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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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14 Septiembre 2019 04:07:00
La cabeza de Cabeza de Vaca en la mira
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su Gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No solo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el Mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su Gobierno, que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su Administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que –inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos– no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su Gobierno, es que el Gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo Gobierno al que pertenece.

Irving Barros llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “michoacanazo” con el que el Gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009.

Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barros Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del Gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barros”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barros Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección.

Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado Gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de fiscal general del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barros y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas.

El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barros y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo.

Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no solo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al Gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este Gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el Mandatario federal.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del Gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes.

El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del Gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.



NOTAS INDISCRETAS…

Mañana será el primer grito de Independencia que dé Andrés Manuel López Obrador. Hay expectación para ver con qué sorprende el Presidente en la ceremonia oficial, no solo porque todos los presidentes siempre le imprimen su estilo y hasta sus “añadidos” en frases o nombres de héroes a la tradicional proclama, sino porque el tabasqueño desde el inicio de su mandato se ha empeñado en demostrar que él es diferente a todos sus antecesores y se esfuerza siempre por romper moldes y formas políticas para dejar claro que con él hay un antes y un después en la Presidencia.

¿Será que a las frases de los “vivas” y a sus héroes predilectos le suma la frase de “Viva la Cuarta Transformación”? Se aceptan apuestas…

En estos días de porros y encapuchados en la UNAM, en los prolegómenos de la sucesión universitaria, hay nombres que han salido a relucir cuando se habla de quienes mueven a los grupos porriles y anarquistas en la máxima casa de estudios.

Hace unos días informamos aquí de una carta extensa dirigida al rector Enrique Graue, por parte de la Unión de Alumnos Trabajadores y Profesores en contra de la Impunidad en el CCH, en la que se critica la incorporación al área de la Seguridad de los Colegios de Ciencias y Humanidades de Marco Martínez Blas, quien colaboró por más de 10 años en Rectoría con Jaime Vázquez, a quien los firmantes ubican como un “oscuro operador de porros y activistas”.

Con los años, comenzó a utilizar a grupos estudiantiles de porros y activistas. Los encapuchados de la UNAM es una de sus más sofisticadas hechuras. El ataque a Rectoría el 3 de septiembre, dicen los trabajadores y alumnos del CCH, es su responsabilidad.

Pero por el modus operandi todo indica que los desmanes en la marcha feminista de hace semanas en la Glorieta de Insurgentes también. Jaime Vázquez, ha sobrevivido los tres cambios de titular en la Secretaría de Atención a la Comunidad durante la Administración de Enrique Graue. Hasta el fin del priismo tuvo la protección del citado Miguel Robles. La institución debe explicar ¿quién lo protege y con qué fines? ¿Cuál es la razón para seguir contando con sus servicios?

Los dados mandan Escalera doble para el puente. Felices fiestas patrias para todos los amables lectores. ¡Y que Viva México!
01 Abril 2020 04:00:00
Ebrard, ¿jefe de Gabinete?; Herrera y Durazo, regañados
La decisión de que fuera Marcelo Ebrard quien saliera a hacer la declaratoria oficial de “Emergencia Sanitaria” en el país, en lugar del titular del Ejecutivo o cualquier otro miembro del Gabinete, la tomó directamente el mismo presidente López Obrador, quien designó al secretario de Relaciones Exteriores como el “único responsable de hablar y dar anuncios de la parte política” en la emergencia del coronavirus en el país. “Aquí, en mi ausencia, el que toma las decisiones políticas es Marcelo”, les dijo el Presidente el lunes por la mañana a su equipo de colaboradores.

En Palacio Nacional, durante la reunión de Gabinete que se llevó a cabo a las 6 de la mañana para tratar los temas urgentes de la pandemia del Covid-19, en sustitución de la reunión habitual del Gabinete de Seguridad, López Obrador les habló fuerte y claro a sus colaboradores más cercanos, y en medio de regaños para algunos y llamadas de atención para otros, el Mandatario definió que para hablar de las decisiones de su Gobierno, en relación a la emergencia sanitaria, solo hay dos voceros autorizados para hablar en su nombre: la parte médica la va a manejar el subsecretario Hugo López-Gatell, y en la parte política el único autorizado es Marcelo Ebrard Casaubón.

Eso explica por qué, la noche del lunes, en el anuncio oficial de la declaratoria de emergencia que se hizo en la conferencia de prensa en el mismo Palacio Nacional, al centro de la mesa estaba el canciller, mientras que a su derecha se encontraba el secretario de Salud, Jorge Alcocer, de mero adorno, y a la izquierda el subsecretario Hugo López-Gatell. Y atrás, en el fondo, aparecía la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien ni siquiera sentaron en la mesa, en un claro desplazamiento de la responsable de la política interior en el Gabinete.

Pero así como Marcelo Ebrard salió fortalecido de esa reunión del lunes –tanto que en los corrillos políticos se volvió a hablar del papel del canciller como “presidenciable”, “vicepresidente” o hasta “jefe de Gabinete” virtual– hubo otros secretarios de Estado a los que no les fue nada bien en ese mismo encuentro con el Presidente, que estuvo especialmente “duro” con sus colaboradores, según comentan un par de asistentes a ese encuentro.

Por ejemplo, cuando Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentó sus estadísticas más recientes y confirmó un “repunte” en los índices delictivos por el crecimiento de delitos graves en el mes de marzo, como los homicidios dolosos, el Presidente se encendió y le reprochó molesto al sonorense: “Se los dije, que sus cifras anteriores no marcaban tendencia”, comentó en relación al último reporte que Durazo presentó en la conferencia mañanera del pasado 23 de marzo cuando presumió una “baja marginal” en los homicidios dolosos en febrero de este año, cuando reportó 2 mil 766 homicidios en el país, contra los 2 mil 819 registrados en enero. Esa diferencia de 53 homicidios presumida por Durazo le valió el reclamo presidencial.

“Las muertes por coronavirus no podremos hacer nada para evitarlas, eso es algo de la naturaleza, pero esas otras muertes (las de la violencia y la inseguridad en el país) sí las podemos evitar”, recriminó el Presidente a su secretario de Seguridad, a quien le dijo que “no se debe abandonar la estrategia de seguridad” y les exigió reforzar las políticas de seguridad en todo el territorio para abatir los índices de homicidios violentos.

Cuando llegó el momento de revisar las compras de insumos médicos y medicinas para la emergencia del coronavirus, el regaño fue para el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. A la pregunta del Presidente de si ya habían adquirido todas las medicinas y los equipos urgentes, como ventiladores, para atender a los enfermos del Covid-19, Herrera respondió que no, que habían surgido “complicaciones administrativas” porque en otros países no aceptaban las facturas mexicanas, por lo que no se habían realizado todas las compras necesarias y solicitadas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud.

Cuando salieron de esa reunión el lunes pasado, en la que el Presidente, como siempre lo hace, sentó a su derecha a Julio Scherer y a su izquierda a Lázaro Cárdenas Batel, a varios les quedó la sensación de dos cosas: que el Presidente estaba irritable y presionado por toda la situación que enfrenta su Gobierno –entre coronavirus, crisis económica, caída petrolera y el peso vapuleado– y que en el juego de fuerzas y posiciones del Gabinete, la actual emergencia sanitaria y el cambio de escenarios políticos, electorales y sociales que traerá, fortalecen a algunos como Marcelo y debilitan a otros que salieron desplazados, regañados y vapuleados.


Notas Indiscretas…

La enorme difusión y la crítica nacional e internacional que generó el video del saludo del Presidente a la señora María del Consuelo Loera, madre del “Chapo” Guzmán, cayó muy mal en el ánimo del Presidente y en su primer círculo.

Aunque López Obrador explica que fue un “saludo casual” y que a él le avisaron que la señora había ido a encontrarlo en un punto del nuevo camino que iba a supervisar en su gira por Badiraguato, en el análisis interno de la Presidencia hay la idea de que “pudo ser una trampa” la que le pusieron al Mandatario.

Primero porque alguien debió avisarle a la señora Loera o a sus abogados que la acompañaban, el punto exacto donde se iba a detener el Presidente, luego porque, cuando él acepta ir a saludarla en un gesto de “humanidad” –según su propia explicación— hay personas que lo graban desde que se enfila hasta la camioneta, cuando le da la mano y hasta cuando camina de regreso a su vehículo y lo aborda, con excesiva confianza tocándole el hombro y jalándolo del brazo, el abogado defensor del “Chapo”, José Luis Meza.

Lo que más extraña y que incluso se ha pedido investigar desde Palacio Nacional es quién y con qué intención filtraron ese video a los medios y a las redes sociales, pues se tiene la presunción de que todo pudo haber sido planeado para golpear al Presidente ¿Será?... Se baten los dados. Capicúa. Repetimos el tiro.

31 Marzo 2020 04:07:00
AMLO y el cártel de Sinaloa, ¿humanidad o debilidad?
El Presidente implacable contra la corrupción, el que no ha tenido miedo de enfrentar todos los intereses y a los políticos del viejo sistema prianista, el que no soporta a los “delincuentes de cuello blanco” y enfrentó a la mafia del huachicol dentro y fuera de Pemex, el que no le teme ni siquiera al coronavirus y lucha todos los días con las resistencias y las conspiraciones de sus adversarios -los “conservadores”- que quieren que le vaya mal a su Gobierno, solo se ha doblegado y enternecido ante dos apellidos que parecen producirle debilidad muy especial: Guzmán Loera.

Primero fue el contacto con la madre de Joaquín Guzmán Loera, vía epistolar en febrero de 2019. En la primera de tres cartas que le ha enviado, María del Consuelo Loera le pedía ayuda para algo que, López Obrador debió saber, era imposible: la repatriación de su hijo de Estados Unidos. Luego otra carta de la nonagenaria en julio del mismo año y la designación de sus dos abogados, José Luis Meza y Juan Pablo Badillo -los que defendieron al Chapo- para que fueran apoyados por oficinas federales para conseguir su objetivo, además de tramitarle una “visa humanitaria” a la madre del Chapo. Finalmente fue la carta de ayer, 29 de marzo, donde le informa del fracaso de las negociaciones y le insiste que la ayude para ver a su hijo que “tengo más de 5 años sin verlo”.

La segunda vez que ayudó, directa o indirectamente a la familia del Chapo fue en octubre de 2019, con la cuestionada liberación de Ovidio Guzmán López, estando ya detenido por soldados de élite del Ejército Mexicano.

Curiosamente en ambas ocasiones, ante los fuertes cuestionamientos que ha desatado dentro y fuera de México, el Presidente ha invocado las mismas razones para justificar su actuación, que de un modo u otro beneficia a la familia de Guzmán Loera: “fue por razones humanitarias”, ha dicho López Obrador.

El argumento de “humanidad” que invoca López Obrador para apoyar y ayudar de la manera en que lo ha hecho a la señora Loera puede entenderse, pero no alcanza para explicar por qué a ella sí, el Presidente la ayuda, la saluda de mano y le ofrece todo el apoyo de su Gobierno para ayudarla a que vea a su hijo —por cierto uno de los delincuentes más violentos y sanguinarios que ha habido en México— y por qué no a todas las madres de hijos encarcelados, asesinados o desaparecidos.

Por lo pronto, mientras no haya explicaciones más convincentes sobre la actitud presidencial, solo queda concluir que, además de trasnacional, el cártel de Sinaloa ha resultado “transpartidista y transideológico”, pues no solo nació, creció y se consolidó en el régimen del PRI, para después volverse en los dos sexenios del PAN la organización de narcotráfico más poderosa del mundo y El Chapo Guzmán el capo más buscado, sino que ahora en tiempos de la 4T al parecer sigue contando, al menos con el buen ánimo y la “humanidad” del presidente López Obrador. Ahora sí, que parafraseando al clásico que alguna vez citó lo de su plumaje que no se mancha, el cártel sinaloense transitó del neoliberalismo a la 4T sin perder una sola pluma.
30 Marzo 2020 04:03:00
México en la hora cero: #QuédateEnCasa
Lo dicen las autoridades y lo confirman las experiencias en varios países: hemos llegado al momento en el que el aislamiento social, y su cumplimiento estricto por parte de las familias y los ciudadanos, es la última oportunidad que nos queda de evitar que México y los mexicanos vivamos una catástrofe sanitaria, humana y médica por
el coronavirus.
El golpe de la pandemia, en contagios, víctimas y daños económicos, ya no lo podemos evitar, pero sí está en nuestras manos hacer que ese golpe no sea tan duro, reduciendo el número de casos de contagio y salvando así a nuestro sistema de salud del colapso.
El tono de alarma, casi angustiado, con el que el subsecretario Hugo López-Gatell repitió el sábado, hasta en tres ocasiones, que nos quedemos en casa, ilustra el momento clave que vivimos. Lo que el encargado nacional de la estrategia contra el coronavirus quería transmitir es que si no entendemos y no colaboramos como sociedad podríamos caer en una crisis de salud que rebase las capacidades humanas, hospitalarias y de recursos. Algo como lo que le pasó a Italia y España, pero multiplicado por tres por el tamaño
de nuestro país.

La analogía parece absurda, pero para entender lo que López-Gatell quiso decir en su mensaje, estamos en esa escena que siempre se repite en cualquier película de terror cuando la joven que huye despavorida del monstruo o del asesino serial y se encuentra con una bifurcación del camino. En el cine de horror la joven siempre tomará el camino donde le espera el asesino-monstruo que encarna todos sus miedos e irremediablemente morirá.

La pregunta es ¿qué haremos los mexicanos ante esa disyuntiva? ¿Iremos por el camino donde nos espera lo peor o tomaremos el camino que nos puede salvar no de la crisis, pero sí del colapso? Lo dijo también el mismo López-Gatell: hoy podemos aminorar el tamaño de la pandemia mundial en México, pero no evitaremos sus estragos.
Conforme las medidas de aislamiento social y parálisis de la actividad económica continúen, en este momento al menos por un mes más, aunque las autoridades dicen que esta epidemia en el país puede durar hasta siete meses, serán cada vez más los sectores de la producción, del comercio y los servicios los que se verán afectados y más mexicanos los que pierdan su empleo.

Después de un sismo, un huracán o una pandemia como la que vivimos, la experiencia nos dice que es previsible esperar escenarios sociales complicados. La misma Ciudad de México ha vivido ya ese tipo de experiencias con los sismos de 1985 y de 2017, cuando esos desastres provocaron conflictos sociales y de seguridad. Y ahora esta ciudad volverá seguramente a ser el epicentro de la pandemia en su punto más complicado.

Se van a necesitar autoridades muy fuertes y decididas a tomar acciones necesarias para controlar el orden y la estabilidad social. E incluso, en algún escenario extremo, podría ser necesario declarar un estado de excepción en algunas partes del país. El único que tiene facultades legales y constitucionales para decretar el Estado de Excepción con el apoyo de la Guardia Nacional, es el Presidente de la República. ¿Lo haría?

Nadie quiere pensar en escenarios tan difíciles y cualquier político lo pensaría dos veces antes de tomar una medida tan extrema, sobre todo si lo que más le preocupa es su popularidad y aprobación. El viernes pasado fue ubicado por varios encuestadores que miden la aprobación presidencial como el “punto de inflexión” en la popularidad y la aprobación del Presidente, que ya rompió el piso sicológico de 50% de aprobación; y bajando de esa cifra se rompe un límite en el que ya la desaprobación es mayor que la aprobación.

Hoy más que nunca necesitamos un Presidente fuerte, sano y que esté dispuesto a ejercer su autoridad, primero en esta emergencia, para salvar la vida del mayor número de mexicanos posible, y después, en lo que venga, utilizando todos los instrumentos y las facultades que le da la Constitución.

28 Marzo 2020 04:02:00
En medio de la emergencia por Covid, ¿jaloneo por recursos?
Aunque no cuadran las cuentas y los que saben de temas presupuestales ponen en duda la cifra, el anuncio del presidente López Obrador de que su Gobierno tiene listo un fondo extraordinario de 400 mil millones de pesos para combatir la pandemia del coronavirus en México, desató no solo especulaciones por saber de dónde surge ese supuesto fondo y si es real tal disponibilidad de recursos, sino también ambiciones y exigencias de los gobernadores estatales que han comenzado a presionar con que si es real que la Federación tiene esos recursos para la emergencia sanitaria, entonces debe repartir también a las entidades del país.

El Presidente anunció el 24 de marzo pasado en su conferencia mañanera, que gracias a los ahorros y a que ya no hay corrupción en su Gobierno, se tienen “fondos extras para usar de alrededor de 400 mil millones de pesos” y dijo que con ellos garantiza que se mantendrán los programas de bienestar en su Administración.

“Además del presupuesto, porque la recaudación ha sido buena, tenemos una recaudación 7% superior a la del año pasado, con como 45 mil millones de pesos; tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones de pesos adicionales. Esto nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, para que continúe la construcción del aeropuerto, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya…”, aseguró el Mandatario.

Nadie sabe exactamente dónde están esos recursos que mencionó el Presidente, porque no aparecen ni en la Ley de Ingresos ni en el Presupuesto de este año, ni siquiera en el apartado de extraordinarios, y algunos han especulado si no se trata de lo que queda del Fondo de Estabilidad que le heredó el Gobierno de Peña Nieto, aunque a ese fondo le quedaban solamente 160 mil millones de pesos después de que se destinara la mayor parte al fallido rescate de Pemex.

Pero por lo pronto, la abultada cifra del supuesto Fondo Extraordinario ya llamó la atención de los gobiernos estatales, sobre todo cuando el país se enfila hacia una recesión económica por los efectos de la pandemia del coronavirus.

Piden gobernadores ‘reunión urgente’

En ese sentido va el llamado que este viernes hicieron los tres gobernadores que conforman la llamada “Alianza del Noreste”: el panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el priista de Coahuila, Miguel Riquelme, y el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, quienes pidieron una reunión inmediata (con el presidente López Obrador) “para coordinar acciones y evaluar recursos médicos, técnicos y financieros” y para que haya mayor consenso en la toma de decisiones conjuntas entre Federación y estados.

En su segunda reunión desde que se erigieron el 19 de marzo pasado como Coordinación Interestatal Noreste en contra del Covid-19, los tres mandatarios estatales se encontraron este viernes en Saltillo y desde ahí lanzaron una petición para que el Presidente tome “acciones urgentes” en la frontera norte con Estados Unidos e incluso propusieron cerrar la entrada a México a viajeros procedentes del país vecino y solo permitir el comercio, ante el agravamiento de los casos en territorio estadunidense.

Los tres gobernadores coincidieron en la necesidad de que López Obrador llame a una reunión con los estados para tomar medidas conjuntas para el “rescate económico” de los distintos sectores que se verán afectados por la crisis que traerá el coronavirus, sobre todo en el Norte del país.

Se deben establecer, dijeron los mandatarios locales, espacios económicos de acuerdo a las necesidades de cada estado en esta contingencia sanitaria.

“Que nos convoque, es importante que hagamos una política todos juntos”, pidió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien reconoció que los estados no pueden ordenar el cierre de la frontera con EU, pero sí pueden pedírselo y acordar con el Presidente que tome medidas como restringir el paso a visitantes de EU o incluso limitar los vuelos y los viajes internacionales.


‘No habrá más recursos’

Pero la intención de los gobernadores estatales de solicitar una reunión urgente con el Presidente, fue leída rápidamente en Palacio Nacional como un intento de presionar a López Obrador a que les aumente los recursos a los estados con motivo de la emergencia por el coronavirus.

De entrada, la posición del Gobierno central es que “no habrá recursos extraordinarios para los estados” y este viernes mismo un funcionario de la Presidencia comentó a esta columna, a pregunta expresa de si se va a compartir con las entidades federativas el fondo extraordinario de 400 mil millones de pesos: “Que se compren un cinturón más pequeño (los estados) porque van a tener que apretarse, ya que no habrá más recursos federales”.

Según ese mismo funcionario, que pidió omitir su nombre, precisamente por la contingencia del Covid-19, la Secretaría de Hacienda ya les adelantó a los gobiernos estatales sus partidas federales para salud y les entregó por anticipado lo que corresponde hasta el mes de junio de este año, a fin de que tengan recursos suficientes para atender la emergencia sanitaria en sus estados.

“Más de eso no va a haber y si quieren ver al Presidente para pedirle más recursos, van a perder el tiempo porque les dirá que ya se les entregó incluso por anticipado lo que les corresponde por ley”, insistió la fuente presidencial.



En fin que, a reserva de que sean reales los 400 mil millones de pesos que el Presidente dice tener listos y “en caja” para sortear la tremenda crisis económica que se viene en el país, y cuyos pronósticos de contracción y crecimiento negativo van del -2% del PIB hasta el -7%, veremos si ese fondo alcanza para salir bien librados de la que sería la peor recesión en la historia reciente de nuestro país, mayor incluso que la de 1995 y la de 2009, y solo por debajo de la que tuvimos en 1930.

¿Será que si existe esa cantidad de dinero el Gobierno federal se la queda toda y no comparte nada a los apurados estados?

Los dados mandan Escalera doble. Fortaleza, paciencia, tolerancia y unión para los lectores y sus familias en estos días aciagos.


26 Marzo 2020 04:07:00
El golpe de Mexicali es contra Valentín
Una fuente del Gobierno federal, cercana a Palacio Nacional, nos llamó para hacernos una precisión: “Lo de la cancelación de la cervecera en Mexicali (Constellation Brands) no es contra todos los empresarios, es contra los del Grupo Modelo, especialmente contra Valentín Díez Morodo”. Y mencionó que detrás de la “consulta popular” que mandó organizar y realizar López Obrador para validar la cancelación de la inversión millonaria están las facturas que le cobran a uno de los principales accionistas y herederos de Grupo Modelo por haber sido, con el IMCO y con su Consejo Mexicano de Comercio Exterior, de los impulsores de la “guerra sucia” contra el entonces candidato presidencial de Morena, con la producción y difusión del video “Populismo en América”.

Díez Morodo, que junto con María Asunción Aramburuzavala heredaron e impulsaron el crecimiento mundial de Grupo Modelo, al que después vendieron por 20 mil 100 mdd a la belga AB InVev, es un empresario mexicano, descendiente de migrantes españoles, al que se le considera “el consejero por excelencia de la clase empresarial del país”. Y es que su nombre está en más de 30 consejos de administración de grandes corporativos, instituciones y museos. Aunque se le considera “políticamente correcto”, también tiene sus filias y fobias políticas y en 2018 participó, junto con otros empresarios como Claudio X. González, en el financiamiento de varias campañas en contra de López Obrador.

Este sábado el Presidente estará de visita en Mexicali y, aunque anunció que tendrá un diálogo con los inversionistas de Constellation Brands, el consorcio estadunidense socio del Grupo Modelo muy seguramente va a validar y a respaldar el resultado de la consulta organizada y ejecutada por la Secretaría de Gobernación y la decisión de cancelar la construcción de la planta, que ya llevaba 70% de avance y en cuyo proyecto se habían invertido 900 millones de dólares. El propio López Obrador ha dicho que le va a plantear al consorcio estadunidense la posibilidad de que construya su planta en otro estado de la República “en donde haya agua” y esa es una de las propuestas que podría negociar con los socios de Díez Morodo.

La animadversión particular contra Díez Morodo, dice la fuente, es porque lo ubican como uno de los que más financió el golpeteo y los ataques políticos en contra del proyecto de Morena en las pasadas elecciones presidenciales. Y es tan personalizado el tema, que ya en septiembre de 2019, cuando se llevó a cabo en Monterrey la entrega del Premio Nacional de Exportación, que entregan cada año precisamente Valentín y su Consejo Mexicano de Comercio Exterior, López Obrador le hizo el desaire de dejarlo plantado y no asistió al evento.

Incluso, comentan que las reacciones y donaciones de varios empresarios, en medio de la contingencia sanitaria por el coronavirus, buscan también dejar en claro que el presidente López Obrador “no tiene ni busca pleito con todos los empresarios”, pero sí con aquellos que durante tres campañas presidenciales, incluida la de 2018 que ganó, se encargaron de financiar campañas negras para golpearlo, desacreditarlo y presentarlo como “el peligro para México”.

Eso explica que se difundieran en la mañanera las llamadas, las donaciones y las cartas de apoyo de Carlos Slim, de Alberto Bailleres, y que un empresario tan cercano a la 4T como Ricardo Salinas Pliego, saliera a decir que “vamos a defender al Presidente”.

Será interesante ver cómo termina el asunto de Constellation Brands y la planta cervecera que se quedará al 70% de construcción. Y cómo el Presidente negocia y convence a los empresarios estadunidenses de mantener su inversión de mil 400 millones de dólares pero moverla a otro estado del país y, quién sabe, también tal vez los convenza de cambiar a su socio mexicano de Grupo Modelo. ¿Será?
25 Marzo 2020 04:07:00
SAT impío: ni descuentos ni prórrogas por Covid-19
El mensaje de ayer martes del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en la conferencia mañanera, no solo fue anticlimático para los sectores económicos y empresariales que esperaban algún mensaje de aliento y algún programa de medidas y apoyos contracíclicos para enfrentar la amenaza de recesión sobre la economía mexicana; también resultó decepcionante para los contribuyentes, tanto los grandes como la mayoría de cautivos, profesionistas, empleados, creadores, independientes, empresarios medianos y pequeños, prestadores de servicios y otros que no escucharon ninguna medida de apoyo fiscal, ningún descuento o al menos una prórroga del fisco para ayudar a preservar sus ingresos o negocios, y en muchos casos para conservar el empleo.

Y si no lo dijo Herrera, que es casi la cara amable de Hacienda, mucho menos lo dirá la temida Raquel Buenrostro, quien ya como Oficial Mayor no solo fue conocida por su ortodoxia austera que generó el caos y el desabasto en el sistema de compras de medicamentos e insumos y puso en crisis a los hospitales públicos, sino también por su fama de “dura y hosca”, la misma que le precede ahora como directora del Servicio de Administración Tributaria.

Ayer mismo, a una pregunta casi ingenua de una usuaria de Twitter que osó preguntar con cándida preocupación: “¿De plano no va a haber estímulos fiscales? ¿De plano el @SATMX no va a ampliar el plazo de la declaración anual? ¿Qué pasa si me infecto y debo presentar mi declaración, pero no puedo porque estoy enferma?”.

La respuesta desde la cuenta oficial del SAT fue implacable: “Buen día, te informamos que por el momento no se tiene contemplada ninguna prórroga para la presentación de la declaración anual del ejercicio 2019 para personas físicas y morales, por lo que te pedimos presentar tu declaración en tiempo a través de nuestro portal, saludos”.

Es decir que, aunque estés enferma, así estés entubado o con tu familia afectada por el coronavirus, a ver cómo le haces, pero aunque sea desde el hospital o desde la funeraria, pero presentas tu declaración a tiempo o te las verás con el fisco.

Puede entenderse que ni Herrera ni Buenrostro tengan margen para anunciar ningún programa de apoyos, estímulos, descuentos o simples prórrogas fiscales, como los que han propuesto organismos empresariales e incluso organizaciones sindicales ante la emergencia del coronavirus en el país. Primero porque la recaudación de impuestos cayó en el último año, el primero del Gobierno de la 4T, con un ISR que disminuyó 1.6% frente a lo logrado en 2018, y luego con un IVA que cayó 3.7 por ciento.

Aun así, el Paquete Económico 2020 se puso como meta aumentar 3% la recaudación por ISR y 3.6% en IVA, es decir 90 mil millones más para el fisco. Claro que eso lo calcularon con un crecimiento de 2%, cuando hoy, tras el golpe de la pandemia de Covid-19 ya hay pronósticos de contracción económica de 1.5 y hasta de 4.5 por ciento. O sea que de aumentar la recaudación y de las metas fiscales ya nos olvidamos.

Y segundo, el nulo margen de Herrera y de Buenrostro para actuar con sensibilidad y empatía hacia los agobiados contribuyentes, tiene que ver con que, como la mayoría del Gabinete, no tienen ni la fuerza ni el valor para contradecir al Presidente y decirle, como los técnicos que son, que sin medidas de apoyo y estímulo fiscal –que no “rescates neoliberales” ni “condonaciones” como los malentiende López Obrador– muchas pequeñas y medianas empresas, de las que generan el 75% del empleo en el país, y también muchos contribuyentes cautivos, se verán en serios problemas para cumplir con sus obligaciones fiscales porque perderán sus empleos y negocios en medio de la recesión.

Así que, como la mayoría de sus compañeros del Gabinete, el secretario de Hacienda y la dura directora del SAT prefieren “tragar sapos”, quedarse callados y hacer estrictamente lo que el Presidente diga, no importa que sea equivocado y que a la larga vaya a hacer más daño a las mismas finanzas públicas porque si se cae la actividad productiva, el consumo y el empleo, como ya ha comenzado a pasar en la fase 2 de la emergencia sanitaria en el país, no habrá manera ya no de que logren sus irreales metas recaudatorias, sino de que recauden lo suficiente para mantener los intocables y sagrados apoyos sociales y subsidios del Presidente a sus votantes.

Preferible para el brillante técnico que es Arturo Herrera y para la escrupulosa administradora que es Raquel Buenrostro, que los acusen de guardar silencio o de voltear para otro lado, incluso que los consideren los malos de la película que contradecir a su jefe el Presidente que ya decretó que “no habrá condonaciones, ni rescates neoliberales” porque todos los recursos para la emergencia se irán a aumentar pensiones de adultos mayores, a organizar tandas y a ayudar a changarros, que está muy bien todo eso, pero no a ayudar a las empresas que generan la mayor parte del empleo en el país.

Eso explica por qué ni Hacienda ni el SAT están actuando como sí lo han hecho los responsables del fisco de otros países, con programas de apoyo económico y social para los pagadores de impuestos y para las empresas, mientras acá, bajo la consigna ideológica y politizada de “primero los pobres”, se abandona al resto de los contribuyentes a su suerte, en medio de la que puede ser la peor crisis de los últimos tiempos.
24 Marzo 2020 04:07:00
¿Primero los pobres o primero el empleo?
Vaya momento que escogieron en el Gobierno federal para cancelar una inversión extranjera que ya llevaba más de 900 millones de dólares invertidos en una planta que tenía un avance de 65 por ciento. Porque más allá del daño particular causado a la cervecera Constellation Brands, que ayer solo por la “consulta popular” en Baja California perdió 10.2% en la Bolsa de Valores de Nueva York, el daño mayor se le hace en estos momentos a todo un país que, justo cuando está cayendo en recesión económica por una pandemia mundial de proporciones aún desconocidas, manda un pésimo mensaje a los inversionistas del mundo: invertir en México, aún si lo haces legalmente y con todos los permisos, no es seguro; porque si cambia la política, cambian las leyes.

Y por si fuera poco que el Presidente y su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hayan apoyado y organizado esa consulta ciudadana sin ajustarse al marco legal que rige esos ejercicios y plagada de irregularidades e inconsistencias en su votación, López Obrador atizó aún más los ánimos de un empresariado que ya estaba molesto por lo ocurrido en Baja California. Ayer, desde su conferencia mañanera, les dijo a los empresarios de todos los niveles, chicos, medianos o grandes, que “ni estén pensando en que va a haber condonación de impuestos”, ni rescates o programas de apoyo para apoyar a las empresas y evitar despidos de trabajadores ante la crisis que está generando el coronavirus.

“Yo creo que esto lo comparten todos los mexicanos, ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que le daban a los bancos, a las grandes empresas, no, que ni estén pensando en que va a haber condonaciones de impuestos, otros mecanismos que se usaban antes. Si tenemos que rescatar ¿a quién tenemos que rescatar? A los pobres, por el bien de todos, primero los pobres”, fue la respuesta del Presidente a las propuestas y planteamientos que hicieron organismos empresariales como la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para que Hacienda considerara esquemas de apoyos, prórrogas y otros estímulos fiscales, no para “rescate a empresas” sino como “protección al empleo”.

La molestia de los empresarios ante las posiciones del Presidente no se hizo esperar: “Nosotros nunca hemos pedido condonaciones de impuestos. El CEE no ha pedido que se condone ni un centavo de impuestos. Se le ha dicho (al Gobierno) que lo que requerimos es apoyar a los trabajadores y que el dinero que debe de fluir en esto, debe de ser para apoyar a los trabajadores. La mecánica evidentemente tiene que cruzar por el lado de los impuestos, pero es para el uso de los trabajadores, no para ver si la empresa deja de pagar impuestos. Es para cuidar el empleo”, declaró ayer Carlos Salazar, presidente del CCE, y quien ha sido un dirigente cercano a la 4T.

La cancelación a Constellation Brands, también fue fuertemente cuestionada: “El mensaje de hoy no abona en nada a un inversionista privado. Cualquier inversionista va a tener temor de que aunque tenga permisos, aunque haya respetado las normas, siempre podrá haber un Gobierno posterior que venga y le detenga las inversiones. Hemos ayudado como Consejo Empresarial en las decisiones que ha tomado nuestro Presidente como autoridad, en todo, pero esto no lo podemos entender… Estas señales tienen impacto, no es gratis que el peso esté a 25 pesos por dólar. ¿Por qué somos la moneda más devaluada? Porque también tenemos señales internas, donde no estamos tomando buenas decisiones económicas”, dijo el mismo Carlos Salazar, mientras el líder de Coparmex, Gustavo de Hoyos, habló de una “emboscada” del Gobierno en su cuenta de Twitter: “El presidente Andrés Manuel López Obrador tendió una emboscada a Constellations Brands. Ordenó una consulta irregular para cancelar la inversión. Con ello da un duro golpe a la inversión. El Gobierno viola la libertad de emprender y desprecia la legalidad”.

Mientras tanto, el Presidente dejó en claro que no le preocupan tanto los empleos, ni las empresas pequeñas y medianas que son la mayoría en este país, sino solo los más pobres a los que va a ayudar con créditos y tandas: “En cuanto a los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las tandas para el bienestar, y vamos a aumentarlas, para que le llegue a más gente, es parte del plan de recuperación, primero los más necesitados”, aseguró.

Así que en momentos de crisis, cuando se esperaría que el liderazgo social, político y hasta “moral” del presidente López Obrador, emergiera para conducir y apoyar a todos los sectores de la sociedad, en medio de uno de los más grandes desafíos que haya tenido el país y el mundo entero en su historia reciente, el presidente López Obrador vuelve a anteponer sus ideología política y sus convicciones personales, al decir que solo va a apoyar al sector de la población que, seguro es el más necesitado, pero casualmente también es donde están mayoritariamente sus votantes. ¿Y el resto de la sociedad, los empleados, oficinistas, los creadores, los profesionistas independientes, la clase media y los pequeños y medianos empresarios, todos por cierto contribuyentes y pagadores cautivos de impuestos, que se rasquen con sus uñas? ¿Qué ellos no merecen la ayuda del Presidente y del Gobierno?

23 Marzo 2020 04:07:00
Esperan hasta 2 mil muertes por Covid-19 en México
El escenario más crítico de la pandemia de Covid-19 en el país, le fue presentado al presidente Andrés Manuel López Obrador el jueves pasado en la reunión de gabinete legal y ampliado a la que convocó el Mandatario en Palacio Nacional. Ahí, frente a todos los titulares del Gobierno, el equipo coordinador de la estrategia contra el coronavirus, encabezado por el subsecretario Hugo López Gatell y su equipo de epidemiólogos, junto con el ausente secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el titular del Insabi, Juan Ferrer, le informaron al Presidente que la cifra estimada de mexicanos que morirán por este virus va de los 400, la cifra más optimista, hasta los 2 mil fallecimientos, la proyección más alta.

De acuerdo con fuentes directas que participaron en esa reunión, al Presidente le presentaron las proyecciones de cuántos mexicanos se contagiarán del virus, cuántos se estima que desarrollarán síntomas, cuántos de esos requerirán hospitalización y cuántos de los hospitalizados tendrían que estar en terapia intensiva. Con base en esas cifras se estimó la capacidad hospitalaria y se determinó que, además de los hospitales de Alta Especialidad y los Institutos Nacionales de la Secretaría de Salud, 11 en total que requieren reconversión, se añadan la red de hospitales del IMSS, ISSSTE, Pemex y los de las Fuerzas Armadas, a las que se les dará un papel protagónico en el esquema médico de la fase de emergencia por el coronavirus.

En ese reporte, los especialistas del gabinete de salud le comentaron al Presidente que “por un tema de genética, la raza mexicana tiene mayor resistencia a este tipo de virus que otras razas como la europea” y argumentaron que tiene que ver con el genoma mexicano y con el mestizaje, por lo que esperarían que eso influya en el impacto que tenga el nuevo coronavirus entre la población mexicana.

La principal preocupación del Gobierno federal en estos momentos es garantizar la disponibilidad de camas, equipos, insumos y personal suficiente para atender a los pacientes contagiados que requieran hospitalización, sobre todo los que tendrán que ingresar a cuidados intensivos, que según los cálculos presentados por el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Riadura, se estiman en poco más de 10 mil.

Ayer domingo el presidente López Obrador instruyó a Hacienda para que dé una partida de recursos especiales a la Defensa Nacional para que asuma el control de al menos 10 hospitales federales para atender a los enfermos del Covid-19, al mismo tiempo que el subsecretario Hugo López Gatell anunciaba que se está “negociando” un esquema de apoyo de los hospitales privados para que pudieran colaborar en la atención de enfermos cuando llegue el momento más crítico de la epidemia, a finales de abril y principios de mayo.

Veremos, pues, qué tan realista es el informe que le presentó al Presidente su gabinete de salud, qué tan reales son sus proyecciones y qué tan acertada es su estimación sobre la mortalidad de este virus entre los mexicanos. Pero lo más importante es ver si, con nuestro debilitado y desabastecido sistema de salud pública, el Gobierno federal podrá estar preparado, como afirma, para enfrentar una pandemia que ha colapsado a sistemas de salud de países mucho más desarrollados que el nuestro como Italia, España o Estados Unidos.
21 Marzo 2020 04:03:00
El peso en terapia intensiva por Covid-19
La semana que termina fue de auténtica pesadilla para el peso mexicano. Si bien nuestra moneda se contagió igual que todas las del mundo por la llegada del Covid-19, parece que las débiles defensas de la economía mexicana hicieron que la pandemia del coronavirus se volviera más letal para nuestro peso, que se volvió la divisa más castigada frente al dólar estadunidense y en los últimos ocho días perdió toda su fortaleza y se depreció en 2.95 unidades o 13.3%, con lo que llegó a la sala de cuidados intensivos.

Ni siquiera la inyección de 4 mil millones de dólares a los mercados cambiarios, realizada como terapia de choque por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda en menos de una semana, o el anuncio anticipado del banco central de reducir en 50 puntos base las tasas de interés, de 7 a 6.5%, lograron detener el desgaste acumulado de un peso que en estos últimos días le permitió al dólar varios “máximos históricos” y al que, sin que comience todavía la fase más crítica de la epidemia en el país, ya no le queda nada de “fortachón” y dejó de ser el referente favorito del presidente López Obrador para decir que nuestra economía “va muy bien” y que no había de qué preocuparse.

Hoy, la moneda mexicana no solo es la más devaluada en todo el mundo por el impacto de la pandemia, sino que su caída está directamente ligada a las deterioradas expectativas que se ven sobre la economía mexicana. Analistas, inversionistas y calificadoras internacionales ya ven a nuestra economía entrando en una franca recesión y con una contracción y una caída del PIB, de entre 1.5 a 4.5% en lo que resta de este año, con lo que la recesión económica sería de proporciones históricas.

“México se dirige a la recesión económica más larga que se haya registrado en los últimos 90 años, de acuerdo con datos del Inegi. Esta situación va a frenar los planes de expansión de empresas, limitará la creación de empleos y restringirá el aumento de salarios”, decía el viernes un reporte del analista Tláloc Puga para El Universal, a partir de los pronósticos que varios bancos de los más grandes del mundo emitieron sobre el futuro de la economía mexicana, entre ellos Bank of América, JP Morgan y el británico Barclays, en los que anticipan que la recesión que vivió el país en 2019, al contraerse la economía 0.1%, se va a profundizar en este 2020 y agudizará la caída del PIB por segundo año consecutivo.

De hecho si se confirman los pronósticos negativos, dice el analista, sería la primera vez que la economía mexicana reportara dos años seguidos de contracción económica. Eso no pasaba desde 1929 y 1930, cuando la Gran Depresión de los Estados Unidos arrastró a México, cuya economía estaba todavía afectada por la violencia política y el entonces reciente asesinato del presidente Álvaro Obregón, ocurrido en 1928. En aquellos años, el PIB pasó de 0.4% en el 28 a caer 3.6% en 1929 y a desplomarse 6.6% en 1930, según la información del Inegi que cita Tláloc Puga.

El viernes todavía, en medio de las maniobras de Hacienda y el Banxico para tratar de frenar la estrepitosa caída del peso, con medidas orientadas a proveer de liquidez a la moneda nacional e inyección de dólares estadunidenses a la banca para tratar de calmar a los mercados financieros, el Presidente insistía en sus mensajes a la población desde la conferencia mañanera y desde sus redes sociales, que “estamos preparados por lo del coronavirus, tenemos todo lo necesario para aplicar el plan que definimos desde hace tres meses, tenemos dinero, todo el dinero que se necesite…y lo más importante hay mando, hay gobernabilidad en el país”.

Y sobre la economía y el impacto de esta pandemia, sobre lo que ha reiterado que “tenemos un blindaje”, aseguraba el Mandatario: “Tenemos reservas, muchísimo dinero, porque hemos administrado bien, porque hay finanzas públicas sanas, porque no hay corrupción, porque no hay gastos superfluos e innecesarios, entonces vamos a salir adelante”.

Entre el optimismo reiterado del Presidente y el marcado pesimismo de los mercados financieros y de analistas y calificadoras internacionales, lo que tenemos hoy es un peso tirado en el suelo con una cotización de 25.11 por dólar, una Bolsa Mexicana de Valores que, como todas las del mundo sigue perdiendo, los precios del petróleo nacional en 14 dólares y una economía sin inversión ni crecimiento que hoy sufre el embate de la turbulencia mundial y se encamina a la recesión. ¿A cuál de los dos mensajes le creemos, al “vamos muy bien y vamos a salir adelante” del Presidente o al de la crisis de proporciones históricas que nos anuncian desde afuera?


Notas indiscretas…

El viernes en Palacio Nacional, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, varios escucharon cuando el Mandatario se quejaba molesto y preguntaba: “¿Dónde está Marcelo?”, “¿Por qué no está aquí?”. Y es que al parecer el canciller no solo llegó un poco retrasado a Palacio, sino que además no llevaba muy buenas noticias para el Presidente o las que llevaba más bien no le gustaron nada: que el presidente Donald Trump quería que López Obrador anunciara el viernes en su conferencia, casi de manera simultánea que él lo haría en Washington, que México aceptaba cerrar sus fronteras aéreas a todos los vuelos provenientes de Europa. La medida no le gustó nada al presidente López Obrador que se negó a hacer el anuncio y le pidió, enojado, al secretario de Relaciones Exteriores que lo negara en público, desmintiendo lo dicho por Trump en la Casa Blanca. Veremos en qué acaba este desencuentro y la molestia de AMLO por los acuerdos que aceptó el canciller con sus contrapartes estadunidenses en el tema del Covid-19; ya le contaremos más detalles… Por lo pronto, otras que se llevaron tremendas regañadas fueron las alcaldesas de Acapulco y de Cancún, ambas morenistas. Mara Lezama, del municipio de Benito Juárez, y Adela Román, habían dictado el jueves medidas obligatorias de cierre de restaurantes, bares y otros centros de diversión y reunión en los dos destinos turísticos, como parte de las medidas para prevenir el contagio del coronavirus. Las dos alcaldesas obligaron a los empresarios de sus municipios al cierre total de actividades y cuando el Presidente se enteró fue tal su enojo que le pidió directamente a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que les llamara a las dos presidentas municipales de Morena para preguntarles por qué habían decretado el cierre de establecimientos sin que hubiera “sustento técnico” ni casos confirmados de contagio de Covid-19 en sus municipios. “Si no hay elementos técnicos ni de contagio, para qué decretan el cierre”, les reprocharon airadamente a las dos alcaldesas. “Están haciendo un daño a los trabajadores, afectando a los negocios y al turismo que es el sustento de sus municipios y no pueden tomar decisiones así, si no obedece a un sustento técnico de que haya riesgos”, les dijeron a Mara Lezama y a Adela Román en la llamada que recibieron desde Bucareli. Debió haber sido muy fuerte el tono y la molestia que provocaron en el mismísimo Presidente porque el viernes las dos alcaldesas salieron a matizar las medidas de restricción y a decir que no deben cerrar los restaurantes, bares y centros nocturnos, pero sí deben implementar medidas de higiene y seguridad como recibir clientes a solo la mitad de su capacidad total y poner espacios obligatorios entre comensales y clientes. En fin, que donde manda Presidente, no gobiernan las alcaldesas… Los dados mandan Escalera doble. Ánimo a todos los amables lectores, que de esta saldremos adelante y fortalecidos con la cooperación y el apoyo solidario de todos.

