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Lulú De Koster.
Lulú De Koster.
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Lulú De Koster es periodista, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC (1995). Ha sido Premio Estatal de Periodismo, colaboradora en redacciones de periódicos locales, editorialista, productora y conductora en medios de comunicación electrónicos. Actualmente es integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (Coahuila) y los comentarios aquí vertidos son a nombre de la autora.

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03 Junio 2020 04:05:00
¿México racista?
En una videoconferencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México (Conapred), uno de los ponentes preguntó a la audiencia: ¿México es racista? Y la mayoría respondió que sí, pues en algún momento de su vida habían escuchado frases como la de “ojalá y nazca güerito”, “pereces indio”, “que negro está”, por citar algunas expresiones que denotan la discriminación que prevalece en el país.

El racismo y la discriminación son factores que muestran la intolerancia de una sociedad que no acepta las diferencias y los derechos de las personas, como ocurre desde hace días en el vecino país y la zona fronteriza con Coahuila, en los Estados Unidos, tras la violencia callejera iniciada por las protestas tras la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió a causa de una agresión por parte de un policía blanco de Minneapolis.

A pesar del despliegue de policías en la Unión Americana, los enfrentamientos han sido constantes en los últimos días, destruyendo negocios, oficinas públicas, unidades de la Policía y detenidos por decenas en ciudades donde se han recrudecido las manifestaciones por el acto racista y la muerte de Floyd. Diarios norteamericanos han destacado en sus titulares que no hay antecedente de tantas ciudades en toque de queda, desde el asesinato de Martin Luther King, el líder de la lucha por los derechos civiles de la minoría negra, en 1968.

Las escenas que divulgan las redes sociales y medios de comunicación deben llevar a la reflexión. Se trata de actos que violentan los derechos individuales, la libertad de tránsito y evidencian además el abuso de autoridad y los excesos de la policía en el momento de una detención por “sospecha” o por flagrancia en la comisión de un supuesto delito.

Sin embargo, México no queda ajeno a la problemática, a la intolerancia y a los abusos. Pero no solo de los policías o integrantes de corporaciones de seguridad, sino que según resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010), uno de cada 10 jóvenes entre 12 y 29 años señala haber sido objeto de bromas pesadas o burlas de todo tipo en escuelas, calle o trabajo, que la dependencia clasifica como actos de discriminación.

Los estereotipos, prejuicios o “etiquetas” por la forma de vestir, por portar tatuajes, ser migrante, tener sobrepeso o padecer alguna enfermedad visual, motora o tener preferencias sexuales diferentes, son parte de la lista que cita la encuesta como actos de rechazo, agresión y hasta pérdida del empleo o restricción para acceder a un restaurante o lugar público.

Pero “las apariencias engañan” y la sociedad está obligada a ser más abierta y tolerante, al menos las nuevas generaciones van en esta ruta.

El color de la piel, el nivel socioeconómico o educativo, la religión, la forma de vestir o las preferencias políticas no son impedimento para que a cada persona se le garanticen los derechos mínimos e individuales como lo establece la Constitución Mexicana. La tarea es evitar los prejuicios e incentivar la tolerancia en las personas, en la familia, grupo escolar, desde los liderazgos de las empresas, gobernantes o guías religiosos, si es que no queremos en México protestas como las que detonó la muerte de Floyd en Minneapolis.
27 Mayo 2020 04:00:00
Covid-19: una oportunidad
La resolución número1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitida el 10 de abril y titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, llama a los gobiernos a cumplir con esquemas de atención de la pandemia, apegados a derecho y con plena protección a las garantías de las personas, y no solamente se refiere a quienes están contagiados o grupos en riesgo.

La agenda propuesta por el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) abarca la petición de información y transparencia del gasto de los gobiernos, durante la pandemia. Un tema que los especialistas dicen que es una oportunidad de las autoridades para mostrar el nivel de apertura que están dispuestos a ofrecer sobre la atención de la pandemia y la inversión pública por la emergencia sanitaria.

La CIDH busca asegurar el derecho de acceso a la información pública en el marco de la emergencia generada por el Covid-19 y no establecer limitaciones generales basadas en razones de seguridad u orden público.

De ahí que las instancias gubernamentales deban otorgar prioridad al acceso a la información de la pandemia en todos los rubros, tanto como derecho humano a la atención médica, como a los datos que tienen plena relación con las compras, asignaciones directas y contratos otorgados por las autoridades para atender la crisis de salud.

La resolución incluye la petición y el llamado a “informar proactivamente, en formatos abiertos y de manera accesible a todos los grupos en situación de vulnerabilidad, de forma desagregada sobre los impactos de la pandemia y los gastos de emergencia, desagregados de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.

Activistas y grupos de sociedad civil organizada se han solidarizado con esta causa. Desde agrupaciones como México Evalúa, Transparencia Mexicana, la Red por la Rendición de Cuentas, por citar algunas, han venido colocando discursos y narrativas que resaltan las bondades de atender esta necesidad de informar sobre este rubro, llamado al que también se ha sumado el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila.

Es crucial la transparencia proactiva en una visión de gobierno porque que puede o no abonarle al tema de la prevención y detección de actos de corrupción.
Si bien colocar la información a la vista de cualquier persona puede significar un avance importante para la autoridad, es igual de relevante mencionar que la apertura a expedientes de compras y adjudicaciones públicas por la emergencia sanitaria, pueden ser una oportunidad ideal para que las autoridades rindan cuentas en tiempo real e involucren a la ciudadanía, academia, sector privado o activistas en estos procesos, en un acción que sin duda puede dar mayor certeza a las políticas de atención que se han desplegado para disminuir los contagios y para evitar decesos por Covid-19, para activar la economía, para brindar apoyos a quienes perdieron su empleo, etcétera.
20 Mayo 2020 04:05:00
A la vista de todos (as)
Con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002, inició lo que los científicos sociales llaman: “la transición política y social de México”.

La apertura de datos, planes y proyectos, reglas de operación de programas sociales, Ejercicio presupuestal, etcétera, deberían estar a la vista de todas y todos por tratarse de una obligación de las autoridades de cualquier ámbito, para evitar la discrecionalidad u opacidad que puede o no dar cabida a posibles hechos de corrupción.

Así lo advierte la legislación en materia de Transparencia vigente en el país y en los estados de la República, pues se trata de un derecho al acceso a la información, a la apertura y claro está, con las restricciones en el tema de los datos personales, garantizando la intimidad de las personas y su patrimonio. En esto hay un acuerdo generalizado.

Aquí vale la pena agregar que según la Guía de Transparencia Proactiva (publicada en el año 2019, por la Secretaría de la Función Pública y el INAI), el concepto de Transparencia Proactiva tiene como base normativa en la Ley General y representa una evolución importante en los esfuerzos que privilegiaban la publicación de información obligatoria.

La Guía de Transparencia Proactiva y conceptos como la interacción ciudadana, rendición de cuentas, evidencia de gastos e inversión pública durante la emergencia sanitaria por Covid-19, tienen plena relación con el ejercicio de vigilancia y participación de la sociedad civil que impulsa la agrupación nacional Transparencia Mexicana, que bajo el lema de la Sana Vigilancia ha motivado e impulsado la instalación de micrositios en las entidades de la República, donde se aloja información oficial sobre las acciones de los gobiernos estatales para atender la situación generada por el coronavirus.

Pero aquí la pregunta es si existe una ruta para atender lo que algunos llaman trasparencia proactiva y experiencias como la participación y observación ciudadana en casos como la atención del sismo de septiembre de 2017 y el ejercicio del gasto público, ¿por qué no ocurre lo mismo en los estados como Coahuila, para conocer las compras y asignaciones públicas a partir de la emergencia sanitaria?, ¿por qué no dar a conocer los gastos y asignación de presupuesto gubernamental originados por la urgencia de salud? Y más aún, ¿por qué no colocar la información a la vista y sin necesidad de descarga de aplicaciones, redes sociales, sino en el micrositio que se tiene para este tema?

La Transparencia es un derecho ciudadano que le abona a la prevención y control de la corrupción. Falta por hacer y la sociedad civil, académicos, empresarios, periodistas, activistas, etcétera, juegan un papel importante para garantizar que no se retroceda y que más bien, se logren avances en la apertura de datos que beneficia a la autoridad y a la comunidad.

13 Mayo 2020 03:51:00
Rutas de la denuncia
Algunos micrositios habilitados en la red por gobiernos estatales para concentrar información oficial generada por la atención a la enfermedad del Covid-19, incluyen una liga para la recepción de reportes por posibles hechos de corrupción o faltas administrativas que pueden presentarse en medio de la pandemia.

Hace unos días y durante una videoconferencia con la mayoría de las y los presidentes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana de los sistemas anticorrupción del país, se habló de la información que agregan las administraciones estatales para facilitar el libre y fácil acceso a datos sobre la emergencia sanitaria, que están alojados en un mismo sitio web.

Es importante conocer algunas acciones impulsadas para robustecer los micrositios, en temas promovidos desde sociedad civil, consejos ciudadanos anticorrupción y la academia. Por ejemplo, el estado de Quintana Roo agregó en su micrositio Covid-19, la línea
http://denuncia.qroo.gob.mx/sitio/ que es un mecanismo para enviar reportes o quejas.

O el estado de Guanajuato, donde sociedad civil organizada, la academia y el Comité de Participación Ciudadana de dicha entidad promueven el sitio https://www.denunciacorrupcion.mx/ que es una herramienta diseñada para que cualquier persona reporte actos de corrupción relacionados con la detección, atención y tratamiento del coronavirus o para registrar las fallas operativas de los prestadores de servicios médicos, tanto en hospitales públicos como privados.

Es de mucha utilidad el disponer de un número telefónico, un correo electrónico o la dirección en internet de la o las autoridades que pueden recibir un reporte de este tipo.

Evidentemente esto puede facilitarle al ciudadano un espacio para advertir lo puede ser el tráfico de influencias en un hospital, o el cohecho o soborno si se le condiciona a cambio de una dádiva por parte de una o un servidor público, el acceso al servicio de salud o a la aplicación de una prueba Covid-19, etcétera.

En Coahuila, en la sesión de Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, el jueves 7 de mayo de 2020, el fiscal especializado en Delitos por Hechos de Corrupción, Jesús Flores Mier, dio a conocer una ruta de denuncia bajo el lema “si conoces algún acto de corrupción, denúncialo”, agregando el correo electrónico delitosdecorrupción.fge@coahuila.gob.mx y las líneas telefónicas (844) 352 39 55 y (844) 485 12 60.

Es relevante la apertura para recibir denuncia en medio de esta crisis sanitaria en Coahuila, pues le permite al ciudadano un canal de acceso abierto y simple, para señalar situaciones que puedan o no estar ocurriendo en las regiones del estado, principalmente en temas de atención médica, monitoreo o en el reparto de insumos y despensas por la emergencia.


06 Mayo 2020 04:05:00
Tiempos de emergencia
La urgencia por conseguir insumos, medicamentos, equipos y contrataciones puede propiciar un “mercado negro” o sobreprecios. De ahí la importancia de transparentar las acciones que oportunamente se implementan para atender la emergencia sanitaria en el país.

La apertura es un eje fundamental en las administraciones federales, locales y municipales, para dar certeza de que el gasto se está haciendo, publicar las reglas de operación, los padrones de beneficiarios, expedientes técnicos y requerimientos de compra, si se trata de una adjudicación o invitación para la asignación de un contrato, son datos que deben estar alojados en un repositorio para que la ciudadanía tenga acceso, sin necesidad de descargar una aplicación o red social para conocer lo que se hace.

Claro está, que nadie tiene interés en retrasar cualquier adquisición de medicinas o equipos que urgen en hospitales ante el incremento de los contagios por Covid-19.

Sin embargo, y aunque las autoridades están haciendo su trabajo, atendiendo y encauzando esfuerzos sobre los requerimientos para frenar la cifra de contagios por coronavirus, es importante que los procesos estén a la vista y sin complicaciones de consulta para los ciudadanos.

En Coahuila, el 27 de marzo de 2020, el Consejo de Participación Ciudadana del SAE emitió una recomendación al Gobierno del Estado, con nueve puntos que el colegiado sugiere atender para evitar riesgos de corrupción en compras y adquisiciones para atender la emergencia sanitaria en la entidad. Los detalles aparecen en el sitio

https://www.cpccoahuila.org.mx/comunicados/2020-03-27-recomendacion-cpc-covid-19/

Entre lo que sobresalen la información de los bienes o servicios adquiridos en el procedimiento de contratación, incluyendo las especificaciones técnicas del bien, la cantidad y calidad; precio unitario y global de los bienes o servicios contratados; tipo de procedimiento de contratación utilizado; registro con información sobre la persona física o jurídica con la que se celebró el contrato; la justificación técnica y económica para definir la contratación, entre otros.

Hacia allá va el ejercicio al que convocó en marzo de este año, la agrupación Transparencia Mexicana que ha llamado Su Sana Vigilancia y al que se ha sumado el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila para dar seguimiento al tema de compras y adquisiciones por la pandemia. Vale la pena decir también, que para este ejercicio se ha encontrado apertura y disposición hacia el colegiado, por parte de la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, como integrante del Sistema Anticorrupción del Estado.
29 Abril 2020 04:05:00
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila
Agendas similares unen al noreste de la República. Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila están vinculados no solamente en temas económicos, de desarrollo, seguridad o intercambio académico, pues la construcción de propuestas en bloque alcanza asuntos como la migración, movilidad y aplicación del gasto público.

Más aún cuando se trata del despliegue de personal de emergencia y seguridad en zonas limítrofes de las tres entidades para contener el incremento de contagios por el Covid-19.

La urgencia sanitaria propició reuniones semanales de los gobiernos de estas entidades fronterizas, desde donde se anunciaron acciones conjuntas que implicarían inversión presupuestal para atender los problemas de salud por el coronavirus. De los detalles de las inversiones, las reglas de operación, los padrones de beneficiarios, las adjudicaciones directas, las compras, las empresas beneficiadas con los contratos, etcétera, poco se sabe, pues la información fluye a cuentagotas.

La petición y propuesta colaborativa desde el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, es la de generar un repositorio, del que se comienza a avanzar las autoridades estatales –hay que reconocerlo– aunque el micrositio que se ha venido construyendo, requiere mayor información sobre las compras, presupuestos destinados y lo que se ha venido mencionando desde la recomendación emitida por el CPC al Gobierno del Estado, emitida el 27 de marzo de 2020 y cuyos detalles están en el sitio
https://www.cpccoahuila.org.mx/comunicados/2020-03-27-recomendacion-cpc-covid-19/

Aunque a iniciativa de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Nuevo León, Tamaulipas y del Consejo Ciudadano de Coahuila se logró un acuerdo, luego de la reunión virtual del 21 de abril de 2020, en la que de manera unánime se decidió lanzar un llamado a las autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en el mismo tenor: transparentar el esquema de compras públicas, adjudicaciones y entrega de apoyos a las y los ciudadanos, por la emergencia Covid-19..

Esta exigencia se hace en los estados a través de los sistemas locales anticorrupción y organizaciones de la sociedad civil que –como en Coahuila, específicamente en la Comarca Lagunera– se van sumando a la demanda de evitar riesgos de corrupción en compras con dinero público y mal uso de fondos, bajo el pretexto de sacar adelante el imprevisto sanitario, que ha propiciado estragos en ámbitos como el económico, de movilidad, migración, educación y violencia familiar.

Ser observadores, acompañar y pedir a las autoridades que transparenten acciones y lo que se está haciendo con el presupuesto por la crisis del coronavirus, es un tema que es parte de la agenda ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila.
29 Abril 2020 02:50:00
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila
Agendas similares unen al noreste de la República. Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila están vinculados no solamente en temas económicos, de desarrollo, seguridad o intercambio académico, pues la construcción de propuestas en bloque alcanza asuntos como la migración, movilidad y aplicación del gasto público.

Más aún, cuando se trata del despliegue de personal de emergencia y seguridad en zonas limítrofes de las tres entidades para contener el incremento de contagios por el COVID-19.

La urgencia sanitaria propició reuniones semanales de los gobiernos de estas entidades fronterizas, desde donde se anunciaron acciones conjuntas que implicarían inversión presupuestal para atender los problemas de salud por el coronavirus. De los detalles de las inversiones, las reglas de operación, los padrones de beneficiarios, las adjudicaciones directas, las compras, las empresas beneficiadas con los contratos, etcétera, poco se sabe, pues la información fluye a cuenta gotas.

La petición y propuesta colaborativa desde el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, es la de generar un repositorio, del que se comienza a avanzar las autoridades estatales -hay que reconocerlo -aunque el micrositio que se ha venido construyendo, requiere mayor información sobre las compras, presupuestos destinados y lo que se ha venido mencionando desde la Recomendación emitida por el CPC al Gobierno del Estado, emitida el 27 de marzo de 2020 y cuyos detalles están en el sitio
https://www.cpccoahuila.org.mx/comunicados/2020-03-27-recomendacion-cpc-covid-19/

Aunque a iniciativa de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Nuevo León, Tamaulipas y del Consejo Ciudadano de Coahuila se logró un acuerdo, luego de la reunión virtual del 21 de abril de 2020, en la que de manera unánime se decidió lanzar un llamado a las autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en el mismo tenor: transparentar el esquema de compras públicas, adjudicaciones y entrega de apoyos a las y los ciudadanos, por la emergencia COVID-19.

Esta exigencia se hace en los estados a través de los sistemas locales anticorrupción y organizaciones de la sociedad civil que -como en Coahuila, específicamente en la Comarca Lagunera -se van sumando a la demanda de evitar riesgos de corrupción en compras con dinero público y mal uso de fondos, bajo el pretexto de sacar adelante el imprevisto sanitario, que ha propiciado estragos en ámbitos como el económico, de movilidad, migración, educación y violencia familiar.

Ser observadores, acompañar y pedir a las autoridades que transparenten acciones y lo que se está haciendo con el presupuesto por la crisis del coronavirus, es un tema que es parte de la agenda ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila.



22 Abril 2020 04:05:00
Transparencia proactiva
Existe preocupación de colectivos, académicos, empresarios y sociedad civil organizada sobre cómo las autoridades están enfrentando la crisis sanitaria por el COVID-19 en los estados de la República. Desde los esquemas de compra, insumos y proveedores o las reglas de operación para la entrega de beneficios a los segmentos más vulnerables, hasta la capacidad de control y estrategia para el #QuédateEnCasa.

La urgencia está en la atención a las personas contagiadas y en evitar que siga en aumento la cifra de enfermos por coronavirus. La agenda prioritaria está centrada ahí y eso no está a discusión.

Pero ¿Cómo tener acceso a procesos de compra, despliegue de recursos, adjudicaciones que por la pandemia están justificadas y son legales? Puede ser por medio de un repositorio o micrositio, donde con datos actualizados y en tiempo real, puedan ser consultados estos y otros datos de la emergencia, en una suerte de rendición de cuentas.

Aunque no es tan fácil como parece. En un ejercicio nacional y para medir el nivel de apertura de datos en los estados del país, proceso que está impulsando Transparencia Mexicana y el colectivo TOJIL junto con integrantes de los sistemas locales anticorrupción, el objetivo es dar seguimiento y detectar de dónde provienen los montos usados para las necesidades por el COVID-19, como la compra de hipoclorito de sodio, sanitizantes, mascarillas, cubre bocas, equipamiento de laboratorios, la creación de fideicomisos, entrega de materiales, etcétera.

La paralización de la agenda pública, social y de gobierno ha propiciado reacciones en segmentos como el académico. Por ejemplo y desde el Seminario “Rendición de Cuentas en la Crisis del Covid-19” que organizó esta semana la Red por la Rendición de Cuentas, uno de los temas fue el derecho a la transparencia y la prórroga en tiempos de respuesta de solicitudes de información en esta época de emergencia sanitaria.

Los investigadores Mauricio Merino y Lourdes Morales suman sus comentarios a la batalla que se vive para la obtención de información oficial sobre las compras públicas y acciones en beneficio y atención a la urgencia de salud que se vive en los estados. “Es fundamental que exista un lugar o sitio en el que las personas puedan conocer los detalles de la enfermedad, su evolución y atención de las autoridades y por todos los medios es importante evitar los riesgos de corrupción”.

Ahí coincidimos todos. Es crucial dar certidumbre sobre el gasto público para atender la emergencia en Coahuila. Es un tema que no puede perderse de vista, pues se trata de la agenda preventiva, propositiva y de seguimiento, dentro de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

15 Abril 2020 03:50:00
Emergencia por Covid-19
El 10 de abril del 2020, los gobernadores de Coahuila, Miguel Riquelme Solís; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ofrecieron una conferencia de prensa luego de la Reunión Interestatal Noreste, en la que anunciaron medidas coordinadas en esta región del país para atender la contingencia provocada por el Covid-19 y la emergencia sanitaria que ha derivado en situaciones complejas para las autoridades, el sector empresarial y la población abierta frente a un reto sin precedente en el país y en el mundo.

Uno de los temas que abordaron los mandatarios fue el de la inclusión o el posible involucramiento de la sociedad civil en la toma de decisiones, cuando se habla de la creación de un fideicomiso para canalizar apoyos a médicos y enfermeras que están en lo que llaman la “primera línea” de atención al Covid-19.

La agenda prioritaria, sin duda, está centrada en brindar atención a las necesidades que surgen en torno a la pandemia y en torno a la demanda de sectores relacionados directamente con el cuidado de pacientes y personas posiblemente contagiadas por el coronavirus, que día a día avanza en esta curva de afectados que sigue al alza, según los datos de las autoridades de Salud. De ahí la importancia del #QuédateEnCasa.

El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción es parte de un ejercicio de seguimiento y observación nacional, al que han convocado Transparencia Mexicana y el colectivo TOJIL. El planteamiento radica en identificar recursos, montos, fideicomisos y procesos de asignación de compras, adquisiciones, rentas, etcétera, realizados desde el Gobierno del Estado y los municipios. Lo anterior, basados en el documento Contrataciones Públicas en Situaciones de Emergencia, publicado por Transparencia Internacional.

El escrito menciona, entre otras cosas, que “los recursos destinados a la emergencia y su uso deben ser informados en su totalidad, de forma continua, oportuna, veraz y verificable y en lenguaje ciudadano”. En esto coincide el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila.

Hasta ahora la mayoría de la información y datos de inversión socializados, la entrega de apoyos, equipos, despensas, insumos, vehículos, sanitizantes, etcétera, se conocen a través de notas periodísticas.

Aunque quizá en breve se tenga al alcance y de manera abierta la información sobre estos procesos de compra y adjudicaciones que, hay que subrayar, son temas prioritarios, urgentes y que claro, no se deben detener, retrasar o interrumpir en ninguna circunstancia, pues la urgencia sanitaria así lo amerita. En una emergencia. Se trata, pues, de una situación inesperada y que está marcando agenda en todos los sectores.

09 Abril 2020 04:05:00
Fideicomisos en Coahuila
En la publicación del Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila, del Decreto 524, que describe la distribución del recurso público, transferencias y aportaciones que en el 2020 ministra la autoridad estatal, define los Fideicomisos Públicos como “aquellos en los que el fideicomitente (es quien transmite el bien o bienes objeto del fideicomiso) sea el Gobierno del Estado, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o cualquier institución fiduciaria (quien recibe esos bienes) cuando ésta actúe en cumplimiento de los fines de cualquier dependencia o entidad de la administración pública estatal.

Es algo complejo el tema, sin duda. Se trata de un rubro opaco y del que escasamente se habla o se puede acceder a través de información en sitios web oficiales, que esté a la vista, que sea pública y actualizada.

En Coahuila y por años, quizá décadas, la palabra fideicomiso ha representado una forma de canalizar, desviar, o encubrir montos de dinero que se destinan de manera poco clara y bajo esquemas de mínima transparencia, hacia actividades o tareas que permiten desarrollar proyectos o programas que se ha dicho, son en favor de la comunidad.

Aquí lo cuestionable no es tanto el objetivo y los resultados de lo que se hace con ese dinero público, sino lo tortuoso que se vuelve acceder a reglas de operación, a la normatividad bajo la cual se decide a quién se le entrega la cantidad y los montos que se destinarán para tal o cual fideicomiso.

Y es que en el Estado hay fideicomisos de los que pocos saben para qué existen, y lo más grave: ¿Quién maneja el recurso o el beneficio que se obtiene del fideicomiso?

Como el Fideicomiso del Fondo Minero, o del Puente Internacional Piedras Negras II, el Fideicomiso de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Gobierno del Estado, el Fideicomiso para al Operación del Museo de las Aves, o como el Fideicomiso Mixto Conacyt-Gobierno del Estado, el Fideicomiso de Fondo Metropolitano Monclova y de Saltillo, por citar algunos que aparecen en la plataforma de la Secretaría de Finanzas de Coahuila.

En el Anexo 34, del rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, que rebasa los 88 millones 820 mil pesos (en el desglose del Presupuesto de Egresos 2020), se establecen Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo que representan 11 millones de pesos de la cifra antes mencionada. Pero ¿Cuáles son los fideicomisos con fondos públicos, el resultado y quiénes aprueban las cantidades que recibirán o reciben?

Quizá hasta que llega el Informe de Resultados de cada entidad o los avances de gestión presupuestal al Congreso del Estado y que son turnados a la Auditoría del Estado, se podría saber o tener al menos un balance de las metas cubiertas o del gasto que cada fideicomiso realizó.

