inevitable que el juicio de amparo sea una figura que puede resultar muy incómoda para la autoridad, porque se trata de un instrumento, al alcance de toda persona, para controlar los actos de ella que, en contra de su interés, violen los derechos humanos.

Uno de los elementos que el juicio de amparo garantiza es el de la seguridad jurídica, porque solo en ella se puede dar la previsibilidad de los actos de cada uno y todos los de la colectividad. Eso incluye la necesidad de que se respeten los procedimientos para tomar y ejecutar las decisiones que, siempre dentro del ámbito limitado por las normas, tome y efectúe la autoridad.

En un país cuya incipiente cultura democrática entroniza al depositario de la rama ejecutiva del poder público, lo mismo federal que estatales, la función del amparo como control del poder se realza; lo hace más durante los innumerables periodos de hegemonía presidencial vividos por México, repetida casi fatalmente, desde su independencia.

No es saludable, en modo alguno, para la verdadera democracia, atentar en contra de la licitud de la figura y la legitimidad en su ejercicio, aduciendo intencionalidades que, aún en el supuesto de que existieran, no afectan la objetividad de la función instrumental del medio de protección y control denostado.

Cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes que de ella emanen no es algo que quede sujeto al arbitrio del gobernante, sino un deber inexcusable suyo, signo ineludible de civilidad hoy en día.

Cuando la garantía del correcto ejercicio del poder, fundada en la división de su ejercicio, no es suficiente para conseguir un eficiente sistema de “frenos y contrapesos” y, además, esa disfuncionalidad afecta derechos fundamentales, solo queda el control constitucional para impedir que la acción violatoria surta efectos y aún sea resarcida la persona afectada por las consecuencias de la indebida actuación de la autoridad responsable.

En ello destaca el juicio de amparo. Hay que enaltecerlo, cuidarlo y acatarlo, no pretender restarle legitimidad.
04 Agosto 2019 04:00:00
Reflexiones de pasillo
Todo cambio de gobierno genera desasosiego y en ocasiones, suspicacia. Es el caso que a muchos nos viene ocurriendo con la forma en que López Obrador lleva las riendas del país. Nos preocupa ese corte populista tendiente a la dádiva, que, con la mejor de las intenciones, apunta a resultar contraproducente. En un sistema todo derecho conlleva un deber correspondiente; cada ciudadano obtiene beneficios, en la medida en que cumpla con sus obligaciones, llámense fiscales o de otro orden. Para recibir debo a la vez dar, es la forma como un gobierno se mantiene funcionando y sale adelante. Cuando los pobladores acogen los provechos, pero no admiten su parte de obligaciones, se genera un desequilibrio social de variadas dimensiones. Tal es el riesgo que se corre en el sistema paternalista y discrecional que actualmente nos rige.

Procuro apoyar a los comercios locales, adquirir los insumos básicos en la miscelánea o en la frutería cuyos propietarios sean oriundos de la población. Sin embargo, tarde que temprano, las grandes cadenas comerciales terminan absorbiendo las transacciones de los ciudadanos. Es más práctico encontrar en un solo sitio la mercancía que se va a utilizar para la semana, y es así como privilegiamos a cadenas comerciales, en ocasiones transnacionales.

Por la razón que acabo de mencionar, acudí hace un par de días al supermercado. En el pasillo donde se expende el café y los edulcorantes, me encontré un niño de aproximadamente cinco años, perforando con el dedo una bolsa de azúcar. Para ese momento se observaban 3 o 4 bolsas con el contenido desparramado alrededor de ellas. No puedo asegurar que haya sido obra de ese niño, pero la que terminó por perforar cuando lo sorprendí, sí. Me detuve a indicarle que no lo hiciera, y fue hasta ese momento cuando me percaté de que a cada lado del pasillo estaban sus padres. Me miraron en silencio, se vieron uno a otro, y en seguida el papá le reclamó a la mamá por las acciones del retoño. La escena transcurrió a gran velocidad, pero algo me queda muy claro: Los padres no se habían percatado de la travesura del niño. Y ahora que rebobino la cinta mental, no alcanzo a entender qué hacían allí, ya que no traían mercancía con ellos. Un hecho evidente, es que no se daban cuenta de lo que hacía el chico.