19 Marzo 2020 04:01:00
Compras de pánico en Insabi; no están listos para emergencia
A dos semanas de que comience la etapa de emergencia por el crecimiento de contagios del coronavirus en México, el sector salud aún no tiene en sus hospitales e institutos de alta especialidad todos los insumos, personal y equipos necesarios para hacerle frente a la curva mayor de contagios y enfermos de Covid-19 en el país que se espera a partir del 30 de marzo. Apenas el 9 de marzo pasado, 10 días después de que se registrara el primer caso confirmado de coronavirus en México, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE) envió la lista que contiene las demandas de los hospitales e institutos “de los insumos para hacer frente a la llegada inminente del coronavirus (Covid-19)” y pidió al Insabi y a la Secretaría de Salud que comiencen las compras de insumos, equipos y contratación de personal para la “reconversión de los hospitales e institutos” para hacer frente a la pandemia.

El coordinador nacional de los Hospitales e Institutos Nacionales, Gustavo Reyes Terán, advierte en una comunicación oficial que esas instituciones médicas no cuentan con recursos presupuestales ni con insumos, equipos ni personal suficiente para hacer frente a la pandemia y para su “reconversión”, por lo que solicita con carácter urgente que Salud y el Insabi le pidan recursos adicionales a Hacienda para realizar compras de emergencia y por asignación directa para 11 hospitales e institutos en todo el país, para los que solicitan adquirir 290 ventiladores; 290 monitores; 21 equipos portátiles de rayos X, 21 ultrasonidos con transductores, además de contratar a 870 enfermeras, 162 médicos y 174 inhaloterapeutas. También se pide la contratación de 70 químicos, 70 auxiliares de laboratorio clínico, 70 técnicos en rayos X, 174 camilleros, 116 afanadores para los hospitales y 106 técnicos en rehabilitación.

De acuerdo con el oficio CCINSHAE-227-220 en poder de esta columna, fechado el 9 de marzo pasado y que tiene como asunto “reconversión de Hospitales e Institutos Nacionales de Salud coordinados por la CCINSHAE”, el titular de esa comisión, Gustavo Reyes Terán, le pide al maestro Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, y al doctor Ruy López Ridadura, director del Centro Nacional de Programas Peventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, que realicen las compras urgentes que solicitaron los institutos y hospitales para poder reconvertirse y atender la pandemia de Covid-19. Para ello, pide a ambos funcionarios que ante la escasez de recursos “es indispensable solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con carácter de urgente, una ampliación presupuestaria que permita cubrir los costos de las necesidades de personal, insumos y equipo para la reconversión.

Los 11 hospitales que se van a “reconvertir” para atender la emergencia por coronavirus son Hospital General de México, Hospital Juárez de México, Hospital Nacional Homeopático, HRAE Bajío, HRAE Oaxaca, HRAE Ciudad Victoria, HRAE Ixtapaluca, HRAE Chiapas, HRAE Penínusla de Yucatán, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán e Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

¿Se dará a tiempo la “reconversión” y el equipamiento obligado de los Institutos y Hospitales de Salud en todo el país? Y ¿habrá beneficiados con las compras de emergencia del sector salud?


18 Marzo 2020 04:07:00
Coronavirus: lo peor viene en dos semanas
Cuestionado fuertemente por senadores de oposición, que le preguntaron por qué el Gobierno se niega a convocar al Consejo de Salubridad General y por qué no declaran de una vez emergencia nacional y suspensión de actividades y reuniones en todo el país, el subsecretario Hugo López-Gatell, coordinador Nacional contra el Covid-19, respondió una y otra vez a los miembros de la Junta de Coordinación Política del Senado que “de nada sirve” suspender desde ahora la actividad económica o las sesiones parlamentarias, que se hará hasta dentro de dos semanas cuando empezará la Fase 2 de contagios del coronavirus y se declarará emergencia nacional, la cual tendrá su punto más alto el 15 de abril y durará entre 12 y 20 semanas, es decir entre tres y cinco meses.

López-Gatell también les informó a los senadores que la estimación oficial es que el coronavirus lo contraerá 70% de los mexicanos (90 millones de personas) pero según las proyecciones basadas en lo ocurrido en la provincia de Hubei, China, solo 250 mil mexicanos desarrollarán la enfermedad de Covid-19 y de esos enfermos 70% (175 mil 759 mil personas) buscarán atención médica; y de ese universo, 80% solo requeriría tratamiento ambulatorio, sin hospitalización, mientras que el 20% restante de enfermos sí necesitarían hospitalización; el 14% de ellos no ingresarían a terapia intensiva, y el 6%, que serían 10 mil 528 personas, sí requerirían terapia intensiva y serían los casos más graves. Y el dato más fuerte que ayer les dio el subsecretario de Salud a los senadores de todos los partidos, durante su comparecencia de varias horas, fue que la tasa de letalidad o mortalidad que el Gobierno federal está esperando por el coronavirus en esta pandemia es del 2.5% de los pacientes enfermos, lo que significaría cerca de 4 mil muertos por coronavirus.

En una reunión de más de 4 horas con los coordinadores de los ocho bancadas en el Senado de la República, encabezados por el líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, el subsecretario designado coordinador nacional para el tema del Covid-19 fue torpedeado por cuestionamientos y preguntas de la oposición y defendido por la mayoría morenista. En lo que fue calificado por algunos senadores presentes como “una de la comparecencias más violentas” de servidores públicos, todas las bancadas de oposición y hasta aliados de la 4T como PT, PES y PVEM se unieron para pedir una “declaratoria de emergencia nacional” y la suspensión total de actividades, entre ellas las sesiones en la Cámara alta, pero López-Gatell “se montó en su macho”, e insistió una y otra vez que “no serviría de nada” suspender actividades en este momento. Morena, en la persona de Ricardo Monreal, se opuso a la suspensión de actividades y a la declaración de una emergencia,

Dante Delgado fue uno de los senadores más críticos. Cuestionó al subsecretario “por venir a hablarnos de todo, de economía, de política, menos de salud”. Los senadores le dijeron a Hugo López-Gatell que hablara con el Presidente para que cancele sus giras y actos masivos por el riesgo de contagio que significa para él y para las personas. Susana Harp, senadora de Morena, de plano le rogó: “Dígale al Presidente que por favor, que no vaya a Oaxaca este fin de semana, que lo queremos mucho, pero que nosotros no tenemos cómo enfrentar este problema”. Pero otros senadores de oposición fueron más rudos y de plano pidieron al funcionario “que el Presidente no sea irresponsable ni incongruente”.

Morena, en la persona de Ricardo Monreal, se opuso a la suspensión de actividades y a la declaración de una emergencia, a pesar de que los coordinadores de las otras bancadas, incluidos los partidos aliados de López Obrador, insistían en que la prioridad era que el Gobierno federal le diera a la pandemia la gravedad que sí le están dando otros países.

Uno de los momentos incómodos fue cuando la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, le preguntó a López-Gatell, “¿por qué la resistencia a convocar al Consejo de Salubridad General si hay un mandato de ley que incluso es constitucional?” y le mencionó la importancia de contar con más expertos para tomar decisiones y medidas como el secretario de Hacienda, el de Economía o incluso al secretario de Salud, de quien la senadora dijo “en lo personal me parece penosísimo su papel sentado en una silla y volteando a escucharlo todo el tiempo, para un país, para la ciudadanía ese es un mensaje patético”. Vázquez Mota le dijo al subsecretario que él no podía asumir todo solo y que “cada quien está haciendo lo que se le ocurre” para enfrentar la pandemia.

Otros senadores de oposición le pusieron de ejemplo lo ocurrido en España, donde hace apenas dos semanas, el 28 de febrero, estaban en la misma situación que México hoy, pero se negaron a suspender actividades y tomar medidas de emergencia, y hoy tienen un brote fuera de control de los más graves del mundo. Pero a pesar de todos los comentarios, preguntas y cuestionamientos, el subsecretario nunca se movió de su postura: “el problema más grave llegará en dos semanas, hasta entonces estaremos en emergencia”, dijo un inamovible López-Gatell.
17 Marzo 2020 04:07:00
Cría cuervos y te encontrarán infectado de Covid-19
En medio de la crisis del coronavirus en México, ayer lunes se suscitó un duelo verbal y diplomático entre el canciller mexicano Marcelo Ebrard y el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, luego de que este último acusara en su cuenta de Twitter de irresponsabilidad al Gobierno de México por permitir que “12 casos confirmados de Covid-19” abordaran un vuelo de Avianca, que iría de la Ciudad de México a San Salvador y al que el Mandatario salvadoreño le cerró su espacio aéreo. “Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto”, dijo Bukele.

De inmediato, el secretario de Relaciones Exteriores le respondió en la misma red social al Presidente de El Salvador, informándole que el vuelo AV431 “se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador”. Y como tratando de corregirlo, Ebrard le pregunta a Bukele: ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier otro caso”. Para rematar este conflicto diplomático, enmarcado por la pandemia, la aerolínea colombiana Avianca le dio la razón al Mandatario salvadoreño y también en un mensaje en su cuenta de Twitter, le agradeció: “Agradecemos al Presidente de El Salvador @NayibBukele por darnos información y alertarnos sobre los pacientes con Covid-19 intentando abordar el vuelo de Avianca #431 proveniente de la Ciudad de México. Gracias a eso se evitó poner en riesgo a la tripulación”.

Todavía, en una segunda respuesta a Marcelo Ebrard, el presidente Bukele se dio el lujo no solo de mandarle una copia del mensaje de Avianca en redes sociales donde le agradecen y le dan la razón “por darnos información y alertarnos”, sino que además amenazó al canciller mexicano con que “otro día le hago el reclamo formal por el fugitivo de la justicia salvadoreña, al que ustedes dieron asilo político por motivos ideológicos hace unos días”.

En un principio, el Gobierno de México decía desconocer esos 12 casos de Covid-19 en el aeropuerto capitalino, a los que se refirió Bukele y que la aerolínea Avianca también reconoció haber detectado antes de cancelar su vuelo a El Salvador. Pero a las 7 de la noche con 3 minutos, casi tres horas después del primer mensaje del Presidente de El Salvador, Marcelo Ebrard subió otro tuit en el que mencionó: “Las autoridades sanitarias del aeropuerto valoraron a los pasajeros de Avianca y no encontraron a ningún enfermo, incluidos los 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas. Le he informado al presidente Bukele, a quién sé que le dará mucho gusto”.

En medio del lío diplomático y la desinformación que mostró la Cancillería, lo más doloroso para Marcelo Ebrard y para el Gobierno mexicano debió ser que precisamente al Gobierno de Nayib Bukele, el presidente López Obrador le entregó 30 millones de dólares, como parte de un programa de colaboración para que participara en el programa Sembrando Vida.

De hecho fue el mismo Ebrard quien, el 20 de junio de 2019, en un acto público en Chiapas, anunció que México le entregaría los 30 millones de dólares a El Salvador para que replicaran el programa lopezobradorista de sembrar árboles, como parte de la estrategia mexicana para ayudar a Centroamérica. “Iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa, dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares”, dijo entonces el secretario de Relaciones Exteriores de México, en el arranque del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.

Habría que ver si después de todo este asunto, tras las fuertes acusaciones que hizo Nayib Bukele al Gobierno mexicano, aun así le entrega los 70 millones de dólares restantes para el programa Sembrando Vida, que más bien, con el encontronazo de ayer entre el Mandatario salvadoreño y el canciller mexicano se transformó en algo así como “sembrando infundios”. Por lo pronto, queda en entredicho el éxito del programa de aliados diplomáticos centroamericanos y parafraseando aquel viejo refrán, a México y al Gobierno de AMLO le pasó aquello de que “cría cuervos y te encontrarán infectado de coronavirus”.
16 Marzo 2020 04:03:00
AMLO ya perdió la agenda, ¿perderá liderazgo?
Si en el agitado arranque de este 2020, las crisis de medicamentos y abasto en hospitales públicos junto con las protestas y movilizaciones de mujeres contra el feminicidio y la violencia ya le habían arrebatado al presidente López Obrador el dominio total que tuvo de la agenda pública en el primer año de Gobierno, ahora la crisis sanitaria y económica derivada de la llegada del Covid-19 amenaza con afectar el liderazgo del Jefe del Ejecutivo en la República.

Porque ante la posición pasmosa y lenta de su Gabinete para enfrentar y declarar una emergencia nacional por el coronavirus, algo que ya hicieron muchos otros países y gobiernos en el mundo, incluido nuestro principal socio comercial y vecino, Estados Unidos, el Gobierno federal ha empezado a ser rebasado por decisiones de gobernadores estatales, instituciones privadas y empresas que decidieron anunciar e implementar sus propias medidas como una forma de evitar que se reproduzcan los contagios.

Y es que por más que el Presidente insista en negar el impacto grave que tendrá el Covid-19 tanto en la salud, como en la economía, y por más que esa visión de “no pasa nada”, junto a la absurda necesidad de contrastarse con lo que hicieron otros presidentes y otros gobiernos –especialmente el de Felipe Calderón ante la epidemia de H1N1– la realidad y la natural reacción ante una pandemia de un virus desconocido para la humanidad, ha terminado por rebasar a las autoridades federales de salud y a su estrategia que encabeza el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Aunque el Presidente ha dicho y repetido que toda decisión que tome su Gobierno en el control y contención de la pandemia se basará en “criterios científicos y médicos de especialistas”, en los hechos parece que más bien los médicos y científicos de su Gabinete de salud se han sujetado y sometido a los criterios políticos y a los designios de un Presidente que ni siquiera es capaz de observar y respetar las recomendaciones de su Gobierno.

Y es que mientras López-Gatell le exige a la población practicar la “sana distancia” y evitar a toda costa “el contacto físico” hasta para saludarse, López Obrador no suspende sus giras y actos masivos en donde lo mismo viaja en aviones comerciales, que se rodea de multitudes que le abrazan y lo tocan y, ya en el colmo de la desobediencia de las reglas sanitarias, le planta un invasivo beso a una niña.

Pareciera que en el Gobierno de la República no quieren terminar de reconocer que si la pandemia ya golpeó fuertemente a otros países, también nos está golpeando a nosotros cada día, a pesar de los buenos deseos del Presidente.

Por supuesto que todos queremos, igual que López Obrador, que el país salga adelante de este problema económico y de salud, pero no será solo con discursos políticos y con buenos deseos como lo vamos a lograr. La sociedad tiene que hacer lo que le corresponde, pero al Gobierno le toca ir al frente y hacer su parte, que no es otra que dar certidumbre y tranquilidad a la población de que los expertos en salud pública están actuando rápido, con eficiencia, con recursos económicos suficientes y con todos los instrumentos e insumos médicos y científicos necesarios; pero sobre todo que su actuación, la del Gabinete de salud responsable, no obedezca a consignas ni a criterios políticos, aun cuando esos criterios sean los del mismo Presidente.

14 Marzo 2020 04:07:00
Napoleón cede y evita su Waterloo
La discusión sobre la regulación del outsourcing, que se entrampó en el Senado por la división de Morena y el choque de posiciones entre Ricardo Monreal y Napoleón Gómez Urrutia, se destrabará finalmente la próxima semana. Napoleón decidió ceder y modificar su dictamen para eliminar cualquier forma de criminalización de los esquemas de subcontratación laboral, con lo que el presidente de la Comisión del Trabajo finalmente negociará la inclusión en el dictamen de las propuestas que fueron formuladas por empresarios, especialistas y senadores de su propia bancada, en las consultas abiertas que realizó el Senado para consensuar la propuesta de ley que había alarmado a los empresarios e inversionistas, que incluso fueron con el presidente López Obrador a pedirle que frenara una iniciativa que dañaría a las empresas y la inversión en el país.

El propio Presidente fue quien le pidió a Monreal someter a consulta el dictamen de la ley del outsourcing que, Napoleón Gómez Urrutia, había impulsado en noviembre de 2019, llegando incluso a dictaminarla y casi a punto de subirla al Pleno. Tras detener el proceso legal, el tema se reagendó para este periodo y tras recibir a dirigentes empresariales y expertos en el tema de la terciarización, una forma de contratación laboral vigente en México pero carente de regulación precisa, el líder de la mayoría de Morena le encargó al senador Eduardo Ramírez de Aguilar la elaboración de una serie de cambios al dictamen ya aprobado por la Comisión del Trabajo a partir de las propuestas recogidas en las consultas, y ahí fue cuando vino el choque interno en Morena.

Gómez Urrutia se negó a procesar los cambios al dictamen en la Comisión del Trabajo y con el apoyo de Martí Batres y de Germán Martínez, decidió dar la batalla para defender su iniciativa original bajo el argumento de que los acuerdos que hizo Monreal con los empresarios prácticamente “legalizaban el outsourcing” sin ponerle ninguna regulación que garantizara la no evasión fiscal y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. La situación se tornó tensa y el jueves hubo una reunión para intentar conciliar las posiciones de los dos bandos que se formaron en la bancada de Morena y se habló de abrir un espacio de dos semanas para tratar de encontrar un consenso.

Sin embargo, ante la posibilidad de que Monreal y la mayoría de los senadores de Morena decidieran brincarse a la Comisión del Trabajo y su aprobación del nuevo dictamen con cambios e irse directamente al pleno senatorial para hacerle las modificaciones necesarias al dictamen de la ley de outsourcing, en donde por mayoría podían aprobarlo de manera holgada, incluso con los votos de las fracciones de oposición como PAN, PRI y PRD, parece que Napoleón decidió ser él mismo quien modificara su iniciativa original y que desató la reacción adversa de los empresarios por el tema de la criminalización.

Se sabe que Gómez Urrutia recibió también un mensaje de un alto funcionario de la Presidencia, quien le habría pedido a nombre del Presidente que reconsiderara su posición radical en el tema del outsourcing y que aceptara modificar el dictamen de su iniciativa para no provocarle un problema a López Obrador con los empresarios, con los que se comprometió desde finales del año pasado a que se tomaría en cuenta la opinión de los inversionistas para no criminalizar una práctica laboral que utilizan muchas de las empresas mexicanas y que el mismo Gobierno federal y los poderes Legislativo y Judicial tienen subcontratados trabajadores por la vía del outsourcing para algunas labores y servicios subrogados.

Al final, el senador Napoleón supo leer que iba a una batalla perdida porque desde Palacio Nacional apoyaban la necesidad de los cambios al dictamen y la eliminación de cualquier forma de criminalización del outsourcing, por lo que él mismo decidió meterle mano al dictamen que se aprobó en diciembre y eliminar todas las partes que consideraban el outsourcing ilegal como un delito, incluso equiparado a delincuencia organizada, y prefirió salvar las partes en donde se busca garantizar el cumplimiento estricto de la Ley Federal del Trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores contratados a través de esquemas de terciarización.

Para decirlo en términos del emperador de quien lleva el mismo nombre, Napoleón Gómez Urrutia tuvo finalmente la habilidad de evitar su Waterloo porque supo que si insistía en no cambiar su dictamen no solo perdería ante la mayoría de Morena y la oposición, que le modificarían su iniciativa en el Pleno, sino que corría el riesgo de hacer enojar más al presidente López Obrador que, con la pandemia del coronavirus, los reclamos de justicia de las mujeres y ahora la amenaza de una crisis económica y hasta una recesión por los efectos del Covid-19 y la caída de los precios del petróleo, lo que menos necesitaba era un problema más provocado por senadores de su partido.

El Napoleón francés terminó sus días derrotado en la Isla de Santa Helena, a donde fue exiliado por los británicos tras perder la histórica batalla de Waterloo; el senador tal vez no hubiera sido enviado a una isla, pero sí corría el riesgo de ser “aislado” de la 4T y exiliado definitivamente del ánimo presidencial.


Notas Indiscretas…

Nada bien le cayó al presidente López Obrador que algunos gobernadores decidieran, por encima de las recomendaciones de la Secretaría de Salud federal, cancelar eventos masivos y emitir restricciones en sus estados, donde también universidades públicas y privadas suspendieron las clases presenciales para evitar contagios y se fueron al modelo de clases on line. Casos como el de Enrique Alfaro en Jalisco, Jaime Rodríguez “El Bronco” en Nuevo León y Javier Corral en Chihuahua, con sus anuncios de cancelaciones y restricciones, estaban detrás del mensaje del Presidente cuando criticó a “politiqueros” que andan hablando del coronavirus y “hasta dan conferencias”. La realidad es que en varios estados decidieron no esperar más a que el Gobierno federal declare emergencia y comenzaron a tomar sus propias medidas, como también los están haciendo instituciones educativas públicas y privadas. Por lo pronto, como no les puede prohibir a los gobernadores que dicten medidas para la protección de sus poblaciones, ni tampoco a las universidades como la de Guadalajara, el TEC de Monterrey, el ITESO, la Universidad Panamericana y muchos otros colegios y escuelas que ya anunciaron la suspensión de sus clases en esos estados, lo que sí hizo López Obrador fue prohibirle a todos los integrantes de su Gabinete que den información, entrevistas, comentarios y hasta recomendaciones sobre el Covid-19, dejando solo a la Secretaría de Salud como la única vocera oficial autorizada por su Gobierno para dar información a los mexicanos. La medida busca evitar que haya distintas voces y fuentes oficiales y controlar mejor el flujo de información científica y certificada sobre las estrategias de contención de la pandemia en México…

Por cierto, que en toda esta situación crítica del coronavirus el que ha brillado por su ausencia es el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Aunque su desaparición de la escena pública no es nueva y comenzó desde que estalló la crisis de desabasto en los hospitales públicos, el secretario prácticamente ha sido hecho a un lado ante la coordinación y el protagonismo que el Presidente decidió darle al subsecretario Hugo López Gatell, por la experiencia que tiene en el manejo epidemiológico, pues fue parte del equipo de Salud federal que en 2009 enfrentó con éxito la epidemia del virus H1N1 bajo la coordinación del entonces secretario José Ángel Córdova. La última vez que se supo del secretario actual fue con su desafortunada declaración cuando escaseaba el Metrotexato para las quimioterapias de niños con cáncer en hospitales públicos: “Si no se da una dosis, puede esperarse unos días. No hay ninguna urgencia médica”. No, pues con esas declaraciones, con razón al secretario lo mandaron a guardarse…

Este viernes, en la clausura de la Convención Bancaria en Acapulco, el discurso tan esperado del Presidente causó cierta decepción entre los dueños de los bancos que esperaban, dicen, un pronunciamiento más fuerte y contundente del Ejecutivo federal, en el contexto de la recesión mundial que se viene y el fuerte impacto que tendrá en la débil economía mexicana. En el mismo foro donde hace dos años, aún como candidato, López Obrador amenazó con que si soltaban “al tigre”, con un intento de fraude en las elecciones presidenciales de 2018, él no haría nada y se iría a su rancho, y “a ver quién amarra al tigre, el que lo suelte que lo amarre”, ahora se limitó a pronunciar un discurso poco realista en el que afirmó que “estamos en condiciones inmejorables para crecer” y hasta se puso a exigirles a los banqueros que prestaran más dinero y que dieran créditos a tasas de interés mejores. Es decir, nada de lo que esperaban escuchar los varones del dinero. Tal vez aquel “tigre” al que se refirió hace dos años López Obrador nunca se soltó por su triunfo contundente e histórico, pero hoy parece que a México y a la 4T se le viene otro “tigre” con la crisis que nos traerá el Covid-19…

Los dados cierran semana con Escalera. Un poco de ánimo en tiempos difíciles e inciertos.

12 Marzo 2020 04:07:00
Pemex y sus hospitales, más letales que el Covid-19
La cifra de pacientes muertos por haber recibido un medicamento contaminado en el hospital Regional de Pemex en Villahermosa ya va en cinco, sin que las autoridades de esa paraestatal, ni el director general, Octavio Romero Oropeza, ni el director del Hospital, José Luis Oramas Vargas, se dignen a dar públicamente la cara y a explicar este caso de negligencia criminal. Los cinco muertos eran pacientes de hemodiálisis a los que se les suministró Heparina sódica contaminada que Pemex compró a un particular de dudosa experiencia como distribuidor de medicamentos, de nombre José Roche Pérez, cuyo domicilio fiscal, resultó ser una vivienda sencilla ubicada en la calle Antonio Rullan Ferrer 208 A, en el municipio de Centro, Tabasco.

El presidente López Obrador, cuando se refirió escuetamente al tema, la semana pasada, lamentó la situación y dijo que se realizaría “una investigación para determinar las causas” y prometió que “habría castigo para los responsables” de este acto de negligencia. Sin embargo han pasado ya dos semanas desde que se reportó la primera muerte, el 27 de febrero, y hasta la fecha no se ha dado a conocer ningún resultado de esas investigaciones y mucho menos se ha señalado qué autoridades fueron responsables de la compra de un medicamento caducado y que transmitió bacterias a los pacientes que lo recibieron durante su proceso de hemodiálisis, causándoles una severa infección que les costó la vida.

La crisis de Pemex, con las cinco muertes lamentables y más de 26 casos de pacientes afectados, vuelve a poner sobre la mesa el tema de los supuestos ahorros presupuestales en la compra de medicamentos (ahorros que en el mejor de los casos fueron de 5%) y el cambio de proveedores y laboratorios que tenían años, décadas surtiendo de medicamentos e insumos a los hospitales públicos. Una austeridad mal aplicada y sospechas de corrupción llevaron a autoridades, tanto de la Oficialía Mayor de Hacienda, en la época de Raquel Buenrostro, como a los hospitales de Pemex, a adquirir medicamentos de dudosa calidad y de proveedores no certificados ni confiables, con lo que se puso en riesgo no solo los tratamientos de pacientes con enfermedades crónicas sino, como en el caso del Hospital Regional de Villahermosa, también su vida.

Sorprende en toda esta penosa situación no solo el silencio vergonzoso de las autoridades de Pemex, sino su poco tacto y su falta de atención a las familias de las cinco víctimas fatales, que se quejan de que no han tenido apoyo de las autoridades. Pareciera que la vida de cinco beneficiarios de su sistema de salud, no son un problema que amerite que Octavio Romero salga de su ostracismo habitual y asuma la responsabilidad de deslindar al menos quiénes fueron los responsables de comprar y de administrar a los pacientes medicamentos en mal estado; su actitud, junto con la del director del hospital, José Luis Oramas Vargas, hermano del exsenador del PRI Arquímedes Oramas Vargas, quien es cercano y fue suplente en el Senado del también priista Humberto Mayans, que recientemente fue nombrado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, como consejero independiente de Pemex.

Para colmo, está el caso de la subdirectora administrativa del Hospital de Pemex, Norma Gabriela Ergaiz Zurita, quien según se comenta en Villahermosa, llegó al cargo apenas el año pasado y lo hizo presumiendo en el hospital su cercanía “de amiga íntima” del presidente López Obrador. Ella es la directamente responsable de la compra de los medicamentos y de la adquisición de la Heparina sódica caducada que ocasionó la muerte de los cinco pacientes hemodializados en el hospital. ¿Con tantos vínculos políticos y amistades y cercanías realmente habrá “castigo a los responsables” como prometió el Presidente?

Por lo pronto, mientras las investigaciones ordenadas por el presidente avanzan lentas y hay también una investigación abierta por la CNDH para indagar la violación de derechos humanos de los pacientes muertos, lo que es un hecho es que Pemex y su hospital en Villahermosa están resultando más letales para los mexicanos que el Covid-19, ya con cinco decesos por negligencia y sin justicia para las víctimas ni sus familias.


NOTAS INDISCRETAS… al cuestionado director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barttlet Díaz, le estalló ayer en Coahuila la llamada “Rebelión del Carbón”, que reclamó la falta de compras de esa paraestatal de toneladas del mineral, lo cual ya provocó el cierre de empresas. Mineros, empresarios y proveedores de esa industria, realizaron ayer marchas en las principales ciudades coahuilenses, debido a que la CFE suspendió desde que empezó la 4T la compra del mineral para sus carboníferas, lo que provocó el colapso de la principal zona carbonífera del país, ubicada en el norte de esa entidad. Tan solo en Monclova marcharon 20 mil personas, desde empresarios hasta obreros, pequeños industriales y familias para llamar la atención y exigir solución, al problema. Desde fines de 2018 se agravó la situación de la cuenca carbonífera, cuando la comisión anunció la suspensión de contratos que garantizaban la compra de 3 millones 200 mil toneladas anuales de carbón. La empresa pública solo ha mantenido compras menores emergentes, pero insuficientes para las mineras de carbón, que han quebrado de manera paulatina. La principal región carbonífera del país representa 95% de las reservas del mineral y se encuentra al norte del estado de Coahuila, en una extensión de 16 mil kilómetros cuadrados…Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
11 Marzo 2020 04:07:00
Investigan al círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco
Al menos cinco personajes del círculo más cercano del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, que detectó movimientos de dinero inusuales en sus cuentas bancarias y, a partir de un seguimiento detallado de transferencias, depósitos y pagos a empresas fantasma, ha integrado expedientes por delitos de lavado de dinero y desvío de recursos contra varios de los colaboradores de mayor confianza del Mandatario postulado por la alianza PES-Morena.

Las investigaciones de la UIF, que registran movimientos financieros desde 2015, cuando Cuauhtémoc Blanco era alcalde de Cuernavaca y varios de sus hombres cercanos, hoy en el Gobierno del Estado ya trabajaban con él, mencionan a varios colaboradores, pero el expediente que ya está terminado y que incluso ya fue entregado a la Fiscalía General de la República, es el que se refiere a José Manuel Sanz Rivera, actual Jefe de la Oficina de la Gubernatura de Morelos y quien fuera secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca de 2015 a 2018.

En el expediente judicial, por delitos de lavado de dinero y desvío de recursos, al que tuvo acceso esta columna y cuyos datos se reservan por razones legales, se menciona junto con Sanz Rivera a su esposa, Claudia Mondragón, a quien se vincula con los movimientos financieros de su esposo, a través de pagos y transferencias documentadas a una empresa de nombre Comercializadora SAIME, S.A. de C.V., a la que se le habrían enviado fuertes cantidades de dinero como presuntos pagos, pero en realidad se trataba de recursos cuyo origen, presumen las autoridades financieras, es ilícito.

José Manuel Sanz, ha sido el colaborador más influyente y cercano en la carrera política de Cuauhtémoc Blanco. Se volvió una figura polémica por su ascendencia española y porque pasó de ser manager del exastro del futbol mexicano para convertirse en el “cerebro político” que lo condujo primero a la candidatura del PES a la alcaldía de Cuernavaca y luego a la nominación a la gubernatura junto con Morena, después de una negociación con Julio Scherer, el actual Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, y quien fue el artífice de que el presidente López Obrador aceptara la alianza con el PES en Morelos y la postulación de Blanco.

A Sanz se ha vinculado desde hace tiempo con los manejos financieros tanto del Ayuntamiento de Cuernavaca como de la gubernatura. Su figura fue cuestionada por dirigentes del PES como Hugo Éric Flores, actual delegado de los Programas Federales en Morelos, y quien se convirtió en un contrapeso en el Gobierno de Cuauhtémoc al impulsar en la Secretaría de Gobierno a Pablo Ojeda Cárdenas, quien le arrebató gran parte de la operación política al grupo de Sanz Rivera. Paralelamente, la presencia de Ulises Bravo, medio hermano de Cuauhtémoc Blanco, también le restó fuerza a José Manuel, y hubo toda una operación interna del grupo del PES para neutralizarlo y restarle influencia y poder.

Hoy que el tema ha llegado a la Fiscalía General de la República, a través de los expedientes integrados por la UIF, es cuestión de tiempo para que estalle el escándalo de las investigaciones y denuncias en contra de algunos integrantes del equipo de Gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien no tendrá más remedio que dejar que las autoridades federales procedan contra sus cercanos, si es que quiere salvar su propia cabeza.

Es decir, que Cuauhtémoc tendrá que jugar “de sacrificio”, como lo llegó a hacer en la canchas, y dejar que le limpien su Gabinete, porque en Palacio Nacional no están nada contentos con su propio desempeño.

Notas indiscretas… a partir de ayer se realiza en la capital británica, la vigésima Semana de México, en la London Economics School, en la que habrá a lo largo de toda esta semana una serie de foros, mesas y conferencias sobre la política y las políticas de nuestro país. Temas como la democracia mexicana, los derechos humanos, la seguridad y el combate a la corrupción y la política energética, entre otros, serán abordados por expertos mexicanos que han sido convocados por la institución británica. Entre los ponentes y conferencistas invitados está el director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, quien dará una plática sobre cómo se están combatiendo prácticas como el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción política y privada en el Gobierno de la 4T. También destaca la presencia de Lorenzo Córdova, presidente del INE, quien participará en una mesa sobre la democracia en México, junto con analistas como el encuestador y director de Parametría, Francisco Abundis, entre otros invitados…
10 Marzo 2020 04:07:00
El paro que sacudió a México
Nunca en la historia del país se había registrado un paro nacional de labores tan grande y visible como el que ayer lunes realizaron millones de mujeres mexicanas en casi toda la República. La mayoría de las ciudades más grandes, comenzando por la Ciudad de México y siguiendo por Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, Chihuahua, Veracruz, Xalapa, Tijuana, Hermosillo, Acapulco y muchas otras ciudades medias y capitales, lucieron ayer semivacías en sus calles y con poco tránsito vehicular; con comercios, oficinas públicas y privadas, negocios, fábricas, escuelas y universidades, mercados y centros comerciales en los que la ausencia de mujeres fue notoria y afectó las ventas, labores y actividades productivas.

Aunque no hay aún un cálculo oficial del tamaño de la afectación económica que provocó a la industria, el comercio, los servicios y la educación, organismos empresariales estiman en al menos 35 mil millones de pesos el impacto que tendrá en la productividad de las empresas y negocios este primer gran paro nacional de mujeres #UnDíaSinNosotras. Es decir, que por donde se le vea, el 9M y su convocatoria resultó ser un éxito y sienta un precedente histórico no solo para el tema que le dio origen, que fue exigir el fin de la violencia hacia las mujeres y el castigo al feminicidio, sino también en materia laboral, donde nunca en México se había logrado un paro de tal magnitud.

Y si a eso se suma que el paro ocurrió en un “lunes negro” para la economía internacional, con la caída estrepitosa de las bolsas de valores de todo el mundo, y también para la economía mexicana, por la depreciación del peso que ayer llegó a los 21.53 por dólar para cerrar finalmente en 20.78, el derrumbe en la Bolsa Mexicana de Valores que cerró con 6.74% abajo en sus operaciones, además de la caída de la mezcla mexicana de petróleo hasta los 24 dólares por barril (de 49 dólares en que se estimó en el Presupuesto 2020).

Para colmo, el país está sufriendo también el impacto económico por la presencia del coronavirus Covid-19, que aunque según las autoridades federales de Salud está “bajo control” con solo 7 casos, la falta de información y protocolos y operativos de emergencia y prevención contra la emergencia sanitaria en México, ya empieza a preocupar y a despertar suspicacias de especialistas que se preguntan si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador realmente está tomando las medidas necesarias y urgentes para enfrentar la pandemia internacional o si se está manipulando y controlando la información en aras de no “sobrerreaccionar”, como ha dicho el Presidente.

Y es que el Presidente lo mismo minimiza y desestima el impacto de las marchas y paros multitudinarios de las mujeres, que dice que “todo está bajo control” con el coronavirus o asegura que la turbulencia financiera internacional, que golpea al peso y al precio del petróleo, no le preocupa porque tenemos “finanzas públicas sanas y suficientes reservas internacionales”.

Lo mismo decían las autoridades federales y hacendarias en 2008, curiosamente en el Gobierno de Felipe Calderón el hoy “villano favorito” de la 4T, durante la crisis de las viviendas en Estados Unidos.

Hoy López Obrador y su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, parecen caer en la misma tentación de no alarmar ni aceptar que viene una tormenta para la economía con la afectación del Covid-19, el nulo crecimiento y el golpe letal a Pemex por la crisis petrolera, y le apuestan a dos variables que ya fallaron en 2009 y van a volver a fallar hoy: las finanzas públicas sanas y las reservas de capitales volátiles que llegaron atraídas por un peso fuerte, pero que volarán en cuanto perciban el inicio de una crisis económica. Ante la amenaza que se cierne sobre la economía del país, ya no valen ni los “otros datos” ni las teorías conspiracionistas ni mucho menos un optimismo falaz. Más realidad y ajustes urgentes a la política económica, a la sustitución de importaciones y a la baja de tasas de interés para reactivar el crecimiento, es lo que nos urge.
09 Marzo 2020 04:07:00
Un lunes sin mujeres y con el peso débil
Este no será un buen lunes para la economía mexicana. Tonos negros y morados pintarán este inicio de semana. Primero porque cientos de miles de mujeres, tal vez millones en todo México, pararán sus actividades cotidianas, laborales, académicas y profesionales, además de que una gran parte del sector femenino no saldrá a realizar ni compras ni las actividades que diariamente aportan a la fuerza laboral y productiva del país. Y segundo porque hoy nos amanecemos con una caída en picada del petróleo que, parte por el coronavirus y sus afectaciones y parte por el fracaso de negociaciones en la OPEP, ayer domingo desplomó los precios internacionales del energético hasta los 30 y los 20 dólares, como no se veía desde la Guerra del Golfo en 1991.

Podría decirse que este será un lunes morado, porque al paro histórico de Un Día Sin Mujeres, cuyos efectos además de sociales, por el grito sordo que significará la ausencia de las mujeres, le antecedieron las protestas multitudinarias que ayer tuvieron lugar en México y en el mundo, donde cientos de miles de mujeres salieron a las calles de varias ciudades mexicanas y de todo el planeta, para hacer sentir su voz como nunca en un grito único y enérgico: “¡Basta de violencia!” y “Fin del patriarcado”.

Será difícil que autoridades y la sociedad misma ignoren a partir de ahora el reclamo no solo de desterrar y cambiar una cultura socialmente aceptada y tolerada de machismo, misoginia y violencia de todo tipo hacia las mujeres, sino también que los políticos y los gobernantes, sean del partido que sean, crean que con discursos huecos y buenas intenciones podrán responder a la exigencia, cada vez más fuerte, de detener la violencia feminicida, los asesinatos y violaciones de niñas y mujeres.

El primer paso ya lo dieron las mujeres mexicanas. Hoy con su ausencia que las hará más visibles y nos dejará ver todo lo que pesa y lo que vale la fuerza de su trabajo y su esfuerzo cotidiano en la economía y en nuestras vidas, y ayer con el grito unánime de los ríos de mujeres de todas las edades, clases sociales, orígenes y profesiones y ocupaciones.

Pero para que este movimiento trascienda se necesitará que los grupos y colectivos que lo impulsan sean capaces de institucionalizar esta enorme fuerza femenina.

Ayer fue inevitable que el nombre del presidente López Obrador saliera a relucir en las marchas con pancartas y hasta en el mensaje final que dieron en el Zócalo los colectivos de mujeres.

Así que este no será un buen lunes ni para la economía ni para el Presidente. A los reclamos de las mujeres se sumará el golpe al peso que ayer colapsó y la histórica caída de los precios del petróleo. Si hay algo que le importa a López Obrador en términos económicos son precisamente el precio del dólar y el “peso fortachón”, al que defiende y presume casi todos los días, y la producción y recuperación de Pemex que irremediablemente se verá arrastrada por el derrumbe ocasionado por Arabia Saudita y su agresiva política energética, con la que respondió a la ruptura de acuerdos en la OPEP. Ese será el “lunes negro” para la economía.







07 Marzo 2020 04:00:00
El Presidente que no quiso defender a las mujeres
Nadie entiende cómo el político más hábil y sensible del país no fue capaz de distinguir entre un movimiento femenino y feminista, que parte de una incuestionable realidad de violencia, feminicidios e inequidad de género, y una “conspiración política” en su contra.

Nadie se explica cómo el hombre que habita en Palacio, que durante años supo leer y montarse hábilmente en la indignación y el coraje de los movimientos sociales y políticos –incluso hasta llegar a la Presidencia de la República–, esta vez no fue capaz de entender el enojo y el hartazgo de las mujeres y lejos de sensibilizarse y mostrar empatía con esa rabia femenina en contra la violencia real y colocarse, como muchas veces lo hizo, del lado de las víctimas, prefirió confrontarlas, cuestionarlas y descalificarlas con el argumento de que sus opositores “conservadores” están detrás de las reivindicaciones feministas.

Andrés Manuel López Obrador se equivocó rotundamente no solo la primera vez, cuando pidió a las periodistas en su conferencia mañanera dejar de hablar de feminicidios porque “se ha manipulado mucho y aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación”; se volvió a equivocar una y otra vez cuando, en su necedad y terquedad de no apoyar un movimiento disruptivo de mujeres hartas de discursos e impunidad contra sus asesinos y violadores, se preocupó más por su Palacio –“no nos pinten las puertas, las paredes”– y decidió ignorar y minimizar los llamados a un Paro Nacional de Mujeres inédito e histórico –“yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro que se promueve del movimiento feminista”– para después mandar, tardíamente, a las secretarias de su Gabinete a tratar de deslindar a su Gobierno del enojo de las mujeres.

Pero los últimos y más graves errores los cometió el Presidente cuando primero se negó a defender a una mujer periodista que le pidió ayuda ante las amenazas proferidas en su contra (“Yo le deseo que le den un balazo”) por un bloguero de los que acuden cotidianamente a su conferencia mañanera.

El Presidente no solo fue incapaz de cuestionar al agresor, “porque yo con la prensa no me meto”, sino que justo a dos días de las manifestaciones que habrá este domingo en la Ciudad de México y en más de 24 ciudades del país por el “Día Internacional de la Mujer” y del Paro Nacional Un día Sin Nosotras del próximo lunes 9 de marzo, López Obrador de plano pintó su raya y le dio la espalda a los reclamos de las mujeres al declarar, a pregunta expresa, que él no era feminista: “Yo me considero humanista porque también debemos de pensar, yo creo que eso fue lo que produjo la confusión... la cuarta transformación es un despertar de las conciencias. Yo considero que lo fundamental es el humanismo, ese es mi punto de vista. Los conservadores se disfrazan de feministas, muy raro ¿por qué? Vieron que era la posibilidad de atacarnos, cuando nosotros siempre hemos defendido los derechos de las mujeres”.

¿Qué le pasó en toda esta coyuntura desafortunada al Presidente que terminó confrontándose y descalificando a un movimiento encabezado por el sector de la población que representó el 49% de los votos que lo llevaron en julio de 2018 a la Presidencia? ¿Cómo fue que no hubo nadie de sus asesores y colaboradores del Gabinete que le dijera que una batalla en contra de la lucha feminista y la exigencia de justicia y seguridad para las mujeres era una batalla políticamente perdida incluso para un Presidente tan popular como él, sobre todo en momentos en que sus niveles de aprobación y popularidad han empezado a mostrar una tendencia a la baja y una caída de casi 20 puntos en los últimos meses?

Porque ya sabemos que al Presidente le gusta la provocación como estrategia política, como cuando dice que tiene “otros datos” de crecimiento económico o de bienestar que nadie más defiende, o incluso cuando sostiene que sí hay suficiente abasto de medicamentos y de tratamientos para enfermedades como el cáncer, aun a contracorriente de las quejas y las denuncias reiteradas de pacientes y familiares; esa necedad y cerrazón del Presidente llega a molestar e incluso a irritar, sobre todo en el tema de las medicinas porque se está atentando contra la salud y la vida de mexicanos enfermos, en muchos casos niños a los que se pone en riesgo incluso de morir por el retraso o la ausencia de sus tratamientos.

