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Carlos Ramírez
Carlos Ramírez
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Nacido en la ciudad de Oaxaca en 1951, Carlos Ramírez comenzó su vida profesional en el periodismo en 1972. Y desde entonces ha estado ininterrumpidamente en el periodismo mexicano. Además de la práctica periodística, ha sido profesor de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, además de ser un conferencista cotidiano en universidades de todo el país.

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15 Febrero 2019 04:00:00
La Guardia Nacional representa el 10% de la crisis de seguridad
Si el debate sobre la Guardia Nacional debiera profundizar el diagnóstico de la crisis de la seguridad pública/interior/nacional, en las dos cámaras del C-Congreso y en la sociedad activista, se olvida que el tema del nuevo cuerpo policiaco es apenas el 10% del problema y que una verdadera estrategia necesita de manera urgente resolver sobre los otros nueve elementos.

La Guardia es la fuerza operativa a nivel de tierra y de cara a la violencia criminal. Pero la seguridad pública es una estructura mucho más integral que abarcaría cuando menos diez puntos que hasta ahora no se han abordado. El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008 sí asumió compromisos de temporalidad de operación, pero los 74 puntos concretos nunca se cumplieron y la nueva estrategia del gobierno de López Obrador no los tomó en cuenta y solo ha centrado el tema en la Guardia Nacional.

Los diez puntos mínimos de una estrategia son los siguientes:

1.- Las leyes sobre delitos, seguridad interior, seguridad nacional, inteligencia nacional

2.- Los ministerios públicos.

3.- Los jueces.

4.- Las cárceles.

5.- Las policías a nivel de estados y municipios.

6.- El compromiso de la sociedad.

7.- La educación contra el delito.

8.- El bienestar social de corto plazo.

9.- La restauración de instituciones del Estado en plazas tomadas por la delincuencia.

10.- La Guardia Nacional.

En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024 se roza de manera tangencial algunos de estos puntos, pero no existe un compromiso real de atenderlos. El desgaste político y legislativo sobre la Guardia Nacional en la vertiente de la participación de efectivos de las policías militar y naval y el Cuarto Transitorio para mantener a las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública/interior ha dejado al gobierno con poco margen de maniobra.

Sin embargo, se debe tener claro que la Guardia Nacional es una parte de la estrategia y que tendrá pocos efectos de corto plazo si no se asumen los otros puntos de toda política integral de seguridad pública. Ahí la tarea será de los legisladores y de la sociedad activa.

La crisis de seguridad pública tiene cuando menos tres contextos esenciales sobre los que tampoco se ha querido incidir: La falta de respeto a la ley por parte de los delincuentes, la corrupción de toda la estructura de seguridad y justicia y el papel de la sociedad civil protegiendo los derechos de los delincuentes a partir de posiciones antisistema/régimen/Estado.

Y la parte esencial de todo programa de seguridad pública radica en los fondos presupuestales que se deben invertir en reformas, capacitaciones y reorganizaciones. De nueva cuenta la ENSP del gobierno de López Obrador se compromete a la formación de cuadros policiacos y a mejoras en el sistema de impartición de justicia, pero en los hechos carece de presupuesto específico.

Este tema de creación --ahora sí-- de un cuerpo policiaco profesional va a depender de un compromiso con datos, fechas y fondos de policía y justicia. El plazo de cuatro años para la participación militar en seguridad pública/interior va a depender de que en ese periodo se configure una nueva estructura de formación policial y modernización de la impartición de justicia y para ello se requiere desde ahora un presupuesto etiquetado.

Los legisladores que se oponen a la Guardia tienen la oportunidad de incidir sobre el problema con fondos para la nueva policía, un calendario institucional preciso, la construcción de las primeras instalaciones y la supervisión político-legislativa. Y a ello se agrega el problema más grave aún del compromiso y responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales en la creación de cuerpos policiacos adecuados, cuando desde la crisis del 2006-2008 se han desentendido del problema, exigen presencia federal y mantienen la mediocridad y corrupción en sus cuerpos de seguridad.

A pesar de que la crisis de seguridad amenaza la existencia del sistema/régimen/Estado, la oposición en el Congreso solo está negociando beneficios para sus partidos y sigue sin ver la complejidad integral de la inseguridad pública.

En el caso de la Guardia, el problema no radica en la incorporación de policías militares y navales, sino en el hecho de que el país exige un cuerpo policiaco sólido, capaz de enfrentar la logística criminal que tiene armas y recursos que superan las de los cuerpos policiacos tradicionales.

La Guardia Nacional será la última oportunidad para definir una estrategia real y funcional de lucha contra la inseguridad y prueba que el problema no está en los militares sino el hecho real de que las bandas del crimen organizado/desorganizado son protegidas en los hechos por la sociedad civil que acota los cuerpos policiacos y por la sociedad política que solo busca ventajas para sus partidos.

Política para dummies: La política es la capital del Estado de Derecho.

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14 Febrero 2019 04:00:00
GN: Seguridad interior y policías militares que no son soldados
En la fase final de debate de la Guardia Nacional en el Senado y en el contexto de sus dos objeciones --el Cuarto Transitorio y la militarización--, el alegato debe tomar en cuentas puntos concretos:

1.- La Guardia Nacional será la última oportunidad del Estado para construir un cuerpo de seguridad funcional a la sofisticación, peligrosidad y agresividad de la delincuencia organizada/desorganizada que ha rebasado a todas las policías existentes.

2.- La nueva estrategia de seguridad pública se basa en el concepto legal y constitucional de seguridad interior. El que se haya retrasado y frustrado la reglamentación de la seguridad interior no debiera frenar al nuevo cuerpo de seguridad.

3.- La GN debió haber sido precedida por la ley reglamentaria de la Fracción VI del 89 Constitucional que faculta al presidente de la república a movilizar tropas directamente en caso de seguridad interior. El concepto viene desde la Constitución de Cádiz de 1812 como “orden interior” y en las tres constituciones federales --1824, 1857 y 1917-- ya como “seguridad interior”.

4.- La fracción II del artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea de 1986 señala que el ejército tiene la “misión general” de “garantizar la seguridad interior”.

5.- El artículo 2 de la Ley de Seguridad Nacional vigente dice que “por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano” y que conlleven a enfrentar “amenazas y riesgos”, la defensa del territorio, “el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas” y “la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes”. El crimen organizado/desorganizado ha atentando contra el Estado.

El otro dato fundamental también ha sido soslayado: una militarización real de la seguridad pública sería la transformación del ejército federal en una policía formal. A lo largo de los dos últimos sexenios, muchos mandos policiacos estatales y municipales fueron entregados a militares con licencia y las policías no se militarizaron a pesar de los estilos castrenses de los jefes policiacos.

La Guardia Nacional no se va a militarizar porque los militares que formarán parte de sus efectivos no son soldados en el estricto sentido del término, sino policías militares. Un policía militar no es un soldado --aunque se rige por la disciplina militar-- porque su función es la de hacer cumplir los reglamentos militares y no hacer la guerra contra enemigos. El mantenimiento de la disciplina militar es una de las actividades más delicadas y estrictas porque se obliga a los soldados armados a cumplir con las reglas y leyes militares.

Los policías militares y policías navales nunca van a la guerra y se dedican a proteger instalaciones y hacer cumplir las leyes militares. Por tanto, su mentalidad es policiaca. En los debates sobre la Guardia no se han tomado la molestia de analizar los documentos que dieron forma a la Policía Militar y los saldos de su funcionamiento.

Eso sí, la disciplina de un policía militar es aún más estricta que la de los soldados porque su tarea es aplicar el respeto a la ley. La formación educativa de un policía militar es mucho más formal que la de un soldado, porque los policías deben tener conocimiento profundo de las leyes militares y los soldados sólo se preparan para atacar al enemigo y defender a la nación.

La Policía Federal se reorganizó con la incorporación de la Brigada Antimotines del ejército y no hubo ni oposiciones ni casos de abusos de fuerza. Ahora se quiere incorporar a la Guardia Nacional a policías militares y no a tropa formal. El mando operativo militar, bajo el control de la Guardia en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y dirección civil, se encargará de la parte fundamental de todo cuerpo policiaco en donde radica justamente sus fracasos: la disciplina, los valores y la organización operativa.

SI no hay Guardia Nacional, la seguridad pública seguirá en manos de la Gendarmería y la Policía Federal, dos de las organizaciones de seguridad que han sido rebasadas por el desorden interno, marcadas por la ineficacia debido la escasa capacidad de lucha contra la delincuencia e incapaces de luchar contra una delincuencia que los rebasa en armamento, violencia y personal delictivo.

Las objeciones a la organización de la Guardia Nacional con personal de las policías militar y naval ignoran la necesidad de darle al nuevo cuerpo de seguridad pública-seguridad interior una formación adicional a la de policía, una disciplina superior a la de los demás policías y un marco jurídico indispensable de seguridad interior. Aún hay tiempo, pero parece que el gobierno lopezobradorista tiene los votos pero no las argumentaciones.

Política para dummies: La política es la claridad de las ideas, no la confusión de pasiones metidas en conflictos de interés.

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13 Febrero 2019 04:00:00
Guardia Nacional: ¿Qué hacer con Pablo Gómez y Mario Delgado?
Si se da por sentado que la Minuta sobre la Guardia Nacional saldrá planchadita de la negociación del senado morenista con el Cuarto Transitorio, las dudas en Palacio Nacional están focalizadas en la Cámara de Diputados por lo que decidan el diputado excomunista-experredista-neomorenista Pablo Gómez Álvarez y el diputado ebradista Mario Delgado, los responsables de borrar transitorio en la Minuta que los diputados mandaron al Senado.

El voto de Gómez es previsible por su filiación de izquierda marxista-leninista a veces refrescante ante tanto neoliberalismo y populismo, metido en lides parlamentarias desde 1988 por el Partido Socialista Unificado de México (ex PCM) y preso político de 1968 a 1971. Su posicionamiento antimilitarista es de sobra conocido, pero aún más reconocido es su autonomía de grupos y partidos.

Gómez fue el que borró de la Minuta de diputados al Senado del 16 de enero el Cuarto Transitorio con el argumento de que su contenido no sería aprobado por los demás partidos, aunque hay indicios que señalan que los demás partidos ya habían avalado ese texto que permitía la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta que la Guardia Nacional estuviera ya profesionalizada y capacitada, es decir, cuando menos los próximos cinco años.

El diputado priísta Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI en la primera parte de la campaña presidencial del 2018, se extrañó que Gómez hubiera borrado con tanta facilidad ese artículo y fue el que reveló la responsabilidad del diputado morenista. En todo caso, el corresponsable de ese desaguisado que rompió con el ritmo legislativo morenista a favor del Cuarto Transitorio fue el diputado morenista Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara.

Algunas suspicacias ven en el conflicto alrededor del Cuarto Transitorio un adelanto del choque de precandidatos presidenciales morenistas Ricardo Monreal Ávila y Marcelo Ebrard Casaubón. El primero ha logrado consolidar en el Senado las principales iniciativas del presidente López Obrador, en tanto que el canciller solo ha tenido en sus manos el caso Venezuela y las quejas diplomáticas por la austeridad, ambas mal encaminadas y resueltas.

El problema alrededor de la reinserción del Cuarto Transitorio en la nueva Minuta que se cocina en el Senado y luego en su debate posterior en la Cámara de Diputados no radica, por cierto, en la oposición, porque los votos del PRI y algunos panistas --ambos promotores de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto-- estarían garantizados.

El problema radica en el voto de Gómez y en la posición que adopte Delgado a la hora de votar la nueva Minuta. Es posible que Delgado regrese al voto lopezobradorista a favor del Cuarto Transitorio después del regaño público del Presidente López Obrador en una conferencia de prensa en Palacio Nacional al declararse insatisfecho con la Minuta mutilada.

Si los datos se confirman, Gómez cometió una indisciplina, pero la mayor preocupación radica en la posibilidad de que el legislador morenista hubiera realizado una falta mayor en las prácticas parlamentarias al mutilar en secreto un documento ya aprobado y enviarlo así, sin el apoyo de todos los partidos y legisladores, al Senado. El descuido involucra a las instancias parlamentarias que deben vigilar la inviolabilidad de los documentos del proceso constitucional de formación de leyes.

Hasta ahora no hay ninguna información sobre el posible voto del diputado Gómez sobre la Minuta corregida en el Senado, pero la lógica política diría que tendría que ir en contra. Y aunque es posible que la nueva Minuta tenga votos suficientes como para garantizar su aprobación, hay indicios de que algunos otros diputados de oposición e inclusive algunos de Morena voten en conciencia y por tanto en contra de la Minuta. Los datos recientes dejan entrever que han fracasado algunos intentos por “convencer” a Gómez de que vote a favor o, en el peor de los casos, se abstenga, pero que no lo haga en contra por los efectos políticos previsibles. Pero la memoria del 68 le ha regresado a Gómez medio siglo después.

Si Gómez abre el debate sobre el nuevo Cuarto Transitorio, salpicaría al diputado expriísta, experredista, expanista y morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien aplaudió la represión del 68 de Díaz Ordaz contra estudiantes, entre los que se encontraba el hoy diputado Gómez.

No olvidar a Trump. Las informaciones llegadas de los EU después del cierre parcial del Congreso, del choque del presidente Trump con la líder legislativa demócrata Nancy Pelosi, el retraso en el informe a la nación y la negativa a financiar el muro han tenido un efecto contrario al esperado. El tracking de encuestas diarias de la empresa Rasmussen muestra que la aprobación total de Trump subió de 43% el 1 de febrero a 52% el 11 de febrero. Y que es mayor a la de Obama.

Política para dummies: La política es el arte de la conciliación de contrarios, pero el oficio de imponer el presidencialismo cuando las circunstancias lo ameriten.

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@carlosramirezh
12 Febrero 2019 04:00:00
Seguridad: AMLO, Guardia, sociedad, comandante supremo, lealtad, Estado
El debate sobre la Guardia Nacional ante el argumento opositor de militarización tiene varios elementos:

1.- El presidente de la República, como lo refrendó López Obrador el sábado 9 al encabezar la ceremonia del Día de la Lealtad, reconfirmó su cargo de comandante supremo de las fuerzas armadas por ministerio de ley y ostenta una quinta estrella en las graduaciones castrenses.

2.- Los tres poderes de la república están encabezados por civiles. Toda la estructura política de las instituciones del Estado es civil. Los militares tienen muy estrictas reglamentaciones para sus funciones. Su participación en labores de apoyo a la seguridad pública se basa en el concepto constitucional de seguridad interior que los políticos civiles han temido reglamentar.

3.- La Guardia Nacional tendrá mando máximo civil y mando operativo militar; los militares cumplen con las exigencias de capacidad logística y entrenamiento para combatir a delincuentes con capacidad superior a la de las policías.

4.- La capacidad delictiva del crimen organizado/desorganizado se puede percibir en el caso de las 40 mil personas desaparecidas, la abrumadora mayoría por acciones de los criminales y algunas de autoridades del Estado en función de cómplices de los delincuentes o sin capacidad de ejercicio democrático del poder.

5.- La crisis de seguridad fue revelada en diciembre de 2006 con la decisión del presidente Calderón de incorporar a las fuerzas armadas a apoyo a la seguridad pública, pero en base a cifras oficiales potenciada desde 1994 con el alzamiento zapatista, los secuestros de personajes del poder y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu; esa crisis de seguridad mostró las tres perversiones del trabajo policiaco: La ineficacia, la complicidad con los delincuentes y la incomprensión de la nueva sociología del delito.

6.- Las fuerzas armadas no son una institución ajena a la república, al Estado y a la historia, como se recordó el pasado 9 de febrero con la ceremonia que revivió la lealtad de jóvenes cadentes del Heroico Colegio Militar con el presidente constitucional Francisco I. Madero ante el cuartelazo del general Victoriano Huerta.

7.- Ante la ausencia de guerras, los militares desde los sesenta se involucraron en actividades sociales de apoyo a la comunidad: médicas, desastres, reforestaciones, construcciones, entre otras. El ejército, sobre todo, ha sido formado por ciudadanos salidos de la civilidad. Los casos de abuso de autoridad de militares fueron producto de órdenes de las autoridades civiles y política y nunca por decisión propia.

8.- Como nunca, las fuerzas armadas están sometidas a una estricta observación social, política e institucional, como se percibe a veces en las acusaciones sin fundamento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de activistas civiles. Inclusive, la sobrerregulación de las actividades de las fuerzas armadas podrían ser un problema de funcionalidad en caso de invasión extranjera o de violación de la seguridad nacional.

9.- Los militares son los guardianes de la soberanía nacional en los aspectos de seguridad nacional (frontera geopolítica estratégica) y de la seguridad interior (territorio de la soberanía del Estado ante grupos criminales y políticos anti institucionales); en este sentido, los militares son una fuerza para mantener y defender la soberanía interna y externa del Estado y de la sociedad, no un vistoso uniforme de gala para desfiles y fiestas.

10.- La participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad publica se decidió cuando la criminalidad rebasó y corrompió a las autoridades civiles y se apoderó de territorios de la soberanía territorial y política del Estado. En estos doce años, los militares han estado bajo el mando de las autoridades civiles. Por tanto, el concepto de militarización se entiende como la participación castrense en labores civiles por la incapacidad civil para combatir a la criminalidad y no la toma del poder social, civil y político por los militares. La estridencia de grupos anti Estado contra los militares es, en todo caso, una exhibición del fracaso de la capacidad civil para conducir el Estado.

11.- Si los militares son excluidos de la Guardia Nacional o carecen de un mando operativo castrense, entonces el nuevo cuerpo de seguridad será otra policía más sin disciplina, sin valores y sobre todo sin entrega a las nuevas funciones.

12.- La crisis de seguridad se percibe en la existencia de viejos y nuevas organizaciones criminales, su transnacionalidad que implica un problema de seguridad nacional y las cifras de muertos que revelan la disputa violenta de territorios sin preocuparse por la vida civil.

Lo que está en juego es la existencia del Estado ante el embate criminal, violento y corruptor del crimen organizado/desorganizado. Es el Estado y todas sus instituciones contra la delincuencia.

Política para dummies: La política, en su máxima expresión, es la razón de Estado.

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11 Febrero 2019 04:00:00
Guerrero: Fertilizantes y becas, antídotos contra narcosiembras
En medio de una redefinición no sólo de la política de seguridad sino de nuevas formas sociales de enfrentar el flagelo de la violencia asociada a la siembra de drogas, Guerrero de nueva cuenta podría ser el laboratorio que andaba buscando el gobierno de López Obrador para darle la vuelta a la violencia y trabajar en uno de los orígenes claros de la criminalidad: la falta de opciones para los ciudadanos.

Los dos primeros pasos son pequeños, pero podrían ser el comienzo del rescate del tejido social: Entrega de fertilizante gratuito a campesinos para disminuir los costos de producción de productos alimenticios y las becas para el bienestar “Benito Juárez”.

Como todo gobernador priísta con un presidente de la república opositor, el guerrerense Héctor Astudillo Flores había padecido el asilamiento no sólo del Morena, sino del propio PRI en proceso de descomposición interna. A ello se agregaba la herencia perredista 2005-2015 en la gubernatura y los principales municipios de una entidad penetrada por el dominio y los intereses del crimen organizado, sobre todo de los sembradores de amapola.

Guerrero ocupa el tercer sitio en pobreza social en uno de los estados de mayor riqueza turística y de asentamiento de fortunas sociales y políticas, una contradicción hasta ahora no asumida. Su tasa de pobreza es de 64.4%, según el INEGI, debajo de Chiapas con 77.1% y Oaxaca con 70.4%, Pero a diferencia de estas dos entidades, Guerrero ha padecido la ruptura social con el surgimiento de la guerrilla más famosa (antes del EZLN) de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas.

Al tomar posesión como gobernador, Astudillo se encontró con diez cárteles que tenían el dominio criminal del Estado con la complicidad perredista y con auto defensas vinculadas al crimen organizado. La crisis en Iguala en el 2014 con el secuestro y asesinato de 43 normalistas fue el punto máximo de descomposición de la entidad que antes del PRD había padecido la parte violenta de los cacicazgos priístas de los Figueroa.

De los estados gobernador por priístas, Guerrero le preocupa al presidente López Obrador por su pobreza, por su riqueza acumulada en pocas manos y por la violencia producto de la desigualdad social. La gestión de Astudillo ha tenido que lidiar en la presencia caciquil del PRD, muchos de cuyos liderazgos se pasaron a Morena con la intención --como ocurre en Puebla-- de apropiarse del gobierno estatal en las próximas elecciones.

Las dos visitas de López Obrador a Guerrero han sido aprovechadas por el gobernador Astudillo para posicionar su agenda de atención social como complementaria a la de seguridad. Se trata, bien aprovechada localmente, de la agenda social del presidente López Obrador: Apoyos directos a la población marginada.

Y revela la selección del municipio de Iguala para echar a andar el programa de becas, porque ahí se encuentra uno de los principales pasivos del sistema político por el caso de los 43 normalistas secuestrados y asesinados. El apoyo con becas ayudaría a una mejor capacitación de los jóvenes ante el espejismo de los grandes ingresos económicos como parte de los cárteles del crimen organizado. La agenda de los 43, que le tocó al PRD con el gobernador Angel Aguirre Rivero y con el alcalde José Luis Abarca por complicidad en el secuestro y ambos con señalamientos de apoyar a los narcos, ya está en manos de una Comisión de la Verdad que podría llegar a revelar las relaciones PRD-narco en Guerrero.

El gobernador priísta Astudillo ha logrado jalar el interés de López Obrador hacia Guerrero, cuya crisis de seguridad está en la prioridad gubernamental precisamente por la voluntad del mandatario estatal por colaborar con las autoridades nacionales, a diferencia de Michoacán y Chihuahua en donde los gobernadores le han cerrado las puertas a López Obrador.

El propio presidente mandó un guiño cuando dijo, en su reciente visita, que el fertilizante gratuito se enviará a solicitud directa del gobernador Astudillo. Las becas y el fertilizante formarían parte del aspecto social de la estrategia de seguridad y mandaría la señal de que no todo serán fuerzas de seguridad, sino que se buscará restaurar el tejido social. Ahí es donde Guerrero podría ser el laboratorio social y político de la nueva estrategia lopezobradorista de seguridad.

Guardia en vilo. Las negociaciones de última hora llevarán la votación sobre la Guardia Nacional en el Senado al 19 de febrero. Pero en realidad, la preocupación en Palacio Nacional es la votación sobre la Minuta del Senado en la Cámara de Diputados, y no por falta de votos sino porque la restauración del Cuarto Transitorio podría tener votos en contra de diputados de Morena.

Fuego amigo. Y donde hay una verdadera guerra civil es en el gabinete presidencial, hasta ahora con la secretaría de la Función Pública, Eréndira Sandoval, contra la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Y el ring es el periódico Reforma, el diario calificado por López Obrador como fifí. Las dos secretarias se están dando con todo.

Política para dummies: La política reditúa más cuando se basa en la búsqueda de soluciones, que cuando se privilegia la confrontación.

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10 Febrero 2019 04:00:00
Sánchez en América: Turismo político, no geopolítica
Con diez viajes a Iberoamérica en un año, el presidente español Pedro Sánchez ha aumentado la presencia española en la región, pero sin incidir en la geopolítica internacional; así, esas visitas podrían caer en el rubro del turismo político tradicional. Desde la transición de 1978, España no ha tenido la habilidad para construir en Iberoamérica una influencia geopolítica que pudiera colocar a la Unión Europa como un contrapeso al imperialismo monroísta de la Casa Blanca.

La visita la semana pasada de Sánchez a México para un encuentro de Estado con el nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se redujo a la presentación del enfoque español sobre la crisis en Venezuela, pero con un presidente mexicano más aliado de Maduro que de los países en contra. El problema mayor, en todo caso se localiza en la agenda reducida de Europa para la celebración de nuevas elecciones, cuando la crisis es de estructura de poder.

Hay una coincidencia histórica en la relación España-México: a mediados del 2001 visitó México el presidente José María Aznar y le tocó atestiguar la alternancia partidista en México del PRI al conservador PAN (dentro de la Internacional Democristiana) con el presidente Vicente Fox; hoy llega a México el socialista Sánchez y en México gobierna un populista más cercano a la socialdemocracia que el PRI.

La presencia de España en México y América ha tenido más indicios de negocios que de geopolítica; en México, por ejemplo, los principales bancos españoles tienen el control del sector y hoy esos bancos están padeciendo el acoso regulatorio del gobierno de López Obrador que quiere aumentar el control institucional sobre comisiones y manejo de dinero. Para la distribución de fondos sociales directos a los beneficiarios de los sectores más pobres, López Obrador escogió a un banco mexicano, Banco Azteca, que por lo demás está aliado al poderoso consorcio televisivo TV Azteca. Y la decisión se dio con una iniciativa legislativa, congelada casi de inmediato, de bajar por decisión del congreso el cobro de comisiones bancarias.

Iberoamérica sigue siendo un territorio importante de la geopolítica española y europea. Bueno, debería serlo. En la crisis de Venezuela está imponiéndose la Doctrina Monroe que señala, en síntesis, que América debe ser para los americanos, entendiendo que América es los EU y los americanos son los estadounidenses. Y lo mismo ha ocurrido con demócratas que con republicanos, con mayor amplitud política con los primeros.