Sigo adelante y veo dos mujeres con indumentaria sugestiva de pertenecer a alguna de las denominaciones, que obligan a la fémina a vestir de cierto modo, para evidenciar su filiación religiosa. Junto a ellas andaba un pequeñito de unos dos años que se les despegó y fue a estirar un “six” de latas de refresco, el cual cayó estrepitosamente al suelo. La mujer mayor corrió tras él y levantó el “six”, al tiempo que lo regañaba; me alegré suponiendo que el niño sería aleccionado. Poco duró mi alegría: La mujer tomó una de esas latas, la abrió y se la dio a beber, incluso ella le dio un sorbo, pues al abrirla el líquido salió a presión por efecto de la agitación que provocó el golpe contra el suelo. Volví a topármelas algunos pasillos más delante, el niño se había calmado, aparecía sentado en el asiento del carrito con su refresco al lado. Como me les quedara mirando, la mayor le dijo al niño en voz muy alta: “Aquí llévala así mientras la pagamos”. Como hecho adrede, volvimos a coincidir en las cajas. Para ese momento la lata había desaparecido del carrito de compras.

Parecen asuntos insignificantes, pero no lo son. Representan claros ejemplos del problema que se produce en una sociedad acostumbrada a recibir, sin la obligación de corresponder. Para ese futuro ciudadano la desobediencia civil será su estilo de vida; hallará normal actuar por encima de la ley, si desde pequeño ha recibido el mensaje –de padres y abuelos—de que así lo es. Por desgracia tenemos un sistema de justicia que muchas de las veces no hacen ningún favor para validar la ley. Tratándose de delitos del fuero común, aun en caso de víctimas mortales, las acciones para capturar y sancionar a los autores de un crimen son pocas. Los familiares emprenden por dependencias gubernamentales un Vía Crucis doloroso, cansado, y la mayor parte de las veces inútil. En muchas ocasiones terminan siendo ellos mismos quienes llevan a cabo las indagatorias. Aun así, no hay garantías de que se procese a los culpables. Sucede que, o no se les consigna, o se les imputan cargos que pronto desaparecen, y los sentenciados quedan en total libertad. Este modo de actuar llega a ser la burla más cruel, una suerte de charada que se monta para la foto, y se desmonta en cuanto la memoria colectiva descuida el asunto. Como los papás del primer niño, somos ciudadanos distraídos.

El tiempo de enmendar a México, con principios firmes desde casa, se nos está agotando.


https://contraluzcoah.blogspot.com/
04 Agosto 2019 04:00:00
Migración que mata
Otra tragedia, una más que sumar a la larga cadena de las precedentes: el pasado 31 de julio, personal de la Fiscalía General del Estado realizaba un operativo en las inmediaciones de las vías del tren, muy cerca de la “Casa del Migrante” de Saltillo, cuando un integrante de un grupo que había salido de ese albergue fue victimado, aparentemente por elementos de aquella institución, en circunstancias que no han quedado muy claras. El migrante que murió a causa de los disparos recibidos iba en compañía de su hija, una menor que, huelga decirlo, ha quedado en el desamparo, lejos de su familia y su entorno, lo que agrava su situación de orfandad.

El incidente ha tenido repercusiones de gran espectro, pues fue difundido por medios internacionales de gran penetración, y no solo por los locales y nacionales. Esta circunstancia motivó que la CNDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tomaran cartas en el asunto.

La primera solicitó medidas cautelares para que “se salvaguarde la integridad física de las personas en contexto de migración sobrevivientes, se les brinde atención médica, psicológica y asesoría jurídica; se garantice el derecho a la unidad familiar de la niña de 8 años, y se colabore con la representación consular de Honduras, a efecto de que el cuerpo de la persona fallecida sea repatriado”.

La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lamentó profundamente el incidente, e instó a las autoridades correspondientes “a esclarecer los hechos y fincar responsabilidades por medio de una investigación exhaustiva e imparcial conforme a los estándares internacionales de debida diligencia”.

El hecho confirma que, en el equívoco contexto de la migración en tránsito hacia los Estados Unidos, lejos de diluirse la violencia en contra de las personas migrantes, se ha recrudecido ¿Hasta dónde llegarán la crueldad y la falta de humanidad en el tratamiento de tan agudo cuanto complejo problema?