Pero en el caso de las mujeres, López Obrador ni siquiera invocó sus consabidos “otros datos”, aunque tampoco se atrevió a negar la violenta realidad, sustentada en cifras, datos oficiales y estadísticas que confirman que a las mujeres mexicanas no solo las están matando –10 asesinatos diarios– sino que las están violentando, acosando, discriminando e invisibilizando todos los días en un país que no ha podido o no ha querido hacer nada para detener la ola feminicida.

Decir y repetir que “estamos haciendo muchas cosas para apoyar a las mujeres”, como lo hizo el Presidente a cada cuestionamiento sobre su posición ante las movilizaciones y protestas femeninas, es algo que solo viene a confirmar que nunca entendió o de plano la soberbia y la terquedad no lo dejaron entender, que ni su Gobierno, ni los gobiernos estatales, municipales, ni el resto de los poderes del Estado mexicano y ni siquiera la sociedad, están haciendo lo suficiente para detener la violencia que comienza con maltratos, acosos, sometimiento económico, discriminación y golpes, y que termina con violaciones, torturas, vejaciones y hasta mutilaciones para las mujeres mexicanas.

Para tratar de entender por qué Andrés Manuel López Obrador no quiso de plano dar ni apoyo ni crédito ni legitimidad a la movilización y el paro feminista de este fin de semana, lo más grave sería pensar que el poder cambió al político que conquistó la Presidencia precisamente por su habilidad para conectar y entender las causas sociales o que los efectos de la Presidencia vertical que ejerce, le restaron al tabasqueño su sensibilidad para leer un movimiento que, aún concediendo que sus opositores se hayan montado en él –exactamente como él mismo lo hizo en infinidad de ocasiones y movimientos cuando fue opositor– no deja de representar las exigencias, los reclamos y sobre todo la rabia y el hartazgo de más de la mitad de la población, de la fuerza laboral y productiva de este país y, sobre todo, del electorado, el mismo electorado femenino que en su momento le dio su voto al hoy Presidente, casi en la misma proporción que los votantes hombres.

Por lo pronto, al Presidente que se define como “humanista”, pero se niega a declararse “feminista”, valdría la pena recordarle lo que dice la experta en estudios de equidad, Sherrie Silman: “El Feminismo no se llama Humanismo ni Igualitarismo porque tanto en el Igualitarismo como en el Humanismo bulle un concepto preexistente; el que defiende que ‘las mujeres pueden o incluso deben ser reconocidas como personas’ sin tener en cuenta la lucha por la equidad de género y contra la homofobia, el racismo u otras discriminaciones que la Declaración de Derechos Humanos pretende erradicar.

“El Feminismo se niega a eliminar el fem- de su nombre porque eliminar el femenino de la palabra sería discriminatorio y contraproducente. El Feminismo debe su nombre precisamente al sentimiento de odio hacia lo femenino que impregna todo el planeta”.

Algo similar defiende la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, al cuestionar que decirse humanista o hablar solo de derechos humanos “es una forma de fingir que no han sido las mujeres quienes se han visto excluidas durante siglos. Es una manera de negar que el problema del género las pone a ellas en el punto de mira”.

Adichie relata que una vez mientras hablaba de temas de género, un hombre le dijo: “¿Por qué tienes que hablar como mujer? ¿Por qué no hablas como ser humano?”. Los dados mandan Escalera doble.


05 Marzo 2020 04:00:00
El PAN, sin liderazgo y con la cuña calderonista
El escenario para el principal partido opositor en México no luce nada fácil de cara a los próximos comicios intermedios. Los propios panistas reconocen que, tras la derrota de 2018 y el desgaste que sufrieron por la fractura interna que provocó su excandidato presidencial Ricardo Anaya, el panismo se quedó sin liderazgos fuertes y con una división aún latente entre la dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés -quien no acaba de consolidar su presencia y liderazgo partidista- y los 11 gobernadores de Acción Nacional que tratan de llenar ese vacío, pero tienen enfrente el férreo control presupuestal del presidente López Obrador.

En esas condiciones y sin un líder nacional que los aglutine, el panismo se propone el ambicioso objetivo de “romper la mayoría de Morena y de López Obrador” en la Cámara de Diputados, para lo cual tendrían que ganar al menos 100 distritos electorales, algo que no se ve fácil ante la fuerza con la que, a pesar de su caída en las encuestas, llegará el Presidente a los comicios y las tendencias que, con todo y sus pleitos internos, siguen favoreciendo al partido gobernante.

Pero por si fuera poco enfrentar a AMLO y a sus programas sociales, el PAN tendría muy probablemente en los comicios de 2021 otro problema si México Libre, del expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, obtiene el registro como nuevo partido político. La organización va directamente por el voto panista y terminará mermando la base electoral de Acción Nacional y afectando sus posibilidades de triunfo en distritos y estados tradicionalmente blanquiazules.

Además la renovación de 13 gubernaturas que estarán en juego, 4 de ellas gobernadas actualmente por el PAN (Chihuahua, Nayarit, Baja California Sur y Querétaro), también es un elemento que va a impactar la votación en los comicios intermedios. En ese dilema el PAN está revisando la posibilidad de hacer alianzas con distintos partidos, especialmente con Movimiento Ciudadano, sobre todo en los estados del occidente del país; con el PRI de plano la dirigencia nacional panista descarta alianzas electorales, aunque hay una propuesta para buscar, si no coaliciones formales, sí una especie de “voto cruzado” con los candidatos priistas en algunos distritos.

Dependiendo de cómo le vaya en la aduana de 2021, los días de Marko Cortés en la dirigencia parecen contados. Ya hay incluso gobernadores que empiezan a moverse en pos de la presidencia del PAN, algunos incluso con miras a un proyecto presidencial en 2024. Es el caso, por ejemplo, del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien recientemente hizo modificar la ley en su estado para adelantar la fecha de su informe de Gobierno, para que en vez de darlo en noviembre, pudiera darlo el próximo 7 de marzo. Ese cambio legal, dicen cercanos al Mandatario tamaulipeco, tiene por objeto que el próximo año, después de los comicios de julio de 2021, Cabeza de Vaca esté en posibilidades de dejar la gubernatura, antes de su quinto año, para lanzar su campaña por la dirigencia nacional del PAN.

La jugada tendría un doble efecto: por un lado Cabeza de Vaca buscaría suceder a Marko Cortés, que termina su periodo oficialmente en noviembre del 2021, y por el otro, al mismo tiempo que desde el CEN del PAN comienzan a preparar una posible candidatura presidencial en 2024, también al dejar un gobernador sustituto en su estado, posibilita que no sea él quien apoye primero la candidatura a gobernador de su hermano Ismael García Cabeza de Vaca y, si este gana el estado en 2022, que la transición de gobierno no sea entre dos hermanos. Ese modelo, dicen, es una mezcla de lo que hicieron en su momento los priistas Humberto y Rubén Moreira en Coahuila, y en el PAN, el difunto Rafael Moreno Valle en Puebla.

Veremos cómo le va al PAN primero con sus conflictos internos y luego con la fuerte competencia en los comicios del 2021 en donde, además de enfrentar a la fuerza de López Obrador y la 4T, también tendrá que enfrentar a la cuña calderonista con su México Libre. Y como dice el dicho, para que la cuña apriete, ha de ser del mismo PAN... Los dados repiten Serpiente. Mala racha.

04 Marzo 2020 04:02:00
Divide y vencerás, estrategia de López Obrador para 2021
Como en la vieja máxima de los emperadores romanos, que cuando querían conquistar a una nueva nación para su imperio aplicaban la política del “divide et impera”, así hoy el Gobierno del presidente López Obrador, le apuesta a dividir y pulverizar el voto opositor en el país para enfrentar las complicadas elecciones de 2021 y el riesgo real de que Morena pierda su mayoría en la Cámara de Diputados.

La estrategia, decidida directamente desde Palacio Nacional, parte del diagnóstico realista de encuestas y sondeos internos que reconocen que el partido del Presidente se ha debilitado y que, entre sus pleitos y reyertas internas y la incapacidad de sus dirigentes para movilizar una estructura nacional aún dispersa y desarticulada, Morena no le garantiza en estos momentos a López Obrador ganar la mayoría de los 300 distritos electorales en los que se elegirán diputados federales en julio del próximo año, muy distinto el panorama para las gubernaturas en donde las mismas encuestas dicen que los candidatos morenistas pueden arrasar en al menos 11 de 15 estados que eligen
Gobernador.

Para subsanar la debilidad de Morena en la estratégica elección parlamentaria e intentar garantizar que en la segunda mitad de su sexenio haya una mayoría legislativa en San Lázaro, que consolide los cambios y reformas de la cuarta transformación, el Presidente y sus asesores idearon un esquema que le apuesta ya no tanto a los morenistas, sino a sus partidos aliados actuales y, sobre todo a los llamados “partidos emergentes”, que son los nuevos partidos que obtendrían registro ante el INE y a los que López Obrador ya operó para “amarrarlos” como sus aliados en la Cámara de Diputados.

Personalmente, el Presidente desplegó una fina operación política para asegurarse de que, de las siete opciones políticas que ya cumplieron todos los requisitos legales y entre las que los consejeros del INE decidirán a cuáles les otorgan el registro oficial en junio próximo, al menos 5 de esas nuevas organizaciones tienen “afinidad política e ideológica” con la 4T, además de que sus dirigentes ya fueron recibidos en Palacio Nacional para pedirles su alianza con la bancada oficialista en San Lázaro.

Entre los posibles nuevos partidos políticos que son afines a López Obrador y ya habrían comprometido su apoyo al proyecto de la 4T, están Redes Sociales Progresistas (RSP), del grupo de Elba Esther Gordillo; Encuentro Solidario (PES) que ya es aliado actual en el Congreso y lo sería con su nuevo registro; el Grupo Social Promotor de México (GSPM) perteneciente al SNTE; y marcadamente Fuerza Social por México (FSXM), el partido convocado por Pedro Haces, líder de la CATEM y a quien se dice que personalmente el Presidente le pidió crear el nuevo partido político.

Es decir que de siete, solo dos nuevas opciones políticas no están con el lopezobradorismo: el primero México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala, por razones obvias, y el segundo Fundación Alternativa AC, que encabeza el expriista César Augusto Santiago. La paradoja es que aún en el caso del partido de los Calderón, podría terminar beneficiando al presidente López Obrador y a su mayoría en la Cámara de Diputados, porque México Libre a quien le va a quitar votos es al PAN, con lo cual terminaría favoreciendo también la estrategia presidencial de pulverizar y debilitar al voto opositor.

Basado en los datos históricos, el Consejo General del INE podría avalar, en junio próximo, la creación de tres o hasta cuatro nuevos partidos políticos, según ha declarado el consejero presidente Lorenzo Córdova. Suponiendo que fueran cuatro, ya podemos dar por hecho que tres de los nuevos partidos serán afines al presidente López Obrador y a la 4T, y que solo uno será de oposición, el de los Calderón, aunque paradójicamente el expresidente, con su obsesión de tener su propio partido, podría terminar beneficiando a la estrategia presidencial para el 2021 del “divide y vencerás”.


03 Marzo 2020 04:04:00
Siguen gastos suntuosos de empresas ligadas a Odebrecht
En las investigaciones financieras del caso Odebrecht, el Gobierno federal investiga a varias empresas que tuvieron vínculos y tratos comerciales con la compañía brasileña acusada de sobornar con 12 millones de dólares a la campaña de Enrique Peña Nieto.

Para rastrear la actividad de esas empresas y su vinculación con la trama de corrupción de Odebrecht se revisan los “gastos suntuosos” de algunos de sus dueños y accionistas, cuyas cuentas y gastos están siendo revisados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

El mecanismo, similar al que se utilizó para seguirle la pista al dinero público desviado por Javier Duarte en Veracruz, consiste en revisar las compras y gastos realizados por los empresarios en cuestión en agencias de autos de lujo, joyerías de alta gama, bienes raíces, viajes al extranjero, etcétera.

Y en esa labor minuciosa, casi obsesiva, que se dirige desde la oficina del titular de la UIF, Santiago Nieto, en coordinación con el SAT, se están revisando a detalles los gastos y operaciones reportados tanto por personas vinculadas a las investigaciones de Odebrecht como por algunos de los negocios donde se realizan esos gastos y compras de lujo.
Las investigaciones, en ese sentido, según nos confirman fuentes muy cercanas a Hacienda, están llevando al SAT y a la UIF a hacer una compulsa en las principales joyerías de México, en concreto en dos de los negocios más exclusivos de ese sector que están ubicados en la avenida Masaryk, en Polanco.

A estos dos negocios que venden joyería de alta gama se les está abriendo un expediente para verificar los gastos de algunos de sus clientes, sobre todo cuando éstos estén vinculados a alguna investigación federal, ya sea que se trate de personas políticamente expuestas o de empresarios.

Al mismo tiempo se revisa la facturación que los establecimientos realizan en torno a los productos que venden para detectar posibles prácticas de evasión fiscal, tanto de los clientes y compradores como de los propios negocios, pues se presume que en algunos casos se emiten facturas de relojes más sencillos para ocultar la venta de un reloj de marcas más caras y lujosas.
Veremos en qué termina esta búsqueda de “gastos suntuosos” y qué nombres salen a relucir en las investigaciones que realizan la UIF y el SAT vinculadas a indagatorias y expedientes federales en proceso.

Por lo pronto, los propios dueños de algunos de los negocios en donde se realizan esas compras de lujo deberían estar poniendo sus asuntos al día, especialmente un par de joyerías de la zona de Masaryk, donde empezarán a hacer las compulsas las autoridades financieras y hacendarias.

Notas Indiscretas…

A propósito de investigaciones federales, nos dicen las fuentes consultadas que las indagatorias contra el empresario más importante del outsourcing en México ya están en manos de la Fiscalía General de la República y que pronto podría haber noticias al respecto.

Por cierto que en la Concamín, el organismo cúpula de los industriales mexicanos, cuentan que ese mismo empresario hace algunos años se acercó a ellos con la intención de registrarse, pero los dirigentes de la Confederación de Cámaras Industriales, después de revisar el caso y los antecedentes, le respondieron cortésmente, pero con una negativa al empresario, que finalmente terminó afiliado a una Cámara de Comercio.

¿Pues qué verían en la Concamín para negarle el registro?… Apenas un día después de que el presidente López Obrador se enojara en Tabasco por lo que llamó “grillas y politiquerías”, ante el reclamo de sus seguidores, ayer lunes se produjo una renuncia en su Gabinete que parece tener eco con los temas
tabasqueños.

Javier May, paisano tabasqueño de López Obrador, renunció a su cargo como subsecretario de Evaluación de la Secretaría del Bienestar y coordinador del Programa Sembrando Vida, uno de los más importantes para la 4T.







02 Marzo 2020 04:08:00
Gobernadores y alcaldes, otro ‘talón de Aquiles’ de la 4T
En su propia tierra, Macuspana, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cortar su discurso, al enfrentar la molestia de pobladores que le gritaban consignas y reclamos al Alcalde de Morena, Roberto Villalpando, y al Gobernador, también morenista, Adán Augusto López.

“Miren, ahí, están los gritos… ¿que ganamos con eso? ¿Van a seguir gritándole al Presidente Municipal?”, preguntó el Presidente a la multitud enardecida: “Sííí”, le respondieron. “Pues yo no estoy de acuerdo”, dijo el Mandatario, que se quedó callado e interrumpió molesto su discurso.

La escena, que claramente incomodó y molestó la gira presidencial que se proponía ser un “diálogo con el pueblo chontal” ocurrió justo en el municipio de donde es originario el Presidente, quien se negó a escuchar los reclamos en contra del Alcalde: “ya no voy a seguir hablando porque así no se puede”, dijo mientras calificaba esos reclamos como “grilla y politiquería”.

Así, el Presidente se ofendió por un reclamo que no era para él, pero sí para los dos gobernantes locales de su partido a los que decidió defender al grado de suspender su discurso y hacerse el ofendido.

Muy distinto actuaba el Presidente cuando, al inicio de su Gobierno, la gente solía abuchear y gritarles a los gobernadores de oposición durante las giras presidenciales en los estados. Entonces nunca suspendió un discurso ni se molestó por los gritos, a lo sumo llegó a pedirles a sus seguidores, entre sonrisas cómplices, que “respeten al gobernador, somos amigos”.

Hoy, cuando se trata primero de su tierra natal y luego del alcalde y del gobernador de su partido, López Obrador sobrerreacciona y hace suyo un reclamo que no era para él. De paso, descalifica las expresiones de la gente en contra de sus autoridades locales, al llamarlas “grillas y politiquerías”, sin tomar en cuenta que se trata de sus mismos paisanos y base social, quizá de las más fieles que tenga en el país, que están inconformes con las decisiones y políticas del alcalde Villalpando y del gobernador Adán Augusto.

Con esa reacción iracunda y que descalifica a sus seguidores, el Presidente no está viendo el fondo del asunto que emergió ayer domingo en Tabasco, pero que está ocurriendo en casi toda la República: una buena parte de las autoridades locales emanadas de Morena, síndicos, alcaldes y gobernadores, están enfrentando rechazo y fuertes cuestionamientos a sus administraciones y a la forma en que están gobernando. La prueba de la plaza casi nunca la pasan las autoridades locales y en este caso tampoco las de Morena.

La escena de ayer domingo en Macuspana podría haber sido en Veracruz, en Chiapas, en Morelos o en alguna alcaldía de la Ciudad de México, todas ellas gobernadas por alcaldes o mandatarios estatales morenistas, cuyas gestiones están resultando tan fallidas para atender los reclamos básicos de la población, ya sea por falta de experiencia, por soberbia o por malas decisiones administrativas y presupuestales, que la gente se dice decepcionada de Morena en esos niveles de Gobierno.

Eso es algo que, aunque claramente no están midiendo en Palacio Nacional, le explotará a Morena y al propio Presidente en las próximas elecciones de este 2020 y 2021 en donde la inconformidad que ya se hace pública, incluso en las giras del Presidente, va a provocar serios reveses al partido gobernante y a la 4T, sobre todo a nivel del voto en alcaldías.

Ese será otro “talón de Aquiles” para el proyecto lopezobradorista si no se exige a los alcaldes y gobernadores emanados del partido oficial que se pongan las pilas y atiendan el descontento y la molestia de sus gobernados.

Alguien tendría que decirle al Presidente que, más allá de las “grillas y politiquerías”, la inconformidad de la gente contra sus alcaldes y gobernadores, por más amigos suyos que sean, le va a generar un problema electoral si no se hace algo más que molestarse y parar un discurso.
29 Febrero 2020 04:03:00
Salud en México: entre coronavirus y cártel de la Sangre
Justo en momentos en que el sector salud en México se encuentra en medio de una crisis de desabasto y falta de insumos en hospitales públicos, el coronavirus Covid-19 llegó al país con el contagio de dos mexicanos que estuvieron en Italia e importaron el virus al territorio nacional. Los dos casos ya confirmados oficialmente activaron todos los protocolos y los planes de emergencia que el Gobierno federal había presentado en la víspera para “mitigar” el impacto de la nueva cepa, y pusieron finalmente a trabajar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos estatales en una pandemia que, por más que el presidente López Obrador intentó minimizar, que pedía “no exagerar” y que hasta llegó a vincular con “malos deseos de nuestros adversarios que quieren que nos vaya mal”, finalmente ya está en México y tendremos que enfrentarla.

Los primeros impactos no solo fueron en el tema de la salud con los dos contagios confirmados y algunas escenas de pánico y compras alocadas de desinfectantes, cubrebocas y geles antibacteriales en ciudades del país; también el arribo del Covid-19 se sintió este viernes en la economía de México a la que el contagio del coronavirus la agarró débil y con un crecimiento cero del PIB, sin inversiones y con pronósticos cada vez más recortados en 2020.

El primer efecto se sintió en el peso, que después de llevar meses fortalecido e incluso ser “el orgullo de don Andrés”, quién lo presumía cada que podía en sus conferencias mañaneras como una señal de que “vamos muy bien, el peso está fortachón”, el viernes vivió una de sus peores semanas desde noviembre de 2016. El peso cerró febrero con una depreciación mensual del 4.06% o 76.4 centavos, con lo que cotizó en un promedio de 18.66. Sin embargo, la concentración de las pérdidas se dio en las últimas dos semanas del mes, cuando la divisa mexicana retrocedió un 5.76% o 1.07 pesos, justo cuando el coronavirus se extendió a países como Corea del Sur e Italia, y cuando se confirmaron los dos primeros casos de contagio en México.

El otro golpe del coronavirus fue a la Bolsa Mexicana de Valores, que se sumó a la crisis mundial de los mercados bursátiles. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) hiló su quinta jornada de pérdidas, con lo que acumuló un retroceso del 7.76% en la semana, el peor registro para la BMV desde septiembre de 2011. Las mayores pérdidas bursátiles se concentraron en los grupos aeroportuarios, ante una posible disminución en el tráfico de pasajeros.

A partir del viernes por la noche, el presidente López Obrador ofreció a las 21:00 horas un mensaje televisivo que pretende dar cada noche, junto con el subsecretario Hugo López Gattel, designado como responsable directo del manejo del coronavirus Covid-19. En el primer corte reportado se confirmaron los dos casos oficiales, uno en la Ciudad de México y el otro en Culiacán, Sinaloa, y se hizo énfasis en las dos cosas que más parecen preocuparle al Presidente en esta pandemia: por un lado decir que en su Gobierno “estamos preparados” para enfrentar la emergencia sanitaria, y por el otro pedir a la población que no se alarme porque hay los operativos necesarios y la capacidad de su Gobierno ante esta situación.

Y es que López Obrador tiene en la mente, y está convencido, de que su antecesor y villano favorito, Felipe Calderón Hinojosa, se equivocó al “sobrerreaccionar” ante la epidemia del virus de la influenza H1N1 y que eso, dicen en Palacio Nacional, fue más dañino para la economía del país que el mismo virus. Y como hoy en la 4T no quieren repetir nada que huela al calderonismo, el Presidente está presionando a su Gabinete de salud –en el que por cierto brilla por su ausencia el secretario Jorge Alcocer, quien ha dejado todos los reflectores al subsecretario López Gatell– para que cada anuncio, cada comunicado y cada protocolo que se ponga en marcha sobre el Covid-19 sea cauteloso, mesurado y sin producir alarma.

Por eso decidió ser él mismo quien encabece los mensajes nocturnos con el parte de cada día. Así que, con la pandemia de coronavirus ya presente en México, ahora no solo veremos todos los días a López Obrador en sus eternas conferencias mañaneras, sino también dando el parte diario de la emergencia sanitaria. Veremos cómo le va al Presidente y a su Gobierno que, más allá de conspiraciones o de buenos o malos deseos, tiene ante sí un enorme reto que le va a complicar el panorama a la 4T, tanto por la salud como por lo económico, y que también pone a prueba la capacidad de un cuestionado y debilitado sistema de salud pública.


Los vampiros quieren seguir chupando el presupuesto

Por si fuera, poco con la llegada del coronavirus, el sector salud mexicano también enfrenta el embate de empresarios-vampiro que pretenden seguir de-

sangrando el presupuesto público. El llamado “cártel de la Sangre”, que por años ha monopolizado la distribución de medicinas, bancos de sangre e implementos médicos, amenaza con mantener sus afilados colmillos sobre el sector salud a pesar de las acciones que han emprendido las propias autoridades federales para inhabilitarlos y denunciarlos por “prácticas monopólicas” para quitarles control en las licitaciones públicas.

Las empresas que participan en licitaciones en ese sector exigen que las cosas cambien y que cesen las asignaciones directas de contratos, que lo único que provocan es corrupción y opacidad. La existencia del llamado “cártel de la Sangre” se hizo pública desde 2016 cuando fueron revelados audios que exhibían llamadas telefónicas entre directivos de empresas poniéndose de acuerdo para participar en la licitación 019GYR988-T3-2015 de servicios de laboratorio que tenía en marcha el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El 10 de marzo de 2016, después de que se hicieran públicos los resultados de esa licitación que efectivamente se repartieron las empresas que se ponían de acuerdo, el entonces director del IMSS, Mikel Arriola, denunció a esas firmas ante la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por prácticas monopólicas, misma que abrió la indagatoria DE-011-2016, “por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre, así como de bienes y servicios relacionados con estos, contratados por el Sistema Nacional de Salud”.

Se supo entonces que entre las firmas denunciadas por el IMSS y hoy en investigación por parte de la Cofece están: Falcon, de Noé Ramírez; Impromed-Intermet, de Fernando Chein; Selecciones Médicas del Centro, de Francisco Pérez Fayad; Centrum, de Valentín Campos; Hemoser, de Ignacio Higareda, y Dicipa, de Francisco Pallach. A ese grupo de empresas y empresarios que se coludieron en aquel momento y que lo hacían comúnmente para repartirse las multimillonarias licitaciones del IMSS en medicamentos, bancos de sangre e insumos de laboratorio, se les llamó el “cártel de la Sangre”.

Lo más extraño de este caso es que tuvieron que pasar tres años, de 2016 a 2019, para que el asunto se moviera en la Cofece, en donde los comisionados tuvieron la denuncia del IMSS durmiendo el “sueño de los justos” y nunca movieron por años ese expediente, a pesar de que hubo exhortos desde el Senado de la República, como el que les hicieron el 27 de julio de 2016. En los pasillos de la industria farmacéutica se comenta que detrás del largo silencio de los comisionados de competencia hubo razones de peso y de pesos, pues a los empresarios del “cártel de la Sangre” se les vio varias veces haciendo labor de “cabildeo” para retrasar la investigación.

Fue hasta septiembre de 2018 que finalmente la Cofece publicó el acuerdo de conclusión de investigación emitido por su Dirección de Investigación de Prácticas Monopólicas Absolutas y, ya en el Gobierno actual, el 28 de marzo de 2019, la misma comisión emitió la notificación COFECE-017-2019 en la que anuncia el emplazamiento “a los agentes económicos por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre”, por lo que se inicia procedimiento seguido en forma de juicio, en el cual los agentes económicos podrán defenderse de las imputaciones que se hacen en su contra.

La investigación de la Cofece se mantiene y es vital para evitar que las prácticas monopólicas del “cártel de la Sangre”, sigan afectando al mercado de medicamentos y de servicios de salud. Pero eso es solo una parte del problema, porque ahora lo que también exigen el resto de las empresas del sector, las que se veían afectadas por ese cártel que acaparaba licitaciones con colusión y prácticas monopólicas, es evitar que las autoridades del sector no entreguen licitaciones directas porque beneficiarían a ese grupo poderoso de empresas que, aun investigadas y sancionadas, siguen moviéndose para mantener su control en el mercado y seguir chupándose, ellos solos, el presupuesto federal del IMSS y de otras dependencias de salud.

Lo que el resto de empresas y laboratorios que participan en las licitaciones de salud le piden al Gobierno de López Obrador es que los millonarios recursos con que cuenta el cártel no sigan siendo la llave que abra las puertas de las instituciones del sector salud, sino el apego a la legalidad de las licitaciones. ¿Volverá a imponerse el “cártel de la Sangre” a pesar de las investigaciones y denuncias en su contra? Los dados mandan Doble Escalera para los mexicanos ante el coronavirus. Semana dura.

27 Febrero 2020 04:07:00
La extradición del ‘Menchito’
Sigilosamente y cuando aún estaba en curso un amparo a su favor, el Gobierno del presidente López Obrador le entregó a Estados Unidos a Rubén Oseguera González “El Menchito”, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera González “El Mencho”. La entrega se produjo el jueves 20 febrero en la frontera entre Arizona y Sonora, y la seguridad y reserva y discreción con que actuaron las autoridades mexicanas fue por una petición directa desde Washington, en donde pidieron “acelerar la extradición” ante el retraso que provocaron las demandas y amparos interpuestos por sus abogados.

Rubén Oseguera, quien para EU era “el segundo al mando en el CJNG, también era el segundo en una lista de 11 presuntos integrantes de ese cártel que fueron solicitados en octubre de 2018 por el entonces fiscal general de EU, Jeff Sessions, el jefe de la DEA, Uttam Dillon, y el agente especial de la DEA en el área de Los Angeles, Daniel Comeaux. En el documento de ‘acusación’ emitido por las dos instancias estadunidenses, se señala que el CJNG ha emergido como la fuerza más poderosa de los cárteles de la droga en México y es considerado por el Departamento de Justicia una de las cinco organizaciones criminales internacionales más peligrosas”.

Esa lista, en la que se pide la detención de los mencionados con fines de extradición, se envió desde finales de 2018 al Gobierno mexicano y la tiene en su poder la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. La encabeza Nemesio Oseguera González, seguido de su hijo, Abigael González-Valencia, líder de “Los Cuinis”; Jesús Contreras-Arceo “El Canasto”, Erick Valencia-Salazar “El 85”, todos ellos identificados por el procurador estadunidense y por la DEA como “cabezas” del cártel; la lista la completan “individuos vinculados al CJNG”, entre los que mencionan a Osvaldo de Jesús Miramontes Díaz, Gerardo González-Valencia “El Lalo”, José Valencia González “El Chepa”, Ulises Giovani Mora Tapia “El Yiyo”, Juan Manuel Abouzaid “El Bayeh” o “El Escorpión” y Alfredo Galindo Salazar “El Tucán”.

El interés especial que el Gobierno de Donald Trump tiene en “El Menchito” quedó claro al radicarse su asunto directamente a un juzgado federal en Washington, donde el hijo de Nemesio Oseguera será procesado por delitos de “conspiración para distribuir cantidades significativas de narcóticos para su ilegal importación a Estados Unidos”, además de portar armas de fuego en sus actividades delictivas en su territorio.

Hasta ahí el asunto es estrictamente jurídico y forma parte de la relación y los acuerdos de cooperación entre el Gobierno de Trump y el de López Obrador. Pero esta historia da un giro político interesante. Un día después de la extradición de Rubén Oseguera y de su traslado directo a Washington, en un chat de abogados encumbrados –del que esta columna posee una captura de pantalla– uno de los abogados participantes preguntó al resto de sus colegas: “Buenas tardes, ¿algún penalista en Washington que lleve temas de alto impacto? Saludos”, varios de los integrantes le respondieron para darle nombres.

Lo interesante es que ese abogado es Emiliano Robles, quien públicamente se firma como Emilio RGM, y quien es muy cercano al expresidente Felipe Calderón y a su esposa Margarita Zavala, con quienes participa para la creación y registro del Partido México Libre. ¿Será casualidad que el reconocido abogado de la Libre de Derecho y promotor del partido México Libre estuviera buscando un penalista en Washington para ·temas de alto impacto”, un día después de la entrega de “El Menchito” al Gobierno de EU? Ahí dejamos la pregunta. Por lo pronto, la relación entre ellos es tan cercana que el abogado es uno de los encargados de organizar y articular la logística de México Libre, además de asesorar en la parte legal. ...Los dados mandan Escalera doble. Gran tiro.
26 Febrero 2020 04:07:00
Investigan en México al ‘rey del outsourcing’
Justo cuando en el Senado de la República se debate intensamente el esquema de subcontratación denominado “outsourcing”, con posiciones encontradas entre el empresariado nacional y secretarios del Gabinete, en el Gobierno federal han abierto una investigación en contra del mayor empleador que hay en el país bajo ese esquema: Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, a quién le indagan sus cuentas y manejos financieros por sospechas de “defraudación fiscal” y movimientos financieros irregulares.

Fuentes de la Secretaría de Hacienda confirman que hay abierta una carpeta financiera en contra de Beyruti, a quien la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT le comprobaron tan solo en un año una facturación de 34 mil millones de pesos, lo que entre otros temas dio pie a que se revisaran las cuentas personales del empresario y la del conglomerado de empresas que agrupa GINgroup.

Raúl Beyruti es un empresario que gusta de los reflectores y que ha hecho de su exitoso negocio de tercerización el más grande y rentable de México, con clientes como Walmart, Femsa, Inditex, Comex, HSBC y Mapfre entre otras 4 mil 500 compañías que le otorgan sus esquemas de subcontratación de empleados y el manejo de nóminas.

Según la página oficial de GINgroup, manejan a 180 mil trabajadores de sus clientes, tienen 2 mil expertos en distintas actividades, 11 centros operativos en la República Mexicana, 70 sucursales, 10 mil colaboradores y más de 50 filiales. Además se ufanan de que su “equipo de colaboradores, ha desarrollado de manera constante una garantía 100% anticorrupción”.

Un mes antes del inicio en el Senado los foros de Parlamento Abierto para discutir la regulación del “outsourcing”, a partir de la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, Beyruti apareció en la portada de la revista Forbes México en su edición de enero, en donde además de su fotografía le publican una extensa biografía y su posición sobre el debate de la terciarización en el Senado.

En algunas reuniones de las comisiones que analizan el dictamen de ley, el senador Germán Martínez aludió al imperio del outsourcing de Raúl Beyruti mientras mostraba la revista Forbes con su imagen y decía “esto es lo que no puede volver a pasar”.

En la entrevista y la portada de Forbes, que causó incluso un cisma en la revista con la renuncia del director editorial, Jonathan Torres, quién ayer martes confirmó en entrevistas que su salida fue porque no estuvo de acuerdo no solo con el reportaje y la portada sino con la llegada de Beyruti como “socio accionista” de la revista de origen estadunidense.

Pero la polémica y los señalamientos políticos que desata, no parecen afectar al empresario que se presenta como “el mayor empleador en México” y que ahora es investigado por la UIF y el SAT. En la entrevista con Forbes habla del debate del “outsourcing” en el Senado: “hay una persecución, desde hace tres o cuatro años, contra la tercerización, la subcontratación y el outsourcing, porque (algo) se ha confundido. Por desgracia, hay empresas que se han dedicado a vender facturas”. Y dice que su grupo se prepara ya con la revisión integral de sus procesos y la transparencia.

Y, como quien quiere mandar un mensaje de que no le preocupan las investigaciones federales, Beyruti dice que, además de sus empresas de “capital humano”, sus varios restaurantes y sus inversiones y compras de medios como El Financiero, El Economista y ahora la revista Forbes, además de dos canales de televisión por cable, Salud TV y Travel Chanel, estaciones de radio y revistas como Mundo Ejecutivo, Playboy entre otras, ahora su objetivo es “conquistar China”, operar un Banco y emitir una OPI en la BMV, pero no con su negocio mayor, que es el “outsourcing”, sino con su grupo restaurantero.

Veremos si los ambiciosos planes del empresario de origen poblano, dueño de un emporio laboral, mediático y restaurantero se concretan. En su relato de vida, que él mismo define como “39 años de trabajo y

sacrificio”, mientras le cuenta a Forbes su historia de un niño de clase media baja, con un padre supervisor en las tiendas Sears y una madre secretaria que los mantenía a él y a sus hermanos, que después estudió contaduría y encontró en el “outsourcing” una auténtica mina de oro, no aparecen ni sus conexiones políticas con los gobiernos de los últimos sexenios y mucho menos sus millonarios movimientos financieros de 34 mil millones de pesos que llamaron la atención de las autoridades financieras y fiscales para investigarlo, pero no sería lejano que, para inaugurar la nueva ley que regulara la subcontratación en México, le peguen al “Rey” para demostrar que van en serio.


Notas Indiscretas…

Las órdenes de aprehensión que se solicitaron ayer en la FGR contra el dueño del Grupo Hidrosina, William Karam, y su hermano Paul, además de otros tres personajes vinculados al Gobierno de Peña Nieto como el general León Trauwitz, exdirector de Seguridad de Pemex, son reales y las confirman en el Gobierno federal.

En el caso concreto de los hermanos Karam Kassab, el tema tiene que ver con una defraudación fiscal por al menos 9 millones de pesos que le documentó la UIF de Hacienda al dueño de Hidrosina y amigo personal de Emilio Lozoya. También tiene denuncias por huachicol y vender gasolina robada en sus establecimientos, pero esa investigación aún no se activa en la FGR.

Así que, tal como aquí lo dijimos, al “gasolinero favorito de Lozoya”, al que se le señala incluso de haber protegido al exdirector de Pemex en su huida del país, por una fotografía que tienen de ellos en el departamento de Rubén Darío 115 en Polanco, parece que le llegó la hora…

En Baja California, mientras se sigue retrasando la discusión en la Corte sobre la duración de su periodo de Gobierno, Jaime Bonilla impulsa la construcción de cuarteles para la GN en el estado. El primero ya funciona en Tijuana y están ya proyectados seis cuarteles más para todos los municipios del Estado.

Bonilla parece decidido a reforzar la frontera más transitada del mundo… Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.

25 Febrero 2020 04:07:00
Justicia imparcial para la libertad de expresión
La primera condición que debe cumplir un Juez, para poder serlo e impartir justicia, es la imparcialidad. Si un juzgador no es imparcial y además no tiene independencia para dictar sus decisiones o fallos, su actuación coloca a los ciudadanos en la total indefensión y vulnera un principio primordial de la justicia que consagra el Artículo 24 de nuestra Constitución: que todas las personas “tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

En el pleito legal que desde 2018 sostiene El Universal por la publicación del reportaje que reveló parte del patrimonio inmobiliario del entonces candidato presidencial Ricardo Anaya, el juez que hoy lleva el caso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el ministro Luis María Aguilar, expresidente de la Corte, quien es señalado por una de las partes como un juzgador que ha perdido la imparcialidad a la que le obliga la Constitución por tener motivaciones personales vinculadas a una denuncia periodística que se hizo en su contra en las páginas del mismo diario al que busca sancionar.

La insistencia del Ministro en proponer una sentencia que condene a El Universal por lo publicado en contra de Anaya, como lo ha hecho ya en tres proyectos de sentencia –los tres en contra del diario y dos de ellos ya rechazados por la mayoría de sus compañeros ministros– hace pensar que el expresidente de la Corte no solo perdió su imparcialidad, sino que está buscando venganza por la publicación que en abril de 2019, hizo el periódico sobre su gestión al frente del Poder Judicial, basado en un informe del Consejo de la Judicatura Federal que encontró inconsistencias en la construcción de un Centro de Justicia Penal Federal.

Lo grave radica en que, más allá de cómo se resuelva un pleito legal entre una empresa periodística, como El Universal, y un político como Ricardo Anaya, un fallo como los tres proyectos de sentencia que hasta ahora ha intentado el ministro Aguilar dañaría la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, porque supone que el derecho de réplica al que ya tuvo acceso Ricardo Anaya, debió haber sido para que el diario dijera que su información era falsa, a pesar que ya se demostró la veracidad esa información, y no para que, como la misma Corte lo ha dicho en sentencia existentes sobre acciones de inconstitucionalidad, se difunda y publique la versión del aludido, cosa con la que hace tiempo cumplió el diario.

Por esas razones y por desconfiar de su imparcialidad ante sus motivaciones personales, El Universal solicitó que el ministro Aguilar se recuse y no sea más el ponente en este caso y que la Suprema Corte nombre a un nuevo Ministro que no tenga motivaciones personales o ánimos de venganza para redactar su proyecto de sentencia.

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su Artículo 219, la recusación puede ser solicitada por una de las partes en los asuntos civiles, como este, y podrán hacerlo por 16 causas.

Si el tercer proyecto de sentencia del Ministro ponente se llegara aprobar –cosa poco probable, pero no por ello menos peligroso– sentaría un precedente que atacaría la libertad de expresión al abrir la puerta para que los políticos utilicen el derecho de réplica para debilitar a cualquier medio o periodista que los critique o cuestione y hacer, a partir de que se obligue a los medios a decir que su información es falsa, propaganda política y personal de las figuras públicas. Eso, en tiempos en donde la crítica y el ejercicio periodístico son vistos como “ataques políticos” contra los poderosos, significaría acabar con la libertad de prensa y el periodismo libre en México.
24 Febrero 2020 04:07:00
AMLO y Madero, entre la devoción y la obsesión
Envuelto en las crisis de feminicidio, seguridad y desabasto de medicamentos, el presidente López Obrador aprovechó ayer el aniversario luctuoso de Francisco I. Madero, uno de los héroes y expresidentes que más admira, para reafirmar su discurso conspirativo y reiterar que detrás de cada problema o reclamo social que lo rebasa, que se le desborda y se sale de control, está la mano “de los conservadores”, los mismos que, dice, asesinaron a Madero y a Pino Suárez en el Palacio de Lecumberri después de apresarlos y encarcelarlos junto al general Felipe Ángeles en Palacio Nacional.

No es la primera vez que el Presidente expresa en un discurso público su admiración por la figura del llamado “apóstol de la democracia” y de que utiliza la figura de Madero para mandar mensajes que establecen un cierto paralelismo entre él y el expresidente originario de Parras, Coahuila.

Pero al mismo tiempo que le admira por sus ideales democráticos y su propuesta de justicia social –incluso al nivel que los otros dos expresidentes que son su referencia: Benito Juárez y Lázaro Cárdenas– López Obrador tiene una especie de obsesión con la incomprensión, el vilipendio público y “la traición golpista” de que fue objeto el coahuilense: Madero, aseguró, “fue un político extraordinario y fuera de serie, a pesar de que en su momento lo consideraron insignificante, inepto de la política, poca cosa, desequilibrado mental y hasta loco”.

Apenas en la semana pasada, el Presidente había conmemorado el también aniversario luctuoso de Gustavo A. Madero y Adolfo Bassó, ambos asesinados el 18 de febrero de 1913 por las fuerzas golpistas de Victoriano Huerta. Un día después, reunido en el Zócalo de la Ciudad de México con los mandos y tropas del Ejército, les agradeció a los militares del país “que no hayan escuchado el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición y al golpismo”.

Todos estos discursos conectan sí con su devota filia maderista, pero también con su personalidad de mártir y su obsesión personal y permanente por una posible conspiración o reacción de sus adversarios en su contra.

López Obrador es un conocedor y apasionado de la historia de México y recurre a ella de manera constante no solo para sus discursos y mensajes políticos, como cuando llamó a la oposición “moralmente derrotada”, sino también para definir su estrategia política.

Así es que acostumbrémonos a que cualquier crisis que le estalle a este Gobierno, producto de sus errores, fallas o decisiones, sea respondida con el expediente de la “reacción conservadora” ante los cambios que está haciendo la 4T. Y nadie duda que hay intereses y reacciones de grupos económicos y de poder que se están viendo afectados con las decisiones de este Gobierno y que algunos de ellos tienen la fuerza y la capacidad de intentar desestabilizar a la Administración lopezobradorista; pero en la visión conspirativa del Presidente, ningún reclamo social, popular o ciudadano, así sea de mujeres, padres de niños enfermos, madres de niños de guardería o pobladores que se oponen a una de sus obras, será válido ni legítimo porque todos los que cuestionen a su Gobierno estarán bajo sospecha de ser “conservadores” y “adversarios”.
20 Febrero 2020 04:02:00
Lozoya, ¿testigo colaborador contra Peña Nieto?
Entre las opciones jurídicas que analiza la Fiscalía General de la República y que estaría negociando con Emilio Lozoya Austin y sus abogados, hay dos figuras jurídicas que podrían aplicarse al exdirector de Pemex una vez que sea extraditado de España y traído a México. La primera sería que aceptara su culpabilidad en los delitos graves que se le imputan a cambio de una reducción de pena, conocida como el “allanamiento a cargos”, figura contemplada en la legislación española, y la segunda sería que aceptara, una vez en México, acogerse a la figura de “testigo colaborador” del Código Penal federal para que, a cambio de información relevante sobre la corrupción en Pemex, obtuviera un beneficio penal.

Y en esta última figura, la de colaboración de un acusado, antes llamada “testigo protegido”, Lozoya Austin podría convertirse en el eslabón que la FGR está buscando para poder acusar e iniciar un procedimiento judicial en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, y contra quien fuera el llamado “hombre fuerte” de su sexenio, el influyente exsecretario de Hacienda y excanciller, Luis Videgaray Caso. Esa sería la forma en que, por primera vez en la historia del país, un caso de corrupción contra un exmandatario nacional pudiera ser judicializado y confirmaría la información que difundió ayer The Wall Street Journal: “México está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto”, atribuida por el diario estadunidense a un “alto funcionario mexicano”.

La información que fuentes vinculadas al caso Lozoya dieron a esta columna, coincide con la presencia en España del abogado Javier Coello Trejo, quien se reunió en la cárcel de Málaga con su cliente Lozoya Austin. La estrategia legal que ha desplegado Coello, con el envío de mensajes de amenaza o advertencia como “Emilio Lozoya no actuó solo” o “Mi cliente solo siguió órdenes del Presidente (Peña) y del secretario de Hacienda (Videgaray)” también concuerda con una negociación o al menos un diálogo en curso con la Fiscalía mexicana para que el exfuncionario preso “colabore” con las autoridades con información para llegar al expresidente.