Los gobiernos de Iberoamérica, por su parte, han carecido de un enfoque geopolítico para buscar acercamientos estratégicos con Europa. Irán, China y Corea del Norte están penetrando América por el lado sur y del Caribe, pero más con la doctrina de la guerra fría ideológica que para romper el dominio económico de Washington. Los estrategas estadounidenses han encontrado ahí la justificación de las presiones imperiales de la Casa Blanca de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.

La verdadera disputa en Venezuela se localiza entre el modelo electoral que exige Trump y al que se ha sumado la Unión Europea y la necesidad de que en ese país haya una reorganización de sistema político/régimen de gobierno/Estado. El presidente legítimo Juan Guaidó, por más razones políticas y de oposición que haya, quedó contaminado con la bendición política de Trump. Los sectores anti imperialistas de América, en declinación pero con presencia, están ensuciando el cargo de Guaidó con el argumento de que sería un Procónsul de la Casa Blanca.

La geopolítica de la Unión Europea en América es endeble, con poca intensidad y sin tener un enviado especial ante la crisis en Venezuela para evitar la victoria de la estrategia de Trump. De lo poco que se ha filtrado de las conversaciones privadas de Sánchez con López Obrador se desprende una falta mayor de argumentos más allá del reconocimiento a Guaidó, porque en términos de legitimidad constitucional existen conflictos de presentación de poderes. Es decir, que Guaidó se precipitó al declararse presidente legítimo sin argumentos constitucionales probados. Estos datos sobre la falta de argumentos formales fueron dichos por López Obrador.

Venezuela podría ser una oportunidad para que la Unión Europea organice una globalización geopolítica en torno a intensificación de la democracia. Inclusive, la UE cuenta con clausulas democráticas que debieran de actualizarse a las nuevas circunstancias de los cambios políticos en América. Los gobiernos de Iberoamérica han tenido oscilaciones radicales que se agotan en victorias ideológicas, pero con un sistema productivo dependiente de las importaciones de los EU y sin explorar otros mercados. La globalización en Iberoamérica fue dictada por el Consenso de Washington de diciembre de 1989: la apertura al capitalismo depredador de Washington.

La visita de Sánchez a México careció de resultados porque se centró sólo en el reconocimiento de Guaidó y no en un replanteamiento del escenario geopolítico y el papel que podría jugar la UE en la promoción de la democracia. Luego de esa visita, la iniciativa geopolítica sigue siendo la de la Casa Blanca de Trump. De ahí la importancia de que la UE deba designar a un enviado especial a Iberoamérica para recopilar información sobre las otras opciones para Venezuela, con el fin de disminuir el fundamentalismo ideológico de Trump.

Por lo demás, fue muy significativo que el viaje de Sánchez a México hubiera pasado de noche en la prensa española, un poco por el tradicional desdén de ignorar el valor geopolítico de Iberoamérica, otro poco por el agobio de la crisis interna en España y algo más por la falta de estrategia mediática en el viaje de turismo político del presidente del gobierno español.

Pero Iberoamérica sigue a la espera de que exista una visión geopolítica de Europa a una región explotada por los intereses geopolíticos de los EU.


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08 Febrero 2019 04:00:00
Guardia, Chapo, fuerzas armadas y de lo criminógeno a lo criminal
Si alguna falla tiene el manejo gubernamental del tema de la Guardia Nacional, habría que buscarla en tres errores: Carece de una política de comunicación social, cayó en la trampa del concepto de militarización y ha desdeñado el avance en las estrategias de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.

Sin entender el modelo de creación de un grupo ciudadano en el 2004 que acompañó y le dio base social a la Ley de Seguridad Nacional que habría de ser necesariamente coercitiva, la forma de operar la creación de la Guardia Nacional no tuvo una verdadera estrategia política y de seguridad nacional.

A ello se ha agregado la falta de habilidad para centrar el tema en lo sustancial: el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en Brooklyn ha revelado la profundidad del problema de seguridad en los temas de criminalidad, recursos financieros, armamento sofisticado y sobre todo corrupción política y civil.

El dato oficial de más de 93 mil delincuentes fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en ocho años habla del tamaño de la criminalidad. ¿Qué número de delincuentes podrían calcularse si murieron casi 100 mil en ocho años? ¿Esos 100 mil delincuentes muertos podrían ser el 10% --más, menos-- del total del crimen organizado? ¿Son cientos de miles o millones los delincuentes si sacrificaron casi 100 mil sin perder su fuerza operativa?

Y lo más grave que ilustra la necesidad de un nuevo cuerpo de seguridad diseñado de manera directa para combatir a esa realidad criminal: ¿Qué sistema político, social, de seguridad y de gobierno ha permitido la existencia de una estructura criminal de bandas, cárteles, federaciones, pandillas y bandidos en solitario sin que se haya sometido a control a los criminales y delincuentes?

La llamada militarización fue una decisión de Estado para incorporar desde diciembre del 2006 a las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas civiles de seguridad pública que habían sido rebasadas por la organización, armas y criminalidad de los delincuentes. Esa participación de las fuerzas armadas no implicó el desplazamiento civil de las instituciones políticas, de gobierno y sociales.

A la estrategia de seguridad del gobierno de López Obrador le falta un modelo de debate político y social que reconozca que las estrategias anteriores fueron criminógenas --no resolvieron el problema del crimen y provocaron mayores formas de criminalidad-- y que ahora ha llegado la hora de una estrategia integral de seguridad criminal. Los funcionarios del área de seguridad han perdido la batalla conceptual de seguridad y justicia porque no han creado una narrativa sobre los éxitos logrados --95% de capos detenidos o muertos-- ni sobre los desafíos de la nueva criminalidad.

La falla de comunicación del gobierno de López Obrador radica en la centralidad del tema de la Guardia Nacional como cuerpo de seguridad formado con cuadros militares y marinos bajo directrices civiles de seguridad: el presidente de la república, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación, el fiscal general, todos los gobernadores, todos los alcaldes, los mandos en las dos cámaras son civiles y los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina han demostrado estar sometidos a la lealtad a las instituciones republicanas.

Los temores a la participación de militares y marinos en la GN se centran en abusos denunciados y en procesos judiciales, pero a partir de la contabilidad de que la gran represión social en la historia reciente de 1958 a la fecha fue ordenada y perpetrada por civiles y policías. Es paradójico que se frene a los militares que dieron resultados en la lucha contra los cárteles y no se condene a los policías cuya ineficacia, corrupción e incapacidad llevaron al país a una República de Cárteles.

Los responsables de la estrategia de seguridad se han ahogado en el tema organizacional de la Guardia y no les han dado mayor interés a las tareas sociales, políticas y de políticas criminales. El gran reto de la política de seguridad del gobierno de López Obrador radica en el paso de una estrategia criminógena que no terminó con la delincuencia y sí permitió mayores bandas y delincuentes a una estrategia propiamente de seguridad interior, a partir del hecho de que la seguridad interior no es sólo policiaca sino de recuperación de la tranquilidad social en la república con bienestar asociado al combate a la delincuencia.

La nueva política de seguridad ha perdido la batalla de las percepciones sociales por la falta de una política de comunicación estratégica, por la centralización del tema en el tratamiento incoherente y sin objetivos políticos en las conferencias presidenciales mañaneras y por la ausencia de articulaciones sociales de las metas policiacas con organizaciones sociales. Una revisión de medios escritos podría revelar que la crítica hacia la GN y la estrategia en general ha carecido de respuesta comunicacional.

La batalla por la GN se puede ganar en el Congreso, pero perder en la sociedad civil.

Política para dummies: La política bien entendida es lo que no se ve, pero se siente.


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@carlosramirezh
07 Febrero 2019 04:00:00
Largo camino de la GN, militares en seguridad y Cuarto Transitorio
El debate en el Senado y la Cámara de Diputados sobre el Cuarto Transitorio y la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Pública dependen de los tiempos reales en la construcción de un cuerpo específico: la Guardia Nacional. Y si la mayoría absoluta no le alcanza a Morena, la mayoría calificada abre la posibilidad de un acuerdo sensato con la oposición.

El problema detrás de la Guardia Nacional se localiza en la construcción de un cuerpo nuevo, con nuevos efectivos, aún cuando buena parte sea de la Policía Militar y de la Policía Naval. Los errores de la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal y la Gendarmería radicaron en asumir el entrenamiento de los efectivos policiacos existentes y por tanto el traslado de viejos vicios a las nuevas funciones de seguridad.

La crisis de seguridad --interior/nacional y ahora más de seguridad pública-- necesita evitar ese error y la clave se localiza en la construcción de mandos funcionales a las nuevas tareas. Y ahí la GN necesita tiempo y cuadros. Por tanto, el interés presidencial y de la Secretaría de Seguridad radica en eludir efectivos con vicios de la vieja seguridad pública.

Si la GN necesitará cuando menos un sexenio para comenzar operar con efectividad, la inseguridad sigue afectando a la sociedad. Por eso el Cuarto Transitorio --borrado por el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez y la novatez del coordinador morenista Mario Delgado-- van a dejar la seguridad en un vacío: La PF y la Gendarmería ya no podrían operar y los militares y marinos tendrían que regresar a sus cuarteles. EL Cuarto Transitorio garantizaba el regreso de los militares a sus cuarteles hasta después de consolidada la GN.

El problema adicional radica en la formación de cuadros policiacos. Los mandos para la GN necesitan transitar por la ruta profesional de la capacitación. Los mandos militares, por ejemplo, basan su efectividad en el entrenamiento educativo militar escalafonario. Un subteniente se forma en cuatro años, un teniente en siete, un capitán en ocho, un capitán primero en once, un mayor en quince y un general brigadier en veintiocho.

Los cuadros básicos de oficiales con capacidad para comandar efectivos requieren mínimo de siete años para formar un oficial teniente y diez para grado de capitán. Mientras más se tarden los legisladores en aprobar a la GN, más tiempo necesitarán sus efectivos, mandos, oficiales y dirigentes. El problema real con el retraso no se localiza en los temores a una militarización de un cuerpo de seguridad pública, sino en el hecho de que no hay otro camino que la aprobación, pero la oposición solo está negociando ventajas.

Sin embargo, el retraso estaría también posponiendo los ajustes necesarios en leyes y reglamentos para pasar de las reglamentaciones legales de los militares a las nuevas reglas civiles de la GN y sobre todo para el reclutamiento y la capacitación. Los entrenamientos son estrictos en función de las responsabilidades de los soldados. Ahí es donde se localiza la decisión de darle una noción militar a capacitación y disciplina.

La participación de militares y marinos en labores de apoyo a la seguridad pública ha padecido más campañas de desprestigio que a resultados reales; un dato puede ayudar a entender el saldo de las fuerzas armadas en seguridad: De 2011 a 2018, los delincuentes fallecidos en ataques de delincuentes a partidas militares y marinas fueron de 3 mil 166, pero de un total de 93 mil 713 fallecidos en enfrentamientos contra la totalidad de las fuerzas policiacas; es decir, apenas el 3.3% de delincuentes cayeron en choques contra fuerzas militares y marinas; en todo caso, el enfoque mediático ha potenciado las cifras reales.

Las cifras anteriores tienen un contrapunto casi siempre soslayado: Del 2011 al 2018 se registraron 100 mil 694 homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Ello quiere decir que la actividad policiaca y de las fuerzas armadas con resultados trágicos ha sido consecuencia de la acción ofensiva de los grupos criminales, casi todos ellos con capacidad armada y letal superior a las de las fuerzas policiacas regulares y solo superados por las fuerzas militares. El dato que luego se esconde es el que refiere que los muertos en enfrentamientos con militares y marinos fueron delincuentes armados y no raterillos de carteras.

La otra clave que se oculta de la GN radica en que nacerá como una institución del Estado y no de gobierno y que los militares y marinos forman parte de cuerpos especializados en seguridad nacional y seguridad interior al servicio del estado ya en operación y no de un grupo secreto. La seguridad nacional y la seguridad interior seguirán como facultades exclusivas del Ejército y la Marina y el cuerpo mixto de la GN se encargará de la seguridad pública con las disciplinas castrenses que representan efectividad e impermeabilidad a la corrupción.

Política para dummies: La política se mueve en los tiempos reales, la demagogia en nanosegundos.

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06 Febrero 2019 04:00:00
Nueva estrategia de seguridad, por un Estado de Seguridad Nacional
Luego de que las estrategias de seguridad de Calderón y Peña Nieto descabezaron los cárteles del narco y del crimen organizado y dejaron solo a Ismael El Mayo Zambada, la nueva Estrategia Nacional de Seguridad Pública del presidente López Obrador reorganizará las prioridades en función de dos objetivos centrales:

1.- Poner en primer lugar la seguridad pública. Siete de los ocho objetivos y las nueve estrategias específicas tratarán de cumplir lo prometido por las estrategias de Calderón y Peña Nieto: Ordenar policías, impartición de justicia, penales y bienestar social.

2.- Pasar a segundo sitio las otras dos seguridades: Interior y nacional, pero ahora sí dotándolas de marco jurídico y doctrinas que se le había negado a la participación de las fuerzas armadas en apoyo a labores de seguridad pública por la capacidad de violencia de los cárteles por encima de las policías.

En la nueva Estrategia hay una reiteración de las dos anteriores, aunque ahora sin la precisión de tiempos de cumplimiento que tuvo el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 25 de agosto de 2008. La parte doctrinaria de la nueva estrategia tenderá a confundir políticas públicas porque el razonamiento hoy parte de la explicación de que inseguridad e incapacidad del Estado fueron producto del modelo neoliberal.

A pesar de que da por concluida la fase de participación de fuerzas armadas en seguridad con el descabezamiento de los cárteles, la nueva Estrategia aprovecha el impulso para entrarle a la regularización del marco jurídico y funcional de la seguridad interior, Por ello el punto 8 de los objetivos enfatiza en el modelo de enfoque de seguridad nacional del Estado mexicano y se compromete a que su “visión de la seguridad nacional” cuente a finales de sexenio “con todas las capacidades institucionales, los instrumentos operativos, los sistemas de coordinación y los fundamentos de una doctrina y estrategia únicas, destinadas a establecer y preservar condiciones que garanticen la integridad y la soberanía nacional”. No lo dice el documento, pero este párrafo es la esencia de una doctrina de seguridad interior, más allá de la pública y en consonancia con la nacional.

Los compromisos concretos para fortalecer las seguridades interior y nacional son siete:

1.- Coordinar la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional. Tampoco lo dice, pero este programa será oficializado con el Plan Nacional de Desarrollo de mayo. El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 de Peña Nieto terminó el 30 de noviembre de 2018

2.- Establecer un Sistema Nacional de Inteligencia para toma de decisiones en materia de seguridad nacional.

3.- Actualizar el catálogo y clasificación de instalaciones estratégicas, en previsión a sabotajes.

4.- Fortalecer y mantener la seguridad interior con la participación de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

5.- Promover el concepto de cultura de seguridad nacional postulado por el Gobierno de México, para contribuir al conocimiento colectivo sobre el tema y fortalecer la toma de conciencia sobre los principales riesgos y amenazas, así como su posible impacto en la forma de vida de los mexicanos.

6.- Mejorar las capacidades tecnológicas de investigación científica en los ámbitos de la seguridad pública, seguridad interior, generación de inteligencia estratégica e impartición de justicia.

7.- Construir las bases para un documento único de identificación nacional biometrizado.

Estos objetivos no son nuevos y han estado en mayor o menor medida en las estrategias de Fox, Calderón y Peña, pero nunca pudieron operarse por la presión de grupos opositores en nombre de los derechos humanos. Inclusive, el presidente Peña propuso, aprobó en el Congreso y promulgó la Ley de Seguridad Interior, pero primero la congeló y luego la Suprema Corte la anuló por controversias constitucionales. Hoy el presidente López Obrador, apoyado por esos grupos opositores y muchos de ellos con posiciones legislativas, regresa a proponer ese marco jurídico para las seguridades pública, interior y nacional.

La viabilidad de la nueva Estrategia de Seguridad Pública de López Obrador dependerá de tres variables caprichosas: recursos presupuestales, disponibilidad de la estructura actual de la seguridad pública marcada por intereses y apoyo de grupos anti Estado en cuanto al marco jurídico y los nuevos instrumentos de vigilancia.

El fondo de todas las estrategias de seguridad --y de manera sobresaliente la de López Obrador porque definirá el rumbo de seguridad para seis años-- radica en la voluntad indispensable y urgente de definir un Estado de Seguridad Nacional que garantice el Estado de Bienestar Social, a partir del criterio de que la inseguridad, la violencia y los grupos criminales obstaculizan el desarrollo social.

Política para dummies: La política tiene como objetivo final la seguridad de los ciudadanos; lo demás es demagogia.

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05 Febrero 2019 04:00:00
AMLO: Estrategia de seguridad, la misma pero táctica diferente
En la guerra como en la política, la mejor posición es la que no se revela. De manera sorpresiva, el presidente López Obrador anunció una nueva estrategia de seguridad basada en los efectos sociales y no en la persecución de capos. Pero si se revisan bien sus palabras, sólo habrá un cambio de prioridades, aunque la lucha contra jefes narcos va a seguir.

El primer destinatario de la nueva estrategia fue el grupo de la oposición en el Congreso, que está buscando doblegar al gobierno federal con la reinserción del Cuarto Transitorio que ponía a nivel constitucional el papel de las fuerzas armadas como apoyo a labores de seguridad pública. Con la nueva definición presidencial, la tarea castrense pasa a niveles secundarios de prioridades, aunque continúe con sus funciones vitales para el Estado.

El segundo mensaje fue más claro: sin dejar de combatir a los grupos criminales, la nueva prioridad es la social: reconstruir los tejidos comunitarios con obras de gobierno, objetivo, por cierto, que no sólo se agota en más programas o salarios de subsidio sucedáneo al crimen, sino que exige la reconstrucción de las instituciones del Estado como factores de socialización: partidos, educación, iglesia, salud y presencia militar social.

El tercero no ha sido fácil de dilucidar: el descabezamiento de grupos criminales provocó una fragmentación de cárteles en bandas más pequeña muy difíciles de controlar. Ahí la tarea pasará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional como institución de presencia abierta en territorios del Estado. En el punto de reconstrucción urgente de las policías dedicará la atención el gobierno y la GN. Hasta ahora, el tema de los huachicoleros es más de seguridad pública que de seguridad interior.

El cuarto mensaje fue para los Estados Unidos, a pesar de las revelaciones amañadas y poco serias procesalmente hablando en el juicio contra El Chapo Guzmán Loera en Brooklyn, Nueva York. Al dar por terminada de manera formal la existencia de cárteles con implicaciones transnacionales, el asunto de las drogas pasa a tema nacional y le deja a los Estados Unidos la lidia de los grupos de cárteles mexicanos en las 3 mil ciudades estadunidenses donde el problema es de mercado al menudeo y de lavado de dinero. México baja un grado en la prioridad de los cárteles como un asunto de seguridad nacional México-EU.

El quinto mensaje va a la sociedad por la intención de disminuir la intensidad en la lucha a veces sin reglas contra las bandas, lo que provocó víctimas colaterales. Ello querría decir, cuando menos en la interpretación, que se acabaron los operativos espectaculares que violentaban las calles de las ciudades. Los operativos serán más selectivos contra la tercera generación de capos y, se espera, con menos efectos sociales colaterales.

El sexto mensaje fue dirigido contra los cárteles sobrevivientes que mantienen liderazgos endebles, sin fuerza política, sin la tranquilidad del tráfico y metidos en guerras intestinas para mantener los mandos improvisados que dejaron los arrestos de los grandes jefes. La guerra por el control del cártel de Sinaloa de El Chapo, por ejemplo, está depurando las jefaturas y los hijos de El chapo carecen de astucia.

En resumen: hay una nueva estrategia de seguridad que reacomodará los objetivos, pero será la misma que ha buscado quitarles espacios territoriales, sociales y políticos a los grupos delincuenciales. Sólo que ahora la intención es reducir la estridencia de la guerra que usaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como parte de la estrategia y centrarse en objetivos más concretos.

El primer efecto se deberá notar en el debate en el periodo ordinario iniciado el viernes pasado en el Senado y cuyo tema central será la reintegración del Cuarto Transitorio de la Minuta sobre la reforma constitucional por la Guardia Nacional que borró el diputado excomunista-experredista-morenista Pablo Gómez Álvarez con la complicidad timorata del coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado.

Si el Senado de Ricardo Monreal reinserta el Cuarto Transitorio en la Minuta, el documento tendrá que ser ratificado en la Cámara de Diputados. Sin la prioridad del combate frontal y violento contra las bandas criminales y la instalación de la GN, la participación de las fuerzas armadas en tareas de apoyo a la seguridad pública como parte de la seguridad interior dejará de ocupar todo el espacio mediático de preocupación.

En una comparación de tensiones, violencia e impacto social, los cárteles estarían llegando a una fase de acuerdo para mantener territorios y no conquistar más. Y el calentamiento de plazas territoriales se da por la lucha entre bandas de delincuentes sin riesgo de seguridad nacional y mucho del aumento de la inseguridad está en este activismo delincuencial que ha rebasado con facilidad a las endebles policías federal, estatales y municipales.

De ahí que haya que analizar más a fondo el cambio de prioridades en la misma estrategia de seguridad.

Política para dummies: La política es el arte de confundir al adversario.

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03 Febrero 2019 04:00:00
Venezuela: Fin del castrismo
Como la historia se vive por ciclos, el largo periodo ideológico del socialismo cubano estaría escribiéndose en Venezuela. Del intento de Ernesto Ché Guevara por crear varios Vietnam en América Latina en l segunda mitad de los años sesenta se pasó a la ola reciente impulsada por Fidel Castro desde la revolución sandinista de 1979 con su punto culminante en la operación política del líder cubano en el 2002 para frenar el golpe de Estado contra el venezolano Hugo Chávez.

Al final, el ciclo cubano que comenzó en 1953 con el ascenso de la guerrilla estará llegando a su fin: El destino político de Nicolás Maduro es insostenible, la descomposición criminal del gobierno sandinista nicaragüense de Daniel Ortega no tarda en estallar y las reelecciones del boliviano Evo Morales no resisten la institucionalidad constitucional.

Ninguno de los regímenes socialistas ha sobrevivido porque al final de cuentas padecieron el síndrome Fidel Castro: Revoluciones sociales que derivaron en dictaduras personales estalinistas, directas o indirectas, sin liderazgos carismáticos como el del cubano. Los países que tomaron el poder en nombre del pueblo no supieron construir una institucionalidad socialista. Ni siquiera Salvador Allende en Chile porque su gobierno fue tomado por los comunistas y radicales.

El problema ha radicado en que los gobiernos socialistas latinoamericanos posteriores a la definición comunista del régimen de Fidel Castro en 1962 nunca pudieron construir una doctrina socialista real. Las versiones socialistas quedaron en meras caricaturas sin construcción de una base de clase obrera y la clase media careció de ideología. Y el propio Fidel lo supo al aceptar las limitaciones de los liderazgos limitados de los caudillos aunque nunca lo reconoció: El socialismo como dominación proletaria necesita de una clase obrera sólida. Fidel nunca fue obrero, sino que, a la manera de Gramsci, construyó su superestructura de dominación cultural. El fracaso socialista de Cuba radicó en la domesticación de la incipiente clase obrera.

En el poder, el comandante Hugo Chávez diseñó un socialismo financiado con dinero del petróleo y con lucha de clases administrada con concesiones a grandes empresarios. Fue un socialismo de programas sociales asistencialistas. Cuando el dinero petrolero se terminó, Venezuela entró en una crisis social y política interna. La muerte prematura de Chávez a los 58 años impidió la construcción de un escalafón político. Maduro fue un sucesor improvisado, con un Fidel Castro en 2013 ya cansado y retirado del poder (murió en 2016) y sin capacidad para construir el liderazgo de Maduro.

La caída de gobiernos autodenominados de izquierda en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay y la inminente terminación de la dictadura de Ortega en Nicaragua han tenido en el relevo en el poder cubano una disociación continental. Fidel murió en 2016 y heredó principescamente el poder a su hermano Raúl y este se retiró del cargo dejando a un regente civil sin liderazgo, ni ideas propias, ni proyecto de transición. Sin un Castro en el poder cubano, la influencia de la Revolución Cubana en la ideología latinoamericana llegó a su fin.

El mapa político de Iberoamérica ha sido oscilante, tomando en cuenta el ciclo de las dictaduras militares represoras de los setentas. La crisis centroamericana, ilustrada por las caravanas de migrantes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití podrían precipitar más cambios de gobierno. La ideología socialista ya no alcanza para mover a las masas y todo queda en programas asistencialistas como en Brasil para cohesionar bases electorales. Pero en países pobres como Nicaragua, el uso de la represión sustituye las ideas sociales.

Los giros a la derecha en Iberoamérica han revelado la existencia de masas que asumen la consciencia de su poder electoral. Y el giro al populismo en México carece de ideología y se basó solo en el repudio a la corrupción priísta y el liderazgo de López Obrador fundado en programas asistencialistas. Brasil fue un caso aún no estudiado: El liderazgo personal de Ignacio Lula Da Silva no fue suficiente para mantener a los progresistas en la presidencia y el voto giró al país a la ultraderecha. En los casos de Brasil y México se puede observar la dinámica del resentimiento social: Contra los populistas y a favor de los populistas, dos casos extremos.

Venezuela no tiene salida. La crisis económica con inflaciones increíbles de tasas de millones por ciento, la hambruna y el autoexilio de millones de personas no pude durar para siempre. El problema para Venezuela radica en la intromisión de Donald Trump al reconocer al autodenominado presidente legítimo Juan Guaidó contaminó el proceso de descomposición por lo intereses imperiales y encareció el apoyo. La geopolítica imperial de la Casa Blanca tiene su enfoque estratégico en la dominación del adversario.