En tanto, a partir de la semana entrante y luego del Decreto presidencial que ordena extinguir todos los fideicomisos para concentrar los recursos disponibles en la Tesorería de la Federación, en Coahuila casi nada se ha dicho sobre lo que ocurrirá con estos esquemas. ¿Será conveniente o no el financiamiento público a través de fideicomisos en el estado? Es pregunta.
01 Abril 2020 03:51:00
Riesgos de corrupción
Evitar riesgos de corrupción en compras y adquisiciones por emergencias sanitarias como la decretada por los contagios masivos del Covid-19, implica el despliegue de mecanismos que faciliten la identificación del origen de fondos y destino de los programas públicos que habrán de implementarse en entidades del país, incluyendo Coahuila.

Hace un par de semanas y este mismo espacio editorial –que me brinda el director del Grupo Zócalo, Francisco Juaristi Santos– comentaba sobre la relevancia de las compras con dinero público o a través de fideicomisos para atender las necesidades médicas y sanitarias derivadas de la pandemia que avanza a un ritmo que tiene en vilo a los mercados, economías y los planes de crecimiento de México.

También señalaba en el texto que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila, establece el esquema de compras por contingencias o situaciones fortuitas y la justificación de obviar un proceso de licitación pública para la adquisición de bienes, insumos o servicios.

El Artículo 64 señala que “las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa”.

En este sentido y ahora mismo, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila circula en su plataforma
https://www.cpccoahuila.org.mx/comunicados/2020-03-27-recomendacion-cpc-covid-19/ una recomendación emitida al Gobierno del Estado y a los 38 alcaldes de Coahuila –dentro de las atribuciones del colegiado– con nueve propuestas para transparentar, abrir y evitar la discrecionalidad en los procesos de compra por esta emergencia sanitaria.

En México y a partir de su iniciativa, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, convocó a las y los consejos y comités de participación ciudadana de los sistemas locales anticorrupción a participar en un proceso de identificación de fondos y programas, asignaciones y fideicomisos que servirán para amainar la crisis por los contagios del coronavirus.

Tojil, una reconocida asociación civil sin fines de lucro y dispuesta a sumar en esta propuesta de Transparencia Mexicana, le abonará al acompañamiento para los consejeros en el país, que en los próximos meses estarán poniendo en práctica métodos de prevención e identificación de posibles hechos de corrupción en las compras, rentas o adquisiciones en los estados de la República que tendrán que hacer compras urgentes por la contingencia que se vive en el país y en el mundo.

De entrada la mayoría de los CPC aceptaron la propuesta de Bohórquez. Habrá que esperar que el CPC nacional también asuma su parte y juntos lograr el objetivo y la vigilancia sobre el uso de recursos y aportaciones para atender la urgencia que se vive en México.


25 Marzo 2020 04:05:00
Agenda Covid-19
Esfuerzos y agendas públicas y del sector privado están enfocados en atender las prioridades de la contingencia sanitaria, por el incremento en los contagios por el Covid-19 en el país y específicamente en Coahuila, donde las autoridades locales han decretado una serie de acciones para hacerle frente a la pandemia, que mantiene a una buena parte de la población en el llamado aislamiento social.

Pero no todas las familias pueden quedarse en casa y esperar a que pase la crisis de salud por el coronavirus. Hay quienes viven al día, hogares donde la máxima es “día que no trabaje, día que no come mi familia”. Y lo mismo viven empacadores, vendedores ambulantes, meseros, aseadores de calzado, albañiles, soldadores o trabajadoras del hogar, quienes no pueden decir “me quedo en casa”.

La situación no es nada favorable para ningún sector. Ni para el gubernamental o empresarial, ni para el resto de la población. La crisis se viene agravando en el país y Coahuila no quedará ajeno a la problemática que se vive ahora mismo y en medio de la pandemia y los contagios del Covid-19, que obligará a las entidades a recrudecer las restricciones de convivencia, conforme avance el número de infectados.

Existen factores que obligarán a reflexionar en lo que viene, en el plan económico emergente que necesitarán México y sus 32 entidades en los servicios de salud y la atención de urgencias, en las inversiones privadas que llegarán y en el apoyo a dueños de pequeños capitales o empresarios que le siguen apostando a la entidad y a la nación.

Los conocedores del tema aseguran que el escenario económico mundial y en México no dejará otra salida más que la diversificación de ingresos, la mejora y disposición de medios de pago y compras online, el uso del bigdata, la exigencia de una formación constante de las generaciones y el desarrollo de marcas personales, además de otros aspectos que estarán en el rediseño de las políticas económicas y de crecimiento de la República.

Los segmentos más afectados son por ahora el sector salud y la economía nacional que, ante la baja del precio del petróleo, la drástica caída del peso frente al dólar, el cierre parcial de fronteras y ahora la crisis sanitaria por el coronavirus, pondrán a prueba la capacidad y resistencia de la población. Por ello urgen acciones concretas desde el timonel nacional. Desde quienes toman las decisiones y hacen Gobierno.

La sociedad civil se ha visto mayormente organizada, difundiendo acciones, exigiendo respuestas al Gobierno federal y los estatales. Periodistas dando información sobre la pandemia en tiempo real, jugando un papel importante en la comunicación y el vínculo con las autoridades en esta contingencia.

Sin embargo, la sociedad, colectivos, académicos, empresarios, etcétera, debe seguir atentos y exigentes, demandando acciones de gran calado que requiere el escenario nacional, con base en el aprendizaje de esta lección que está dejando el Covid-19 y las posturas de quienes están al frente de los tres niveles de Gobierno.
18 Marzo 2020 04:05:00
Compras urgentes
La pandemia del Covid-19 hay que atenderla. Coahuila y los estados del país se encaminan a la siguiente fase de la contingencia sanitaria a una gran velocidad. La suspensión de clases, la cancelación de eventos masivos, el cierre de puertos marítimos y aeroportuarios y los posibles paros de labores de la industria en las regiones de México advierten la peligrosidad de lo que viene en esta curva de contagios, que se irá agudizando en las siguientes semanas según lo advierten las instancias de salud.

En Coahuila y los estados de la República, en los últimos años, se han registrado emergencias no solo sanitarias, sino desastres medioambientales, inundaciones, tornados, incendios forestales o desborde de ríos, que obligaron a las autoridades a realizar compras de insumos y materiales sin licitación, y bajo condiciones diferentes a las de un proceso abierto, con ejecución en cortos períodos de tiempo por la celeridad con la que se requieren productos químicos, rentas o compra de equipos, cobijas, medicamentos, colchonetas, despensas, etcétera. Aunque en algunos casos se ha cuestionado desde los medios de comunicación, la repentina aparición de firmas y consorcios dispuestos a entrar en la puja y que resultan ganadores del o los contratos.

Los imprevistos obligan a tomar decisiones inmediatas que garanticen la prevención y atención sanitaria generada, en este caso, por “el coronavirus”. Obliga a que en clínicas y hospitales públicos cuenten con los insumos mínimos para hacer frente a la emergencia por el número de contagios que podría ir en aumento.

Las compras, adquisiciones o arrendamientos que se necesiten para contener y solventar las exigencias que surjan por la pandemia anunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), deben concretarse con el apego a la legislación, con la celeridad que el momento lo demanda, pero de forma transparente, observada y sin dar pie a dudas sobre el o los procesos que se tendrán que hacerse como parte de la estrategia de Gobierno.

En la entidad, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila establece claramente el esquema de compra por contingencias o situaciones fortuitas y la justificación de obviar un proceso de licitación pública para la adquisición de bienes, insumos o servicios.

El Artículo 64 señala que “las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán fincar pedidos o celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa”.

Lo anterior podrá ocurrir, entre otras causas y según la misma ley, cuando: 1) peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o 2) cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles, entre otros factores.

Luego de las últimas reformas a esta legislación publicada en el Periódico Oficial el 6 de enero de 2009 y con la última adición del 12 de julio de 2019, es posible prevenir desde la visión estatal, cualquier proceso de adquisición o adjudicación de contrato o contratos fuera de la legalidad y es posible advertir el alcance de esta normatividad que permite evitar que se diga que a “río revuelto, ganancia de pescadores”.






11 Marzo 2020 04:05:00
Mujeres anticorrupción
Este fin de semana, Transparencia Mexicana –organización de la sociedad civil dedicada al control de la corrupción en México– junto a decenas de periodistas, académicas, activistas, funcionarias y legisladoras, lanzó una campaña en Twitter para compartir ideas, propuestas y análisis para entender y enfrentar corrupción e impunidad en México y en regiones de América.

Como parte de la iniciativa #MujeresAnticorrupción, algunas de las participantes en este ejercicio enfatizaron sus mensajes en los efectos de la corrupción y la impunidad en la vida de las mujeres en este país y en los estados de la República.

Las visiones de mujeres integrantes, algunas, de los consejos y Comités de Participación Ciudadana en el país, fueron replicadas desde la cuenta en Twitter @IntegridadMx y en sus propuestas advierten de la necesidad de enfocar esfuerzos para revertir la inequidad, la brecha salarial, la impunidad en las investigaciones sobre feminicidios, la falta de acceso a posiciones de decisión de mujeres, la violencia, las desapariciones y la falta de acceso a servicios básicos de este segmento de la población.

Diversas visiones y experiencias compartidas en medio de la reflexión del 8 de marzo y desde una misma plataforma en redes sociales, en un ejercicio sincronizado y coordinado por Lucía Petersen y Mariel Miranda, que exigió a las participantes diseñar y planear el hilo de mensajes que estarían posteando para enfocar el tema desde la propuesta de Transparencia Mexicana en #MujeresAnticorrupción

Los diagnósticos, las cifras y datos no faltaron en esta jornada, puesto que una buena parte de las mujeres que se sumaron son investigadoras y catedráticas que publicaron datos que reflejan la importancia y urgencia de diseñar políticas públicas y acciones concretas, foros y espacios de análisis proactivo sobre el impacto de la corrupción hacia este grupo poblacional.

Ahora mismo, únicamente 10 de los 30 sistemas anticorrupción operando de forma integral con las reformas legales y el total de instancias del Comité Coordinador, son presididos por mujeres. La equidad no ha llegado, ni se replica en la mayoría de los Consejos de Participación Ciudadana, aunque hay que decir que en Coahuila la reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción en 2019 garantiza que dos o hasta mujeres sean parte del colegiado integrado por cinco personas, donde cada año se renueva una posición.

Son acciones afirmativas que no son ley en la mayoría de las entidades. Esto coloca en desventaja a mujeres que desean integrarse en espacios y con acciones para controlar, detectar y sancionar hechos de corrupción. Una opción es ser parte de los sistemas locales, desde los consejos o comités de participación que son una representación abierta y ciudadana que, sin duda, debe incluir la figura femenina integrando su visión y acciones como parte de los sistemas anticorrupción.
04 Marzo 2020 03:02:00
No a la simulación
Erradicar o al menos –como dicen los expertos– controlar la corrupción requiere acciones de gran calado, no sólo ir por el “corrupto del día”. Los delitos por supuestos hechos de corrupción ocupan las portadas de periódicos, revistas y titulares en radio y televisión en el país y en Coahuila, en temas y actores políticos relacionados con lo que podrían ser compras directas sin apego a la normatividad, contrataciones, el tráfico de influencias, aparentes desvíos de recursos, sobornos, omisiones, etcétera, y lo más grave: la impunidad, lo que advierte de la seriedad del problema.

Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), asegura que no basta con pedir cárcel para los corruptos, o para el “corrupto de moda”, sino que se requieren acciones de largo aliento, reformas, respaldo al Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción y actuación real de quienes toman las decisiones.

Coahuila requiere más que discursos y augurios de cambio. Se necesita la fortaleza de la participación de las y los ciudadanos informados, organizados y dispuestos a criticar, sí, pero también a incentivar las buenas prácticas, de intereses genuinos y colectivos, a sumar propuestas y buscar respuestas a los porqués y el cómo, no solamente a los quiénes.

Pareciera más atractivo, y más en épocas electorales, descubrir nombres y abrir la Caja de Pandora, pero si en realidad la meta es erradicar o al menos controlar este fenómeno, es necesario situarnos en una realidad que requiere acciones más allá de las frases bien logradas, de agenda legislativa, de sanción y revisión, de propuestas analizadas, que eviten la posibilidad errores u omisiones en el manejo administrativo, que puedan o no derivar en escándalos mediáticos y estridencias en busca del corrupto del día.

Aunque además de la gran corrupción, esta que se mediatiza fácilmente por la cuantía que representa o que puede representar para el erario, está la otra corrupción. Pero ¿dónde se observa con mayor incidencia la llamada “pequeña corrupción”, la corrupción de “ventanilla”?

Los diagnósticos y encuestas como la Encig (Inegi), o la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental de las Empresas (Encrige), señalan que casi seis de cada 10 personas en Coahuila experimenta la “pequeña corrupción” en el contacto con autoridades de seguridad pública y menos de tres de cada 10 en trámites de ventanilla, como permisos relacionados con la propiedad, trámites ante el Ministerio Público, en juzgados o tribunales; al hacer pagos de servicios como agua, luz, teléfono, etcétera y hasta para obtener una licencia de manejo, acta de nacimiento o permisos de construcción, se marca la prevalencia de la “pequeña corrupción”.

La eliminación de las barreras de trámite y de servicios, las asimetrías de la información y los problemas con el acceso y uso de las tecnologías de la información y comunicación en las regiones –incluyendo las más alejadas de Coahuila– amainarían la problemática. Pero además es importante el compromiso con la ciudadanía y con la ley que claramente define lo que cada entidad y servidor público debe hacer para detectar, prevenir y sancionar la corrupción, pero mientras no se quiera, no se hará. Así de simple.
26 Febrero 2020 04:05:00
Corrupción y género
Hace unos días, en la universidad, una compañera decía que los delitos relacionados o derivados de hechos de corrupción afectan de manera diferente a las mujeres y a hombres. Surgió una discusión interesante, polémica y robusta, en la que desde diferentes visiones y en un grupo multidisciplinario la conclusión fue que, en efecto, el soborno, el desvío de recursos, en enriquecimiento inexplicable, el cohecho, el tráfico de influencias, por citar alguno ilícitos que se pueden presentar tanto en la parte pública como en el sector privado son mayormente sentidos por el segmento femenino.

Y esto quizá tiene plena relación con lo que dicen los expertos. Como lo publicado por el Servicio de Información de las Naciones Unidas, desde Abu Dabi, en diciembre de 2019 y a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onodc), donde consigna que la corrupción perjudica más a poblaciones vulnerables y de manera drástica a quienes viven en situación de pobreza, especialmente a las mujeres.

Y es que, en la mayoría de las sociedades incluyendo la mexicana, el género suele determinar la distribución de cargas y tipos de trabajo en diferentes ámbitos, cuando se trata del control de los recursos y su distribución hasta la toma de decisiones en el Gobierno.

Algunos estudios académicos, como lo advierte la Onodc, han mostrado que existe una correlación entre la proporción de mujeres en posiciones de poder y las medidas de corrupción, aunque hay que aclarar que esto no necesariamente significa que, a mayor nivel de participación de estas en la vida pública se puedan aminorar los índices de este delito. Y lo dijo Octavio Chávez, director de ICMA-ML, en su ponencia durante el Foro de Ética Pública que se llevó a cabo en Saltillo hace unas semanas: “las mujeres deben involucrarse más en temas de control de la corrupción”.

Pero es necesario contar con más investigaciones sobre el tema. Lo cierto es que frente a este movimiento generado en las últimas semanas en México y en la víspera del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo, es importante reflexionar sobre los roles de género y los estereotipos que pueden o no afectar a las mujeres, al enfrentarse a la corrupción cuando acceden a servicios públicos como salud, educación, agua e higiene. Los expertos señalan que las mujeres y hombres pueden ser forzados a pagar sobornos por bienes básicos y agregan que existe evidencia de que la explotación del cuerpo puede utilizarse como moneda de cambio en la corrupción.

Se tienen ejemplos en positivo de participación de la mujer en la prevención de hechos de corrupción. En Perú, la policía de tráfico masculina fue reemplazada por mujeres, lo que tuvo un marcado impacto en los esquemas de sobornos, mediante el desmantelamiento de redes bien establecidas entre los policías de tráfico masculinos.

O como la iniciativa en Indonesia llamada Soy Una Mujer Contra la Corrupción (conocida como SPAK Indonesia), que busca incentivar la participación de la mujer en el despliegue de acciones contra la corrupción en el ámbito público.

Y aquí en Coahuila, gracias a la reforma de julio de 2019 a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana del SEA, se tiene la garantía de que estará integrado por tres miembros (de un total de cinco) de un mismo género, priorizando así la incorporación de mujeres en este colegiado. Esto sin duda, es un avance digno de reconocerse.
19 Febrero 2020 03:40:00
Los tantos pendientes
El magisterio y la problemática que enfrenta su sistema pensionario, la compra de medicamentos y la dotación del servicio médico a los agremiados y sus familias (principalmente a los que menos tienen para pagar medicinas de patente o atención en clínicas privadas) no es un tema nuevo. Es un asunto complejo y de intereses grupales, que comienza a visibilizarse como un problema serio.

Líderes gremiales intentaron sin efectos reales amainar la crisis y en los últimos años promovieron acciones que iban desde la rifa de vehículos, aportes “desde hoy y para siempre”, cuotas extraordinarias, o el “coaseguro” para compartir el gasto de los derechohabientes del sistema de salud y el patrón.

Las decisiones debieron tomarse a tiempo. Conciliar ajustes a la ley, aumentar la edad laboral, o revisar de manera escrupulosa el manejo de los dineros y las aportaciones del patrón o las universidades, y claro, llegar a propuestas de mayor calado para evitar la problemática que en las últimas semanas han evidenciado los medios de comunicación en la entidad.

Pero el sindicalismo en Coahuila recibe aportaciones de patrones, trabajadores y otras entradas no tan bien transparentadas, o quizá difundidas donde pocos saben del destino de los montos que ingresan al gremio, ya que se ha dicho que son los sindicatos los que menos le abonan a la intención de revertir la opacidad que podría derivar (como lo señalan expertos) en actos irregulares o en posibles hechos de corrupción.

El sindicalismo debiera ser mayormente observado por la sociedad y las entidades, abierto y supervisado a tiempo. Pareciera que son tantas las inercias, las aparentes malas prácticas, la falta de ética e integridad de quienes están al frente de estos gremios o que son responsables del manejo de las cuotas y los ingresos, que es difícil o por lo menos llevará años incentivar acciones que dejen de afectar a la colectividad para dejar de beneficiar a unos cuantos. Esto en una estrategia sin afanes electorales o intenciones momentáneas.

Es tiempo de analizar lo que está ocurriendo, de escuchar versiones y de impulsar soluciones reales y acuerdos desde varias visiones.

No más rifas, no pagos extraordinarios, no cuotas y abonos, sino más bien y lo ideal sería ir por una revisión profunda a las legislaciones que involucran el ejercicio del recurso público al que accede el magisterio y su sindicato, en los sistemas de compras, de auditorías, etcétera, porque si bien se han hecho algunos cambios como la integración de un consejo de administración en la operación de pensiones y se dieron indicios de apertura, pocos saben lo que se ha hecho para atender de raíz lo que tiene inconformes a los derechohabientes, pensionados y jubilados de las secciones sindicales.

Más allá de la época electoral en la que estará o está inmersa Coahuila, de las versiones y las tendencias que podrían o no llevar un ingrediente partidista, habrá que ir rumbo a una solución de largo aliento, en la que cada una de las partes o involucrados, tome su papel y asuma los compromisos que requiere el magisterio y el manejo de las cuotas sindicales, las compras, designaciones de plazas en la nómina de maestros, los apoyos y beneficios para quienes son parte del gremio y de la estructura magisterial en el estado.




12 Febrero 2020 04:05:00
Dos mil caracteres y punto
El sueño de un buen rastreo de riesgos e irregularidades en el ejercicio público se detiene por la falta de eficacia en las acciones que se emprenden y por la duplicidad de tareas para resolver un mismo problema como lo es la corrupción. Y es en esta escala, en la del control, detección y denuncia de posibles hechos de corrupción, en donde la responsabilidad alcanza a todas las personas.

Este miércoles, hoy mismo en Saltillo, en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) se desarrollará una jornada relevante, en la que el eje de las participaciones será la Ética Pública para la Integridad, que tendrá como objetivo el analizar la Ética Pública como medio que promueve mejores hábitos de los servidores públicos, para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones públicas y complementando los esfuerzos del sistema local anticorrupción.

En el programa participan la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga; la directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Alejandra Wade; Armando Plata Sandoval, titular de la Auditoría Superior del Estado, por citar algunos, que expondrán los alcances y las propuestas de cambio para recuperar la credibilidad en el servicio público y las instituciones.

Y es que desde la visión del Sistema Anticorrupción es prioritario impulsar esquemas de trabajo conjunto, para fortalecer la figura de quienes ejercen gasto público y quienes realizan actividades administrativas para el buen funcionamiento del estado, pero también para reconocer a quienes desarrollan una labor impecable, constante y con apego a sus atribuciones, alejados del soborno, la dádiva o a la expectativa de beneficios para cumplir con lo que les corresponde como servidores públicos.

Desde el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción y como se planteó en los ejes del Programa de Trabajo 2020 se establecen acciones que permitan establecer la honestidad y apego a la ética para la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, actualización, especialización, estímulos y reconocimientos entre quienes colaboran en las oficinas gubernamentales.

Con acciones que involucran la aplicación del Índice Ciudadano de Fortaleza Institucional para la Ética Pública (Icifiep) será posible avanzar hacia el objetivo de incentivar la ética y las buenas prácticas entre servidores públicos, que además debe aclararse que no es un asunto de corto plazo sino habrá que mantener rutas de trabajo para lograr revertir la falta de credibilidad en el servicio público.

No basta con tener un código de buenas prácticas en la entrada de la oficina y actualizarlo cada determinado tiempo, publicar en el sitio web un decálogo de conductas o disponer de un buen manual de procedimientos internos, porque el compromiso viene de la responsabilidad de cumplir con las atribuciones, con lo que dice la ley y de propiciar acciones para mejorar la calidad de vida de las mayorías, sin que nadie deba vigilar, denunciar o sancionar los malos comportamientos. Es más bien un asunto de compromiso individual, de integridad y de honorabilidad por la satisfacción de hacer Gobierno.
05 Febrero 2020 04:05:00
Sociedad Civil
Los espacios de participación ciudadana son una clara muestra de los contrapesos necesarios en una sociedad democrática y de equilibrios, aunque a nivel nacional y desde la Presidencia de la República no sea el discurso lo que mejor acompañe a la figura ciudadana en la toma de decisiones, los grupos de sociedad civil organizada, periodistas, académicos, empresarios y activistas, impulsan discusiones que buscan incidir en la toma de decisiones.

Corresponde a la población prepararse cada vez más, documentarse e informarse sobre las legislaciones, informes, acuerdos, avances, acceso a colegiados y las convocatorias abiertas que permiten la ocupación plena de estos espacios, desde donde se construyen las propuestas de mejora para las autoridades y los gobernados. Un colegiado es sinónimo de pluralismo, porque el objetivo es impulsar un desarrollo participativo y conjunto.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) señala en un texto titulado Participación Ciudadana en México: Consejos Consultivos e Instancias Públicas de Deliberación en el Gobierno Federal, auspiciado por los investigadores Felipe Hevia, Samana Vergara-Lope y Homero Ávila Landa, señalan que la importancia de exponer, discutir, argumentar ideas y tomar decisiones es central en instancias colegiadas y de participación ciudadana.

Los grupos en estos términos se caracterizan por buscar un intercambio de ideas y argumentos, por pensar y discutir colegiadamente temas de interés colectivo, y no imponer ideas desde una visión, criterio o vivencias de una persona. De ahí lo importante de la integración de equipos multidisciplinarios en las designaciones, pues finalmente las posturas se nutren desde experiencias diversas que hacen más robusta la discusión y las votaciones.

El trabajo colegiado permite valorar desde varias aristas las propuestas y proyectos que puedan surgir de las áreas de oportunidad que arrojan las estadísticas, análisis, estudios, sesiones de trabajo que se tienen con las oficinas involucradas en el tema del que se hable y en el que esté colaborando como grupo de participación ciudadana.

Colegiar las ideas y las propuestas que representarán el trabajo conjunto, es un principio fundamental cuando las y los integrantes buscan avanzar en las acciones prioritarias, transparentadas y medibles.

La ruta de un grupo de participación ciudadana que busca incidir en la mejora de la calidad de vida para la comunidad surge del consenso, el diálogo abierto, de la rendición de cuentas y la comunicación permanente al interior y hacia el exterior del grupo. Así lo advierten quienes son expertos en el tema.

La opción de integrar la visión ciudadana en la toma de decisiones no es una moda. Es una exigencia social en busca los contrapesos que toda administración requiere. La colegialidad y la integración de activistas, empresarios, académicos, sociedad civil organizada, periodistas, etcétera, es un deber de las autoridades y es obligación ciudadana conservar estos espacios.


29 Enero 2020 04:09:00
Articular acciones
El país mejoró ocho lugares en el Índice de Percepción de Corrupción, que hace unos días presentó Transparencia Internacional en su análisis anual en el que plantea la situación mundial en esta materia. México consiguió subir ocho lugares en el Índice, al pasar del sitio 138 al 130 de 180 países evaluados, con lo que frenó una inercia que llevaba desde el año 2015.