Las mismas fuentes judiciales corroboran que también su padre, Emilio Lozoya Thalmann, aceptó colaborar con la Fiscalía y fue clave para lograr la detención de su hijo el pasado 12 de febrero, tal como lo informó el periodista Roberto Rock el domingo pasado. Incluso, al haber sido el vínculo de su hijo con los expresidentes Peña Nieto y Carlos Salinas, para quien trabajó como secretario de Energía en su sexenio, y durante sus meses de fuga el “correo humano” entre los tres personajes, Lozoya Thalmann habría decidido “cooperar” con el fiscal Gertz Manero, después de que sintió que su junior había sido “abandonado y dejado solo” por parte de Salinas y Peña. Una fuente cercana a la familia, que afirma que en su última plática con Peña en Madrid, antes de acercarse a la FGR, Lozoya padre se despidió con un mensaje: “Si Emilio se va a la cárcel, no se irá solo”.

Así que todo va cobrando sentido en el caso Lozoya con la frase que hace unos días le declaró el fiscal general Alejandro Gertz Manero al diario El País: “Estamos cerrando el cerco en torno a Peña Nieto”, y con lo que también este martes nos decía Santiago Nieto, poderoso titular de la UIF, en una entrevista que le hicimos para Las Noticias de la Noche, de El Heraldo TV: “Hay procesos de investigación abiertos en muchos frentes. Hemos aportado a la FGR 660 notas de investigación en 2019 y muchas involucran a gente cercana al expresidente Peña Nieto. Y es una parte fundamental de la agenda pública del presidente López Obrador de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”… Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
19 Febrero 2020 04:04:00
El gasolinero favorito de Emilio Lozoya
William Karam, dueño del grupo Hidrosina, fue el empresario gasolinero que más creció en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Su cercanía y amistad con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y con el poderoso exdirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, le ayudaron a construir uno de los emporios más rentables del sector gasolinero.

Fue tan cercana su relación con Lozoya que fue la última persona que lo vio en su departamento de Polanco, antes de que se fugara del país ante las órdenes de aprehensión que le giró la Fiscalía General de la República.

Según publicó el columnista Mario Maldonado en estas páginas, el 28 de mayo de 2019, cuando se libraron las primeras órdenes de aprehensión en su contra, el exdirector de Pemex estaba en su departamento de Rubén Dario 115, en Polanco, acompañado de su amigo Karam, quien además lo ayudó y lo protegió durante su huida del país.

El también columnista de El Financiero, Darío Celis, ha publicado que el empresario gasolinero fue clave para que Lozoya entrara en contacto con personajes de alto nivel del Gobierno ruso que lo habrían ayudado a refugiarse en San Petersburgo varios meses antes de moverse a España, donde fue capturado.

El problema para Karam es que, al tiempo que sus amigos del Gobierno de Peña Nieto han ido cayendo en desgracia, él mismo se volvió un empresario non grato para la 4T que con el arranque de la Estrategia Nacional contra el Huachicol, que lanzó el presidente López Obrador en enero de 2019, puso en la mira de empresas “sospechosas” por vender combustibles robados al Grupo Hidrosina.

Desde aquella fecha la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, comenzó a investigar las cuentas de la empresa Hidrosina y de Karam y sus hermanos Jorge, Jesús Gabriel y Paul Karam Kassab, socios del grupo. Hubo un primer intento, en enero de 2019, por congelarles 31 cuentas, aunque la investigación finalmente no cuajó en ese momento y sólo quedó en señalamientos públicos. Por aquellos días también el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, arremetió desde la conferencia mañanera contra el Grupo Hidrosina, al que acusó de vender la gasolina a los precios más altos en todo el país en esas fechas.

Pero la investigación contra Karam y su grupo gasolinero nunca se detuvo, y en este 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera tiene documentadas transferencias financieras irregulares que forman parte de un expediente que documenta la compra y venta de gasolina y diésel robados a Pemex que eran comercializados por Hidrosina. El expediente, que también tiene medidos los volúmenes de gasolina y diésel que el grupo de Karam compraba a Pemex, en contraste con lo que vendía, serán parte de las denuncias que ya se preparan en la Fiscalía General de la República para acusar al importante grupo gasolinero de huachicoleo y venta de combustibles ilegales.

Así que la gran amistad y los buenos negocios que hicieron durante el sexenio pasado Lozoya y Karam en una de esas continúan; solo que ahora, si se vuelven a encontrar, no habría restaurantes de lujo en Polanco ni departamentos o viajes fastuosos, y en lugar de los costosos trajes de sastre que ambos suelen usar, podrían ir los dos vestidos de color caqui.
18 Febrero 2020 04:08:00
Ante violencia feminicida, purificación y culpas
Dos asesinatos de mujeres han conmocionado y sacudido al país en menos de una semana por su crueldad y violencia misógina y machista. Dos feminicidios brutales, el de Ingrid Escamilla, de 25 años, y el de Fátima de apenas 7 años, cuyo nivel de inhumanidad han horrorizado a una sociedad que ya no se escandaliza fácilmente acostumbrada a normalizar la violencia a fuerza de verla repetirse cada día; pero esta vez las reacciones, protestas y manifestaciones en las calles y en las redes sociales son para exigir justicia, no solo para la joven y la niña masacradas, sino para los miles de mujeres víctimas de un fenómeno de violencia de género que crece al mismo tiempo que el nivel de impunidad de los feminicidas en México.

Y en medio de la ola de indignación que ha llegado, incluso a otras partes del mundo, hay dos cosas que aumentan el dolor y el hartazgo por la escalada feminicida: primero, la indolencia y la falta de empatía del Gobierno de la 4T y del presidente López Obrador que, lejos de conmoverse y mostrar la enorme sensibilidad social que le caracteriza, se muestra incómodo, molesto por el tema y sólo habla de él ante las preguntas insistentes de los reporteros y lo hace con desgano, con lugares comunes, sin acciones o estrategias concretas y más bien decálogos improvisados y una politización enfermiza del tema que lo mismo ve “grupos de poder” o “medios que no nos quieren”, que culpa al neoliberalismo.

La segunda cosa que duele e indigna, es que los casos brutales de Ingrid y Fátima no son, tristemente, excepcionales. Por el contrario, hay muchas otras mujeres, al menos 10 diariamente, que son sacrificadas, violentadas y asesinadas con odio y brutalidad en México. Las estadísticas oficiales contradicen el discurso presidencial que asegura que “estamos trabajando contra el feminicidio”.

Las manifestaciones en la calle de grupos feministas han provocado la molestia de los gobiernos de la 4T, al sentirse injustamente cuestionados por la falta de resultados.

Lo que más exhibe es cómo el Gobierno de López Obrador se está viendo rebasado ante la ola de reclamos, ira e indignación que exige acciones nuevas y contundentes para frenar la violencia contra mujeres y niñas en el país, fue el mensaje del Presidente que vinculó al aumento de los feminicidios con el neoliberalismo y la descomposición social que provocó en la sociedad y que dijo, su Gobierno debe seguir moralizando y purificando: “Hay una crisis profunda de pérdida de valores en el país… fue mucha la descomposición que produjo el individualismo, el egoísmo, el predominio de lo material... Tenemos que seguir moralizando, purificando la vida pública”.

¿La moralización y la purificación va a parar la violencia contra las mujeres y contra los mexicanos? ¿O realmente el Presidente cree que los feminicidas y asesinos que masacran, desuellan y torturan a mujeres y niñas merecen “respeto” y que esos hombres van a superar el odio de género que los mueve a asesinar mujeres sólo por sus llamados a “ser buenos para ser felices”? Cada vez es más confuso distinguir si el Presidente es un gobernante, un Jefe de Estado o un pastor que nos quiere redimir, sin poder evitar que maten los cuerpos de mexicanas y mexicanos, pero eso sí, procurándoles el “bienestar de sus almas”.

17 Febrero 2020 04:02:00
Reforma judicial: quieren control de jueces estatales
La molestia del presidente Andrés Manuel López Obrador con los jueces, especialmente con los del fuero local adscritos al Poder Judicial de cada estado, es fuerte. La revisión de expedientes sobre manejos irregulares en los juzgados estatales, donde jueces locales de una entidad dan fallos en otros estados fuera de su jurisdicción; o que muchos de esos juzgadores decidan no vincular a proceso a criminales acusados de delincuencia organizada, han causado que desde Palacio Nacional se pida a los senadores de Morena analizar si en el paquete de reforma judicial, que ya está en el Senado, se puede cambiar la Constitución para que la justicia local pase a estar supeditada y controlada por la Federación.

Este añadido al paquete de reformas judiciales sería de gran calado, porque impacta la relación entre la Federación y los estados, de los que depende actualmente el Poder Judicial local; pero el argumento del Presidente para buscar esa modificación constitucional es “meter orden en el foco de corrupción en que se han convertido los sistemas de justicia estatales” y para ello se quiere aprovechar la reforma al Poder Judicial Federal que se presentó la semana pasada y que tuvo una muy buena recepción por académicos y abogados.

Un caso particular que provocó que el presidente López Obrador solicitara a los senadores de su partido analizar la conveniencia de una reforma constitucional tan profunda, fue el escandaloso caso de corrupción en la CDMX, cuando el Mandatario fue informado de las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de los expedientes que ya obran en poder de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Federal contra la Corrupción y la propia Fiscalía de la CDMX, contra el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces DF, Édgar Elías Azar, y su red de operadores.

Los cálculos políticos que se hacen en el Gobierno federal parten de que Morena y su coordinador Ricardo Monreal podrían reunir los votos suficientes en el Senado para hacer las adecuaciones correspondientes. Pero es un hecho que meterle mano desde la Constitución y las leyes federales a los poderes judiciales locales, es algo que tendría que consensuarse primero con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, pues se trataría de una reforma que aumentaría notablemente la carga de trabajo para el Poder Judicial Federal.

Y es que el esquema por el que se está pensando la intervención en los sistemas de justicia estatales es muy similar a la forma en que se operó en la materia electoral, en donde el Instituto Nacional Electoral tomó bajo su control las principales directrices a los Organismos Estatales Electorales, los ahora llamados OPLE. Algo similar se buscaría instrumentar con los poderes judiciales de cada estado, que aunque conserven su carácter local y su relación con los poderes estatales, sean supervissados, fiscalizados y controlados desde el Poder Judicial Federal.

Así que un cambio profundo en la relación de la justicia local con la Federación, el Senado y la Corte se empezará a discutir en este periodo de sesiones ante lo que se percibe como una “corrupción rampante” en la justicia a nivel local. De hecho, la idea del Presidente tendría buena acogida en los jueces federales, quienes no verían mal una reforma en esa materia, pues la opinión pública no distingue entre jueces locales y federales, y la reputación de muchos buenos servidores públicos se ve afectada por la actuación de los juzgadores locales.

Por lo pronto, a reserva de ver cómo reaccionan los gobernadores ante esta modificación que trastoca temas de soberanía estatal, apunte una nueva reforma estructural en ciernes, de la que se hablará bastante y saldrá mucha información relevante.

NOTAS INDISCRETAS… Del total de cerca de 200 empresarios que acudieron a cenar a Palacio Nacional con el Presidente el miércoles 12 de febrero, a los más importantes, los VIP, los invitaron entre Alfonso Romo y otros personajes del gabinete que les hablaron personalmente, pero al resto, a los empresarios medianos y pequeños, para muchos de ellos la invitación no fue tan amable ni tan “voluntaria”. Varios de esos empresarios no tan conocidos que estuvieron en Palacio, dicen que recibieron una llamada del SAT avisándoles de la cena con el Presidente e invitándolos a ir. A los que, argumentando distintas razones, se negaban a asistir, les deslizaban, muy sutilmente, un comentario: “OK, sólo le recordamos que usted tiene actualmente un atraso o un adeudo de (la cantidad de que se tratara en cada caso) en el pago de sus impuestos”, a lo que los empresarios respondían casi invariablemente: “Sabe qué, acabo de arreglar mi agenda, dígale al Presidente que con gusto estaré el 12 a las 7:30 en Palacio”. Así ¿quién se niega a “cooperar voluntariamente” con la justa causa del Presidente?… Se baten los dados. Serpiente. La semana se ve complicada.

15 Febrero 2020 04:03:00
Emilio Lozoya y la conexión rusa
En mes y medio se llevará a cabo la siguiente audiencia que será clave en el juicio de extradición que el Gobierno de España ha iniciado en contra de Emilio Lozoya Austin, a petición del Gobierno mexicano, y será entonces cuando la Fiscalía General de la República pedirá vía la Cancillería que Lozoya sea traído a México por al menos tres delitos: operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Conforme avance el proceso de extradición, comenzará a salir cada vez más información sobre lo que ocurrió en los nueve meses de fuga y las conexiones internacionales que ayudaron y protegieron al exdirector de Pemex en su huida.

Por ejemplo, apenas en la primera audiencia, el juez Ismael Moreno, quien lleva la causa, ya estableció en su auto de prisión que Lozoya podría estar “blanqueando dinero para la mafia rusa” y que durante su detención en la exclusiva zona de la Costa del Sol de Málaga, según reveló este viernes el diario El País, el exfuncionario mexicano se encontraba custodiado por guardias de seguridad rusos.

Incluso ya se investiga si la vía por la que Lozoya entró a territorio español, según declaró él mismo en la audiencia, dos días antes de su captura, fue procedente de Alemania, donde tiene familiares, pero habiendo tenido como punto de origen la ciudad rusa de San Petersburgo, donde fuentes de inteligencia mexicana lo tenían ubicado al menos hasta principios de este 2020.

Este viernes le preguntamos al fiscal Gertz Manero, en una entrevista radiofónica, si el Gobierno federal tenía información de los vínculos entre Lozoya Austin y la mafia rusa, y dijo que hasta ahora la Fiscalía no tiene información judicial al respecto, aunque reconoció que eso es parte de las indagatorias que ha realizado la Policía Nacional de España, que “nos ha pedido absoluta discreción” sobre algunos temas de sus investigaciones.

Habló del seguimiento conjunto realizado por la FGR y las policías de distintos países en los que se movió durante su fuga Emilio Lozoya. “Nosotros nos vamos a ir apoyando de lo que salga en España, de lo que ahí se diga y de lo que las autoridades vayan reconociendo, para no estorbarles su trabajo… Estamos trabajando con las policías de varios países, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque muchos de los elementos que se darán en el procedimiento, van a depender de todo lo que haya ocurrido en el lapso entre mayo y la fecha en que se logró detenerlo, y forma parte de esa investigación que nosotros estamos cuidando mucho para que no se nos vaya a echar a perder”, dijo el fiscal.

Por lo pronto, en medio del razonable sigilo de la FGR, todo apunta a que la reciente visita del canciller ruso, Serguei Labrov, y su encuentro con el canciller Marcelo Ebrard, tuvo algo que ver en el tema Lozoya, aunque no haya sido, según informó oficialmente Relaciones Exteriores, el motivo central del encuentro. Porque lo que se ha filtrado en España y que investigan las autoridades de aquel país, tiene que ver no solo con las conexiones rusas del exdirector de Pemex, que tendrían que ver con directivos de la petrolera Gazprom, sino también con el secretario de comercio del Gobierno ruso, Denis Manturov.

Pero lo más delicado que ha surgido hasta ahora es el señalamiento del juez sobre un posible vínculo entre Lozoya Austin y la mafia rusa por el tema de lavado de dinero. Y aunque para el Gobierno español la sospecha es que el mexicano lavaba dinero de los mafiosos rusos, en el Gobierno de México hay información en sentido inverso: que era la mafia rusa la que ayudó al exdirector de Pemex a “blanquear” parte de su millonaria fortuna, estimada en hasta 750 millones de dólares, a través de cuentas e inversiones financieras que hoy seguirían radicadas en el sistema financiero ruso.

Así es que, más allá de las implicaciones nacionales que tendrá el caso Lozoya y de la información que pueda tener o proporcionar el exfuncionario, una vez que sea traído a territorio mexicano, sobre cómo se operó la corrupción y el saqueo a Pemex en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el puro juicio de extradición en España podría destapar una “caja de Pandora” sobre una trama europea de corrupción, protección y lavado de dinero que, conectado a estas figuras políticas mexicanas, tocaría a Rusia, a su Gobierno y a su peligrosa mafia, además del uso ya conocido de la costa sur de España que, junto con Marbella, han funcionado como escondites y lavaderos de dinero ilícito, tanto de la política como de las mafias internacionales.


¿Reforma a modo en la Suprema Corte?

Mucha suspicacia despertó en los círculos judiciales la iniciativa de modificaciones al Artículo 94 de la Constitución que presentó el senador Ricardo Monreal como parte del paquete de Reformas al Poder Judicial que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que la propuesta elimina una competencia que actualmente tiene el Pleno de la Corte para hacer acuerdos que permitan repartir los asuntos que compete conocer a las dos Salas que integran la Suprema Corte.

En lugar de la redacción actual del citado Artículo 94, que dice: “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado a expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que compete conocer a la Corte, así como remitir a los tribunales…etcétera”, la iniciativa de Monreal elimina la parte donde el Pleno de ministros tiene facultad para expedir los acuerdos generales “a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que compete conocer a la Corte”.

El párrafo del Artículo quedaría: “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales a fin de remitir a los Tribunales de Circuito…etcétera”. Aunque se trata aparentemente de una reforma inocua, lo que se elimina es una facultad del Pleno de la Corte que se le otorgó en 1995, cuando después de la reforma zedillista de aquel año, el rezago en materia administrativa era tan grande que el Pleno de ministros permitió que la Primera Sala conociera, por excepción, de asuntos que corresponden exclusivamente a la Segunda Sala (fiscales y administrativos) para ayudar con la carga de trabajo en materia administrativa.

Esa decisión del Pleno estaba permitida por la Constitución, que desde 1995 permitía en casos excepcionales alterar con “acuerdos generales” los asuntos que podían conocer la Primera y la Segunda Sala de la Corte.

Terminar con esa atribución del Pleno significa que la Primera Sala vea solo sus temas (Civil y Penal) y la Segunda Sala los suyos (administrativa, fiscal y del trabajo) es decir, que la Primera Sala ya no vea ningún asunto en materia administrativa. Lo extraño es que hubiera bastado un acuerdo del Pleno para determinar exactamente lo mismo.

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, pudo haber tomado la decisión en su Pleno y listo. Sin embargo, al presentarse esta reforma vía el Senado, a los ministros no les queda “más remedio” que acatar la reforma.

La suspicacia se genera por el momento en que se decide presentar y procesar esta iniciativa. El reciente ingreso de la ministra Margarita Ríos Farjat a la Primera Sala de la Corte, coincidió con que le fueran turnados a la exdirectora del SAT dos asuntos administrativos de la mayor relevancia: una relacionado con la empresa Elektra, de carácter fiscal, y otro relativo a Telcel, sobre telecomunicaciones.

La ministra Ríos Farjat es conocida porque suele ser dura en la aplicación de la ley cuando se trata de grupos de interés, además de que la Primera Sala de la Corte, a la que ella pertenece, tiene fama de “progresista” y “más social”.

Y ahí es donde la reforma del Artículo 94 propuesta en el Senado ya no se ve tan inocua: ¿será que haber dejado esos dos grandes asuntos administrativos en manos de la Primera Sala resultaba inconveniente?

Si se aprueba la reforma presentada esta semana, como todo indica que ocurrirá, los dos asuntos, el de Elektra y el de Telcel, tendrían que ser turnados por fuerza a la Segunda Sala de la Corte, donde tal vez no haya ni ministros duros con esos temas ni posiciones inconvenientes.

Pero lo más raro y lo que sorprende a juristas expertos y miembros del Poder Judicial es que todo esto está ocurriendo sin que ningún ministro de la Corte diga nada ni se pregunte si no es raro que se decida eso justo en estos momentos.

Sobre todo porque si el presidente de la Corte hubiera propuesto al Pleno terminar con el acuerdo que permite a la Primera Sala conocer asuntos administrativos, más de un ministro hubiera levantado la ceja y hubiera exclamado “¡qué raro!”. ¿A quién le están haciendo los favores con una iniciativa en apariencia, solo en apariencia, inocua?


Notas Indiscretas…

La anécdota la cuentan quienes la vivieron desde adentro. Una secretaria del Gabinete presidencial encontró en su oficina cosas raras y figuras que aparentemente estaban relacionadas con rituales extraños de magia negra o santería.

Ante el macabro hallazgo ,la secretaria montó en cólera y ordenó investigar quién o qué estaba detrás de esta superchería. Y antes de que se realizara la investigación, una cercana colaboradora decidió voluntariamente presentarle su renuncia. ¿Será que también en la 4T hay santeros o supersticiosos al estilo de Raúl Salinas de Gortari y sus famosas videntes?...

Los dados mandan Escalera doble. Semana redonda.

13 Febrero 2020 04:07:00
Van a traer a Lozoya, ¿y su fortuna?
Si la captura de Emilio Lozoya Austin en España revitaliza y reposiciona a Alejandro Gertz Manero con el que es sin duda el primer gran logro de la Fiscalía General de la República, al presidente Andrés Manuel López Obrador, la futura extradición del exdirector de Pemex y su encarcelamiento y enjuiciamiento en México le cae como oro molido.

Lozoya se convertirá en una mina inagotable para alimentar el discurso de combate a la corrupción en el Gobierno de la 4T y en una fuente preciada de información del más alto nivel; pero también pondrá a prueba la capacidad de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera para documentar, más allá del discurso y con expedientes judiciales y financieros sólidos, la corrupción del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya sea a partir de lo que pueda declarar Emilio Lozoya (“él no actuó solo y las órdenes fueron de Peña Nieto y de Luis Videgaray”, según su abogado Javier Coello Trejo) o de la información que pudiera entregar al Gobierno si es que busca algún tipo de negociación.

Qué tan fuerte será el golpe de traer a Emilio Lozoya que hay estimaciones en las áreas de inteligencia financiera que calculan que el exfuncionario llegó a acumular una fortuna de hasta 750 millones de dólares, producto no solo de los sobornos de Odebrecht, que serían la parte menor, sino de la corrupción sistematizada que practicaron en Pemex, lo mismo en compras absurdas de plantas chatarra de fertilizantes y en astilleros en Galicia, que en el acoso, asalto y desmantelamiento de grandes empresas contratistas de Pemex como Oceanografía de Amado Yáñez y Oro Negro, de Gonzalo Gil y Martín Díaz, ambas orilladas a la quiebra cuando sus dueños y socios se negaron a pagar sobornos a Pemex y a entregarle activos millonarios de sus empresas.

Esa enorme fortuna, según las fuentes, la tendría Emilio Lozoya Austin escondida en Rusia, donde se ocultó por varios meses, y a nombre de su pareja sentimental de nacionalidad rusa. De hecho, hay una versión que ayer miércoles manejaban allegados al exdirector de Pemex, que señala que Lozoya habría dejado Rusia para ir a España a reunirse con el expresidente Enrique Peña Nieto y trazar “un plan” para su defensa.

Incluso la reciente presencia del canciller ruso en México, Serguéi Labrov, en visita relámpago de 24 horas, coincidió con los supuestos movimientos de Lozoya Austin, aunque oficialmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía el subsecretario para Europa, Julián Ventura, negó que el tema del exfuncionario petrolero haya sido abordado de manera oficial en el encuentro de los dos cancilleres.

Desde hace nueve meses había un seguimiento para detectar la presencia de Lozoya en el país ibérico, luego de que se detectaran entradas y salidas intermitentes; pero ese seguimiento no era solo a él en particular, sino también al expresidente Enrique Peña Nieto, a quien tenían vigilado porque creían que en cualquier momento Lozoya entraría en contacto con él, como al parecer ocurrió en días recientes.

A la captura de Emilio Lozoya, deberá seguir ahora una estrategia jurídica y diplomática impecable del Gobierno de México para que los delitos estén bien documentados y con posibilidades reales de probar ante un juez, para que no se vaya a repetir el fallido caso de Javier Duarte, al que nunca pudieron probarle las operaciones con recursos de procedencia ilícita; y para que una vez en México, el proceso contra Lozoya vaya a fondo y se le logren acreditar fehacientemente las acusaciones y que su caso, claramente emblemático, sea realmente el inicio de una cascada de investigaciones, acusaciones y detenciones que hagan que la feroz lucha contra la corrupción del presidente López Obrador y de la FGR pasen ya del discurso repetido, al castigo y la sanción a los integrantes del grupo político que saqueó el país en el pasado sexenio… Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.
12 Febrero 2020 04:07:00
El caso de los 2 mil millones de Gertz
El cheque de 2 mil millones de pesos, con el que el fiscal Alejandro Gertz quiso congraciarse con el presidente López Obrador –después de sus desencuentros y confrontaciones con el gabinete por la Reforma Judicial– no fue en realidad producto de ningún decomiso o aseguramiento judicial, como lo anunció el titular de la FGR. Se trata sí de un dinero recuperado vía un expediente de corrupción en el pasado sexenio de Peña Nieto, pero para obtener esos recursos ni Gertz ni su equipo tuvieron que hacer grandes proezas en materia judicial o de investigación: bastó la amenaza de una indagatoria federal para que empresarios de origen judío, del sector inmobiliario, acudieran a la FGR a “devolver” 5 mil millones de pesos, de los que ya entregaron 2 mil millones.

El caso tiene que ver con una investigación abierta en el Infonavit en el sexenio peñista. Siendo director Alejandro Murat, por instrucciones de la Presidencia de la República, se otorgó al grupo Telra Realty, de los hermanos Rafael y Téofilo Zaga Tawil, un contrato millonario para manejar no solo las marcas registradas de Infonavit: Hogares con Valor, La Casa Infonavit, Tuya Infonavit y otras nueve marcas nuevas, sino también para desarrollar proyectos para remodelar y rehabilitar desarrollos urbanos e inmobiliarios abandonados del Infonavit en diferentes estados del país y construidos por distintos grupos inmobiliarios como Urbi, Geo, Homex y otros.

El contrato firmado el 2 de marzo de 2015, con presencia de Luis Videgaray, secretario de Hacienda; Alejandro Murat, director de Infonavit, y el secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, Jorge Carlos Ramírez, otorgaba una mina de oro a los dos hermanos empresarios judíos, que tenían una cercana relación de amistad con el presidente Enrique Peña Nieto. Pero fuentes de primer nivel en el Infonavit aseguran que, más que los hermanos Zaga Tawil, que en realidad eran prestanombres, el verdadero beneficiario del multimillonario contrato era el empresario más poderoso del sector inmobiliario mexicano, el también judío Moisés “El-Mann”, director del exitoso fondo de Fibra Uno.

Los beneficios del contrato, tanto en la promoción y explotación de las marcas registradas del Infonavit como en la rehabilitación de unidades habitacionales abandonadas, se calculaba en más de 10 mil millones de pesos, sumado al contrato previo que habían recibido los hermanos Zaga Tawil para operar el programa de Movilidad Hipotecaria, en la que por cada vivienda que ayudaran a recuperar, cobrarían 10% del valor de la casa, pagaderos por el beneficiario o por el Infonavit: era un negocio redondo. Pero en mayo de 2015, Alejandro Murat renunció al Infonavit para irse como candidato del PRI al Gobierno de Oaxaca y a la llegada de David Penchyna al Instituto, el hidalguense fue informado de diversas irregularidades graves detectadas en los contratos otorgados a los Zaga Tawil y a través de ellos a Moisés “El-Mann”.

Ante los riesgos graves de incurrir en responsabilidades administrativas y hasta de violaciones de derechos humanos, Penchyna le pidió al Consejo de Administración del Infonavit su autorización para dar por terminados los contratos con Telra Realty, lo que le fue concedido el 25 de mayo de 2016. Y para “compensar” a los empresarios Zaga y a sus verdaderos socios los “El-Mann”, por la terminación anticipada de contratos, se acordó otorgarles un generoso pago del Infonavit por 5 mil millones de pesos, que les fueron entregados a los titulares del contrato.

A la llegada del Gobierno del presidente López Obrador, en diciembre de 2018, el expediente de este pago millonario brincó de inmediato en el Infonavit, cuyo director Carlos Martínez Velázquez dio aviso de inmediato al Mandatario y este a su vez solicitó a la Fiscalía General de la República abrir un expediente sobre el pago de los 5 mil millones de pesos a los empresarios judíos. Cuando el grupo de Moisés “El-Mann” supo de la investigación, de inmediato pidió a sus “socios” los Zaga Tawil acercarse al fiscal Alejandro Gertz Manero y ofrecer que ellos “no querían ningún escándalo” y mucho menos una investigación judicial que afectara a sus empresas, y que proponían regresar, íntegros, los 5 mil millones de pesos que les había pagado el Infonavit.

Así fue que, hace un par de semanas, los hermanos Zaga se presentaron en la FGR para entregar, voluntariamente y sin ningún tipo de coerción judicial de por medio, los 2 mil millones de pesos, mismos que el lunes pasado llevó el fiscal Alejandro Gertz Manero como “ofrenda de conciliación” al presidente López Obrador, que a su vez dijo que los destinaría a apoyar hospitales y clínicas que no tienen insumos, pero hasta agosto de 2020. Faltan 3 mil millones de pesos que los empresarios del sector inmobiliario se comprometieron a entregar a los próximos meses al fiscal Gertz. ¿Será que cuando tenga la parte restante también irá a entregárselos al Presidente y montarán otro show mediático como el del lunes? Es muy posible.
11 Febrero 2020 04:07:00
Director de Aduanas y empresario de aviación
Guillermo Calderón León, administrador de la Aduana de Progreso en Yucatán, y quien está siendo investigado por el SAT y por la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto enriquecimiento ilícito, además del contrabando detectado de sustancias prohibidas, especies marinas protegidas y maderas preciosas por la aduana en cuestión, era al mismo tiempo que funcionario público, un próspero empresario de la aviación privada, pues dirigía y promovía en sus redes sociales a su empresa Cronos Airway, que renta dos aviones tipo Hawker 800 con matrícula estadunidense y tiene sus oficinas y hangares en el Aeropuerto de Toluca.

Exfuncionario de la Sedesol y de la Sedatu en los tiempos de Rosario Robles y también exdiputado local por el PRI en el Estado de México, Calderón León fue contratado en el actual Gobierno y nombrado director de la Aduana de Progreso el 17 de abril de 2019, una semana después de que el presidente López Obrador anunciara en su conferencia de prensa matutina –del 11 de abril– un “plan de reestructuración de las aduanas del país” para acabar con la corrupción que, dijo en aquella fecha el Mandatario, imperaba en el sector aduanero nacional.

El sábado en varios diarios y portales del estado de Yucatán se reportaba la desaparición del director de la aduana de Progreso, quien tendría ya varios días sin presentarse en las instalaciones aduaneras lo que llevó a diarios como Novedades de Yucatán, a titular una nota sobre el tema. Se ‘esfuma’ director de la Aduana de Progreso, en la que, citando información al interior de la aduana, señala que Calderón León habría sido destituido de su puesto. Otra versión de fuentes federales en la CDMX señala que el funcionario de Aduanas habría presentado la renuncia tras conocer de las investigaciones financieras y de corrupción en su contra.

Al momento de su nombramiento, el político mexiquense ya era dueño de dos aviones Hawker 800 con matrícula estadunidense que compró a la empresa Projects, Inc. Con sede en Houston, Texas, y que según consta en pagarés en poder de esta columna, liquidó en pagos de 100 mil y 75 mil dólares mensuales entre abril de 2018 (fecha de vencimiento del primer pagaré liquidado) y septiembre de aquel mismo año, fecha del último pagaré que liquidó. Es decir, en seis meses, cuando aún era funcionario federal en la anterior Administración, realizó transferencia en dólares, a la cuenta de la citada empresa estadunidense, por 575 mil dólares (11 millones de pesos) para liquidar el costo de los dos aviones.

Con esos dos aviones (que por su cabotaje estadunidense solo tienen permiso para vuelos privados y no podrían rentarse o alquilarse comercialmente porque no tienen permiso de la SCT para realizar aviación comercial), Guillermo Calderón echó a andar CRONOS, Airways, la empresa que durante todo 2018 y 2019, cuando era funcionario público primero del Gobierno de Peña Nieto y después del de López Obrador, realizaba vuelos comerciales a diferentes destinos. Con un hangar rentado a la empresa Eolo, en el Aeropuerto de Toluca, la empresa de la que Calderón León se ostenta como director y dueño, fue contratada en 2018 por el Infonavit, a cargo entonces de David Penchyna, para realizar varios viajes con funcionarios de la institución.

En sus redes sociales como Facebook e Instagram, Calderón León aparece presumiendo en fotografías él y su familia con sus dos aviones Hawker 800, matrículas N375TD y N723LK, a los que se refiere como “my baby” o “my first toy” y “my second toy”, al mismo tiempo que promociona viajes a Acapulco, Los Cabos, Monterrey, Puerto Vallarta, Guadalajara, Veracruz, San Antonio Texas, y otros destinos nacionales e internacionales en los que el precio por persona oscila entre los 600 y los 900 dólares, según el destino. Para evitar conflictos legales o de interés por la propiedad de los aviones, sobre todo por su trabajo como funcionario público, los dos aviones fueron puestos a nombre de su madre Martha Patricia León Enríquez, y de su pareja sentimental, la brasileña Taise Santos Ríos, según consta en las pólizas de aseguramiento de las dos aeronaves con la empresa Axxa, y de las que esta columna tiene copias.

Hoy el administrador de la Aduana de Progreso, una de las más importantes de este país, no aparece y ni el SAT ni el Sistema de Aduanas han informado oficialmente de su renuncia o destitución. Lo único real es que está abierta una investigación en su contra por operaciones financieras irregulares detectadas por la UIF y por denuncias de corrupción en el puerto yucateco. La pregunta es qué paso con el ofrecimiento del presidente López Obrador de que iba acabar con la corrupción en las aduanas y ¿cómo fue que un priista, que con su sueldo de delegado de Sedatu en la CDMX el sexenio pasado pudo comprar dos aviones y poner una empresa para rentarlos aun sin permiso, tuvo cabida en un Gobierno que presume como su principal bandera el fin de la corrupción? Muchas preguntas y pocas respuestas.
10 Febrero 2020 04:07:00
Morena y la 4T van por el INE
Con la CNDH sometida por la designación de Rosario Piedra, los reguladores del sector energético controlados y el Inai prácticamente domesticado, el Gobierno de la 4T y el presidente López Obrador van por el control del órgano autónomo que más les interesa: el Instituto Nacional Electoral. Solo después del Banco de México, con el que mantienen una relación tranquila para evitar confrontación, el INE representa la “joya de la corona” en materia de autonomía del Estado y una institución estratégica para el control político y electoral de la República.

Tras varios intentos y repliegues tácticos, la 4T ya decidió dar un primer paso para tomar por asalto al instituto que se encarga de la organización, operación y realización de las elecciones y considerado uno de los pilares fundamentales para la democracia en el país. Esta semana se lanza en la Cámara de Diputados la convocatoria para elegir, por mayoría calificada de votos, a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, con lo cual no solo se sustituye a los consejeros que terminan su periodo (Marco Baños, Pamela San Martín, Benito Nacif y Enrique Andrade) sino que también se modifica radicalmente el equilibrio de fuerzas existente en el Consejo General del INE, a partir de abril próximo.

Y es ahí donde la 4T ha decidido utilizar su mayoría calificada de 341 votos (258 de Morena, 35 PT, 26 PES, 13 PVEM y 9 ex PRD) para sacar adelante los nombramientos de los cuatro consejeros electorales del INE (dos consejeros y dos consejeras) sin negociar ni ceder a la oposición ninguna de esas posiciones y eligiendo con su mayoría a cuatro perfiles afines a los intereses del Gobierno y de su proyecto político.

En principio esos 341 diputados les alcanzan para definir la elección, pero si hubiera un escenario más cerrado en el que se requirieran más votos para alcanzar las dos terceras partes de los diputados presentes en la votación, no dudarían en buscar “votos aliados” o “ausencias útiles” en las bancadas del PRI, PAN y MC y en los diputados sin partido.

La decisión ya está tomada y la estrategia para el asalto al INE está liderada y comandada por el grupo político que más sabe del tema y que tiene la experiencia y los operadores para ejecutarla: el de Higinio Martínez, del Estado de México, cuyo operador más acabado en asuntos electorales es el subsecretario Horacio Duarte. La estrategia inicia con la convocatoria que sale esta semana y con la que inicia el proceso de selección de consejeros el 17 de febrero con la inscripción de los candidatos y la formación del Comité Técnico que depurará las listas de aspirantes y definirá a los candidatos viables al INE.

No hay en estos momentos, ni en la 4T ni en Morena, ninguna duda ni mucho menos pudor sobre la validez de que el partido oficial haga valer su mayoría calificada para tomar las cuatro consejerías que le corresponden “por proporcionalidad y representación democrática”.

El cálculo es que con los cuatro nuevos consejeros, sumados al actual consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien llegó al cargo impulsado por el PVEM pero hoy está cerca de Morena, el partido gobernante sumaría cinco votos en el Consejo General del INE y solo requeriría de un voto más para lograr la mayoría. Esa cifra, si llega a combinarse con una “presidencia rotativa” del instituto electoral, como la que se proponía en la reforma política que tiene lista la bancada morenista, añadiría el voto de calidad que la ley le da al consejero presidente.

Así que nadie se sorprenda. Morena y la 4T van por todo para tener el control del órgano de decisión del INE. Si la decisión ya estaba en marcha, se verá reforzada con la molestia que causó la votación anticipada, el viernes pasado en el Consejo General, para aprobar la reelección, por 8 votos contra 3, de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE, votación que le achacan al consejero presidente Lorenzo Córdova y que ya le valió tremendas y duras “reprimendas” de personajes hasta del gabinete, como la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Hay quien dice que, al saber que viene el asalto contra el INE, Lorenzo buscó ponerles al menos el dique del control administrativo y operativo desde la Secretaría Ejecutiva. En todo caso La batalla por el INE ya comenzó.

08 Febrero 2020 04:03:00
Gertz Manero, el fiscal toma distancia de la 4T
Aunque llegó al cargo con el aval y la cercanía innegable con el presidente López Obrador, en las últimas semanas el fiscal Alejandro Gertz Manero ha tomado cierta distancia de la 4T y se ha confrontado con el Gabinete presidencial.

Primero, por un choque de visiones en los alcances y contenidos de una reforma judicial y penal que lo enfrentó con un sector importante del Gobierno, y después por un reclamo abierto en contra de los recortes presupuestales aplicados a la Fiscalía General de la República desde la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados, que le quitaron a la naciente institución de procuración de justicia, mil 500 millones de pesos de presupuesto.

La relación cordial y cercana entre el primer fiscal autónomo de la República y el gobierno de López Obrador ha entrado en una fase de tensión. El abogado Gertz Manero ha hecho patente su incomodidad y molestia con un par de frases: “Yo no tengo que coordinarme con nadie, yo soy autónomo”, respondió Gertz al líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, cuando este rechazó recibir el paquete de iniciativas de reforma judicial ante los desacuerdos y enfrentamientos en el Gabinete.

La otra frase de Gertz fue: “Si no me dan los instrumentos necesarios, yo no podré hacer nada para frenar la violencia y la ausencia de justicia en el país”.

Aquel miércoles 15 de enero se abrió la fractura cuando ni Durazo ni Sánchez Cordero aceptaron avalar las propuestas de Gertz y el senador Monreal de plano se negó a recibirlas al ver el desencuentro entre los miembros del Gabinete y el fiscal.


AMLO desconoció reforma judicial

Para colmo del experimentado fiscal, el mismo presidente López Obrador desconoció su propuesta de reforma judicial y penal. El Mandatario negó cualquier vínculo con las polémicas iniciativas: “Yo no he mandado nada sobre el tema judicial. No tengo nada qué ver con esas propuestas. El día que yo les mande algo, les voy a avisar, mientras, desconozco cualquier iniciativa en ese tema”.

Ya antes de ese encuentro el Presidente había recibido a la titular de Gobernación, quien le había advertido que no podía apoyar una propuesta como la que intentó presentar Gertz Manero al Senado. “Usted no puede avalar ninguna reforma penal o judicial que lesione derechos humanos, por un tema de congruencia”, le dijo la ministra Sánchez Cordero. Al darse cuenta de las enormes diferencias que el asunto había desatado en su Gabinete de seguridad y justicia, López Obrador ordenó que se reunieran todos los involucrados en el tema y que se pusieran de acuerdo en el contenido de lo que finalmente iban a presentar en el Senado.

Hubo varias reuniones entre los del Gabinete para revisar el paquete final de iniciativas que se van a presentar al Senado. A ninguna de esas reuniones asistió Gertz Manero, a pesar de que, al menos a una, fue convocado con anticipación y había confirmado su asistencia, pero nunca llegó.

El acuerdo en esos encuentros había sido que ayer viernes 7 de febrero se tenía que presentar un paquete, ya no de 14 iniciativas (9 reformas a leyes secundarias y 14 reformas a la Constitución) como se pretendía originalmente, sino de solo 4 iniciativas de reformas de ley. Al final, nada fue presentado el día de ayer ante el Senado.

Lo que sí se confirmó es que del paquete original de reformas se eliminaron todas las que tocaban al Poder Judicial, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Amparo y otras, porque la mayoría de Morena en el Senado decidió que todo lo que ataña a los jueces, ministros y magistrados será discutido directamente con los integrantes del Poder Judicial, para lo cual está prevista una “Mesa de Diálogo” entre el Senado y los ministros el próximo miércoles 12 de febrero, a la que asistirá el ministro presidente, Arturo Zaldívar, para presentar los planteamientos del Poder Judicial de la Federación sobre cualquier cambio a las leyes que regulan sus funciones.


5 de febrero: ausenciay queja de Gertz

El pasado Día de la Constitución ocurrieron algunos hechos que claramente mostraron el descontento y la molestia de Gertz Manero por la falta de apoyo a su propuesta de Reforma Constitucional y del distanciamiento que el tema provocó entre el fiscal y la 4T.

Primero el fiscal, que estaba invitado a la ceremonia del 103 aniversario de la Carta Magna en Querétaro, no asistió al Teatro de la República. Luego, en ese mismo acto conmemorativo, la secretaria Sánchez Cordero mandó un mensaje que parecía llevar dedicatoria expresa para el titular de la FGR: “El Presidente ha manifestado con toda claridad, que en ninguna reforma o ley penal habrá afectación ni retrocesos en los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Ese compromiso es nuestra guía”, dijo en su discurso la titular de Gobernación.

Mientras, además de la protesta simbólica de su ausencia en el acto encabezado por el Presidente en Querétaro, Gertz Manero presentaba ese mismo 5 de febrero un Informe de Actividades en el que se quejaba del recorte presupuestal infringido por la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda de la 4T a los recursos financieros de la Fiscalía General de la República.

“Es una incongruencia administrativa”, se quejó duramente el fiscal al denunciar en su texto a los senadores que el recorte de mil 500 millones no solo fue radical, sino que fue el órgano autónomo más castigado por Hacienda y por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, de mayoría morenista, que modificaron el proyecto de presupuesto que él presentó para 2020.

Hoy la relación entre el fiscal general de la República y el Gobierno que lo propuso y lo impulsó para ocupar ese cargo se siente tan tensa, que ya hay incluso preocupación por lo que pueda decidir el fiscal si, como es ya el consenso entre el Gabinete, el Presidente y la mayoría de Morena en el Senado, de que se van a modificar y a reducir radicalmente las iniciativas de ley que redactó Gertz Manero y que él considera “indispensables” para poder cumplir su labor al frente de una acotada y recortada Fiscalía. ¿Aceptará el fiscal una reforma al sistema penal y judicial menor y muy distinta a la que él proponía? …Los dados cierran con Serpiente. Semana intensa.