De todos modos, Maduro es insostenible: La crisis económica, la crisis social, el empobrecimiento radical y sobre todo el escalamiento en el uso de la fuerza represiva militar y de fascios civiles no podrán capitalizar el apoyo de Rusia, China y países árabes aliados. En los términos de la guerra fría revividos por Trump, Washington no aceptará un gobierno pro Rusia, China e Irán en la puerta este de Centroamérica.

Lo malo de este escenario en Sudamérica radica en el hecho real de que no hay fuerzas sociales y políticas que encabecen una democracia de relevo, como ocurrió en los ochenta cuando movilizaciones ciudadanas democráticas echaron del poder a militares represores. La derecha antisocial ganó en Chile, Argentina y Brasil. Y el populismo mexicano en el poder no va a gastar su declinante capital político en un apoyo total a Maduro.

Iberoamérica entra en un ciclo de conservadurismo político con pobreza económica y social.

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31 Enero 2019 04:00:00
AMLO-maestros: Gordillo y lucha neoinstitucionales Vs. radicales
De todos los grupos lopezobradoristas que podrían convertirse en obstáculos al gobierno de López Obrador, los maestros son el más importante porque estaría aglutinando a un amplio grupo desestabilizador de un millón y medio: La SNTE que se le va a regresar a la maestra Elba Esther Gordillo, el nuevo partido magisterial gordillista y la Coordinadora disidente nacida de las entrañas del gordillismo, todos ellos con aliados, satélites y rémoras.

La radicalización provocadora antiinstituciones de los maestros de Michoacán, la reactivación de la 22 de Oaxaca y sus tácticas violentas contra la sociedad y pronto los de Chiapas, Guerrero y Estado de México van a ser el principal test al proyecto institucionalizador del gobierno de López Obrador en su transición de grupo de presión a gobierno institucional.

De todos los grupos de trabajadores al servicio del Estado, el de los maestros es el más importante porque incide en tres esferas: El número de militantes, el control ideológico vía la educación como aparato de dominación intelectual del régimen (PRI, PAN, Morena) y su papel dominante en las casillas electorales y como votantes.

Los maestros como factor de poder fueron una de las más astutas propuestas de la maestra Elba Esther Gordillo cuando el presidente Salinas de Gortari en 1989 la impuso al frente del sindicato magisterial. Aunque la CNTE había nacido en 1978 alrededor de una lucha salarial, Gordillo utilizó al sindicato como una catapulta hacia su ambición de ser presidenta de la República. Pero al prevalecer el modelo Lázaro Cárdenas-Fidel Velázquez de que los maestros se organizaban como masa y no como clase proletaria socialista, la maestra Gordillo convirtió a la masa magisterial en el factor real de poder para ganar elecciones: Zedillo, Fox, Calderón y el candidato Peña Nieto pactaron la escrituración del sindicato a Gordillo a cambio de apoyo electoral.

La ruptura Peña Nieto-Gordillo ocurrió cuando la líder sindical magisterial quiso imponer su voluntad al nuevo Presidente de la República buscando ser el poder detrás de la Silla del Águila. López Obrador pactó con la maestra Gordillo encarcelada y ahora ya en libertad viene por la recuperación de su poder sindical.

Tres hechos confluyen --en política donde no existen las coincidencias-- en el conflicto material en el proceso más delicado y frágil del arranque del gobierno de López Obrador: Los intentos de Gordillo de reapropiarse del SNTE, su iniciativa para fundar un partido político magisterial de masas y la dependencia de los maestros radicales de la CNTE de negociaciones oscuras con Gordillo.

Gordillo fue el origen de la CNTE y de la iniciativa salinista de descentralizar la educación a los estados, pero dejando un sindicato nacional. El poderío como líder impuesta por Salinas, Manuel Camacho y la fuerza policiaca de Fernando Gutiérrez Barrios radicó en cederles a los grupos radicales estatales el control de las secciones sindicales y --obvio-- el manejo directo de las cuotas, a cambio de mantenerse como secciones de la SNTE. Si el sindicato nacional se hubiera fragmentado en treinta y dos sindicatos estatales, el poder de Gordillo habría terminado.

La maestra Gordillo ha usado las secciones sindicales radicales de la CNTE como aparato de choque de sus intereses contra gobernadores, teniendo como caso a estudiar el de Oaxaca 2006 cuando la Sección 22 quiso tumbar al gobernador priísta Ulises Ruiz Ortiz, apropiarse del gobierno estatal y comenzar la ruta de control de gubernaturas. Ante las presiones del gobernador mexiquense y jefe político priísta Enrique Peña Nieto para que renunciara, el gobernador Ruiz Ortiz respondió con la amenaza de pasarse al lado del PAN y Calderón.

La lucha de la CNTE en Oaxaca, Guerrero y Michoacán forma parte de la disputa por el poder de la maestra Gordillo y no de la agenda del Presidente López Obrador. Ahí se explica el papel pasivo y en ocasiones torpe del secretario gordillista de Educación Esteban Moctezuma Barragán, una pieza irrelevante en el escenario político de los grupos de poder. Si continúa el papel de Moctezuma en la burocracia, su nivel secundario hoy beneficia al proyecto de la maestra Gordillo de usar la educación para restaurar su poder personal, pactar en secreto con la CNTE protegiendo sus cuotas y beneficios a cambio de mantenerla a ella como interlocutora y buscar que el partido magisterial nuevo sea protagonista en el 2024.

En este contexto, el problema magisterial en Michoacán y Oaxaca no es del Presidente López Obrador, sino que forma parte de la agenda restauradora de la maestra Gordillo, cuya intención es venderse como la única capaz de someter a sus pupilos radicales y colocarse como la pieza negociadora por encima de la limitada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mientras el nuevo presidente quiere institucionalizar a los radicales que siguieron su escuela de protesta.

Política para dummies: La política se mide por la capacidad para controlar a los aliados, antes que vencer a los adversarios.


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30 Enero 2019 04:00:00
Popularidad o eficacia, gran dilema hamletiano de AMLO
Una aguada marcha de apoyo el domingo pasado puso en un brete al gobierno de López Obrador: una cosa son los puntos de popularidad y otro la realidad de los efectos negativos de las principales decisiones de cinco meses de labor legislativa y dos meses de ejercicio de la presidencia.

En Palacio Nacional hay euforia porque la estrategia huachicolera --con muertos, desabasto y protestas-- logró en una encuesta el 89% de apoyo, aunque uno de sus peores resultados haya sido la explosión en Tlahuelilpan y hasta ahora 114 muertos por la imprudencia de la población, la falta de decisión para mover a las fuerzas de seguridad y los pretextos de siempre.

Si el presidente López Obrador se va a mover por la popularidad en las encuestas, entonces tendrá que pagar pronto la fragilidad de los sentimientos populares. A la larga, lo que certifica a los gobernantes es la eficacia de los resultados. Y a final de cuentas, la popularidad es un sentimiento de las circunstancias. Los liderazgos populistas en Cuba, Venezuela y hasta los Estados Unidos dependen de las encuestas.

El primer año de gobierno de López Obrador se medirá por los resultados económicos del PIB, sociales de la pobreza y políticos de sus decisiones. La popularidad en encuestas, por ejemplo, no va a lograr el apoyo legislativo para su estrategia de seguridad, porque el paquete de reformas requiere el voto hasta ahora reticente de la oposición. La aprobación para la Guardia Nacional no debe partir de la popularidad, sino de la eficacia de sus objetivos.

Hasta ahora, en dos meses de gobierno, el presidente López Obrador ha tomado muchas decisiones que se han quedado a medias o han provocado efectos sociales negativos: el despido de trabajadores, la reducción de salarios en una coyuntura de deterioro del poder de compra, las vacilaciones respecto a Venezuela que indican hasta ahora un apoyo al dictador Nicolás Maduro, los 200 mil millones de pesos de pérdidas por la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el retraso en los trabajos para la remodelación de Santa Lucía, los mensajes internacionales que indican baja de vuelos por la inseguridad en Santa Lucía, las cifras de muertos mayores a las de los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, los mensajes de preocupación de la bolsa de valores, las críticas por asignación de compras de manera directa y el demérito de los organismos de comunicación del Estado para convertirlos en voceros presidenciales.

Y hay más: 131 mil millones de pesos de pérdidas de Afores por cancelar aeropuerto, investigación superficial de muerte del senador panista Rafael Moreno Valle y la gobernadora de puebla Marta Érika Alonso, pérdidas de 14 mil millones de pesos por bloqueo de vías férreas en Michoacán por los aliados presidenciales de la CNTE, abandono de la comunidad financiera internacional por la ausencia total de México en la reunión de Davos, pérdida de 137 millones de dólares por mantener parado el avión presidencial sin posibilidad de venta, salario de 8 mil pesos mensuales a jóvenes huachicoleros para que dejen de robar gasolina, buques petroleros parados, fracaso de la reunión del director de Pemex con la comunidad inversionista en Nueva York, compra de 571 pipas sin licitación, distracción de militares en cuidados de los ductos de gasolina, pérdidas por 173 mil millones de dólares en cancelación de proyectos de energías limpias y un Tren Maya que tiene oposición nacional e internacional.

Los dos meses de conferencias presidenciales matutinas son una buena contabilidad de las justificaciones, culpas a sus antecesores y pretextos por falta de resultados que ya le corresponden al gobierno actual. Los efectos sociales de esa forma de comunicar son circunstanciales, de corto plazo, y dependen del bono político de una candidatura forjada sobre la crítica a los últimos gobiernos priístas y panistas.

Los consensos políticos basados en popularidad pueden ser contraproducentes porque justificarían errores, malos resultados y pésimos gobiernos en tanto que el titular del poder represente sentimientos de algún tipo: los cubanos han cumplido sesenta años de yugo familiar castrista y pobreza generalizada a cambio de un liderazgo anti estadunidense; las bases de apoyo de Maduro en Venezuela son sólidas al grado del deterioro de la calidad de vida. Y hasta Donald Trump mantiene una base electoral fuerte, a pesar de los errores garrafales y de su agenda racista, agresora sexual e imperialista.

El otro problema de los liderazgos caudillistas radica en los costos de las popularidades: los cubanos, los venezolanos y muchos estadunidenses pagan cualquier costo por mantener a sus líderes, aun cuando ese costo sea de empobrecimiento creciente. Los cubanos y venezolanos son hoy más pobres que cuando comenzaron los Castro y Hugo Chávez y Maduro, pero los siguen sosteniendo en el poder.

El riesgo político y social en México radica en mantener popularidad a pesar de la ineficacia.

Política para dummies: La política se mide por resultados, no por sentimientos.

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29 Enero 2019 04:00:00
AMLO: El tiradero heredado y los tres sobres del viejo régimen
En tiempos no tan lejanos del viejo régimen priísta, los presidentes que llegaban con nuevas formas estilísticas de ejercer el poder solían culpar a sus antecesores cuando el arranque de la nueva administración se dificultaba. Al emerger de lo profundo del régimen priísta, el presidente López Obrador ha seguido el guión: Intensifica el reparto de culpas de su falta de resultados entre sus antecesores y lo ha hecho al mas puro estilo priísta.

Inclusive, López Obrador va a someter a consulta ciudadana si abre expedientes penales de investigación sobre irregularidades cometidas, como si el cumplimiento de las leyes fuera a contentillo del pueblo.

En el fondo, el nuevo presidente quiere ganar tiempo para que sus programas tengan resultados concretos y para ello ha creado maniobras de distracción. De tener pruebas concretas de violaciones a la ley cometidas por presidentes anteriores, estaría obligado por el Estado de derecho a meterlas a procedimientos penales o ser cómplice. Por tanto, lo más seguro es que no tenga ninguna prueba contra sus antecesores, pero enlodarlos sin pruebas le daría apenas un respiro por la ineficacia de sus principales decisiones en dos meses de gobierno.

El modelo de trato a los antecesores viene del PRI. Todo presidente de la república a punto de entregar la banda presidencial le dejaba a su sucesor tres sobres que debería abrir en situaciones de crisis. El primer sobre decía: échame la culpa a mí de la crisis; si la crisis persistía, entonces tendría que abrir el segundo sobre donde estaba escrita la segunda recomendación: cambia tu gabinete; y si las crisis no se resolvían, el tercer sobre terminaba con un consejo peculiar: escribe tus tres sobres.

El presidente López Obrador quiere explicar el fracaso de muchas de sus medidas a gobiernos anteriores. El caso del huachicoleo es un ejemplo explícito: los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto fueron pasivos ante el crecimiento del robo de combustibles; sin embargo, poco gana el actual presidente lanzándoles dardos inofensivos que ni siquiera generan linchamientos en las redes sociales.

De tener elementos sobre responsabilidades oficiales en casos de corrupción en el caso del huachicoleo, el presidente López Obrador ganaría más puntos si procede legal y penalmente contra sus antecesores, sin estarlos cuchileando con frases superficiales.

La estrategia de enfrentamiento del ducto de Tlahuelilpan debió haber sido mucho más integral. Pero el gobierno actual sólo cerró los ductos, sin tener información de inteligencia de comportamientos violentos, de complicidades sociales y de recursos reales producto del robo de combustibles.

Ante la falta de información sobre el problema del huachicoleo, la ofensiva gubernamental fue atrabancada, irresponsable y sobre todo a ciegas. El caso de Tlahuelilpan debe analizarse como una falla gravísima de la estrategia de seguridad del gobierno lopezobradorista, porque hubo pasividad y negligencia ante la fuga de combustible y falta de previsión sobre el comportamiento de los pobladores del municipio y otros aledaños que durante años han vivido del robo de combustibles.

La ausencia de un protocolo de seguridad no fue culpa de Fox, Calderón y Peña Nieto; los expresidentes probablemente fueron responsables de no haber aplicado la ley y de permitir tomas clandestinas para revender gasolinas, pero el gobierno de López Obrador fue más responsable por no prever una crisis ni reaccionar ante la llegada de cientos de personas con bidones a cagar con la gasolina fugada.

Los señalamientos de que le dejaron un tiradero y que tardará cuando menos seis meses en “echar a andar” el gobierno son una forma de ganar un poco de tiempo. Pero revela la falta de investigación que debió haber emprendido en los cinco meses de interregno entre la victoria y la toma de posesión. Además, un gobernante no puede tomar una decisión sin conocimiento estratégico de las implicaciones, de los costos y de las realidades heredadas.

Así que el gobierno actual debe emprender acciones penales contra sus antecesores o asumir sus propias responsabilidades en decisiones que potenciaron crisis y no las resolvieron.

Auto rescatarse. Ante la dimensión de la crisis presupuestal y con un nuevo gobierno federal preocupado por no ahogarse y salvarse primero a sí mismo, gobernadores y presidentes municipales han tenido que moverse para buscar recursos y explotar posibilidades. El alcalde de Cosoleacaque, Veracruz, Cirilo Vázquez, por ejemplo, fue a la Feria Internacional de Turismo de Madrid a vender proyectos de inversión y de exportación. Y encontró un buen mercado para las artesanías de su municipio, sobre todo de productos con técnica prehispánica de telar de cintura. Y de paso, firmó hermandad con Castellón. Si los alcaldes no ayudan a salvar a sus municipios, nadie en el gobierno federa se preocupará por ellos.

Política para dummies: La política es el ejercicio de la responsabilidad propia, no culpar a sus antecesores de sus propias ineficacias.


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28 Enero 2019 04:00:00
Gabriel Zaid, el último intelectual en el PRIncipado de PRI-MORena
En la historia del PRI ahora rediviva en la transfiguración del PRIMOR hubo siempre un punto de fricción: La relación del poder con los intelectuales, es decir, del Príncipe con el filósofo.

Desde la República de las Letras de Ignacio Ramírez --forma de gobierno intelectual establecida por el intelectual porfirista Salvador Díaz Mirón, abuelo de Manuel Bartlett Díaz--, los hombres de pensamiento oscilaron entre la sumisión, el empleo o la confrontación. Solo uno ha destacado por su distancia del poder y del conflicto: El poeta, ensayista e ingeniero Gabriel Zaid, quien cumplió 85 el pasado viernes 24 de enero.

Zaid es un intelectual socrático, en términos de Aristóteles sobre Sócrates: Amicus Plato sed magis amica veritas, que en traducción libre diría: Platón es mi amigo, pero soy más amigo de la verdad. Se trataría de intelectuales absolutos, sin compromisos. Sócrates pudo salvarse, cuenta Platón, pero sabía que su verdad debía pagarse con la cicuta.

Pocos intelectuales que han dicho su verdad han tenido que pagar las consecuencias: José Revueltas, Octavio Paz y Zaid. La decisión del intelectual de ser más amigo de la verdad que de sus amigos fue racionalizada por Foucault como el modelo griego de la parresia o parrhesía: Sócrates fue reprimido por Dionisos en Siracusa (nuestro PRIracusa y hoy PRIMORcusa) solo por decirle la verdad al tirano. Revueltas, Paz y Zaid han sido literalmente quemados en hogueras simbólicas por decir la verdad desnuda. (Ver La parresia de Zaid, en
http://www.indicadorpolitico.mx/?p=88719)

A lo largo de su vida visible como escritor --desde 1971--, Zaid ha provocado las iras intelectuales: En una carta criticó el apoyo de Carlos Fuentes a Echeverría, su nota que decía que “el único criminal histórico es Luis Echeverría” fue censurada por Carlos Monsiváis y no la publicó en La Cultura en México, agitó el avispero de Nexos cuando hizo un recuento de las contradicciones intelectuales con la guerrilla salvadoreña en Colegas enemigos, desató las furias del presidente Echeverría con su ensayo El dieciocho brumario de Luis Echeverría jugando con el encumbramiento caudillista de Luis Napoleón Bonaparte y sacó de quicio al PRI con su texto en 1985 Escenarios sobre el fin del PRI.

Zaid ha sido el único intelectual, también, en huir de la civilización del espectáculo --categoría de Mario Vargas Llosa--: Rehúye el protagonismo, no permite fotografías y no participa en eventos públicos, Eso sí, ha tenido vigencia a través de sus ensayos no poéticos. Como ingeniero ha sabido potenciar propuestas empresariales y criticar el estatismo económico que en México bautizo como Grupo Industrial Los Pinos con el Presidente de la República como CEO --chief executive officer-- al servicio de la élite burocrática del grupo gobernante como accionistas.

Los ensayos políticos y económicos de Zaid son críticos, pero no estridentes; a pesar de su manejo poético del lenguaje, ha sabido separar la poesía de la prosa. Sus razonamientos son fríos, basados en las contradicciones de las verdades políticas. Se ha negado a construir un grupo intelectual, no aspira subsidios o becas. Y como poeta Zaid es el más creativo después de Paz, pero también ha rechazado andar a la búsqueda de premios y por lo tanto lanza sus libros de poemas como botellas al mar en busca de lectores.

Por ser estricto con su verdad, Zaid no comulga con el objetivo de los intelectuales según Platón en su Carta VII: gobernar; “el género humano no pondrá fin a sus males hasta que el colecticio de los que filosofan recta y verdaderamente no alcance el poder político”. Y no por falta de voluntad, sino porque Zaid ha demostrado que el poder carece de la más mínima relación con la filosofía por el valor máximo de la verdad; el poder es el ejercicio de la mentira.

Por la inflexibilidad de su parresia, Zaid estará lejos del reconocimiento a su obra porque el ambiente intelectual mexicano es más espectáculo que ideas.

Sinaloa. En reposicionamientos locales ante el avasallamiento de López Obrador sobre gobernadores --los coopta o los castiga--, en los pocos priístas que quedan destaca el sinaloense Quirino Ordaz. Los gobernadores que no busquen directamente inversiones dependerán de las participaciones federales envenenadas. De ahí la importancia política y económica de la inversión de 40 millones de dólares del Grupo RIU en hotelería que firmó Ordaz. Y el tema es más importante cuando el nuevo gobierno federal desapareció oficinas de promoción turística.

Fiscalización. El pasado 23 de enero el auditor superior de la Federación de México, David Colmenares Paramo, entregó la presidencia de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores al contralor general de Perú. En su discurso, Colmenares destacó que la autonomía de los auditores y la transversalidad de sus funciones consolidan el equilibrio de poderes. El mensaje es importante ahora que el nuevo gobierno quiere desautonomizar a los organismos autónomos y regresar al centralismo presidencialista que conduce inevitablemente a la corrupción del poder.

Política para dummies: La política es --debe, debería-- ser un acto de la inteligencia, no una dominación de la barbarie.

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27 Enero 2019 04:00:00
Roma, la nostalgia por el PRI de Cuarón
La película Roma del cineasta mexicano oscarizado Alfonso Cuarón está arrasando premios en los festivales. Después de la frustración por la vacuidad de La forma del agua de Guillermo del Toro, la cinematografía mexicana se internacionaliza --globaliza, mejor dicho-- a lomo de los vaivenes de consciencia de directores en la era Trump.

Roma se puede resumir en pocas palabras: Una visión de neorrealismo italiano tardío con una anécdota impresionista que se sostiene con largos planos-secuencia en los que no ocurre nada; el enfoque se completa con la percepción mexicana: una nostalgia pequeño-burguesa del México de los setenta, el de la clase media en ascenso, la última generación antes de la gran crisis de 1976.

Se trata de presentar en plena globalización del siglo XXI una versión sentimental de cuando el sistema político del PRI vivía su etapa de oro: Un médico del sector público tenía ingresos que le permitían una casa de dos pisos, chofer, cuatro hijos, dos personas de servicio doméstico y una amante… y todos vivían contentos. Al ofrecer una imagen nostálgica acrítica, el México de los años setenta queda como recuerdo de cuando las cosas iban bien.

La película Roma atraviesa sin problemas la crisis económica, el autoritarismo de 1971 y la represión a estudiantes por un grupo paramilitar producto del conflicto entre facciones del poder, pero de lejos, sin que el ojo cinematográfico de Cuarón asuma un sentido crítico.

El eje de la película lo sostiene la actriz indígena Yalitza Aparicio, pero su personaje se presenta como el conformismo de marginación de clase; sí, en efecto, es personal del servicio doméstico subsumido en los sentimentalismos pequeño burgueses de la esposa del jefe de la casa que apenas aparece, pero sin enfoques críticos: La explotación del servicio doméstico en México ha sido una forma de explotación de clase. El tratamiento casi familiar a las dos personas del servicio doméstico en la película configura una resignación que se convierte en base de la explotación de clase: salarios directos bajos, salarios indirectos pagados con cama y alimentación, horarios de explotación y hasta la utilización del personal doméstico como paño de lágrimas de la señora de la casa cuando descubre que su marido tiene otra mujer.

El enfoque social de Roma es responsabilidad del director y guionista. La película de Cuarón refiere a ese cine del conformismo clasemediero de los setenta que se usaban para reforzar la lucha de clases a favor de los patrones explotadores: te trato como de la familia, aunque vivas en las zonas de exclusión separada de la casa, con mucho menos comodidades de igualdad social, y entonces el papel de sumisión del personal doméstico queda atado a las funciones marginales en la familia.

En este sentido, Roma le permite a Cuarón reproducir puntualmente el escenario idílico de explotación social de clase del México de los sesentas, setentas y parte de los ochentas. Pero se trata de un enfoque acrítico que al final cumple la función de reforzadora de la nostalgia pequeño-burguesa. No hay una rebelión del director respecto a esa realidad; más aún, la refuerza.

El neorrealismo del cine mexicano tiene puntos referenciales: Los olvidados de Buñuel en 1950, una historia dramática que expone la criminalidad de las clases bajas; Los caifanes de Juan Ibáñez en 1967 para exponer las pandillas de desarraigados de los cinturones urbanos de miseria y su choque con las clases burguesas; antes estuvo México de mis recuerdos de Juan Bustillos Oro de 1943 como una nostalgia del porfirismo a través de un pianista que compone el vals Carmen a la esposa del dictador Porfirio Díaz y que sirve en la película para recodar al Díaz bueno.

En el extranjero Roma deslumbra por el uso del blanco y negro, los personajes sorprendentes del México indígena-semiurbano-burgués, una mujer del servicio doméstico que arriesga la vida para salvar la de uno de los hijos de la patrona pero ella, la sirviente, sin saber nadar, mostrando su espíritu aguerrido en un mar embravecido, la pasividad de la protagonista que sale embarazada de un joven desclasado que formaba parte del ejército paramilitar de represión de estudiantes, y todo en medio de un ritmo de anticlimático de conformismo generalizado en el que las relaciones de clases y la explotación de los ricos a los pobres no se mueve porque la resignación autoritaria era uno de los mecanismos de legitimación del PRI.

Y sí, Roma es una película nostálgica del viejo PRI, del autoritario en el periodo de 1968 (represión estudiantil en Tlatelolco) a 1971 (represión estudiantil en el Barrio de San Cosme). Los directores pueden darle o no a sus películas enfoques políticos y hasta ideológicos, pero en el caso de Roma hay una percepción de nostalgia del viejo orden represivo del PRI, el tránsito del tiempo de Díaz Ordaz y Tlatelolco al de Luis Echeverría y el populismo.

¿Cómo calificar las películas? La revisión del pasado no puede ser tan pasiva que se agote en la nostalgia de viejos órdenes autoritarios. El México que retrata Cuarón (1970-1971) en uno de los entonces barrios de clase media-media tenía un contexto social, ciertamente sumido en sus coordenadas de tranquilidad y patrones clasistas asumidos, pero rodeado de la efervescencia social, política y estudiantil y escalamiento del autoritarismo gubernamental.