Pero los resultados demuestran que si bien el problema de la corrupción es calificado por la ciudadanía como un fenómeno que en el país busca controlar el Estado, no es suficiente con la postura mediática que asume la administración federal, las campañas sobre las intervenciones de la UIF, o las inhabilitaciones dictadas desde la Función Pública federal, o la versión de “cárcel para los corruptos” -como lo anuncian en ruedas de prensa o eventos masivos -porque se requieren acciones concretas, de gran calado y principalmente medidas involucren al Sistema Nacional Anticorrupción, a partir de una estrategia con metas medibles, como puede ser la Política Nacional Anticorrupción.

Es ahí, en el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, donde radica y se representa la fortaleza ciudadana para controlar este problema. Pues la coordinación de los esfuerzos recae en la o el ciudadano que preside el Comité Coordinador.

Pero solo hay que escuchar noticias o leer las portadas de medios nacionales, para advertir que la lucha contra la corrupción está en las oficinas de la UIF y la Función Pública, porque el Sistema Nacional pareciera un instrumento aislado. Aun cuando fue producto de la necesidad urgente y expresada desde la sociedad civil, empresarios y académicos para tener en funcionamiento un esquema regulado que considera a la parte ciudadana, como el eje de coordinación del SNA.

Lejos de ello y aun cuando la percepción de control de la corrupción en México podría tener resultados positivos en el último balance, es importante reflexionar sobre el real interés de la autoridad federal y del Senado de la República por fortalecer las atribuciones y la relevancia del Comité de Participación Ciudadana y del propio Comité Coordinador del SNA.

Basta con echar un vistazo a la poca promoción de la convocatoria
https://convocatoriapublica.senado.gob.mx/Snaorg/ que cierra esta semana, para la integración de la Comisión de Selección del CPC Nacional. Esto, a unos días de la conclusión del período para el que fue designado el licenciado en Actuaría, José Octavio López Presa y con la renuncia de la Abogada Irene Levy, sumarán dos posiciones, de las cinco que integran el CPC, las que queden vacantes en el colegiado Nacional que el 7 de febrero estará en manos de la Contadora Pública Rosa María Cruz Lesbros.

La percepción de corrupción es menor en México. Pero la expectativa es el fortalecimiento del CPC Nacional y el Sistema Nacional y detener la inercia que advierte el estudio “El Combate a la Corrupción: La Complementariedad de las Acciones del Gobierno Federal y el Sistema Nacional Anticorrupción”, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) que explica que, en el programa del gobierno federal “se identifican pocas referencias o alusiones a la política propuesta por el SNA, lo cual evidencia que, al menos en el diseño, no se plantean acciones que busquen potenciar los esfuerzos que se realicen desde este Sistema, en cambio, parecen ser dos instrumentos de política independientes”.
22 Enero 2020 03:41:00
Contralores
Los procesos de designación de las y los titulares de los órganos internos de control de los municipios de Coahuila, debieran ser una prioridad en la agenda local no solo del Sistema Estatal Anticorrupción, sino también desde la visión legislativa, para asegurar el cumplimiento de reglas e iniciativas, que se han propuesto especialistas y académicos que conocen del tema, para mejorar resultados de quienes, en primera instancia, observan y dan seguimiento a la aplicación presupuestal en los ayuntamientos.

En el Informe Anual de Resultados 2018 (que fue enviado al Congreso del Estado en diciembre de 2019) la Auditoría Superior del Estado resalta en su Informe Ejecutivo, que el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza establece un conjunto de disposiciones para los municipios, a fin de que puedan cumplir con su mandato constitucional.

En los títulos Segundo y Tercero se describen las bases de funcionamiento del Ayuntamiento, así como de las atribuciones del presidente municipal, síndicos, regidores y otros funcionarios de la administración municipal.

Los artículos 43, 124, 125 y 126 del citado Código, mencionan las reglas generales en cuanto al perfil y la designación de funcionarios como el contralor, secretario del Ayuntamiento y tesorero municipal, en donde destacan las siguientes: los funcionarios municipales deberán sujetarse a reglas generales de designación y de nombramiento.

Para los funcionarios como el tesorero, secretario y contralor, se establecen reglas definidas. Los servidores públicos de la Administración municipal podrán ser designados por el presidente municipal, no así, el del contralor municipal. Para los cargos de tesorero y secretario se sugiere un conjunto de profesiones.

En el caso de contralor municipal, se exige un perfil concreto: carrera profesional específica y un proceso de selección previamente aprobado por el Ayuntamiento por mayoría calificada. No obstante, en el documento que es público y que aparece en el sitio web de la ASE Coahuila, sobresale un dato interesante que advierte que, en cuanto a la carrera profesional, se detectó que solamente 19 municipios han presentado documentación de funcionarios con profesiones en áreas económicas, contables o administrativas y 10 municipios presentaron documentación de funcionarios con profesiones distintas a las establecidas por el citado Código.

Y más aún, tres municipios presentaron documentación como diplomas, certificados y constancias de diversos estudios; estos últimos relativos a contador privado, estenógrafo y taquígrafo.

En el Informe de la ASE 2018, se indica además que siete municipios no presentaron información al respecto y uno presentó documentación de una constancia en la que el titular se encontraba cursando la Licenciatura en Administración de Empresas.

De ahí la trascendencia de vigilar y generar una agenda que permita verificar perfiles y la solvencia técnica de quienes llegan a estos cargos, además de abrir los procesos de designación a la participación ciudadana, de colectivos, académicos, especialistas, etcétera., para dar certeza sobre estos mecanismos y asegurar que quien llega, conozca su responsabilidad como titular de un Órgano Interno de Control (OIC).

15 Enero 2020 03:00:00
Mercado negro
México Evalúa, un influyente y apartidista centro de pensamiento y análisis con propuestas para la atención de problemáticas sociales y estructurales, principalmente enfocado al monitoreo de la operación gubernamental en el país, presentó un análisis sobre la iniciativa de reforma al Artículo 19 de la Constitución Mexicana (que entró en vigor en abril del 2019) y que amplió el catálogo de delitos por los cuales los jueces otorgan prisión preventiva por delitos relacionados con las armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y según los expertos, la medida no ha logrado inhibir el flujo ilegal de armas en entidades de la República.

La agrupación civil estima en su reporte, que más de 200 mil armas de fuego entran cada año al mercado negro en territorio nacional, lo que podría incidir en al menos siete de cada 10 homicidios registrados los estados, por lo que el cuestionamiento radica en la efectividad de las políticas públicas emprendidas desde el Congreso de la Unión y las autoridades federales.

El 19 de febrero de 2019 quedó aprobada la reforma que México Evalúa, ha señalado como una proposición que poco ha hecho para revertir el índice de posesión y venta ilegal de armas y municiones.

El documento sentencia que “al contrario, genera presiones al sistema penal, vulnera la presunción de inocencia y no atiende ninguno de los factores que influyen en la proliferación de armas de fuego”. Por lo que la propuesta del colectivo radica en generar proyectos que coinciden con el espíritu de estos cambios constitucionales, “pero que se enfoquen en mejorar las capacidades institucionales estatales para el control de las armas”.

Los delitos con armas de fuego en México se incrementaron de forma sobresaliente en los últimos tres años. El número de personas asesinadas con armas de fuego pasó de 10 mil 464 en 2015, a 23 mil 873 en 2018, según cifras obtenidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras, a finales del año 2012, según lo describe el reporte de México Evalúa, 53% de los homicidios dolosos fue cometido con armas de fuego y para el 2018, el número aumentó 70%, Lo que, a decir de la agrupación civil, es aún más dramático si se considera que en 1997 los homicidios dolosos por arma de fuego representaban tan solo 15% de los homicidios. El cómputo final: siete de cada 10 asesinatos son cometidos con armas de fuego, cuando en el año 2012 eran cinco de cada 10.

Es importante, y así lo menciona el informe, considerar que México ha signado tratados internacionales y acuerdos de cooperación. En 1998 ratificó su incorporación a la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales. Desde 2001, forma parte del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Adicionalmente, en la Iniciativa Mérida acordada en el año 2008, el Gobierno de los Estados Unidos entregó recursos a sus homólogos mexicanos, como insumos de inspección, vehículos con equipo de escáner para la detección de explosivos y otras armas, y más de 300 perros entrenados en la detección de narcóticos, armas, municiones y dinero en efectivo. Todo con miras a mejorar la infraestructura de detección de bienes ilícitos en la frontera con Estados Unidos y Sudamérica, lo que advierte de la larga lista de pendientes que tiene el Gobierno para la regulación sobre el uso ilegal y posesión de armas de fuego entre los civiles.


08 Enero 2020 04:13:00
Retos del 2020
La lucha contra la corrupción no es tarea de unas cuantas personas o instituciones, es una labor que nos involucra a todas y todos. Desde el interés por conocer la configuración del Sistema Anticorrupción, las leyes y atribuciones de quienes forman parte de este esquema de trabajo, los alcances y aportes, hasta la agenda participativa desde la visión de sociedad civil, empresarial, de la academia y colectivos.

Es importante la crítica, la sociedad proactiva y dispuesta a involucrarse en los planes de trabajo, en las acciones que permitan inhibir la corrupción que sin duda es un problema serio en Coahuila.

Son relevantes las versiones de lo que urge mejorar en el tránsito a la consolidación de una estrategia coordinada entre las instancias que forman parte del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila, como lo son: el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, el Poder Judicial del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción y el Consejo de Participación Ciudadana, siendo ésta última instancia, la parte ciudadana la que preside los trabajos del Sistema.

Hacer Sistema no es solo ir por estridencias, o como lo dice el Dr. Mauricio Merino del CIDE, “ir por el corrupto del día o el funcionario de turno” para decir que se está controlando un problema que en el estado y el país tiene casos emblemáticos y documentados. Es más bien plantear políticas públicas de gran calado, abrir y mejorar los mecanismos de denuncia por corrupción, fortalecer la participación ciudadana en las actividades del Gobierno estatal y municipales, impulsar reformas a la legislación que garanticen una verdadera observancia de lo que se hace con el dinero que ingresa vía impuestos, por citar algunas acciones que además, están consideradas en el Plan de Trabajo 2019-2020 del Consejo de Participación Ciudadana del SEA y que se pueden conocer a detalle en el sitio
http://www.cpccoahuila.org.mx

Ahora bien. Es importante reconocer que Coahuila viene de años de cuestionamientos por la cantidad de observaciones en la aplicación del gasto federal, estatal y municipal que involucran hechos que ponen en duda la vigilancia, seguimiento y sanción de quienes tienen atribuciones y facultades legales para prevenir, detectar, controlar y castigar la corrupción.

De ahí que en la agenda 2020 habría que visualizar:

1) La construcción de la Política Estatal Anticorrupción, 2) Incentivar el trabajo permanente con organizaciones de la sociedad civil, académicos e iniciativa privada, 3) Aprovechar el resultado de estudios, informes e indicadores de las instancias que forman parte del Sistema Anticorrupción para proponer una ruta de mejora en la administración pública y 4) como lo están haciendo otros estados, propiciar el análisis sobre la autonomía de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.


25 Diciembre 2019 04:00:00
En el 2020
El Sistema Anticorrupción en Coahuila tiene grandes pendientes en el 2020 y en los años por venir. Las tareas coordinadas y sistemáticas deben ir hacia una ruta trazada por indicadores que marquen las fallas a corregir y basada en estudios de instituciones que señalan las prioridades en la agenda de una problemática que tiene plena relación con necesidades mencionadas por empresarios, académicos, organismos de la sociedad civil y desde el propio Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Se requieren acciones de gran calado que verdaderamente inhiban, controlen y sancionen los actos ilegales en el ejercicio del gasto público. Pero para llegar a eso, hace falta voluntad y apertura plena al debate y a la recepción de propuestas para que se transite hacia lo que se tiene que hacer para revertir los niveles de percepción de corrupción en Coahuila, según el INEGI en su ENCIG y la impunidad que tantos cuestionamientos genera en el día a día del funcionamiento del Sistema.

La participación ciudadana en el Sistema Anticorrupción está diseñada para incidir en agendas de cada uno de los integrantes del Comité Coordinador -en donde se acuerdan las propuestas e iniciativas de las instancias que forman el Sistema -.

Cada uno de los integrantes tiene la oportunidad de proponer los cambios que le urgen al estado para revertir la percepción de corrupción y la impunidad. Son importantes y de relevancia las iniciativas del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, del Poder Judicial del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y del Consejo de Participación Ciudadana.

En la planeación del CPC para 2020 y cuyas actividades se pueden seguir en el sitio
http://www.cpccoahuila.org.mx está el fortalecer la interacción con las organizaciones de sociedad civil, académicos, empresarios y a quienes se deseen sumar desde la ciudadanía, para lograr metas como la generación de canales y métodos de reportes, quejas o denuncias para que las personas desde sociedad civil, empresariado o del servicio público puedan señalar asuntos o ilegalidades en las que no están dispuestos a participar o tolerar, pero buscando garantizar la protección del denunciante.

Otro eje es la ética pública y la generación de una ruta de trabajo con el sector privado para la prevención de supuestos delitos de corrupción, pero enmarcados en lo que advierte la más reciente reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), porque también hay que generar pedagogía y narrativa sobre los alcances de la legislación, involucrando al mismo tiempo al segmento empresarial.

El objetivo: generar una política anticorrupción integral en el estado. Involucrar a las y los ciudadanos en las decisiones, la transparencia, los programas de auditoría, la construcción de procesos de colaboración en la vigilancia de la asignación de contratos, en el seguimiento a las sanciones y la recuperación de recursos malversados, etcétera. La ciudadanía está dispuesta a involucrarse y propiciar un cambio. Será crucial aprovechar la posibilidad de darle certeza al actuar de las autoridades para recuperar la credibilidad que no se tiene.


¡Les deseo felices fiestas!
18 Diciembre 2019 04:01:00
‘Indisciplina’ municipal
Uno de los graves problemas en las administraciones municipales en Coahuila es la “indisciplina financiera” que reportan al cierre de cada año en el rubro de servicios personales y beneficios a empleados. Este apartado incluye sueldos y pagos en nómina, y pese a lo que marca la legislación en materia de disciplina fiscal, y aunque las observaciones son señaladas por el órgano de fiscalización del Congreso del Estado de Coahuila, poco se hace para revertir desde el propio Legislativo estos señalamientos, que son ejemplo de malas prácticas en municipios.

En su Informe Anual de Resultados 2018, el auditor del Estado, Armando Plata, dio a conocer en el portal de internet
http://www.asecoahuila.gob.mx/ que la mayor parte de los municipios gastó más recursos de los que ingresó vía impuestos y aportaciones federales o estatales, lo que advierte de un serio desequilibro y fallas en la dotación de servicios y la atención de necesidades básicas que debe garantizar la autoridad de primer contacto, como es el Gobierno municipal.

En el informe sobre la actividad municipal, la ASE detectó, por ejemplo, que Arteaga, municipio de la Región Sureste de Coahuila, carece o carecía de un reloj para la verificación de entrada y salida del personal. El control de asistencia del personal de este municipio se hace o hacía, señala la Auditoría, “mediante listas de asistencias, lo cual constituye una actividad de control con un alto riesgo de ser manipulada, debido a que la operación es manual y por tanto más propensa a ser alterada”.

Falta de evidencias, soportes, gastos excedidos en contrataciones y pagos en nómina, además de omisiones que señala el documento que fue entregado el 16 de diciembre a diputados locales, es parte de lo encontrado en la fiscalización de municipios como Monclova, Torreón, Piedras Negras, Parras de la Fuente, Monclova, Ramos Arizpe, y así otra decena de ayuntamientos donde las fallas en el control del gasto están señaladas en el Informe Anual, el cual tiene varios apartados y que vale la pena revisar no solo por parte de quienes están vinculados a esta materia, sino por ciudadanos, colectivos, académicos, universitarios, ciudadanos, empresarios, etcétera.

Si bien se trata de información densa, técnica y albergada en varios centenares de páginas, es importante conocer los resultados de procesos de revisión, porque además la información coloca sobre la agenda fallas graves y posibles hechos de corrupción en municipios, debido a la repetición de las omisiones en el gasto y el desaseo con el que se ejercen las sumas de dinero que llegan a las arcas municipales, o estatales, vía el pago de impuestos.

Recomiendo leer el Resumen Ejecutivo (78 páginas) de este Informe Anual, que propone un tema por demás interesante: ajustes en los mecanismos de selección y designación de cargos municipales, como los de contralor municipal, tesorero y secretario del Ayuntamiento, a fin de que los perfiles sean compatibles y con solvencia técnica para el desarrollo eficiente de las obligaciones de ley, porque es evidente que el problema radica, en buena medida, en este punto.

Y remata el texto: “además, resulta conveniente analizar que sea el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) el responsable de coordinar el proceso de capacitación y profesionalización de los funcionarios responsables de los caudales públicos de las entidades de Coahuila, con el fin de que expida una certificación obligatoria para quienes sean los administradores de la hacienda pública”. Destacable y digno de un análisis desde el Comité Coordinador del SEA.

11 Diciembre 2019 04:05:00
Observatorio Ciudadano: Yamile
Yamile David Gallegos es activista, empresaria, es dura en su crítica, feminista y propone soluciones. Dice que ser parte del Consejo de Participación Ciudadana no es tarea fácil y que llevará años revertir los efectos de la corrupción en las entidades del país, porque no basta con pedir que los corruptos estén en la cárcel.

Estuvo en Saltillo el lunes pasado, en el Día Internacional Contra la Corrupción. Tiene más de 15 años de experiencia en la industria privada y el sector público, en las áreas de comercio exterior, desarrollo sustentable, desarrollo de turismo, logística, negocios y asuntos internacionales.

En 2010, Yamile crea la agencia G&C Metting Planner con el objetivo de impulsar el turismo de reuniones en el estado y el país, para así detonar la derrama económica y de generación de empleo e impacto social y en 2015 funda el Observatorio Ciudadano de Querétaro, con el objetivo de fomentar la democracia, la participación ciudadana, la transparencia y rendición de cuentas, a través de proyectos realizados entre las nueve universidades, cuatro cámaras empresariales y sociedad civil que integran el Observatorio Ciudadano, trabajando de la mano con las administraciones públicas municipales en el estado de Querétaro, bajo los ejes de integridad en el servicio público (transparencia y rendición de cuentas); equidad de género, seguridad, combate a la pobreza, uso eficiente del recurso público y anticorrupción.

Ella está dispuesta a colaborar con los sistemas locales anticorrupción, porque comenta que es una manera de unir esfuerzos y consolidar acciones de gran calado para controlar y prevenir la corrupción fortaleciendo las iniciativas que surgen desde los colegiados y de quienes integran el Comité Coordinador.

En su charla, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en Saltillo, Yamile dejó ir algunas frases que acapararon la atención del grupo que se interesó en la agenda del Consejo de Participación Ciudadana: “los ciudadanos debemos involucrarnos en problemáticas colectivas, en lo que hacen los gobiernos y en lo que se gastan los impuestos, porque solo de esa manera se puede incidir y proponer”.

Yamile es feminista. Cree en la lucha de los derechos de las mujeres y de los hombres como aliados. De eso también habló el mismo lunes, en un conversatorio donde los temas fueron: mecanismos de financiamiento para colectivos, las técnicas de investigación y documentación de temas, el trabajo visible y las formas de protección para las y los activistas.

Se trata de sumar, de llevar a la práctica acciones que busquen mejorar el desempeño y la vigilancia del quehacer de las autoridades, de los poderes, de las instituciones y de quienes ejercen gasto público. Se trata de señalar y de proponer. De ser ciudadanos informados, abanderando asuntos que pueden o no estar vinculados a la detección o sanción de la corrupción, pues también existen -y así lo explica Yamile -las agendas de género, ambientalistas, derechos humanos, etcétera. Pero a decir de Yamile David Gallegos, presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro, lo importe es ser una sociedad que señale errores, informada, participativa y dispuesta a orientar esfuerzos desde una visión de mejora en favor de las mayorías.
04 Diciembre 2019 04:00:00
Plataforma digital
La Plataforma Nacional Digital aún está en proceso. Y aunque los insumos principales como los datos de servidores públicos sancionados a nivel federal y en las entidades, las declaraciones patrimoniales, fiscalización, contrataciones, etcétera, no terminan de integrarse a esta herramienta de consulta y seguimiento, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, establece la creación de la Plataforma Nacional Digital como un mecanismo con capacidad de conectar datos e información contenida por diferentes sistemas electrónicos para prevenir, sancionar y alertar sobre posibles actos de corrupción.

Las características sobresalientes de esta plataforma digital son, entre otras, la integración de datos que estarán protegidos para evitar la alteración de contenidos, además de que se trata de un sistema electrónico construido para la colaboración con diversas instituciones gubernamentales.

A través del sitio plataformadigitalnacional.org, que aún está a prueba, se advierte que este tipo de recursos tecnológicos son de suma importancia para la sociedad, porque se ha dicho en las reuniones del Comité Coordinador (CC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que la propuesta facilitará el seguimiento y cruce de datos de la evolución patrimonial de las y los servidores públicos en los estados y en el país. Al menos es lo que se ha planteado desde el mes de marzo, cuando se aprobó un ajuste en la presentación de los nuevos formatos de las declaraciones patrimoniales que entrarán en vigor en unas semanas.

En la primera sesión extraordinaria del 21 de marzo de este año, los integrantes del Comité Coordinador del SNA aprobaron la modificación al Artículo Segundo Transitorio del acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y expide las normas para su llenado y presentación.

Por lo que el CC determinó que los formatos aprobados serán obligatorios para las y los servidores públicos al momento de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, una vez que se encuentren debidamente integrados y segmentados, que estén plenamente adecuados al marco jurídico y “que se garantice la interoperabilidad con el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la plataforma digital a que hace referencia la fracción I del Artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción”.

Y para lograr este objetivo, la presentación e implementación de los nuevos formatos para la rendición de declaración patrimonial y de no conflicto de intereses, no podrá exceder del 31 de diciembre de 2019. Así dicta el acuerdo.

La información de las declaraciones será pública a través de la Plataforma Digital del SNA. A partir del funcionamiento de este esquema –que se ve lento por parte de la Secretaría Ejecutiva Nacional –se podrán conocer versiones públicas de las declaraciones presentadas y se podrá detectar posibles irregularidades en el desempeño público.
27 Noviembre 2019 04:05:00
Buenas prácticas
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés USAID, y el proyecto Promoviendo la Transparencia en México presentaron una radiografía que desarrollaron las investigadoras Carmen Menéndez e Isabel Alduenda, sobre las buenas prácticas en la implementación y operación del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas locales.

El texto fue circulado a los integrantes de los consejos y comités ciudadanos de los sistemas nacional y locales anticorrupción, durante la Reunión Nacional de Consejeros Anticorrupción que se llevó a cabo hace unos días en la capital del país y en la que aproximadamente un centenar de ciudadanos estuvieron en esta jornada.

El estudio analiza desde los procesos de designación en el marco de los sistemas locales, los comités coordinadores, las secretarías ejecutivas, las comisiones de selección y las designaciones de las y los consejeros ciudadanos, hasta los reglamentos internos, de operación, así como los contenidos de legislaciones locales y sus reformas más recientes.

Agrega rubros como la toma de decisiones al interior de los CPC, las minutas, planes de trabajo, lineamientos internos, distribución de tareas por medio de comisiones, transparencia de las sesiones, esquemas de trabajo, mecanismos de vinculación con sociedad civil, sector empresarial y academia, por citar algunos puntos que abarca el escrito.

Del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila sobresalen temas como la recepción de documentación vía electrónica de las y los aspirantes a integrarse al CPC por parte de la Comisión de Selección, pues no todos los estados impulsan esta práctica; las reformas aprobadas en julio de 2019 en el Congreso de Coahuila, que garantizan la integración paritaria del Consejo de Participación Ciudadana; así como la transparencia en las actuaciones de los comités coordinadores de los SEA como requisito esencial para demostrar congruencia con los objetivos del Sistema Anticorrupción, lo que además de Coahuila ponen en práctica algunas entidades del país, al difundir en tiempo real las sesiones ordinarias y extraordinarias en su página de redes sociales.

Uno de los temas que subraya el estudio es la vinculación lograda con el Sistema Estatal Anticorrupción, la ciudadanía, academia y empresarios a través del desarrollo e implementación de la metodología del Reto de los 100 Días, donde por medio de USAID, el Instituto de Resultados Rápidos y las instancias que integran el SEA Coahuila, se lograron objetivos relevantes, tangibles y en corto plazo por medio de un trabajo interinstitucional y coordinado para el cumplimiento de metas planteadas desde una visión de sistema.

Otra buena práctica es someter la propuesta de Plan de Trabajo anual del Consejo de Participación Ciudadana, al escrutinio de las organizaciones de la sociedad civil, organismos empresariales, sector académico y personas interesadas en el tema. La meta es que se conozca el primer texto antes de su discusión y aprobación en el CPC, para ajustar las propuestas y acciones bajo las cuales se generarán agendas en un año, a fín de que estas sean medibles y sus resultados presentados a través de plataformas y medios electrónicos del colegiado. Y es en esta fase en la que se encuentra ahora mismo el CPC de Coahuila, que ha tenido y tendrá reuniones con estos segmentos de la población de las regiones en el estado, antes de someter a la aprobación del Consejo, el Plan de Trabajo del año entrante.