06 Febrero 2020 04:07:00
Violencia en la UNAM: ¿mano negra o mano morena?
Cuando el presidente López Obrador dice que siente que “hay mano negra” y que hay “quienes mueven la cuna” detrás de las manifestaciones y tomas violentas que ha vivido la Universidad Nacional Autónoma de México en los últimos dos meses, seguro lo dice porque tiene los elementos para afirmarlo. A estas alturas ya no queda duda alguna de que hay grupos políticos y universitarios interesados en desestabilizar no solo a la casa de estudios sino a su actual rector, Enrique Graue, y para ello están utilizando a las hordas de jóvenes encapuchados, autodenominados anarquistas, que azuzando y aprovechando demandas legítimas de los estudiantes, como las denuncias de acoso sexual y violencia de género, se han infiltrado para tomar preparatorias y facultades en una clara estrategia de generar y escalar un conflicto que paralice a la UNAM y debilite a su rector.

A esos grupos que no dan la cara y a los que bien alude el Presidente y dice que “hay que lamparearlos para que no anden ahí en los sótanos”, son a los mismos a los que les dirigió ayer su mensaje Enrique Graue y para distinguirlos de los estudiantes universitarios y sus reclamos legítimos, los llamó “la otra cara, los otros” a los que el rector no se atrevió a ponerles nombres —no a los encapuchados, sino a los que los mueven y les pagan por agitar y violentar las marchas y movimientos universitarios—, pero sí les mandó un mensaje apoyado por la comunidad universitaria: “quienes solo buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán, que tenemos claro lo que buscan, que no conseguirán que escalemos la violencia con más violencia”.

El problema es que, en ese lenguaje cifrado y críptico, que utilizan las dos máximas autoridades, la política y la universitaria, para referirse a un problema grave y que ha ido escalando (13 escuelas tomadas y en paro entre facultades, preparatorias y colegios de ciencias y humanidades) nadie se atreve a poner un destinatario específico y a desenmascarar a quienes quieren incendiar a la Universidad Nacional con afanes de control, de agitación y de inducir un posible cambio forzado en la rectoría. Cuando el Presidente dice que “hay que lamparear” a los que se mueven en los sótanos universitarios, lo que en realidad debería estar haciendo es ordenar a su Centro Nacional de Inteligencia, que comanda el general Audomaro Zapata, que le diga los nombres e identidades no solo de los encapuchados, hombres y mujeres, que son la carne de cañón a la que mandan a golpear y violentar, sino también a que revele qué personajes y grupos están orquestando la estrategia desestabilizadora en la UNAM.

Porque entre académicos y profesores universitarios corren versiones que sostienen que detrás de los embates cada vez más frecuentes a la Universidad y a su rector, además de los paros prolongados ya por más de dos meses en preparatorias y facultades, aun cuando se han establecido mesas de diálogo y se ha avanzado en la atención de las demandas de violencia de género, están las facciones más radicales de la izquierda universitaria que tiene vínculos políticos con personajes de Morena y de la 4T. Incluso, hay quien afirma que los mismos personajes del morenismo que se acercaron a Enrique Graue en su campaña por la reelección y le ofrecieron “un pacto” para apoyarlo a cambio de posiciones y de darle públicamente su respaldo, estarían detrás de la movilización e infiltración de los “anarcos” y serían los autores intelectuales de la desestabilización.

Corresponde al Gobierno y a sus órganos de inteligencia, aun con el “respeto a la autonomía universitaria” que profesa el Presidente, ponerles nombre y apellido a los desestabilizadores. Porque si se incendia la UNAM el problema no será solo para el rector Graue ni para la comunidad universitaria, que ya empieza a pagar las consecuencias con estudiantes de bachillerato y de licenciaturas que están a punto de perder el semestre tras casi tres meses sin clases. El problema real sería para el propio Gobierno de López Obrador y para la 4T porque si la Universidad Nacional se desestabiliza y cae en manos de grupos radicales, el efecto dominó y el contagio para el resto de las universidades públicas del país sería inevitable.

Y ahí sí, en medio de la crisis de salud del Insabi, de la inseguridad creciente y la violencia sin control que campea en la República y con una economía que sigue sin dar señales de recuperación, un conflicto nacional en las universidades públicas, con estudiantes en las calles y en paro, tendría consecuencias catastróficas para el Gobierno lopezobradorista y para el país. ¿Será que el Presidente se atreve a desvelar quiénes son las manos que mueven la cuna en la UNAM, así sean manos “negras” o manos “morenas”?


05 Febrero 2020 04:07:00
La boda de la hermana de Ovidio y el fentanilo
Muy poca gracia debió hacer a las autoridades estadunidenses, la comentada y difundida boda de Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín Guzmán Loera y hermana de Ovidio Guzmán, el otro hijo del “Chapo” que doblegó al estado mexicano al ser liberado tras su detención el 17 de octubre de 2019. La Catedral de Culiacán, la misma ciudad donde ocurrió la inédita hazaña que convirtió a un desconocido como Ovidio en leyenda del narcotráfico, fue el escenario de la lujosa boda de la que nadie en el Gobierno del presidente López Obrador estuvo enterado y que fue presumida en las redes sociales como cualquier evento de la socialité mexicana.

Incluso en la prensa y en las redes, hay versiones que aseguran que el mismo Ovidio, en contra de quien pesa una orden de aprehensión del Gobierno de Estados Unidos y una solicitud de extradición que no pudo cumplimentarse en aquel fallido operativo del “Culiacanazo”, asistió como invitado al ostentoso festejo de su hermana, que a plena luz del día en una Catedral cerrada exclusivamente para su ceremonia y luego en la lujosa finca Álamo Grande, confirmó que, aún con su padre “El Chapo” Guzmán preso de por vida en una cárcel estadunidense, el poderío de su familia y del cártel de Sinaloa sigue intacto y hasta se exhibe públicamente y sin tapujos.

Porque a la ceremonia religiosa y luego al festejo, se vieron llegar decenas de camionetas blindadas y autos de lujo, además de un despliegue de seguridad de hombres fuertemente armados que custodiaban tanto la Catedral culiacanense como el rancho en donde celebraron los novios, sus familiares y amigos. De todo ese despliegue nadie en el Gabinete de Seguridad Federal, ni en el Ejército, ni en la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República ni en la Marina, se enteraron, o al menos eso explicaría por qué no montaron algún operativo, ya no digamos para saber qué invitados acudían y si había algunos con órdenes de aprehensión, sino para al menos saber lo que estaba ocurriendo en Culiacán el sábado pasado al mediodía.

Y no es difícil suponer que la boda de la que todo mundo tuvo imágenes e información detallada, menos el Gobierno mexicano, vaya a remover la molestia que en Washington y en la Embajada de Estados Unidos en México permanece por aquel fallido operativo de captura de Ovidio Guzmán. Todavía hoy, más de tres meses después de aquellos hechos, nadie sabe explicar en la Administración de López Obrador, por qué se ejecutó un operativo tan mal planeado y cómo fue que los soldados del cuerpo de Fuerzas Especiales fueron a la capital de Sinaloa a detener a Ovidio sin una orden de aprehensión librada por jueces mexicanos y hasta sin orden de cateo para sacarlo de su domicilio.

Porque aquel 17 de octubre, fatídico para la 4T, los integrantes del Ejército actuaron para cumplir una orden de aprehensión de la justicia estadunidense y una petición de extradición que fueron formuladas unas semanas antes por el Departamento de Justicia de EU a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La orden de detención y extradición contra Ovidio, por parte de Washington, se generó después de la visita que realizaron el 20 de septiembre de 2019 a Culiacán, el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en México, John S. Creamer y el administrador interino de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Uttam Dhillon, quienes fueron recibidos personalmente por el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel y su secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, quienes les presentaron un informe de los avances del estado en materia de seguridad, que incluyó una visita a la sierra sinaloense en helicóptero.

En aquel recorrido, el Gobernador les mostró a los funcionarios norteamericanos dos laboratorios de fentanilo que acababan de ser destruidos en un operativo conjunto del Estado y el Ejército. Cuando los visitantes vieron el tamaño de aquellos laboratorios, de inmediato preguntaron quién se encargaba de producir el fentanilo, la droga más letal y de mayor consumo en estos momentos entre los estadunidenses. Y la respuesta que les dieron fue que esa parte del cártel de Sinaloa era manejada por Ovidio Guzmán Salazar. “¿Quién es Ovidio?”, preguntaron los estadunidenses, y al enterarse de que se trataba de un hijo del “Chapo” Guzmán, regresaron alarmados a su país y abrieron un expediente que dos semanas después ya tenía órdenes de aprehensión y extradición giradas por jueces norteamericanos contra el menor de los hijos del “Chapo”.

Las dos peticiones para capturar y extraditar a Ovidio fueron enviadas al canciller Marcelo Ebrard, quien a su vez las mandó a la Fiscalía General de la República para que se cumplimentaran. Pero algo extraño pasó que nunca se les dio trámite y cuando ocurrió, “nadie sabe quién dio la orden” de mandar una célula de élite del Ejército a detener a Ovidio a Culiacán aquel 17 de octubre. Extrañamente los militares no llevaban las necesarias y obligadas órdenes de aprehensión giradas por un juez mexicano y que debieron pedir en la FGR.

Por todo eso y porque Ovidio Guzmán Salazar, hoy convertido en leyenda entre los narcos mexicanos, sigue sin ser detenido casi cuatro meses después y, no solo no se cumplen las peticiones oficiales del Gobierno de Estados Unidos, sino que además el capo más joven de la dinastía Guzmán, se pasea tranquilo en bodas y celebraciones familiares, es que en Washington la excéntrica y publicitada boda, no debe haber gustado nada, y no sería raro que pronto hubiera un manotazo, uno más, para el Gobierno lopezobradorista. Al fin, ya están acostumbrados.


Notas indiscretas…

Manos muy extrañas, pero al mismo tiempo muy identificables, parecen estar tratando de desestabilizar e incendiar a la UNAM con la toma de planteles de escuelas y facultades. Tan solo ayer hubo dos hechos claros de que hay una estrategia en marcha que le quiere provocar problemas a la Casa de Estudios y al rector Enrique Graue. Primero con el intento frustrado de toma de la Facultad de Derecho, que fue hábilmente repelido por el director Raúl Juan Contreras Bustamante y por los maestros que fueron convocados para evitar la toma de la que aparentemente se supo con anticipación, y por la tarde con una manifestación de supuestos estudiantes embozados que se tornó violenta otra vez contra las instalaciones universitarias. Así que la intención está más que clara: alguien o algunos buscan desestabilizar a la UNAM con el afán de tomar el control de la máxima casa de estudios, lo que aún falta saber son los nombres y las filiaciones políticas de esos “algunos” que van con todo por la Universidad… Ayer en la Secretaría de Gobernación, directivos de medios de los estados que visitaban a la secretaria Olga Sánchez Cordero, se sorprendieron con un dato fuerte que compartió con ellos la ministra: unas 50 personas que eran “testigos claves” para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, por la información relevante que tenían sobre el secuestro y desaparición de los 43 normalistas, han sido ejecutadas desde que las investigaciones fueron tomadas por este Gobierno. El tono de la secretaria fue bastante serio y al hablar de una estrategia de “silenciamiento de testigos”, confirmó el tamaño de los intereses políticos y criminales que no quieren que se llegue a la verdad en este caso paradigmático. Cuando salieron de la reunión, los directivos de medios estatales comentaban entre ellos: “Faltó que nos dijera quién está eliminando a los testigos”… Los dados mandan Serpiente. Caída libre.


04 Febrero 2020 04:03:00
El desastre de Morena y la mayoría en peligro
Las disputas internas de Morena difícilmente se resolverán con la elección de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente nacional interino. Cada vez más actores de las cúpulas de la 4T reconocen, con preocupación, que el partido oficial se volvió un “desastre” por las ambiciones políticas de personajes y grupos que llevan al movimiento lopezobradorista a desgastarse tanto ante la sociedad que hoy corren dos peligros latentes: quedarse sin el apoyo del presidente López Obrador, que podría abandonar el partido y llevarse “hasta el nombre”, y perder los comicios intermedios de 2021 y con ellos la mayoría en la Cámara de Diputados.

El primer peligro ya lo hizo público el propio Pre-sidente quien, cada vez más distanciado de los asuntos de su partido, no descarta la posibilidad de dejar a Morena y renunciar a su militancia que hoy tiene suspen-dida por una licencia para dedicarse a los asuntos del Gobierno. Pero cada vez más cercanos al Mandatario ven real la posibilidad de que López Obrador cumpla su amenaza y se vaya del partido que él mismo creó y del que se ha decepcionado tanto que podría desconocerlos y quitarles el nombre que él mismo ideó. “López Obrador puede sobrevivir sin Morena, pero Morena no

existe sin López Obrador”, nos dijo hace poco el senador Ricardo Monreal en una entrevista que le realizamos.

Pero el peligro que más preocupa a la 4T, por las repercusiones que tendría para la Administración lopezobradorista en la segunda parte del sexenio, es el de perder la mayoría en la Cámara de Diputados en las votaciones intermedias de julio de 2021. Ya existen análisis internos y encuestas en Palacio Nacional que ven “complicado” el escenario de un triunfo de Morena en la mayoría de los 300 distritos federales que se votarán el próximo año y hay incluso quienes ya dan por hecho que ante un retroceso del partido oficial en San Lázaro, el Presidente ha comenzado a analizar “opciones” para armar una mayoría le-gislativa con otros partidos.

Y entre esas “opciones” que ya estudian seriamente en Palacio Nacional están los llamados “partidos emergentes”, que son los que podrían obtener su registro ante el INE en este año. Entre esos partidos, algunos de los cuales ya han sido llamados sus dirigentes a conversar con el Presidente o con funcionarios de alto nivel del Gabinete, para plantearles “una alianza le-

gislativa” con el Gobierno, están el partido Grupo Social Promotor de México, ligado a la dirigencia nacional del SNTE; otro es Redes Sociales Progresistas, vinculado a Elba Esther Gordillo y su movimiento de Maestros por México; uno más es Fuerza Social por México, del dirigente de la Catem, Pedro Haces; y una cuarta opción podría ser el Movimiento Ambientalista Social por México, que encabeza Nicolás Mollinedo, exchofer del presidente López Obrador.

Con el apoyo de esos nuevos partidos y con los aliados actuales del PT, PES que puede recuperar su re-

gistro, y el PVEM, se buscaría garantizar una ma-yoría legislativa en la Cámara de Diputados, más allá del resultado que obtenga Morena. Es decir, que son tan pocas las expectativas que en este momento tienen sobre el “desastre” llamado Morena, que ya en la Presidencia buscan la forma de garantizar, al menos una mayoría simple en San Lázaro.

Así que, de no ser con un milagro de la virgencita de la que tomaron el nombre, a los del partido gobernante el panorama no les pinta nada bien, ante su incapacidad de resol-

ver sus pugnas y ambiciones. En una de esas, si las cosas no se componen y arreglan su desastre, Morena sería el partido en el poder de más corta vida, después de los 75 años ininterrumpidos del priismo y los efímeros dos sexenios del PAN. ¿Sobrevivirá Morena al sexenio del caudillo que los creó y que hoy podría, si lo decepcionan, aniquilarlos?


03 Febrero 2020 04:02:00
El año fallido de la Guardia Nacional
Este 1 de febrero se cumplió un año de que empezó el proceso constitucional para aprobar la Guardia Nacional. Tres meses después, en mayo, el Congreso aprobó por unanimidad la creación del nuevo cuerpo civil con todo y sus leyes reglamentarias y para el 30 de junio de 2019 se inició su despliegue en el territorio nacional con 52 mil elementos; hoy en toda la República hay 76 mil elementos de la Guardia Nacional asignados a los estados. Pero ¿de qué ha servido tanto despliegue, incluso en un número que ya duplica a la extinta Policía Federal? No para mucho. Las cifras oficiales de asesinatos violentos ocurridos en 2019, que en el segundo semestre ya contó con la operación del cuerpo nacional de Policía, con 35 mil 588 homicidios dolosos y feminicidios, son el indicador más claro del inicio fallido de la Guardia Nacional.

Hoy la crisis de seguridad sigue creciendo y la falta de resultados en 7 meses de operación hace que se cuestione si la estrategia de seguridad realmente funciona o, incluso, si realmente hay una estrategia. Pero, en la complacencia y ausencia de autocrítica de esta Administración, mientras la descomposición y la impunidad crecen en casi todas las entidades y en la Ciudad de México se les fugan narcos extraditables, el Presidente se niega a reconocer que la incapacidad de su gabinete de seguridad y dice que “vamos muy bien”, mientras su secretario Alfonso Durazo cantinflea en el Senado y les reprocha a todos los escépticos que no le ven pies ni cabeza a la política de seguridad de este Gobierno: “Pueden estar o no de acuerdo con la estrategia, pero nadie puede negar que hay estrategia. La primera línea de la estrategia de seguridad es el combate a la corrupción”.

Entre varios gobernadores que en teoría son parte del esquema operativo de la Guardia Nacional, a través de las “Mesas de Seguridad” en sus entidades, hay comentarios bastante negativos sobre la forma en que funciona en los hechos el esquema de actuación de los guardias federales, que más que al poder civil del secretario o de los mandatarios estatales, solo obedecen órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

A pesar de que la Constitución y las leyes secundarias hablan de un cuerpo “civil”, los comandantes de la Guardia Nacional que están mandando a los estados, no solo provienen todos del Ejército y sus distintas corporaciones, sino que no toman ninguna decisión sin consultar a los mandos castrenses, incluso por encima de las autoridades civiles.

A pesar de que hay reuniones todos los días muy temprano, en los hechos, según comentan varios gobernadores, la Guardia Nacional no toma ninguna acción sin tener antes la autorización de los mandos del Ejército y del comandante de zona y en casos en que algunos comandantes han actuado sin ese consentimiento y atendiendo solo al mando civil, se les recrimina y en algunos casos hasta se les mueve de estados con el argumento de que tienen demasiada cercanía con los civiles.

Y ¿entonces? ¿La Guardia Nacional está actuando como un cuerpo civil o como un cuerpo militar? Porque si solo sigue órdenes y rinde cuentas al Ejército y a sus altos mandos y si los militares han mostrado como política en este sexenio evitar confrontaciones y choques frontales con el crimen organizado, entonces ahí puede haber una razón de por qué los números de asesinatos violentos no han disminuido en 7 meses de despliegue. ¿No será que, después del “culiacanazo” y del enorme desgaste que sufrieron las fuerzas armadas en esa incursión fallida y mal planeada en la que fueron sometidos, amenazados y obligados a devolver al detenido Ovidio Guzmán, los militares decidieron bajar la guardia y no ir a fondo en el combate a la inseguridad y al crimen organizado? Y cuando decimos militares, estamos diciendo también, a juzgar por cómo se conducen y a quién obedecen, a la fallida Guardia Nacional, que resultó más efectiva para detener y someter a migrantes que a delincuentes.


01 Febrero 2020 04:09:00
El Insabi libra lo político, ahora falta que funcione
Con una operación política que comenzó el 14 de enero con una invitación a Palacio Nacional y un menú de comida tabasqueña, el presidente Andrés Manuel López Obrador, logró finalmente que los 32 gobernadores del país aceptaran incorporarse al Instituto de Salud para el Bienestar y firmaran su convenio de adhesión. Los últimos en aceptar al nuevo instituto y su modelo de gratuidad total, fueron los nueve mandatarios estatales del PAN, que después de haber sido los más reacios y que más cuestionaban la viabilidad financiera del modelo lopezobradorista, el viernes finalmente llegaron a un acuerdo con el arqueólogo Juan Ferrer para incorporarse al Insabi y el próximo martes reunirse con el Presidente en Palacio Nacional.

Las cuatro condiciones que pusieron los panistas y que aceptó el Gobierno federal para que apoyaran al Insabi fueron:

1. Que no se centralice la operación de los servicios médicos ni de la infraestructuras de salud y que los estados puedan seguir operándolas; 2. Que se reparta entre todos los estados la bolsa de los 40 mmdp del Fondo Catastrófico del de-

saparecido Seguro Popular y se establezcan reglas claras para ese reparto; 3. Que la gratuidad total sea progresiva, y 4. Que haya libertad para que los estados participen en las compras consolidadas federales o compren ellos mismos sus medicamentos. A cambio de eso, los nueve gobernadores de Acción Nacional (Aguascalientes, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, Querétaro, Durango y Guanajuato) se comprometen a dar “todo el apoyo al Presidente para establecer un solo sistema de salud para no afiliados en la República”, según declaró ayer el presidente del Grupo de Gobernadores panistas, Martín Orozco, de Aguascalientes.

El martes que el presidente López Obrador los reciba en Palacio Nacional se acordarán los términos para trabajar en la redacción de los anexos que el Gobierno le pondrá a los reglamentos de operación del Insabi para incluir las peticiones de los mandatarios panistas y con eso se cierra la turbulencia política que afectó el arranque del nuevo modelo de salud pública. En una misma semana, primero el lunes pasado al reunirse el Presidente con los 11 gobernadores del PRI y este viernes con el acuerdo entre los gobernadores panistas y el arqueólogo Ferrer, se logró resolver la parte política que afectaba al Insabi por las diferencias y cuestionamientos de los gobernadores que tenían muchas dudas sobre el funcionamiento del nuevo Instituto y sus reglas de operación.

Ya sin la presión política, el problema mayor que debe resolver ahora el Gobierno de López Obrador y el director del Insabi son las miles de quejas sobre la crisis de servicios, desabasto de medicamentos, instrumentos e insumos médicos y cobros excesivos por servicios que aún existen en las clínicas y hospitales públicos. Más que las diferencias con gobernadores, que finalmente fueron hábiles y rápidos para resolverlas, el Presidente y su amigo Juan Ferre, tendrán que aplicarse ahora para que el funcionamiento del Insabi se comience a regularizar y que se resuelvan todas las quejas que provocó el desordenado arranque del nuevo instituto y la apresurada y mal planeada transición del antiguo Seguro Popular.

Más que la gratuidad completa, que es donde más ha puesto el énfasis el Presidente, lo que tendría que resolverse primero es el abasto regular y programado de medicamentos para enfermedades como el cáncer, VIH, diabetes, enfermedades respiratorios y materiales e instrumentos para cirugías y terapias. Y para resolver la crisis de abasto, López Obrador y su Gabinete de salud y hacendario, tendrían que reconocer que fueron ellos mismos, con sus cambios y modificaciones al sistema de compra de medicamentos e insumos, los que ocasionaron los faltantes y dejar de culpar a médicos, laboratorios y padres de pacientes enfermos. Menos conspiraciones y más honestidad y eficiencia vendría bien al Gobierno federal para hacer que funcione su nuevo modelo de salud pública gratuita.

Lo segundo tendría que ser el resolver el esquema financiero y garantizar a los institutos nacionales de salud y a los hospitales de Especialidades del sector público que tendrán el presupuesto suficiente para prestar sus servicios y atender a sus derechohabientes, para que no tengan que establecer cobros desmedidos como los que pusieron en marcha en las últimas semanas ante la poca claridad y el flujo de recursos desde el presupuesto federal. Más diálogo y explicaciones con los grandes institutos y hospitales, para garantizarles los presupuestos suficientes, es un paso indispensable para que se haga realidad, gradualmente, la gratuidad total de sus servicios que ha prometido López Obrador y que no va a ocurrir por decreto, sino con base en una planeación presupuestal y financiera realista y responsable.

Un mes le bastó a López Obrador para operar y resolver las diferencias políticas que amenazaban al Insabi; ahora toca que el Presidente se aplique y ponga a trabajar en serio a su Gabinete de Salud y de Hacienda para que resuelvan la parte operacional y de funcionamiento y servicio del nuevo Instituto. El presidente dijo que hasta “el 1 de diciembre va a funcionar bien y se van a resolver los problemas del Insabi”. Pero 10 meses parecen una eternidad y un tiempo que no tienen muchos pacientes con enfermedades graves y muchos de ellos en fases avanzadas o terminales. Tendría que ser mucho antes, lo más pronto posible, que se resuelvan las problemáticas que hoy tienen en crisis al sector de la salud pública; entre más tiempo pase, el tema se convertirá en una bomba política y social que ni la rifa del avión presidencial evitará que le estalle a López Obrador y a su 4T.

Notas indiscretas…

Yeidckol Polevnsky presentó el viernes sus recursos de impugnación al Congreso Nacional de Morena que la desconoció como presidenta en funciones y votó mayoritariamente por la presidencia interina de Alfonso Ramírez Cuéllar. Los argumentos centrales de Polevnsky en sus denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que ni la convocatoria al Congreso fue legítima, ni la elección de Ramírez Cuellar para una “presidencia interina” tiene sustento en los estatutos internos de Morena.

Yeidckol parece ser la más afectada con el nuevo reacomodo de fuerzas que ocurrió el domingo 26 de enero en Morena, pues en ese Congreso y con el nombramiento de Alfonso, la que tomó el control del partido fue la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien recibió el respaldo de Bertha Luján y al parecer también de Mario Delgado, que no impugnó esa nueva elección.

Tiene sentido entonces que Polevnsky impugne, lo que ya no parece tan claro es que tenga el respaldo del Presidente, pues si bien la dirigente dice que sigue teniendo comunicación con él, a través de su secretario particular, Alejandro Esquer, lo cierto es que hasta ahora López Obrador no ha cuestionado la elección de Ramírez Cuéllar y, por el contrario, las dos ocasiones que en esta semana le preguntaron qué pensaba sobre los conflictos internos de Morena –la primera por los reporteros en la conferencia mañanera del martes y la segunda el jueves por la mañana por los senadores morenistas que lo visitaron en Palacio Nacional– el Presidente se mantuvo al margen con la misma respuesta: “Yo no me voy a meter, que resuelvan ellos; yo no soy jefe de partido, soy Jefe de Estado y aspiro a ser Jefe de la Nación”.

Es decir, que aunque AMLO se dice al margen de lo que está ocurriendo en Morena, lo cierto es que no condenó ni rechazó la llegada de Alfonso Ramírez Cuéllar a la dirigencia, porque este trae todo el aval de Palacio Nacional por su cercanía con Claudia Sheinbaum. Así que veremos si a Yeidckol le va bien en la vía jurídica, porque en la política ya parece que tiene demasiada desventaja en su intención de mantenerse como presidenta de Morena…

A propósito de Yeidckol, uno de sus operadores cercanos en la pasada elección presidencial, fue su coordinador en el Noroeste, Alfredo Treviño, a quien ahora en Monterrey aseguran traicionó a Yeidckol y que engaña al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, al pactar con priistas en Nuevo León. Diputados de Morena en el Congreso local, aseguran que Treviño es “un traficante de influencias que se vende en cada esquina electoral. Es un político al estilo del viejo PRI que se puso el traje de la cuarta transformación. ¿Será el único?...Los dados mandan Escalera doble.

Se acabó el intenso enero. Bienvenido febrero y que sea más leve.



29 Enero 2020 04:07:00
La 4T, dividida por polémica reforma judicial
Un paquete de nueve iniciativas de ley y 14 reformas constitucionales, que todavía no se presentan y que nadie conoce formalmente, han levantado una enorme polvareda y generado todo tipo de reacciones adversas no solo entre juristas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que, a partir de algunos borradores que se filtraron a la prensa las califican de “regresivas, peligrosas y que atentan contra las garantías fundamentales de los mexicanos y el principio de presunción de inocencia”.

El problema es que ese paquete de propuestas que conforman la reforma judicial no tiene ni siquiera el consenso de la 4T y la división que provocó entre el Gabinete, la Fiscalía General de la República y la mayo-ría de Morena en el Senado de la República, fue la causa de que no se presentara oficialmente el pasado 15 de enero, cuando estaba prevista su entrega a los senadores para que comenzaran su revisión y discusión.

Ese miércoles 15 de enero, antes de llegar al Senado de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que fueron los únicos autores de las nueve iniciativas de ley y 14 reformas constitucionales, citaron en las oficinas del fiscal al secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, a quien le presentaron por primera vez las iniciativas. Fuentes cercanas a la Fiscalía cuentan que ahí hubo una discusión fuerte entre los tres personajes, y que Durazo dijo tajante que no estaba de acuerdo con el contenido de las propuestas.

A las 11:30, Scherer y Gertz se trasladaron con su paquete de reformas judiciales al Senado, donde los recibió Ricardo Monreal. Ahí le dijeron que las propuestas estaban listas y se las quisie-ron entregar formalmente. Monreal se negó a aceptarlas y preguntó por qué no estaba Alfonso Durazo, que había confirmado su asistencia; tampoco había llegado Olga Sánchez Cordero, titular de Gobernación. Afuera del Senado, en su camioneta, estaba Durazo Montaño, que se negaba a ser parte del acto. Después llegaría Sánchez Cordero y su primer comentario a Monreal fue: “No conozco esas iniciativas y no puedo avalar algo que no conozco”.

Monreal le pidió entonces al fiscal y al consejero Jurídico que “primero resuelvan sus diferencias” y que era preferible, si no había consenso ni en el Gabinete, que mejor no entregaran las iniciativas ese miércoles y que él, de plano, prefería no recibirlas en esas condiciones y que era mejor pospo-ner el evento. Gertz Manero se quejó de que él no era parte del Ejecutivo y no tenía por qué coordinarse con nadie. “¿Qué hacemos entonces?”, preguntó Julio Scherer y, ante la división ya inocultable que provocaba el tema, acordaron en ese momento que habría solo un acto de explicación de las iniciativas, pero que estas no se presentarían sino hasta el 1 de febrero, día del arranque del periodo ordinario de sesiones.

Para esos momentos, con el Gabinete dividido y confrontado por la autoría y el contenido de la reforma judicial, el tema ya había explotado en los medios y las redes sociales a partir de la filtración de fotocopias de las iniciativas de ley que circularon desde el martes anterior.

Veremos si este sábado que comienza el periodo de sesiones llega o no el paquete de reforma judicial y si lo presentan en qué términos viene. Por lo pronto, la decisión de la bancada de Morena, incluso ya consultada con el presidente López Obrador, es que se abra un “Parlamento abierto” en el que se escuchen a todos los que tengan que opinar sobre el tema: juristas, pena-listas, ONG, defensores de derechos humanos, opositores. Incluso se invitará al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a opinar sobre los cambios que pretenden hacerse a la Ley de Amparo, de los cua-les tampoco consultaron al Poder Judicial. El camino pues, será largo y nada fácil para la reforma judicial y en una de esas, dicen en el Senado, ni siquiera sale en este periodo que termina en abril.



28 Enero 2020 04:07:00
De marranos, chicharroneros y otras fábulas
Lo peor que le puede pasar a un gobierno y a un gobernante es cerrarse y escuchar solo a quienes piensan igual que él y alaban su proyecto, sin atreverse jamás a decirle cuando algo no está bien o está equivocado. Descalificar a rajatabla a las opiniones disidentes y considerar que toda crítica o cuestionamiento representa la voz de un enemigo político, lo único que hace es que los gobernantes se aíslen a percibir solo una visión unilateral que los va distanciando de la realidad y de sus gobernados, al tiempo que fomenta una intolerancia autoritaria hacia todo aquel o aquellos que no sigan ciegamente la visión oficial.

Algo no está bien cuando un subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, la dependencia constitucionalmente encargada de velar por la gobernabilidad, de conducir el diálogo político con la oposición y con los otros niveles de Gobierno y cuidar la protección de los derechos humanos, decide llamar “marranos” a “los malquerientes de la 4T” y colocar al Gobierno como un “chicharronero” que debe hacer “oídos sordos” ante “los chillidos” de los cerdos, algo no está bien en la percepción y la visión política de quienes detentan el poder.

Porque se puede rebatir y debatir con argumentos e incluso, como defiende constantemente el presidente López Obrador, el Gobierno puede hacer valer el derecho de responder a sus críticos y discutir sus cuestionamientos. Pero se esperaría que, desde el jefe del Ejecutivo hasta sus colaboradores de gabinete, mostraran más altura, sensatez y sensibilidad política para entender que, por su condición de gobernantes y representantes del poder público, le da un peso y una resonancia mayor a sus palabras y que, cualquier respuesta dada a un crítico del Gobierno, sea este político opositor, periodista, analista, activista, representante de la sociedad civil o cualquier simple ciudadano, toma otra dimensión cuando quien la pronuncia es un funcionario público con poder.

La desafortunada cita del subsecretario de Gobernación -tomada de un refrán popular que no por serlo es menos fuerte y directo en la intención de sus palabras- se produce justo en un contexto de polarización y violencia verbal que exacerba las diferencias políticas e ideológicas entre los mexicanos y que abona a un ambiente enrarecido y crispado en la vida pública y política del país. Generalizar con la expresión “malquerientes de la 4T” a quienes piensan distinto o ejercen su derecho constitucional a la libre expresión y a la crítica hacia el Gobierno ya es cuestionable viniendo de un abogado experto en temas legales como es Ricardo Peralta, pero equiparar a esos críticos con “marranos” que emiten chillidos y al Gobierno de López Obrador con un chicharronero es, a todas luces, un desacierto mayúsculo y una falta de seriedad y de mesura políticas.

Lo más terrible es que en su dicho popular el funcionario que debe velar por la gobernabilidad y la estabilidad políticas evoque algo tan violento como el sacrificio de un cerdo. Porque aun en la matanza a cuchillo, que es la forma tradicional o incluso en la masacre más regulada y tecnificada de los rastros, a ningún puerco se le debe sacrificar sanguinariamente y sin antes haberlo aturdido de un golpe en la cabeza o con algún tranquilizante que le disminuya el dolor, según establece la Norma Oficial Mexicana que regula los sacrificios animales en nuestro país. Así que, antes de meterse a “chicharroneros” valdría la pena que los funcionarios del Gobierno federal entendieran un poco más cuál es el papel y la responsabilidad que tienen en sus cargos. No vaya a ser que, de sacrificio en sacrificio, nos lleven a todos al matadero.

Y ya para rematar, ahí le va al subsecretario otro refrán, menos violento y agresivo que el suyo, ahora que anda metido en el lenguaje carnicero: “Por San Andrés, toma el puerco por los pies; si no lo puedes tomar déjalo para Navidad”. Y si no lo toman, en una de esas el marrano los sorprende en el 2021.


NOTAS INDISCRETAS…

En el tema de la velocidad de contagio del coronavirus “2019-NCOV”, hoy la Secretaría de Salud del Gobierno federal tendrá que rectificar lo que dijo la semana pasada el subsecretario Hugo López Gattel. Porque el funcionario nos dijo a los mexicanos que “no hay motivo para alarmarse porque la capacidad de contagio de este coronavirus es muy lenta y eso lo hace menos peligroso”. Ayer la Organización Mundial de la Salud tuvo que reconocer que se equivocó al subestimar como “bajo” el riesgo de una pandemia mundial por la transmisión del virus y cambió a “alto” ese riesgo. Los dados mandan Escalera doble. Mejora el tiro.
27 Enero 2020 04:00:00
Morena, lejos de Porfirio y cerca de Sheinbaum
En el caótico movimiento político que acompaña al presidente López Obrador, las diferencias, los pleitos y los reacomodos han sido la constante en el año dos meses que lleva este Gobierno. Tanto el partido de Morena, como la llamada Cuarta Transformación, han sido hasta ahora inestables e impredecibles y lo mismo se ven choques ideológicos o por iniciativas de ley entre las bancadas morenistas del Congreso, que se escuchan posiciones críticas y hasta rupturas por algunas políticas de Gobierno y ya en el colmo de la estridencia, están los pleitos, demandas y hasta violencia en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena.

Este fin de semana hubo dos hechos significativos relacionados con el partido gobernante y con la 4T. Por un lado Morena finalmente definió en un congreso la elección de un presidente interino, en la persona del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, aun con la negativa de Yeidckol Polevnsky de reconocerlo; y por el otro lado, una figura emblemática en el proyecto de López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, nada menos que el que le puso la banda presidencial en el Congreso, cuestionó duramente “la mentira y el autoritarismo” en el Gobierno lopezobradorista y habló de un retroceso histórico.

“Nada le puedes quitar o dar a un hombre que está más cerca de la muerte que ver cómo se pierde en la mentira y el autoritarismo el sueño de una transformación en México… hemos dado un salto hacia atrás de 30 o 40 años, y lo puedo decir porque yo lo viví”, comentó Muñoz Ledo, luego de que en el Senado de la República, en la sesión de la Comisión Permanente, del pasado miércoles, se le negara hacer uso de la palabra por votación mayoritaria de los diputados y senadores de Morena. El expresidente de la Cámara de Diputados dijo: “Mi corazón se aleja de Morena”, tras la censura de sus compañeros.

Paradójicamente, mientras una figura tan simbólica para la 4T, como lo es Muñoz Ledo, se aleja, otros se acercan y se fortalecen en el control de Morena. Es el caso de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien con la llegada del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar a la presidencia nacional morenista, toma el control de la próxima elección interna, con la anuencia del presidente López Obrador, y desplazando al mismo tiempo a Yeidckol Polevnsky y a Bertha Luján.

Parece que el Presidente finalmente decidió meter orden y también meter mano en Morena, para lo cual le entregó la dirigencia interina a su pupila Sheinbaum y con ella el manejo de la sucesión interna en el partido gobernante.

Ramírez Cuéllar puede ser un puente con Mario Delgado y un mensaje de contención para las ambiciones y diferencias entre Luján y Polenvsky, pero definitivamente la lealtad del diputado y exdirigente de Barzón está con Sheinbaum, que desde ayer se convierte en el poder real que buscará reordenar y reencauzar a las ovejas descarriadas del redil morenista.

Para ponerlo en términos beisboleros, de esos que tanto gustan al Presidente, con la decisión que anoche tomó el Congreso de Morena, a Yeidckol la ponchan; a Mario Delgado lo mantienen en primera base; a Bertha la dejan seguir calentando, mientras que Claudia se convierte en la manager, la que reparte el juego y define el orden al bate en la novena morenista.



25 Enero 2020 04:05:00
Lozoya en Rusia y bailando kasachok
Emilio Lozoya Austin, prófugo de la justicia y sobre quien pesan varias órdenes de aprehensión por delitos de corrupción y sobornos, está ubicado en Rusia a donde huyó desde México en mayo de 2019. El exdirector de Pemex vive en la ciudad de San Petesburgo (antigua Leningrado), donde tiene una novia rusa y cuenta incluso con protección de la mafia rusa, lo que ha dificultado los intentos por iniciar un proceso de extradición en su contra.

Según información de inteligencia del Gobierno mexicano, Lozoya Austin nunca viajó a Alemania, como se creía en un principio por la nacionalidad de su esposa Marielle Helene Eckes, sino que engañó a las autoridades al haber comprado en mayo pasado un boleto con destino a Frankfurt. Incluso, hay registros de que Lozoya se documentó con su nombre y equipaje, aunque nunca abordó realmente el vuelo de Lufthansa a Frankfurt.
Para despistar a la Fiscalía General de la República que ya lo tenía bajo vigilancia cuando se fugó, el exfuncionario peñista tomó primero un vuelo con rumbo a Estados Unidos, luego viajó de ahí por tierra a Canadá y posteriormente se movió a Alaska, desde donde tomó un avión a Rusia, de acuerdo con la trayectoria que tienen confirmada las autoridades mexicanas. Una fuente de primer nivel aseguró que en San Petesburgo, Lozoya se encontró con una mujer con la que mantiene una relación sentimental.
La razón por la que escogió esa ciudad rusa, dice la fuente oficial, es porque ahí tiene su sede una de las grandes petroleras de Rusia, Gazprom, con cuyos directivos el exdirector de Pemex tenía vínculos y una buena relación que trabó durante los años que estuvo al frente de la petrolera mexicana. Una vez en San Petesburgo, Emilio Lozoya ha logrado también la protección de mafias rusas vinculadas a los negocios del petróleo y el gas, algo que ha complicado los esfuerzos del Gobierno de México para extraditarlo.

México y Rusia tienen un Tratado de Extradición y Asistencia Legal vigente, que fue suscrito en 2005, entre el Gobierno de Vladimir Putin y el de Felipe Calderón. Recientemente, justo por los mismos días en que se fugó Emilio Lozoya, el vicecanciller de Rusia, Sergei Riabkov, estuvo de visita en México y se reunió el 24 de mayo de 2019 con los subsecretarios de Relaciones Exteriores, Julián Ventura y Maximiliano Reyes, con quienes habló, entre otras cosas, de revisar el Tratado de Extradición entre los dos países.
“Tras la llegada al poder de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos interesados en llevar adelante este diálogo (...). Nos planteamos ampliar y mejorar la base legal [de cooperación] y los acuerdos”, dijo el vicecanciller ruso en la capital mexicana, según un reporte de la agencia Spuntnik que también informó que “Rusia y México están tramitando varios documentos, entre ellos los convenios sobre extradición, exención de visados, cooperación entre las fiscalías generales, navegación marítima y homologación de títulos universitarios”.

En aquel encuentro, los funcionarios de los dos países acordaron reactivar la Comisión Intergubernamental entre los dos países para dar seguimiento a los distintos acuerdos de cooperación en la relación bilateral.

Seguro en ese momento las autoridades mexicanas no sabían ni sospechaban que el exdirector de Pemex, a quien el 31 de mayo fueron a buscar a su domicilio agentes de la Fiscalía General de la República, ya había partido del país con rumbo final a Rusia. Los ministeriales que llegaron a la residencia en Lomas de Bezares, registraron el domicilio con una orden de cateo, pero no encontraron a Lozoya, ni rastro alguno de él.
En esos momentos, aprovechando la lentitud e ineptitud de la justicia mexicana, Emilio Lozoya Austin ya aparecía como pasajero documentado en el vuelo de Lufthansa con destino a Frankfurt e incluso su maleta ya había sido entregada. Pero en realidad el prófugo estaba tomando un avión a una ciudad del norte de EU, desde donde después se movería a Canadá, de ahí a Alaska y finalmente a la más europea de las ciudades rusas, San Petesburgo, la llamada “capital cultural de Rusia” y a la que los locales llaman cariñosamente Piter. Ahí vive, bien abrigado y protegido, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin.

Empresas mexicanas
piden ayuda a Trump
El grupo de empresas que conforman Conméxico y que fueron las más afectadas con las reformas a la Ley General de Salud que hará obligatorio el nuevo etiquetado frontal en los productos alimenticios y bebidas con altos contenidos calóricos y azúcares decidieron, en un gesto de desesperación ante la inminente aplicación de esta medida, acudir al Gobierno de Estados Unidos y pedir el apoyo de la Administración de Donald Trump para impugnar la aplicación de la ley mexicana que, argumentan, afectará la venta y comercialización de sus productos.
A través de sus matrices estadunidenses, varias de estas compañías trasnacionales se quejan ante el representante comercial de EU, Robert Ligthtizer, y solicitan su intervención para que se pida al Gobierno mexicano posponer la aplicación de la citada ley y abrir una mesa de diálogo bilateral sobre el diseño y las leyendas del etiquetado frontal a través de cuatro octágonos (“Alto en Sodio”, “Alto en azúcar”, “Alto en grasas saturadas” y “Contiene grasas trans”) que aprobó en noviembre el Congreso mexicano.
Las filiales mexicanas de esas compañías consideran que el etiquetado que será obligatorio afecta a sus productos y dañará su comercialización. Se quejan de que los diputados y senadores del Congreso de la Unión no escucharon sus argumentos y no tomaron en cuenta sus propuestas para un etiquetado menos agresivo y con más información para el consumidor.
La realidad es que la mayoría de esas empresas que hoy se quejan no hicieron nada durante años para mejorar la calidad y el excesivo contenido calórico de sus alimentos y bebidas. Incluso, en 2016, cuando el Estado mexicano declaró una “Alerta de salud por la epidemia de obesidad y diabetes en México”, se intentó en el Congreso de la Unión, en la 62 Legislatura, modificar la Ley de Salud para incluir medidas urgentes, entre ellas el etiquetado y la prohibición de publicidad engañosa de alimentos y bebidas. Pero los enormes intereses económicos de estas mismas compañías que hoy acuden a buscar la ayuda de Trump, frenaron todo intento de avanzar en ese tema.