Lo que define y marca a Roma es la relación de clase del personal doméstico bajo condiciones de semiesclavitud humana, sensible y hasta familiar. La protagonista asume su condición de clase explotada, pero en momentos en que saltaba la protesta social violenta en forma de guerrilla urbana y rural que la película excluye para no romper su visión idílica. Roma encapsula al México pequeño-burgués de Cuarón.

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25 Enero 2019 04:00:00
Guardia y estrategia de seguridad reventada al interior de Morena
Por un mal manejo de las piezas legislativas de Morena y el exceso de confianza del presidente López Obrador, la iniciativa de Guardia Nacional y la nueva estrategia de seguridad fueron reventadas al interior de Morena.

Cuando menos tres errores fueron fundamentales y afectarán la estabilidad de seguridad de la república:

1.- La reforma Constitucional aprobada y ahora congelada en una minuta mutilada, reorganiza la responsabilidad en el manejo de las fuerzas armadas y la nueva Guardia Nacional en tres puntos: Saca a la GN de temas de “orden interior”, le quita al Senado la facultad de consentir que el presiente de la república mueva tropas de la GN y centraliza el control de la nueva GN en el ejecutivo federal.

2.- Una maniobra operada por el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez --antes del PRD y antes de ahí líder de la Juventud Comunista en 1968-- y con la pasividad incompetente del líder de la bancada morenista Mario Delgado --pieza legislativa de Marcelo Ebrard Casaubón en su carrera por la candidatura presidencial de Morena en el 2024-- borró el Cuarto Transitorio y con ello le quitó a las fuerzas armadas su posibilidad de seguir ayudando a las fuerzas de seguridad pública hasta el funcionamiento óptimo de la GN.

Al borrar el Cuatro Transitorio de la Minuta en automático se tendrán que regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles y dejar la seguridad pública contra los cárteles en manos de una Guardia sin experiencia. El Cuarto señalaba: “de manera excepcional, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, la Fuerza Armada permanente prestará su colaboración para la seguridad pública”. Ahí se formalizaba en la Constitución la participación militar y naval en seguridad pública, sin tener que reglamentar la seguridad interior.

3.- La novatada --otra más-- del diputado morenista-ebrardista Mario Delgado y la jugada sesentaiochera del diputado Pablo Gómez revelaron los problemas de funcionalidad de una bancada de Morena como Torre de Babel de lenguajes, intereses y enfoques y exhibió de paso la incapacidad de imponer la agenda de López Obrador de tres piezas políticas clave del presidente de la república: la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el subsecretario de Gobierno con responsabilidad de enlace legislativo, el exsenador Zoe Robledo, y la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky, quienes desconocen la nueva dinámica parlamentaria y exhiben su candidez y falta de control político sobre los legisladores morenistas.

El reencauzamiento del proceso legislativo para formalizar la Guardia Nacional costará negociaciones, concesiones y sobre todo un nuevo acuerdo con el PRI a costa de mayores concertaciones, además de sufrir el aumento de la presión de organismos y sectores políticos internacionales para bloquear la Guardia Nacional. Las negociaciones en el Senado para reinsertar en la Minuta el Cuarto Transitorio podría ser fácil por la capacidad del senador Ricardo Monreal de arreglar todo a base de concesiones, pero la nueva Minuta tendría que regresarse a la Cámara de Diputados para una nueva aprobación y ahí otra vez enfrentará la fuerza del diputado Gómez Álvarez para impedir el Cuarto Transitorio Versión 2.0 y la incapacidad del coordinador de la bancada morenista Mario Delgado para controlar a su propia bandada y negociar con el PRI y con el PAN.

La Minuta parchada necesitará de la mayoría absoluta --tres cuartas partes de los diputados en el pleno-- y se convertirá en un punto de derrota política para el presidente López Obrador porque de la nueva Minuta depende su estrategia de seguridad a largo plazo con la Guardia Nacional y con las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública cuando menos hasta 2024. Y de acuerdo con percepciones al interior del equipo lopezobradorista de seguridad pública, la Guardia y el ejército son vitales para obtener resultados en seguridad.

La clave del proceso de nueva aprobación de la Minuta sobre la Guardia Nacional, sin embargo, tendrá que pasar primero por la aduana interna de Morena, sobre todo del diputado Gómez Álvarez, cuya militancia comunista, su participación en el 68, su arresto por militares y su encarcelamiento como preso político ha dominado sus tareas legislativas. Como diputado miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gómez Álvarez sabe que votar por la reinserción del Cuatro Transitorio iría en contra de su biografía política y porque él operó el repudio de otros partidos hacia el Transitorio.

Y los diputados que apoyaron a Gómez Álvarez en contra del primer Cuarto Transitorio tampoco pueden votar por su restauración.

La estrategia de seguridad lopezobradorista en términos de la Minuta tiene solo tres escenarios: o se rechaza toda o se repone depurando la bancada morenista radical de diputados como Gómez Álvarez o se aprueba descafeinada

Política para dummies: La política se mueve por el pensamiento estratégico, no por las pasiones caudillistas autoritarias.


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@carlosramirezh
24 Enero 2019 04:00:00
Huachicol: Ofensiva gubernamental profundizó la crisis de seguridad
La ofensiva del gobierno del presidente López Obrador contra los ladrones de combustible cometió el mismo error del gobierno de Calderón Hinojosa al declararle la guerra a los cárteles del crimen organizado: carecer de seguridad estratégica y de información de inteligencia.

Calderón se fue sobre las cabezas de los cárteles y creó nuevos problemas con la diseminación de narcos en pequeñas bandas dedicadas al tráfico y a otros menesteres criminales. López Obrador operó sobre los ductos de distribución de combustibles para evitar el robo y en respuesta metió al país en sabotajes generalizados de las bandas huachicoleras.

La declaración el martes 22 del presidente López Obrador de que la red de distribución de combustible había sido saboteada --sin mencionar presuntos responsables-- prendió los focos rojos de alarma porque entonces el problema ascendió de meros robos locales sin tener datos concretos de la existencia de un cártel o una Federación de huachicoleros a un asunto de seguridad nacional por el papel que juega las gasolinas en la estabilidad nacional.

Con la intención de tapar los hoyos del robo de combustible con tomas clandestinas en las redes de distribución de gasolina, el gobierno de López Obrador destapó muchos hoyos más sin tener ninguna estrategia de combate a las elites dirigentes del crimen organizado/desorganizado huachicolero.

Por lo pronto, cuando menos tres hoyos quedaron destapados:

1.- La respuesta de sabotaje implica ya una amenaza contra la seguridad nacional del Estado y convierte a los carteles y sus dirigentes en enemigos de la estabilidad. Por tanto, el gobierno lopezobradorista está obligado a una ofensiva de seguridad nacional con la utilización de las fuerzas armadas contra esas bandas criminales.

2.- La crisis en la estrategia de seguridad de López Obrador en dos puntos concretos: la tardanza y dificultades para aprobar la creación de la Guardia Nacional con efectivos militares y el borrado Cuarto Transitorio que permitía que las fuerzas armadas siguieran colaborando con las fuerzas de seguridad pública en tanto se profesionaliza la GN. Los dos objetivos deben ser alcanzados en el cortísimo plazo, pero van a tardar.

3.- La existencia probada de un nuevo modelo de delincuencia: la delincuencia social amparada en la pobreza y legalizada por la tesis del presidente de la república de que no combatirá a la sociedad que delinque por bajo nivel de vida. Lo malo, en el caso de los huachicoleros, radica en el hecho de que la sociedad ha delinquido no por pobreza, sino por forma parte de las redes de crimen organizado de las bandas de robo de combustibles.

La parte más delicada fue la revelación del presidente López Obrador de un sabotaje generalizado a las redes de distribución de combustible por tubos. Lo extraño fue que el día de los supuestos hechos no hubo ninguna señal conocida de ese sabotaje: ni fugas, ni balazos, ni movilizaciones de emergencia; nada. La preocupación en círculos de especialistas en seguridad nacional resaltó la posibilidad de que se hayan magnificado los temores sin que hubiera casos concretos de sabotaje.

La estrategia de seguridad desde la iniciativa de Guardia Nacional hasta la explosión en Tlahuelilpan evidenció una severísima crisis en la fase fundamental de la seguridad: el acopio de información de inteligencia. El nuevo organismo Centro Nacional de Inteligencia, paradójicamente, fue sacado como CISEN de Gobernación y con nuevo nombre se adjunto a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; al frente del CNI quedó el general retirado Audomaro Martínez, el militar más cercano a López Obrador.

Sin embargo, la ofensiva contra los huachicoleros, la vigilancia de ductos y la falta de control social sobre la sociedad aliada a las bandas de ladrones de combustibles y ahora el sabotaje general contra la red de distribución mostraron la inexistencia de un organismo de inteligencia y seguridad nacional. Y para colmo, el nuevo CNI ha regresado a los delegados del CISEN en el extranjero, a pesar de la declaración del nuevo fiscal general Alejandro Gertz Manero en el sentido de que la delincuencia huachicolera es transnacional.

A partir de los rezagos, contradicciones, efectos adversos, insuficiencias y vacíos en el robo de combustibles, la estrategia de inteligencia y seguridad pública/interior/nacional contra el huachicoleo debe ser replanteada inclusive antes de aprobar la Guardia o en su contexto. Los problemas en desbasto, sabotajes y tragedias fueron producto de la improvisación gubernamental.

Y queda como punto sensible la denuncia presidencial de un sabotaje a toda la red de distribución de combustible, porque revela ya la situación de guerra Estado-huachicoleros, aunque la crisis de inteligencia del aparato público todavía ignore la configuración de cártel del huachicol, sus redes políticas y sobre todo su alianza con la sociedad que ha robado con el beneplácito gubernamental por su condición de pobreza.

Política para dummies: La política es el ejercicio del poder para disminuir problemas, no multiplicarlos.

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@carlosramirezh
23 Enero 2019 04:00:00
Tlahuelilpan será Ayotzinapa 2; oportunismo nefasto de la CNDH
La crisis huachicolera en Tlahuelilpan, Hidalgo, se perfila como el Ayotzinapa del gobierno actual; y no por responsabilidad directa en la tragedia, sino porque reveló la ausencia por segunda ocasión de una verdadera estrategia de seguridad.

Y de nueva cuenta, de manera oportunista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está distrayendo las primeras indagatorias al involucrar al Ejército por no actuar contra el pueblo, cuando las fuerzas armadas tienen quejas por meterse en asuntos civiles. El Ejército en Tlahuelilpan carecía de facultades legales para intervenir porque no se trataba de un asunto de seguridad nacional directa y en seguridad pública siempre acompaña a la autoridad civil.

Lo grave de la crisis de seguridad se localizó en la ausencia de las autoridades legalmente facultadas para atender el asunto: Las policías municipales y estatal, la Policía Federal y la Gendarmería y la Secretaría Federal de Seguridad y Protección Ciudadana.

La inacción militar que asume la CNDH no existe en las leyes, lo que debería saber el presidente Luis Raúl González Pérez; existe negligencia. Pero las autoridades militares sólo pueden hacer lo que faculta de manera explícita la ley. Y en primer lugar debe concluirse una investigación pericial de la Procuraduría/Fiscalía y sobre los resultados podría la CNDH determinar si hubo violación de derechos y garantías. Paradójicamente, los militares respetaron el derecho lopezobradorista de los habitantes de la zona pobre del país a paliar su pobreza con el robo por necesidad y ahora quieren culparlos de ¡proteger los derechos humanos!

Las autoridades quedaron pasmadas ante el incidente, no activaron los protocolos de seguridad para situaciones de vandalismo delincuencial y tampoco movilizaron a policías de los tres niveles de gobierno ni a la PF ni a la Gendarmería. La zona de la fuga de gasolina fue tierra de nadie. La partida militar actuó con sensatez y ahora la CNDH quiere culparla de no haber reprimido a las personas que danzaban alrededor de la fuga y se robaban el combustible.

Lo que sorprende es la ignorancia oportunista de la CNDH: Su queja o expediente abierto debió haber sido contra las autoridades de Seguridad Pública estatales y federales. Los militares colaboran en acciones de seguridad pública, no son la autoridad in situ. Las quejas en la CNDH contra presuntos abusos militares tienen que ver justamente con la acción ante ataques criminales, en persecución de delincuentes o en apoyos a policías.

En todo caso, el expediente abierto en la CNDH por la supuesta inacción de los militares en la zona de la fuga de gasolina es sencillamente una trampa política que tiene que ver con el tiempo real del debate sobre la Guardia Nacional a la cual se opone ese organismo.

En términos políticos, el caso de Tlahuelilpan será el Ayotzinapa del gobierno del presidente López Obrador: la responsabilidad de los protocolos de seguridad en un incidente que duró cinco horas entre la fuga de gasolina y la explosión. Como en Ayotzinapa, el Estado no fue culpable, pero en el proceso de la crisis y su salida criminal hubo negligencia del Estado. Paradójicamente en Ayotzinapa los militares carecían de facultades para intervenir y siguen siendo señalados como responsables directos. Y también de manera curiosa, el PRD lopezobradorista y Morena lopezobradorista aparecen como autoridades municipales directas en las dos crisis.

Los militares sí tienen capacidad de fuerza, logística y movilización para atender casos de euforias sociales negativas, pero para aplicarlas necesitan de protocolos y reglamentos. De eso justamente se trata en el debate del concepto de seguridad interior en el tema de la inseguridad y de la Guardia Nacional.

Al gobierno actual le falló todo: sensibilidad, operativos, previsión y sobre todo información de inteligencia sobre la configuración, accionar, dominio regional y capacidad de corrupción de los huachicoleros como cártel del crimen organizado. El gobierno actual no puede responsabilizar a gobiernos anteriores porque han tenido 50 días para poner en marcha un plan agresivo de combate. El cierre de ductos fue una decisión errónea; al reabrirlos, las bandas huachicoleras mandaron su mensaje de muerte.

La tragedia de Tlahuelilpan también evidenció que el debate sobre la inseguridad no radica en un Plan de Paz, sino que debe ir acompañado de una estrategia de combate a las bandas criminales. Y que la seguridad cometería el peor de sus errores si sigue subordinándose a contentillos políticos radicales. Calderón y Peña Nieto se lanzaron contra los carteles, pero López Obrador se preocupa por la sociedad. Pero ninguno de los tres ha presentado una estrategia integral.

La falla en la tragedia de Tlahuelilpan no fue de la partida militar, sino de la estrategia de seguridad del gobierno actual. La politización y socialización de la seguridad abandonará a la sociedad en manos de sus propias pasiones y de las bandas criminales.

Política para dummies: La política, bien concebida y diseñada, es el camino para evitar las crisis; mal hecha, las potencia.
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@carlosramirezh
22 Enero 2019 04:00:00
Taibo II despedido de La Cultura en México por corriente y sectario
El cargo intelectual mayor que tuvo Paco Ignacio Taibo II fue la dirección del suplemento La Cultura en México de la revista Siempre a la salida de Carlos Monsiváis en 1987. Sin embargo, duró apenas un año: Del 5 de marzo de 1987 al 1 de abril de 1988. ¿La razón? Confundió “lo intelectual con lo corriente” y escribía “una serie de leperadas”, además de que presentaba recibos de sus seudónimos para cobrar colaboraciones adicionales.

Taibo II había sido escogido por Monsiváis para dirigir el suplemento que había marcado la vida cultural y política del país en dos tiempos: de 1949 a 1961 en Novedades y de 1962 a 1987 en Siempre! La revista Política en los sesenta, las dos versiones de La Cultura en México (con Fernando Benítez y Monsiváis) y Plural de Octavio Paz en Excélsior lograron abrir la concha de la política autoritaria por el lado de la crítica del sistema político desde la cultura.

El suplemento logró un precario equilibrio entre la cultura oficial, la cultura progresista priísta y los escritores que militaban en el Partido Comunista Mexicano. Ante la cerrazón autoritaria de espacios de crítica en medios políticos, la cultura fue una salida sin romper con el institucionalismo priísta. 1987 fue clave: El fin de la clase política priísta tradicional progresista articulada al nacionalismo revolucionario del sector social del PRI y la toma del poder por los tecnócratas vinculados a Carlos Salinas de Gortari.

En el penúltimo suplemento dirigido por Monsiváis apareció un texto de Taibo II sobre su militancia con las organizaciones estudiantiles del CEU. Al tomar la dirección de la publicación, Taibo II se llevó a La Cultura en México a escritores militantes del PCM. El suplemento pasó de la cultura política como espacio para la crítica a la política paulatinamente por encima de la cultura. Los peor fue el espíritu de clan bajo el control férreo de Taibo II, un escritor señalado de excesos autoritarios, personalistas y, paradójicamente, sectarios.

El problema de Taibo II ha sido la subordinación de la cultura como expresión del conocimiento universal a la política. Para él, de acuerdo con su historia, la cultura está subordinada a la política. Y no pasará mucho tiempo en el Fondo de Cultura Económica para que su sectarismo político choque con las exigencias plurales de la cultura.

En su texto de despedida de La Cultura en México el 1 de abril de 1988, Taibo II no ocultó su frustración y culpó a los demás de su propia derrota: “Dichosos los enanos culturales porque de ellos será el reino de los suplementos”, escribió; “les llegarán sobres sin nombre ni remitente con dinero, próvida les dará estampitas de san Juan Bosco y serán jurados de más de un concurso literario”.

Pero luego de echarles lodo a esos intelectuales no identificados, a renglón seguido les dice que ellos no provocaron su caída. “No hubo censura ni auto censura”, “a pesar de las múltiples presiones que existieron y abundaron para que se entregara en un plato nuestra cabeza”.

La historia de los espacios culturales escritos se había abierto hacia 1987: la revista Vuelta de Paz desde 1976, el enfoque de cultura política de Uno Más Uno desde 1977, la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín en 1978, los espacios culturales en La Jornada y más tarde en El Financiero, la corta vida de El Machete de Roger Bartra. En 1987 se dirimió la sucesión presidencial del PRI a favor de Salinas de Gortari y el alineamiento ya sin trabas del neoliberalismo económico, ideológico y cultural (este con la alianza Salinas-Aguilar Camín).

Por las declaraciones de Pagés Llergo, las razones no fueron ideológicas, ni políticas, ni de la burocracia en el poder, sino de la asunción del suplemento por Taibo II sin respetar estructuras. El valor de México en la Cultura y La Cultura en México radicó en el espacio casi inventado de una “izquierda cultual” plural y no dogmática, aunque a veces con justificaciones de dictaduras que generaron polémicas intelectuales. Muchos escritores comunistas fueron publicados, pero sin caer en el dogmatismo.

El perfil del suplemento en la fase Taibo II pasó de la cultura como espacio para el debate de la política y las ideologías a una línea editorial anti sistema y anti Estado. Sin el esfuerzo de pasarlos por el ojo de la aguja de la cultura, los movimientos sociales antiEstado atragantaron el suplemento cultural. No fue el rechazo a esos movimientos: Monsiváis hizo crónica sobre la fundación de la CNTE y sobre la crisis política en Juchitán, pero sin ser panfletos, a pesar de sus simpatías.

Para Taibo II, “el proyecto (de su fase en el suplemento) nació con vocación de informar y tomar partido en lo social”, dejando la parte cultural en segundo y tercer plano y a veces sin presencia en un suplemento cultural; así, La Cultura en México fue más un suplemento político en una revista política. Lo reconoció el propio Taibo II: “Si de algo nos arrepentimos es de no haber encontrado la calidad narrativa”.

Este Taibo II es el que ya llegó al Fondo de Cultura Económica.

Política para dummies: La política debe ser una expresión cultural de los ciudadanos.

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@carlosramirezh
21 Enero 2019 04:00:00
Las exageraciones de Tatiana Clouthier y el 2024… que quiere
Como era previsible, el sistema político morenista-lopezobradorista no es más que un palimpsesto del viejo sistema/régimen/Estado del PRI. Y ya desde ahora, apenas a cuarenta y cinco días de iniciado el nuevo gobierno, el escenario político se ajusta a las reglas priístas de la circulación de las élites.

Los debates en torno a la Guardia Nacional, los fiscales general y anticorrupción y la política económica para el periodo 2019-2021 han adelantado la disputa por la candidatura presidencial morenista del 2024 en dos pistas: El estilo priísta de López Obrador de los dedazos que ha expresado en la jefatura de gobierno del CDMX y en las designaciones de funcionarios de su jerarquía presidencial y el de los juegos de poder entre facciones donde el presidente en turno tiene menos facultades metaconstitucionales.

La declaración de la diputada sin partido y vicecoordinadora de la bancada de Morena Tatiana Clouthier de que el mando militar operativo en la nueva Guardia Nacional podría llevar a que los militares decidieran la candidatura presidencial del 2024 fue todo un despropósito absurdo, aunque cargado de lógica: ella quiere ser candidata presidencial en el 2024. Pero a pesar de esos sentimientos que vienen desde los de su padre Maquío en 1988, el asunto es que no existe ningún elemento juicioso que diga que los militares ponen-quitan presidentes.

Tatiana Clouthier, en todo caso, ha demostrado una evidente ignorancia de la política del régimen priísta que ha sido revalidado por el morenismo en la presidencia de la república. En el periodo revolucionario 1917-1928, Álvaro Obregón se auto impuso como presidente sin movilizar al ejército y sí a partir de su liderazgo personal. Y el genio político de Plutarco Elías Calles anuló a los militares como cuerpo político el 5 de septiembre de 1928 en la llamada “Junta de generales”. Elías Calles logró, después del asesinato de Obregón, que todos los generales de división le dieran la facultad a él como presidente de la república de designar al interino y al nuevo candidato presidencial.

Ahí nació el presidencialismo autoritario, unipersonal y absoluto y en esa junta los generales revolucionarios se sometieron al poder civil. Elías Calles no tuvo problemas en designar al abogado Emilio Portes Gil como interino para convocara nuevas elecciones y resistió el enojo de militares cuando impuso a un tibio general como candidato: Pascual Ortiz Rubio. Pero el poder revolucionario había pasado a la institución civil de la presidencia.

En 1938, como efecto de la expropiación petrolera y el acoso contra México por los empresarios petroleros, Cárdenas reformó al Partido Nacional Revolucionario, le dio tres sectores corporativos con clases organizadas como masas subordinadas al poder y creó el sector militar dentro del partido del gobierno-Estado. Su sucesor Manuel Ávila Camacho, de manera discreta, desapareció el sector militar para evitar que los soldados sirvieran a un partido y ahí los militares dieron el paso definitivo hacia la institucionalización.

El torpeza de Tatiana Clouthier de advertir que la Guardia Nacional con mando operativo militar podría sustituir a Morena y al poder institucional del presidente López Obrador no fue sino una argumentación falaz que de manera evidente lastimó la institucionalidad a toda prueba de los militares y ofendió el respeto castrense a las instituciones civiles. Un caso reciente ilustra la disciplina militar: el actual general secretario salió de la decisión del presidente López Obrador y no estaba en la lista informal de aspirantes.

Lo más grave de las opiniones estridentes de Tatiana --muy al estilo agresivo de las su bronco padre-- radica en su desconocimiento de las instituciones nacionales y de los factores de inestabilidad. En niveles castrenses solo fruncieron el ceño cuando leyeron la advertencia de la diputada no morenista-morenista porque introdujo el falaz y provocador argumento político a un debate sobre la estrategia de seguridad del presidente López Obrador en la que el factor militar es el decisivo. Si la rueda de la fortuna o el elevador que funciona en la torre de la capilaridad del poder decidiera la presidencia en 2024 a favor de Tatiana Clouthier, con qué cara asumiría el cargo de comandanta suprema de las fuerzas armadas.

Lo de menos sería una disculpa de la diputada a las fuerzas armadas por introducir la sospecha de golpismo en los militares. Lo importante radica en la escasez de argumentaciones de seguridad para definir el papel de las fuerzas armadas en la seguridad, a partir de que políticos financiados por capos habría impuesto presidentes.

Paradójicamente para Tatiana Clouthier, los militares en seguridad impedirían que el crimen organizado tomara el control del poder político para imponer --ellos sí-- al próximo presidente de la república.

Política para dummies: La política es la mezcla de reglas y sentimientos, pero siempre por la ambición del poder.

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@carlosramirezh
20 Enero 2019 04:00:00
EZLN 25: Hubo una vez una guerrilla en México
Luego de una guerrilla que tambaleó al sistema institucional en 1994, de tres derrotas presidenciales del PRI y de tres victorias presidenciales de la oposición --dos de la derecha y una del populismo--, México parece haberse quedado en el vacío político del mismo sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional de perfil priísta.

Han pasado 25 años, un cuarto de siglo, cuatro gobiernos sexenales, el quinto que comienza… y las cosas siguen igual; o mejor: han empeorado porque precisamente no han cambiado. En 1994 se anunció la peor ruptura institucional, se pugnó por una transición a la democracia tipo España y hasta corrió el rumor de una guerra civil.

Los peores augurios no se cumplieron. El alzamiento guerrillero zapatista el 1 de enero de 1994 de manera paradójica facilitó una alternancia presidencial a la derecha: el PRI perdió la presidencia en el 2000 después de 71 años de regentearla, el PRI regresó a la presidencia en el 2012 luego de dos gobiernos del PAN y en el 2018 ganó las elecciones el candidato populista-expriísta Andrés Manuel López Obrador.