20 Noviembre 2019 04:00:00
Artículo 6 constitucional
Artículo 6: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se agrega en este mismo articulado, que “Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”.

Es importante que como ciudadanos estemos enterados de que preguntar es un derecho, y la divulgación o publicidad de las respuestas en una garantía plasmada en la Carta Magna, pues ninguna autoridad puede negar información sobre la forma y los mecanismos que usa cada oficina de cualquiera de los tres niveles de Gobierno, para utilizar los impuestos, ya que finalmente se trata del ejercicio de dinero público.

Hoy en día es cada vez más fácil acceder a datos, resultados, planes, procesos, investigaciones y proyectos o todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas de las y los servidores públicos, aunque claro está, sería importante revisar los estándares bajo los cuales las instancias de Gobierno diseñan y colocan a la vista del ciudadano, la información que es pública, siempre bajo un diseño que permita proteger los datos personales y la vida privada de quienes fornan parte de la estructura de Gobierno.

La transparencia y la labor de los órganos garantes –como el ICAI, en el caso de Coahuila, entidad que además forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción– está respaldada por el Artículo 6 constitucional y es considerada como parte de un derecho humano.

Ahora mismo, es más difícil que una dependencia federal, estatal o municipal niegue o matice datos que deben estar a la vista. Aunque por ejemplo, en el caso de las leyes locales que alcanzan a partidos políticos, sindicatos, universidades y otras instancias clasificadas como sujetos obligados, la transparencia debiera ser prioritaria para tener un gasto escrupuloso y abierto, bajo el cual se realice una correcta y eficiente distribución del dinero que llega a través del pago de impuestos.
13 Noviembre 2019 04:05:00
Rendir cuentas del fondo minero
En su sitio web, Fundar, que es un centro de análisis e investigación, junto a colectivos como Oxfam y CartoCrítica publicaron un documento -de recomendable lectura -que describe el origen y las consecuencias de las reformas propuestas por el Ejecutivo federal y aprobadas por el Congreso, a la Ley Federal de Derechos, con lo que cambió la naturaleza del Fondo Minero, que dejará de ser en 2020, un aporte para mejorar la vida de las comunidades y municipios mineros en México y en Coahuila que es una de las entidades con impacto negativo, por esta disposición federal.

La reforma limita, y en algunos casos elimina, las buenas prácticas como la participación ciudadana o de quienes habitan en municipios como Ramos Arizpe, San Juan de Sabinas, Sabinas, Ocampo, Castaños, Múzquiz, Progreso o Sierra Mojada, donde a partir del año entrante, no quedará garantizado el retorno del impuesto que aportan estas regiones de Coahuila y otras más en el país.

“El objetivo del fondo, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera”. Así se consigna en los textos que dieron inicio al fondo en las reglas de operación puestas en marcha para impulsar el ordenamiento en los años 2014 a 2018.

No obstante, con las reformas a la Ley Federal de Derechos, en 2020 se eliminará la disposición que vincula la aplicación del recurso generado por la minería a comunidades y municipios donde hay extracción, y se transforma de nueva cuenta el mecanismo para su ejecución con una aplicación sin transparencia o certeza sobre los criterios de asignación, los esquemas de participación en la asignación y monitoreo de los recursos, según lo menciona el análisis de Fundar.

La distribución del ingreso por este concepto fue del 77.5% que era asignado al Fondo Minero, se destinaba el 62.5% a los municipios que desarrollan la actividad y el 37.5% a la entidad federativa de la que se tratara.

Con la guía en web
https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Fondo-Minero_Posicionamiento_Nov04.pdf se pude acceder a un tema de relevancia, porque habla de las reglas de operación y del estatus de incumplimiento y/o de la poca o escasa transparencia en el ejercicio de los montos, que por años llegaron a Coahuila y a los municipios con vocación minera en el estado.

La organización subraya, que para inicios de 2019 las entidades federativas Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Sonora y Durango, y sus municipios dedicados a la extracción minera, habían reportado en promedio el ejercicio del 66% de los recursos recibidos, pero aún queda pendiente saber o tener información del destino del 34% de ingresos del fondo, esto es, alrededor de 3 mil 17 millones de pesos otorgados, en promedio, durante los cuatro años de ejercicio del fondo.

Con todo y esto, la falta de regulación y transparencia en la aplicación del dinero que llegó a las zonas mineras en los últimos años, Coahuila registraría en 2020 un impacto negativo en la economía de estas regiones que fueron beneficiadas con estos montos, debido a los cambios en la legislación federal.
06 Noviembre 2019 04:00:00
#EsJustoQueLoSepas
Si bien algunos especialistas opinan que la transparencia no es un elemento crucial para erradicar la corrupción en el país, sí debe considerarse como uno de los ingredientes primordiales para inhibir y detectar hechos o posibles actos ilegales en el servicio público, principalmente.

Hace algunos meses, en el Senado de la República, el colectivo #EsJustoQueLoSepas colocó una propuesta de reforma a la Ley General de Transparencia que implica obligar a los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias. Pero ¿cómo determinar el alcance de esta iniciativa?, ¿la protección a los datos personales? o ¿cuál sería la narrativa que determine si la sentencia es o no de interés público?

Actualmente los portales de las instancias encargadas de la impartición de justicia en Coahuila publican el número de expediente, la sentencia o el acuerdo y los nombres (no en todos los casos) de las partes interesadas o implicadas en juicios penales, familiares, mercantiles, etcétera.

México Evalúa publicó en su sitio web, esta reflexión con un ejemplo relacionado con un caso en el que el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ha venido trabajando en los últimos meses, como lo es la construcción de una redacción con la que sea posible definir detalles de cómo se fue articulando lo que podría ser una red de corrupción: el caso Infonavit Coahuila.

México Evalúa, que es un centro de análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental, describió que el caso Infonavit afectó a más de 160 mil derechohabientes en distintos estados de la República, “según reconoció el propio director general del Infonavit. Reportes de prensa mencionan que se identificaron víctimas en Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas”.

Los hechos fueron denunciados públicamente en Chihuahua en octubre de 2017, pero fue en diciembre por los xonsejos de la Judicatura de los poderes judiciales de Nayarit y Coahuila dieron a conocer que estaban investigando y habían suspendido a algunos funcionarios judiciales por la aparente participación en casos de despojos fraudulentos de viviendas, por medio de la Estrategia DAVI, que en resumen afectó a la parte más vulnerable del Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda: sus derechohabientes.

A partir de esta reforma al Artículo 73 de la Ley General de Transparencia, la apertura llegará a los asuntos judicializados. Los colectivos en el país y en Coahuila han marcado una ruta que obliga a desplegar acciones bajo el principio de máxima transparencia, a operar los programas a la vista de todas y todos, a involucrar a la ciudadanía en el ejercicio del gasto público y los programas de beneficio colectivo, lo mismo que en contrataciones y compras a proveedores, etcétera. La cultura de la transparencia incide en el quehacer público. De eso no hay duda.
30 Octubre 2019 04:06:00
Consejeros ciudadanos no son policías
Los consejeros de participación ciudadana de los sistemas nacional y local anticorrupción no tienen función de policías. La preocupación principal de un colegiado en esta materia no debería estar sobre la carrera de ir por el reo de turno ni los escándalos mediáticos, sino en hacer prioritario el incidir en políticas públicas, impulsar acciones que en el sector público y el privado propicien incentivos para revertir las malas prácticas, incluso encaminados hacia la construcción de una narrativa de la eficacia que busca el conjunto de instituciones que son parte del comité coordinador.

Para el doctor Mauricio Merino Huerta, coordinador general de la Comunidad PIRC y la Red por la Rendición de Cuentas, el sistema nacional y los sistemas estatales no acaban de funcionar porque, contra toda lógica, no terminan de entender que su función no es de policías porque son instituciones que son parte de los sistemas y que poseen piezas clave de información respecto de la manera en que opera el conjunto del sistema de gestión pública.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho miles de recomendaciones concretamente sustentadas en los resultados de los procesos de fiscalización, en las que ha detectado oportunidades de desvío o para que las faltas se cometan, pero las tiene la ASF.

Es importante disponer de mapas de riesgo y de información que se pueda compartir u obtener a partir de los resultados del trabajo de órganos internos de control y de las resoluciones de juicios administrativos, de nulidad administrativa, que se llevan a cabo desde los tribunales de justicia administrativa, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la Guardería ABC, cuando el entonces ministro Arturo Saldívar (antes de ser presidente de la SCJN) realizó una “radiografía” de cada una las fallas que habían recorrido desde la concepción misma de las guarderías, los permisos, las revisiones, la instalación, etcétera, en una obra maestra de la descripción de las condiciones en las que se van fraguando hechos de corrupción y que pueden llegar, incluso, a la pérdida de vidas, como pasó el 5 de junio de 2009, en Hermosillo, Sonora.

Igual ocurre con las fiscalías especializadas y los órganos garantes de información que, con los datos que tienen, se puede organizar el material de análisis de riesgo para tener un mapeo y detectar los puntos de mejora y corrección en las áreas de Gobierno.

Merino fue enfático en su aporte durante el Octavo Seminario Democracias Capturadas, Desafíos para América Latina, que hace unos días se llevó a cabo en las instalaciones del CIDE, en la Ciudad de México. “Estos hechos, la obsesión por perseguir al corrupto de la semana, ha permitido que nos concentremos en casos específicos. Veamos a países en Latinoamérica cómo han caído jefes de Estado, estos países no están mejor que antes porque el castigo al corrupto no erradica el problema de corrupción que existe”. De ahí la importancia de saber qué es y qué alcance tienen los integrantes de la parte ciudadana de los sistemas locales anticorrupción. Están definidas en la Ley y tienen una función establecida para conservar su independencia y autonomía en la toma de decisiones. No es la de ser policías, la atribución de un CPC.
16 Octubre 2019 03:58:00
Función pública
No ir tapando pozos a “niño ahogado”, y priorizar las acciones preventivas en la ruta de anticorrupción es lo que marcó el discurso de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante su comparecencia ante senadores de la República, el lunes pasado.

Fue clara cuando dijo que “había dudas sobre la funcionalidad de la coordinación en el SNA”, al referirse al Sistema Nacional Anticorrupción que no termina de embonar en la 4T en el control, prevención y sanción de la corrupción como un asunto sistémico en el país. Porque quizá, y como lo han dicho los expertos, se piensa en la antigua figura de un zar anticorrupción o en una súper secretaria, que era lo que precisamente buscaron evitar quienes impulsaron la idea de que un ciudadano estuviera al frente de la coordinación entre las instancias obligadas a atender el tema en los estados, en un afán de evitar la captura, el goce de privilegios, la subordinación y la operatividad del esquema con tintes de persecución política.

De no ser por el senador tapatío Clemente Castañeda Hoeflich, la secretaria de la Función Pública se habría desmarcado del SNA y los sistemas locales. El legislador fue enfático al hablar de la coordinación que requiere el Sistema Nacional Anticorrupción del que es parte y en donde ocupa una posición la Función Pública.

La comparecencia de la doctora Sandoval Ballesteros sirvió también para saber que la ruta de la Política Nacional Anticorrupción está más bien la trazada desde el Programa Nacional de Desarrollo y no tanto desde el aporte de ciudadanos y de centros de investigación y de docencia, donde se delineó la propuesta de Política Nacional.

Ya lo decía Max Kaiser, quien hace un par de meses fue designado como presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, los sistemas locales anticorrupción deben fortalecerse y desde la sociedad civil, los sectores y la academia, es importante contribuir para los sistemas sigan adelante y no retroceder en el avance de lo que ya se tiene.

De ahí la importancia de que los consejos ciudadanos anticorrupción en las entidades incluyan en su agenda a los grupos de la sociedad civil, a integrantes de la iniciativa privada, académicos, legisladores y a quienes buscan fortalecer y abonarle a esta fase en la que se encuentran estados como Coahuila que, en el ranking nacional, observa importantes avances.

Es evidente la apertura y coordinación de los integrantes del Comité Coordinador del SEA Coahuila: el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI); del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefric).
09 Octubre 2019 04:00:00
Política estatal
La semana pasada escuchábamos en Saltillo, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, la ponencia que ofreció la doctora Lourdes Morales Canales, quien es profesora asociada al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde actualmente coordina la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), quien habló sobre el aporte ciudadano en los sistemas nacional y los locales, que luego suelen ser blanco de crítica constante de quienes no quieren que avance y se consolide la lucha contra la corrupción.

Lourdes Morales estuvo en la ciudad junto a la doctora Ana Elena Fierro Ferráez, quien es investigadora y coordinadora del Programa de Análisis Regulatorio del CIDE y Jaime Hernández Colorado, investigador del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC), quienes propusieron la ruta en la construcción de lo que será la Política Estatal Anticorrupción abarcando aspectos importantes para la entidad.

La metodología y los instrumentos de medición se explicaron en un taller que inicialmente impartió Hernández Colorado para las y los integrantes de las entidades que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, así como a miembros de la sociedad civil, académicos y de la Iniciativa Privada.

En el intercambio de ideas durante esta jornada, surgieron propuestas interesantes que irán delineando los ejes de la política estatal, que permitirá una medición de los objetivos que inhiban y prevengan este fenómeno, el de la corrupción, pues es indispensable ir a las causas del problema y no solo paliar las consecuencias, priorizando los actos punitivos como resolución del tema.

El objetivo de la medición será evaluar diferentes rubros, la existencia de elementos normativos, institucionales y de profesionalización en diferentes instituciones del ámbito estatal. Además, la meta es conocer las condiciones básicas para la rendición de cuentas y en otras áreas comentadas en estos talleres para la construcción de la política estatal anticorrupción.

El instrumento contempla indicadores que, por su especialidad temática, tienen variables que evaluarán condiciones específicas de las entidades estatales y los componentes normativos, los institucionales y los técnicos.

Es de subrayar que la estrategia tiene relación con la propuesta de Mauricio Merino, que dice que “la corrupción es la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas”.

02 Octubre 2019 04:00:00
Minería y corrupción
El lunes 23 y martes 24 de septiembre de 2019, estuvo en Torreón y en Saltillo, el investigador y académico Jesús Espinal Enríquez, quien participó en un panel en el campus de la Universidad Iberoamericana Torreón, junto a Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones de la Laguna, y Ana Yuri Solís, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción (Sea).

En Saltillo, Espinal impartió una conferencia sobre las redes de corrupción, las técnicas para el cruce de datos, enlaces científicos y estudios de largo plazo para detectarlas y desarticularlas.

En su ponencia en esta capital, el doctor Espinal Enríquez, quien aceptó la invitación del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, dejó en claro que la investigación académica sobre los nodos de corrupción en la administración pública y que puede o no involucrar capital privado, lleva tiempo y se requiere obtener información verificable para advertir sobre el involucramiento de varias personas para planear y consumar hechos de este tipo.

Espinal Enríquez dijo en su presentación en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que ahora mismo participa como parte de un grupo de expertos que recaban información de la operación de las minas en Coahuila, los servidores que aparecen en la línea de tiempo en fideicomisos y oficinas públicas, los empresarios y grupos que estudian y financian la extracción del carbón, para la obtención de datos oficiales y académicos relacionadas con el tema.

Frente a representantes del Centro Cívico de las Instituciones de Coahuila, del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la UAdeC, profesores, alumnos de universidades, abogados y servidores públicos de las instancias del Comité Coordinador del Sea, reveló que en las primeras investigaciones se determinó que las organizaciones delictivas supuestamente actúan dentro de una red de complicidad con beneficios grupales.

Se trata de un estudio realizado por colaboradores del Observatorio de la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con la Fundación Heinrich Böll y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y ésta última será la encargada de publicar en algunos meses un texto con el compendio de resultados de lo estudiado bajo una metodología científica de redes de corrupción en la Región Carbonífera de Coahuila.

Jesús Espinal Enríquez, colaborador del Observatorio de la Corrupción y la Impunidad de la UNAM, fue claro en dar a conocer que empresarios mineros, autoridades de los niveles de Gobierno y grupos delictivos, operan en red en esta problemática de corrupción que desde años enfrenta la industria del carbón y de la que mucho se ha documentado y sobre la que poco se hace para revertir lo que evidencia el estudio científico que elaboran investigadores foráneos bajo una visión de redes.
25 Septiembre 2019 04:01:00
Propuestas innovadoras
La selección de los tres primeros lugares del Segundo Concurso de Ensayo: “Justicia Administrativa y el Sistema Estatal Anticorrupción”, organizado por el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila y el Consejo de Participación Ciudadana, fue difícil frente a impecables textos con propuestas fundamentadas, serias y con sendos respaldos bibliográficos que advierten del interés y compromiso de la ciudadanía, académicos y servidores públicos locales y de entidades del país, por aportarle a la consolidación del sistema local anticorrupción.

Problemáticas como las debilidades en el acceso a la justicia administrativa, la necesidad de ampliar los mecanismos de control y profesionalización de las y los servidores públicos, el uso de las nuevas tecnologías para el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos desde una visión de combate a la corrupción y justicia administrativa, fortalecimiento del esquema de denuncia y la protección al denunciante, el resguardo y la protección de archivos, entre otros, fueron parte de los temas enlistados por los participantes que atendieron la convocatoria que fue abierta y ampliamente difundida en redes sociales y medios de comunicación.

Además de los autores locales, es importante decir que el TJA, recibió propuestas de residentes en la Ciudad de México, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Durango y Guanajuato, lo que habla de la importancia de este Segundo Concurso de Ensayo que ha cobrado relevancia a nivel nacional y que sin duda es una buena práctica que incentiva al ciudadano para conocer e informarse sobre estos temas.

Fui invitada como parte del jurado calificador este año y la realidad es que los trabajos que me tocó leer son muy interesantes. Incluyeron datos estadísticos y fuentes que respaldaron la propuesta de mejora para inhibir actos de corrupción en el servicio público e incluso hubo quienes fueron más allá, proponiendo revisión y reformas al Código Penal de Coahuila, en el apartado que investiga y sanciona hechos de corrupción.

Abogados, ingenieros, integrantes de colectivos, docentes, colaboradores en salas penales y administrativas en los estados del país, fueron parte de las profesiones de quienes enviaron sus trabajos. en el jurado calificador estuvimos periodistas, integrantes de la sociedad civil organizada, representantes del Congreso local y universidades. La deliberación fue amplia, pero los ganadores fueron los que, a votación del jurado calificador, resultaron entregas más completas, innovadoras y bien redactadas.

La premiación será en unos días. Es significativa la iniciativa del concurso y se demuestra porque hubo quienes a través de redes sociales y desde diferentes regiones de México, se entesaron y decidieron escribir sobre justicia fiscal y administrativa y de hechos de corrupción.

Enhorabuena a los organizadores y a quienes se interesaron y enviaron su propuesta.
18 Septiembre 2019 04:01:00
Nodos de corrupción, casos emblemáticos
En la llamada “gran corrupción” pueden estar involucradas autoridades de primer nivel en los gobiernos federal, estatal o en los municipios. Y lo mismo puede ocurrir con integrantes de la iniciativa privada para la asignación de contratos, renta de inmuebles, equipos, etcétera, que no deberían ser discrecionales o para los “amigos”.

Pero, ¿cómo definir la cuantía de la gran corrupción, las redes de corrupción y los beneficiarios finales, frente a casos emblemáticos en Coahuila, por ejemplo? Como la contratación ilegal de deuda pública, la inversión en obra sin procesos de licitación y a través de la adjudicación directa o invitación restringida, las compras que luego son observadas por el órgano fiscalizador del Congreso local y quedan con sanciones mínimas o perdones administrativos.

Ahí están las supuestas irregularidades en favor de líderes sindicales y fallas en los esquemas de pensiones, simulación de contratos; o la construcción y rehabilitación de inmuebles en favor de instituciones de educación superior bajo esquemas poco transparentes y alejados de la ética universitaria; aunque también están hechos señalados en medios de comunicación como el de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi) o la compra, venta y remate de casas de interés social y a través de despachos externos y empresarios desde programas como el DAVI, de viviendas Deshabitadas, Abandonadas, Vandalizadas o Invadidas, que operó el Infonavit principalmente en Coahuila y en Nayarit, que habría involucrado a jueces y funcionarios del Poder Judicial en la entidad.

En este último caso, el de Infonavit, el Consejo de Participación Ciudadana solicitó y logró hace unas semanas, una reunión con la presidenta del Consejo de la Judicatura, la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, con el objetivo de conocer el estatus de los servidores o exservidores públicos sancionados o separados del cargo, para continuar con lo que podría ser la desarticulación de una aparente red de corrupción en Coahuila.

Una más: El próximo lunes 23 de septiembre en Torreón, el Consejo de Participación Ciudadana del SEA Coahuila, llevará a cabo el panel Redes y Nodos de Corrupción en Coahuila: Casos Emblemáticos, estará Ana Yuri Solís, presidenta del CPC y del Sistema Estatal Anticorrupción (moderadora); Marco Antonio Zamarripa, director del CCI Laguna y Jesús Espinal Enríquez, del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) del área de Genómica Computacional y colaborador del OCI-UNAM.

En Saltillo, el martes 24 de septiembre, el doctor Jesús Espinal Enríquez impartirá la conferencia Redes Complejas de Corrupción ¿Cómo Prevenirlas?, en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del SEA, a las 11:00 horas, ambos son eventos abiertos y gratuitos.

11 Septiembre 2019 04:01:00
Declaración Patrimonial
Juan Pardinas, en el libro “La Sociedad Civil vs La Corrupción” de Alejandra Lajos, en la Editorial Grijalbo, habla de la renuencia de la clase política para adoptar con honestidad y bajo completo apego a la ley, a la obligación de rendir la declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, en lo que se conoce como la Ley 3de3, promovidas en el sitio http://www.3de3.mx y desde hace algunos años, entre candidatos, gobernadores y otras instancias.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila contempla sanciones a quien o quienes no cumplan con su declaración, ya sea inicial, por conclusión del cargo o la declaración anual.

Pero ¿cómo saber si la o el servidor público está diciendo la verdad en lo que envía a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas? Porque qué tal y que hace su declaración patrimonial a tiempo, pero en unos días recuerda que olvidó declarar algún ingreso extra, un terreno a nombre de su cónyugue, o una empresa en la que tiene invertido algún capital, y entrega un anexo.

Casos mediatizados en las últimas semanas en la prensa nacional y que ha puesto en jaque a titulares de la Función Pública federal, llaman a la reflexión de lo que debe o no debe ser la ruta de la transparencia y de rendición de cuentas de quienes ocupan una posición en la nómina del Estado, la Federación o los municipios.

Estos hechos, obligan a revisar los formatos que se tienen para la presentación de la declaración patrimonial que tienen los estados y contrastarlos con los propuestos por el IMCO y Transparencia Mexicana, por ejemplo.

La apertura de la Plataforma Digital Nacional, a la que le falta mucho para ser una herramienta de consulta y que opera en el sitio https://plataformadigitalnacional.org es una buena propuesta porque entre otros datos, se podrán conocer los registros de servidores públicos sancionados, las declaraciones patrimoniales (en cuando quede definido el nuevo formato), servidores públicos en contrataciones, etcétera.

Sin duda las declaraciones patrimoniales requieren formatos que permitan el cruce de información con datos almacenados por ejemplo en el Registro Público federal o de los estados, el Servicio de Administración Tributaria o Hacienda, incluso en la Comisión Nacional Bancaria, es decir que la declaración facilite el monitoreo de la evolución del patrimonio de las y los funcionarios. Es el ideal de los nuevos formatos, que en teoría y por acuerdo del SNA, deberían quedar listos para el 31 de diciembre de este año.

El entorno de lo público no se puede permitir la discrecionalidad o la opacidad, pues conduce a posibles deficiencias en el gasto y hacia una corrupción estructural.

Antes de cerrar su artículo, en este libro de muy recomendable lectura, Pardinas plantea una frase que en esta editorial retomo: “Como tantas cosas que pasan en este país, la sociedad civil ha llenado, de una manera constructiva, lo que debería haber hecho el Estado, como los formatos para la declaración patrimonial, de interés y la constancia de pago de impuestos”.
04 Septiembre 2019 04:01:00
Convocatoria abierta
Está abierta la convocatoria de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, integrada por nueve ciudadanos y ciudadanas. La convocatoria es para ciudadanos, en lo individual, así como a las instituciones y organizaciones públicas, privadas, sociales, académicas, empresariales, sindicales, profesionales y demás organizaciones de la sociedad civil, para postular candidatos a integrar el Consejo de Participación Ciudadana, órgano rector del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila.

El proceso es para elegir al nuevo Consejero Anticorrupción y está abierto hasta el próximo 9 de septiembre de 2019. Con base en los acuerdos publicados en el sitio web de la Comisión de Selección y a los que se puede acceder fácilmente
https://www.comisionseacoahuila.mx/index.html#calendario la agenda inició el 29 de julio con reuniones de la Comisión, con integrantes de la sociedad civil en el estado, para luego comenzar con la recepción de documentos de los interesados y digo de los interesados, porque hay que recordar que la Comisión formalizó un acuerdo que garantiza la integración paritaria del colegiado y dicha publicación aparece en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 15 de junio de 2018.