Con la llegada al poder del presidente López Obrador, el tema fue retomado y cuando la fracción de Morena en la Cámara de Diputados retomó la iniciativa de reformas a la Ley General de Salud, de inmediato los empresarios de ConMéxico, que agrupa a las principales marcas productoras de alimentos chatarra y refrescos y bebidas azucaradas, varias de ellas de origen estadunidense, pidieron una audiencia con el Presidente que los recibió en Palacio Nacional.
Cuando llegaron a ver al Presidente le pidieron que frenara la Ley del Etiquetado y la publicidad y dijeron que ellos se comprometían a cambio a autorregularse y a tomar medidas para apoyar el deporte, la salud y la alimentación balanceada de los mexicanos. López Obrador los escuchó y ofreció analizar su petición. Pero después llamó a Mario Delgado, el líder de la mayoría de Morena en San Lázaro y le preguntó su opinión. El diputado le dijo que de 2016 a la fecha, ese grupo de ConMéxico y sus empresas se habían comprometido a construir y rehabilitar parques y unidades deportivas, a impartir clases y capacitación sobre educación física y a mejorar y disminuir las cantidades de calóricos, grasas trans, sodio y azúcares en sus productos. “Ninguna de esas cosas –le dijo Delgado al Presidente– las han cumplido”. Y le recordó que cuando él fue secretario de Finanzas de la Ciudad de México, con Marcelo Ebrard, había habido una propuesta similar de los empresarios, que a cambio de que no prohibieran sus productos chatarra en escuelas, habían ofrecido construir bebederos que nunca realizaron.
Fue entonces que el Presidente dio la orden terminante: la reforma a la Ley General de Salud va con todo y etiquetado frontal y regulación y prohibición de publicidad de comida chatarra. Hoy la Comisión Federal de Competencia se ha pronunciado por modificar el etiquetado frontal aprobado y flexibilizar las normas de publicidad, para no afectar la competencia, sobre todo de empresas nuevas que no podrán promover sus productos. Mientras tanto las empresas de ConMéxico han ido a llorar a la Casa Blanca y a suplicar ayuda de Trump, sabedores de que el único ante el que se inclina y se somete López Obrador, es el inquilino de la oficina oval. ¿Será que Trump obliga a México y a su Presidente a retroceder en un tema que es prioritario para la salud de los mexicanos, de sus niños y para frenar la epidemia de diabetes y obesidad que padecemos?
Los dados cierran con Escalera Doble. Semana redonda.


23 Enero 2020 04:07:00
Vienen dos escándalos de corrupción en Aduanas
Dos directores de Aduanas serán removidos y acusados en los próximos días por corrupción y por permitir la entrada de sustancias ilegales y drogas como la efedrina y el fentanilo, además de recibir sobornos de la mafia china por dejar pasar cargamentos de carne de vaquita marina, totoaba y pepino de mar, especies marinas protegidas y que son comercializadas ilegalmente al continente asiático.

El Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera tienen documentados dos expedientes con evidencias de corrupción en las aduanas ubicadas en los puertos de Progreso, Yucatán, y Tuxpan, Veracruz, cuyos directores Abel Cárdenas Lara y Guillermo César Calderón, respectivamente, incurrieron en diversos delitos que van desde el enriquecimiento por pagos de sobornos hasta el permitir el tráfico de drogas a través de los puertos mencionados.

Las investigaciones, que fueron iniciadas a solicitud del SAT, partieron de denuncias de trabajadores, que acusaron directamente a los administradores de estar involucrados en el tráfico de drogas y especies marinas.

La UIF de Hacienda logró documentar, en las cuentas de los funcionarios, movimientos sospechosos y transferencias de dinero

inusuales y que sobrepasan los ingresos de Abel Cárdenas Lara y de Guillermo César Calderón.

Ambos casos, que ya están en manos de la nueva directora del SAT, Raquel Buenrostro, serán presentados ante la FGR y se prevé que soliciten órdenes de aprehensión contra los funcionarios, a quienes se vincula con el exdirector del Sistema de Servicios de Aduanas, Ricardo Peralta, actualmente subsecretario de Gobierno de la Segob.

El caso más grave, según fuentes cercanas a la investigación, se documentó en Progreso, por cuya aduana se permitía el ingreso de cargamentos de efedrina y fentanilo, sustancias utilizadas para producir dos de las drogas más letales y de mayor consumo.

Igualmente, existen evidencias en poder del SAT que muestran que el administrador, Guillermo César Calderón, exdiputado priista, originario del Estado de México, permitía a mafias chinas traficar cargamentos de vaquita marina, totoaba y pepino de mar, que eran pescados ilegalmente en los mares mexicanos y enviados a países de Asia.

Las fuentes consultadas aseguraron que en los próximos días se procederá legal y penalmente en contra de los dos directores de Aduana señalados en las investigaciones que, además de ser destituidos serán puestos a disposición de la justicia por la gravedad de las acusaciones y los millonarios montos que se detectaron en sus cuentas que, se presume, son producto de la corrupción y los pagos que recibían de las mafias del contrabando ilegal.

Será, dicen, el primer golpe directo contra la corrupción que dará Buenrostro, después de que tomó posesión del cargo la semana pasada en el Senado, aunque la investigación ya estaba prácticamente terminada por la UIF y la FGR, pero ha sido la directora del SAT quien dio luz verde para que se proceda contra estos dos funcionarios, a quienes se pretende poner de ejemplo de que el combate a la corrupción en las aduanas, y en todo el sistema fiscal, va en serio y con todo. ¿Será?

22 Enero 2020 04:05:00
El botín de Pemex y el brazo salinista
En el sexenio de Peña Nieto no solo se permitió el saqueo y la corrupción desmedida en Petróleos Mexicanos con acciones y pésimas decisiones financieras y administrativas como la compra de Fertinal y de la planta de Agronitrogenados, los astilleros en Galicia y la complicidad y nulo combate al robo de combustibles, entre muchos otros. Dentro de la estrategia, operada por dos directores muy cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari: Emilio Lozoya Austin y José Antonio González Anaya, también se buscaba debilitar y achicar a la empresa petrolera y su producción para abrirles la puerta y mejorarles las condiciones de competencia a las compañías petroleras nacionales y privadas que participaban en las rondas de la reforma energética.

En ese afán, el salinismo que controlaba Pemex también buscó cambiar y controlar a los mayores proveedores y contratistas de Pemex y para ello decidieron ir por las dos empresas más grandes y fuertes que acaparaban los mayores contratos y activos en la industria petrolera: Oceanografía y Oro Negro. Las dos empresas mexicanas, que se volvieron referente internacional, habían sido creadas bajo la influencia del poderoso exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que se volvió el poder real en el manejo de la petrolera nacional y las finanzas públicas durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

A la llegada de Peña Nieto, cuando este decidió dejar en manos del grupo salinista la política energética y entregarles Pemex, Oceanografía, de Amado Yáñez y Martín Gil Díaz, sobrino de Francisco Gil, y Oro Negro, propiedad del hijo del extitular de Hacienda, Gonzalo Gil White y de un grupo de bonistas se volvieron el primer objetivo de Emilio Lozoya y del secretario de Hacienda peñista Luis Videgaray.

La operación para acusar a Yáñez de fraude contó con el apoyo de los bancos involucrados y una vez que lo metieron a la cárcel, con la fabricación de acusaciones desde el SAT y desde la Unidad de Inteligencia Financiera y la operación jurídica de la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Humberto Castillejos, para obtener órdenes de aprehensión, negación de amparos y demás favores de jueces de la Ciudad de México, terminó con el dueño de Oceanografía, que estando ya en la cárcel recibió una oferta-amenaza desde la dirección de Pemex a cargo de Lozoya: “O entregas la empresa, con todos sus activos, o te hundimos en la cárcel”. Amado Yáñez, quien se negó a entregar su compañía, tuvo que verla caer en quiebra, en un manipulado concurso mercantil, y tras dos años en prisión y liberado bajo fianza en 2017, hoy busca documentar todo el ataque y el abuso de poder en contra suya y de su compañía.

La misma historia se repitió con Oro Negro, la empresa de Gil White que había logrado posicionarse con los inversionistas internacionales por su solidez y que era vista como “el tesoro”. Primero con Lozoya y después con José Antonio González Anaya, el brazo salinista operó para que desde el SAT se hiciera un acuerdo con los tenedores de bonos, socios de Gonzalo Gil, para fabricar pruebas de un presunto fraude en contra de los bonistas. El mismo González Anaya que operó el tema primero desde Pemex en 2016-2017 y luego como secretario de Hacienda en 2018, coordinó la operación para la fabricación de evidencias en el SAT y el congelamiento de cuentas de Oro Negro, apoyado en el coordinador de la UIF, Alberto Bazbaz, y el consejero jurídico de Presidencia, Humberto Castillejos, quien también volvió a operar para mandar las denuncias y expedientes a “jueces amigos” de la Ciudad de México, con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia y su presidente Édgar Elías Azar, en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera.

En el embate contra Oro Negro, el congelamiento de cuentas fue clave para declarar la quiebra de la empresa.

Así, con un mismo esquema y con la intención de favorecer los intereses salinistas en Pemex, se decretó el quebranto primero de Oceanografía y luego de Oro Negro, con el trato discrecional e ilegal desde la petrolera, el abuso del concurso mercantil y la manipulación del debido proceso en el sistema judicial de la CDMX.

La mejor manera de confirmar cómo fue que el grupo salinista intentó no solo desmantelar y debilitar Pemex sino quedarse con las principales compañías contratistas y proveedoras de la paraestatal, es que tras los conflictos y la quiebra de Oro Negro y de Oceanografía, los contratos que tenían esas compañías fueron entregados a Seamex, que recibió un trato preferencial tanto de Emilio Lozoya y de González Anaya para beneficiar al socio mexicano de esa compañía, David Martínez, compadre de Carlos Salinas de Gortari, y quien creció tanto en el peñismo que compró ICA.

21 Enero 2020 04:00:00
La conexión Peña-Salinas
Si en la punta del iceberg de la corrupción del sexenio pasado están los casos documentados y procesados de excolaboradores cercanos al presidente Peña Nieto, como Emilio Lozoya, Rosario Robles y al menos una veintena más de nombres que se están investigando e integrando expedientes, en la base de ese enorme témpano y en el centro de la madeja de negocios millonarios realizados desde el poder y para beneficio del poder hay una alianza político-financiera que atraviesa toda la corrupción sistemática que se vivió en los seis años del Gobierno anterior: el acuerdo entre Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari.

Para llegar a esa base del iceberg, a lo que se considera la “corrupción de alto nivel” en el sexenio anterior, hay dos expedientes que son clave, por el nivel de información que pueden proporcionar sobre el pacto que operó entre el presidente Peña y el expresidente Salinas. El primero es, sin duda, el de Emilio Lozoya Austin, quien en sus intentos por librar las órdenes de aprehensión en contra suya y de su familia, busca hablar de todo el esquema de corrupción en Pemex. Y el otro caso que pue-de dar información directa para llegar a los grandes negocios del sexenio peñista es Genaro García Luna, por ser el funcionario que atravesó y conectó los últimos tres sexenios y que colaboró con un diseño de negocios desde el poder en el tema de la seguridad pública.

Todo se remonta a los primeros años del sexenio 2012-2018. Ante la inquietud y el nerviosismo del expresidente, que reclamaba que el inquilino de Los Pinos correspondiera al apoyo y asesoría que él le brindó para llegar al poder, Peña Nie-

to decidió “concesionarle” al exmandatario, como una suerte de “terapia ocupacional” dos sectores estratégicos y con posibilidades enormes de hacer negocios: el sector energético, particularmente las rondas petro-leras de la reforma energética y la concesión de nuevos yacimientos y plataformas petroleras; y la construcción de infraestructura para la seguridad pública, en forma de reclusorios que se concesionaban en un esquema público-privado.

Si en el tema petrolero Lozoya fue el operador incondicional colocado por el mismo Salinas para manejar todos los contratos de Pemex, con sus respectivos negocios y comisiones, en el tema de seguridad, García Luna fue quien diseñó el modelo de construcción de reclusorios concesionados a grandes empresarios que, a cambio de un contrato mi-llonario del Gobierno federal, pagaban una generosa comisión que era repartida entre las dos cabezas principales: el Presidente y el expresidente.

En el caso de los reclusorios, una fuente que participó de ese esquema y que obtuvo un contrato, asegura que él supo por lo menos de siete reclusorios asignados para su construcción y operación a grandes empresarios mexicanos. Cada contrato era cercano a los 7 mil millones de pesos y el negocio era redondo para todos.

Cuenta el empresario, que en el proceso de negociación con el exmandatario, había varias reuniones en su casa del sur de la ciudad y cuando todo estaba listo, solía llamar para decir en clave: “está listo el tema, no te olvides de mandar el vehículo”, con lo que se refería al dinero que era repartido.

Lo interesante es ver si Genaro García Luna, que tuvo que ver con el diseño del modelo de la construcción de reclusorios, es parte de lo que podría darle como información a las autoridades de Estados Unidos.

Ya se verá qué tanto de la citada conexión Peña-Salinas aflora en la “voluminosa información” que dicen tener el fiscal estadunidense sobre el caso de García Luna y qué otro tanto se va documentando desde acá a través de las indagatorias de la UIF y la FGR, e incluso de los posibles testimonios de empresarios que hoy parecen dispuestos a hablar y a colaborar con la 4T para desvelar la que llaman “la verdadera corrupción, la de alto nivel”, que ocurrió en el sexenio peñista. ¿Qué tanto tomará llegar a la base del iceberg? Es un tema en el que no parece haber prisa, pero tampoco pausa.


20 Enero 2020 04:07:00
El abuelo, la ‘bendición’ y la nuera incómoda
Cuando los medios y las redes sociales se llenaron de información sobre el nacimiento del primer nieto del presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, el Mandatario, tan afecto a hacer públicos en videos y mensajes los asuntos personales y familiares, nada dijo en sus redes sociales de la llegada de Salomón Andrés, que vino al mundo en un hospital de Houston, Texas, justo en medio de una fuerte crisis en el sistema de salud pública en México.

El niño había nacido desde el 9 de enero; la noticia la publicó la revista Eme Equis el 14 de enero y no fue sino hasta el 15 de enero que, presionado por las preguntas de los reporteros, el abuelo dijo escuetamente que su primer nieto “es una bendición”.

Detrás de ese inusual silencio presidencial, de acuerdo con allegados a la familia presidencial, existen “diferencias” entre López Obrador y su hijo José Ramón que surgieron por la relación entre este y la brasileña Carolyn Adams, una ejecutiva involucrada en el mundo del petróleo y el gas, y que trabaja en México contratada por la firma Cava Energy, que es parte de un fondo financiero especializado en construcción de gasoductos, y que son proveedores de Petróleos Mexicanos.

Tal vez fue esa vinculación con el sector energético por parte de su nuera y madre de su nieto, la que no le gustó desde un principio al Presidente que, según las fuentes consultadas, nunca vio bien la relación de su hijo con Carolyn, quien en México se desempeña como “cabildera” de la mencionada empresa y antes trabajó en Dubái durante 15 años para la petrolera inglesa British Petroleum.

Lo cierto es que, tras varios meses de relación, a José Ramón y a Carolyn se les vio juntos en el evento del 1 de septiembre en Palacio Nacional con motivo del Primer Informe de Gobierno del Presidente. En las fotos de ese día, la pareja estuvo sentada a un lado de Beatriz Gutiérrez Muëller en la primera fila. En los rostros serios y en lo poco que se dirigieron la palabra, se percibía la tensión entre los miembros de la familia presidencial.

Pero, según las fuentes cercanas, antes de esa aparición pública hubo un encuentro en el que, tras varios meses de salir con ella, José Ramón decidió presentar a su novia con su padre. Cuentan que el Presidente salió molesto de aquel desayuno porque, en un momento en el que su hijo se había levantado de la mesa, la joven ejecutiva le hizo un comentario que no le cayó nada bien: “Voy a hacer de tu hijo todo un empresario del sector del gas”.

Tras el encuentro –narran quienes conocen la información de primera mano– el Presidente le pidió a José Ramón que terminara con esa relación. Y sí hubo un distanciamiento en la pareja por unos meses, que se hizo evidente el 1 de diciembre de 2019, cuando el mayor de los López Beltrán acudió solo al mensaje del Presidente en el Zócalo, mientras sus hermanos iban acompañados de sus respectivas parejas.

Al final, la familia presidencial no escapa de diferencias o desencuentros, ni de situaciones difíciles entre los padres, hijos y nueras incómodas, aun cuando siempre quieran vender la imagen de una “familia perfecta” por ser lo más políticamente correcto y conveniente.

Veremos si el amor fraternal ablanda al abuelo y si pronto hay reconciliación y vemos al Presidente cargando en brazos al primer nieto de su descendencia.


18 Enero 2020 04:08:00
La dupla mexiquense en la mira de la FGR
Dos colaboradores cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, del grupo mexiquense, y que tuvieron un enorme poder en la pasada Administración, están siendo investigados por la Fiscalía General de la República.

Humberto Castillejos Cervantes y Alberto Bazbaz Sacal ocuparon dos posiciones estratégicas en el Gobierno federal, desde las cuales armaron una intrincada red de complicidad que los llevó a utilizar su poder para cometer abusos de poder y obtener ganancias millonarias que hoy son investigadas por la Fiscalía a partir de reportes y seguimientos a sus cuentas de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Según una fuente confiable que tuvo acceso a una lista de personajes del Gobierno anterior, en poder del fiscal Gertz Manero, en ese listado figuran los nombres de Castillejos, exconsejero jurídico de la Presidencia, y de Bazbaz, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Aunque a ambos personajes se les siguen indagatorias por separado, hay algunos temas en los que las investigaciones los conectan en actividades que planeaban y ejecutaban juntos, utilizando sus cargos para la obtención de recursos económicos de manera ilícita.

La red tejida desde la Consejería Jurídica de Los Pinos conectaba con la Unidad de Inteligencia Financiera porque ambas dependencias fueron las encargadas por el Gobierno de Peña Nieto de armar los casos, expedientes y acusaciones en contra de políticos, empresarios y otros personajes incómodos u opositores al poder.

Con esa mecánica, Alberto Bazbaz y Humberto Castillejos se encargaron lo mismo de armar el expediente judicial en contra de la maestra Elba Esther Gordillo, que del caso de Javier Duarte; pero también de proceder legal y financieramente en contra de empresarios como Amado Yáñez o de Martí Gil Díaz, de Oceanografía y Oro Negro, en ambos casos bajo las órdenes de Emilio Lozoya Austin y del propio presidente Peña Nieto.

Pero más allá de los casos políticos y públicos, que atrajeron la atención mediática, el mecanismo de investigar financieramente las cuentas y a partir de ahí armar acusaciones penales, también fue utilizado por estos dos funcionarios de primer nivel para establecer un sofisticado mecanismo de extorsión, chantaje y cobro de sumas millonarias a empresarios, políticos y hombres de dinero.

Primero la UIF, a cargo de Bazbaz, se encargaba de investigar, con los instrumentos del Estado, a algún personaje rico para detectar “movimientos inusuales” o transferencias financieras e ingresos no reportados al SAT, que también colaboraba en este entramado.

Con el resultado del seguimiento financiero, se armaba un expediente con los presuntos delitos cometidos por el infractor, previa asesoría de la Consejería Jurídica, y luego se le ubicaba y se le llamaba a las oficinas de la UIF para informarle de la investigación en su contra.

En esa reunión, al presunto infractor se le deban detalles de lo que se había encontrado en sus cuentas, se le hablaba de una investigación oficial y respaldada por el SAT y se le advertían las consecuencias de darle trámite al expediente.

Y cuando el personaje ya estaba aterrorizado, se le ofrecía “una salida”: que recurriera a la asesoría y defensoría de un despacho jurídico que se le recomendaba y que estaba conectado directamente con el consejero jurídico de la Presidencia y desde ahí podían “resolverle su caso” con discreción y con la garantía de que Hacienda no procedería en su contra, el nombre del investigado quedaría “limpio” y el asunto no se haría público.

Así, con las amenazas y los expedientes por delitos financieros armados conjuntamente por la UIF y la Consejería Jurídica, y la asesoría legal y la “solución y limpieza” por parte de los abogados cercanos a Castillejos, se armó un lucrativo negocio a través del cual cobraban sumas millonarias pagadas por las víctimas de ese sistema de extorsión y abuso de poder.

Parte de esas sumas de dinero, junto con otros “movimientos inusuales” e ingresos que no corresponden a sus sueldos como funcionarios, son las que está rastreando la misma UIF, ahora dirigida por Santiago Nieto, y que obran en los expedientes que se integran desde la Fiscalía General de la República.

La fuente cercana a esas investigaciones que proporcionó la información a esta columna, asegura que esto es apenas “la punta del Iceberg” de muchos otros negocios ilícitos que realizaron los personajes de mayor confianza de Peña Nieto, y afirma que los apellidos de Castillejos y Bazbaz son parte de una larga lista de excolaboradores del expresidente, en la que figuran desde secretarios de Estado, directores, subsecretarios, oficiales mayores y hasta exdirigentes del PRI que tiene en su poder directamente el fiscal Alejandro Gertz Manero y contra los cuales se integran averiguaciones judiciales por diversos delitos e irregularidades financieras.

Así que la fuente de acusaciones, investigaciones y casos de corrupción será inagotable para la 4T. Y está claro que el Gobierno del presidente López Obrador sabe que en cada uno de esos expedientes tiene una mina de puntos de aprobación y popularidad que serán utilizados a lo largo de este año y el siguiente con miras a impactar las intenciones de voto en los comicios intermedios de 2021, donde Morena se juega su mayoría parlamentaria.

Panem et circens decían los emperadores romanos, que para distraer a la población de los problemas sociales, económicos o políticos que no podían resolver, le daban al pueblo alimento y diversión. La única diferencia es que entonces aventaban a los cristianos a los leones en el Coliseo; hoy los lanzan a responder ante la justicia.

Notas Indiscretas

…En contra de lo que respondía esta semana el presidente López Obrador, ante la pregunta insistente de una reportera en su conferencia mañanera, donde el Mandatario aseguraba que el enorme subejercicio que tuvo su gobierno en 2019, calculado en 150 mil millones de pesos, no afectaba al tema de la salud ni tenía que ver con los desabastos y carencias que se reportan en clínicas, hospitales e institutos de salud públicos, esta semana se dio a conocer como parte del estudio denominado Los Números del Erario, de la organización México Evalúa, que los subejercicios de gasto en materia de salud alcanzaron 12% hasta noviembre del 2019, es decir que se dejaron de gastar 14 mil millones de pesos a pesar del desabasto de medicamentos y la precariedad en los servicios de salud, sin mencionar la falta de personal suficiente en los centros de salud y hospitales públicos.

Lo que más sorprende en toda esta crisis del Insabi y de la salud pública en general, es que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, esté completamente desaparecido, mientras un subsecretario como Hugo López Gatell da tumbos y declaraciones conspiratorias todos los días en las que lo mismo acusa a los laboratorios del desabasto, que amenaza a los gobernadores que no quieren adherirse al nuevo instituto, en tanto el arqueólogo Juan Ferrer se ve tan agobiado que ya debe estar extrañando las ruinas de Palenque, por las que tantas veces hizo de guía de lujo para el hoy presidente López Obrador.

En el caso del subsecretario López Gatell, son tantos los yerros que ya en los pasillos del Palacio dicen que su cuenta ya está en dos strikes y que esta próxima semana cuando se pare en la caja de bateo para informar semanalmente de los avances en el funcionamiento del Insabi podrían cantarle el tercero y ¡ponche!...

Recientemente fue dado a conocer que Abel Murrieta Gutiérrez, el exprocurador de justicia en Sonora durante las administraciones de Eduardo Bours y Guillermo Padrés, sería coadyuvante por parte de la familia LeBarón en las indagatorias de la masacre en Bavispe, municipio de la sierra de aquel estado, ¿pero sabrá la misma familia afectada y la propia FGR que Murrieta Gutiérrez es a su vez parte de una indagatoria por falsificación de documentos en el caso de la guardería ABC?

Tanto el exprocurador, como el en su momento gobernador y otros funcionarios habrían falsificado un oficio del IMSS con el que resultaban inculpados dueños de la guardería y funcionarios de la institución.

Por eso la duda de que la familia LeBarón haya tenido conocimiento de estos hechos, además de que en las épocas en las que Murrieta encabezaba la Fiscalía sonorense fue precisamente cuando surgió y cobró fuerza la organización criminal de Los Salazar en aquel estado, mismo grupo con el que supuestamente fueron confundidas las víctimas de Bavispe.

Aquí ya hay un enredo de coincidencias e incongruencias, ya sea por desconocimiento de las víctimas o por intenciones aviesas de Murrieta que, en el caso de los LeBarón, sería algo así como “el abogado del diablo”…

Los dados mandan Serpiente doble. Semana de altibajos.
16 Enero 2020 04:07:00
Candidaturas, los verdaderos cambios del Gabinete
Hace unos días decíamos que el Presidente no quiere hacer cambios en su Gabinete y realmente no está entre sus prioridades hacer ajustes en su equipo de colaboradores. Pero algo en lo que sí está de acuerdo López Obrador es en que desde las secretarías de Estado salgan algunos de los candidatos a gobernador que Morena buscará postular a los comicios del 2021.

Esos movimientos podrían ser los únicos cambios que veamos en el Gabinete presidencial en este año y ocurrirán en noviembre por lo menos en dos secretarías importantes de donde saldrán dos candidatos a los estados: Esteban Moctezuma Barragán, de la SEP, buscaría ser abanderado morenista en San Luis Potosí; mientras que Alfonso Durazo Montaño, se prepara para buscar la candidatura del partido oficial en Sonora.

En el primer caso, el secretario de Educación, aunque es originario de la Ciudad de México, tiene antecedentes familiares en San Luis Potosí de donde es originaria su madre y su abuelo, el general Juan Barragán Rodríguez, un revolucionario que tomó las armas contra Victoriano Huerta después de la llamada Decena Trágica. Es decir que Esteban Moctezuma, según la Constitución Política de San Luis Potosí, es “potosino por nacimiento”, ciudadanía que se obtiene por ser hijo de padre o madre potosino, requisito que cumple el secretario para obtener una candidatura a Gobernador.

El otro requisito que establece la Constitución Potosina a los potosinos “por nacimiento”, en su Capítulo I del Poder Ejecutivo, en sus artículos I y II, es el de “contar con un año de residencia efectiva (en la entidad) no menor a un año inmediato anterior al día de la elección”. Y para cumplir también con ese requisito, Moctezuma Barragán ha iniciado ya consultas y sondeos entre la clase política potosina para ver cómo caería en San Luis una eventual postulación.

Va tan en serio la nominación de Moctezuma, que ya hasta tuvo pláticas con el Gobernador priista de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera, para expresarle sus intenciones y se sabe, por fuentes cercanas a la oficina del secretario, que ya cuenta con un domicilio en la capital de San Luis, a donde acude con regular frecuencia para dejarse ver por los potosinos. La misma Constitución local dice que para los potosinos “por nacimiento” la “residencia efectiva no se pierde por ausentarse del estado o del municipio correspondiente, siempre que en ellos se conserve el domicilio fijo”.

En el caso de Alfonso Durazo, su candidatura a Gobernador es casi un hecho y, además de que cumple con todos los requisitos constitucionales de su estado, cuenta con el aval del Presidente, aunque su único problema sería saber en qué condición llega el actual Secretario de Seguridad y Protección a competir por el Gobierno de Sonora: con o sin resultados en la lucha contra la inseguridad y la violencia que afecta a los mexicanos. De ello dependerían sus posibilidades reales de ganar el estado. Si Durazo se va con el récord actual que tiene de casi 50 mil muertos por homicidios violentos y sin haber esclarecido masacres tan graves como la de Bavispe, precisamente en Sonora, ni la fuerza del presidente López Obrador le ayudaría a ser un candidato ganador.

En todo caso, ya hay fecha comentada en el Gabinete y en Palacio Nacional para que estos dos secretarios renuncien y se vayan en pos de sus aventuras electorales: el 30 de noviembre de este año, para poder iniciar sus precampañas, ya sin el impedimento de un cargo público, sus registros formales y sus recorridos por las entidades que buscan gobernar. Esos serían los primeros cambios seguros que, al menos hasta el momento, se ven en el Gabinete y no serán por resultados, desempeño o capacidad en el cargo, sino por la nueva versión del “chapulineo político” en los tiempos de la 4T.

Moctezuma se iría con la nueva reforma educativa aún inconclusa en su aplicación y dejando a una CNTE totalmente fortalecida y a un SNTE también fuerte pero que vive el embate de Elba Esther Gordillo para un regreso a la dirigencia que no quiere el presidente López Obrador; mientras que Durazo es una incógnita cómo dejará la seguridad en el país por la poca capacidad y la ineficiente estrategia que ha mostrado hasta ahora. Por lo pronto, ayer, su jefe el Presidente, ya le puso al secretario de Seguridad el reto que definirá si es o no un candidato con posibilidades de triunfo: resultados en la disminución de la violencia, los asesinatos y la inseguridad en el país “el 1 de diciembre” de este 2020. ¿Puede Durazo con el plazo que le puso el Presidente?... Los dados mandan Escalera doble. Subida.
15 Enero 2020 04:05:00
Croquetas de pejelagarto, chipilín y apapachos
La República reunida ayer a través de sus poderes Ejecutivos en el Palacio Nacional, parecía que iba a crujir por la tensión de las últimas semanas entre el Gobierno federal y los gobiernos estatales, pero en vez de los tambores de guerra que algunos mandatarios de oposición había anticipado, lo que se escuchó en el mítico salón Tesorería del vetusto Palacio fueron risas, mensajes de conciliación, coordinación y unidad y un brindis también tropical con agua de guanábana.

Mientras que con las delicias de la gastronomía tabasqueña, en primer tiempo croquetas de pejelagarto, de segundo tamal de chipilín y de tercero estofado de short rib, el presidente Andrés Manuel López Obrador, conquistó el paladar de sus 32 invitados especiales –30 gobernadores, una gobernadora y la Jefa de Gobierno– con la mano izquierda y el oficio político que le caracteriza, pidió desde el inicio a todos los comensales, entre los que también estaban miembros de su Gabinete, que “hoy no hablemos de política, ni de temas de trabajo” y que solo tuvieran el gusto de compartir y relajarse, mientras hacía un llamado a la unidad y al trabajo coordinado “por el bien de la República”.

Así, el Mandatario nacional, que todavía en diciembre azuzaba desde su conferencia mañanera y exhibía a los “gobernadores flojos que no se levantan para asistir a las reuniones de seguridad en sus estados”, ayer dejó de lado cualquier reclamo o reproche y con un breve mensaje de 10 minutos llevó el tono de la comida a un ejercicio de convivencia política en el que dijo: “hay que respetar la pluralidad partidista”, para poder trabajar coordinadamente con los estados. El mensaje cayó tan bien entre los mandatarios y mandatarias estatales invitadas que incluso los panistas, que iban preparados para tocar temas de polémica y tensión con el centro –como el Insabi– guardaron los asuntos políticos para otra ocasión, entre ellos ese tema, y se sumaron a la comida sin agenda ni divisiones políticas.

Cuenta un Gobernador de los asistentes que si bien el caos y las fallas del arranque del Insabi y su complicada viabilidad financiera no se abordaron en la mesa ni en los mensajes, en corto sí fue un tema que dominó las pláticas entre los gobernadores de todos los partidos, que entre ellos compartían, incluso con los secretarios del Gabinete invitados, sus dudas y cuestionamientos al nuevo modelo de salud pública gratuita.

“Fue una reunión muy cordial, donde el Presidente manifestó su disposición a seguir trabajando en coordinación con los gobernadores, respetando la pluralidad de origen partidario. No se tocó públicamente el tema del Insabi, pero indudablemente en corto sí fue parte de los comentarios”, dijo a esta columna un Gobernador panista del norte del país, mientras que otro Mandatario del altiplano, del partido Morena, apuntó sobre el ambiente del encuentro en Palacio: “No se habló nada de trabajo, fue una comida que ofreció el Presidente en donde, en un mensaje de 10 minutos, nos dijo que no tenía propósito de reunión de trabajo y que en febrero nos reuniríamos para eso”.

Así es que finalmente ya habrá tiempo para la discusión, el debate y los asuntos de trabajo, por lo pronto en la reunión que en febrero les prometió el Presidente; pero ayer los gobernadores, todos los oficialistas y los opositores, decidieron disfrutar de la comida tabasqueña mientras el Presidente tabasqueño los apapachaba y les confirmaba que, así como en las mañaneras y en sus discursos de gira puede ser belicoso, echador, conspiracionista y en ocasiones insidioso, López Obrador también tiene una muy fina mano izquierda con la que, cuando quiere, puede ser un Mandatario que concilia y une.

Notas indiscretas… detrás del feliz nacimiento del primer nieto presidencial y de la decisión de que el hijo del primogénito José Ramón López Beltrán naciera en Houston, Texas, hay una historia “complicada y difícil” en la familia presidencial. Por eso no es de extrañar que, dado como es a compartir cualquier momento familiar o cotidiano, como lo hizo el lunes con el cumpleaños de su esposa en un video que fue elogiado hasta por sus críticos, por la sencillez y habilidad con la que conecta, en el caso del nacimiento de su primer nieto, AMLO no haya dicho nada, ni en la mañanera ni en sus habituales videos en las redes sociales. ¿Será que hay diferencias o desencuentros en la familia que habita en Palacio Nacional? Que conste que es pregunta… Y aunque en la comida de ayer se tranquilizaron, los nueve gobernadores del PAN no quitan el dedo del renglón sobre su cuestionamiento al Insabi y se reunirán para revisar la propuesta de sus titulares de Salud y la próxima semana estarán anunciando una propia… Preparamos el tiro. Capicúa de los dados.

14 Enero 2020 04:07:00
El Presidente no quiere hacer cambios
En contra de las versiones insistentes que han circulado en las últimas semanas sobre que se avecina un ajuste importante del Gabinete federal y que habría movimientos en varias áreas, en Palacio Nacional se asegura que no habrá tales cambios, al menos no en el corto plazo, porque “el Presidente no quiere hacer ningún cambio en su equipo en estos momentos”, aun cuando en las evaluaciones internas hay varios colaboradores y secretarios de Estado que no han dado los resultados que se esperaba y los asesores presidenciales han recomendado “ajustes necesarios” en varias dependencias.

La razón que argumentan fuentes de primer nivel en la oficina presidencial es que la opinión del presidente López Obrador sobre el desempeño de su equipo de colaboradores no coincide necesariamente ni con la percepción pública sobre varios secretarios a los que se les ve desgastados o ya sin capacidad de operación en las dependencias, ni con los análisis internos que el Mandatario ha pedido realizar sobre los integrantes de su equipo.

“No quiere cambiar a nadie y él siente que hacer movimientos en este momento va en contra de su discurso de que ‘todo está bien’ y de que ‘vamos muy bien’, por lo que mover a sus colaboradores se tomaría como un mensaje de un Gobierno en crisis o que no está dando los resultados prometidos”, comentó una de las fuentes consultadas.

La realidad es que la imagen y la popularidad de López Obrador se mantienen en niveles muy altos en el arranque de este segundo año de Gobierno. Esto podría leerse como un Presidente que sigue recubierto por un fuerte blindaje de apoyo popular, al que ninguna de las crisis que enfrentó en su primer año, ni “El Culiacanazo”, ni las masacres en Minatitlán, Coatzacoalcos o Bavispe, Sonora, ni la escasez de medicamentos y tratamientos en el sector salud que comenzó el año pasado y se agudizó con el arranque del Insabi, y ni siquiera el crecimiento 0% de la economía el año pasado, le afectaron su imagen y sus niveles de aprobación.

Pero eso no significa que la percepción del Gabinete sea la misma. Hay varios secretarios, de los que ocupan áreas clave para la administración pública, que no solo están rebasados y desgastados, sino que ellos mismos han dado por hecho que están en sus posiciones solo como figuras de adorno que salen en eventos y ocupan reflectores, pero cuyas funciones sustantivas les han sido arrebatadas en la mayoría de los casos por el propio Presidente, que decide casi todos los asuntos importantes del Gobierno federal, y en algunos casos por otros secretarios del Gabinete como Marcelo Ebrard, quien realiza funciones extralegales en varias áreas gubernamentales.

Así que quien esté en espera de cambios y ajustes fuertes en el Gabinete que espere sentado. Para López Obrador, en su visión muy particular de la realidad, las cosas marchan muy bien en su Gobierno y en el país, y aun cuando sus mismos asesores se lo sugieran, no planea en este momento hacer movimientos bruscos en su equipo.

Alguna vez, recién llegado a la Presidencia, Andrés Manuel les ofrecía a los mexicanos que él no iba a tolerar gentes ineficientes en su equipo: “El que no funcione se va”, decía. Hoy en la complacencia del poder y con niveles de aprobación de 72% en el arranque del segundo año, el Presidente se siente tan a gusto que se pregunta ¿cambios? Para qué si la gente me apoya y todo va de maravilla.
13 Enero 2020 04:07:00
AMLO y los gobers rebeldes se verán las caras
En medio del accidentado e improvisado arranque del Insabi y del choque que el nuevo esquema de salud provocó entre el Gobierno federal y al menos ocho gobernadores estatales que aún no firman su adhesión a dicho instituto, esta semana el presidente López Obrador tiene agendada una comida con los 31 gobernadores de la República y la Jefa de Gobierno de la CDMX, a la que asistirán los ocho mandatarios estatales que tienen dudas, se resisten o de plano rechazan el modelo de salud pública de la 4T.

Aunque dicha comida se daría en el marco de la reunión que tendrá la Conago con el gabinete de seguridad, para evaluar el tema de los índices delictivos en los estados, es muy probable que el tema de la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar y las inconformidades, denuncias y dificultades que se han registrado en las primeras dos semanas de funcionamiento se toque en el encuentro entre el Presidente y los gobernadores, pues más allá de los estados que se han rebelado abiertamente contra el Insabi, también entre los que ya lo firmaron hay quejas y dudas sobre los mecanismos de entrega de los recursos para los antiguos programas de enfermedades, hospitales y medicinas que cubría el extinto Seguro Popular.

El viernes pasado, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente López Obrador encaró la rebelión de los ocho estados que se niegan a firmar el nuevo convenio de federalización y les dijo que “es voluntario, no obligatorio” y que, aunque la mayoría de las entidades lo está aceptando, a los gobernadores que decidan no adherirse al Insabi, “lo que aplica es que el Estado da el servicio y se dan los recursos que por ley les corresponde”.

Hasta ahora, además de cinco gobernadores del PAN, encabezados por Martín Orozco, de Aguascalientes; Francisco Domínguez, de Querétaro; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Diego Sinhué, de Guanajuato; se han sumado a la rebelión contra el Insabi el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que abiertamente ha dicho que no firmará porque a su estado no le conviene; el de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, que ha expresado dudas sobre los mecanismos de reparto de recursos y el Congreso local ha pedido revisarlo, caso similar al de Coahuila, donde también el Poder Legislativo local ha pedido mayor información al Gobierno federal para saber si se adhieren o no al Insabi.

Por lo pronto, en apoyo total al Presidente salió ayer su pupila consentida, Claudia Sheinbaum, quien no solo respaldó al nuevo instituto de salud y defendió la visión del Presidente, sino que cuestionó a los gobernadores que se oponen a él y dijo no comprender sus razones: “Yo no entiendo por qué hay gobernadores que no quieren firmar y que prefieren el Seguro Popular; es una concepción completamente distinta. El Seguro Popular asumía que la salud era una mercancía y que había que asegurar a la población para pagar por sus servicios”, fustigó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Veremos en qué termina este nuevo diferendo entre el Ejecutivo federal y los ejecutivos de los estados que se suma a otros choques que ya ha habido entre el centro y las entidades federativas por temas de coordinación fiscal o de la estrategia de seguridad.

Por lo pronto en el encuentro de esta semana podría saberse si el posicionamiento en contra del Insabi de los gobernadores, mayoritariamente panistas, aunque no son los únicos, es solo un tema político o si, como argumentan también varios exsecretarios de Salud federal, el nuevo modelo de salud para la población no asegurada nació con muy buenas intenciones, pero con deficiencias severas en su diseño financiero que lo convertirán en un problema para las finanzas públicas, además de su apresurado e improvisado arranque que no contó con un manual de procedimientos, con directivos incapaces y desinformados y sin una transición ordenada y necesaria para no causar las afectaciones, molestias e imperdonables retrasos en la atención y en los tratamientos a la población atendida.

NOTAS INDISCRETAS… A Javier López Casarín le llamamos aquí El asesor externo del canciller el 22 de julio de 2019 (
http://eluni.mx/ogz4scj1rx) y documentamos cómo este joven y carismático empresario tenía no solo un enorme poder e influencia en la cancillería mexicana, sino que viajaba por el mundo con un pasaporte diplomático oficial y hacía gestiones, negociaciones y hasta organizaba eventos, todo en nombre del canciller Marcelo Ebrard y con un poder amplio otorgado por él sin tener un cargo público. Y este fin de semana la revista Proceso lo llama “Poder fáctico en la cancillería”. Pero en ambos casos la pregunta es la misma: ¿Por qué alguien que no tiene oficialmente un puesto en la Secretaría de Relaciones Exteriores se maneja como el operador personal del titular de esa dependencia y tiene tanta influencia y manejo en la política exterior, sobre todo en la relación con los Estados Unidos?


11 Enero 2020 04:07:00
Por mi raza, hablarán las armas
Que un niño de 11 años tenga acceso a un arma, que pueda llevarla a la escuela sin ser detectado por nadie y que pueda detonarla para matar a una profesora, herir a seis personas más y luego suicidarse de un disparo puede hablar muchas cosas: desequilibrios emocionales, sociales, ausencia de autoridad, tanto familiar como pública, influencias negativas del medio ambiente, de la tecnología y del constante bombardeo y exposición a información y actividades lúdicas que ensalzan la violencia. Todas y cada una de esas causas pueden estar detrás de la tragedia.

Pero lo más grave y doloroso que gritan los cuerpos inertes de un niño y su maestra sangrando, tirados en el piso de un colegio en Torreón, es que a fuerza de no hacer nada, de desentenderse y ser indolentes, de volverse ineptos e incapaces en la urgencia de frenarla, combatirla y castigarla las autoridades, la sociedad y hasta las mismas familias de México, hemos contribuido a normalizar y a escalar la violencia criminal y mortal que padecemos como país. Y al hacerlo, al quedarnos callados y mirar para otro lado, al culpar a los que nos antecedieron en los cargos públicos o a los “que andan en malos pasos”, pretendemos que no es una aberración que mueran violentamente, en masacres, ejecuciones, tiroteos, torturas, desapariciones y fuegos cruzados casi 300 mil personas en los últimos 19 años —250 mil en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, y 40 mil en el primer año de López Obrador— lo único que hemos logrado, y de ello somos responsables todos, gobiernos y sociedad, es esconder la putrefacción que nos corroe y que nos ha vuelto una nación violenta, insensible, incivilizada y deshumanizada.


¡Son las armas, estúpidos!

Como casi todos los males y problemas que nos aquejan y nos afectan como país, la tragedia de la violencia irracional en la que se inscribe la tragedia del colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila, tiene su origen en los dos fenómenos que han desatado el pandemonium mexicano: la corrupción y la impunidad. La corrupción porque ella permite el ingreso y la proliferación de más de 200 mil armas cada año, según datos oficiales, que proceden de los Estados Unidos y que entran ilegalmente al territorio mexicano. Y la impunidad porque esas armas ilegales pueden ser usadas por criminales, narcotraficantes y delincuentes comunes con total saña y libertad, sin pagar consecuencias por portarlas y dispararlas para robar y matar en todo el territorio nacional.

Y lo más fácil e hipócrita es quejarnos y culpar a Estados Unidos de esa inundación de armas que lleva décadas ocurriendo: “Estados Unidos tiene que hacer muchísimo más (contra el tráfico de armas). Lo que están haciendo es muy poco o casi nada. México va a estar exigiendo las acciones que Estados Unidos debe tomar”, dijo en septiembre pasado el canciller Marcelo Ebrard. Pero nadie en el Gobierno mexicano, ni en el actual ni en los de sexenios anteriores, ha querido aceptar y mucho menos enfrentar, que los cientos de miles de armas estadunidenses, que son compradas legalmente del otro lado del Río Bravo, entran a territorio mexicano por nuestra frontera y nuestras aduanas, en donde no hay ni el equipo, ni la tecnología, ni mucho menos el interés de detectar, frenar y decomisar ese armamento que en la mayor parte de los casos es traído en operaciones hormiga y cruza sin problema en autos particulares o vehículos de carga la línea fronteriza del lado mexicano.