El EZLN zapatista, formado por ex guerrilleros de los setenta asentados en el estado lejano de Chiapas, resultó una fugaz esperanza frustrada. Después de la ruptura en el PRI en 1987 con la salida de Cuauhtémoc Cárdenas --hijo de uno de los presidentes más venerados por el PRI, Lázaro Cárdenas--, las elecciones de 1988 decepcionaron a muchos: el resultado no fue creíble, pero el PRI controlaba las instituciones e impuso la victoria cuestionada de Carlos Salinas de Gortari. Con habilidad, Salinas reconstruyó el PRI y recuperó en las elecciones de 1991 las posiciones legislativas perdidas. En ese sexenio México firmó el tratado comercial con los EE. UU. y Canadá y reactivó la economía.

El pronunciamiento guerrillero del EZLN y su jefe el subcomandante insurgente Marcos el 1 de enero de 1994 sorprendió al país y al mundo, pero no por el hecho de ocurrir porque ya habían surgido muchos otros grupos guerrilleros. Lo que llamó la atención fue la imagen fresca, simpática y humorística de Marcos y la respuesta no autoritaria del gobierno de Salinas.

El EZLN declaró la guerra al ejército federal, anunció que avanzaría desde San Cristóbal de las Casas, a 750 kilómetros, hasta el Palacio Nacional en la capital de la república y exigiría la renuncia del presidente Salinas para imponer un nuevo gobierno popular; hasta aquí la versión castrista-cubana de EZLN.

La guerrilla, sin embargo, avanzó poco: a diez días de la declaración de guerra, los guerrilleros fueron frenados por el ejército en el mercado de Ocosingo, un municipio a 150 kilómetros de la capital estatal Tuxtla Gutiérrez. Luego de una sangrienta batalla, los guerrilleros fueron replegados y el gobierno de Salinas enfrentó la decisión de fuerza: perseguirlos y aplastarlos con más batallas y más muertos o abrir una negociación de paz. La salida fue la paz.

Con esa decisión, el sistema político priísta neutralizó la guerra y le quitó la bandera política a la guerrilla. El EZLN se sentó a negociar una agenda indígena que nada tenía que ver con el cambio de régimen y el gobierno priísta garantizó la institucionalidad. El ambiente se enrareció más con el asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo y en las elecciones presidenciales de agosto ganó el PRI casi sin impugnaciones de fraude; el miedo había regresado al PRI a la sociedad irritada.

El año de 1994 mostró una guerra de estrategias, personalidades y enfoques políticos entre el presidente Salinas de Gortari y el líder guerrillero Marcos, el primero forjado en el ejercicio del poder y el segundo solo en el espacio mediático de los comunicados escritos. Marcos abandonó la reforma de régimen, se centró en la agenda indígena, negoció una paz que le impide a la fecha regresar a las armas, fracasó en su intento de aprobar el concepto de naciones indígenas en la Constitución, perdió su carisma en el 2000 cuando arribó a la Ciudad de México protegido por policías y militares a los que había combatido y decidió defender agendas radicales de lucha por la tierra de grupos minoritarios.

Marcos fue un universitario que pasó a la guerrilla en Chiapas en los ochenta, cuando ya los grupos guerrilleros habían sido aplastados por fuerzas de seguridad. Su formación ideológica fue castrista, cubana, foquista, sin cuadros políticos con formación política, en tiempos en que el Partido Comunista Mexicano había abandonado la línea de ruptura institucional y se había legalizado en 1978 para participar en la lucha partidista, electoral y parlamentaria.

Con un buen impacto de imagen, Marcos potenció su figura individual, no supo liderar los grupos disidentes, nunca se entendió con el PRD como la fuerza partidista fusionada de excomunistas y expriístas, no se interesó por construir un partido y en las elecciones presidenciales de 1994, 2000, 2006, 2012 y 2018 se encerró en la selva chiapaneca repudiando el institucionalismo. A pesar de que nunca entregó las armas, tampoco optó por reactivar la guerra guerrillera.

El escenario político mexicano cambió por Marcos, pero Marcos nunca pudo darle un nuevo sentido político al sistema priísta. Casi de modo autopoiético, el régimen priísta se autorreformó hacia la democratización institucional y controlada, ya sin una izquierda socialista o armada. La última foto en diciembre mostró a un Marcos pasado de peso, ya sin municiones verbales dialécticas en su discurso. La victoria populista de López Obrador lo marginó más de la lucha abierta.

México cambió mucho en 25 años por Marcos pero sin Marcos. El péndulo derecha (PAN)-centro (PRI)-populismo (PRD-Morena) exhibe la institucionalización política que tuvo en la guerrilla de Marcos y el EZLN el detonador definitivo. Pero México sigue siendo el mismo con el priísmo estilístico de López Obrador.


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@carlosramirezh
18 Enero 2019 04:00:00
Estrategia de seguridad y GN, sin memoria de lo prometido en 2008
La revisión de todos los discursos ayer en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para aprobar la ya aprobada Guardia Nacional fue el tercer déjà vu en clave de dos fracasos anteriores: El Acuerdo de Seguridad del 21 de agosto de 2008 por el caso Martí y las promesas del 14 de octubre del 2011 por el caso del hijo del poeta Javier Sicilia.

Las dos crisis de seguridad que movilizaron a la sociedad mexicana para exigir resultados ocurrieron durante el sexenio panista de Felipe Calderón y sobre todo a lomo de su estrategia de seguridad al lanzar a las fuerzas armadas en apoyo a las fuerzas policiales en contra de los cárteles del crimen organizado. Con Peña Nieto estalló la crisis de Ayotzinapa y denuncias de abuso de fuerza, pero no llevaron a un replanteamiento de su estrategia continuista porque se trataron en ministerio público.

La reunión más importante fue la del 2008 porque marcó dos puntos clave: la aprobación de un plan de modernización de la justicia policial y penal y la maldición del empresario Alejandro Martí, padre del joven asesinado, de que “si la vara está muy alta y no puede, renuncien”.

En el gobierno lopezobradorista, el Plan de Paz y la creación de la GN carecieron de un diagnóstico de crimen y la situación del aparato de justicia y sobre todo sin una evaluación crítica del fracaso del Acuerdo de 2008 en el que estuvieron involucrados muchos de los políticos y funcionarios hoy en el poder. Inclusive, el propio López Obrador, en el 2008 en confrontación contra las instituciones y con el cargo de presidente legítimo, afirmó que las propuestas de Calderón eran cuestionables y agregó que “en esencia prepone un nuevo modelo policiaco”, “es pura faramalla” y para ir a fondo entonces debería “cambiar la política económica” --que hoy es la misma del gobierno de AMLO-- y destituir “cuando menos” al secretario de Gobernación (Juan Camilo Mouriño) y al de Seguridad Pública (Genaro García Luna).

Pero lo interesante y novedoso del Acuerdo del 2008 fue no sólo propuestas de reorganización, sino que se le dieron plazos calendario muy precisos: de los 74 compromisos con fechas de realización, apenas se atendieron los más fáciles; los demás quedaron en el limbo burocrático. Y pese al reclamo del poeta Sicilia por el asesinato de su hijo en un conflicto de cantina que el muchacho no inició pero que enardeció a sicario, Calderón y Peña Nieto se olvidaron de sus promesas.

En acuerdo del 2008 fue exacto:

--4 meses para modelo de control de confianza.

--1 año para centros de control de confianza.

--1 año para evaluación permanente de funcionarios de seguridad.

--6 meses para un sistema nacional de desarrollo policial.

--2 años para un sistema de desarrollo de ministerios públicos locales.

--6 meses para apoyar a estados y municipios con crisis de seguridad.

--6 meses para acabar con narcomenudeo.

--18 meses para fortalecer la Subprocuraduría Especializada contra Delincuencia Organizada.

--6 meses para una estructura contra el lavado de dinero.

18 meses para fortalecer ministerios públicos federales.

--6 meses para red de atención a víctimas.

--6 meses para controlar celulares.

--3 meses para estructura de denuncias contra la corrupción.

--6 meses ara un sistema único de información criminal.

--Y, entre otras, 2 meses para la creación de un observatorio ciudadano para vigilar el cumplimiento de los compromisos.

Nada se hizo y la inseguridad escaló por el fracaso de lo que se prometió arreglar.

El diagnóstico del 2008 reconoció el fracaso del Estado y “el deterioro institucional y estructural, el “alto grado de impunidad” y, lo más grave, “el control territorial” de grupos criminales sobre territorios de la soberanía del Estado.

Este diagnóstico de 2008 y los compromisos asumidos apabullan la estrategia del gobierno entrante de centrar el éxito de su estrategia en la Guardia Nacional con personal de policía militar y policía naval, porque el problema es de estructuras policiales, de seguridad, del Estado y de la sociedad que protege a criminales.

Los compromisos del 2008 revelaron lo inservible de la estructura de seguridad, justicia y penal y la Guardia Nacional será sólo un organismo operativo en vigilancia y persecución de delincuentes. Paradójicamente, el modelo de la GN y el Plan de Paz se parece al que López Obrador en 2008 calificó de modelo policiaco calderonista, sin contenido social, sin reorganización del Estado y sin programas sociales efectivos y no solo asistencialistas.

Peor aún, el Plan de Paz de López Obrador es menor al Acuerdo de Calderón, aunque con las pruebas de que el del 2008 fue demagógico y se abandonó apenas firmado.

Y si la bancada de Moderna llevo la consigna presidencial de aprobar la GN, la oposición resultó mediocre porque un pudo hacer una revisión crítica de lo prometido en 2008 y 2011 ni exigió rendición de cuentas de lo fracasado.

Política para dummies: La política que no revisa sus errores está condenada a… acumular fracasos.

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@carlosramirezh
17 Enero 2019 04:00:00
La Guardia, ineficaz; la clave de seguridad está en la inteligencia
Los debates sobre la configuración real y formal de la Guardia Nacional servirán para la construcción de otro cuerpo operativo contra la inseguridad; sin embargo, la clave para abatir al crimen organizado y desorganizado se encuentra en un territorio abandonado por el Estado o usado para menesteres políticos de facciones: la inteligencia como acopio y procesamiento de información.

El error de todos los gobiernos posteriores a la crisis del 68 e incluyendo al de López Obrador consiste en el enfoque ingenuo sobre los enemigos del Estado: sólo el pueblo salva al pueblo; pero el pueblo, sin el dominio ideológico de los valores sociales de la Revolución Mexicana, se volvió mezquino, para decir lo menos.

El Estado debe seguir siendo el factor de equilibrio social, pero al mismo tiempo prepararse para combatir a organizaciones sin reglas ni escrúpulos en todos los niveles de la criminalidad. La ofensiva contra los huachicoleros es un ejemplo: el gobierno cerró la válvula del producto, pero afectó a la sociedad consumidora de gasolinas y de paso no se ha decidido a procesar a las decenas de bandas y sus protectores políticos y económicos. La razón: el gobierno desconoce esa organización criminal como estructura de poder.

La Guardia Nacional debe ser una cuarta parte de la estructura de seguridad del Estado; otras dos son igualmente importantes: la estructura militar operativa y la estructura civil-política; pero la cuarta es decisiva: la inteligencia como acopio y procesamiento de información criminal, civil y política de los adversarios o enemigos del Estado.

La estrategia de seguridad de López Obrador se ha centrado en la GN y cometió el error de someterla a consenso social y legislativo donde predomina una mayoría antisistema y antiestado. Salga lo que salga esta semana en la Cámara de Diputados sobre la GN, la estructura de la Guardia estará acotada por los remiendos.

La única posibilidad de que el gobierno lopezobradorista logre abatir al crimen organizado y desorganizado será con una estructura de inteligencia. El Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN) fue un organismo maldito del gobierno, todos lo usaban y nadie le daba su utilidad real. El gobierno de López Obrador lo desmanteló y lo redujo a Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o sea, a labores policiacas.

Las organizaciones criminales organizadas y desorganizadas son bandas que luchan contra el Estado. Y en el caso de los huachicoleros, el CNI retrocedió del espacio político de Gobernación al policiaco de la Secretaría de Seguridad y se le entregó al general Audomaro Martínez Zapata, un militar ya distante de las doctrinas de seguridad del ejército y del Estado y sometido al control del presidente López Obrador. Su principal contradicción radica en asumir las tareas del CISEN-Gobernación para la seguridad del Estado, pero como CNI-SSPC para acotadas tareas de seguridad pública.

La nueva política de seguridad carece de una estructura de centralización de políticas y decisiones. Es decir, se trata de una estrategia que no es estrategia.

En el fondo, la crisis de seguridad, el debilitamiento del Estado, la complicidad institucional con las bandas criminales, los acotamientos a la respuesta gubernamental de seguridad y los miedos a efectos colaterales civiles han creado limitaciones a la política gubernamental de seguridad y han beneficiado a los criminales.

A México le llegó la hora de profesionalizar su seguridad. Hace falta un Consejo de Seguridad Nacional, una Agencia Central de Inteligencia, una Agencia de Seguridad Nacional y, sobre todo, como en los Estados Unidos, una Dirección Nacional de Inteligencia que coordina a las 17 oficinas civiles y militares que conforman la oficialmente conocida comunidad de inteligencia.

En México existen varias oficinas de inteligencia: la militar, la naval, la aérea, la policiaca, la política y la financiera, pero persiste la carencia de una oficina que centralice la información. Todos los presidentes le han tenido miedo a la centralización de las labores de inteligencia, pero esos temores han llevado a la ausencia de información para la seguridad del Estado. La inteligencia política de Gobernación fue destruida por Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, cuando la Federal de Seguridad se vio involucrada en el asesinato del columnista Manuel Buendía y, sobre todo, cuando sus jefes aparecieron protegiendo a los primeros cárteles del narcotráfico con credenciales de la DFS firmadas por el propio secretario de Gobernación.

De poco servirá la GN como Frankenstein civil-militar si no va acompañado de un servicio de inteligencia articulado. La actual Policía Federal y la Gendarmería han demostrado su incapacidad por quedarse en lo operativo por tener servicios ineficaces de inteligencia. Sin inteligencia, la GN será otra policía grandotota.

Política para dummies: La política es inteligencia como reflexión, pero es más inteligencia como acopio de información privilegiada.

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@carlosramirezh
16 Enero 2019 04:00:00
Sin ley de seguridad interior, el Plan de Paz de AMLO fracasará
Los militares fueron llamados a labores de apoyo a la seguridad pública en diciembre de 2006 cuando los civiles habían fracasado: Policías, jueces, funcionarios de los tres niveles y hasta medios formaban parte de la estructura de poder del crimen organizado. López Obrador afirmó primero que los militares regresarían a sus cuarteles y luego propuso la formalización de la participación militar en seguridad pública.

La iniciativa lopezobradorista para la creación de una Guardia Nacional con efectivos y mandos militares se aprobó en las comisiones legislativas y se desaprobó en las audiencias públicas. Estas vacilaciones gubernamentales responden a la falta de una doctrina de seguridad del Estado que debiera ser el principio rector de los gobiernos. El movimiento estudiantil del 68 demostró la disminución de la legitimidad del Estado, sin espacios de apertura democrática para la disidencia y la oposición.

El procedimiento de participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública (Calderón y Peña Nieto) y ahora con López Obrador se ha hecho sin ningún método. Antes de enviar a militares y marinos a combatir delincuentes, el gobierno como Estado debió haber definido primero tres principios rectores: Una doctrina de seguridad interior, una ley de seguridad interior y una doctrina de defensa nacional.

Las estrategias de seguridad de Calderón, Peña Nieto y López Obrador han sido improvisadas. El punto más sensible fue el repudio del candidato López Obrador a la participación de las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública y la decisión del presidente López Obrador, luego de recibir de los militares información de inteligencia del tamaño del problema de la inseguridad, de profundizar la militarización de las fuerzas de seguridad. Lo malo del gobierno actual fue su impreparación para defender la iniciativa de la GN y de su Plan de Paz.

López Obrador, la renacida Secretaría de Seguridad y el Plan de Paz no funcionarán si antes no se resuelve el problema conceptual-político-de poder de la seguridad interior, un concepto que viene de la Constitución de Cádiz de 1812 y que se reproduce en las tres constituciones aprobadas en el Congreso. La clave en este concepto radica en que el escalamiento de capacidad ofensiva y de corrupción de los grupos criminales ha convertido la seguridad pública del ciudadano en un tema de seguridad interior del estado.

Si el gobierno de López Obrador no le entra a la reglamentación de la seguridad interior, su plan carecerá de posibilidades de ganar la lucha contra la delincuencia, con o sin GN y con o sin fuerzas armadas. Hay, cuando menos, tres esfuerzos de fijación de los principios de seguridad interior.

1.- EL Glosario de Términos del Colegio de Defensa Nacional de la Sedena, que forma parte del cuerpo doctrinario educativo de los militares, dice:

“Función del Estado, de velar por la seguridad y el orden interno manteniendo así el imperio de la Constitución y demás leyes que de esta emanen, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación; obteniendo y controlando actos antisociales o contra el Estado, llevadas a cabo por personas o grupos transgresores de la ley, cuya actuación delictiva se encuentra previsto por las leyes del fuero común y federal”.

2.- El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 del gobierno de Peña Nieto asumió los considerandos militares:

“Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

3.- El Plan de Paz de López Obrador contiene un primer párrafo que podría decirse que asume puntualmente el concepto del Estado-Leviatán de Thomas Hobbes de 1651 que fundó la teoría del Estado-autoridad:

“La seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: El pacto básico entre este y la población consiste en que la segunda delega su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. Para ello están dotadas de facultades e instrumentos como leyes y reglamentos, organismos de procuración e impartición de justicia y el uso exclusivo de la fuerza pública. Cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser, se debilita el acuerdo que articula las instituciones a la sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la existencia misma del Estado”.

Sin doctrina, ley y definiciones legales de seguridad interior, la seguridad pública seguirá al garete.

Política para dummies: La política es el ejercicio del poder legitimado ante poderes ilegítimos.


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@carlosramirezh
15 Enero 2019 04:00:00
La Guardia Nacional será otra PF; su mando, a los civiles que fallaron
1.- Las vacilaciones, los avances y retrocesos y la falta de confianza en su propio proyecto llevaron al presidente López Obrador a fracasar su propuesta-eje de seguridad pública: La Guardia Nacional.

2.- Se dijo desde el principio: Las consultas y audiencias públicas sirven para fortalecer una decisión ya tomada o como pretexto para destruirla.

3.- La decisión presidencial durante las audiencias cambiaron el sentido original. El Gobierno federal cedió en las tres partes fundamentales que le darían al nuevo cuerpo la fortaleza que perdieron las instituciones de seguridad en doce años de lucha contra el crimen organizado y treinta y cinco años desde que estalló la crisis en 1984 con la revelación de los mariguaneros en el campo y el asesinato del columnista Manuel Buendía, cuando se disponía a publicar datos de las complicidades oficiales con los cárteles.

4.- Los cuatro retrocesos dejaron las cosas como estaban antes del compromiso presidencial de la GN: Mando civil de la GN a pesar de que el comisario general actual de la Gendarmería es un marino, fragmentación de competencias institucionales para no quitarles el poder y acceso a recursos presupuestales a gobernadores y alcaldes, demasiados controles que llevarían al nuevo cuerpo a operar evitando recriminaciones y no combatiendo al crimen organizado y exclusión de los superdelegados federales de temas de seguridad, dejándole a gobernadores y alcaldes manos libres en ese tema.

5.- El mando civil a la GN no haría más que regresar al modelo fracasado de policía federal con mando civil.

6.- El problema operativo mayor estará en la incorporación de severos policías militares y navales como parte fundamental de los efectivos de la GN, pero ponerlos ahora bajo el mando de un civil acotado por las restricciones prioritarias y funcionamientos burocráticos.

7.- A pesar de que las quejas, sentencias y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra las fuerzas de seguridad civiles-militares desde 2007, han sido proporcionalmente menores al total de efectivos desplegados, número de operaciones desarrolladas y desarticulación del crimen organizado con la mayoría de sus cabecillas muertos, presos o extraditados. Con la GN el congreso privilegió el respeto vigente a garantías y derechos por encima de la capacidad criminal de las bandas delincuenciales.

8.- La GN era el eje del Plan de Paz del gobierno del presidente López Obrador porque anunciaba una fase de ofensiva contra la delincuencia en general --carteles de narcos y bandas delictivas en otras especialidades-- aprovechando el entrenamiento de las policías militar y naval en tareas de investigación y confrontación, pero con mando civil el espíritu castrense de disciplina, lealtad y valores no será utilizado porque los efectivos castrenses tendrán que descender a los niveles de policías federales preventivos.

9.- El debate sobre la militarización de la GN fue falaz porque en la conformación de la Policía Federal y en la Gendarmería ya había habido un traslado de policías militares a labores de seguridad civil.

10.- El debate sobre violaciones de derechos humanos por efectivos militares en operaciones del 2006 al 2018 fue menor en cifras con respecto a la estridencia mediática. De 10 mil 637 quejas presentadas en dos sexenios, la CNDH concluyó apenas 133 recomendaciones de casos investigados y probados (1.2%), sobre un total de casi 215 mil efectivos militares y sólo 45 mil asignados a la lucha contra el crimen organizado civil. La estridencia de la CNDH magnificando casos ha servido sólo para posicionar en escalas burocráticas a su presidente Luis Raúl González Pérez --ahora busca la rectoría de la UNAM-- y para ocultar su incapacidad para defender a la sociedad ante el abuso policiaco a costa de debilitar a los organismos de seguridad. Hay una correlación entre las denuncias de la CNDH contra el aparato de seguridad y el aumento de la inseguridad en zonas acotadas por disminución de operatividad.

11.- Del asesinato del columnista Manuel Buendía en mayo de 1984 al 10 de diciembre de 2006 que arrancó la guerra del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico usando fuerzas militares en nombre de la seguridad interior, el crimen organizado se había asentado en zonas territoriales de la soberanía del Estado nacional y gobernaba municipios y hasta estados en su totalidad y lo hacía con la complicidad de políticos, funcionarios, policías y la misma sociedad. Hoy, doce años después de esa guerra, el Estado recuperó esos territorios, encarceló y deportó a capos y desarticuló los carteles.

12.- López Obrador tuvo muchas oscilaciones respecto a la seguridad y avanzó-retrocedió en materia de la GN. Su propuesta de nuevo cuerpo con efectivos militares en labores de seguridad policiaca fue audaz y era el paso necesario para una nueva fuerza de seguridad; sin embargo, aceptar el mando civil limitar la acción federal demeritará la autoridad del próximo jefe civil policiaco de la GN.

Política para dummies: La política se mide por sus resultados, y los medios sólo sirven para saber en qué se fracasó.

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@carlosramirezh
14 Enero 2019 04:00:00
Guardia Nacional paga descuidos, errores y contradicciones de AMLO
El presidente López Obrador, la creación de la Guardia Nacional y el papel preponderante en su arranque de mandos militares están pagando los errores, contradicciones, descuidos y costos del discurso de campaña del candidato López Obrador: se comprometió que los militares regresarían a sus cuarteles y acusó a las fuerzas armadas de represoras. Ese discurso ha empedrado el camino de la GN con mando y cuadros militares como el único camino en la nueva estrategia de seguridad,

Los opositores a la GN con mandos militares han usado las argumentaciones del candidato López Obrador. Sin embargo, el presidente López Obrador posee información estratégica que concluye que las fuerzas armadas son las únicas con capacidad, entrenamiento y valores para construir un nuevo cuerpo de seguridad preventivo y operativo contra el crimen organizado.

La organización de las audiencias públicas fue otro error estratégico porque los sectores favorables a la creación de la GN han perdido la batalla semántica y política contra quienes de manera estridente se oponen a ese cuerpo. Lo paradójico es que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados está obligada a aprobar la iniciativa presidencial, pero a la hora de las discusiones serias los morenistas apoyan a los opositores.

La creación de la GN tiene tres puntos inevitables:

1.- No será un cuerpo de adorno, sino que formará parte de una política de Estado. Por tanto, no puede ser sujeto a simpatías. Luego del fracaso de la policía judicial, la policía federal y la gendarmería, la lucha contra el crimen organizado y desorganizado --cárteles, bandas y delincuencia al menudeo--, la única salida será la de la GN. Pero si por esa prioridad de Estado del gobierno de López Obrador carece de apoyo de sus propios aliados, entonces lo que salga de la Cámara de Diputados será un remedo de cuerpo profesional de seguridad. Lo que le queda al gobierno es repetir el numerito de la consulta tramposa sobre el aeropuerto para que la consulta sobre la GN gane sobre sus opositores.

2.- La militarización de la seguridad pública es un discurso tramposo. Los militares que participan en apoyo a labores de seguridad dependen directamente del mando civil superior: el presidente de la república, además de que sus errores y excesos son castigados por la autoridad civil. Lo que aportan los militares es experiencia, enfoques estratégicos, principios de seguridad, disciplina y valores patrióticos. Los militares, por el fracaso de la seguridad civil, representan la última línea de defensa del Estado y de la sociedad ante el poder criminal, armado y corruptor de la delincuencia.

3. La oposición de gobernadores al mando civil en la GN tiene que ver con el hecho de que el nuevo cuerpo de seguridad acabaría con el negocio de los recursos de seguridad, las complicidades con el crimen organizado y el poder absoluto de los mandatarios estatales como verdaderos Califas. El fracaso estatal y municipal de la seguridad se le debe acreditar a los gobernadores y alcaldes. El caso del huachicol, por ejemplo, involucra complicidades de funcionarios, empleados y trabajadores de Pemex y autoridades estatales y municipales. La creación y funcionamiento de la GN implicaría una redistribución del poder a favor de la federación y en contra de los Califas estatales y municipales.