Es difícil decirlo porque en él confluyen una serie de factores de cuya interacción surge una sinergía negativa, en la que no es cosa menor el choque entre derechos: el derecho a migrar y las libertades de tránsito y asentamiento domiciliar de unos, por ejemplo, frente a los derechos a contar con condiciones seguras y estables en su entorno, de los habitantes de las poblaciones que están en el camino y aquellas que las autoridades estadounidenses han convertido en receptoras de quienes son expulsados del país o esperan la resolución de solicitudes de asilo.

Imposible pasar por alto los derechos de los primeros, pero también dejar de considerar que no hay recursos ni medios para recibir, de “golpe y porrazo”, a tantas personas que se agolpan en esas poblaciones, con todos los inconvenientes y riesgos para la seguridad, la salud pública y la economía, por mencionar solo algunos.

Una cosa es cierta: no es a balazos como podrá resolverse la situación, sino mediante la aplicación de espacios de políticas públicas racional y humanitariamente diseñadas y ejecutadas, en cuya médula aliente el cumplimiento del deber, a cargo de toda autoridad, de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos y las libertades y garantías de ellas que en su seno abrigan, sin posturas ingenuas y sin simulaciones que a veces son verdaderas farsas.

Que tengan presente siempre las autoridades ese deber primario, lo entiendan bien -sin confundir libertad con libertinaje- y lo cumplan con diligencia, es algo que toca vigilar y exigir, en última instancia, a la sociedad civil y a los organismos protectores de los derechos humanos. De ahí que tanto importe llevar a cabo la más pundonorosa defensa de su autonomía, tan temida por las autoridades y, en consecuencia, tan acosada por ellas.

En paráfrasis de Karl Popper hay que decir que tenemos que hacer planes para las libertades y los derechos fundamentales, y no solo para la seguridad, porque solo ellas y ellos pueden “hacer segura la seguridad”.
21 Julio 2019 04:00:00
Acoso a la CNDH
Hacia finales de junio, la secretaria de Bienestar del Gobierno federal rechazó la recomendación de la CNDH para que reparara íntegralmente la violación a los derechos fundamentales en que incurrió el Gobierno federal al cancelar el programa de guarderías. No fue una negativa llana, sino un virulento rechazo que, incluso, calificó a la recomendación como “una aberración inaceptable”.

Pero eso no fue todo, porque los comentarios y denuestos con que, además, fue aderezada, son inusitadamente agresivos.

Por si eso fuera poco, tal postura se refrendó por el Presidente mismo, quien rotundamente negó autoridad moral al ombudsman nacional, imputándole, sin fundamento y evidencia algunos, omisión y negligencia en casos anteriores, con el único propósito, dijo él, de encubrir al Gobierno durante la época de los regímenes “conservadores” de la “época neoliberal”.

Esa reacción, en primer lugar, configura una evidente falacia de distracción para eludir el tema central de la cuestión: el agravio, por la violación a los derechos humanos que sufren los usuarios y el personal de las guarderías por la cancelación del programa. No se intenta siquiera desvirtuar los argumentos de la CNDH en que basó su recomendación.
Pero eso no es lo más relevante del caso, porque la autoridad moral y la autonomía son condiciones “sine qua non” de la misión y funciones de todo defensor de los derechos humanos, incluidos, por supuesto, los públicos, y la andanada dirigida contra la CNDH va claramente dirigida a mermar la autoridad moral de la institución pública defensora de los derechos humanos nacional, y con ella, la de todas las del país.

Atacar su prestigio y credibilidad implica, además, una advertencia para presionar a los defensores para que se sometan al poder público.

La reacción internacional no se hizo esperar: el 12 de junio, mientras se celebraba en nuestro país el Día del Abogado y proliferaba la exaltación de los derechos humanos en los discursos y boletines de prensa oficiales, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) manifestó su preocupación frente a las “la-mentables descalificaciones” –así lo expresó el pronunciamiento– con que el Gobierno mexicano respondió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso mencionado.

La FIO solicitó a las autoridades mexicanas que actúen de acuerdo con los compromisos internacionales, asumidos a largo plazo, “a fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, puesto que con ello se propiciará la protección, no sólo de los grupos en situación de vulnerabilidad, sino de todos los seres humanos, y se previenen fracturas a la vida democrática en México.

Lo propio hizo, unos días después, el Instituto Internacional del Ombudsman (IIO), una organización mundial que agrupa a 200 instituciones independientes de más de 100 países.