Lo anterior, además de la reforma al Artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción que fue publicada en el Periódico Oficial, el 12 de julio de 2019 y que va en la misma ruta visualizada inicialmente por la Comisión de Selección.

En la base novena de la convocatoria para el nuevo CPC, se establece que la presentación de candidaturas será del 14 de agosto al 9 de septiembre de 2019, y del 10 al 13 de septiembre de 2019 se llevará a cabo la revisión y evaluación de expedientes; en tanto que el 17 de septiembre de 2019, será publicado el calendario de entrevistas y, en su caso, la emisión del dictamen de rechazo de los expedientes que no hubiesen cumplido los requisitos que marca la convocatoria.

El 18 de septiembre se hará la invitación para el Foro de Consulta Ciudadana en el cual se escucharán a las y los representantes de la sociedad civil que deseen aportar información respecto de los candidatos a ocupar el cargo de consejero del CPC, y del 23 al 25 de septiembre, serán las entrevistas de los candidatos a ocupar una posición en el colegiado.
El 27 de septiembre habrá el foro de consulta para escuchar a la sociedad civil en relación con los perfiles de los candidatos a CPC, y la publicación de la terna para seleccionar al nuevo integrante del Consejo.

Finalmente, el 30 de septiembre será la sesión pública para seleccionar al nuevo integrante del CPC de entre quienes integren la terna final y se discutirá la fecha en la cual se tomará protesta al nuevo integrante, que será a más tardar el 5 de octubre y quien llegue será consejero por cinco años.
28 Agosto 2019 03:50:00
Órdenes, costumbres y caprichos
La discrecionalidad en el manejo de la nómina magisterial, el uso y abuso del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) son asuntos pendientes por atender y de regular de forma escrupulosa en el sistema educativo en el país y en Coahuila, que en la última medición de México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey aparece entre las tres entidades donde se destinaron las mayores cantidades de dinero a comisionados sindicales.

México Evalúa en su sitio
http://www.mexicoevalua.org describe en una muy completa infografía, lo que ocurre en el país y en cada estado que recibe ingreso federal a través del FONE, sin que a la fecha se hable del monto de aplicación, destino de los recursos, los beneficiarios y la regulación o recuperación de cantidades de dinero que se han entregado bajo mínimas condiciones de transparencia y en favor de los líderes gremiales.

http://www.escuelatransparente.gob.mx por ejemplo no permite una búsqueda de este tipo y aunque la secretaria del ramo en Coahuila tiene habilitado http://www.seducoahuila.gob.mx tampoco hay manera de conocer la ruta que sigue la distribución del FONE.

El informe nos advierte de la necesidad de revertir los índices de opacidad del presupuesto para educación en Coahuila, y es que la inversión en infraestructura y la cobertura en la entidad es un tema que no es cuestionable, no al menos en los niveles que lo está, por ejemplo, el aporte económico que llega, sin claridad alguna, a líderes y exlíderes magisteriales, que según el estudio de México Evalúa, aunque ha mejorado el uso de los recursos, aún se identifican irregularidades de comisionados sindicales que recibieron 137.6 millones entre 2015 y 2017.

Si bien en 2015, según lo menciona dicho compendio, la Federación ordenó centralizar una buena parte del pago de la nómina magisterial de Coahuila, para que el recurso no llegara al Gobierno estatal en un afán de regular la entrega de los montos, a casi cinco años de la disposición, la discrecionalidad en este rubro y el beneficio para secretarios generales y sus colaboradores cercanos, sigue así, sin cambios reales, sin que se tomen acciones de fondo o de largo alcance –como dicen los especialistas–.

A unos días del inicio del ciclo escolar 2019-2020, la agenda pendiente está en el gasto magisterial, en el pago de nóminas, pensiones y prestaciones para las y los profesores en Coahuila y en algunas regiones del país como Chihuahua y Aguascalientes que comparten con el estado, el liderazgo en el gasto poco transparente y sin apego a las reglas de operación de programas como el FONE.

Y solo para considerar. México Evalúa revela en este estudio, que además fue replicado por centros de investigación como el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., que de 2008 a 2019, las 125 denuncias presentadas por aparentes irregularidades en el uso de los recursos educativos del país siguen en proceso de investigación y “actualmente se sigue sin poder recuperar tres de cada 10 pesos usados irregularmente a través de este fondo”.


21 Agosto 2019 03:56:00
Municipios y el combate a la corrupción
Los municipios tienen obligaciones relativamente nuevas como la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. La responsabilidad de los 38 municipios en Coahuila implica el desarrollo de mecanismos que busquen prevenir, detectar y sancionar la corrupción, entendiendo este problema como un fenómeno complejo.

Será una estrategia que tome en cuenta las particularidades y necesidades de los ayuntamientos, cuya ruta deberá construirse en base a la cantidad de presupuesto anual que maneja, nómina, compras, número habitantes, contrataciones que realiza, ingresos propios, etcétera, para diseñar la integración al sistema.

Habrá que dotar de herramientas para que los responsables de ejercer el gasto en los municipios de Coahuila, puedan hacerlo con apego a la ley y evitar que por falta de equipos, personal capacitado y entendimiento de las nuevas responsabilidades municipales relacionadas con el Sistema Anticorrupción, esta parte se convierta en un mecanismo que no lleve a nada y que por el contrario, se agudicen los problemas que tienen y que han sido observados por el órgano de fiscalización del Congreso del Estado.

Utilizando la información que la Auditoria Superior del Estado ofrece a través del Informe Anual de Resultados y los avances de gestión, es posible identificar el grado de complejidad que se tiene en los municipios en cuanto a la aplicación del presupuesto.

A nivel nacional, los consejos y comités de participación ciudadana de los sistemas anticorrupción han abierto un debate sobre lo que es conveniente para involucrar a los municipios en el Sistema Estatal Anticorrupción. Se puede analizar la experiencia en el Estado de México donde se impulsó la instalación de los sistemas municipales que avanzan en sus procesos y operación.

Pero algunas entidades ponderan la geografía del estado, la cantidad de ayuntamientos o si se rigen bajo un esquema de usos y costumbres, para decidir la procedencia de instalar sistemas municipales anticorrupción, que incluirían un consejo municipal de participación ciudadana, por ejemplo. Pero el debate está abierto y lo cierto es que las legislaciones, incluyendo la de Coahuila, mencionan que los municipios deberán integrarse a las acciones del SEA.

Freddy Mariñez Navarro, del Colegio de Jalisco, señala en su aporte para el estudio “Gobierno local y combate a la corrupción, un nuevo diseño municipal en México”, auspiciado por el CIDE, la Comunidad PIRC y CONACYT, que para llevar a cabo este tipo de gestiones, los ayuntamientos requieren funcionarios públicos profesionalizados para un buen ejercicio de los recursos públicos, criterios de rendimientos bien sustentados, eliminar las fallas institucionales y administrativas como la opacidad, la corrupción, el conflicto de interés y los servicios inestables. Difícil cumplir con estos parámetros en los municipios de Coahuila, ¿no?
14 Agosto 2019 03:50:00
Corrupción que no se ve
Datos del Diagnóstico Estadístico de la Corrupción desarrollado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) señalan que una de las causas por las que una persona incurre en actos ilegales o de corrupción tiene que ver con la agilización de trámites en alguna dependencia u oficina pública.

Poco más de seis de cada 10 personas así lo advierten en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) 2016, cuyos datos aparecen en el estudio de la Sesea.

En la entidad, la obtención de licencias o permisos tiene 30.1% de incidencia y evitar la clausura de negocios tiene 28.2% de las menciones.

La corrupción de ventanilla es un problema grave en Coahuila. Es la corrupción que no se ve, en la que pueden intervenir pocas cantidades de dinero en operaciones difíciles de detectar y que representan sobornos y actos de simulación que afectan al ciudadano o al empresario.

Para especialistas en el tema, esto podría resolverse, o al menos disminuir, con la automatización de los sistemas para evitar el contacto de la o el ciudadano con el servidor público.

En Coahuila, el estudio menciona que, evitar las multas, pagar menos impuestos, obtener un servicio, evadir el cumplimiento de la ley o ganar contratos gubernamentales, son parte de las causas de corrupción en ventanilla propiciada por los requisitos y costos excesivos o por la restricción de horarios para realizar procedimientos en oficinas públicas estatales, municipales y federales.

La tendencia va rumbo a la implementación de nuevos esquemas de trabajo en oficinas públicas. Desarrollar procedimientos y plataformas para el inicio y la conclusión de peticiones o trámites ciudadanos, sin que sea necesario acudir a la dependencia indicada.

El objetivo es que no solamente se agilice la obtención de permisos o documentos, la realización de pagos, etcétera, en las dependencias de Gobierno, sino que el personal reciba capacitación en el uso de las tecnologías.

Pero, cómo lograr este cambio que le urge a Coahuila cuando, por ejemplo, para acceder a la licencia de conducir hay que hacer fila, cita y luego esperar una o dos semanas a que llegue el turno para obtener el documento o cómo llegar a un objetivo macro, si una revisión de un documento notarial o del Registro Civil puede llevar varios días o semanas.

El cambio de actitud y el compromiso con la legalidad es el ingrediente principal en el servicio público para revertir la percepción que señala la Encrige 2016. Pero es importante no generalizar, porque en honor a la verdad hay quienes están en la nómina de la Administración estatal o en los municipios y diariamente dan muestra de integridad y ética en el servicio público.
07 Agosto 2019 04:00:00
Maestros y alumnos honestos
En la antesala del ciclo escolar 2019-2020 en los niveles básico y universitario, lo mismo para investigadores y directivos de centros de enseñanza, no solamente en Coahuila, sino en el resto del país, más de un millón 100 mil alumnos, según el Concentrado del Sistema Educativo Coahuilense publicado por la Secretaría de Educación Pública, comenzarán una nueva etapa. La educación, la lectura, el conocimiento, la investigación y la información nos hace mejores personas y mejores ciudadanos (as).

Aunque en este nuevo ciclo escolar y nuevo semestre, para el caso de universidades y centros de investigación superior, habrá que preguntar, ¿cuál es la estrategia que implementará el Gobierno del Estado y en específico la Secretaría de Educación para garantizar un estándar ético y de honestidad entre estudiantes, maestros y directivos de los planteles, ya sean públicos o privados?

En Coahuila, los medios de comunicación han dado cuenta del aparente tráfico de plazas y ascensos en el sistema educativo promovido desde los sindicatos magisteriales, el supuesto cobro ilegal por dualidad de plazas en escuelas de nivel superior y violación a los derechos de niños y niñas en primarias, por citar algunos hechos que sin duda tienen origen en la falta de ética y de conductas honestas e íntegras.

El presidente del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) José Octavio López Presa, compartió a los colegiados del país una propuesta por demás interesante que ofrece la posibilidad de transitar en una ruta que permita la implementación de un modelo de Estándar Ético, que recoja valores que deben observar directivos, administrativos, investigadores, maestros y alumnos de las universidades y centros de enseñanza superior en México.

“Formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos de excelencia e integridad académica, útiles a la sociedad, con conciencia crítica, ética, social y ambiental, y comprometidos con la justicia, la cooperación y la solidaridad humana, así como contribuir con racionalidad, objetividad y veracidad en la generación y transmisión del conocimiento científico, también como al estudio de las condiciones y la solución de los problemas nacionales o globales, y difundir con mayor amplitud los beneficios del conocimiento científico y humanístico, y de la cultura en general, con responsabilidad social”, plantea la propuesta hecha por López Presa, a los Consejos y Comités de Participación Ciudadana en el país.

“La integridad y la honestidad universitaria implican citar las fuentes de ideas, textos, imágenes, gráficos u obras artísticas que se empleen en el trabajo universitario y no sustraer o tomar la información generada por otros o por sí mismo, sin señalar la cita correspondiente u obtener su consentimiento y acuerdo.

No falsificar, alterar, manipular, fabricar, inventar o fingir la autenticidad de datos, resultados, imágenes o información en los trabajos académicos, proyectos de investigación, exámenes, ensayos, informes, reportes, tesis, audiencias, procedimientos de orden disciplinario o en cualquier documento inherente a la vida académica universitaria”. Es promover la legalidad y no ser parte de la corrupción.
31 Julio 2019 04:03:00
Delatores
Relevante para el país resulta el incentivar la denuncia y más, bajo mecanismos de protección para quienes se atreven a decir: “aquí las cosas andan mal”.

Y mucho más importante para revertir los índices de corrupción, abusos de autoridad o actos ilegales en oficinas públicas, compras fuera de lo que marca la reglamentación, nóminas ocultas en sindicatos, partidos políticos o municipios, actos que se han denunciado desde diferentes plataformas, incluyendo claro, a los medios de comunicación que sin duda han influido sobre casos reveladores como la Estafa Maestra o el escándalo de Odebrecht.

El Sistema de Alertadores de la Corrupción que ha dado a conocer la Secretaría de la Función Pública federal es un esquema completo y novedoso que se puede consultar en el sitio alertadores.funcionpublica.gob.mx

La plataforma ofrece un espacio para denunciar actos de corrupción, bajo una suerte que incluso, algunos expertos han calificado como whistleblowers o “delatores”. Sobre la propuesta, agrupaciones de la sociedad civil han señalado que si bien es un mecanismo detonante para aumentar la denuncia, no queda claro el acompañamiento legal o de protección jurídica para quien decida alertar sobre posibles hechos de corrupción en las oficinas públicas de los tres niveles de Gobierno.

La Ley Nacional de Alertadores es un tema que agrupaciones civiles están impulsando en un afán de aportar medidas de protección para quienes denuncien. Asunto que seguro estará en la agenda de legisladores federales de la fracción mayoritaria en el Congreso federal.

No obstante, en Coahuila los ciudadanos disponen de espacios para enviar reportes y quejas por la vía electrónica, telefónica y anónima. Como la que se promueve desde el Sistema Estatal Anticorrupción en Coahuila junto con el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila (CCIC), en el programa de formación y canalización de reportes de posibles hechos de corrupción que puede seguir en este sitio: anticorrupcion.ccic.org.mx/

O también está la propuesta que surgió del Reto de los 100 Días, el mes pasado, impulsado por el Sistema Estatal Anticorrupción e instituciones como USAID y el Instituto de Resultados Rápidos, que derivó en una campaña de promoción de denuncia de faltas administrativas contra servidores públicos y delitos graves por hechos de corrupción, que incluyó la divulgación de infografías con datos y detalles para denunciar, con la advertencia de que en Coahuila existen mecanismos de protección al denunciante.

El Código Penal de Coahuila, en su artículo 365, señala que: “Se impondrá de ocho a doce años de prisión y de mil a dos mil días multa, a quien: ejerza represalia mediante violencia física o de cualquier otro modo, contra una persona o contra otra persona vinculada con aquella, porque la primera formuló una denuncia o querella”.

Pero lo censurable aquí es que, aunque la Secretaría de la Función Pública federal tiene un lugar en el Sistema Nacional Anticorrupción, ni una señal de inclusión o aporte le hizo al resto de los que integran el SNA y ya no digamos a la parte ciudadana del Sistema para conocer, colaborar y replicar la interesante propuesta. En resumen: ni volteó a ver al SNA.
24 Julio 2019 04:00:00
Corrupción en ministerios públicos
Hace unos días recibí algunos cuadernillos de la Guía Contra la Violencia de Género en Ministerios Públicos, y uno por demás interesante: Guía Contra la Corrupción en los Ministerios Públicos, que advierte que cada Fiscalía cuenta –en Coahuila desde hace unas semanas luego de los acuerdos del Congreso local –con una contraloría para sancionar a los MP corruptos o negligentes.

Impunidad Cero y Estrategia contra la Impunidad TOJIL coordinaron la elaboración de la Guía Contra la Violencia que se puede descargar y leer en la liga
http://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/107/contenido/1554241183B93.pdf

En 28 páginas las coordinadoras del proyecto: Adriana Greaves, Estefanía Medina e Irene Tello Arista, describen las principales causas por las cuales las mujeres no denuncian agresiones físicas o sexuales de la actual pareja, novio, etcétera y entre los motivos están: por miedo a las consecuencias, por vergüenza, porque no saben ni dónde o cómo denunciar, por sus hijos, porque no querían que su familia se enterara, no confían en las autoridades, ni en el Gobierno y piensan que su pareja o cónyuge ya no va a cambiar.

De los principales delitos cometidos contra las mujeres del país y de Coahuila, Impunidad Cero y TOJIL mencionan en primer lugar la violencia familiar, las lesiones, hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, homicidio y feminicidio.

Pero ¿cuándo se considera una muerte violenta por razones o condición de género?

Es cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se le hayan realizado lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida; existan antecedentes de cualquier tipo de violencia en cualquier ámbito: el familiar, laboral o escolar entre el agresor y la víctima; que haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza; que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, por citar algunas características que obligan a las autoridades a clasificar este tipo de hechos como feminicidios.

Aunque la percepción es que no siempre quieren cumplir con esta fase de la investigación, porque luego el Estado evita ser boletinado o señalado con alerta de género.

Sin embargo, y el propio cuadernillo lo dice, existen instancias y leyes que en teoría deben procurar la atención oportuna y ágil de las mujeres que denuncian violencia familiar o agresiones de cualquier tipo.

Pero como muchas veces ocurre –y no quiero generalizar –resulta que desde policías, hasta los legistas o Ministerios Públicos revictimizan a la afectada: “Usted se lo buscó”, “¿Está segura de que quiere denunciar?”, “Para qué quiere la orden de restricción si luego lo va a perdonar”, pregunta el MP viendo los moretones, raspones y sangre en la cara de quien pretende poner un hasta aquí y romper el vínculo con la pareja, esposo o novio.

Hay que recordar que cuando un servidor público –incluyendo a los o las agentes del MP –incurre en una mala práctica o negligencia en sus obligaciones, se puede acudir a la Contraloría Interna de la Fiscalía General, en el caso de Coahuila. Los trámites deben ser gratuitos y sin contratiempos o burocratismos que terminan por desanimar a cualquiera.
17 Julio 2019 04:00:00
¿Transparencia suficiente?
Los resultados de la evaluación trimestral que presentó el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), revela que entidades que observan un 100% de cumplimiento en sus obligaciones en esta materia no se libran de los cuestionamientos de la sociedad y la opinión pública frente a casos que sobrepasan los escándalos mediáticos y que ponen en evidencia, un tema que hace días colocaba sobre la mesa la doctora Lourdes Morales Canales, profesora asociada del CIDE y coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC).

La doctora Morales comentaba en una de sus ponencias que no siempre el nivel de excelencia y cumplimiento de las reglas para combatir la opacidad, garantiza que en las entidades no existan problemas relacionados con compras o inversiones irregulares hechas con dinero público, contrataciones ilegales de personal o nóminas ocultas y gastos que no se llegan a comprobar en las revisiones o auditorías.

Sin embargo, no se puede negar que se trata de una buena práctica que regulan los órganos garantes y que de alguna manera inhibe y representa un mecanismo de prevención de posibles hechos fuera de la legalidad en dependencias estatales, municipales o federales. Pero la transparencia no lo es todo.

Basta con revisar los resultados del ICAI en su sitio
http://www.icai.org.mx/transparencia/19-articulos/articulo-36/100-vii-resultados-de-evaluacion con fecha de actualización del 5 de julio de este año, donde entidades como el Poder Judicial aparecen con una calificación máxima, lo mismo que otras oficinas estatales como la Secretaría de Finanzas, de Infraestructura o de Salud que se acercan al 100% de la excelencia en cuanto a la transparencia que exige la legislación local.

El 100 de calificación no empata con los cuestionamientos que aparecen en medios de comunicación impresa en Coahuila y la Región Sureste del estado, por la aparente falla en los procesos sancionatorios contra servidores o exservidores públicos, el estatus del proceso de modernización y automatización de los sistemas de impartición de justicia y prestación de servicios cuando se habla del Poder Judicial.

En las últimas semanas, temas como lo que podría ser una red de corrupción en el caso de Infonavit o las inversiones en la desaparecida financiera Ficrea, siguen en la agenda pública y contrastando las cifras o las buenas calificaciones que obtuvo el Poder Judicial en transparencia. Si bien hay esfuerzos por mejorar y capacitar a quienes forman parte del Tribunal Superior de Justicia, falta por hacer en cuanto a la apertura y rendición de cuentas, incluyendo la mejora de mecanismos que logren prevenir nuevos casos como los que aquí he mencionado.

No es suficiente ser gobierno trasparente, abierto y dispuesto a mostrar todos y cada uno de los estados financieros, cuentas por cobrar o las compras y licitaciones que se hacen, sino que habría que estar dispuestos a ir más allá y permitir sin resistencias, que la ciudadanía logre involucrarse en serio en estos temas para devolver la credibilidad en las instituciones frente a los índices de impunidad y la falta de sanciones contra quienes cometen actos de corrupción en la entidad. Esto último es realmente lo más preocupante.
10 Julio 2019 04:05:00
Aceptar el reto
Fue una experiencia enriquecedora la coordinación de uno de los dos equipos del Reto de los 100 Días, como integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

El objetivo propuesto a principios de 2019 en el grupo fue “incrementar la resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa del SEA Coahuila”.

La semana pasada concluimos los trabajos. Cada viernes nos reuníamos en diferentes espacios que ofrecieron quienes integraron el equipo. Sesionamos en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva del SEA, en la Auditoría Superior del Estado, el Poder Judicial, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila y el Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la UAdeC.

En cada reunión estuvieron representadas las siete instancias del Sistema Anticorrupción, lo fortaleció el debate y las aportaciones para detonar procedimientos, metodologías e innovaciones, a la par del cumplimiento de las metas principales que recaían en la Secretaría de Fiscalización y en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Coahuila.

Las dos metas fueron rebasadas en el tiempo planteado por el proyecto Promoviendo la Transparencia; de USAID, y por el Instituto de Resultados Rápidos.

La Sefirc se propuso en 100 días resolver 35 procedimientos de responsabilidad administrativa, mientras que el Poder Judicial se fijó como meta resolver 48 casos, incluyendo seis procedimientos de alto impacto. En ambas instancias se superó la cifra, puesto que la Secretaría de Fiscalización alcanzó 50 resoluciones, contra 22 expedientes que resolvió en el mismo periodo, pero de 2018.

El Poder Judicial registró 66 resoluciones hasta el cierre del Reto de los 100 Días, que vale la pena decir, es el primero en anticorrupción que se concluye en México, ya que en este momento Jalisco es otro de los estados que desarrollan el mismo esquema de trabajo.

Además, las innovaciones que surgieron como parte de las minimetas del Reto, como lo son la creación de la Unidad de Notificación en el Poder Judicial, la oralidad en el desahogo de pruebas, la recepción de queja anónima y la Unidad Investigadora de Responsabilidades Administrativas y por parte de Sefirc están los exhortos derivados de prescripciones y la plataforma de seguimiento a los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los OIC, este último un mecanismo en el que el personal de la Secretaría Ejecutiva jugó un papel importante para concretar esta parte de los procesos.

Esto, al mismo tiempo del lanzamiento de infografías que fueron socializadas junto a una campaña en medios electrónicos, sobre la ruta que puede seguir un ciudadano para denunciar a un servidor o exservidor público por faltas administrativas y/o delitosgraves.

Debo reconocer el compromiso de los integrantes del equipo, en el Reto Anticorrupción: César Revilla, Reynaldo Rosas, Francisco Rangel, Rodolfo Gutiérrez, David Gil, Larissa Esparza, Perla Nájera, Sandra Pérez, Ely Reyes, Mariana Pechir, Héctor Nájera, Beatriz García, Alejandro García, Lorena Ramos Valdés, David Franco Chichao, Ludivina Leija e Isidro Cruz.
03 Julio 2019 04:04:00
Fiscalizar el dinero público
La alternativa más consolidada para la detección, control y sanción de la corrupción no solo en Coahuila, sino en el país, es el fortalecimiento de las entidades que integran el Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción, que en su configuración incorporan la figura ciudadana como el eje central de la coordinación de esfuerzos de las instancias que son parte del Sistema.

Como lo son, en el caso de Coahuila, la Auditoría Superior del Estado (ASE); el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI); la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción; el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA); la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (Sefirc) y el Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

En su libro “Visión Integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”, el abogado y especialista en temas de fiscalización, Alejandro Romero Gudiño, detalla la función específica del papel que juegan las auditorías superiores en los estados, como instancias de control del gasto público y la detección de posibles irregularidades que de no ser solventadas, derivan en denuncias o sanciones penales contra colaboradores o excolaboradores de las administraciones municipales y estatales.

En el texto de 615 páginas –una lectura altamente recomendable –en uno de sus capítulos retrata muy bien los objetivos de los órganos internos de control y la responsabilidad que recae en la Auditoría Superior del Estado.

Romero detalla que “el control interno tiene más que ofrecer que un predecible y obligado esquema de confrontas, es una herramienta que permite la rendición de cuentas del sector público. El control interno es la parte esencial o el sinónimo de gobierno del Gobierno”.

El poder, si es controlado, deja de ser absoluto.

El poder controlado está intrínsecamente sometido a la obligación de rendir cuentas, de justificarse y de establecer un diálogo frente a otro poder que lo limita. Es ahí donde los ciudadanos pueden ejercer ciertos medios de control del poder, de manera directa y por medio del cauce legal.

“Visión Integral del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción”, es una obra que describe técnicamente los tratados internacionales, legislaciones y rutas por las que puede transitar la consolidación de los sistemas anticorrupción en los estados.