Por más popular que quiera ser un gobierno, hay decisiones de Estado que escapan de la consulta al pueblo. Pero con la circunstancia agravante de que la presencia de militares en labores de seguridad pública ha sido aplaudida, consolidada y apoyada por la sociedad en los territorios ocupados o dominados por las bandas del crimen. La indisciplina, desorganización, actos de corrupción, bajo armamento y escasez de recursos contribuyeron a la ineficacia en las acciones de la policía federal y la gendarmería.

Por tanto, el debate sobre la GN nada tiene que ver con los derechos humanos, sino que su trasfondo afecta inclusive el financiamiento público a organizaciones no gubernamentales que operan como complicidad formal o informal. La exigencia de un mando civil inicial en la GN va a beneficiar a las bandas delincuenciales, a los poderes estatales y municipales y a las propias ONG’s, porque el nuevo cuerpo nacería con un mando débil, politizado e ineficiente, porque en estos doce años de inseguridad creciente el gobierno y el Estado no pudieron crear cuadros policiales directivos civiles con capacidad y liderazgo.

Y al final de cuentas, la GN no será un cuerpo de seguridad como poder autónomo, sino que dependerá en sus funciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en última instancia del Presidente de la República como jefe de gobierno y su funcionamiento tendrá que acatar no sólo la vigilancia crítica de sociedad y medios, sino de los poderes legislativo y judicial.

Si la GN no nace o surge mutilada, habrán ganado los malos.

Política para dummies: La política es el arte de enredar lo sencillo, pero para obtener beneficios y no para perder lo ganado.

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@carlosramirezh
13 Enero 2019 04:00:00
Cuba: Lo que nunca fue
A lo largo de 66 años --desde el asalto al Cuartel Moncada-- y 60 como gobierno Cuba ha sido más bien una nostalgia de lo que no fue; y peor, de lo que siempre se supo que no sería, pero que había que mantener como un contrapeso ideológico de lo que pudiera ser.

Tres datos, entre muchos:

1.- En su famoso discurso “Condenadme, no importa, la historia le absolverá”, el jefe guerrillero Fidel Castro hizo una apología de la lucha por la democracia occidental ante la dictadura de Batista. En enero de 1959 Castro se apoderó del gobierno, se lo heredó a su hermano Raúl en el 2006 y en el 2018 Raúl Castro puso a un regente al frente de la presidencia cubana.

2.- Mientras en la Plaza de la Revolución en julio de 1959 había una fiesta para celebrar desde el poder el aniversario del inicio de la revolución con el asalto al Cuartel Moncada, en el Palacio el guerrillero Camilo Cienfuegos, tímido, avergonzado y disciplinado, arrestaba al comandante Hubert Matos por haber señalado que Fidel Castro iba a instaurar el comunismo en Cuba bajo el discurso de la democracia. Por cierto, en esa fiesta en la Plaza estaba el expresidente mexicano Lázaro Cárdenas, defensor de la revolución cubana.

3.- A mediados de 1961, para justificar un acto de censura cinematográfica que se extendió a la censura literaria, Fidel Castro pronunció su frase más revolucionaria: “Con la revolución, todo; contra la revolución ningún derecho”. Ahí nació el control de la creación intelectual que llevaría a intelectuales pro Castro en 1971 a romper con la revolución por el arresto del escritor Heberto Padilla. Esta historia en 1971 tendría un testimonio histórico: La novela realista Persona non grata, del escritor y diplomático chileno Jorge Edwards.

Cuba pasó de sueño a símbolo y derivó en pesadilla. Por eso sus excesos casi no importaban. Fidel Castro representó la posibilidad tropical de un comunismo diferente al soviético, en América más bailador y sentimental que el burocrático de Moscú, aunque los dos igualmente dañinos como utopía. A Fidel le perdonaron todo: desde su concepción dictatorial de la realidad y las decisiones de gobierno, hasta su negociación secreta con la Casa Blanca para seguir existiendo después del fracaso de la crisis de los misiles en octubre de 1962.

El problema en América radicó en la inexistencia de una alternativa a la lógica capitalismo estadunidense-comunismo soviético. El eurocomunismo de los setenta no pudo consolidarse como proyectos de gobierno y el socialismo de derechos sociales --la verdadera izquierda nacida en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa-- devino en socialdemocracia de mercado. En América el socialismo de instituciones ni siquiera ha llegado a socialdemocracia y se ha ahogado en populismos redentores de caudillos terminales.

Nadie esperaba ya un recuerdo simbólico de Cuba el pasado 1 de enero. En términos institucionales, Cuba perdió el simbolismo como revolución alegre en 1971 con el caso Padilla y la ruptura con intelectuales y medios y se convirtió en el Estado cubano con más vicios que virtudes. En el 2003 la ruptura de José Saramago con el socialismo autoritario cubano fue el último paso hacia la deslegitimación moral de la revolución guerrillera de 1953-1959.

Cuba sigue existiendo como un punto de referencia del comunismo autoritario de Estado, pero ya no como ejemplo de una revolución popular de los pobres para conseguir el bienestar. Cierto: Cuba tiene el más alto índice de salud y educación, pero mantiene vivos y educados a los cubanos para lamentar la falta de empleo, oportunidades y bienestar. La revolución se agotó en la socialización de la pobreza, en la depauperación del pueblo y el aburguesamiento de sus líderes revolucionarios.

Los últimos apadrinamientos de la revolución cubana han terminado en un desastre social, político y económico: Venezuela y Nicaragua, los dos debido a la mano astuta de Fidel Castro. Venezuela se está deshaciendo como sociedad y como nación y Nicaragua se consolida de manera paradójica como una dictadura al estilo somocista; esas dos revoluciones fueron un sueño que terminó en pesadilla. Y aunque Castro no condujo el proceso chileno, sus consejos a Salvador Allende no lograron el experimento de un socialismo por la vía electoral-democrática.

El 66 aniversario del inicio formal de la guerrilla castrista y el 60 aniversario de la conquista del poder mostraron a una Cuba triste, sin futuro, dominada por el discurso castrista de que más vale vivir cubano pobre que cubano capitalista con desigualdades sociales. Lo significativo es que paulatinamente Cuba se abre más a la dinámica de mercado capitalista, aunque de manera vergonzante que más bien pudiera conducir a un capitalismo-comunista --un verdadero oxímoron-- que tampoco solucionaría las exigencias crecientes de libertad, democracia y mercado.

La Cuba de hoy no es la alegre de la guerrilla, del sueño de justicia y bienestar, de una nueva forma de democracia; los testimonios recientes de quienes han viajado a Cuba muestran un país anulado, pobre, cayéndose a pedazos, con una sociedad sumisa ante el poder y violando la ley con negocios individuales que han regresado ese individualismo egoísta que no debió de tener el nuevo hombre que vislumbró El Ché Guevara en 1965.

Lo que queda claro es que Cuba ya no es un referente del socialismo ideal, a pesar de que figuras importantes de la academia y la política sigan exaltando a Cuba como el ejemplo socialista, como tampoco lo son China o Corea del Norte. El 2018 se recordaron en silencio los cien años de nacimiento de Karl Marx. Sin embargo, la crisis general del capitalismo podría sentar las bases del rescate teórico del socialismo como contrapunto del mercado y pudiera alentar los avances en el diseño ideológico de un socialismo democrático, de mercado y de justicia social.


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@carlosramirezh
11 Enero 2019 04:00:00
Censura cuando periodistas atacan a periodistas para defender a políticos
Uno de los indicios que revela elementos de descomposición en los regímenes populistas y de caudillos se percibe en la poca resistencia a la crítica. Pero el asunto entra en los linderos de la censura autoritaria cuando periodistas atacan a periodistas para defender a políticos, sacándoles a éstos las castañas del fuego.

La prensa nada tiene que hacer defendiendo políticos y gobernantes. El uso de la prensa para que los políticos ataquen a periodistas y adversarios es una perversa herencia del sistema político priísta.

En un ensayo provocador de 1932, el comunista Paul Nizan --compañero entrañable de Jean-Paul Sartre-- atacó a los profesores de filosofía que defendían a los regímenes conservadores y los caracterizó como “los perros guardianes”; en los EE.UU. los periodistas que critican al poder se asumen como “perros vigilantes”. Han sido los dos extremos.

El columnista y editor digital Federico Arreola, que fue asesor del candidato López Obrador en las elecciones del 2006, rompió lanzas contra el columnista Ricardo Alemán, conocido como el más severo crítico de López Obrador. Alemán conoció al tabasqueño en los noventa en el edificio de La Jornada donde el tabasqueño tenía unas oficinas sin ser periodista y mantuvo relaciones nada agradables porque sus despachos colindaban.

Lo malo de Arreola, en una columna última publicada en el sitio de El Sendero del Peje, no fue defender al presidente López Obrador, sino atacar sin reglas y a mordidas al columnista Alemán y de paso regañar al periódico El Debate --una cadena de varios diarios en Sinaloa-- por publicar los textos de Alemán. El dato no debe pasar de largo: Ningún periodista tiene la autoridad política o moral para delimitar la sección de colaboradores de los diarios, y menos cuando se trata de diarios prestigiados, con años de lucha contra los abusos del poder y con formación de empresa privada.

El título de la columna de Arreola dibuja al autor: ¿por qué el miserable periodismo de El Debate contra López Obrador?; Arreola ataca al medio y no al columnista crítico. La connotación critica del adjetivo miserable no sólo es desproporcionadamente ofensivo, sino que hace asumir a su autor la defensa apasionada del presidente en turno. Lo que queda por indagar es el papel actual de Arreola con López Obrador, porque el presidente en funciones suele azuzar a sus aliados para criticar a sus críticos como perros de presa, como lo confirman los textos incendiarios del otro asesor funcional: Epigmenio Ibarra.

Toda la historia de credibilidad, lucha contra el poder y papel social responsable frente a sus lectores de los periódicos El Debate fueron desprestigiados por Arreola por el solo hecho de que esa cadena publica, en su derecho como empresa privada, las columnas de Alemán. Pero en lugar de criticar el contenido de las columnas de Alemán, Arreola utiliza el viejo esquema de desprestigiar al autor y al medio que lo hospeda. En realidad, Arreola carece de argumentos analíticos y periodísticos para refutar a Alemán y por eso se lanza contra su credibilidad.

Llamar “miserable periodismo” al que practica El Debate no es en realidad un insulto sino una expresión de impotencia intelectual, política y moral. Y se completa con la cadena, llena de resentimiento apasionado, de insultos del periodista Arreola al periodista Alemán; desquiciado, odiador, enfermo, perverso, lucrados, resentido, loco…, entre otros.

Lo mas grave de la columna Arreola es que está armada para presionar a El Debate para que despida a Alemán de sus páginas, en los mismos estilos que Alemán ha sido despedido de otros medios --El Universal, La Jornada, Milenio--: por el contenido periodístico crítico de sus textos. Es decir, un periodista (ex)asesor de López Obrador sale en defensa de López Obrador y pide que el autor de la crítica contra López Obrador sea corrido --ya no digamos despedido, en términos de ley-- de un periódico.

Los periodistas no deben estar inmunes a las críticas, inclusive con estilos similares a los que usan para criticar; la polémica entre comunicadores es una especie de vacuna contra los excesos y los abusos de la prensa. Pero la columna de Arreola recuerda los estilos usados por el poder en los tiempos priístas para anular, inhibir, cuestionar y acallar a la crítica. Hay que recordar los lenguajes y acciones de Manuel Bartlett Díaz como secretario de Gobernación del presidente De la Madrid para quitarle --una verdadera expropiación por razones de censura-- la revista Impacto a Mario Sojo por el contenido crítico de muchos de sus colaboradores.

Mal comienza el presidente López Obrador si permite abusos autoritarios de sus simpatizantes contra la crítica justo en los momentos en que en El Financiero afirmó que nada haría contra la libertad de expresión. Y aquí no opera el argumento de que Arreola se manda por sí mismo, porque su cercanía a poder lopezobradorista le confiere al columnista facultades plenipotenciarias.

Política para dummies: La política es el territorio del debate para evitar el uso de la fuerza autoritaria.


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@carlosramirezh
10 Enero 2019 04:00:00
Gasolina, huachicol, desabasto, negación y ¿chalecos amarillos?
Un aumento en los impuestos a las gasolinas en Francia inició en octubre del año pasado un masivo movimiento de protesta social contra el presidente Emmanuel Macron, escaló la violencia y tiene a las autoridades contra la pared. La movilización de los chalecos amarillos produjo ya la caída de un ministro y el propio Macron está tambaleándose.

Las gasolinas han sido un punto sensible en la economía y la estabilidad social de México. Se trata de un precio relativo conectado a otros precios por su uso en el transporte de alimentos. El candidato López Obrador hizo de su compromiso de bajar el precio de las gasolinas una de las banderas que le dieron muchos votos, pero el presiente López Obrador entendió la lógica económica y sólo pudo darles a los precios de combustibles una relación inflacionaria.

Cuando todavía no se apagaba en las benditas-malditas redes sociales las quejas amargas por el aumento inflacionario de las gasolinas --subir en el mismo porcentaje que la inflación nacional, una decisión improvisada, mediática, espectacular y sobrevendida en el discurso oficial --cerrar las llaves de ductos de gasolinas para evitar el robo de gasolina-- derivó en un desabasto lógico e inevitable. La negación oficial de derrumbo estrepitosamente cuando la falta de gasolinas ocurrió en la sensible Ciudad de México.

Ni la secretaria de Energía, Rocío Nahle García, ni el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, salieron a encarar la crisis y el presidente López Obrador cometió el error estratégico en comunicación de centralizar las justificaciones con argumentaciones de la lógica elemental, cuando la crisis requería de la lógica dialéctica. El nuevo gobierno se ha sostenido en sus primeros treinta y cinco días con el nono político del candidato López Obrador. Lo significativo radica en el hecho de que López Obrador sabe muy bien el papel sensible de los energéticos en la vida cotidiana, sobre todo cuando en 1996 apoyó a campesinos a bloquear la entrada a pozos petrolero en Tabasco y provocar desabasto local y alzas de precios. Hoy al tabasqueño le tocó estar al otro lado de la mesa y padecer los efectos de decisiones que afectan la continuidad de los principales insumos nacionales.

Hasta hoy no existen indicios de que se esté gestando una protesta por las gasolinas como el Francia la organizada por los transportistas afectados por el alza en precios, pero de todos modos no tardarán en organizarse movilizaciones que lleven chalecos amarillos como símbolos de otras luchas. Las primeras organizaciones de protestas por decisiones del gobierno de López Obrador se realizaren en torno al aeropuerto internacional en Texcoco, pero todavía sin sumar seguidores.

El error en México no es el mismo que el de Francia, pero sus efectos en la sociedad han sido los similares. El hecho de que la crisis de disponibilidad de gasolinas haya sido motivado por compras adicionales ante el temor del agotamiento del combustible creó situaciones de violencia social urbana, de todo creciente de insultos al gobierno y de temores por los efectos adicionales en precios y disponibilidad de alimentos por escasez de gasolinas en el transporte de bienes.

La psicosis urbana ha formado parte ya de la estabilidad social en grandes conglomerados urbanos fragmentados políticamente. La normalización de la vida cotidiana tardará unos días adicionales al momento en que la gasolina logre en la Ciudad de México una sobre oferta para garantizar el consumo.

En todo caso, queda pendiente el efecto político en la estructura de gobierno. La primera gran decisión de la administración lopezobradorista en Pemex exhibió la incapacidad del director Romero Oropeza y de la secretaria Nahle García, quien se encontraba en un partido de futbol a la hora del estallamiento de la crisis de abasto y se dedico a repetir que no había desbasto ni compra de pánico cuando las gasolineras exhibían colas de kilómetros a la espera de surgir combustible y al llegar a las bombas les racionaron el producto. Las redes se han convertido en factores multiplicadores del pánico social.

En Francia el presidente Macron reculó y anuló los ajustes en precios de las gasolinas y pronto va a hacer una reorganización --otra-- de su gabinete ante la profundización de la crisis social derivada en crisis política. La protesta de los chalecos amarillos se potenció por el aumento en los precios de las gasolinas, pero de manera inmediata se engarzó con el descontento social y político y llevó a la exigencia de renuncia del presidente y a la petición de adelanto de elecciones.

Si el presidente López Obrador sigue centralizando en su figura y sus conferencias matutinas la crisis de abasto de las gasolinas, el efecto será negativo en su bono democrático. Una cosa es que haya ganado las elecciones por encabezar el hartazgo social contra el PRI, el PEN y el PR y otra que no tenga funcionarios capaces de manejar decisiones estratégicas.

Política para dummies: La política se creó para solucionar problemas, no para aumentar los que ya estaban ni crear nuevos.


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@carlosramirezh
09 Enero 2019 04:00:00
Guardia Nacional: La Policía Militar sin violación de derechos humanos
Si el respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad es un candado contra los abusos del poder, también puede ser un indicio de institucionalidad. La Policía Militar que será el eje de la Guardia Nacional no tiene ninguna recomendación en materia de violación a los derechos humanos.

El dato no es menor: Casi 25 mil policías militares forman parte de la totalidad de efectivos militares. El cuerpo especial de la Policía Militar fue una decisión estratégica y con visión de seguridad interior del anterior general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda en noviembre de 2014, como contexto del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018.

A la distancia, la Policía Militar formó parte de la modernización de las fuerzas armadas y de la construcción de una estructura de control interno del Ejército; a mediados de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional creó su Dirección General de Derechos Humanos para adoctrinamiento de los efectivos en derechos constitucionales y para procesar quejas antes de llegar a los organismos civiles.

De acuerdo con datos reales, de 2007 a finales de 2018, los dos sexenios de la estrategia de lucha frontal contra el crimen organizado, el sector militar acreditó más de 10 mil 600 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos en la CNDH, apenas 151 involucraron a personal de la Policía Militar y ninguna ameritó recomendación de la CNDH por falta de evidencias o por aplicación a tiempo de correctivos militares.

La Policía Militar es uno de los cuerpos castrenses más efectivos en el mantenimiento de las leyes y reglamentos dentro del Ejército. Su profesionalización en 2014 con instalaciones propias fue un paso en la profesionalización del Ejército. El adiestramiento de sus efectivos es un poco diferente al de los soldados porque el orden interno en las fuerzas armadas es muy similar al civil: Respeto a la legalidad. Y no es tarea fácil cuando los soldados manejan armas.

La tarea más difícil en una sociedad organizada es el mantenimiento de la disciplina militar, con reglamentos y leyes aún más estrictas que las civiles. La participación de policías militares en la Guardia Nacional ayudaría a este nuevo cuerpo de seguridad a tener referentes concretos de disciplina interna como cuerpo policiaco, toda vez que los policías del sector civil carecen de entrenamiento en disciplina y son más propensos a la corrupción.

La participación de la Policía Militar en la Guardia Nacional le daría a la seguridad pública un nuevo enfoque estratégico con personal ya capacitado y entrenado en labores de vigilancia del cumplimiento de las leyes, a diferencia de los efectivos normales del Ejército que están capacitados para la confrontación con líneas claras de delimitación de derechos, pero rebasadas a veces en acciones operativas.

La formación educativa de los policías militares es especial, a diferencia de los policías civiles. El reglamento de la Escuela de Policía Militar, promulgado por el presidente panista Vicente Fox en abril del 2001, exige una capacitación de sus elementos mucho más estrictos y a fondos que las escuelas policiales que promueven generaciones al vapor. La calidad educativa en las aulas de la Policía Militar ha sido un ejemplo para otras organizaciones castrenses en el extranjero.

En este sentido, la oposición a la aprobación legal de la Guardia Nacional nada tiene que ver en los hechos con la participación de policías militares. No hay acceso a las cifras exactas de eficacia en la labor de los policías militares, pero el saldo se mide en el reconocimiento a la labor de este cuerpo especial. La Policía Militar es la encargada de hacer cumplir la disciplina militar, los reglamentos y las leyes que tienen que ver con los militares.

Las policías federales, estatales y municipales carecen de una estructura formativa de cuadros lo suficientemente sólida y enérgica como para cuidar la seguridad pública y atender las denuncias de la sociedad y el saldo se mide por las quejas contra sus comportamientos ilegales. Más que una militarización de la Policía, la incorporación de policías militares a la Guardia Nacional proveería al nuevo organismo de una estructura de organización, valores y disciplina que hoy carecen las policías tradicionales.

Al final de cuentas, a pesar de tener una connotación militar, los policías militares en la actualidad no se mueven por los principios militares de defensa de la seguridad interior y la seguridad nacional con armas ante enemigos de la nación, sino que su tarea es el cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos militares y civiles por parte de soldados.

Los policías militares, en estricto sentido, no son militares, sino policías forjados en la disciplina militar para vigilar a militares en el cumplimiento estricto de las leyes. Esa garantía no la ha tenido hasta ahora ninguna de las policías creadas desde el 2000, lo que explica su fracaso.

Política para dummies: La política debería ser el esfuerzo de decidir para mejor, no para ganar y que los demás pierdan.

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@carlosramirezh
08 Enero 2019 04:00:00
La causa de la crisis huachicolera, en Transporte de Pemex-Logística
La estrategia gubernamental de seguridad del tema candente del huachicol o robo de gasolina por los ductos de Pemex se ha quedado en la superficie: Atacar el efecto cerrando la llave de ductos; sin embargo, la causa se encuentra en Pemex, la empresa cardenista ocupada por la corrupción.

Varias investigaciones --algunas de legisladores de la oposición-- han localizado el origen del conflicto en Pemex-Logística y sobre todo en la Subdirección de Transporte, cuyo titular Juan Francisco Rivera Cavazos sigue a cargo y sobre quien pesan señalamientos que cuando menos debieran llevar a investigaciones oficiales.

El robo de combustible no es cualquier cosa: Más de 30 mil millones de pesos constituyen un negocio operado con eficiencia: Grupos interceptan ductos, extraen gasolinas y las venden al consumidor o a gasolineras que obtienen producto a menores precios de los oficiales y con ello abaratan insumos y aumentan utilidades.

La decisión gubernamental de cierre de ductos ha impactado en escasez de gasolinas en cuando menos diez entidades de la república, cinco de ellas en situaciones de emergencia. Las protestas sociales podrían hacer ineficaces las medidas porque habrá que abrir las llaves nuevamente, pero sin tener garantizada la desarticulación del cártel del Huachicol.

El funcionamiento de la Subdirección de Transportes de Pemex-Logística, con cuatro años de funcionamiento, ha sido deficiente, pero sobre todo hay quejas de irregularidades que ameritaban investigaciones anticorrupción internas de la empresa Pemex y del Gobierno federal. Los huachicoleros operan en cuando menos 20 entidades de la república, involucrando a trabajadores de Pemex, delegaciones estatales y funcionarios de administraciones municipales y estatales.

Una de las funciones de la Subdirección de Transporte de Pemex-Logística es la vigilancia del robo de combustibles; pero pese a indicios que llevaran a una indagación muy a fondo, Rivera Cavazos fue ratificado por el gobierno lopezobradorista sin mediar pesquisas indispensables y a pesar de que el funcionario se ha negado a dar a conocer su declaración patrimonial.

Pero hasta ahora ninguna investigación oficial ha sido hecha para ir a las causas del robo de combustibles: El negocio del tráfico de combustible-robo no puede hacerse sin la complicidad de funcionarios de Pemex y de funcionarios gubernamentales estatales y municipales.

A pesar del tamaño criminal, social, regional y político del conflicto y de la multiplicación de complicidades por el robo de combustibles, la Subdirección de Transporte de Pemex-Logística decidió ahorrar fondos presupuestales terminando contratos con empresas privadas dedicadas a la investigación de tomas clandestinas y hacerlo con personal propio; el efecto fue obvio: el robo aumentó de manera escandalosa y las denuncias de complicidades de Pemex con los grupos huachicoleros también crecieron. Algunos especialistas han encontrado que el personal de la Subdirección de Transporte realiza reparaciones superficiales -“aparentes”, dicen expertos-- que no impiden el regreso de los ladrones de gasolinas. Una auditoria anticorrupción independiente podría probar que las reparaciones forman parte del negocio del robo de gasolinas.

El PRD en el Senado ha exigido una investigación a fondo del huachicoleo y la corrupción en Pemex, porque hay datos que llevarían al involucramiento de esa oficina en casos sonados de fraude como el de Odebrecht y de la empresa Conjunto de Servicios Industriales (CSI). Lo grave del asunto es que funcionarios de Pemex y miembros del sindicato han construido una verdadera mafia de corrupción y negocios ilegales en la paraestatal, sin que el nuevo gobierno hubiera tomado cartas en el asunto. El nuevo director de Pemex, el ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, llegó de fuera y sin tener personal propio experimentado en el manejo de la paraestatal y sólo sostenido por su vieja relación de amistad con el presidente López Obrador. Y si estos datos fueran irrelevantes, la parte más importante radica en su desconocimiento de los pasadizos secretos del petróleo en México.

El problema del huachicoleo está en Pemex, con un dato espectacular: el 70% de empleados detenidos por la ordeña de combustibles laboraba en Pemex-Logística.