¿Por qué las autoridades mexicanas no empiezan por frenar, en nuestra frontera y nuestras aduanas la entrada de armas ilegales, antes de exigirle a Estados Unidos haga algo para que no vengan esas armas? ¿Será por incapacidad, falta de recursos o por simple corrupción?


La crisis estalló con Rápido y Furioso

En una extraña coincidencia, este viernes casi a la misma hora que el niño Jose Ángel “N” sacaba sus dos pistolas, una calibre 22 y otra calibre 40, las empuñaba y gritaba “Hoy va a ser el día”, antes de comenzar a disparar contra profesores y alumnos en el Colegio Cervantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba en Ciudad Juárez, Chihuahua, a 834 kilómetros de distancia, del fallido operativo Rápido y Furioso que, por acuerdo de los gobiernos de México y EU, detonó la llegada de decenas de miles de armas ilegales que fueron vendidas por agencias estadunidenses a grupos del crimen organizado mexicano con el supuesto objetivo de “rastrearlas”, aunque al final solo sirvieron para aumentar la violencia y las muertes en México.

“Sería importante que también se buscara llegar al fondo porque no solo las autoridades mexicanas, hay también autoridades de Estados Unidos, funcionarios de las distintas agencias que participan en operativos conjuntos. El Rápido y Furioso fue una acción concertada entre el Gobierno de Estados Unidos y el de México. Cuando el Rapido y Furioso, el que estaba encargado de la seguridad era Genaro García Luna… es un operativo de los sótanos, subterráneo, que afectó mucho, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas”, dijo el Presidente.

Y en casi todo tenía razón López Obrador: el problema de la proliferación y el uso de armas ilegales en México se disparó y se salió de control cuando entraron las armas vendidas por agencias estadunidenses a grupos del crimen organizado en el país; salvo en algo que al parecer le informaron mal al Presidente porque el responsable del operativo Rápido y Furioso por parte del entonces gobierno de Felipe Calderón no fue García Luna, sino el procurador Eduardo Medina Mora, quien en los primeros meses del 2009 se reunió, en la ciudad de Phoenix, Arizona, con altos funcionarios del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Gobierno de Estados Unidos y aceptó el operativo “experimental” para venderle armas estadunidenses a cárteles del narcotráfico para después rastrearlas en territorio mexicano.

Nunca se supo con exactitud cuántas fueron las armas cortas y largas que se vendieron a grupos criminales e ingresaron a territorio mexicano, pero las estadísticas oficiales indican que a partir del 2009 las cifras de decomisos de armas se dispararon y pasaron de cifras de 49 mil armas anuales antes de ese año, a 154 mil entre el 2009 y el 2012.

El ATF estadunidense le perdió el rastro a la mayoría de las armas de Rápido y Furioso, y de ese operativo secreto, pactado “en los sótanos” como dijo AMLO, solo se supo cuando ocurrieron dos hechos que lo sacaron a la luz: primero en Estados Unidos, donde el 14 de diciembre de 2010 un agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos fue baleado por un traficante de origen mexicano, Heraclio Osorio-Arellano, que portaba un arma ilegal de aquel operativo; y en México el escándalo estalló cuando sicarios de Los Zetas atacaron a balazos a dos agentes de la DEA que circulaban en la carretera San Luis Potosí-Querétaro, el 16 de febrero de 2011. Fue ahí cuando se supo que las armas utilizadas por los narcos provenían de un operativo llamado “Rápido y Furioso”.

Por lo pronto, van dos datos que ayudan a demostrar que el problema de violencia desbordada y letal que padecemos -y que este viernes nos mostró uno de sus rostros más dolorosos en el asesinato y la muerte en una escuela primaria- es más atribuible a la impunidad, la corrupción y la ineficiencia de las autoridades mexicanas que a la venta de armas legalizada y relajada en EU. El primer dato son las cifras de decomiso de armas ilegales en los últimos tres gobiernos: en promedio en el Gobierno de Felipe Calderón se decomisaron 35 mil armas cada año; en el de Peña Nieto, 8 mil 500 armas; en el primer año de López Obrador solo se decomisaron 7 mil armas ilegales. Y el otro dato que confirma la descomposición y la falta de efectividad de las estrategias de seguridad y control de armas de los últimos gobiernos mexicanos, incluido el actual, es que en México las mismas armas -aquí ilegales y allá legales- son más letales que en Estados Unidos: en territorio estadunidense se contabiliza un homicidio doloso por cada 9 mil armas de fuego; en la República Mexicana hay un homicidio doloso por cada 600 armas. ¿De quién es el problema y en manos de quién está la solución?...

Los dados mandan Serpiente doble. Caída al precipicio.
09 Enero 2020 04:05:00
Temporada de caza en la 4T: van por Mancera
A partir de un pago realizado en su Administración a las empresas de Genaro García Luna, el Gobierno federal y el Gobierno de la Ciudad de México abrieron investigaciones en contra del exjefe de Gobierno capitalino y actual senador de la República, Miguel Ángel Mancera.

Las transferencias a la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management, propiedad del exsecretario de Seguridad preso en Estados Unidos, fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y ya dieron pie a que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ordene una investigación a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad, en la que podría citarse a declarar a Mancera.

Los pagos, plenamente documentados por Hacienda, formaron parte de algunos contratos de asesoría que las empresas de seguridad de García Luna le brindaron al Gobierno de la CDMX en el sexenio pasado.

Incluso, un exfuncionario de la administración mancerista, Joel Ortega, quien fuera director del Metro de 2012 a 2015 y renunciara en medio del escándalo de corrupción de la Línea 12, que fue el punto de ruptura total entre Mancera y su antecesor Marcelo Ebrard, era el vínculo entre el Gobierno capitalino y Genaro García Luna, pues después de que salió del Metro, lo reclutó como su asesor.

Casi al mismo tiempo que Santiago Nieto daba a conocer los pagos del Gobierno mancerista a una compañía de García Luna, se activaron también otros expedientes e indagatorias en contra de excolaboradores cercanos al líder de los senadores del PRD, entre ellos las acusaciones a Julio César Serna Chávez, exjefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera, por diversas irregularidades cometidas durante su gestión como director de la Central de Abastos. Serna obtuvo la suspensión provisional de un juez federal en contra de cualquier orden de captura en su contra.

Raymundo Collins, exdirector del Instituto de Vivienda en el sexenio mancerista, también ha sido acusado de actos de corrupción y de cobro de sobornos a empresarios durante su gestión, de 2012 a 2018, y la Procuraduría General de Justicia ya libró una orden de aprehensión en su contra, ante lo cual también Collins, otro de los cercanos a Mancera, aunque antes lo fue también del ahora canciller Marcelo Ebrard, ha tramitado una solicitud de amparo ante la justicia federal.

Pero el caso García Luna parece haber sido el detonante para que no solo se soltaran los sabuesos de la UIF a nivel federal, sino que finalmente le dieran “luz verde” a Claudia Sheinbaum para comenzar a activar una serie de expedientes que tenían ya armados en la PGJCDMX pero que estaban “frenados por instrucciones superiores”.

Nada le cae mejor en estos momentos a la jefa de Gobierno para evadir los cuestionamientos a su Administración que las acusaciones de corrupción contra su antecesor. Fuentes federales confirman que en estos momentos hay un “cerco” en torno a 12 personas cercanas a Mancera, sobre los que comenzarán a cerrarse investigaciones y órdenes de aprehensión entre los que se mencionan no solo a los dos hermanos Serna, sino también al exconsejero jurídico, Manuel Granados, entre otros varios.

Mancera y Andrés Manuel tenían una buena relación política y personal y la sobrellevaban a pesar de que el exjefe de Gobierno no quiso apoyar la formación de Morena, aunque nunca se afilió tampoco al PRD.

Pero después de obtener el registro de Morena, en 2014, AMLO intentó hacer un mitin en el Zócalo el 20 de Noviembre de aquel año y pidió el permiso al Gobierno de la Ciudad; pero el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se lo negó con el pretexto de que estaba muy fresco el conflicto de los maestros de la CNTE que se oponían a la reforma educativa y temían que aprovecharan la concentración morenista para intentar volver a tomar la Plaza de la Constitución.

Después se comentaría en el círculo cercano de López Obrador que en realidad Mancera se había negado a prestarles el Zócalo acatando “una orden” del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lo que provocó que entre los morenistas y lopezobradoristas empezarán a referirse a él como un traidor y lo llamaran despectivamente “Mancerita”.

Así que si la temporada de caza comenzó y han soltado los perros, veremos hasta dónde llega esta persecución contra Mancera y los manceristas, en la que son varios los actores del Gabinete y de la 4T que se frotan las manos porque ven en esta cacería la posibilidad no solo de mejorar su posicionamiento político, sino también de cobrarle antiguas facturas políticas y hasta personales al exjefe de Gobierno.

El más importante, sin duda, se llama Marcelo Ebrard Casaubon, alguna vez padrino político de Mancera y hoy poderoso canciller del Gobierno federal.

08 Enero 2020 04:04:00
Genaro hablando y muchos temblando
La negociación que inició Genaro García Luna con el Gobierno de los Estados Unidos lo llevará, de concretarse un acuerdo con la Fiscalía que lo acusa, a entregar información detallada de las operaciones del narcotráfico y de la narcopolítica en México. Para obtener el beneficio de una reducción de pena, el exsecretario de Seguridad Pública que tuvo un papel central en la estrategia antinarco de los últimos tres sexenios, deberá revelar datos, fechas, operaciones y sobre todo nombres de personajes de alto nivel en la política mexicana que hayan participado de acciones de corrupción o protección a los cárteles de la droga en los gobiernos para los que colaboró.

Y ahí es donde la situación se pondrá delicada para al menos tres expresidentes de la República con los que colaboró García Luna, ya sea como funcionario directo o como asesor externo: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, junto con integrantes clave de sus gabinetes en el área de seguridad, están en este momento bajo la lupa de la justicia estadunidense y, al menos dos de ellos, Calderón y Peña Nieto, ya deben tener abiertos en este momento expedientes de investigación y seguimiento de sus movimientos financieros por parte de autoridades estadunidenses, pues ambos fueron mencionados directamente por testigos en el juicio contra El Chapo Guzmán -al igual que Genaro- por haber recibido, en sus administraciones, sobornos millonarios del Cártel del Pacífico a cambio de protección.

Esa sola mención hace que se activen, para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el inicio de protocolos y carpetas de investigación sobre personajes que son mencionados directamente en un juicio. Si a García Luna comenzaron a investigarlo hace más de un año, justo cuando su nombre fue mencionado por Jesús “El Rey” Zambada y Vicente Zambada Niebla, es casi seguro que también a los expresidentes mexicanos les haya abierto expedientes desde que sus nombres fueron señalados por los mismos testigos. Es decir, que en este momento ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto podrían entrar a territorio de los Estados Unidos, sin exponerse a una detención o una acción judicial en su contra.

Es esa situación lo que explica el silencio repentino de los dos exmandatarios. Tal vez los expresidentes no sean los únicos preocupados y temerosos de lo que pueda resultar del inicio oficial de un intento de negociación entre García Luna y la Fiscalía, pero sus nombres son sin duda los más llamativos y los que más escándalo desatarían a nivel nacional e internacional si es que llegan a ser llamados a un interrogatorio en un posible juicio o si se hace pública una investigación oficial de la justicia estadunidense en su contra. Eso no quita que haya muchos otros que deben estar muy pendientes y angustiados por lo que pueda “cantar” el poderoso exsecretario de Seguridad, desde excolaboradores cercanos suyos, subsecretarios y comisionados, hasta exsecretarios de Estado, exgobernadores y uno que otro general o almirante de las fuerzas armadas que podría ser mencionado por García Luna.

No pasará mucho tiempo para que sepamos si hay o no un arreglo entre la Justicia de Estados Unidos y Genaro García Luna, ni tampoco para que los efectos de algún tipo de acuerdo comiencen a verse reflejados en investigaciones y expedientes en contra de figuras centrales y del más alto nivel político de los últimos 18 años. Todo es cuestión de ver en qué tono y con qué intensidad canta García Luna y con qué intensidad sus notas sacudirán el escenario de la narcopolítica mexicana…

Los dados mandan Serpiente. La primera del 2020.



07 Enero 2020 04:08:00
2020: el fin de los pretextos
El año que comienza será decisivo para la consolidación del proyecto de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su llamada Cuarta Transformación. Si el 2019, como primer año de esta Administración, fue de aprendizaje y de “sentar bases” para intentar resolver “el desastre heredado”, este 2020 tendrá que ser diferente y demostrar, con resultados concretos y ya no con pretextos, la forma diferente de hacer las cosas, lo positivo que presumen de los nuevos programas y políticas de Gobierno y la eficiencia que hasta ahora le ha faltado al aparato gubernamental en el ejercicio del gasto público.

Digamos que, para efectos políticos, en este segundo año del Gobierno lopezobradorista y con los resultados que logre en los dos grandes pendientes con los que cerró el primer año: economía con incertidumbre y sin crecimiento, además de la grave crisis de inseguridad y violencia en casi todo el territorio nacional, se define en buena medida el escenario político-electoral para los comicios intermedios de 2021. Un Gobierno que logre reactivar el crecimiento económico, apoyado en buena medida por un gasto público más suelto y eficiente, junto con una estrategia real y efectiva que disminuya la violencia, llegaría mucho mejor posicionado a la aduana de las urnas que representan las votaciones para la Cámara de Diputados y con posibilidades de ratificar su mayoría parlamentaria. Pero sin esos resultados concretos y medibles, la mayoría legislativa peligra para López Obrador.

Si hasta ahora el Presidente y su movimiento tuvieron como escudo protector el discurso de “las culpas del pasado y el desastre heredado”, en 2020 se ve muy difícil que el argumento de justificar todo por la herencia negativa que recibieron alcance para satisfacer la exigencia de resultados al actual Gobierno. Más allá de la operación de sus programas de apoyo social con dinero en efectivo y del respaldo de su muy leal y combativa base social y política, López Obrador tendrá que mostrar resultados en infraestructura y obra pública, en inversión y crecimiento de la economía, en el funcionamiento adecuado de los programas sociales, educativos y de salud, y en el ejercicio más fluido, eficiente y transparente de los recursos públicos.

Porque aunque el reparto multimillonario de becas, pensiones y subsidios con dinero público tendrá sin duda un efecto político y electoral rumbo a las elecciones parlamentarias, al asegurar votos de sectores beneficiados y clientelares, lo que no puede acentuarse en el año que inicia es la imagen de un Gobierno poco eficiente, que no genera suficiente certidumbre para las inversiones privadas, que no invierte suficiente en gasto de infraestructura y en obras públicas para los servicios públicos básicos que demanda la población y que no puede con el enorme reto de pacificar al país y garantizar la seguridad de los mexicanos.

También es real que, al menos en lo que respecta a la seguridad de la República, el Presidente y el Gobierno federal no son los únicos responsables, si bien son la parte más importante y hasta ahora más ineficiente en el control y combate de los delitos federales que más generan violencia como el narcotráfico y la delincuencia organizada. Los gobernadores que hasta ahora han eludido su responsabilidad y se han desentendido de su obligación también legal de darle seguridad a los ciudadanos de sus estados, también tienen que hacer su parte y colaborar en la atención urgente y apremiante de los delitos del fuero común que siguen siendo los que más se cometen en México y más impactan a la percepción de inseguridad y miedo con la que vive la mayoría de los mexicanos.

Pero en espera de que las dos instancias de Gobierno más pesadas y que más poder concentran, el Gobierno federal y los estatales, sean más eficientes y se coordinen entre sí, y de que ambos vayan al rescate también urgente del nivel de Gobierno más importante, el municipal, que hoy está abandonado, sin recursos suficientes para atender las necesidades básicas de la población y con muy pocas potestades tributarias, lo que hoy es un hecho es que en 2020 el Presidente enfrentará la prueba de fuego del segundo año: o se consolida y avanza su proyecto de la 4T o la primera parte del sexenio se vuelve más errática y regresiva, con el riesgo de perder su mayoría legislativa el próximo año.

Los dados vuelven recargados y abren este 2020 con una Escalera doble para todos los amables lectores. Que sea un gran año para todos.

21 Diciembre 2019 04:09:00
La mancha de Bartlett a la 4T
Hay “verdades oficiales” y “verdades históricas” que por más que se repitan y que digan sustentarse “en la ley”, nunca van a poder borrar la percepción ciudadana y la vox populi; que se encargarán de sostener la versión “no oficial” que termina siendo la más repetida y creíble entre la población hasta borrar y condenar al olvido a la verdad oficial sobre un tema. Eso pasó, por ejemplo, con la llamada Casa Blanca de Peña Nieto y de su esposa Angélica Rivera, que por más que intentaron vestirla de legalidad y borrar con investigaciones y dictámenes jurídicos oficiales su vergonzoso origen de conflicto de interés, en el imaginario colectivo la propiedad quedó como un momento emblemático de la corrupción de todo un sexenio.

Y el pasado jueves, la Cuarta Transformación y el Gobierno del presidente López Obrador emitieron su primera “verdad oficial” sobre las denuncias de corrupción y conflicto de interés del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a quien se le documentaron junto con sus hijos y su pareja sentimental de los últimos 20 años, más de 28 propiedades e inmuebles y 12 empresas que conforman un evidente e inocultable emporio familiar creado y conformado en torno a la actividad única como servidor público de Bartlett por más de 60 años.

La encargada de armar esa versión jurídica y oficial, sostenida en argumentos legales -que no necesariamente morales- y en una “exhaustiva investigación” que los llevó a buscar “hasta debajo de las piedras”, fue la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien para efectos prácticos (y para fortuna de Manuel Bartlett y complacencia del Presidente) no fue la misma comisaria dura e implacable contra la corrupción que ha sido cuando los acusados o investigados son políticos opositores. Esta vez, doña Irma, más suave y comprensiva, llegó a la conclusión de que, al no figurar el nombre ni los apellidos del director de la CFE en las escrituras inmobiliarias ni en las actas constitutivas de empresas, el señor Bartlett Díaz no tiene nada qué ver con las múltiples residencias, edificios y propiedades de sus vástagos ni en las exitosas empresas de su compañera sentimental de 20 años, que no concubina, y que todo fue producto del trabajo y la buena fortuna de los descendientes y la pareja del patriarca Bartlett que, con sus sueldos de funcionario público, logró apuntalar un millonario emporio familiar.

Ni al Presidente ni a su ministra anticorrupción les pareció relevante y mucho menos necesario, por supuestos impedimentos legales, hurgar en la historia personal y política de don Manuel o en sus movimientos financieros de años atrás y en cómo, al mismo estilo de muchos otros políticos del viejo régimen al que él perteneció y del que fue fiel exponente y cancerbero electoral, la fortuna personal y familiar se distribuye, de manera totalmente legal en apariencia, entre hijos, hermanos, esposas, madres y demás familiares, cuya riqueza y crecimiento económico está siempre ligado al ascenso político y burocrático del personaje en cuestión.

Digamos que con los Bartlett y su fortuna no se aplicó el mismo rigor ni claramente la misma vara que llevó a investigar, rastrear y hasta congelar las cuentas y las empresas de los hermanos del ministro Eduardo Medina Mora, a quien presionaron hasta el límite de la renuncia, al documentarle que había utilizado a su familia como los beneficiarios de contratos, pagos y servicios del Gobierno que los llevaron a hacer de una pequeña empresa informática (Compusoluciones), un gran negocio de asesoría y servicios digitales. Tampoco a don Manuel se le dio el trato feroz que a Rosario Robles, encarcelada por un delito que no amerita prisión preventiva con argumentos legaloides de un juez consanguíneo de la diputada morenista Dolores Padierna, y por supuesto jamás le hubiera aplicado al consentido del Presidente un rasero similar al que llevó a detener a la madre de Emilio Lozoya Austin, o a encontrar e investigar una transferencia multimillonaria en beneficio de Genaro García Luna hoy acusado y detenido en Estados Unidos, y ferozmente investigado en México, por los mimos delitos y acusaciones que alguna vez, allá por 1986, le hiciera la justicia estadunidense a Manuel Bartlett Díaz, a quien vincularon al caso “Camarena”.

“Lo que hizo antes eso se juzga, y cada quien tendrá que responder, pero la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso fue lo que se investigó”, dijo este viernes el Presidente que, a diferencia de lo duro que es con sus adversarios políticos, a quienes juzga e investiga por lo que hicieron en el pasado, en el caso de su director de la CFE no consideró relevante ordenar una investigación no solo del último año de su desempeño como funcionario público, sino de toda una historia de crecimiento político y también económico de la familia Bartlett, cuyos negocios, riquezas y propiedades, han fructificado de la mano de la trayectoria pública de su patriarca.
“Tenemos que ser objetivos y responsables, si hay un servidor público corrupto no solo se va a su casa, se va a la cárcel. Pañuelo blanco, no hay corrupción arriba, me atrevo a decirlo y a sostenerlo y quiero que me tapen la boca”, completó el Mandatario en su exoneración política al cuestionado.

Así que ya queda claro que, en el combate a la corrupción del Gobierno lopezobradorista, no hay una sola vara: hay dos o más o las que sean necesarias para tratar cada caso según la conveniencia política y electoral. Por lo pronto, con un reluciente y purificado Bartlett que ayer de puro contento compartía en redes sociales fotografías junto a su amigo, el Presidente de la República, hay dos cosas que se pueden inferir del resultado de las “exhaustivas investigaciones” que exoneraron al director de la CFE: la primera es que la 4T ya tiene su primera “verdad oficial” que será contrarrestada y destruida por lo que piensa la mayoría de los mexicanos; y la segunda, que Manuel Bartlett Díaz, por más que lo defiendan y lo limpien con el discurso presidencial y los instrumentos legales, será la primera mancha que ensucia la imagen de la bandera (¿o pañuelo?) blanca del Gobierno de la honestidad y el combate a la corrupción.

Notas indiscretas
El final de un año y el inicio de otro siempre será momento para agradecer, valorar y reconocer el privilegio de estar aquí. Con el año que despedimos se van muchas cosas, algunas buenas y otras malas, algunas del plano personal y otras del ámbito social o político, pero se quedan, para el año que comienza, los aprendizajes, las experiencias y la oportunidad de siempre poder recomenzar y hacer mejor las cosas, corregir errores y atrevernos a buscar nuevos sueños y objetivos.

Desde este espacio quiero reconocer y agradecer a todos los que nos han dado la confianza de su lectura cotidiana y el favor de sus opiniones y comentarios. Tal vez no siempre coincidamos, tal vez en ocasiones pensemos distinto, pero siempre podremos encontrarnos en el respeto a la libertad y la tolerancia con los que piensan distinto o son diversos en cualquiera de sus acepciones. Gracias a todos los lectores, a los amigos, a la familia y a los directivos y compañeros de esta gran casa editorial de El Universal por la confianza, por el apoyo y por la posibilidad de expresar lo que pensamos y ejercer el derecho sagrado a la opinión y a la crítica de los asuntos públicos. Para todos ellos el deseo sincero de que en estas fiestas haya paz, tranquilidad y salud, y de que el año que comienza sea mejor para cada uno en lo personal y para todos en lo colectivo. Esperemos un 2020 que nos lleve a crecer y a ser mejores…

Los dados cierran año y mandan una doble escalera, cargada de abrazos y deseos de bienestar, paz y trabajo para todos. Volverán a rodar a partir del próximo 7 de enero, hasta entonces y hasta siempre.
19 Diciembre 2019 04:04:00
Van por círculo de García Luna y por calderonistas
Con la Unidad de Inteligencia Financiera como el ariete, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a lanzar las redes en torno a la detención de Genaro García Luna en los Estados Unidos, y han empezado a rastrear los movimientos financieros de varios integrantes de su círculo cercano, además de buscar también que otros personajes del gabinete de Felipe Calderón pueden aparecer vinculados con el exsecretario de Seguridad Pública, hoy acusado de narcotráfico por la justicia estadunidense.

Así, mientras García Luna llegaba ayer esposado de pies y manos a Nueva York, donde se definirá su proceso en la Corte Federal de Brooklyn; en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y su sabueso, el titular de la UIF, Santiago Nieto, revelaban el “hallazgo” de una transferencia financiera de 2 mil millones de pesos, que fueron “desviados” desde la Secretaría de Gobernación, en el sexenio de Felipe Calderón, entre 2009 y 2012, y que habrían sido depositados a la cuenta de una empresa vinculada con Genaro.

Con motivo de esa investigación, Santiago Nieto mencionó ayer a la prensa el nombre de excolaboradores cercanos al extitular de la SSP que estarían siendo investigados por este desvío millonario: Luis Cárdenas Palomino, excoordinador regional de la SSP y uno de confianza de García Luna. Aunque Nieto se negó a dar más nombres o datos “por la secrecía de las investigaciones”, varios medios difundieron ayer también otros nombres de exfuncionarios que estarían siendo investigados por la Fiscalía General de la República y por la UIF, como el de Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal y también exsecretario de Seguridad en Puebla en el gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle; Javier Garza Palacios, otro de sus hombres más cercanos desde la AFI y a quien García Luna envió como agregado de la Policía Federal en la embajada de México en Colombia; además de Maribel Cervantes, excomisionada también de la PFP y quien sustituyó en ese cargo a Cárdenas Palomino.

Pero el tema del desvío de los 2 mil millones no pararía en García Luna y su círculo cercano y toca también a la Secretaría de Gobernación, de donde se supone que salió el dinero público que terminó en cuentas vinculadas al exsecretario de Seguridad. Ayer mismo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció no tener información de ese desvío y que se enteró por los medios de comunicación de la investigación que involucra a la dependencia que encabeza.

Pero por las fechas que dio Santiago Nieto del tiempo en que se sacó ese dinero de la Segob, entre 2009 y 2012 hubo tres titulares de Gobernación con Calderón: Fernando Gómez Mont, que llegó en 2008 y estuvo en el cargo hasta 2010; Francisco Blake Mora, designado en 2010 y en el cargo hasta noviembre de 2011 cuando falleció en un accidente de helicóptero; y Alejandro Poiré, que sustituyó a Blake y terminó el sexenio en noviembre de 2012. ¿Cuál de ellos tres sería el titular de Gobernación que permitió el desvío de los 2 mil millones de pesos?

Veremos hasta dónde llegan las investigaciones que han iniciado tanto en la FGR como en la UIF, pero sobre todo hasta dónde el Gobierno de López Obrador va a aprovechar la detención y el proceso en contra de García Luna en Estados Unidos, para iniciar aquí una cacería ya no solo en contra de todo lo que tocó el extitular de Seguridad federal y de sus excolaboradores cercanos, sino también de otros funcionarios calderonistas que tuvieron relación con la estrategia de seguridad en aquel sexenio. Por lo pronto han empezado en Gobernación, pero podría haber muchos otros expedientes en distintas dependencias y áreas de la administración federal entre 2006-2012 y, eventualmente uno de esos expedientes, nombres o indagatorias, conectará con el expresidente Felipe Calderón. ¿Será ese el objetivo final?... Se lanza el tiro. Capicúa de los dados.
18 Diciembre 2019 04:06:00
La reunión de Elba Esther y Romero Deschamps
Creaciones ambos del expresidente Carlos Salinas de Gortari, contemporáneos en el liderazgo de dos de los sindicatos más poderosos de México y de América Latina, Elba Esther Gordillo Morales y Carlos Romero Deschamps mantienen una cercana relación y recientemente se reunieron para comer y conversar, el pasado 3 de diciembre, en un departamento en Polanco, propiedad de la maestra en el edificio que se ubica en la esquina de Campos Elíseos y Galileo.

Aunque ninguno de los dos está en su mejor momento, y ambos fueron defenestrados del enorme poder político y económico que detentaron por más de dos décadas al controlar, ella el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el segundo el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el encuentro entre Gordillo y Romero Deschamps confirma dos cosas: la primera que el exlíder petrolero no se ha ido de México, huyendo de una posible investigación de sus cuentas y su fortuna personal y familiar, como se había especulado; y la segunda es que tanto la maestra como Romero siguen activos políticamente y moviéndose quizás en busca de recuperar el poder perdido.

Al encuentro, pasado el mediodía, llegó el exdirigente del sindicato petrolero convocado por la profesora Gordillo Morales. Después de más de dos horas en privado, Romero Deschamps salió del departamento y se retiró del lugar.

Está claro que el momento de esta reunión coincide con dos proyectos políticos que en este momento animan a los dirigentes sindicales aparentemente en el retiro: Elba Esther en su intento por obtener el registro de su nuevo partido político, Redes Sociales Progresistas, que encabeza su yerno, Fernando González; mientras en el caso del Sindicato Petrolero, Carlos Romero Deschamps sigue controlando a la dirigencia provisional que encabeza su compadre Manuel Limón Hernández, en espera de que se convoque a nuevas elecciones para renovar la dirigencia sindical.

Seguramente el tema sindical es parte de lo que motivó ese encuentro porque, en el contexto de la nueva reforma laboral, ahora no solo obligatoria por las leyes mexicanas, sino por la inspección y monitoreo constante de Estados Unidos en el marco del T-MEC, tanto Elba Esther como Carlos Romero tienen intereses que cuidar aún en el SNTE y en el STPRM.

La maestra no quita el dedo del renglón e insiste, a pesar de que ya no tiene ni la fuerza ni las condiciones, en buscar participar en una elección abierta y por voto directo para la presidencia del sindicato magisterial, mientras que para el petrolero es claro que, aún desde afuera y ya sin el poder formal, Romero Deschamps buscaría impulsar a un dirigente a modo en una votación abierta y por voto secreto.

No es la primera vez que se juntan para tramar algo Gordillo y Deschamps. En 2009, ambos dirigentes, entonces en la cúspide de su poder, fueron hasta Canadá a buscar a Napoleón Gómez Urrutia que estaba en el exilio.

Llegaron enviados por el presidente Calderón y por un grupo de empresarios del sector minero que los mandaron como emisarios para hacerle una tentadora oferta a Gómez Urrutia para que renunciara a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Mineros: “100 millones de dólares, a cambio de abandonar la dirigencia sindical y de que te eliminen las acusaciones penales en tu contra”, ofrecieron la maestra y el petrolero, según ha narrado el hoy senador por Morena y presidente de la Comisión del Trabajo.

Hoy, cuando ya no tienen el mismo poder, es muy probable que Elba y Carlos estén tratando de sumar fuerzas para volver por sus fueros, algo que no se ve fácil para ninguno de los dos porque para el Gobierno del presidente López Obrador y para la reforma laboral de la 4T, hoy no solo prioritaria sino de “vida o muerte” por el T-MEC y la supervisión política de Estados Unidos, tanto la exlideresa magisterial como el exdirigente petrolero simbolizan, precisamente, lo que quiere erradicar la Administración lopezobradorista: la corrupción y el charrismo sindical que enriquecieron a los líderes mientras manipulaban y empobrecían a los trabajadores.
17 Diciembre 2019 04:06:00
¿Seade le mintió al Senado?
Si el subsecretario Jesús Seade y el Gobierno del presidente López Obrador creen que una simple carta del señor Robert Lighthizer vale más que una futura Ley del USMCA aprobada por las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, entonces es claro por qué la Administración de Donald Trump hizo lo que quiso a la hora de redactar su ley para instrumentar el acuerdo comercial con México y Canadá.

La “disculpa” del representante comercial de Estados Unidos y su promesa de que los cinco nuevos agregados laborales que mandarán de Washington a vigilar y monitorear el cumplimiento de la reforma laboral no tendrán “facultades de inspección” en territorio mexicano, no quita el hecho de que la Casa Blanca haya actuado de manera unilateral al decidir añadir, por encima de los mecanismos de seguimiento y solución de conflictos en materia laboral (paneles de expertos) un mecanismo más de vigilancia y monitoreo al Gobierno de México y del cumplimiento de las leyes en nuestro país.

Porque aunque esos agregados no actúen aquí, sí se van a encargar de mandar información y reportar información de las empresas y del Gobierno mexicano a dos instancias que sí están mencionadas en la redacción del T-MEC y que tienen facultades para iniciar demandas y quejas en contra de empresas mexicanas: por un lado el Comité de Interagencias en Materia Laboral y por el otro lado el Consejo Independiente de Expertos Laborales, en el que tienen participación miembros del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de EU. Y esos dos organismos sí están facultados para pedir investigaciones y sanciones en contra de empresas de nacionales que violen la ley laboral o los derechos sindicales y lo harían a partir de la información que manden esos funcionarios de la Embajada de EU en México. ¿Entonces son o no inspectores sin nombramiento esos “agregados laborales”?
Si Seade no supo realmente de la introducción de esos “agregados laborales” en la iniciativa de Lighthizer, entonces pecó de inepto o de confiado. Porque el jueves pasado, en su comparecencia ante el Senado, incluso los senadores de oposición le preguntaron sobre esa figura, mencionada por la priista Claudia Ruiz Massieu y él se dijo “sorprendido” porque la había leído en un comunicado oficial estadunidense. Una y otra vez, el negociador único en el que tanto confió el presidente López Obrador les reiteró a los senadores que “no había una negociación paralela” y que “bajo ningún motivo se aceptó” la figura de los inspectores. Una de dos: o de verdad Seade no se enteró, lo cual pondría en duda su capacidad, o supo y le mintió a los senadores, que hoy están tan enojados con él que ayer la bancada del PAN pedía su renuncia al cargo.

“Ellos llegaron aquí (al Senado) diciendo que habían logrado evitarlo y que ahora serían paneles. Y días después sale la iniciativa de ley en EU insistiendo en el tema de la inspección ahora con agregados laborales. No es creíble o bien son incapaces-ingenuos que les vieron la cara o le mintieron abiertamente al Senado”, comentó ayer el senador Damián Zepeda, quien dijo que su partido volverá a pedir una comparecencia del subsecretario Seade para que rinda cuentas bajo protesta de decir verdad, no con declaraciones a la prensa.

Por lo pronto, ni el propio presidente López Obrador aceptó la figura de los “agregados laborales” que hoy Lighthizer jura que es inofensiva. La molestia ayer en Palacio Nacional por el descuido de su negociador era real y ya había voces que incluso se pronunciaban por “medidas equitativas” dentro de las prácticas de diplomacia. “Si Washington enviará a cinco agregados laborales, México podría enviar también a su embajada en Estados Unidos igual número de agregados laborales mexicanos con el mismo argumento de que ‘apoyamos el T-MEC’ y son parte de nuestras leyes internas”. ¿Se atrevería el Gobierno mexicano a responder así y tendría algún efecto real?

Por lo pronto, ayer en el Senado, tanto en la bancada oficial de Morena, como en las de oposición, defendían su “voto de buena fe”, pero cuestionaban si no se actuó con excesiva premura al pedirle (casi obligar) a los senadores que aprobaran en “fast track” el “Adendo” al T-MEC porque querían mandar una señal de certidumbre a los mercados y presionar a los Congresos de EU y Canadá que de cualquier manera siguen actuando sin prisa y se van hasta finales de enero o principios de febrero para ratificar el nuevo acuerdo comercial. Algunos senadores, que no son pocos, sienten que si a Seade se lo chamaqueó en Washington el “amigou” Ligththizer, a ellos se los chamaqueó el subsecretario en su propia casa.

Notas indiscretas…
En el caso de los funcionarios de Pemex que fueron acusados de participar en la Estafa Maestra, han pasado muchas cosas muy extrañas y contradictorias entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública. El tema se remonta a enero del 2019, cuando el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera, a pregunta expresa de un reportero, que pediría una investigación contra dos nombramientos hechos por Octavio Romero Oropeza en Pemex, el director de Pemex Exploración y Producción, Miguel Ángel Lozada, el subdirector Operativo y Comercial, Héctor Salvador Salgado y el gerente de Operación y Control Financiero, Luis Galván Arcos, señalados por haber firmado 25 contratos con universidades públicas que simularon la prestación de servicios. De inmediato la Función Pública inicio una investigación y el 31 de enero, la secretaria Irma Eréndira Sandoval, informó que por instrucciones presidenciales los tres funcionarios mencionados habían sido despedidos y eran investigados. Un día después el propio presidente ofreció que los tres funcionarios serían reinstalados en caso de resultar inocentes porque “tampoco se trata de juicios sumarios, tiene que haber pruebas y no se puede afectar la dignidad de las personas”. Dos meses después, el 10 de abril, Pemex notificó a Miguel Ángel Lozada de su suspensión temporal para dar paso a las investigaciones en su contra por probables actos de corrupción. Las investigaciones se desarrollaron y el 26 de junio de este año fue el mismo presidente López Obrador quien informó que la Fiscalía General de la República no halló responsable de acusaciones de corrupción en su contra a Lozada: “Tengo la información de que la FGR hizo la investigación y no encontró responsable a este funcionario de Pemex, pero hoy solicité que me presenten por escrito esa resolución, y cuando ya la tenga, se las paso”. Hasta ahí las cosas parecían claras y se esperaba la pronta reinstalación del director de Pemex Exploración, pero en este mes de diciembre, el asunto dio un giro extraño, pues la Función Pública mandó una solicitud a la FGR para que le reconozca la “calidad de víctima u ofendida” en la carpeta de investigación en la que exonera a Lozada de la Estafa Maestra y de la cual el propio Presidente había dado cuenta públicamente, esto porque desde marzo del 2019 la FGR notificó a la SFP el no ejercicio de la acción penal a su favor al no existir elementos que lo ameriten. Ante tal resolución la SFP se amparó, pero dicho amparo le fue negado y se sobreseyó el recurso. Ante esto, la misma Secretaría presentó nuevamente un recurso de revisión con la intención de que en la segunda instancia le resulte favorable; sin embargo, lo más probable es que el colegiado confirmase la resolución y el recurso iba en quedar sin materia y por tanto en firme la resolución definitiva sobre la exoneración de Miguel Ángel Losada y su supuesta participación en actos de corrupción. Frente a este escenario, y en un afán de no aceptar una derrota, el 11 de diciembre, Función Pública falló por la destitución e inhabilitación por 10 años el proceso administrativo contra Losada como director general de Pemex Exploración y Producción: “La sanción se deriva de las acciones que, desde principios de año, fueron informadas por la propia Irma Eréndira en cumplimiento a la instrucción presidencial de investigar a los funcionarios de su Gobierno que estuvieron relacionados con el esquema de la Estafa Maestra, dijo en un comunicado oficial. El funcionario fue notificado el fin de semana de la resolución, cuyo efecto implica, que Pemex deberá separarlo del cargo que se encuentra ocupando”. Y ahí es donde el asunto ya no se entiende ¿Cómo es que la SFP destituye y sanciona a Miguel Ángel Lozada como servidor público posterior a la resolución de la FGR y previo a la resolución judicial definitiva e inapelable que exonera y decide el no ejercicio de la acción penal en su contra por la supuesta participación en la llamada Estafa Maestra? ¿Mintió entonces el presidente López Obrador cuando públicamente anunció la exoneración y dijo que solo se esperaba el sobreseimiento administrativo de la propia SFP? Evidentemente Lozada impugnará la resolución mediante recurso de revocación o un juicio de nulidad y el amparo por afectación de sus derechos laborales y es muy posible que lo reinstale en su puesto de trabajo del funcionario y le tengan que pagar sus salarios durante el tiempo que estuvo separado de su encargo, pero queda la duda si ¿el Presidente sabrá que, por encima de su palabra empeñada públicamente, su secretaria Sandoval se empeña en hacer “juicios sumarios” que no le gustan a su jefe?...Los dados mandan Serpiente. Caída libre.
16 Diciembre 2019 04:07:00
El subsecretario chamaqueado y el Presidente confiado
El 10 de diciembre pasado en Palacio Nacional, en medio de la euforia que ese día lo embargaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ante los visitantes de Washington y Canadá, y frente a todos los que atestiguaban la firma del “addendum” del T-MEC, que era tanta su confianza en su negociador único, el subsecretario Jesús Seade, que él no tuvo que leer ni revisar documentos de lo negociado en ese tratado.

“Le tenemos toda la confianza a Jesús, que casi no teníamos que revisar nada, leer documentos, por la confianza que le tenemos. Sabemos que él nos representa con mucho decoro”, sostuvo muy seguro el Mandatario mexicano.

Y al parecer el Presidente no fue el único que no revisó ni leyó los acuerdos negociados en Washington por Jesús Seade. El mismo canciller, Marcelo Ebrard, que ese día, declaró llenó de orgullo ante su jefe: “misión cumplida” o el resto del Gabinete económico que celebraba a tambor batiente sin conocer los detalles de lo que el país había aceptado por conducto de Seade en materia de imposición e intervención de Estados Unidos en materia laboral o comercial, todos festejaron, aplaudieron y después brindaron en una comida privada con el representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, sin conocer las “letras chiquitas” que incluso obligaron al Senado a aprobar por unanimidad sin explicar los alcances que tendrían las enmiendas redactadas en la capital estadunidense.

El propio Seade se dijo, primero “sorprendido” y después entró en pánico, luego de enterarse de que la redacción de lo que él aceptó y cedió ante el colmilludo Lighthizer apareció en los textos finales del “addendum” de manera muy diferente a lo que él medio explicó ese día en Palacio Nacional y después en su apurada comparecencia ante el Senado, donde el 11 de diciembre les repitió a los preocupados senadores de oposición lo mismo que un día antes le había jurado a todos los mexicanos: “No hay ningún riesgo en lo que firmamos… no hay píldoras amargas”.

Pero el fin de semana, cuando se confirmó que en Washington tenían ya listo el nombramiento no solo de uno, sino de 4 “agregados laborales” para mandar a su embajada en México para que supervisen la aplicación de la reforma laboral (algo así como “sherifs laborales”), el chamaqueado Seade voló de emergencia a la capital estadunidense para reclamarle a Robert Lighthizer que le haya visto la cara con la redacción final de ese y otros acuerdos que nuestro negociador, y al parecer todo el Gobierno mexicano, no supo cómo quedaron finalmente en los documentos finales.

Y es que la legislación que implementa el USMCA (T-MEC para nosotros), elaborada por Lighthizer y que él mismo envió a la Cámara de Representantes, contempla el nombramiento de esos 4 nombramientos de “agregados laborales” para operar en México.

Paradójicamente, el representante comercial de EU, al que ahora culpa Seade y va a reclamarle, es el mismo Robert al que el presidente López Obrador llenó de elogios en Palacio al mencionarlo como “un profesional en la negociación de este tipo de tratados” y dijo que era tan serio y tan bueno que “hasta los demócratas le tienen respeto”.

Claro que también Lighthizer se había encargado de endulzarle el oído al Presidente mexicano aquella mañana del 10 de diciembre: “Me siento honrado de estar con esta figura histórica y también el Presidente de Estados Unidos. El que usted haya logrado eso es histórico, es el mejor acuerdo comercial de la historia”, le dijo el viejo lobo de mar de Washington a López Obrador.

Al final, el enojo y los apuros que pasa ahora el Gobierno de México, al percatarse de lo que aceptaron y del chamaqueo de que el país fue objeto en Washington, tiene que ver con la decisión de haber mandado a un solo negociador, plenipotenciario y que negoció todo solo y sin consultar los cambios al T-MEC.

La soberbia perdió a Jesús Seade, que embarcó al Presidente, al Gabinete económico y de paso al Senado mexicano que aprobó al vapor y sin leer siquiera las enmiendas con todo y las “letras chiquitas” en las que la Administración Trump se aprovechó para verle la cara al negociador mexicano y de paso a todo el país.

Con cuánta razón y conocimiento Donald Trump tuiteó aquel martes: “El gran proyecto de ley comercial del USMCA de Estados Unidos se ve bien. Será el mejor y el más importante acuerdo comercial nunca hecho por Estados Unidos”.

El Presidente estadunidense sabía bien lo que contenía ese acuerdo, sobre todo en los últimos cambios que Lighthizer le sacó a México a través de Seade. Seguro Trump también confiaba mucho en su negociador pero al parecer él sí leyó y revisó “los documentos” o al menos a él no lo engañaron diciéndole “misión cumplida”, que “no vendrían inspectores ni agregados laborales sino panelistas” y que tampoco había “riesgos ni píldoras venenosas”.


14 Diciembre 2019 04:06:00
El rastro que llevó a García Luna y el general que le advirtió a Calderón
Genaro García Luna, hoy detenido en Dallas, estuvo en el radar de las autoridades de Justicia de los Estados Unidos a partir del 20 de noviembre de 2018, cuando Jesús “El Rey” Zambada lo acusó en su testimonio ante la Corte Federal de Brooklyn de haber recibido “sobornos millonarios” por parte del cártel de Sinaloa.