Porque incluso, explica los tipos de sanciones que existen frente a una falta administrativa documentada y denunciada, o una falta grave que es sustentada e investigada por una fiscalía especializada.

Deontología (ciencia del origen y fin del ser), ética profesional y códigos de honestidad, son parte de lo que enlista el también académico de la Universidad Anáhuac y Panamericana, quien asegura que la capacitación y evaluación constante de quienes integran el servicio público municipal, estatal o federal, debe estar regulado para evitar situaciones como las redes de corrupción que han salido a flote gracias al trabajo e investigaciones de medios de comunicación.

Finalmente ¿Qué puede contribuir a reducir la corrupción? El autor asegura que: 1.-Participación ciudadana; 2.- Auditorías eficientes; 3.- Modernización administrativa; 4.- Generar una cultura de transparencia y 5.- La rendición de cuentas.
26 Junio 2019 04:03:00
Van contra cancelación de obra
En ruta con la postura de Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Coparmex, contra la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, empresarios de Coahuila, especialmente de Torreón, junto con un grupo de abogados en la Comarca Lagunera, analizan ahora mismo los pros y contras de la promoción de amparos por el ajuste en la propuesta original del Metrobús.

Los inversionistas reconocen que al igual que en la capital del país, si comienzan los señalamientos o advertencias contra los dueños del capital en la zona de La Laguna que involucra a Coahuila y a Durango, los colegios, barras, grupos y colectivos de abogados entrarán al quite, frente al antecedente que existe y que ha trazado en la última semana la Barra Mexicana y Colegio de Abogados A.C. en el país.

La decisión de cancelar una obra que facilitará la movilidad de las personas en Torreón y municipios de Durango, no es asunto menor. Y en eso reflexionan empresarios locales, que saben que al ampararse podrían ser blanco del escarnio de grupos que apoyan las decisiones presidenciales.

Hay que recordar que en Gómez Palacio, Durango, hace unos días se sometió a votación a mano alzada la posibilidad de cancelar o continuar con el proyecto del Metrobús para las ciudades de Gómez Palacio y Lerdo, Durango. Al pedir que los que estuvieran a favor de anular el proyecto levantaran la mano; resultó que la mayoría hizo lo propio y ganó esa opción.

Lo anterior, luego de manifestaciones en contra de la inversión que ya está en marcha en Torreón.

La determinación propició que abogados analicen la posibilidad de ir al amparo, incluso hay quienes estiman necesario recurrir a instancias internacionales para frenar esta postura que a decir de líderes de cámaras empresariales, representará pérdidas por varios millones de pesos que en nada le abonan al desarrollo en la Región Laguna de Coahuila y Durango.

Sin embargo, es importante mencionar que luego de que se diera a conocer la decisión de la encuesta a mano alzada, el Gobierno de Coahuila difundió un comunicado en el que revela que el proyecto en lo que respecta a la entidad, sigue en firme.

Pero lo que calculan quienes analizan la ruta legal para revertir la medida que podría limitar el desarrollo de una inversión de largo aliento y con objetivos específicos en materia de movilidad urbana y crecimiento económico, son los señalamientos que pueden surgir desde la capital del país en contra de quien o quienes se oponen a lo ya evaluado.

Aunque como dicen “el que nada debe, nada teme”. Y como lo ha venido aclarando el empresario De Hoyos Walter: “insisto categóricamente y digo que no tengo ningún interés económico ni tampoco político, es simplemente mi deber ciudadano de hacer valer el estado de derecho”.

Así lo ha dicho al hablar de que lo obligó a buscar detener la construcción en Santa Lucía.

19 Junio 2019 04:01:00
¿Por qué no denuncia?
El 16 de marzo de 2018, el doctorante David Franco Chichao presentó un avance de su tesis “Efectos de la Corrupción en la Economía Mexicana”. Y en este mismo mes, estará ofreciendo nuevos hallazgos de su tesis doctoral. La investigación y su enfoque, permite conocer a detalle la situación y la problemática propiciada por hechos de corrupción de la que se conoce como “de ventanilla”, en la que se ven inmersos servidores públicos en municipios, la Administración estatal y la federal.

Franco Chichao, quien por cierto ha estado trabajando y aportando su visión como académico del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en las sesiones de avance a las que ha convocado el Sistema Estatal Anticorrupción dentro del plan de acción para concretar el Reto de 100 Días, ha dicho que el abrir canales para que la ciudadanía denuncie, señale, cuestione y aporte para revertir los índices de corrupción e impunidad, es toral cuando se busca trazar una ruta en favor de las mayorías, de largo alcance y como sistema.

Las acciones en conjunto y coordinadas, son las que propician un mayor impacto social y más aun cuando se trata de un esfuerzo por tener espacios que faciliten e informen sobre los alcances y los mecanismos para denunciar o señalar un acto ilegal, relacionado con supuestos actos de corrupción en la función pública.

En una hipótesis del doctorante, refiere las causas primordiales por las cuales no denuncia el ciudadano, la o el servidor público, un particular o colaborador en una empresa proveedora de cualquier oficina estatal, municipal o federal, etcétera. Y es básicamente por tres razones: 1).- Considera que es un procedimiento inútil; 2).- No sabe dónde, cómo o ante quién denunciar y 3).- No tiene tiempo para dar seguimiento al hecho denunciado.

La ubicación de las oficinas involucradas en la prevención, detección, control o sanción de la corrupción en Coahuila, es importante que se conozca o al menos saber que se cuenta con una línea telefónica o dirección en Internet para acceder a más datos. Así como las leyes y el alcance que tienen, cuando se habla de delitos graves o faltas administrativas de servidores públicos y excolaboradores de áreas de Gobierno, e incluso del sector privado que también está observado por la legislación estatal en esta materia.

Informar es el objetivo de una primera campaña que en conjunto se impulsó esta semana y como Sistema Estatal Anticorrupción. Con infografías que facilitan al ciudadano el acceso a información sobre las formas de denuncia, los delitos y la explicación resumida de lo que es una falta administrativa o un delito por hechos de corrupción.

Es una actividad importante cuando se señala la necesidad de informar sobre los cómo y a quién o a quiénes se puede señalar por este tipo de ilícitos y los mecanismos de protección que existen para el denunciante.

Es una estrategia inicial de socialización sobre la denuncia, para saber cómo se configuran los delitos, quién recibe la denuncia o documentos, las faltas administrativas y quién o quiénes las investigan o sancionan, además de que explican de manera concreta las rutas disponibles para sustentar lo que se señala.
12 Junio 2019 03:55:00
Gasto en nómina contra inversión
En la Jornada de Monitoreo y Evaluación para el Combate a la Corrupción en Coahuila, Lourdes Morales Canales, profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y directora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), habló en Saltillo de un tema que refleja la posible falta de regulación en municipios y que tiene que ver con el gasto en servicios personales y la inversión pública que cada año reportan ayuntamientos en el país y en Coahuila.

En su ponencia y como parte de la agenda desplegada desde la Auditoría Superior del Estado, Lourdes Morales mencionó lo que llamó el abuso del lenguaje legalista en los discursos y políticas tendientes a prevenir o controlar la corrupción en México.

Ya que se piensa que la arbitrariedad en la interpretación de la ley es un factor que incentiva la corrupción y “¿qué pasa cuando las leyes están mal hechas, cuando las leyes son diseñadas a modo?… es cuando ese discurso se acota, porque hay un tipo de corrupción que se llama corrupción legal y que son espacios que permite la ley para el abuso de la discrecionalidad o para el uso del recurso público, eso nos preocupa”.

La investigadora del CIDE colocó otro asunto que incluso en este mismo espacio editorial, habíamos comentado. Y es el manejo de los recursos y el “desorden” en el gasto que observan rubros como el de servicios personales en las ciudades, que tiene que ver con la nómina y contratación de colaboradores, y la disminución en la inversión de obra pública municipal.

Y es que basta con revisar por ejemplo, el más reciente Informe Anual de Resultados, el que corresponde al 2017 –que es un documento público –presentado por la Auditoría Superior del Estado (Coahuila), en donde se puede acceder al Informe de Resultados de la Gestión Financiera de los Municipios, que detalla aspectos como la necesidad de que algunos municipios implementen acciones de austeridad y ahorro en su burocracia.

De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2017, se puede señalar que el municipio de Progreso es el que tiene menor proporción de gasto destinado a servicios personales, con 13 por ciento. Mientras que en Sacramento el 67% del gasto es para sueldos. En total, los 38 municipios gastan 33 pesos de cada 100 en este rubro.

Un tema complejo y en el que habría que trabajar una estrategia conjunta para revertir estos índices que pueden o no ser una limitante para obras como la pavimentación de calles, introducción de servicios de agua potable, seguridad, energía eléctrica, bacheo, etcétera.

La plataforma incluye indicadores como el presupuesto municipal en infraestructura. En el Informe y de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública del mismo año, se observa que el Municipio de Progreso es el que más gastó en obra pública con un 73 por ciento. Pero, en Lamadrid, el 2% del gasto se fue para servicios que requieren los habitantes de esta localidad. La cifra global en municipios es del 25%. Menos obra pública, más gasto en servicios personales.
05 Junio 2019 03:45:00
Amnistía o perdón fiscal
Recientemente Fundar, que es un Centro de Análisis e Investigación creado en enero de 1999 con el objetivo de desarrollar mecanismos para la participación ciudadana, publicó en su portal un análisis en el que explica los alcances y el impacto de los impuestos condonados por el SAT, en los últimos años a empresarios de diferentes regiones del país. Fundar revela que de 2007 al 2018 fueron cancelados poco más de 400 mil millones de pesos a 153 mil contribuyentes.

Y de este grupo, 45 concentran 33% del total del monto que fue “perdonado” y los nombres no pueden ser revelados por haber promovido juicios de amparo, lo que supone que los principales beneficiarios de este tipo de acuerdos, son grandes empresas y consorcios.

En el sitio
http://privilegiosfiscales.fundar.org.mx es posible acceder a nombres y datos, montos y estatus de quienes obtuvieron la anuencia de la autoridad federal, para no pagar una parte o el monto total de sus obligaciones con el fisco. Y es que como lo consigna esta misma publicación, “en México el sistema fiscal es utilizado para dar más beneficios a las personas y empresas que más tienen”. Pero, ¿qué es la amnistía fiscal? Se trata de uno o varios programas oficiales que no tienen una larga duración, pero que ofrecen diversos incentivos para quienes presentan rezago en el pago de impuestos, con el fin de que se pongan al corriente y regularicen su situación.

Pero para que este esquema sea efectivo, este tipo de condonaciones debe hacerse de manera esporádica, pues de otra manera los efectos tendrían un efecto contrario y discrecional.

Sin embargo, al cancelar adeudos fiscales, el SAT suspenderá los cobros a quien se logre acoger a este programa de condonación que no elimina la deuda de los contribuyentes principalmente de empresas o grandes firmas, porque en cuanto tengan dinero las autoridades volverán a cobrar, pero en la práctica esto casi nunca ocurre. Fundar pone sobre la mesa un tema que involucra la ética, la integridad y la honestidad de quienes aportan el capital y las grandes inversiones –detonadoras de economía en las regiones de los estados–. Pero deja en claro que algunas personas y empresas inexplicablemente o porque así lo establecen los mismos decretos y legislaciones federales, han logrado acceder en varias ocasiones a los programas de amnistía fiscal para evitar el cobro de impuestos, no por atravesar por una crisis o estar en quiebra.

Y lo criticable es que no se conozcan los detalles de estos esquemas porque particulares recurrieron al amparo para evitar que la autoridad federal o del propio SAT revelara sus nombres y el monto de lo condonado.

Hay que resaltar que si bien en el estado como en otras entidades, la vocación es industrial, comercial, ganadera o enfocada a manufactura automotriz, los beneficios de los gobiernos pueden o no ser permanentes para garantizar la estadía de las compañías por el crecimiento económico que le imprimen a la zona y a los municipios. Lo ideal será transitar hacia un nivel máximo de transparencia tanto de los montos, el beneficio y la temporalidad de los mismos.

Es crucial la existencia regulada y abierta de programas de atracción de empresas y nuevas inversiones en cualquier entidad o desde la Federación, puesto que ahí estriba el desarrollo y la posibilidad de acceso a una mejor calidad de vida de las y los mexicanos.
29 Mayo 2019 03:50:00
Beneficiario final y redes de corrupción
El sistema bancario en el país es considerado por especialistas el principal protector de empresas y emporios vinculados con temas de corrupción y lavado de dinero en el país. Entre el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria está la información que podría detectar a tiempo operaciones ilícitas que involucran dinero público antes de que todo acabe en un escándalo mediático, enmarcado por la estridente solución que ofrecen quienes quieren seguir en la política a costa de lo que sea.

Los datos sobre la constitución de una empresa, nombres de los accionistas, el monto de las acciones aportadas por cada uno, si están dentro o no de un fideicomiso y sus beneficiarios, además de quienes ejercen el control de la persona jurídica, mandatos, capital y nombre de la empresa, así como el país donde se constituyó, domicilio social, razón social y capital social en relación con las entidades que conforman al grupo empresarial, nombres de quienes integran el Consejo de Administración –no sus representantes–, gerente, libros contables, notarios, son parte de los requisitos que las leyes mexicanas exigen a las empresas al constituirse, para facilitar el rastreo del beneficiario final.

Pero, tal parece y luego de acontecimientos que incluso en días recientes habrían alcanzado a exfuncionarios de Coahuila, la ley –como casi siempre pasa– es letra muerta. Porque para dar con el nombre de quién o quiénes realmente operan –por ejemplo –una empresa “fachada” o una compañía en donde quien se lleva la mayor ganancia es un servidor o exservidor público de cualquiera de los tres niveles de Gobierno, es una labor titánica, marcada por la resistencia, la protección y discrecionalidad de quienes son parte de la red que gana con actos ilícitos, que siempre llevan a un mismo destinatario.

Para el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, el 14 de septiembre de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo sobre el Análisis para la Identificación y Transparencia del Beneficiario Final en México, que se rige bajo ciertos principios entre los que sobresalen el de identificación, colaboración, transparencia, veracidad en la información y prevención, por citar algunos que están en dicho texto.

Dato interesante es que este tema el del “beneficiario final”, se torna relevante porque hacia allá irá la estrategia de la 4T. Basta con dar una leída a las notas que dieron cuenta de la crónica y las declaraciones de Santiago Nieto, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales en el sexenio pasado y actual director de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien amagó sobre este asunto durante la presentación del libro Sin Filias ni Fobias, Memorias de un Fiscal Incómodo, que presentó el lunes en Monterrey.

Nieto, en su visita a Nuevo León, recordó el caso Odebrecht y su beneficiario final: “habíamos detectado operaciones de empresas ‘fachada’ en Poza Rica, donde recibían recursos en Panamá; este caso era muy bonito porque los dueños de la sociedad mercantil eran un vendedor de seguros y un despachador de gasolinera, ninguno tenía pasaportes, pero recibieron un millón de dólares en Panamá, la búsqueda del beneficiario final es cuando se generan los mecanismos para encontrar la red de corrupción y el apoderado que movía los recursos, esa persona se llama Emilio Lozoya (exdirector de Pemex)”, (Milenio, 27/05/2019).
22 Mayo 2019 03:02:00
Los abogados y su ética
Los abogados en México juegan un papel importante a la hora de garantizar el estado de derecho en este país. Según datos del Inegi, la mayoría de los egresados de las escuelas de Leyes colaboran en áreas de Gobierno, imparten cátedra, asesoran negocios y comercios o se dedican al litigio y por lo tanto, entran en contacto constante con servidores públicos principalmente en áreas de impartición de justicia, como juzgados, agencias del Ministerio Público, fiscalías, policías municipales, por citar algunas.

Pero, ¿Qué ocurre cuando un jurisconsulto ofrece y entrega un soborno a un funcionario público para que le agilice el trámite, la audiencia, la sentencia, la autorización y ya no digamos, que favorezca a una de las partes sin que la decisión sea necesariamente apegada a derecho? Se configura entonces un acto ilegal, un acto de corrupción.

Hace unos días, en su visita a Coahuila, el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa, habló del tema y en su discurso en Saltillo, reconoció que la abogacía es una de las profesiones que tiene o puede tener, al menos a nivel de percepción, una clara tendencia a participar o incentivar actos de corrupción. Por lo que López Presa llamó a iniciar una cruzada para registrar en una plataforma digital y de fácil acceso, a los licenciados en derecho en México, para que firmen y se adhieran al acuerdo de cumplimiento de un Estándar Ético para Ejercer la Abogacía.

En cuanto la o el abogado ingresa su nombre, número de cédula profesional, la universidad en la que estudió, donde radica, etcétera, en automático el sitio
https://abogacia.firmamex.com, los conduce hacia un apartado que señala “…me comprometo a desempeñar mi profesión en estricto cumplimiento a los principios fundamentales de la ética e integridad: diligencia, probidad, buena fe, libertad, independencia, justicia, lealtad, honradez, dignidad, respeto, legalidad, transparencia, honestidad y profesionalismo”.

Abogacia.firmamex.com es un sitio abierto, gratuito y que permite al ciudadano o ciudadana, acceder a una base de datos y verificar si el abogado que ha contratado para algún servicio, o si el nombre de un litigante que conoce está o no en este registro que incorpora y compromete a este segmento de profesionistas, a ceñirse a lo que manda la Ley e impulsar las buenas prácticas.

Ahora mismo, si usted que lee estas líneas desea saber si tal o cual abogado litigante, representante en una empresa o servidor público está inscrito en la plataforma, puede acceder desde su equipo móvil a https://abogacia.firmamex.com

Y si es que no aparece el nombre de su abogado o abogada, puede sugerirle que haga patente su compromiso contra la corrupción, firmando dicha carta compromiso. La suma de este tipo de esfuerzos dará como resultado el impulso de una cultura de integridad, de honestidad y ética en todas las profesiones. La página que anunció José Octavio López Presa en Saltillo, es una muestra de que el Sistema Nacional Anticorrupción busca disminuir al máximo las prácticas que fomenten la ilegalidad en la actividad pública y el sector privado en el país.

15 Mayo 2019 03:12:00
¿Gobierno eficiente?
“…Sin estadística eficiente no puede haber gobierno eficiente, puesto que no sería posible dictar medidas justas e inteligentes sin conocer la situación real del país”, Jesús Silva Herzog, I Reunión Nacional de Estadística (año de 1927).

En el Taller para la Construcción de Indicadores de Gestión que se desarrolla en Saltillo por parte del personal del Inegi del Estado de México y que esta tarde concluye con el cierre oficial que hará el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, José Octavio López Presa, uno de los temas torales es el análisis y las propuestas de metodologías para proponer objetivos medibles, en el diseño de las políticas anticorrupción en Coahuila.

Pero ¿para qué sirven las estadísticas oficiales?, ¿en qué pueden facilitar el combate o como dicen los expertos, el control de la corrupción en la entidad o en el país?

Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al Gobierno de sus tres niveles, a la iniciativa privada y al público, datos acerca de la situación económica, democrática, social, ambiental, laboral, de percepción de la corrupción, etcétera. Y en ello, en fuentes oficiales, es posible sostener estudios y metas que puedan ser cuantificables y evitar dar cifras “alegres” de temas complejos, pero sin una base metodológica que sustente los discursos que luego suelen tener fines mediáticos y políticos.

Jaime Hernández, Ivonne Arzate y Arnulfo García, integrantes de la Coordinación Estatal México-Poniente del Inegi en el Estado de México, hablaron de estos temas a funcionarias y funcionarios de las oficinas que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, en una agenda que inició el lunes 13 de mayo y que termina esta tarde. Cabe mencionar que es la primera ocasión que el Inegi imparte un taller de este tipo, con enfoque sistémico y con referencia en temas anticorrupción en el país.

Parece simple. Pero los indicadores de gestión facilitan y sustentan el acceso a una administración estratégica y a modelos que garantizan que el gasto y los impuestos, se destinan a obras que realmente se necesitan, y para tener inversiones que incluso, traspasan la barrera del populismo y los sexenios de colores distintos.

De ahí la importancia de las áreas generadoras de políticas públicas en las oficinas gubernamentales en temas anticorrupción, en un sistema que comienza a delinear lo que será la Política Estatal Anticorrupción que le dará rumbo a la exigencia de los últimos años: que se acabe o al menos, se controlen los índices de corrupción en las entidades y en Coahuila, donde los escándalos mediáticos están a la vista y con el riego de ser interminables si es que no se cuenta con esquemas de control que interactúen coordinados, no aislados y sin el celo de compartir información.

Algunas reflexiones a la hora de diseñar indicadores de gestión y recomendadas por el Inegi: 1.-Es necesario estimular la comprensión y el uso de indicadores; 2.- Mostrar los indicadores de manera atractiva al usuario y 3.- Cuidar el lenguaje que se presenta en los indicadores, ya que debe socializarse de manera clara y sencilla para su fácil comprensión.

08 Mayo 2019 03:34:00
298 menciones
En la Gaceta Parlamentaria del martes 30 de abril de 2019, quedó publicada la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. El documento de 225 hojas, describe los ejes principales y las acciones que marcarán la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El texto menciona 298 veces la palabra corrupción. Un asunto que desde la campaña el año pasado, de López Obrador, fue la principal oferta política de lo que sería su Gobierno.

Ganó en las urnas, obtuvo la mayoría de votos. Los ciudadanos le dieron el triunfo, con mayoría en ambas cámaras de legisladores federales. Ganó porque las acciones para erradicar, o como dicen los especialistas para controlar, prevenir y sancionar la corrupción, fueron planteadas para revertir las malas prácticas y desvíos del dinero público, sin un borrón y cuenta nueva.

Hoy la propuesta está en análisis. Esto, luego de los Foros de Consulta que alcanzaron a los estados del país, que llevaron a una conclusión que advierte del grado de la problemática que urge de apoyo y voluntad de los gobiernos, para impulsar políticas públicas que verdaderamente, y alejadas de simulaciones, hagan que este problema, el de la corrupción, se revierta en la Federación, los estados y
municipios.

En la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo se lee: “cuando el acceso a la justicia y la posibilidad de incumplir la ley con impunidad se convierten en un privilegio basado en el poder, se devasta el pacto social y se destruyen las bases de la gobernabilidad democrática”.

De ahí que el reclamo social y de los sectores sea una constante. Un discurso ácido y sin cortapisas frente a la decepción de las administraciones que no pusieron freno a las irregularidades que se iban detectando y frente a las que se guardó “prudencia”.

Y cómo no escuchar en esa tónica los discursos de activistas, de la sociedad y de empresarios frente a la evidente crisis presupuestal que se vive en los estados, que en buena medida podrían tener su origen en préstamos millonarios solicitados echando mano de trámites supuestamente ilegales y discrecionales; a las contrataciones de obra pública, compras y asignaciones directas “a los amigos”, conocidos, cercanos al grupo político en el poder.

Y no me refiero solamente a entidades como Coahuila, porque esta situación afecta a la mayoría de los estados y claro está, a las instancias que dependen de los gobiernos federal y los municipales.

No es posible impulsar iniciativas articuladas en un Plan Nacional de Desarrollo, si antes no se evidencia que existe congruencia y voluntad política para legitimar las acciones citadas en los ejes torales del texto que se publicó en la Gaceta Parlamentaria.

Y cerraría con una de las frases que sentencia este texto (página 25), “estamos empeñados, en primer lugar, en acabar con la corrupción en toda la administración pública, no sólo la corrupción monetaria sino la que conlleva la simulación y la mentira”.

Creo que la expectativa de quienes en el país forman parte de los consejos y comités de participación y de los propios sistemas locales anticorrupción, es que esa sea la ruta y que exista, insisto, congruencia plena.
01 Mayo 2019 03:55:00
Agenda pendiente
La designación de los titulares de los órganos internos de control (OIC) de organismos constitucionales autónomos sigue sin concretarse. Desde el 30 de octubre de 2018 se tomó un acuerdo por parte de diputados integrantes de la comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia del Congreso del Estado para seleccionar los perfiles idóneos de entre quienes cumplieron los requisitos marcados en la convocatoria para ocupar alguna de las posiciones que siguen vacantes.

Con base en lo que establece la Constitución Política del Estado de Coahuila, los organismos dotados de autonomía que deben contar con sus respectivos órganos internos de control son los siguientes: el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, la Comisión de los Derechos Humanos, la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, así como el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila, el Tribunal Electoral de Coahuila y la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, y luego de diversos y variados argumentos legales, en el dictamen llevado al Pleno del Legislativo se señala que “los titulares de los órganos internos de control que procede designar corresponden a las siguientes instituciones: Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, Tribunal de Justicia Administrativa, Tribunal Electoral de Coahuila y Fiscalía General del Estado”.

El acuerdo menciona que en el análisis de los documentos de quienes atendieron la convocatoria abierta están nueve personas que cumplieron con los requisitos para el perfil de contralor del ICAI; 14 para el Tribunal de Justicia Administrativa; cinco para el Tribunal Electoral y cuatro ciudadanos para el desempeño en el órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado.