GOBERNADORES. De los pendientes de fin de año estuvo la encuesta que repercutió en espacios políticos. Basado en encuestas a más de seis mil personas, la empresa Arias Consultores dio a conocer a finales de año su lista de calificación de gobernadores. Los tres primeros mejor aprobados fueron el yucateco Mauricio Vila, el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca y el sinaloense Quirino Ordaz, con cifras arriba de 50%. En contraste, los peor calificados fueron el tabasqueño Arturo Núñez con 1.4% y el oaxaqueño Alejandro Murat con 9.7%. Destaca el hecho de que Quirino Ordaz es el único priísta que mantiene altas cifras de aceptación, luego de la debacle electoral del PRI el pasado 1 de julio, algo para analizar.

Política para dummies: La política es la habilidad para administrar los problemas, no para crear otros nuevos sobre los existentes

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@carlosramirezh
07 Enero 2019 04:00:00
AMLO: Qué quiere, qué no quiere; pero qué podrá y qué no podrá
Los cinco meses de interregno, los tres meses de ejercicio legislativo de su mayoría y su primer mes de gobierno han definido ya el perfil real del sexenio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un dilema:

Si logró asimilar los deseos de cambio de sistema político de una mayoría de mexicanos que se desencantaron de la política priísta de 1970 a 2000, del panismo 2000-2012 y de la nueva oportunidad para el PRI en el 2012-2018, el López Obrador empoderado ha consolidado ya su propio proyecto de nación basado en una síntesis neoclásica --lo viejo y lo nuevo-- del PRI populista cardenista, del PRI presidencialista de Alemán a Echeverría y del neoliberalismo económico salinista.

El bono político de las elecciones perdió tasa de interés en el mercado social de apoyos-rechazos básicamente por el modelo de reorganización del Estado, porque no se ha tratado de rehacer para mejorar sino para desplazar a la clase gobernante del priísmo-panismo 1976-2018 y sustituirla por una amorfa neoburocracia morenista. Los burócratas que han logrado sobrevivir tuvieron que sacrificar salarios, nivel de vida e ideas y afiliarse a Morena.

El problema del proyecto político sexenal-transexenal de López Obrador radica en las leyes del desarrollo de las contradicciones políticas: el populismo asistencialista basado en el consumo no logra configurar un nuevo modelo de desarrollo que incida sobre la oferta y la maquinaria productiva; por tanto, depende de los ingresos y éstos serán limitados por la relación circulante-inflación y sus efectos devaluatorios.

Pero no todo se localiza en el limitado alcance discursivo y no programático de su proyecto, sino en que le ha faltado pensamiento estratégico. El quiebre de modelo decidido por Carlos Salinas en 1983 tuvo una masa de pensamiento intelectual económico, político, social y geoestratégico, encabezado por Joseph-Marie Córdoba Montoya en lo económico, Manuel Camacho Solís en lo político, Luis Donaldo Colosio en lo social, Rogelio Montemayor en lo programático y el propio Salinas en lo geoestratégico. Asimismo, construyó su superestructura política con intelectuales orgánicos.

López Obrador aparece solitario en el escenario del poder-gobierno-burocracia y administra sus propuestas en las caóticas, impreparadas y sin concierto programático conferencias de prensa matutinas. Su modelo económico, político, social y estratégico carece de una estructura intelectual, a pesar de que a lo largo de su lucha por el poder presidencial --1988-2018-- fue sumando intelectuales críticos. La crisis en Hacienda por la negativa de Gerardo Esquivel a profundizar gasto social sin ingreso la resolvió sustituyendo a su subsecretario que lo acompañó de años y poniendo otro más dócil.

Antes de entrar al debate del contenido del proyecto lopezobradorista y su viabilidad determinada por la dinámica de las relaciones sociales de producción y el acotamiento del modelo de estabilidad macroeconómica neoliberal que durará todo el sexenio, la parte más significativa del lopezobradorismo del 1 de julio de 2018 al 2 de enero de 2019 se ha centrado en la estructura de colaboradores. Lo de menos es ver a Manuel Bartlett Díaz del 1988 y copatrocinador del modelo neoliberal salinista ahora denostando al neoliberalismo. Lo importante es que todos los priístas sumados a amloísmo-morenista no representan un nuevo pensamiento político estratégico.

La verdadera lucha del proyecto lopezobradorista se dará en la economía, no en la funcionalidad del poder para cancelar un aeropuerto, imponer un presidente aliado en la Suprema Corte o gobernar a base de consultas --antes era vía decretos o facultades extraordinarias, como Benito Juárez--; el desafío lo presentó en 1977 Carlos Tello Macías y en 1981 el mismo Tello y Rolando Cordera: Construir un modelo de desarrollo integral alternativo al neoliberal que había prefigurado Salinas de Gortari vía Miguel de la Madrid en 1979-1980 con el Plan Global de Desarrollo como quiebra de enfoque económico del populismo al mercado.

Sin una reflexión teórica sobre el nuevo modelo, el saldo del primer año será el de gasto social improductivo, presiones de inflación-devaluación y PIB menor a 2%, en medio de presiones sociales por nuevos sectores incorporados a la demanda y sectores marginados del desarrollo. Ahí se verá que la reactivación de la economía será imposible sin un acuerdo productivo con los sectores empresariales e inversionistas nacionales y extranjeros porque el Estado carecerá de capacidad económica para inversión productiva y tendrá menos con la carga financiera de proyectos cancelados que de todos modos tendrán que pagarse.

El problema del populismo radica en su funcionamiento vía discurso estimulante y gasto social improductivo, cuando en la realidad los gobiernos se legitiman con estabilidad, bienestar y desarrollo. La crisis estará incubándose en un sistema/régimen/Estado que ya no funciona y un proyecto personal que depende de la voluntad de una sola persona.

Política para dummies: La política es, al final del día, el arte del poder, aunque algunos la practican a machetazos.

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@carlosramirezh
06 Enero 2019 04:00:00
México: AMLO y la prueba del tiempo
Todo nuevo gobierno --y más cuando se trata del relevo en el grupo gobernante, de ideas y edades-- tiene una luna de miel. Basta recordar que a mediados del 2017, hace no mucho tiempo, el político casi independiente francés Emmanuel Macron sorprendía con su imagen y llevaba a un entusiasmo en América. En México algunos comenzaron a declarar: “todos somos Macron”. La realidad del poder bajó bonos políticos y hoy nadie quiere poner a Macron de ejemplo.

El entusiasmo que despertó en la campaña el discurso anti sistema de López Obrador tuvo una fugaz luna de miel. Puede decirse, inclusive, que la luna de miel se dio antes de jurar el cargo oficialmente. A la espera de la ceremonia de investidura, la mayoría lopezobradorista en el Congreso aprobó una ley de salarios a la baja y el despido de decenas de miles de trabajadores públicos, además de una austeridad determinada por un presupuesto de gastos limitado con cada vez mayores beneficiarios sociales.

Los más afectados por la reducción de salarios y empleos públicos fueron votantes de López Obrador. Y los simpatizantes dudosos perdieron confianza por el manejo del aeropuerto de Texcoco y algunas obras públicas polémicas. Por eso es que la verdadera prueba de fuego de López Obrador comenzó el 2 de enero, cuando el sector público comenzó sus funciones ya con restricciones y demandas legales.

El peor enemigo de los políticos populistas mexicanos es el tiempo en tres niveles: la no reelección que deja a los presidentes un espacio de seis años, aunque en realidad son cuatro porque el primero se gasta en equilibrios precarios de poder y el último se pierde en la operación desde la oficina presidencial de la designación del candidato del partido en el poder; el relevo total de los 500 diputados en julio del tercer año, el 2021, y ahí siempre el partido en el poder paga el desgaste de las inconformidades con pérdida de asientos y por tanto mayorías debajo de 50% e incluso menor; y la dinámica en la élite gobernante en la disputa por posicionarse en la lista de candidatos presidenciales, desde semanas antes de la toma de posesión y en la distribución de los ministerios.

López Obrador es un político de acción, de liderazgo único y de dominación de grupo. Todo presidente en el cargo sueña con imponer a su candidato, conducirlo en la campaña, hacerlo ganar y quedarse como jefe político tras bambalinas. Quince presidentes violaron las reglas de protocolo del poder para imponer a su candidato para seguir gobernando a trasmano y fracasaron, porque en México el poder presidencial es indivisible.

El proyecto de gobierno de López Obrador requiere --como lo necesitó el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)-- de cuando menos cuatro sexenios o un cuarto de siglo. Sin embargo, las leyes de la circulación de las élites y el fuerte poder de la presidencia sólo han permitido, desde la institucionalización con la Constitución de 1917, solo dos sexenios, y no siempre tersos porque han ocurrido magnicidios de por medio o rupturas inevitables.

A ello se agregan los reacomodos naturales entre los grupos de poder del sistema político mexicano. Las guerrillas burocráticas perfilan espacios de dominación con miras a la candidatura presidencial de 2024. López Obrador es un político enérgico, pero su tendencia al liderazgo individual lo debilita ante una burocracia de casi 4 millones de personas. Muchas de sus decisiones han sido personales y no estratégicas o desde una estrategia personal que no mide la administración de rechazos.

La mayoría legislativa de 53% de diputados de su partido-movimiento Morena tendrá un ajuste a la baja en la renovación de la Cámara en el 2021, pero con el dato adicional de que cuando menos un tercio de los votos del pasado 1 de julio de 2018 se irán al voto de repudio por el recorte de salarios y de puestos públicos y de protesta por la forma unilateral de tomar algunas decisiones. El sistema legislativo mexicano es de coaliciones porque por mandato constitucional de 1993 ningún partido puede tener más de 300 diputados (60%), a pesar de acreditar votos, a fin de obligar a coaliciones para alcanzar el 67% de votos (334 diputados) que exige la ley para modificar la Constitución.

El PRI tuvo una votación superior al 67% hasta las elecciones legislativas de 1982; a partir de 1985 sólo lograba la primera minoría debajo de 50%: hoy tiene apenas el 9.5% de diputados, 47 de un total de 500. Morena se estrenó como partido electoral en las elecciones legislativas de 2015 y apenas logró 8.8% de los votos y 35 de 500, pero con la candidatura presidencial dio un salto cualitativo en 2018 al conseguir 256 diputados, el 51.2% de la Cámara; para conseguir la mayoría calificada necesitaría 80 diputados mas que, en efecto, sí podría conseguir con sus aliados electorales y algunos descontentos de partidos de oposición.

El primer mes de gobierno de López Obrador sacudió la estructura del sistema, pero a costa de perder aliados afectados con la austeridad y sin sumar nuevos seguidores. El problema del modelo lopezobradorista radica en su perfil populista: beneficios sociales a cambio de lealtad electoral; si no hay beneficios sino perjuicios, entonces la fórmula se invierte: a más afectados, más votos en contra de López Obrador en el 2021.

Lo que más afecta a la política mexicana es la normalización de las sorpresas y el desgaste del cargo. López Obrador lleva un mes con conferencias de prensa de 7 a 8 de la mañana de lunes a viernes y el interés nacional ha declinado. En cambio, las bajas salariales y de personal han generado mayores críticas que apoyos.

Todo liderazgo populista cotidiano necesita todos los días revalidar las expectativas. Y en México las expectativas comienzan a disminuir simpatías.

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@carlosramirezh
27 Diciembre 2018 04:00:00
Detrás de la Guardia Nacional
El nuevo equipo de seguridad del gobierno de López Obrador tiene que cargar con la responsabilidad de los enredos en la formalización de la Guardia Nacional. El problema no radica en la oposición a crearla, sino en la falta de difusión de argumentos sólidos para crearla.

El asunto de la GN se ha centrado en la militarización del nuevo organismo porque sus cuadros de tropa vienen de la Policía Militar y de la Policía Naval, sus mandos superiores son militares y dependería de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero la razón de fondo radica en que todos los cuerpos civiles en materia de seguridad podrían estar comprados por el crimen organizado.

El segundo punto radica en el hecho de que los militares tienen la disciplina castrense para operar en situaciones extremas, en tanto que los cuerpos civiles viven cómodamente su situación laboral. Las policías federales, estatales y municipales fueron penetradas por el crimen organizado. Por tanto, el nuevo cuerpo de la GN necesita nacer con garantías de blindaje interno mínimo.

Y en tercer lugar la sociedad carece de un diagnóstico de la crisis de seguridad y la capacidad de operación de los cárteles del crimen organizado. El enfoque humanista --por decirlo de algún modo-- basado en la pobreza contrasta con la capacidad de seducción de la delincuencia. Hay indicios de que el gobierno ya entendió que la legalización de las drogas tampoco disminuirá la violencia criminal. Y que el modelo de garantía de plazas por parte del gobierno apenas ha disminuido ciertos grados de violencia, pero a costa de administrar desde el Estado el poder de los cárteles.

El tema de la seguridad fue manoseado por el candidato López Obrador cuando asumió el enfoque social y llegó al punto de primero anunciar una guardia nacional, luego anularla y más tarde revivirla. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, fue instruido por López Obrador desde hace más de dos y medio años para elaborar un programa integral de seguridad. O sea, que el programa no ha sido inventado en unos días.

Los problemas en la elaboración de una verdadera estrategia ocurren por la necesidad de un cuerpo coercitivo y los compromisos de derechos humanos. López Obrador centró su enfoque de seguridad en un asunto de seguridad nacional del Estado después de una reunión que tuvo como presidente electo con el entones general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda. Ahí conoció muchos secretos de la inseguridad, pero sobre todo uno: la penetración del crimen organizado en instituciones del Estado y los nombres de funcionarios presuntamente involucrados en la protección de delincuentes.

El debate sobre la GN en el Congreso tiene que ver con el hecho de haber comenzado con el final. Antes de la guardia, el diagnóstico y la implementación de programas debió de tener una Ley de Seguridad Interior; si la de Peña Nieto fue destruida por la Suprema Corte, el nuevo gobierno debió haber redactado la suya para poner orden en los tiempos del nuevo programa de seguridad.

La militarización de la seguridad pública no significa la militarización de la República y sus instituciones civiles. La disciplina militar es clave en los nuevos cuerpos de seguridad. Los mandos militares en la GN no implican un fuero militar en seguridad civil ni en la capacidad de operación. Inclusive si la GN depende de la Sedena, sus acciones serán vigiladas por cortes civiles. Pero sin una disciplina militar los nuevos cuerpos de seguridad caerían fácilmente en la desidia y la corrupción.

Las nuevas autoridades de seguridad le deben al país un diagnóstico descarnado de la inseguridad, en datos tan indispensables como los cómplices civiles del Chapo o las relaciones de poder que han permitido la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en entidades de la república o las razones por las que Ismael El Mayo Zambada opera como el gran capo sin ser alcanzado por los brazos de la ley.

O las complicidades institucionales en bandas criminales diezmadas por toda la república.

Por su formación política, Durazo Montaño entiende bien el valor de la información para la toma de decisiones.

Por tanto, los problemas reales alrededor de la GN no están en la militarización de sus cuadros, sino en el diagnóstico que tienen las autoridades de la situación real del crimen organizado en México.

Y falta saber el papel clave que va a jugar EU en la estrategia mexicana contra el crimen organizado, toda vez que la política de seguridad nacional de Washington se basa en el enfoque de organismos criminales transnacionales que extienden las acciones de la Casa Blanca dentro de México. Los cárteles mexicanos, según organismos estadunidenses, dominan la venta al menudeo en tres mil ciudades americanas.

El sentido político de Durazo Montaño puede desenredar la crisis en la GN. Si lo dejan.

Barandilla

•La actriz Kate del Castillo regresó a México con ganas de demandar a todos de su relación secreta con Joaquín El Chapo Guzmán. Culpa al actor Sean Penn de la captura del narco, pero ya quedó claro que las autoridades mexicanas la siguieron a ella y a su abogado. Así que debería tenerle mas miedo al Chapo, aunque sigue sin aclararse la profundidad de las relaciones entre el narco enamoradizo y la bella actriz.

•La desaparición del cuerpo de granaderos dejo al gobierno de CDMX sin un cuero de contención de multitudes. La crisis en el Palacio Legislativo el viernes 21 careció de una policía de atención a eventos masivo.

•El juicio del Chapo en Brooklyn está dejando muchas pistas de mensajes sobre la penetración del crimen organizado en estructuras del Estado, lo suficientemente solidas como para seguir una limpia radical. Y el dato mayor es que las nuevas autoridades de seguridad no confían en nadie en la reorganización de los cuerpos de seguridad porque no saben quiénes siguen a sueldo de los malandrines.
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23 Diciembre 2018 04:00:00
México: Experimento de populismo-neoliberal
Las ciencias sociales sirven para explicar o para enredar. Los enfoques sobre propuestas económicas de gobierno se han encasillado en los extremos: neoliberal o de mercado o populista o de beneficio a las masas. En la realidad, sin embargo, las cosas suelen ser menos estrictas.

El programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede ser asumido como un laboratorio político y económico. El ahora presidente mexicano por seis años ha refrendado sin dobleces su fe en el modelo populista de atención a los más pobres; pero desde que perfiló su victoria casi al arrancar el proceso legal de campañas tuvo que rendirse ante las evidencias de los candidatos estabilizadores; lo dijo con claridad desde el comienzo de la contienda: respetará la estabilidad macroeconómica, concepto éste que se reduce sólo a controlar la variable inflación como la determinante de las demás.

El debate sobre la inflación viene de mediados del siglo pasado. La comisión Económica Para América Latina (CEPAL) fue el centro de debate ideológico entre las corrientes progresistas de economía social con las posiciones de mercado. Fueron los tiempos, por cierto, en que la CEPAL era progresista y buscaba revolucionar los modelos de desarrollo en la región sur de América, pues hoy es una oficina de pensamiento neoliberal.

Hacia finales de los cincuenta el economista mexicano Juan F. Noyola estableció la tesis estructuralista de la inflación: que los precios no subían sólo por el circulante monetario (argumento de Friedrich von Hayek y Milton Friedman), sino de manera principal por la estructura productiva desigual. Por tanto, la inflación podría estabilizarse cambiando la estructura y no nada más controlando la demanda. Noyola, lamentablemente, murió en 1862 en un accidente de aviación cuando se dirigía a una reunión de la CEPAL en su condición de asesor económico de la Revolución Cubana.

La inflación en su vertiente monetarista se asentó en México en 1975 cuando el Fondo Monetario Internacional obligó al presidente populista Luis Echeverría a bajar la demanda para controlar la inflación, porque ésta estaba llevando a México a la devaluación, como ocurrió el 30 de agosto de 1976. El periodo 1954-1970 fue conocido como desarrollo estabilizador: aumento del PIB a una tasa promedio anual de 6%, con inflación promedio anual de 3%. La clave no era secreta: primero controlar la inflación y después reasignar el gasto a planes sociales y controlar los salarios.

México entró en un ritmo pendular largo: populismo con estabilidad de precios y salarios de 1934 a 1982 y monetarismo de control de la inflación 1983-2018 bajando salarios, gasto social y PIB promedio anual de 2.2%. El populismo 1970-1976 se dio por la acumulación de rezagos sociales en la etapa del desarrollo estabilizador.

Y ahora llega López Obrador con su discurso populista, pero su reducida capacidad de movilización económica por la condicionalidad de la estabilidad macroeconómica. El rezago social está cuantificado: PIB promedio anual de 2%, rebote inflacionario de 6% en 2017, 80% de los mexicanos viviendo con una a cinco carencias sociales y 80% de los mexicanos con el 48% del ingreso y el 20% acaparando el 52% restante.

Los primeros indicios del programa económico y social de López Obrador han mostrado el oxímoron de un populismo neoliberal; es decir, gasto social asistencialista improductivo a sectores vulnerables, pero sin romper hasta ahora con la estabilidad macroeconómica de techo inflacionario de 3%. La variable inflacionaria condicionará el PIB a 2%, déficit presupuestal de 2% y gasto público limitado. Para darle recursos a sus promesas sociales ha tenido que bajar salarios burocráticos, disminuir el aparato del Estado y combatir la corrupción oficial porque se comprometió a no aumentar la deuda, ni a aumentar el dinero circulante, ni a subir los impuestos.

Es decir, su modelo populista arranca con el cumplimiento de las restricciones neoliberales, cuando menos en el primer año. Lo malo es que sus primeros programas sociales ayudan a sectores marginados --jóvenes desempleados, amas de casa, tercer edad y campesinos empobrecidos--, pero no rompen su estructura social de marginación. El año 1 de López Obrador será, en los hechos, neoliberal. El candado de la inflación es vital porque las devaluaciones en México son producto del diferencial inflación ario México-EE. UU. En cuarenta y dos años, de 1976 a 2018, el precio del dólar pasó de 12.50 pesos a 21 mil pesos. Y todo por el desorden inflacionario.

Con un enfoque pragmático, López Obrador ha decidido atender las restricciones estabilizadoras, pero el saldo de su primer año será negativo en lo social. Los apoyos a jóvenes, mujeres y ancianos no moverán la estratificación social y sí agotarán los pocos recursos presupuestales. Los programas de infraestructura de el nuevo gobierno exigen recursos que no hay.

Los distintos ciclos de política económica han tenido sus espacios de debate teórico. El siglo XX, por el efecto político, ideológico y moral de la Revolución Mexicana, ha oscilado entre el populismo y el neoliberalismo. Los centros de pensamiento populista han estado en la UNAM y la burocracia económica nacionalista uy los del neoliberalismo se refugiaron sobre todo en el instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) por sus vinculaciones académicas con la escuela de economía de la Universidad de Chicago y el dominio de ese pensamiento conservador en Banco de México por el control del pensamiento neoliberal a través de Francisco Gil Díaz, ex alumno y ex profesor adjunto de Friedman, como jefe de los Chicago boy mexicanos.

El pensamiento económico crítico nacionalista fue lobotomizado por el PRI y ese mismo PRI potenció la vigencia intelectual del neoliberalismo. Y López Obrador carece de una masa de pensamiento critico para reelaborar teorías. El saldo final del populismo neoliberal se verá en las cifras sociales y de inflación, cuya incompatibilidad explica los ciclos populistas cortos.

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@carlosramirezh
21 Diciembre 2018 04:00:00
Payán, la Belisario como en el PRI; y AMLO como la Virgen de Guadalupe
Como primera premiación de la Belisario Domínguez de un nuevo gobierno con siglas diferente al PRI, impulsado por la mal llamada 4ª Transformación y salido de la disidencia priísta, la entrega de la presea al periodista Carlos Payán Velver se debe medir por el discurso de aceptación: el viejo modelo de loas al presidente en turno para significar la sumisión de la prensa crítica y del legislativo.

Como dato anecdótico se debe registrar el hecho de que Payan nació en 1929, año de la fundación formal del Partido Nacional Revolucionario que perfeccionó el presidencialismo santanista-juarista-porfirista-obregonista y cuyos protocolos de poder han dominado no solo la era del PRI 1929-2000 y 2012-2018, sino que fijaron las reglas del juego del poder en el ciclo panista 2000-2012 y por lo visto ya pusieron su sello real en los comportamientos morenistas 2018-2024.

Payán se subió el tren de los iluminismos religiosos pagano-cristianos del bastón de mando indígena y la solicitud de permiso a la Madre Tierra, además de sus referencias a los Cuatro Jinetes del Apocalipsis bíblico:

“Ha llegado al poder un incansable luchador que, con la población a su favor, arrasó en casi todo el país. No ha tenido esta gloria otra nación, como dice el letrero luminoso que corona la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México”. Además de augurarle al nuevo gobierno “buen viento y buen mar”, a nivel de tierra, Payán pidió --con el perdón de don Belisario-- un reparto más equitativo de la publicidad gubernamental.

Y nada, pero nada de nada, en recuerdo de don Belisario y su lucha a muerte contra el usurpador Victoriano Huerta; nada sobre los discursos del chiapaneco pre-EZLN contra el cuartelazo de 1913; nada que recordara aunque fuera de pasada que el discurso de don Belisario fue critico a los abusos del poder y que por ello le cortaron la lengua; nada, pues, que cuando menos justificara el premio a un periodista sin más significancia que su papel como director de La Jornada, un periódico del establishment priísta, un poco a la izquierda, pero dentro, hoy despidiendo trabajadores por luchar por sus derechos como cualquier periódico de derecha, como el viejo Heraldo de México de los Alarcón.

Ni una palabra de Payán al hecho histórico que prohijó la medalla con su nombre para reconocer la lucha contra los poderes opresores. No ha sido, de todos modos, el único: la Medalla Belisario Domínguez ha sido demeritada por los legisladores de todos los partidos hasta llevarla a nivel de mero corcholatazo: la recibió Fidel Velázquez en 1979; Salvador González Blanco (1984), el secretario del Trabajo de los tres presidentes --Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz-- que reprimieron físicamente a los trabajadores; el empresario Gilberto Borja que recibió contratos del gobierno; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa (2008) por imposición perredista; el creador del desarrollo estabilizador que empobreció a los mexicanos Antonio Ortiz Mena (2009); el empresario Alberto Bailleres (2025) sin ninguna significancia social ni de apoyo al país; el gasolinero Gonzalo Miguel Rivas Cámara (2016) que murió tratando de salvar a una persona en un atentado de la CNTE; y la funcionaria Julia Carabias Lillo (2017) con escasa presencia en labores sociales.

Por tanto, la asignación de la Medalla Belisario 2018 a Payán no se salió del guión de usar la presea como premio político al grupo político dominante. De nueva cuenta quedó al margen Rosario Ibarra de Piedra, la mexicana que sin duda representa la verdadera lucha disidente --no meramente institucional-- contra el régimen priísta en sus versiones panista y ahora morenista, quien, como don Belisario, encaró a los gobiernos de Echeverría y López Portillo por el arresto ilegal, secuestro, tortura y desaparición física de su hijo Jesús Piedra Ibarra un luchador guerrillero.