Insistió en el tema del cumplimiento de los compromisos internacionales, pero además subrayó la necesidad de que el “Defensor del Pueblo” no esté “sujeto a ninguna forma de intimidación o amenaza que limite su independencia o restrinja su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas” y por lo tanto hizo expresa “su profunda preocupación por los acontecimientos recientes y condena enérgicamente cualquier ataque al Defensor del Pueblo o la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” en México.

“Las instituciones de Ombudsman son la esencia de la democracia y forman parte integral de la realidad constitucional. En un estado de derecho, es de interés público el respeto y el apoyo del mandato de independencia del Ombudsman”, afirma en su pronunciamiento el IIO, de donde deriva la esencial importancia de las funciones de las ombudspersons para el estable-cimiento, consolidación y desarrollo de la democracia.

La reacción internacional es muy digna de tomarse en cuenta, porque, en efecto, cuidar de las instituciones defensoras de los derechos humanos y garantizar el respeto a su autonomía e independencia de criterio refuerza la democracia, pero sobre todo apuntala las posibilidades de que, en el “estado de derecho”, el ejercicio del poder sea legítimo.
21 Julio 2019 04:00:00
Acoso a la CNDH
Hacia finales de junio, la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal rechazó la recomendación de la CNDH para que reparara integralmente la violación a los derechos fundamentales en que incurrió el Gobierno Federal al cancelar el programa de guarderías. No fue una negativa llana, sino un virulento rechazo que incluso calificó a la recomendación como “una aberración inaceptable”.

Pero eso no fue todo, porque los comentarios y denuestos con que además fue aderezada, son inusitadamente agresivos.

Por si eso fuera poco, tal postura se refrendó por el presidente mismo, quien rotundamente negó autoridad moral al ombudsman nacional, imputándole, sin fundamento y evidencia algunos, omisión y negligencia en casos anteriores, con el único propósito, dijo él, de encubrir al gobierno durante la época de los regímenes “conservadores” de la “época neoliberal”.

Esa reacción, en primer lugar, configura una evidente falacia de distracción para eludir el tema central de la cuestión: El agravio, por la violación a los derechos humanos que sufren los usuarios y el personal de las guarderías por la cancelación del programa. No se intenta siquiera desvirtuar los argumentos de la CNDH en que basó su recomendación.

Pero eso no es lo más relevante del caso, porque la autoridad moral y la autonomía son condiciones “sine qua non” de la misión y funciones de todo defensor de los derechos humanos, incluidos, por supuesto, los públicos, y la andanada dirigida contra la CNDH va claramente dirigida a mermar la autoridad moral de la institución pública defensora de los derechos humanos nacional, y con ella, la de todas las del país.

Atacar su prestigio y credibilidad implica además una advertencia para presionar a los defensores para que se sometan al poder público.

La reacción internacional no se hizo esperar: El 12 de junio, mientras se celebraba en nuestro país el “Día del Abogado” y proliferaba la exaltación de los derechos humanos en los discursos y boletines de prensa oficiales, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) manifestó su preocupación frente a las “lamentables descalificaciones” -así lo expresó el pronunciamiento- con que el Gobierno mexicano respondió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el caso mencionado.

La FIO solicitó a las autoridades mexicanas que actúen de acuerdo con los compromisos internacionales, asumidos a largo plazo, “a fin de proteger y reconocer la función, atribuciones y mandato constitucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, puesto que con ello se propiciará la protección, no sólo de los grupos en situación de vulnerabilidad, sino de todos los seres humanos, y se previenen fracturas a la vida democrática en México.

Lo propio hizo, unos días después, el Instituto Internacional del Ombudsman (IIO), una organización mundial que agrupa a 200 instituciones independientes de más de 100 países.

Insistió en el tema del cumplimiento de los compromisos internacionales, pero además subrayó la necesidad de que el “Defensor del Pueblo” no esté “sujeto a ninguna forma de intimidación o amenaza que limite su independencia o restrinja su capacidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas” y por lo tanto hizo expresa “su profunda preocupación por los acontecimientos recientes y condena enérgicamente cualquier ataque al Defensor del Pueblo o la institución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” en México.