No obstante, la propuesta inicialmente “empujada” por grupos de la sociedad civil, especialmente de la Comarca Lagunera y del propio Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, sigue sin avance y aunque el rezago en las designaciones no ha causado efectos negativos principalmente en las instancias que integran el Sistema Anticorrupción, sí conviene hacer un apunte en este sentido puesto que incluso el tema es de importante relevancia, tan así que es parte del análisis en las metas propuestas en uno de los equipos que son parte del programa que impulsa el propio Sistema Anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil, USAID y el Instituto de Resultados Rápidos, en el Reto de los 100 Días que se desarrolla ahora mismo y desde hace varias semanas en Coahuila.

Mucho se ha dicho de la necesidad de que los responsables de las contralorías sean designados bajo procesos abiertos, de competencia y transparentes. No que llegue el amigo del secretario en turno, el compadre del alcalde o el vecino de toda la vida de quien está al frente de una entidad autónoma.

Creo que el Congreso de Coahuila tiene una gran oportunidad en sus manos, la de tomar decisiones de largo alcance y que verdaderamente le abonan al combate a la corrupción en el estado.
24 Abril 2019 03:20:00
Activos recuperados por corrupción
En el Foro La Fiscalización Pública desde la Óptica de las Organizaciones de la Sociedad Civil, organizado por la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorias Superiores Locales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Eduardo Bohórquez fue claro en insistir en el desmantelamiento de redes de corrupción como acciones cruciales para el control de un problema que preocupa a los ciudadanos.

¿Cuántas redes de corrupción han sido desmanteladas?, ¿Cómo saber cómo y quiénes operan las redes?, ¿Quiénes están involucrados?, ¿Quiénes se benefician?, ¿El que sabe y omite denunciar la corrupción, también es parte de la misma red?, etcétera.

Hay muchas preguntas cuando vemos o escuchamos en los medios de comunicación, en la portada de un periódico, un escándalo que inicialmente parece que incluye a una sola persona, al que se benefició y está a la vista, cuando en realidad existen o pueden existir más implicados, servidores públicos o particulares que son parte de un supuesto daño al erario.

Más aún, Bohórquez, quien es director de Transparencia Mexicana, ofreció una ponencia en Puebla, frente a auditores, funcionarios públicos, activistas, integrantes de los sistemas locales Anticorrupción, legisladores locales y federales, empresarios, por citar algunos, y habló de la importancia del valor de que se conozcan los activos recuperados por casos de corrupción ya investigados y sancionados, bajo la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

Porque luego de las auditorías, las revisiones, notificaciones, investigación y sanción de hechos de corrupción, ¿qué sigue? Lo que sigue es decirle al ciudadano cuánto o qué se ha logrado devolver al erario por este combate a la corrupción dentro de la legalidad, la presunción de inocencia y el respeto a los derechos que todas y todos en una defensa a situaciones que se señalan o a la réplica de las acusaciones.

“¿Qué queremos que produzcan estas auditorías? Lo que importa es cómo cambia la vida a nivel per cápita en el país, estas auditorías o la investigación y sanción de la corrupción”, resaltó Bohórquez en su participación de hace unos días. Por cierto que ya en una charla al final de su ponencia, y junto a los integrantes del CPC de Puebla, Carmen Leyva y Alejandro Guillén, la coincidencia de Bohórquez fue que más allá de ir por indicadores y cifras, la parte ciudadana de los sistemas locales debiera impulsar el desmantelamiento de nodos de corrupción y decir al ciudadano cómo operan estas redes.

Decir cómo es que desde altos mandos, directivos, responsables de compras, egresos, designaciones, encargados de áreas de control, abogados, contadores o particulares, pueden o no estar relacionados para operar temas que luego redundan en grandes escándalos y ponen a prueba los mecanismos de revisión y la legalidad en cada oficina del Gobierno federal, estatal o los municipios, tal como ocurre con el caso de Infonavit que no solamente está siendo investigado por las autoridades de Coahuila, sino que abarca varios estados del país.

No hay pecado original en la corrupción. No es culpa de la población, es un problema político, de voluntades y omisiones graves, que tampoco se cura con la obtención de buenas calificaciones en estándares de transparencia.

Es más bien ir por una transparencia efectiva, reguladora de procesos, de compromisos y de una mayor participación ciudadana.
17 Abril 2019 03:35:00
‘Captura’ de instituciones
La corrupción es el principal problema del país y de la mayoría de los estados. Su persistencia merma la credibilidad de la sociedad en las instituciones y ha derivado en la falta de inversión, opacidad y discrecionalidad en el manejo presupuestal, asignación de puestos de toma de decisiones y en lo más grave, en la percepción de impunidad en los asuntos que mediáticamente han sido expuestos y de los que poco o nada se sabe sobre su resolución judicial.

Hace unos días, el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas (PIRC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentó el Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción, un compendio que resume las deliberaciones sostenidas por investigadores, académicos, empresarios, sociedad civil, que fueron convocados en 12 foros realizados por la Comunidad PIRC, entre septiembre y octubre de 2018.

De esta consulta, y como lo dijo Mauricio Merino en la presentación del Libro Blanco, lo que se busca es la reivindicación con la honestidad del país, con eficacia y con resultados que la sociedad espera de las instituciones públicas nacionales, estatales o locales. “Este es un ejercicio político, la consulta y este compendio que entregamos es de gran relevancia. Pero nos preocupa una doble tendencia que se ha venido configurando en el escenario nacional, nos preocupa la presión para insistir en que el combate a la corrupción equivale a meter a la cárcel a los corruptos y que no funciona el combate a la corrupción en la cárcel, es como si se buscara al corrupto de la semana, con nombre y apellido y ahí no está el verdadero combate a la corrupción, esa no debe ser la tendencia”.

Y es que la prevención, control y sanción de la corrupción, va más allá de tener al “corrupto de la semana”. La corrupción es un problema relacionado con la captura de instituciones, recursos y la toma de decisiones del Estado con fines particulares.

De las consultas que dieron origen al Libro Blanco se derivan cinco vertientes de investigación del problema: 1.- La corrupción en puntos de contacto e intermediarios (trámites de ventanilla); 2.-Profesionalización de puestos (asignación de cargos a “compadres”, amigos de partido, etc.); 3.- Responsabilidad pública, control interno y áreas de riesgo (generar sistemas de alertas); 4.- Redes de corrupción (interacción planeada de un grupo de servidores públicos y/o particulares), y 5.- Participación ciudadana y derechos humanos (incorporar a ciudadanos en la toma de decisiones).

La rendición de cuentas de la Presidencia de la República, gobernadores y alcaldes, es el eje principal de una política anticorrupción real y efectiva, porque el problema de la corrupción se manifiesta en la toma de decisiones discrecionales y sin control, lo que incentiva la captura del Estado.

El problema es grave y hay muchas resistencias, algunas sutiles, para iniciar el cambio y el control de la corrupción. Pero no crea, los gobiernos locales tampoco saltan de gusto con la implementación del Sistema Anticorrupción. Hay quienes le apuestan a la debacle del Sistema Nacional y de los sistemas locales para seguir operando presupuestos y programas con fines partidistas, para seguir colocando a “compadres” en puestos clave o para mantener una vida llena de lujos a costa del erario.
10 Abril 2019 03:20:00
Ir contra el sistema
Parece que la Presidencia de la República tiene serias, muy serias intenciones, de cambiar la estructura del Sistema Nacional Anticorrupción y por ende, el impacto de lo que para algunos expertos es inminente, alcanzaría a los sistemas locales que no terminan de configurarse.

Las declaraciones del coordinador de los senadores del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal Ávila, sobre las designaciones de los magistrados especializados en materia anticorrupción, obligan a una profunda reflexión. Porque si bien es cierto, y a principios de esta misma semana lo declaraba el presidente del Comité de Participación Ciudadana nacional, José Octavio López Presa, es necesario y urgen las designaciones de los integrantes de sala especializada porque además, así se concibió el Sistema Anticorrupción. Pero se mediatizó la idea de que este grupo de magistrados serían designados a conveniencia del Presidente y esto le restaría credibilidad a la encomienda que llevarían quienes serían (porque además, sigue siendo propuesta) los nuevos integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa federal.

Entre sus declaraciones, el también abogado zacatecano, hizo hincapié en algo que me parece grave y que no es la primera ocasión que se escucha en voz de los afines a la Presidencia de la República. Son los calificativos que le dejan ir al Sistema Anticorrupción, que insisto, no termina de configurarse en el país.

“El Sistema Nacional Anticorrupción no funcionó. Es una iniciativa con mucha burocracia. Hubo una gran expectativa, lo cierto es que no funcionó”, así lo declaró a un medio de circulación nacional, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

Me parece que de entrada, el modelo aporta un ingrediente que no se tenía ni en las propuestas iniciales de crear una súper secretaría, por ejemplo. Es la parte toral del SNA, es la participación de los ciudadanos que presiden el Sistema desde el nacional, hasta los estados de la República donde ya se tienen avances como en Coahuila, que es referente nacional por el alcance de proyectos como el que desde hace semanas se desarrolla en un esquema de coordinación entre los integrantes del Comité Coordinador, sociedad civil y organizaciones internacionales como Usaid y el Instituto de Resultados Rápidos, cuyos integrantes, por cierto, participarán esta misma semana en una reunión de evaluación “de medio término” del Reto de 100 Días.

Pero lo ideal es que si ambas cámaras del Congreso de la Unión quieren abonarle en serio a la erradicación o control de la corrupción en el país, pueden estudiar la oportunidad de dar mayores facultades al Comité de Participación Ciudadana, o involucrar a la ciudadanía en los procesos de asignación de contratos o licitaciones e integrar al SAT o a la Comisión Nacional Bancaria para que alcancen una posición en el Comité Coordinador, por ejemplo.

Hay mucho por hacer en un Sistema que va iniciando y que apenas está consolidándose, como para echar por tierra los avances que se ven en este rubro. Hay tantos intereses ocultos, políticos, económicos y algunos que no se alcanzan a percibir, que “meter reversa” a lo que ya se tiene es riesgoso frente al grave problema de corrupción que se vive a diario en el país, y en Coahuila.
03 Abril 2019 03:51:00
Entender qué es el sistema
La capacitación y la divulgación de lo que es, y de los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción y por ende, los sistemas locales, es una labor titánica y que llevará muchos años para conocer el detalle la ya de por sí es compleja configuración del nuevo ente público.

Por ello es importante difundir los espacios abiertos y gratuitos, las plataformas, asesorías, cursos o diplomados que expertos en el país tienen habilitados y que se tienen disponibles, para conocer sobre el Sistema Nacional y los sistemas locales Anticorrupción.

Una de las opciones de capacitación vía internet, a la que por cierto me inscribí hace unos días y que recomiendo ampliamente, es el curso gratuito “on line” sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que ofrece el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a través de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), con el apoyo del proyecto Promoviendo la Transparencia en México de USAID y que va dirigido a la ciudadanía, a periodistas, académicos, empresarios, investigadores, sociedad civil organizada, titulares de área, servidores públicos, etcétera.

La liga en internet es
http://mooc.rendiciondecuentas.org.mx/, ahí se puede hacer el registro, que es fácil y que cuyos módulos no le implican –durante todo el curso– unas cinco horas máximo, incluyendo el repaso y las evaluaciones que aplican, para entregar la constancia avalada por la Red por la Rendición de Cuentas.

Por cierto que platicando hace unos días con la experta en el tema anticorrupción, Liliana Veloz Martínez, quien es directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, comentaba que Coahuila tiene varias oficinas inscritas y cuyos colaboradores, en su plantilla completa, accedieron a la plataforma y por lo tanto se hicieron acreedores a una certificación que respalda los conocimientos adquiridos en voz de los expositores de los módulos: Lourdes Morales Canales, Ana Elena Fiero Ferráez y José Roldán Xopa.

Los módulos permiten entender las implicaciones que tiene el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas en los estados, además de las nuevas responsabilidades de los servidores públicos, además se aprende a identificar los retos que deben enfrentarse para poder implementar el Sistema Anticorrupción de manera efectiva en cualquiera de los tres niveles de gobierno.

La plataforma tiene contenidos audiovisuales y escritos para comprender el tema, de manera didáctica y asesorada. Es una herramienta digital y de educación totalmente gratuita y que no tiene fecha de cierre para que cualquier persona pueda acceder y entender un poco más sobre la integración del Sistema, los consejeros ciudadanos, el Comité Coordinador, las agendas y las metas del Sistema construido e impulsado por grupos de la sociedad civil en el país.

La idea es conocer el Sistema, lo que se espera y su operatividad, además de revertir los niveles de impunidad que son parte del trabajo que falta por hacer. Pero lo importante es que todos nos involucremos y conozcamos en voz de expertos, los conceptos básicos de la operación del Sistema Anticorrupción. Recuerde inscribirse al curso gratuito y de fácil acceso en el sitio http://mooc.rendiciondecuentas.org.mx/.
27 Marzo 2019 03:40:00
Regalo envenenado
En la sesión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), al que asistieron los siete integrantes y por primera vez desde la instalación del SNA, estuvo ocupada la silla de la Fiscalía Anticorrupción, se prorrogó la entrada en vigor del acuerdo para cambiar el formato de las declaraciones patrimoniales, que se aplazó por ocho meses más.

El 31 de diciembre, no sé si antes, el Sistema Nacional tendrá el nuevo mecanismo mediante el cual, más de 2 millones de servidoras y servidores públicos tendrán que ceñirse a la nueva disposición, y pasar de informar 216 datos, a llenar 781 campos con información que incluye desde bienes muebles e inmuebles, negocios, empresas, casas en el extranjero, pinturas, cuentas en banco, por citar algunos puntos que permitirán a las autoridades de la Función Pública en el país y en las entidades, monitorear de manera certera la evolución patrimonial de quienes están en la nómina de la Federación, los estados y municipios.

Algo que actualmente no ocurre con el formato que se tiene en la red, y que deben llenar quienes ingresan o terminan un puesto o encargo en el ámbito público.

El acuerdo al que llegó el Comité Coordinador formado por el Consejo de Participación Ciudadana; Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Instituto Nacional de Transparencia; Auditoría Superior de la Federación; Consejo Federal de la Judicatura; Fiscalía Especializada y Secretaría de la Función Pública, fue aprobado por unanimidad el viernes pasado e incluye la modificación del segundo transitorio del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 2018.

Así quedó: “se determina que los formatos aprobados en el presente acuerdo, serán obligatorios para los servidores públicos al momento de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, una vez que se encuentren debidamente integrados y correctamente segmentados y estén plenamente adecuados a las directrices establecidas en el marco jurídico aplicable y se garantice la interoperabilidad con los sistemas de evolución patrimonial y de declaración de intereses de la Plataforma Digital Nacional a que hace referencia la fracción I del Artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, situación que será formalmente informada a los involucrados mediante el acuerdo correspondiente que, para tal efecto, emita el Comité Coordinador del SNA y publique en el Diario Oficial de la Federación para su aplicación y observancia obligatoria, lo que no podrá exceder del 31 de diciembre del año 2019”.

En un tris se le dio marcha atrás a una propuesta importante para el Sistema, para avanzar en la regulación y detección de quienes hacen uso ilegal del recurso público de cualquiera de los tres niveles de la administración.

Era un buen inicio para generar incentivos que eviten que la corrupción sea el problema que más preocupa a los mexicanos, a los coahuilenses.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval planteó la propuesta del Gobierno federal, por las condiciones en que la administración pasada planteó los formatos 3de3, que definió como “un regalo envenenado” y heredado.
20 Marzo 2019 03:16:00
¿Sistemitas locales?
El 14 de julio de 2017 en Coahuila fue publicada la Ley del Sistema Anticorrupción, que dio origen al Sistema Estatal que coordina esfuerzos entre sociedad y Gobierno para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción en la entidad.

Coahuila es uno de los estados con mayor avance en el diseño, evaluación e implementación de políticas públicas para que instancias encargadas de controlar y sancionar irregularidades de este tipo, logren el objetivo de disminuir la impunidad.

No es discurso vano o estéril, ni es gasto inútil para echar a andar el Sistema en su conjunto, para dar cumplimiento al ordenamiento federal que obliga a los 32 estados.

No se trata de desmantelar lo que ya hecho solo porque el Gobierno que lo impulsó no es del mismo color.

Y tal parece que sería la ruta de la Presidencia de la República, al menos es la señal enviada a los consejos y comités estatales anticorrupción o “sistemitas locales”, como les llamó la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en una entrevista para un diario nacional.

Los mensajes comenzaron a llegar. El 3 de octubre de 2018, cuando la ahora integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) dijo a la reportera Ariadna Ortega, de ADN Político, que la propuesta para el Sistema Nacional iría encaminada a proponer una revisión a profundidad del modelo de designación de las cabezas institucionales del Sistema, para asegurar verdadera independencia política y jurídica. Y eso está bien, por el tema de la regulación en las designaciones que ello implica.

El 18 de diciembre, en el portal de noticias Televisa News y durante la presentación de la Propuesta de Política Nacional Anticorrupción, Sandoval Ballesteros dijo que el Sistema Anticorrupción carece de una real coordinación.

Por lo cual, advirtió, se corre el riesgo de que se convierta en un aparato burocrático, en un “elefante blanco”.

Y este fin de semana remató: “para que no sean ‘sistemitas’ locales anticorrupción, onerosos, burocráticos y que nada más estén emulando un sistema nacional, el SNA tendría que haberse diseñado con el espíritu federalista que nos caracteriza en la Constitución”.

El Sistema Nacional puede necesitar reformas o el otorgamiento de mayores facultades, especialmente para el Comité de Participación Ciudadana y sus pares en el país. Pero por qué mejor no impulsar una ruta que permita colaborar con los estados que no han configurado sus sistemas locales. Por qué no incidir en cambios, para incluir al SAT, o la Comisión Nacional Bancaria en el Comité Coordinador.

Por qué no apoyar el nuevo formato para la rendición de declaración patrimonial que podría mejorar el cruce de información que reportan servidores públicos, para quizá detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito en lugar de ver a los “sistemitas locales”, sin avances y a la deriva, sin tomar en cuenta el trabajo y lo que ya se tiene en entidades donde va en serio la lucha contra la corrupción.
13 Marzo 2019 03:17:00
Plan Nacional sin mujeres
Hace menos de una semana, los mensajes de inclusión de la mujer en la toma de decisiones en el país –por lo menos en el sector público y en los tres niveles de gobierno– eran “el top” en las manifestaciones de respaldo a la equidad, por el Día Internacional de la Mujer.

Ayer en Ciudad Universitaria, en Arteaga, Coahuila, ocurrió todo lo contrario durante el inicio de los Foros de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo, donde los nueve lugares del presídium fueron ocupados por hombres. Funcionarios públicos que en sus intervenciones y frente a un auditorio lleno de académicos y académicas, exrectores, integrantes del gabinete estatal, activistas, alcaldes y alcaldesas, empresarios y empresarias, miembros de la sociedad civil y órganos autónomos, hablaron de los derechos de equidad y de inclusión de la mujer, sin que esa postura permeara en la integración del grupo que encabezaría el arranque del intercambio de ideas y propuestas, para delinear lo que será el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

En varias ocasiones, el secretario de Agricultura federal, Víctor Villalobos Arámbula quien abrió las intervenciones, teniendo como sede un recinto de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se refirió al apoyo hacia las mujeres y el derecho a la inclusión que contempla en Plan Nacional, que guiará las políticas públicas de la Presidencia de la República en este sexenio. Qué lástima que en el acto inaugural a ni una mujer se le cedió la palabra. Ni una mujer habló de los ejes transversales y de igualdad, de la no discriminación e inclusión y perspectiva de género que adelanta la tan llevada y traída Cuarta Transformación.

Pero no basta con cuidar la logística en los eventos de este calado, que pretende recoger las inquietudes y las ideas de la población abierta, que además ha sido el tenor de la actual Administración federal. El tema es ir más allá de permitir a las mujeres ocupar, al menos, un lugar en el presídium, de mandar un mensaje de verdadera inclusión, justicia y participación de este segmento en la toma de decisiones de las autoridades.

Es ir más allá. Propiciar espacios de expresión abierta, en donde las mujeres y hombres puedan aportar su experiencia, su visión, sus problemas y soluciones, en los proyectos de gobierno, en las iniciativas de ley, en los cambios que le urgen a las legislaciones locales para dar respuesta real y concreta a las féminas coahuilenses.

Es un detalle que Alejandro Cubí, un gran activista y defensor de los derechos de las mujeres, impulsor de la iniciativa #NoSinMujeresMx –y quien por cierto estuvo en Saltillo hace algunos meses– habría censurado abiertamente.

Pero insisto no es solamente un detalle, un desliz en la organización de un evento, en la designación de un presídium sin una sola mujer, es más bien reflexionar sobre la urgencia de garantizar lugares a las mujeres, no solo en el ámbito público sino también en el sector privado. En el evento inicial faltó la voz de una mujer, la postura de una académica, de una empresaria, de una integrante del Gobierno estatal o de una activista que hubiera dado su punto de vista sobre lo que hace falta integrar al Plan Nacional de Desarrollo, que regirá las acciones de la Administración federal en los próximos seis años.
06 Marzo 2019 03:38:00
Redes de poder:  amigos, grupos políticos
En una colaboración del doctor Vicente Humberto Monteverde, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Morón, en Argentina, señala que el fenómeno de las redes de corrupción tiene antecedentes históricos y de varios siglos atrás. En el caso de redes, dice, se trata de mundos pequeños de corrupción.

Una red de corrupción incluye, según Monteverde, nodos que relacionan a personas, organizaciones nacionales e internacionales, bancos y empresas privadas con enlaces que son parte de las operaciones financieras, llamadas, mensajes e intercambios de información privilegiada que regularmente viene de entidades de cualquiera de los tres niveles de gobierno, relaciones de amistad, afiliaciones partidistas, intereses de grupos políticos y personas con objetivos afines.

Científicamente, el estudio de una red de corrupción requiere de un análisis con datos certeros, resultados de investigaciones y explicaciones de quienes han llevado las indagatorias. Pero, ¿Cuál es el valor de una red? Su alcance y el número de integrantes que se ha beneficiado con la estrategia financiera o fiscal, para erosionar las finanzas públicas. Es por tanto, un sistema complejo de plantear, pero no imposible en un afán de socializar la forma de operar de estas redes que han alterado el curso del dinero que es de todos.

En la publicación del doctor Monteverde, en la Revista Internacional Transparencia e Integridad, menciona que en el tema de corrupción se pueden suponer teorías, pensar en delitos, advertir sobre el fenómeno, pero tener la posibilidad de formular una teoría, en base a elementos de la realidad, es tristemente un milagro. Y claro que así es. Llegar a desarticular una red de corrupción como en el caso de Coahuila, es todo un reto. Aquí, autoridades judiciales han señalado supuestos vínculos de servidores públicos, por aparentes irregularidades en asignación fraudulenta de créditos de Infonavit.

Sobornos, sobreprecios, costo de trámites, tráfico de influencias, abuso de poder, son los ingredientes que rodean esta red de corrupción que como ya lo decía Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, es un tema que las autoridades anticorrupción deben capitalizar, pero no para ir por nombres, grupos, etcétera, sino para explicar a la ciudadanía cómo operan las redes, cómo se van configurando o cuál es la forma de detectar la articulación de redes.

Pero el doctor Monteverde va más allá. Habla de quienes van entrelazándose para hacer de una red de corrupción, la principal fuente de ingreso de quienes ejercen una función pública o empresarial, al margen de la ley.

Está por ejemplo el apoderado de la empresa, el cobrador, el defraudador, el especialista, el familiar o amigo del político, el funcionario público, el integrante del Poder Judicial, el perito, la institución bancaria, el negociador, el empresario, el fedatario, el abogado y un contador. Básicamente así lo describe Monteverde en su investigación.

En Coahuila el caso Infonavit es parte de la agenda del Sistema Anticorrupción, que son prioritarios de resolver porque es una exigencia de la sociedad, de los beneficiarios y de quienes desean que la impunidad deje de ser el común, en cada investigación que inician las autoridades.
27 Febrero 2019 03:37:00
Agenda ciudadana
Para qué nos sirven las detenciones espectaculares?, ¿servidores o exservidores públicos esposados o ingresando a un penal y posando para la foto?, ¿o corruptos tras las rejas? Si las estrategias de largo alcance, las que pueden prevenir y erradicar actos ilegales en oficinas públicas y con dinero que es producto de los impuestos, no se implementan, ni se ponen en marcha, no se debaten o no se actualizan frente a las exigencias actuales.

Hacer “sistema” –como dice una excolega de Puebla– y refiriéndose a las acciones que incluyen el desarrollo de gestiones desde el Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, va más allá de ir por los nombres, apellidos, los grupos, los políticos emanados de tal o cual partido, o los empresarios y socios que podrían prestan sus nombres para colaborar en este tejido de redes de corrupción.

Hay un claro y hasta justificado –diría yo– malestar entre la ciudadanía, porque la corrupción ha ido muy de la mano de la impunidad en las últimas décadas, y no solamente en Coahuila, sino en el país ha sido un reclamo generalizado. Los casos sin resolver, los expedientes de los que poco se sabe el avance y que dejan a la imaginación lo que ocurre en el estado en esta materia, es lo que más se cuestiona.

El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Coahuila tiene en claro el objetivo de su creación, de los temas torales que irán consolidando al propio Sistema.

El CPC ha propuesto proyectos y esquemas de trabajo a partir de encuentros con grupos de la sociedad civil, activistas, empresarios, académicos, periodistas, autoridades, y claro está, bajo la coordinación de esfuerzos desde quienes integran el Comité Coordinador del que forman parte: el Poder Judicial del Estado, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (Icai), el Tribunal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción.