Durante casi un año lo observaron buscando elementos que sustentaran el señalamiento del capo sinaloense durante el juicio en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Pero no fue sino hasta hace unas semanas, cuando las autoridades financieras estadunidenses realizaban una búsqueda de cuentas y movimientos financieros de los hijos de Marta Sahagún, cuando el nombre de García Luna apareció vinculado a una de las cuentas de los jóvenes Bibriesca Sahagún y al seguir los rastros bancarios y financieros, dieron con varias cuentas a nombre del exsecretario de Seguridad Pública de México, cuyos saldos suman 87 millones de dólares.

Fue en ese momento que el Departamento del Tesoro de EU, sabedores del alto perfil del exfuncionario mexicano que llevaba ya casi siete años radicando en Miami, mandaron una alerta al Gobierno de México y le pidieron ampliar la investigación y la búsqueda de activos, solicitando información detallada sobre García Luna que pudiera ser de utilidad en su investigación.

La indagación financiera de los hijos de la exprimera dama había sido solicitada previamente a las autoridades mexicanas, de la Unidad de Inteligencia Financiera, al Gobierno estadunidense, como parte de una investigación que se realiza al expresidente Vicente Fox y a sus hijos políticos, los Bibriesca, y fue en esa búsqueda que se encontraron con la perla: asociado con las cuentas de García Luna estaba uno de los hijos de Marta Sahagún.

Por todos esos vínculos políticos y financieros es que el exsecretario de Seguridad Pública y responsable directo de la estrategia de seguridad en el país entre 2006 y 2012, está hoy en espera de un juicio que, con los mismos fiscales y en la misma Corte de Brooklyn, donde fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua “El Chapo” Guzmán, tendrá fuertes repercusiones para los tres gobiernos anteriores en México: el de Vicente Fox Quesada, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto.

Eso lo sabía muy bien el Gobierno del presidente López Obrador cuando decidió utilizar este caso como el parteaguas que confirma el nuevo esquema de “cooperación total” con el Gobierno de Donald Trump en el combate al narcotráfico y las redes de protección y corrupción política que han protegido a los cárteles de la droga en México, un esquema de cooperación que, más que poner el énfasis en la tecnología, armamento o recursos financieros por parte de Estados Unidos –que no dejarán de fluir–, se enfoca más en la información de inteligencia y el uso de los aparatos de justicia y de rastreo financiero del país vecino para documentar casos de narcopolítica y de corrupción en México.

Por eso se explica el discurso de este viernes del Presidente en su conferencia mañanera: “Nosotros estamos viviendo en México una situación de inseguridad y de violencia porque fue equivocada la política que se aplicó desde principios de 2007, que se pensó que declarando la guerra al narcotráfico se iba a resolver el problema de la inseguridad y violencia y lo que produjo esa política fue un agravamiento, muchos asesinatos, desaparecidos, destrucción del tejido social, corrupción; bueno, de todo.

“Nosotros heredamos los efectos de esa política equivocada y estamos corrigiendo, pero va a llevar un tiempo. Se supo en el mundo de que el encargado de seguridad del Gobierno del 2006 al 2012 está ahora detenido en EU, acusado de recibir sobornos para proteger a uno de los grupos delictivos de México; entonces estamos nosotros, desgraciadamente, resintiendo los efectos de esa política”, comentó el Mandatario.

En la misma lógica de López Obrador, de repasar y revisar la corrupción y la narcopolítica de los sexenios pasados, en el juicio que le espera a García Luna en Nueva York saldrán también a relucir otros nombres que ya fueron mencionados en el proceso contra “El Chapo” Guzmán, como el de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

En el primer caso, el enjuiciamiento a su exsecretario de Seguridad –a reserva de si los jueces y el jurado lo encuentran culpable o inocente– es ya en sí mismo un juicio político del sexenio calderonista y su fallida y polémica estrategia de seguridad que dejó más de 130 mil muertos y un país convulsionado por la violencia en casi todas sus regiones y municipios; pero para Felipe Calderón el impacto podría pasar de la condena pública y política y convertirse también, si su nombre sale a relucir y es señalado como responsable, ya sea por testigos o por el propio acusado García Luna, que siempre tendrá la opción tan común en la justicia estadunidense de negociar información y acusaciones a terceros a cambio de inmunidad o un trato judicial.

En el caso de Peña Nieto, fuentes del Gobierno federal aseguran que el nombre del exmandatario “también va a salir a relucir en su momento, pero va a salir” cuando comience el juicio en la Corte Federal del Este de Nueva York, en donde ya el mexiquense fue acusado por “El Rey” Zambada y por Vicente Zambada “El Vicentillo” de haber recibido también sobornos hasta por 100 mdd de parte del cártel de Sinaloa a cambio de protección.

El general que le Advirtió a Calderón sobre García Luna
Felipe Calderón dice que nunca supo nada de los presuntos vínculos por los que la justicia de EU acusa a Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa.

Pero excolaboradores de su campaña aseguran que siendo presidente electo, allá por el 2006, en el despacho de la Casa de Campaña que tenía en el Eje 6 Sur esquina con Sacramento, en la colonia del Valle de la Ciudad de México, Calderón recibió al general Tomás Ángeles Dauahare, que entonces estaba en la lista para ser secretario de la Defensa Nacional.

A pesar de que el general había pedido hablar a solas con el Presidente, en la plática se quedó como testigo el difunto Juan Camilo Mouriño. Y ahí en esa reunión, el general divisionario le dijo a Calderón que “Genaro protegía al cártel de Sinaloa” y para sustentar su grave acusación le hizo entrega de un expediente que le pedía que revisara a detalle.

El presidente electo lo recibió y le dio las gracias al militar que abandonó la casona en la colonia Del Valle seguro de que algo pasaría, pero cuando el 1 de diciembre de aquel 2006, Genaro García Luna apareció como secretario de Seguridad Pública en el Gabinete, estaba claro que la denuncia del general nunca encontró eco en el entonces Mandatario.

Según lo afirma el mismo general Ángeles Dauahare esa denuncia le costó no solo no llegar a ser titular de la Sedena. García Luna nunca le perdonó haberlo acusado con Calderón y durante todo el sexenio culpó al militar de los ataques en su contra e incluso afirmaba que él era la fuente detrás del libro de la periodista Anabel Hernández, Los Señores del Narco.

Ese enfrentamiento personal y político hizo crisis casi al final del sexenio cuando a Tomás Angeles Dauahare lo acusaron, con base en testimonios de testigos protegidos, de presuntos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva, y lo detuvo la PGR de Marisela Morales el 15 de mayo de 2012 junto con el general brigadier Roberto Dawe González.

El propio Tomás Angeles, después de estar preso durante poco más de un año y de ser liberado por falta de pruebas en su contra el 18 de abril de 2013, ya en el Gobierno de Peña Nieto, comentó: “mi error fue delatar a García Luna, pero era mi deber decírselo”.

Surge la interrogante, con todas las denuncias e investigaciones periodísticas que durante su sexenio se publicaron, con las dos cartas que le envió a su propio despacho presidencial el excomisario general de la Policía Federal División Caminos, Javier Herrera Valles, y que el propio expresidente ya reconoció haber recibido y leído, pero afirma que “no hacía ninguna acusación específica”, pero sobre todo con la denuncia y el expediente que, aun antes de iniciar su Gobierno, afirma haberle entregado el general Tomás Ángeles,

entonces candidato a secretario de la Defensa Nacional, ¿de verdad no supo nada el expresidente Calderón o más bien no quiso saber nada y se negó a escuchar o a investigar a fondo las denuncias y acusaciones que proliferaban contra su secretario de Seguridad Pública, hoy detenido en Estados Unidos y a punto de ir a un proceso judicial en el que también estará a juicio su Gobierno?
12 Diciembre 2019 04:07:00
AMLO, los senadores de oposición y un brindis con jamaica
El martes de la firma del “adendo” al T-MEC, en medio de la euforia política, las paradas de cuello y la lluvia de elogios que se vivió en Palacio Nacional, hubo un hecho político que casi pasó desapercibido en el evento, pero que no fue menor: por primera vez, en el año y 10 días que lleva este Gobierno, los líderes de la oposición en el Senado fueron invitados a un acto con el presidente López Obrador –con quien no se habían reunido ni en público ni en privado– y también por primera vez lo saludaron de mano e intercambiaron palabras, mientras el titular del Ejecutivo les hizo un reconocimiento altrabajo legislativo.

Y es que el Presidente andaba tan contento por la firma del añadido al Tratado comercial (“como pollo en mole”, diría un senador) que esta vez no solo tuvo como sus invitados de honor y en primera fila del evento a los senadores opositores, sino que además los invitó a la comida de celebración que, en petit comité, se llevó a cabo después del acto oficial.

En la larga mesa que dispusieron en el Salón “Rojo” de Palacio Nacional, al centro, como en la última cena de Miguel Ángel, estaba el Presidente, a su derecha, Christya Freeland, la viceprimerministra de Canadá cuyo vestido hacía juego con el rojo de las paredes; a la izquierda el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer y al lado de él Jared Kushner, el influyente yerno y consejero de Donald Trump, seguido del embajador Christopher Landau y de la embajadora mexicana Martha Bárcena. Del Gabinete por supuesto, el primero era Marcelo Ebrard, seguido de Jesús Seade, Alfonso Romo, Luisa María Alcalde y la secretaria Graciela Márquez.

Y enfrente del Presidente estaban los líderes de la oposición en el Senado, todos: Mauricio Kuri, del PAN, que llegó acompañado de Gustavo Madero y Josefina Vázquez Mota; Miguel Osorio Chong, del PRI, que fue solo; de MC estuvo Clemente Castañeda; del PRD, Miguel Ángel Mancera, y no podían faltar los aliados del PVEM, Manuel Velasco; del PT, Alejandro González, y del PES, Sasil de León.

A la cabeza de los senadores iba el líder de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, quien fue el operador de este primer encuentro entre la oposición y el Presidente, y que tuvo que convencer a varios senadores que se mostraban reacios a acudir a Palacio Nacional por temor a un desaire.

Cuando terminaron de servir el pescado, la ensalada y los postres, llegó el momento de los brindis y ante la falta de vino, Marcelo Ebrard levantó el vaso con agua de jamaica para agradecer a los visitantes y el esfuerzo por el T-MEC.

Tras los brindis, llegó el momento del Presidente que, a diferencia de la hora de discurso que aventó en público fue mucho más breve. Contento, casi eufórico, sabedor de que había sido un día redondo para su Gobierno –entre el T-MEC y la detención del “hombre fuerte” de su archienemigo y antecesor Felipe Caderón– López Obrador dijo que eran tiempos de “trabajar pensando en México” y tras los reconocimientos y las bienvenidas a los visitantes extranjeros y de dedicarle otra vez palabras muy elogiosas a Jesús Seade, volvió a reconocer “el gran trabajo de los senadores de todos los partidos, que se han portado a la altura de lo que necesita el país, haciendo a un lado las diferencias”.

Cerca de hora y media duró la comida tras la cual, entre brindis de jamaica, abrazos, elogios y reconocimientos mutuos, el Presidente despidió a sus invitados. Lighthizer, Kushner y el embajador Landau partieron juntos; Freeland hizo lo mismo con su embajador, Graemer C. Clark, mientras los miembros del Gabinete se iban unos por su cuenta y otros acompañaban a López Obrador a su despacho.

Los senadores salieron juntos y se subieron a la camioneta en la que habían llegado desde el Senado; los opositores iban contentos, pero más de uno comentaba que “por fin” el Presidente se había dignado a invitarlos, mientras Monreal salía como el concertador que hizo posible un encuentro que tardó más de un año en realizarse.
11 Diciembre 2019 04:07:00
García Luna, la punta de la madeja
La orden de arresto de la Corte Federal del Este de Nueva York en contra de Genaro García Luna por cargos de conspiración para tráfico de cocaína (5kg) y falsedad en testimonios, está fechada el 4 de diciembre de 2019, justo un día antes de que el presidente López Obrador recibiera en Palacio Nacional al fiscal general de los Estados Unidos, William Barr.

Y ayer, apenas unas horas después de que el exsecretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón había sido detenido en Dallas, previo a su traslado a NY donde será juzgado, la Fiscalía General de la República anunció la apertura de una carpeta de investigación en contra de García Luna por los mismos delitos que le atribuyen en EU, anunció su disposición de “mandar todas las pruebas”, que solicite el Gobierno estadunidense e incluso dijo que el Gobierno de México planea pedir la extradición del exfuncionario calderonista para ser también juzgado en nuestro país por delitos contra la salud y actividades con recursos de procedencia ilícita.

¿Todo esto fueron simples casualidades? Todo indica que no. El caso de García Luna y su relevancia política, por la conexión directa que tuvo con el expresidente Felipe Calderón, es el primer paso de la “nueva cooperación para luchar contra los cárteles de la droga”, pactada entre el Gobierno de Donald Trump y el de López Obrador, y fue parte de lo que México aceptó en la reunión de la semana pasada con el fiscal Barr. Una cooperación, según fuentes federales, que más que de armas o recursos económicos o de la injerencia de fuerzas y agencias de seguridad estadunidense en territorio mexicano, se centra en la inteligencia que proveerá Washington a cambio de que México colabore para el desmantelamiento de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, entre otros.

La captura de García Luna es en ese sentido la punta de una madeja que Estados Unidos empezará a desenredar, con la “total cooperación de México”, como ayer declaró el canciller Marcelo Ebrard, para buscar ya no solo la captura de capos y “objetivos prioritarios”, sino también la exhibición, investigación y captura de funcionarios de sexenios anteriores, particularmente los de Calderón y Peña Nieto, que tuvieron nexos claros con los cárteles de la droga y que les brindaron protección y ayuda para sus actividades ilícitas o incluso para escapar de la cárcel –como el caso de las dos fugas del “Chapo” Guzmán– y en ese objetivo la figura del poderoso exsecretario de Seguridad federal es clave.

No es casualidad que el documento de la orden de captura girado por la Corte Federal del Este de Nueva York y que se titula United States of América vs. Genaro García Luna, el Gran Jurado, cuando formula sus seis cargos contra el mexicano, tres de ellos referidos a la “conspiración para el tráfico de sustancias como la cocaína”, mencione textualmente: “En o entre enero de 2001 y el presente (diciembre de 2019) ambas fechas siendo aproximadas e inclusivas… el acusado Genaro García Luna junto con otros, hizo consciente e intencionalmente conspiración para distribuir y poseer, con intención de distribución, una o más sustancias controladas”, y luego mencionan distintas sustancias entre ellas la cocaína. Enero de 2001 es la fecha en que García Luna fue nombrado director de la desaparecida AFI en el Gobierno de Vicente Fox, cargo desde el cual después ascendería a secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, es decir, que en el juicio que le van a iniciar en Nueva York, en la corte de Brooklyn, la misma donde fue enjuiciado y sentenciado a cadena perpetua Joaquín “El Chapo” Guzmán, estará a revisión toda la trayectoria pública de Genaro García Luna en las áreas de seguridad federal en México.

Finalmente, es muy posible que la madeja que empezaron a desenredar entre Trump y López Obrador –con el caso de García Luna basado totalmente en las declaraciones de testigos como Jesús “El Rey” Zambada o de Vicente Zambada “El Vicentillo”– el hilo llegue hasta otros políticos y funcionarios mexicanos que también fueron mencionados en el llamado “juicio del siglo” y a los que también, los mismos testigos que acusan a Genaro, señalaron de haber recibido sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Y esa lista, en la que pueden sumarse muchos nombres más, por ahora están a la cabeza Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los dos últimos presidentes de México y los dos claramente en la mira de su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.


NOTAS INDISCRETAS…

Será el próximo 6 de enero, justo en el Día de Reyes, cuando la ministra Margarita Ríos-Farjat, tome posesión de su lugar en la Suprema Corte de Justicia. La Ministra que ya estuvo en la sede de la Corte, en una visita de cortesía, conoció la que será su oficina, justamente la misma que ocupaba el defenestrado ministro Eduardo Medina Mora. Dicen que fueron tan fuertes las vibras que se sintieron en esa oficina, que no faltó quien le sugiriera a la nueva ministra hacerle una limpia, por aquello de que los tres últimos ocupantes de ese despacho no terminaron su ministerio. Primero la ocupó el ministro Humberto Román, quien falleció estando en el cargo, luego llegó a sustituirlo el ministro Sergio Valls, que también murió antes de terminar su periodo, y finalmente a Valls lo sustituyó Medina Mora, quien tampoco terminó aunque por razones distintas por su intempestiva e inédita renuncia en medio de acusaciones de corrupción. ¿Valdrá la pena que le hagan la limpia al espacio?... Anoche, después de su primer mensaje de reacción a la detención de su cercanísimo Genaro García Luna, el expresidente Calderón subió un segundo mensaje en su cuenta de Twiiter, en el que se dijo “profundamente sorprendido” y aseguró que desconocía por completo las imputaciones en contra de su exsecretario de Seguridad Pública. Aseguró que espera “un juicio justo y apegado a derecho” en el que si se demuestra la culpabilidad “se aplique todo el peso de la ley”. En lo que pareció un deslinde, Calderón dejó en claro que la política de seguridad durante su Gobierno “ni remotamente era producto de las decisiones de un solo funcionario” y que también en esa política “cooperaba estrechamente el Gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad y justicia”. Es decir, que Felipe Calderón ¿ya se está blindando diciendo que todo lo que hizo en materia de seguridad, con García Luna al frente, fue de la mano con Estados Unidos? Baia, Baia, como dicen en las redes sociales… Los dados mandan Serpiente Doble. Eso se pondrá feo.
10 Diciembre 2019 04:07:00
Listo, el T-MEC; bocanada de aire para AMLO y para México
El presidente Andrés Manuel López Obrador, y con él la alicaída economía mexicana, no podía recibir mejor noticia para cerrar este 2019 que la tan ansiada ratificación y firma del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. La noticia ayer en Washington de dos acuerdos finales, primero entre los demócratas y los principales sindicatos estadunidenses; y luego entre la líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el Gobierno de Donald Trump, cayeron como auténtico oxígeno para el Gobierno de la 4T que, hoy con la firma de una “addenda” o apéndice del T-MEC que se realizará esta mañana en nuestro país, se manda el mensaje de los tres gobiernos para que los congresos de Estados Unidos y Canadá finalmente ratifiquen el nuevo tratado, como ya lo hizo el Senado mexicano.

Para eso vienen hoy a México Robert Lighthizer y Jared Kushner, que viajaron ayer por la tarde desde Washington, además de la ministra canadiense Chrystia Freeland, que junto con sus contrapartes mexicanas de la Cancillería y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, firmarían hoy esa “addenda” en la que se incorporan los nuevos acuerdos y compromisos que se suscribieron en las últimas semanas, sobre todo el tema laboral, en donde México fue el país que más tuvo que ceder, y que todavía ayer mandó sus últimas propuestas a Washington para la última negociación que se cerró al mediodía. Para el Gobierno mexicano, la imagen hoy de la firma, muy probablemente en Palacio Nacional, le da un golpe de certeza a la incertidumbre de todo un año sobre la viabilidad del acuerdo comercial que tanto afectó a nuestra economía.

Aún se desconocen los detalles y los puntos finos en los que México tuvo que ceder a fuertes presiones estadunidenses contra industrias claves de nuestro país como el acero y el aluminio. Es muy probable que en la “contrapropuesta” que mandó la delegación mexicana, liderada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y con Jesús Seade como único negociador, haya habido algunas “concesiones” a las peticiones de Washington de las que ya se verán en los hechos; pero por ahora, como dijo el clásico, “haiga sido como haiga sido”, tenemos Tratado ratificado y el hecho de que se vaya a firmar en territorio mexicano confirma que nuestro país supo negociar al menos la sede de la firma a cambio de lo que concedimos, que según el compromiso público del canciller Marcelo Ebrard no cruzaría, en ningún caso, lo que él mismo llamó “líneas rojas”.

Y es que era tan grave la amenaza que se cernía sobre la economía mexicana, en caso de que no se aprobara el T-MEC en el corto plazo, que varias empresas trasnacionales asentadas en México, por ejemplo las poderosas automotrices japonesas, ya habían anunciado oficialmente al Gobierno de México su intención de buscar otros países para llevarse sus plantas ante la falta de certidumbre en el funcionamiento del tratado comercial con Estados Unidos, que era su principal razón para mantener sus inversiones en México. Muchas maquiladoras también ya tenían listos sus planes de traslado a otras naciones porque veían incierto el panorama y la ventaja de México como principal socio comercial con Estados Unidos.

Al final las cosas se acomodaron para las partes y los temas que habían estado frenando la ratificación del Tratado: a México los acuerdos le ayudan en su marcada urgencia comercial y económica por un año de crecimiento cero de la economía; a la Administración de Donald Trump se le alineó con otros temas como la reciente visita del fiscal William Barr, donde el acuerdo comercial también fue moneda de cambio para otros acuerdos en materia de seguridad y combate al narcotráfico; mientras que la urgencia de los demócratas, que aceleraron sus acuerdos con los sindicatos más grandes de EU, era por desahogar primero el tema del T-MEC, para dejar el campo libre a la votación del “Impeachment” en contra de Trump que ocurrirá la próxima semana.

Hoy veremos y sabremos qué contiene el apéndice o “addenda” que firmarán los tres países y qué se añadirá al contenido original de lo que se había negociado previamente en el texto que firmaron el 30 de noviembre de 2018 los presidentes de los tres países y de qué tamaño fueron las concesiones que el gobierno de López Obrador tuvo que hacer para lograr la urgente y anhelada ratificación del Tratado. Pero por ahora, está claro que para el Presidente y para nuestra economía estancada sin duda la ratificación del T-MEC es oxígeno puro, una noticia cuyo tamaño para México está entre un milagro de la Guadalupana o el cumplimiento anticipado de una carta a Santa Claus.


Notas indiscretas…

Por cierto que la fuerza y el nivel de control que ha logrado Marcelo Ebrard en el Gabinete, se hizo sentir ayer con la instrucción tajante que recibieron todas las áreas del Gabinete económico involucradas en la negociación del T-MEC: “nadie habla, nadie informa, todo lo concentra y lo controla Relaciones Exteriores”. Y sí, dirán que es un tema de orden institucional y de manejo uniforme de la comunicación, pero también es un síntoma de quién manda realmente en el Gabinete lopezobradorista… Todo está listo para que Margarita Ríos-Farjat asuma como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero, en cuanto los ministros regresen de su receso navideño en los primeros días de 2020. Aún no se informa quién sucederá a Ríos-Farjat en el SAT, pero en los pasillos del organismo se insiste en que será Rosalinda López, la tabasqueña que además de ser esposa del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, es hermana del Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Si Rosalinda llega al SAT, entonces sí, como dijeron algunos columnistas, arrancaría el llamado “tren del sureste” pero familiar… Los dados mandan Escalera. Ya se siente el Guadalupe-Reyes en el ambiente.
09 Diciembre 2019 04:07:00
Trump exigió la cabeza del ‘Mencho’ y envío del ‘Menchito’
Aunque oficialmente el canciller Marcelo Ebrard aseguró en entrevistas a medios que “México no le ofreció nada a Trump a cambio de no designar a los cárteles mexicanos como terroristas”, fuentes del Gobierno federal aseguran que el presidente López Obrador sí hizo compromisos para aumentar el combate a los capos del narcotráfico y, en particular, las autoridades nacionales aceptaron al menos dos “peticiones” del fiscal William Barr: la primera, acelerar la extradición y entrega de Rubén Oseguera González, “El Menchito”, actualmente preso en Hermosillo, y la segunda, aceptar la integración de una “unidad especial” de búsqueda e inteligencia coordinada por los dos países, con inteligencia estadunidense y marinos mexicanos, que empiece una “cacería” para atrapar al narco mexicano más buscado por el FBI y la DEA: Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación.

Los nombres de los dos narcotraficantes mexicanos fueron puestos sobre la mesa por el fiscal Barr, quien según las fuentes gubernamentales, fue directo en transmitir las peticiones del presidente Donald Trump, bajo el argumento de que tanto Oseguera Cervantes como Oseguera González, son parte de los “objetivos prioritarios” que el Gobierno de Estados Unidos tiene en su lista que ubica al CJNG como una de las cinco organizaciones más peligrosas para la seguridad de su país, y en contra de la cual, los departamentos de Justicia, de Estado y del Tesoro de EU declararon desde octubre de 2018 un operativo especial que incluye “una serie de medidas para atacar y desmantelar”, a la organización criminal transnacional a la que le documentaron la compra de 100 millones de dólares en lingotes de oro para lavar dinero, además de que la acusan de traficar muchas toneladas de cocaína, metanfetaminas y heroína con fentanilo a Estados Unidos, además de ser responsables de miles de muertes en México.

En la búsqueda del “Mencho”, según la versión de las fuentes consultadas, se integraría una “unidad de alto nivel” formada por marinos mexicanos y que trabajaría directamente con asesoría, armamento e inteligencia del Gobierno estadunidense para rastrear y detener al líder del CJNG.

El esquema que habría propuesto la Administración Trump y que aceptó el Gobierno lopezobradorista, es similar a los que se utilizaron en varias ocasiones durante el sexenio de Felipe Calderón, cuya estrategia ha sido duramente criticada por el actual Presidente.

En el caso de Rubén Oseguera González, la petición de extradición de EU ya tiene tiempo formalizada y en proceso por parte del Gobierno mexicano, que incluso el pasado 9 de septiembre ordenó el traslado del “Menchito” de un penal federal en Chiapas al Cefereso 11 de Hermosillo, Sonora, al que según la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal llegó solo “de paso, para esperar su extradición a EU”. Lo que ha complicado el envío del hijo del “Mencho” a la justicia estadunidense, es que la defensa ha interpuesto varios recursos legales con el argumento de que Rubén no es hijo de Nemesio Oseguera.

Así que, aun cuando oficialmente se diga que “no ofrecimos nada”, en los hechos se empezarán a ver acciones y situaciones como la que ya ocurrió con la repentina salida de Evo Morales que fue enviado en un vuelo a Cuba “temporalmente”, aunque ahora se sabe que el expresidente boliviano, que abandonó México casi al mismo tiempo que Trump declaraba en Washington que retiraba su amenaza de “declarar terroristas” a los grupos de la droga mexicanos, busca llegar a Argentina donde lo recibirá Alberto Fernández, a partir del martes que tome posesión. Veremos cómo empieza a ocurrir la entrega del “Menchito” y la persecución en contra del “Mencho”, y cómo padre e hijo se convierten en las “ofrendas” para calmar, al menos por ahora, la ira y las amenazas del “amable y respetuoso” Trump.

07 Diciembre 2019 04:08:00
Rosario Robles vuelve a San Lázaro
Este martes Rosario Robles Berlanga saldrá de la cárcel momentáneamente, en medio de un fuerte operativo de vigilancia, para acudir al Palacio Legislativo de San Lázaro. Por decisión propia, la exsecretaria de Desarrollo Social se presentará a la sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados en la que se discutirá el dictamen de juicio político en su contra. Robles va a defenderse, personalmente, de las acusaciones de ser responsable del desvío de 7 mil millones de pesos en sus épocas como titular de Sedesol y Sedatu en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del esquema de contratación y simulación con empresas fantasma, denominado La Estafa Maestra.

Aunque tenía la posibilidad de enviar por escrito su defensa, tal como se lo ofrecieron los legisladores, Rosario pidió que las Comisiones Unidas que votarán el dictamen aprobado por la Subcomisión de Examen Previo, le permitan asistir personalmente para sostener su defensa ante los diputados que definirán si el juicio político en su contra procede y se manda al Pleno legislativo para que se vote una sanción que consistiría en declararla responsable del millonario desvío de recursos públicos e inhabilitarla para ocupar cargos públicos durante los próximos 20 años.

La Robles que llegaría el martes por la mañana al Palacio Legislativo de San Lázaro, se verá muy distinta a la que hace exactamente un año y dos meses, el 16 de octubre de 2018, todavía como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, llegaba al Palacio legislativo enfundada en un traje blanco de diseñador, corte de pelo ultramoderno y cubierta aún por el blindaje que le daba ser parte del Gabinete del entonces presidente, Enrique Peña Nieto. La Rosario de hoy llegará procedente del penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde tiene ya cuatro meses de estar presa, se presentará con 7 kilos menos, con signos evidentes de depresión y con la sensación de que sus antiguos amigos, poderosos de la política en el sexenio anterior, desde el expresidente Peña (“No te preocupes, Rosario”) hasta varios exintegrantes del Gabinete, la abandonaron y la dejaron sola. Ya no llegará ni con su corte de pelo ultramoderno ni con ropa de diseñador; si acaso con su uniforme caqui y con su palabra, con la misma que ha denunciado “persecución política” y “justicia por consigna” en su contra desde el actual Gobierno del presidente López Obrador.

Pero, aun cuando la escucharán, la reunión en San Lázaro no será ningún foro amigable para la otrora expoderosa secretaria de Estado. Ahí en la sesión estará presente el diputado Pablo Gómez, su archienemigo político, hoy de Morena y antes correligionario de Rosario en el PRD. Gómez preside la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, precisamente la encargada de procesar las solicitudes de Juicio Político, y declaró recientemente que, empezando por Rosario Robles, se va a llamar a declarar y a rendir cuentas en este proceso a todas las secretarías, universidades públicas y otras instituciones estatales involucradas en el fraude de la Estafa Maestra.

Así es que, si ya en aquel martes 16 de octubre de 2018 a Rosario la impugnaron, la vilipendiaron con mantas acusatorias, le gritaron “corrupta” y le dijeron en su cara que fuera “preparando sus abogados porque terminaría en la cárcel”, ahora, ya en calidad de presa y visiblemente menos fuerte y completamente vulnerable y sin ningún poder ni protección política, Robles volverá a intentar defenderse y denunciar un proceso “politizado y manipulado” en su contra, en busca de que los medios de comunicación y la sociedad atiendan sus desesperados reclamos y peticiones de ayuda que ha intentado una y otra vez con cartas al presidente López Obrador y al fiscal General, Alejandro Gertz Manero, sin obtener siquiera respuesta a sus misivas.

Sus amigos le dijeron que no fuera, que “la iban a hacer pedazos”, pero ella insistió y este martes, por la mañana, estaremos viendo el regreso de Rosario Robles Berlanga al Palacio Legislativo de San Lázaro de donde, después de una defensa con resultados aún inciertos, deberá volver, irremediablemente, como en aquella cumbia colombiana, por el camino rumbo a Santa Martha.

¿Dados cargados en el caso Oro Negro?
La semana pasada, el 28 de noviembre, un juez de la CDMX libró una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann De Long, ciudadana americana, todos ellos directivos de Perforadora Oro Negro por un supuesto desvío de recursos por 160 millones de pesos. La investigación de una denuncia de acreedores extranjeros en contra de la excontratista de Pemex, Oro Negro, se basa en la acusación de que la Perforadora recibió 250 mdp para pagar IVA, pero la compañía que encabezaba Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, solo pagó 90 mdp, disponiendo así “indebidamente” de 160 mdp.

Con ese argumento, sin más pruebas y sin llamar a declarar a los acusados ni a sus abogados a pesar de estar registrados sus domicilios en todos los expedientes, la defensa acusa al juez 114 de la CDMX, Joel de Jesús Garduño Venegas, de haber dictado “en lo oscurito” las órdenes de aprehensión y haber procesado con “inusual rápidez” la acusación que los acreedores extranjeros o fondos buitres presentaron a través del fiscal y ministerio público, Edgar Pineda Ramírez y Máximino Pérez Hicks, respectivamente.

Según la queja de los abogados de Gil White y sus demás socios acusados, para poder librar las órdenes de aprehensión se ocultó el hecho de que Oro Negro ya había pagado los 160 millones de pesos de IVA y que estaba recibiendo el reembolso por el pago del mismo y que tenía pendiente de pago 90 millones de pesos de IVA, los cuales inmediatamente pagó al SAT. La defensa acusa también que tanto el fiscal y el MP como el juez omitieron también que todos los pagos que hizo Perforadora con esos 160 millones de pesos que le fueron rembolsados, fueron revisados por el juez concursal y por el Conciliador del Ifecom y fueron aprobados.

En un recurso de revisión que preparan para presentar ante el Consejo de la Judicatura de la CDMX, en contra del juez 114, Joel de Jesús Garduño, los abogados de Gonzalo Gil argumentan que de más de 100 jueces penales que hay en la ciudad, en donde el procedimiento de asignación de casos a los juzgados es por estricta rifa, para evitar jueces favoritos, esto no se respetó en el caso Oro Negro, en el que, acusan “los dados están cargados”. Y mencionan que la orden de aprehensión que se dio a conocer el 17 de julio de este año, contra directivos de Oro Negro, también fue solicitada por el ministerio público, Maximino Pérez Hicks con el apoyo del fiscal Pineda y fue librada por el mismo juez 114.

Esta segunda orden de aprehensión del 28 de noviembre pasado fue, como se dijo, también solicitada por el equipo Pérez Hicks-Pineda, pero en teoría las probabilidades de que este nuevo expediente, en asignación aleatoria, le correspondiera nuevamente al juez 114 eran muy muy pocas, pero mágicamente el caso fue turnado también al juez Joel de Jesús Garduño y aquí, dicen los abogados de Gil White, “aplica el viejo refrán de que lo que no suena lógico, suena metálico”.

La investigación habría durado apenas unos cuantos días antes de que se librara la orden de aprehensión, lo cual es una eficiencia excepcional e inusual, si consideramos otros casos mucho más importantes en la Ciudad de México que no tienen atención tan prioritaria y tardan mucho más tiempo en procesarse. ¿Quiénes o qué intereses están moviendo estos expedientes de manera tan pronta, expedita y clandestina en la Procuraduría de la Ciudad de México?, cuestionan los defensores de este caso. ¿Será que el grupo de acreedores extranjeros de Oro Negro ya encontró la llave mágica que desencadena la acción en la Procuraduría capitalina? De ser así habría que pedirles que compartieran esa llave con muchas otras víctimas de delitos graves en la ciudad que no han merecido ni la atención ni el empeño de casos como este. Los dados mandan Serpiente doble. Semana de sube y bajas.
05 Diciembre 2019 04:03:00
¿Nueva luna de miel con los empresarios?
La relación del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su Gobierno con los empresarios nacionales ha sido como la de un matrimonio promedio: se conocían de tiempo atrás (2006) y tuvieron sus affaires, luego se distanciaron por un rato y cuando se reencontraron (2018) el amor les pegó con tanta fuerza que decidieron casarse y vivieron por varios meses un tórrido romance, en el que tanto en privado como en público, derramaban miel, se decían cosas bonitas y se juraban amor eterno. Todo iba viento en popa, pero cuando una de las partes (AMLO) tomó una decisión drástica (cancelar el aeropuerto de Texcoco), la otra parte (los hombres del dinero) se sintieron hostilizados y empezaron a ver con recelo y como amenaza a su seguridad la actitud presidencial.

Hoy, después de meses de haber sostenido una relación de “apariencias”, el impasse entre López Obrador y los empresarios llegó a su fin y hay “reconciliación”, según asegura el “celestino” de esa relación, el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. El también empresario reconoció en una plática que sí hubo “desencuentros y cierto enfriamiento en la relación”, del Presidente con los capitanes de empresas, pero también sostiene que nunca dejaron de dialogar ni de reunirse. “Finalmente logramos concretar un gran Acuerdo Nacional de Infraestructura, que lo redactamos conjuntamente el Gobierno y los empresarios, y que significa un parteaguas en la relación que, a partir del próximo año 2020 empezará a verse con obras, proyectos e inversiones concretas en materia de infraestructura”, dijo Romo.

Y, siguiendo con el símil, si dicen que las reconciliaciones son intensas, Romo asegura que el plan de infraestructura no es el único y en breve presentarán un Plan de Inversión del Sector Energético, en el que el presidente López Obrador, se comprometió con los empresarios a reabrir la inversión privada en la Comisión Federal de Electricidad, respetando y manteniendo el 46% privado y 54% público en cada proyecto, y también en Pemex volverán a licitar obras, sobre todo de perforación de pozos petroleros para empresas privadas.

Así, la realidad ha terminado de imponerse y, el propio Romo lo reconoce, en el Gobierno ya entendieron que “necesitamos de la inversión privada en infraestructura, en el sector energético y hasta en el sector salud, porque el dinero público no alcanza”.

Y ante esa dolorosa realidad, finalmente en algunas áreas del Gobierno, como el sector energético, donde se encuentran los funcionarios más “duros” y reacios a la inversión privada –léase Manuel Bartlett y Rocío Nahle– están aceptando el regreso de los proyectos y esquemas de coinversión privada y pública en el estratégico tema de energía.

Así que, no se sabe si en la complicada relación habrá un final de cuento y si vivirán “felices por siempre” o al menos por lo que resta del sexenio, pero lo que sí es un hecho es que desde la semana pasada López Obrador y los señores del dinero han vuelto a la “luna de miel” y que pronto, dice Poncho Romo, se verán los “frutos” de ese amor, en obras, inversiones y proyectos de infraestructura y de inversión mixta, pública y privada, en el sector energético. ¿Qué tanto influirá el nuevo enamoramiento en que la economía del país salga del bache en el que la metió la 4T? Eso ya lo veremos.
04 Diciembre 2019 04:04:00
Del Vicegaray al Vicebrard
La pregunta de la senadora Alejandra Reynoso, secretaria de la comisión de Relaciones Exteriores, fue directa: “Es usted para muchos un vicepresidente, se ocupa de muchos temas que van desde la migración hasta la seguridad, ¿es sostenible esta situación?” le cuestionó la legisladora panista a Marcelo Ebrard Casaubón. Y el secretario de Relaciones Exteriores, habilidoso como es, no esquivó la pregunta y su respuesta también fue directa: “¿Que si yo tengo funciones de vicepresidente? No, en México no hay vicepresidentes, soy secretario de Relaciones Exteriores… el señor Presidente me ha delegado esa responsabilidad. Tenemos mucho presidente y no necesitamos vicepresidentes”.

El titular de la SRE que se ha convertido en el hombre más visible y más influyente del Gabinete del presidente López Obrador, es un político que, dentro y fuera del Gobierno, provoca reacciones a favor y en contra de su trabajo y de su protagonismo. La mayoría le reconoce su experiencia como exjefe de Gobierno y la escuela y el colmillo políticos que heredó de su tutor fallecido Manuel Camacho Solís, y no son pocos los que lo ven como uno de los prospectos más claros para la aún lejana sucesión de 2024.

Pero así como sus amigos y admiradores le ven tamaños y capacidades, sus malquerientes también cuestionan el “excesivo protagonismo” y aseguran que el canciller se vale del desinterés del Presidente en todo lo que no sean sus giras por la República, sus programas sociales y sus obras y proyectos personales, para meterse en todo aquello que el Presidente delega y encarga a otros porque ni le entiende ni le interesa mucho ocuparse: desde la política exterior, la seguridad, la migración, la asistencia a foros, cumbres y eventos internacionales, la negociación del T-MEC y por supuesto el diálogo con la Administración de Donald Trump y la relación con Estados Unidos.

Es tal el poder que tiene Ebrard, que es inevitable compararlo con el otro secretario de Relaciones Exteriores (y antes de Hacienda) que se volvió tan poderoso en el sexenio pasado: Luis Videgaray Caso. Si a Videgaray se le consideraba casi un jefe de Gabinete y se le nombraba también en los corrillos políticos como “Vicepresidente” o en tono jocoso “Vicegaray”, es porque también tenía una injerencia desmedida y extralegal en diversas áreas del Gobierno, más allá de las carteras de la SHCP y SRE que ocupó oficialmente.

Quizás la diferencia no menor entre Ebrard y Videgaray es que en el sexenio pasado Luis Videgaray tenía un contrapeso en el mismo gabinete en la persona del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que era el otro “hombre fuerte” de Peña, mientras que en el Gabinete lopezobradorista no se ven otros “pesos pesados” con la fuerza y la influencia que tiene el hoy canciller.

Los únicos dos que le hacen sombra a Marcelo, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, no están en el Gabinete y con ellos no se medirá hasta dentro de unos años si es que el canciller decidiera que, ahora sí, el 2024 va la suya.

Así que vicepresidente o no, lo que es un hecho es que Marcelo Ebrard hoy va a todas y que, tanta exposición, él sabe bien, es un arma de doble filo: así como tanto poder lo puede catapultar a que lo vean como un sucesor natural, también lo expone a ser el blanco perfecto de tantos grupos de interés y de las tribus salvajes de Morena que, ya demostraron, son indómitas y se van a despedazar en el intento de tratar de controlar el poder y la permanencia en el Gobierno. Como dijera un político cercano al Palacio: “Marcelo es como el zorro en el gallinero, que se da la gran vida espantando a las gallinas y se come todos los huevos, hasta que se le aparezca el cazador”.
03 Diciembre 2019 04:03:00
Gobernadores van por un nuevo pacto fiscal con el centro
Lo que comenzó como una demanda y una inconformidad aislada e individual de algunos gobernadores que se quejaban de un trato injusto en el reparto de recursos y partidas de la Federación, ha comenzado a tomar forma de una demanda conjunta que impulsan varias entidades federativas. Los mandatarios estatales, en principio 9 de los 10 del PAN, ya no solo se quejan de que el centro no reparte equitativamente los recursos federales, sino que trabajan en nuevas propuestas para modificar el Convenio de Coordinación Fiscal entre las 32 entidades y el Gobierno federal, que data de 1947, y que hoy consideran “injusto e inequitativo”.

Tal parece que el control presupuestal férreo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha impuesto a las entidades ha empezado a hacer crisis ante las denuncias y las quejas, sobre todo de gobernadores de la oposición que no están de acuerdo con lo que consideran un “manejo político del presupuesto” en el que el Gobierno central concentra cada vez más recursos, mientras a los estados se les limitan y reducen las participaciones.

Fueron precisamente gobernadores panistas los que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, comenzaron a hablar públicamente de un “trato injusto”.

“Hay un decremento de las participaciones y las aportaciones federales, porque aunque nominalmente se habla de incrementos, cuando calculamos el costo de la inflación (3.5%) en términos reales perdemos participaciones en relación al año anterior”, dijo el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el pasado 13 de septiembre, antes de la aprobación del PEF. “La drástica disminución de presupuestos nos está alejando del pacto federal”, dijo Corral, quien la semana pasada, tras la aprobación del presupuesto, reiteró su invitación a que “los estados que podamos hacerlo en función de nuestro PIB y nuestras capacidades productivas, descoordinarnos de la Federación”.

Otros gobernadores, como el de Guanajuato, Diego Sinhué, también panista, secundó la propuesta de Corral. “El Sistema de Salud cuesta 13 mil millones de pesos, 8 mil los pone el gobierno federal, 5 mil millones le pone el Estado; en caso de que el Gobierno federal no quisiera darnos esos 8 mil millones, entonces no tiene caso que estemos en el Pacto federal”.

También el Mandatario de Durango, José Rosas Aispuro, no descartó abandonar el Pacto Fiscal federal debido al recorte que sufrió su entidad para 2020 y comentó la posibilidad de que los impuestos recaudados en el estado ya no se vayan a la Federación.

Pero no solo los panistas encabezan esta propuesta, también en Coahuila, el gobernador priista, Miguel Riquelme Solís, llamó a los diputados federales y senadores coahuilenses “a unirse en un frente común para luchar a favor de que desde la Federación se defina un presupuesto justo para esta entidad”.

Se ve que esta vez va en serio la exigencia de los estados y sus gobernadores por modificar las reglas y el reparto de los recursos en la República federal. Veremos cómo toma y procesa el presidente López Obrador y su 4T la intención de modificar sus facultades y la enorme concentración que hoy tiene el Gobierno central en materia de reparto, administración y ejercicio del gasto público, y cuántos gobernadores se animan a sumarse a un movimiento que, aclaran los estados, “no es separatismo, pero sí una exigencia de equidad fiscal”, al señalar que no pretenden desconocer el Pacto Federal ni separarse de la República, pero sí exigir que se les den más recursos y capacidades fiscales y que se acabe el trato centralista y político del presupuesto.

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