“Las instituciones de Ombudsman son la esencia de la democracia y forman parte integral de la realidad constitucional. En un estado de derecho, es de interés público el respeto y el apoyo del mandato de independencia del Ombudsman”, afirma en su pronunciamiento el IIO, de donde deriva la esencial importancia de las funciones de las ombudspersons para el establecimiento, consolidación y desarrollo de la democracia.

La reacción internacional es muy digna de tomarse en cuenta, porque, en efecto, cuidar de las instituciones defensoras de los derechos humanos y garantizar el respeto a su autonomía e independencia de criterio refuerza la democracia, pero sobre todo apuntala las posibilidades de que, en el “estado de derecho”, el ejercicio del poder sea legítimo.
14 Julio 2019 03:00:00
El ejercicio de la abogacía
El 12 de julio de 1553 se dictó en México la primera lección de la cátedra de leyes, que corrió a cargo del letrado don Bartolomé de Frías y Albornoz. Por esa razón, y a iniciativa de Federico Bracamontes, director del Diario de México, el presidente López Mateos decretó la instauración del Día del Abogado precisamente en el día correspondiente de cada año.

Acaba de celebrarse y eso invita a reflexionar sobre la abogacía y su ejercicio, especialmente en estos tiempos de tribulación vinculada con, precisamente, el desapego a las estructuras normativas y el desorden corruptor que eso conlleva.

Son días –coincidentemente– en que se conmemora la fundación de la Escuela Libre de Derecho, en 1912, que surge al amparo del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la agrupación profesional más antigua de América.

De ese colegio toma la escuela el lema que aparece en los títulos que expide: “ius neque inflecti gratia neque perfringi potencia neque adulterare pecunia debet”, lo que en castellano significa que el derecho no debe ser desviado o degradado por los favores, ni quebrantado por el poder, ni adulterado por el dinero.

Ese es un buen referente para orientar la conducta de quienes, al abrazar el ejercicio de la operación profesional jurídica, asumen también el deber, tanto jurídico como ético, de salvaguardar la justicia que constituye la materia prima del Derecho, garantizada por la seguridad jurídica, entre cuyos extremos no hay contradicciones, aunque no es raro que una u otra sean presentadas como excluyentes, lo que es un falso dilema.

El Ulpiano, ese insigne jurista romano a quien se cita frecuentemente (mal, por cierto) al definir la justicia, dejó sentado que el Derecho es “la ciencia de lo justo y de lo injusto”.

Él mismo, en el “Digesto”, precisa que los preceptos del Derecho descansan en tres principios básicos: vivir honradamente, no dañar a los demás y respetar el derecho de cada uno de los demás.

Poco complicada es esa fórmula, que sin embargo traducir en hechos y acciones requiere voluntad, resolución y disciplina. De otra manera, serán postulados sonoros e inalcanzables, aptos para colmar discursos y escritos de oropeles, pero ideas sin sentido porque nacen muertas desde el momento en que no hay intención de perseguirlas como ideales.

Es claro: se requiere más que buena voluntad, porque la sociedad de nuestros días ofrece complejidades que demandan de una estructura igualmente compleja y, además, sutil. Hace falta por lo tanto estudiar esas realidades para mantener al día los saberes y soluciones jurídicas que a su estructura le hagan falta, para que no pierda firmeza y agilidad.

Es alentador, por lo tanto, que quienes han asumido la dirigencia de la Asociación Abogados de Coahuila, A. C., durante la ceremonia oficial del caso, hayan manifestado, por boca de su presidente, que “…debemos asumir… un liderazgo de conocimiento, un conocimiento técnico-científico, que nos permita comprender a fondo, lo que la sociedad actual requiere de nosotros los abogados”, además de tener presente que “la formación jurídica, no concluye con los años universitarios, es propio de la naturaleza de nuestra profesión, el aprendizaje constante y la mejora continua”.

Es prometedora la idea de que el Derecho es dinámico, y que se debe en consecuencia entender que su estudio “es algo más que conocer la ley”.

De incurrir en ello, sobrada razón existe al afirmar que no puede conformarse ni detenerse la acción del jurista en el estudio del marco normativo o la técnica legislativa, que muchas veces, como es fácil atestiguar, se mantiene y ha mantenido ajena a la ciencia jurídica y, yo diría más, al más elemental sentido de la justicia y lejana a la razón y la lógica.