Una de las agendas a las que se ha sumado el Consejo Ciudadano es la colaboración en el Reto de los 100 Días, que será una actividad en la que esta misma semana se estará trabajando para delinear los alcances de la propuesta con “plazo fatal”, y que por primera ocasión se pone en marcha en alguna entidad del país, hablando de temas anticorrupción y en un esfuerzo conjunto con el Instituto de Resultados Rápidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés, USAID.

Esto, a la par de una agenda con integrantes del cuerpo edilicio de Torreón, donde en un primer acercamiento miembros del CPC sostuvieron hace días una sesión de trabajo sobre la ventanilla universal, además de las reuniones con responsables de la Embajada Británica en Monterrey, para explorar la posibilidad de acceder a proyectos y propuestas en materia de anticorrupción, para lo que se encontró una buena disposición de las autoridades consulares de dicho país.

20 Febrero 2019 03:38:00
¿Redes de corrupción?
Un tema que va más allá de nombres de políticos, gobernantes, líderes sindicales, jefes de área, etcétera, que se ven inmersos en escándalos por supuestos hechos de corrupción, es la forma en la que operan las redes de protección a la ilegalidad en el servicio público que puede, o no, alcanzar a los dueños del capital privado.

Pero ¿cómo explicar el tejido, el entramado, la ruta, los enlaces, el silencio, las “ingenierías fiscales”…? Es un asunto primordial para detectar a quien o quienes están fuera de la ley, afectando al erario e involucrando a quienes no actúan en solitario.

Los compromisos de grupo, la secrecía, los “valores entendidos”, son parte del fortalecimiento de una red, como la que menciona Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, en una muy reciente entrevista para un medio de circulación nacional.

Las redes de corrupción en México han sido bien explicadas por periodistas y medios de comunicación impresa en casos como el de la firma brasileña Odebrecht o la investigación ganadora del premio Ortega y Gasset, la Estafa Maestra, que de forma gráfica y de manera muy concreta advierten de la colaboración de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de Gobierno, profesionistas, fiscalistas, expertos en temas de administración y en algunos casos, a empresarios de renombre.

En el último resultado del Índice de Percepción de la Corrupción 2018, dado a conocer por Transparencia Internacional, México volvió a ubicarse entre las naciones más corruptas en el mundo, al pasar del lugar 138 al 180.

Eduardo Bohórquez ha insistido en que para revertir esta tendencia en el país, es necesario lograr fallos, recuperar activos económicos y desmantelar redes de corrupción.

Bohórquez asegura que es labor de todos, ciudadanos y autoridades, detectar y denunciar actos ilegales en el uso del recurso público.

El impulsor de la declaración #3de3, dice que no es solamente tarea del Gobierno desmantelar las redes, pero es importante saber cuáles hechos enmarcan en la configuración de un entramado de este tipo, en una protección real y entre sí de un selecto grupo de servidores públicos, como de la que habla el director de Transparencia Mexicana e impulsor de las reformas a la ley que dieron paso al Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción.

Un ejemplo de red y su “modus operandi”, señalada por el propio Bohórquez en una plática que hace unos días sostuve con él, podría ser lo que ocurrió con el caso de Infonavit en Coahuila, que involucró supuestamente a servidores públicos en esta entidad, pero en el que insisto, habría que ver más allá de nombres, de los implicados o sancionados.

Es una oportunidad para explicar los cómos, la forma en la que se integran y se van afianzando las redes de corrupción de las que tanto se exige su desmantelamiento, y que son el más complejo problema en la erradicación o control de la corrupción en los estados y la Federación.
13 Febrero 2019 03:38:00
Los 4 ejes de José Octavio
Hace unos días, José Octavio López Presa llegó a la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana (CPC) Nacional, cargo en el que estará hasta febrero de 2020.

Es el tercero en ocupar la titularidad del Sistema Nacional Anticorrupción y es el primero que fija una postura sólida, que busca impedir que el Gobierno federal se apodere de las decisiones de la parte ciudadana, como lo han dejado entrever quienes llegaron el 1 de diciembre a la Presidencia de la República.

José Octavio López Presa, desde el viernes 8 de febrero es presidente del CPC y en su primer discurso trazó la ruta del órgano colegiado, que actualmente tiene tres de cinco integrantes, ante la renuncia de Luis Manuel Pérez de Acha y de lo entrampado que tiene un amparo, el procedimiento de designación del nuevo o la nueva integrante.

Junto a miembros del Comité Coordinador, consejeros de sistemas locales, representantes de la academia como Mauricio Merino, Eduardo Bohórquez, María Amparo Casar, María Elena Morera, por citar algunos de los liderazgos que ni accedieron hasta el recinto, porque estaba repleto de periodistas y uno que otro integrante de agrupaciones extranjeras y de la Secretaría Ejecutiva del SNA, que lo mismo escuchaban desde la puerta del reducido salón en la capital del país, el mensaje del excomisionado del INAI.

En uno de los cuatro ejes planteados por López Presa estima ir por la acreditación de los servidores públicos a través de esquemas como el Servicio Civil de Carrera, por lo que tendrá en la mira la medición del grado de independencia que tienen las Secretarias de Contraloría, las Fiscalías Anticorrupción, los Órganos Garantes de Transparencia, los Tribunales Administrativos, los Poderes Judiciales y las Auditorías Superiores, a nivel federal y estatal.

En un segundo eje, el nuevo presidente del CPC Nacional fue enfático, al señalar que el control de pares ha sido el mejor método para impulsar la ética entre los profesionistas, porque en los países que más avances han logrado en el combate a la corrupción, los abogados y los contadores han sido punta de lanza en este empeño.

tercer eje considera que para que las instituciones que conforman el SNA funcionen como un sistema sólido y bien coordinado, es indispensable trabajar en la revisión de los procesos internos de cada institución para simplificarlos.

Además, el uso de tecnologías de la información y las firmas electrónicas con validez legal para eliminar el papel y asegurar el registro, la trazabilidad y dejar huella electrónica de los actos de gobierno y de autoridad permitiendo que queden testados de forma inviolable.

Finalmente, José Octavio López Presa, quien por cierto ha pedido estar presente en alguna de las reuniones del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción de Coahuila, igual que otras entidades del país, busca fomentar la competencia de empresas certificadas, que estén al corriente en sus obligaciones fiscales y reglamentarias. Pero, “no bastan las buenas intenciones; es momento de darle a los ciudadanos los resultados que esperan en el combate de la corrupción…”, dijo.
06 Febrero 2019 03:40:00
Semana de relevo
La configuración del Sistema Nacional Anticorrupción establece cambios cada año en la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana Nacional, que igual que en Coahuila y el resto de las entidades donde ya se designó al CPC, está integrado por cinco personas seleccionadas por medio de un proceso abierto, ciudadano y transparente.

Este viernes, en la Ciudad de México y luego del cierre de los trabajos de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana que iniciarán hoy, esta tarde, y que cierran con un informe de la presidenta saliente, la activista Mariclaire Acosta Urquidi, llegará a la presidencia del CPC Nacional, José Octavio López Presa.

José Octavio fue designado por la Comisión de Selección Nacional, para integrar el Comité de Participación Nacional, por tres años. Tiene maestría en Ciencias por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (1988) y la licenciatura en Actuaría, por la Universidad Anáhuac (1985).

En su activismo, López Presa, quien a partir de este viernes por la mañana se convierte en el tercer ciudadano en liderar los esfuerzos del Sistema Nacional Anticorrupción, sobresale su paso por la agrupación Causa en Común del año 2009 al 2017, además fue el primer Director de Transparencia Internacional Capítulo México de 1999 al 2002.

Es importante comentar que fue comisionado del IFAI de 2002 al año 2005, periodo en el que José Octavio López Presa impulsó el desarrollo del Sistema Infomex. Además, en su semblanza se menciona su aportación para la implementación de mecanismos de control de compras del Estado y de la vigilancia de la evolución patrimonial de los servidores públicos, con esquemas como CompraNet y DeclaraNet.

Será una jornada importante para el Sistema Nacional Anticorrupción y sin duda, para el avance y consolidación de los sistemas locales. Aquí vale la pena hacer una reflexión sobre el procedimiento de designación de la nueva o nuevo consejero nacional que actualmente sigue en pausa gracias a un amparo promovido por uno de los inscritos. Otro punto, es que luego de la renuncia de Luis Manuel Pérez de Acha, quien a mediados del mes de enero renunció al CPC, tras su registro como aspirante a fiscal general de la República, dejó acéfala la posición. Es decir, en este momento el Comité Nacional tiene tres, de cinco integrantes. Vaya crisis en el Comité de Participación y la Comisión de Selección.

Es el tercer año del Comité Nacional. Es la primera fase de una nueva administración federal, de un nuevo Congreso de la Unión desde donde, al menos la bancada del partido Morena, han propuesto ajustes importantes y que quizá sean necesarios para llegar a la meta: la erradicación –o como dicen algunos– al control de la corrupción en el país y en los estados de la República, pero no solamente atendiendo a intereses de grupos que piden y exigen a gritos “meter” a la cárcel a los corruptos.

Es más bien, para promover reales y aplicables políticas públicas, iniciativas, mecanismos de control, investigación, sanción y más facultades al CPC. Medidas que nos adviertan que las actividades ilícitas relacionadas al servicio público y las empresas, se quieren revertir.
30 Enero 2019 03:54:00
Con los municipios
Integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción estuvieron en una jornada importante, cuando se busca coordinar acciones para impulsar políticas públicas que permitan prevenir, detectar y sancionar la corrupción en las oficinas estatales, empresas locales y municipios de Coahuila.

Esto, durante la agenda de trabajo con alcaldes y alcaldesas que estuvieron en Saltillo, a finales de la semana pasada.

Los y las munícipes visitaron esta capital y en un encuentro con quienes a partir del 1 de enero están a cargo de los 38 ayuntamientos, la Auditoría Superior del Estado (ASE), en una ponencia que ofreció Armando Plata Sandoval, titular de la ASE, dio a conocer detalles del Informe Anual de Resultados 2017, cuyo documento recientemente fue entregado al Congreso del Estado y en el que aparece una lista de observaciones hechas a servidores públicos y excolaboradores municipales, que estuvieron en funciones en 2017.

Plata explicó a las y los presidentes municipales, a tesoreros y tesoreras, temas torales que se enmarcan en la importancia de respetar la legislación en materia de fiscalización, puesto que cuando se incumple con la ley para adquirir bienes, contratar personal o establecer topes de sueldos para quienes son incluidos en la nómina, pueden generarse observaciones y sanciones para los responsables del ejercicio presupuestal.

En la reunión también estuvo la magistrada Sandra Rodríguez Wong, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, quien igualmente habló de los alcances de la instancia autónoma a su cargo. La magistrada además dio a conocer datos de la estadística jurisdiccional del 2018, que involucró actos referidos contra autoridades municipales.

Una explicación muy completa sobre las tareas del Tribunal, incluyendo los procedimientos de Fiscalización y Administrativos, así como procedimientos de Responsabilidad Administrativa (2017-2018), ofreció Rodríguez Wong a los servidoras y servidores públicos municipales.

El Fiscal Especializado en Delitos por Hechos de Corrupción, Jesús Flores Mier, presentó información sobre las responsabilidades de alcaldesas y alcaldes, y sus colaboradores.

Habló además del Código Penal, las denuncias y las instancias que están colaborando en la integración de las carpetas de investigación. Ana Yuri Solís, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y Manuel Gil Navarro, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, hicieron una muy detallada presentación de las funciones del CPC y sus cinco integrantes ciudadanos, y de la propia Secretaría Ejecutiva.

Solís y Gil hablaron a los alcaldes de la conformación del Sistema Anticorrupción, las sesiones, lo que marca la ley y el trabajo coordinado con municipios que se estará desplegando tanto el CPC, como la Secretaría Ejecutiva en los próximos meses de este 2019.
23 Enero 2019 03:56:00
No a las compras directas
La adquisición de 500 pipas para la distribución de combustible en el país, como una estrategia para acabar o minimizar la crisis que en esta materia prevalece en México y que se agudiza frente al desabasto de gasolina que registraron ciudades de Coahuila, o incidentes como lo ocurrido en el estado de Hidalgo, que cobró varias decenas de víctimas, advierten un riesgo inminente de la actual administración federal: el caer en los mismos vicios que la pasada administración peñista, calderonista o foxista.

El peligro es comprar de manera directa, opaca y bajo el discurso de la emergencia, alejarse de la necesidad imperiosa de hacer visible a quién, cómo, a qué costo, forma de pago y dónde se hará el contrato de los auto-tanques para la distribución de carburantes y la justificación legal o científica para desdeñar el uso de ductos para garantizar el abasto.

Además, la pregunta obligada radica en la estrategia de combate a la corrupción en Pemex, que debe ir más allá de proteger los ductos y de comprar 500 pipas o contratar operadores a los que se les pagarán casi 30 mil pesos mensuales. ¿Cómo echar de la empresa a los directivos, operadores o sindicato enquistado en una red de poder y operación de miles de pesos, bajo ninguna forma de regulación?

Porque en uno de los discursos de la secretaria de la Función Pública e integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Irma Eréndira Sandoval, el pasado 7 de diciembre de 2018, al participar en la Reunión del Grupo de Trabajo de América Latina, organizado por Diálogo Interamericano que preside Michael Shifter, dijo que el relanzamiento de la secretaría a su cargo, estaría basado en acabar con los conflictos de interés, en estrechar el diálogo con la sociedad y en la promoción decidida de contratos y compras consolidadas, para lo cual se contemplan medidas para impedir conductas corruptas de los sectores fiscal y financiero.

Ahora, a menos de seis semanas el escenario cambió. Se aproxima una compra, la de las 500 pipas para atender una emergencia, pero de la que nadie o pocos saben el mecanismo de dicha adquisición.

Es obligación de los gobiernos estatales, como el de Coahuila –donde falta mucha voluntad política y jurídica para tener un eficiente esquema de compras con dinero estatal– como el federal y los municipios, que cada peso que se eroga para tener obra pública, rehabilitar escuelas, surtir medicamento en hospitales o rentar computadoras, se haga bajo parámetros de máxima transparencia para evitar el conflicto de interés o las empresas “fantasma”.

En el Artículo 134, de la Constitución Política de México, señala que “los recursos económicos de que dispongan el Gobierno federal, así como sus respectivas administraciones públicas paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez.

“Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública”. Pero, ¿en verdad se cumplirá con lo que dice la ley?
16 Enero 2019 03:57:00
¿Dónde hay gasolina?
En la última semana la pregunta constante en los grupos de WhatsApp de la escuela, del trabajo, o de compañeros de maestría y de vecinos de la colonia, ha sido: ¿alguien sabe dónde hay gasolina?

Ayer un tráiler se quedó sin diésel cuando circulaba por la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, en el municipio de Arteaga –que es parte de la Región Sureste de Coahuila–, y varado, ocupando los dos carriles de circulación, dificultando el tránsito de una ambulancia, un tráiler cargado con medicamentos e insumos para hospitales y decenas de vehículos particulares y de carga que se dirigían a diferentes destinos en esta zona del estado.

En tanto, madres de familia que compartimos información de la escuela y las actividades de nuestros hijos –vía WhatsApp– preguntábamos entre sí, ¿dónde hay gasolina?, mientras las autoridades anunciaban que el ducto que abastece a Saltillo era reabierto.

Y bueno, gracias al uso de la tecnología y con apoyo de usuarios en Coahuila y en el país, por medio de herramientas que ofrece Google Maps, se generaron guías de ubicación de sitios de abasto de combustible, pero está claro que no todos los propietarios de vehículos tienen acceso para este tipo de plataformas.

Si bien el Gobierno federal ha lanzado una campaña de “resistan” a la población –a través de un esquema mediático agresivo y constante– las quejas han sido mínimas entre los que hacen filas en las gasolineras, que incluso advierten estar dispuestos a esperar horas para surtir combustible con tal que Andrés Manuel López Obrador acabe con la corrupción en Pemex y el huachicoleo, a través del cierre de ductos y por medio de transporte terrestre de la gasolina.

Los afines a la medida y a la administración del tabasqueño celebran la orden dada por el Presidente. La oposición mejor ni asoman la cabeza, pues cualquier cosa que critiquen es motivo de censura y ataques en redes sociales o en cualquier medio que se atreva a sancionar la crisis en la distribución de gasolina que en Saltillo, Arteaga y Ramos Arizpe sigue agudizándose.

Ayer leía un análisis de la consultora británica Oxford Analytica –publicada en un periódico de circulación nacional– que señala que el combate al saqueo de combustible de los ductos de Pemex por medio del cierre de tuberías sería una estrategia insostenible.

Y lo que recomienda esta consultora de estudios geopolíticos –con oficinas en Nueva York, Oxford y París– es “buscar una solución a largo plazo que permita efectivamente revertir los efectos del robo de gasolina y diésel en México, por medio de una ruta que garantice la seguridad física de los ductos, medidas anticorrupción y esfuerzos para cambiar la percepción de la población hacia la compra y uso de combustible en el mercado negro”.

El objetivo es ir contra los corruptos. Con el diseño de políticas públicas que garanticen ir contra quienes por años o décadas, se hicieron de la “vista gorda” para no delatar a los que del huachicoleo hacían el negocio de sus vidas, a quienes encabezan grupos, políticos, empleados, sindicatos, etcétera, “metidos” en estas poderosas redes de corrupción que supuestamente están incrustadas en casi todos los niveles de Petróleos Mexicanos.
09 Enero 2019 03:55:00
Presidentas o presidentes del DIF
Desde hace años en los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia en los municipios, se acostumbra que la presidencia sea ocupada por un familiar del alcalde o la alcaldesa en turno, para representar al munícipe en el despliegue de apoyos a las familias o grupos vulnerables en cada municipio de Coahuila.

Aunque casi siempre es la esposa o esposo del o la alcaldesa quien lleva la agenda del DIF municipal. Y para que no represente un conflicto de interés –por el parentesco con el alcalde –la Ley de Asistencia Social vigente en el estado, establece que el puesto sea honorario, es decir sin recibir pago alguno por los servicios que se prestan al frente del DIF municipal.

La Ley señala que el Estado está obligado a proveer los servicios de asistencia social a través de un organismo denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza (DIF Coahuila), que tiene el carácter de organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Aunque según el último Informe de Resultados 2017, presentado en diciembre pasado por la Auditoría Superior del Estado al Congreso local –y que está publicado en la plataforma en internet de la ASE– surge la problemática de interpretación de la Ley, pues por la palabra “honorario” en términos generales se entiende como un cargo que no amerita una percepción económica.

Con base a los hallazgos de la Auditoría Superior del Estado y dentro de sus facultades de fiscalización se ha detectado como una práctica común el que se otorgue un salario o remuneración a quien hace las veces de presidente o presidenta honorario (a) del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que es contrario a la norma por lo que al otorgar una remuneración se ocasiona un daño a la Hacienda Pública Municipal. Así lo consigna la ASE en su Informe de

Resultados 2017.

La Auditoría explica los alcances de este incumplimiento de los municipios con la disposición en esta materia. Es una práctica común el que se reciba un pago por ser presidenta o titular del DIF municipal, ¿pero para quién puede ser atractivo prestar su tiempo y esfuerzo por un trabajo que no tendrá paga? O ¿cómo cubrir los costos de traslados, alimentación o uso de telefonía, equipos o internet, para la gestión de apoyos a estos grupos de la sociedad?

No es que defienda el pago o remuneración a las presidentas o presidentes de los DIF municipales, pero debiera implementarse una política que permita garantizar la eficiencia en el desempeño de estas actividades, que favorecen a grupos que tienen necesidades específicas en la sociedad, principalmente para que “la tentación” del pago de honorarios a las esposas de los alcaldes no sea una actividad común y sancionada cada año por el órgano fiscalizador del Congreso del Estado.
02 Enero 2019 04:05:00
A la baja presupuesto anticorrupción
La reducción presupuestal aprobada el lunes 31 de diciembre por legisladores del Congreso local es una muestra de que viene un año difícil en la inversión e impulso de programas prioritarios para la entidad y para la garantía de operatividad en secretarÍas, organismos autónomos, descentralizados, fideicomisos, el Poder Judicial y otras instancias del Ejecutivo.

La baja en el presupuesto federal está replicando en Coahuila, un esquema que advierte que la austeridad en el 2019 será el ingrediente principal en la inversión en vialidades y carreteras, proyectos educativos, mantenimiento de instalaciones y hospitales, abasto de insumos, gasto municipal, el aporte a sistemas pensionarios que involucran recurso estatal, políticas públicas destinadas a regular y controlar la operatividad de la estructura gubernamental y otros rubros.

49 mil 369 millones 566 mil 358 pesos es el monto que ejercerá el Estado en este año que está iniciando. Las principales reducciones están en los rubros de remuneraciones al personal que registró una baja de 230 millones, así como en renglones como el de servicios profesionales, científicos, técnicos, que se redujo en 50 millones de pesos y en comunicación social donde se redujo 25 millones de pesos.

En el caso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, el presupuesto pasó de 35 millones 468 mil aprobados para el 2018, a 28 millones 374 mil pesos, es decir, 7 millones 94 mil pesos menos para ejercer en este 2019.

Este recorte en el presupuesto a la Secretaría Ejecutiva sin duda obligará a tener una mayor austeridad en el gasto –que ya de por sí se tenía –. La planeación como hasta ahora se ha hecho, tanto en las acciones que realiza la SEA como las que impulsa el Consejo de Participación Ciudadana, están basadas en el Plan de Trabajo y en las atribuciones que marca la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila.

En el artículo 24 de la citada legislación, señala que “la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la Ciudad de Saltillo, Coahuila. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines” y entre los objetivos señala el fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para proveer la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

El Sistema Anticorrupción garantiza el impulso de políticas que permitan prevenir, detectar y sancionar actividades ilícitas que involucran a servidores públicos o integrantes de la iniciativa privada que se prestan a hechos irregulares que afectan al erario.

El Sistema Anticorrupción no puede ni debe estar sujeto a los vaivenes presupuestales si es que en verdad y sin escamoteos se quiere erradicar esta práctica que tanto daño le causó a Coahuila y a otras entidades del país, donde las redes de corrupción siguen enquistadas y sin la intención de ser erradicadas o sancionadas. Así seguirá pues, la impunidad y la corrupción como parte de un estridente discurso mediático.

26 Diciembre 2018 04:04:00
Capítulo 1000 y deuda pública
En el Informe Anual de Resultados 2017, que recientemente publicó en el sitio en internet la Auditoría Superior del Estado (Coahuila) incluye un apartado de “Estudios Especiales” con más de mil 400 páginas, en donde analiza un tema importante para las administraciones municipales. Se trata del Capítulo 1000 en los 38 municipios de esta entidad, que describe el impacto financiero registrado debido a la contratación de personal y al incremento de la burocracia en los ayuntamientos durante 2017, que es el período que abarca la documentación presentada por la ASE ante el Legislativo.

El Capítulo 1000, de Servicios Personales –como se le llama a este bloque– comprende “los recursos destinados a las remuneraciones del personal que está al servicio de los entes públicos. Son los sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, estos pueden ser de carácter permanente o transitorio” (ASE, Informe Anual 2017).

La austeridad en el gasto, principalmente en la contratación de personal y la apertura de nuevas plazas, con ingresos que se apeguen a la tabulación de sueldos, permitirá disminuir el gasto en este rubro para tener una mayor disposición de ingresos, y así financiar programas e incentivar la inversión pública, de la que adolecen la mayor parte de los ayuntamientos como se vio al menos en este 2018, año en el que los proyectos de infraestructura de alto impacto para la población, fueron prácticamente nulos en los 38 municipios.

En las recomendaciones que hace la Auditoría Superior del Estado en este Informe Anual de 2017, incluye la necesidad de mantener un monitoreo permanente sobre el gasto que hacen los ayuntamientos al personal en áreas administrativas y operativas, porque al reconocer que entre más se destine al pago de trabajadores, tácitamente se limita el uso de dinero para obra pública como pavimentación de calles, mejora en el servicio de recolección de basura, equipamiento de los cuerpos de seguridad, por citar algunos servicios que deberían dotar estas autoridades de primer contacto.

Aunque mucho de la baja inversión pública, y ni cómo negarlo, tiene su origen en la deuda pública estatal, de la que igualmente informa la ASE en este apartado de “Estudios Especiales”, donde advierte de la evolución mínima en el pago de la deuda pública estatal, los bancos con los que se tiene la contratación de créditos hasta 2017 (que abarca el Informe ASE 2017), el lugar que ocupa Coahuila en este rubro y los comparativos con otras entidades del país.

La Auditoría Superior del Estado, señala además que de acuerdo con indicadores de solvencia, las entidades que tienen mayor capacidad para hacer frente a sus obligaciones son: Querétaro, Hidalgo, Guanajuato y San Luis Potosí. En tanto que aquellos estados con menor capacidad son Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo.

Y agrega que “para el caso de Coahuila, su deuda se vio disminuida en 0.62%, pasó de 36, 494.0 a 36, 270.2 millones de pesos (Informe Anual 2017). Además, mantuvo su posición de endeudamiento en observación en el Sistema de Alertas de la SHCP, así como su situación crediticia, manteniendo su nivel de estabilidad”.

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