Es bueno que las nuevas generaciones se despojen de las camisas de fuerza de una tradición desgastada y vacía, para rescatar las esencias del saber jurídico y adaptar su aplicación a los requerimientos contemporáneos.

Auguro para ellas, así, el mayor éxito.
07 Julio 2019 04:00:00
La seguridad y la economía
El presidente López Obrador ha insistido en que la inseguridad se debe a la falta de oferta ocupacional lícita para los jóvenes, a una economía “injusta” que, cuando deje de serlo y crezca de modo que sean accesibles a todos sus beneficios, ya no será atractivo dedicarse a actividades ilícitas para sobrevivir.

Paralelamente, porque la economía de alguna ayuda requerirá, el brazo fuerte del gobierno, ya limpio de corrupción y vicios, encarnaría en la Guardia Nacional que, aunque nutrida principalmente de fuentes militares de reclutamiento, absorbería también a la Policía Federal, cuyas funciones asumiría.

¡Menudo problema! Resulta que, según todos los indicadores serios, la economía no crecerá en suficiencia; antes, al contrario, crecerá a un ritmo y en dimensiones reducidas frente a las primeras previsiones y menos aún de lo que lo hizo en años anteriores.

¿Como conseguir así la bonanza indispensable para darle cabida a los millones de jóvenes que cada año se suman a la demanda de trabajo? Los recortes y ahorros obtenidos de la reducción de varios otros programas no serán suficiente, es claro.

No ayuda el hecho de que el modelo “estado de bienestar”, asistencial y dadivoso, que se ha adoptado, haya demostrado históricamente que lejos de producir bonanza para todos, conduce a lo contrario, porque su pretensión de satisfacer necesidades sin estimular el crecimiento económico, ayudas sin generación de riqueza, conduce irremisiblemente a la insuficiencia, la inflación galopante y el empobrecimiento generalizado, dado que ahuyenta las inversiones y desestimula las iniciativas de emprendimiento e inversión que son necesarias para generar riqueza. Este flanco, por lo que se ve y según indicadores dignos de confianza, no está bien cubierto.

El otro, infortunadamente, tampoco: la Guardia Nacional, tan polémica, tan discutida, de tan accidentado proceso de formación, no acaba todavía de cuajar y ya enfrenta un problema que, aunque sea superado en la coyuntura, muy probablemente dejará cicatrices que pueden resultar en serios daños estructurales en todo el aparato de seguridad y no solo en ella.

Aun suponiendo que, como afirman las autoridades, se trate de un número relativamente pequeño de policías federales inconformes el que se manifiesta inconforme con el tránsito a la Guardia Nacional; aunque así fuera, es insoslayable que se trata de un efecto causado por innumerables muestras de trato indigno y de desaseo en el proceso, que han impactado gravemente en la moral del nuevo cuerpo.

En la encrucijada histórica contemporánea, se corre el riesgo, por si eso fuera poco, de que ese efecto pueda cundir en la moral y la disciplina de otras corporaciones, con el consiguiente agravamiento de una situación que ya, en las condiciones presentes, es grave.

La reacción de la cúpula del mando, que ha tendido a restar importancia al movimiento e incluso a trasladar responsabilidades en él, no contribuye a la solución del conflicto.

Culpar al “neoliberalismo”, los “conservadores” y atribuir las causas a una hipotética conjura de una difusa -y mutante, por lo que se ve- “mafia del poder”, aleja la solución en la medida en que distrae de la búsqueda seria de las causas de la injusta estructura social, que tampoco podrá ver el éxito incrementando la fuerza, que, por definición, nada más cabe cuando falta el poder político, ese que radica en la capacidad de armonizar las energías y tendencias sociales todas, a partir de valores comunes y no de insultos, descalificaciones y violencia verbal, origen indefectible, además, de escalamientos que suelen llegar a episodios irreparables de violencia física.

Sensatez, conciliación y respeto es lo que falta. Diálogo constructivo, no confrontación y elusión se responsabilidades.

En este país cambiarán las cosas cuando exista una actitud generalizada en la que, cada uno y todos, reconozcan y respeten, continua y permanentemente, los derechos de los demás y cumplan con los deberes propios, por convicción y no por miedo. Si no es así, no habrá dádivas o fuerza que sean suficientes para traer la paz y seguridad que se echan de menos.

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