Doña Rosario hizo visible la parte más cruel y criminal del periodo priísta: la represión mortal a disidentes. Su lucha llevo a la cárcel al cancerbero de la temible Dirección Federal de Seguridad y agente al servicio de la CIA, Miguel Nazar Haro, pero el propio sistema lo liberó. Nazar fue señalado con pruebas de haber torturado a Jesús y ordenado su desaparición.

Y con Jesús comenzó la etapa de represión clandestina del régimen priísta: la desaparición de disidentes. Por esa lucha que abrió la cloaca de la política criminal del sistema priísta la Medalla Belisario la debieron de haber recibido doña Rosario y su sacrificado hijo Jesús, y más cuando el candidato López Obrador había afirmado que su voto presidencial el pasado 1 de julio había sido justamente para doña Rosario.

Pero no. El gobierno de Morena prefirió una salida menos conflictiva para el PRI, más de compromiso con un periodista que no se dignó a mencionar a don Belisario, que hizo un discurso internacionalista y que solo pidió más publicidad gubernamental para los medios.
 
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20 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO 2024: Construir república chaira con funcionarios chairos
En una de sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador contestó la queja de personal del servicio diplomático sobre la baja en salarios y prestaciones en el exterior con un argumento de largo plazo: habrá personas que sí trabajen con los nuevos salarios.

Ahí se localiza una buena parte de la explicación oculta sobre la política salarial a la baja: propiciar un relevo de servicio civil con funcionarios comprometidos con la vocación de trabajar por poco. Los únicos con posibilidad de aceptar salarios bajos serán los seguidores de López Obrador que vendrían de salarios más bajos y el ajuste sería, en la lógica económica, un ascenso con mejor paga.

La nueva burocracia lopezobradorista construiría, como lo hicieron priístas y panistas en su momento, una clase burocrática con nuevos valores de servicio y de permanencia en el poder. No garantiza, eso sí, una mejor burocracia, pero sí una realmente comprometida con el discurso del nuevo jefe en Palacio Nacional.

La nueva burocracia chaira estaría en la lógica de la definición dada por el Diccionario del Español de México de El Colegio de México al concepto chairo: “Persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender; persona que se autosatisface con sus actitudes”.

Sin llegar al fondo y como pretexto para relevo de burocracia, el presidente Vicente Fox instauró el servicio civil de carrera para profesionalizar los cargos y establecer una relación directa entre el mercado educativo de capacitación profesional y el mercado de trabajo en el sector público. Al asegurar permanencia en cargos por capacidad, el funcionamiento del Estado habría de ser mejor. A lo mejor sin saberlo, esa propuesta daba un paso adelante a uno de los problemas de la burocracia priísta mexicana y por tanto de la corrupción; el Estado patrimonialista, un concepto acuñado por Max Weber como forma de liderazgo y dominación.

Para México, Octavio Paz, en una carta escrita al historiador trotskista Adolfo Gilly en 1972, centró el problema de la corrupción justamente en el Estado patrimonialista; la burocracia se apropió de las estructuras del Estado y no fue una casta al servicio de la sociedad. El modelo comparado que usó Paz fue el de las dinastías chinas y la contratación de letrados para operar las funciones del aparato de poder ya con relaciones con la sociedad. La nueva casta burocrática se apoderó de la estructura como reflejo del dominio dinástico sobre el poder civil.

Peter Smith, en Los laberintos del poder, estableció la ruta para acceder a los cargos públicos y a funciones de servicio civil y ahí encontró, al revisar miles de biografías de políticos y funcionarios, que el único camino para acceder a posiciones estatales era inscribirse al PRI y adherirse a un grupo político.

Las República Chaira de la 4T está en un proceso apresurado de relevo de funcionarios y políticos para echar a los priístas y panistas y consolidar a los morenistas. Por las circunstancias de haber vivido toda su vida política en la disidencia mal pagada, los salarios bajos del ciclo lopezobradoristas son mayores. La tentación del salario público la mostró el largo periodo perredista en las delegaciones-alcaldías del DF-CDMX con el manejo irresponsable y sin limites de presupuestos para contratación de compañeros de sector y de partido.

Los puestos de miles de funcionarios que renunciaron a sus cargos al anunciarse el periodo de austeridad juarista han comenzado a ser ocupados por militantes de Morena. El efecto será multiplicador porque el siguiente paso seria la toma del control de los sindicatos del sector público olvidados por el PRI y por el PAN y deteriorados por la burocracia sindical tradicional. A López Obrador y Morena le ha ayudado el hecho de que los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado fueron anulados como instancias de representación proletaria. Si el lopezobradorismo se apropia de esos sindicatos, la profundización del relevo de funcionarios y mandos burocráticos medios y bajos ayudará a la construcción de una burocracia chaira a favor de una república chaira.

El gato político-burocrático-proletario encerrado en la austeridad juarista estaría buscando un relevo de cientos de miles de funcionarios profesionales que lamentablemente fueron educados políticamente para oscilar entre el PRI y el PAN y que por la vía salarial estarían siendo expulsados del paraíso terrenal de la casta burocrática que perdió el apoyo social por sus comportamientos de casta privilegiada.

La capacidad operativa de la nueva casta morenista comienza a percibirse con los miles de errores en el funcionamiento del Estado, algunos de los cuales ya metieron en problemas a López Obrador: los bonos buitre del aeropuerto de Texcoco, los subsidios a universidades, la cancelación de la autonomía universitaria y muchos otros que no se conocen.

Política para dummies: La política se sustenta en resultados, no en prefiguraciones.

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@carlosramirezh
19 Diciembre 2018 04:00:00
Presupuesto 2019: No habrá 4T, tampoco nuevo proyecto de nación
El análisis del contenido del ingreso-gasto 2019 y los tiempos políticos sexenales han dejado en claro una certeza: No hay ni habrá 4ª Transformación; la política económica/modelo de desarrollo/Estado de bienestar que se deriva del presupuesto es un híbrido de neoliberalismo con asistencialismo mínimo.

El principal pivote de la estrategia de desarrollo del gobierno de López Obrador es el desarrollo energético, pero en un ciclo largo hacia delante de inestabilidad en el mercado petrolero. A cambio, el proyecto presupuestal hace un recorte al sector público, campo, industria, educación, servicios y turismo. La cuenta no sale: A cambio de beneficiar a jóvenes sin empleo y población vulnerable no productiva, las restricciones afectan a los principales sectores del desarrollo productivo.

El detonador energético solo funcionaría, y no se ve que pudiera ser así por la declinación del sector a nivel internacional, si el Estado tuviera una planta productiva propia; por tanto, la autosuficiencia energética beneficiaría a un sector privado hacia el cual el Estado carece de una propuesta de modernización, reconversión industrial y control fiscal.

En todo caso, el control energético por el Estado dotaría al gobierno --en caso de que el mercado internacional cambiara de nuevo hacia el consumo de combustibles fósiles-- de recursos para financiar sus programas asistencialistas improductivos; mientras ello ocurre, ese gasto social será financiado con recortes de salarios públicos, baja en programas de inversión y desvió de recursos fiscales.

Toda estrategia de desarrollo se basa en tres variables articuladas: Política económica/modelo de desarrollo/Estado de bienestar. Así ha sido con los ciclos del desarrollo nacional: Sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador, desarrollo compartido, neoliberalismo de mercado y globalización. La propuesta populista de López Obrador se resume a un compromiso del Estado con sectores vulnerables, apoyos directos sin efecto multiplicador en la economía y acción del Estado en el sector energético.

López Obrador tuvo cuando menos dos años --desde que arrancó su certeza de que ganaría las elecciones-- para redefinir el proyecto nacional; pero sus libros y múltiples listas de propuestas de gobierno resultaron meros voluntarismos políticos de campaña. Sus asesores económicos nunca tuvieron el apoyo necesario para reflexionar el cambio de modelo de desarrollo. Sus ataques al neoliberalismo fueron solo retóricas de campaña, vista ahora su propuesta económica basada en toda la ideología neoliberal.

El único acierto de López Obrador fue su discurso contra el agotamiento del modelo neoliberal, pero lo hizo más por convicción política que por enfoque de estadista sobre los escenarios del desarrollo. La crisis estadounidense del 2008 agotó el periodo de vigencia de la globalización financiera y orilló al mundo capitalista a encontrar un nuevo modelo de desarrollo. La decisión de los principales países fue la de insistir en la globalización.

López Obrador tuvo ante sí el desafío de encontrar un nuevo modelo de desarrollo; pero toda su expectativa de 4T se perdió con el papel activo del equipo lopezobradorista en la renegociación del Tratado de Comercio Libre y darle una salida aún menos benéfica para el desarrollo mexicano.

El problema de López Obrador ha sido su personalismo dominante. A partir del control del escenario político, debió haber reunido a grupos de economistas y politólogos para buscar un nuevo camino para salir de la crisis por el agotamiento de los tres pilares del proyecto nacional: Sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional. Y para redefinir las tres variables del sistema productivo: Estado/sector privado/equidad social.

En este contexto, la propuesta de ingreso-gasto para 2019 demostró que la crisis le quedó grande a López Obrador; y que su objetivo no será buscar un nuevo proyecto nacional sino solo cumplir con sus promesas sociales de campaña. Por eso su primer año se ahogará en la política presupuestal de la cobija encogida: Para cobijar a nuevos beneficiarios del gobierno, tuvo que descobijar a otros.

La ley de ingresos y el presupuesto de egresos representaron la principal pérdida de oportunidad del país para encontrar una alternativa a la crisis de modelo de desarrollo estatista (1934-1982) y neoliberal (1983-2018); la propuesta económica del primer año ofreció la imagen de un híbrido de populismo por el gasto social y de neoliberalismo por la estabilidad macroeconómica antiinflacionaria. Como este modelo se va a mantener un sexenio, entones el paso de López Obrador por la presidencia de la República será irrelevante vis a vis las expectativas que explayó.

Más que transformador, el gobierno de López Obrador será continuador del largo ciclo definido en la Constitución de 1917: Populismo al servicio del capitalismo.

Política para dummies: La política es el instrumento para conciliar intereses, no para polarizarlos.


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@carlosramirezh
18 Diciembre 2018 04:00:00
Presupuesto 2019: Con la novedad de que el neoliberalismo no está muerto
En medio de actos populistas distractores como las críticas contra los ricos y la resurrección de la Madre Tierra, la esencia de todo gobierno se resume en la definición de su política económica. Y esta, a su vez, se concentra en la política antinflacionaria.

En este contexto, el presupuesto del primer año del gobierno del presidente López Obrador no deja lugar a las dudas: El neoliberalismo que se cantó muerto apenas el pasado 1 de diciembre protestar el cargo sigue vivito y coleando. Ingresos y egresos del 2019 no cambian la política económica neoliberal definida en 1983-1993 por Carlos Salinas de Gortari.

La política económica se resume en el manejo de la política estabilizadora de baja inflación y a partir de ahí se desarrolla una política presupuestal que no genere inflación. La estrategia neoliberal salinista-lopezobradorista es la que definió en 1976 Milton Friedman y por la que recibió el premio Nobel de Economía: La inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario.

Los gobiernos populistas suelen aumentar el gasto sin incrementar los ingresos sanos -sobre todo fiscales- y el nuevo dinero en circulación empuja los precios hacia arriba y la inflación, sobre todo en América Latina, ha llevado históricamente a devaluaciones

De ahí que el neoliberalismo monetarista centre su estabilidad en el control de la inflación por el lado del dinero-demanda. En este sentido, el marco macroeconómico del gobierno de López Obrador es exactamente el mismo de los gobiernos neoliberales: PIB de 2%, inflación de 3%, déficit presupuestal de 1% y tipo de cambio de 20 pesos. Lo demás, los discursos pomposos de compromiso social, el primero los pobres, salen sobrando porque el ancla estabilizadora es mantener la inflación compatible con la de los EE. UU.

Lo que hacen los gobiernos neoliberales disfrazados de populistas es descobijar a algunos sectores con recortes de gasto para tapar a los sectores más vulnerables que fortalecen los discursos populistas. El populismo 1982-1984 logró tasas de PIB de 6% por manejos cuidadosos con el gasto y un entorno internacional estable; el ciclo neoliberal logró regresar la inflación a tasas de 3%-4%, pero bajando el PIB, el gasto público y los programas sociales.

El gobierno de López Obrador que anunció el fin del ciclo neoliberal estaba obligado a redefinir la política económica y su escenario de estrategia antiinflacionaria. Pero no: La política económica del Gobierno 2018-2019 es la misma de los Criterios Generales de Política Económica del ciclo neoliberal 1982-2018. En campaña y en el interregno se dijo que las cosas cambiarían, pero al final resultaron iguales.

El estratega presupuestal de López Obrador es el economista ortodoxo Carlos Urzúa, forjado en el pensamiento económico estabilizador. El equipo lopezobradorista tuvo cuando menos dos años para diseñar un cambio, desde que el propio López Obrador fijó en su ánimo la victoria y comenzó a designar a sus encargados de gabinete. Por lo que se ve no hubo en su equipo económico una intención de generar un nuevo pensamiento económico funcional al discurso populista.

El lado populista del presupuesto se nota en la cobertura de sectores vulnerables con programas de asignación directa de dinero, pero sin efectos multiplicadores productivos. Para lograrlo hizo recortes en sectores determinantes para la actividad productiva como las universidades. Es cierta la tesis de que las universidades públicas con un pozo de ineficiencia, gasto corriente y corrupción, pero la SEP de López Obrador carece de un enfoque reorganizador eficiente.

En el tránsito del populismo al neoliberalismo hubo solo un esfuerzo para replantear el pensamiento económico. Carlos Tello Macías en 1977 fue despedido por el presidente López Portillo porque sus propuestas como secretario de Programación y Presupuesto eran contrarias a las pactadas con el FMI. Sin gran análisis de fondo, el presupuesto lopezobradorista de 2019 va a pasar con excelencia la vigilancia del FMI. En efecto, a López Obrador le ha faltado un Carlos Tello Macías para buscar un nuevo enfoque de política económica.

Con un PIB de 2% cuando menos en 2019 y 2020, el PIB promedio anual en el sexenio será de 3%, ante una necesidad de lograr el 6% que aporte los empleos anuales en el sector formal para la población económicamente activa que se incorpora cada año a la fuerza de trabajo. Para lograr la meta lopezobradorista sexenal de 4%, el Gobierno tendrá que impulsar un PIB de 5% en 2021-2024 que será imposible si antes no reorganiza de manera total la política económica en materia de demanda-oferta y desarrollo productivo.

Por lo pronto, el 2019 será igual a los últimos 35 años: Política económica neoliberal basada en control de la inflación por el lado de la demanda y con más marginación social, aunque con discurso populista,

Política para dummies: La política, y López Obrador es la muestra palpable, es el arte de engañar con la verdad.
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@carlosramirezh
17 Diciembre 2018 04:00:00
Ocho días que vivimos el peligro; AMLO y Morena soltaron al tigre
Para que no pueda abusarse del poder es absolutamente preciso que el poder contenga al poder
El espíritu de las leyes, barón de Montesquieu, 1748.

A siete días de haber jurado cumplir la Constitución, el presidente López Obrador metió al país durante otros siete días a una confrontación de poderes que terminó el jueves 13 con el sometimiento al mandato constitucional de división republicana. Sin embargo, el raspón final fue el indicio de la violencia que viene: huestes morenistas al estilo Nicolás Maduro fueron al edificio de la Corte a gritar y terminaron agrediendo a un funcionario de la institución al confundirlo con un ministro.

El otro punto de referencia es local, pero con efectos nacionales: Morena en Puebla movió sus piezas para tratar de impedir, como López Obrador en 2006, la toma de posesión de la gobernadora panista-perredista Marta Érika Alonso, quien fue investida del cargo por el órgano constitucional legal: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese acto de venganza política fue el anuncio de que las huestes morenistas van a mantener la inestabilidad violenta en Puebla por haber perdido, legal y legítimamente, la gubernatura.

Cuando se reunió con empresarios en la campaña en año, el candidato López Obrador dijo que impedirle la victoria anunciada por las encuestas iba a “soltar el tigre” de la protesta violenta y a ver quién lo amarraba otra vez. López Obrador ganó, las instituciones se plegaron a la legalidad y ahora resulta que el tigre fue soltado por el presidente López Obrador y su partido Morena para tratar de tomar el control total de las instituciones políticas y de gobierno.

La crisis con la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó el viernes 7 cuando el ministro Pérez Dayán dio entrada a la controversia constitucional por la Ley de Remuneraciones que centralizaba el salario de funcionarios público en la figura del presidente de la república, cuyo cargo trae implícitos ciertos gastos cargados al erario y no a su salario. La mayoría morenista en las dos cámaras se lanzó contra la Corte porque la controversia llevó a la congelación de dicha ley, aunque más con discursos incendiarios de comité de salud pública francesa y amenazas de guillotinazos.

El ambiente se crispó porque muy claro quedó desde el principio que el tema central no era el salario del poder judicial, sino la intención de subordinar al poder judicial autónomo bajo del nuevo poder presidencial. La disputa entre poderes por la jerarquía de los poderes iba a derivar en actos dictatoriales de la presidencia. Al final, López Obrador tuvo que ceder, estuvo presente en el informe anual del presidente de la Corte y enfrió las calenturas revolucionarias de sus mosqueteros legislativos. Eso sí, dejó que las hordas morenistas estallaran la violencia física contra el edificio y funcionarios de la Corte.

El centro del debate López Obrador-Corte fue la fijación de territorios de poder. Es cierto que el poder judicial a ciertos niveles ha abusado de su autonomía, pero la intención presidencial fue subordinar al poder judicial a los mandos del poder ejecutivo. La teoría de la división de poderes nada tiene que ver con el Benito Juárez que asumió de manera simultánea funciones de ejecutivo y legislativo, sino que se relaciona con la tesis de Charles Louis de Secodant, barón de Montesquieu, cuya propuesta de división de poderes hizo pasar a mediados del siglo XVIII del absolutismo monárquico al principio fundador de la democracia: el equilibrio de poderes.

La argumentación del barón de Montesquieu fue sencilla: Para evitar el abuso del poder era necesario que el poder acotara al poder. “No hay poder que no incite al abuso, a la extralimitación. ¡Quién lo diría! Ni la virtud puede ser ilimitada”, escribió en el capitulo IV del libro XI. Y ahí fijó otro de los principios generales del derecho en las democracias: respeto a la Constitución, pues “una Constitución puede ser tal, que no sea obligado a hacer lo que la ley no manda expresamente ni a no hacer lo que expresamente prohíbe”. Estas tesis señalaron los límites del poder absolutista.

Al final, López Obrador y Morena perdieron y la Corte habrá de pagar su arrogancia salarial, pero la ganadora fue la democracia porque la estridencia encendió los focos rojos de alarma absolutista del nuevo presidencialismo totalizador de López Obrador. La mayoría morenista en la Cámara ha seguir amenazando, pero ya como tigre desdentado. A la corte le corresponderá ajustar salarios y prestaciones adicionales.

Pero las preocupaciones siguen vigentes. El presidencialismo de López Obrador quiere retrotraer su poder absolutista a 1982 y derogar la desarticulación del poder presidencial del Estado con la anulación de los organismos autónomos; ya tiene el ejecutivo y el legislativo y le falta controlar al judicial.

Política para dummies: La política es, cuando quiere ser ética, el equilibrio de poderes.

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16 Diciembre 2018 04:00:00
México: AMLO como laboratorio populista
Quizá la principal lección que ofrece el arranque del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador se localiza en la (in)existencia de un puente de plata entre los deseos y la realidad. Y es probable que los primeros días de gobierno sean un laboratorio sociopolítico para analizar el funcionamiento de la relación entre el Estado y la sociedad.

López Obrador ganó el 53% de los votos el pasado 1 de julio, cifra que no se veía en elecciones presidenciales desde 1982. Pero de 1917 a 1982, la votación a favor de candidatos de la élite política de la Revolución Mexicana tuvo un promedio de 90%. Los presidentes de 1988 a 2018 --cinco elecciones en total-- lograron un promedio de 42%.

En materia legislativa, el PRI mantuvo hasta 1982 la mayoría calcificada de dos terceras partes para reformar por sí mismo la Constitución, de 1985 a 1991 afianzó la mayoría absoluta mayor a 50% y de 1997 a 2015 logró la primera minoría con bancada menor a 50% pero con alianzas para sostener mayoría absoluta.

Estos datos refieren el tamaño de la victoria de López Obrador: mayoría absoluta en votación presidencial y su partido con mayoría absoluta de 52% en la Cámara de Diputados.

Pero… El sistema político mexicano no se maneja solo por cifras, sino por una estructura legal que a veces no es correspondiente con las votaciones legislativas. Los presidentes Salinas de Gortari (1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) no alcanzaron la mayoría absoluta para su partido en el Congreso, pero con habilidad política construyeron alianzas para tener una mayoría calificada que les permitiera modificar la Constitución en temas delicados como las privatizaciones. Los gobiernos panistas de Fox y Calderón (2000-2006 y 2006-2012) pactaron con la bancada del PRI y también modificaron la Carta Magna.

El problema de López Obrador radica en su condición de caudillo, no de líder político; comenzó a tomar decisiones de gobierno aún antes de haber jurado legalmente el cargo, a costa de crear sobresaltos en la estabilidad de la burocracia. Su bancada asumió la mayoría legislativa desde el pasado 1 de diciembre y aprobó con rapidez leyes complejas que requerían cierta dosis de negociación con la oposición y con la sociedad.

López Obrador está moviéndose como líder de masas en campaña y no como jefe del ejecutivo federal. Tres decisiones le han complicado su comienzo legal: la cancelación del aeropuerto en la zona de Texcoco --goteras de la ciudad de México--, una ley de salarios que coloca el salario nominal presidencial de 108 mil pesos mensuales --algo así como 4 mil 500 euros-- como tope para todos los salarios del sector público, los tres poderes y los funcionarios de organismos autónomos del Estado y la aprobación del presupuesto de egresos para 2019.

Loas tres han generado efectos negativos: la pérdida de confianza de inversionistas que compraron bonos del aeropuerto y que pueden perder 10% de su inversión, una orden de la Suprema Corte para congelar la ley salarial cuando menos 2019 y la preocupación inclusive en su propio gabinete económico por el volumen de gasto que implicaría un déficit presupuestal de 5% o más, con nocivos efectos inflacionarios-devaluatorios.

Lo interesante del caso de López Obrador no radica en la llamada curva del aprendizaje del costo social, político y económico que debe de pagarse para aprender a usar el poder. Lo significativo se localiza en el tránsito de un ciclo de gobiernos neoliberales (1983-2018) a un nuevo periodo populista como mezcla de presidentes que gobernaron --decían-- para el pueblo de 1920 a 1982. En resumen, los gobiernos neoliberales ajustaron sus expectativas a la estabilidad del mercado y los populistas decidieron en función de las necesidades del pueblo. Cada uno de estos dos grandes ciclos del México moderno tuvo sus condiciones, circunstancias y posibilidades.

El punto más sensible del gobierno de López Obrador estará en el manejo macroeconómico. Su encargado de gasto ya fue cesado a siete días de haber tomado posesión porque le dijo al Presidente que el ingreso no alcanzaba para el gasto que quería el nuevo mandatario. El marco macroeconómico estabilizador requiere de mayor control: 2% de PIB, 4% de inflación y 1% de déficit público. Su configuración ha partido de la meta de inflación y se han acomodado las otras variables. López Obrador quiere que México crezca a 4% del PIB y tenga gasto social nuevo de 1% del PIB y que las demás cifras se acomoden. Y su meta está fijada sin cambios en las fuentes del gasto: deuda, impuestos y ganancias de empresas públicas.

El tránsito de una economía estabilizadora a una economía populista definirá el rumbo del modelo populista de López Obrador. Los gobiernos populistas de Cárdenas (1934-1940), Echeverría (1970-1976) y López Portillo (1976-1982) iniciaron con gasto financiado con déficit y a la mitad de su sexenio estaban metidos en problemas inflacionarios y devaluatorios.

El problema ha radicado en el manejo presidencial de las finanzas públicas con criterios políticos y populares y no técnicos. Los populismos latinoamericanos entraron en crisis y colapsos cuando decidieron la economía con razonamientos políticos. Y el problema no radica en que por fuerza la economía deba imponerse sobre la política, sino en la realidad de que la política suele causar estragos económicos.

La función del estadista consiste en equilibrar política y economía. Y en definir modelos de desarrollo en función de políticas económicas especificas. Las crisis económicas prueban el error de cuando la política avasalla a la economía.


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14 Diciembre 2018 04:00:00
Disputa por salarios rompe orden constitucional de división de poderes
Los todopoderosos hombre de la toga y birrete demostraron que nada entienden de política y lucha por el poder, pero lo más grave fue que también demostraron ser ignorantes de los caminos secretos del litigio judicial. La crisis López Obrador-Suprema Corte no fue por salarios, sino por una nueva redistribución del poder real que implica la ruptura del orden constitucional en materia de división de poderes.

Ninguno de los pomposos ministros de la dependencia encargada de resguardar la Constitución entendió la lógica de la disputa por el poder. La controversia constitucional no se localizó en intentar bajar salarios, sino en el hecho de que una ley impuso la figura personal del Presidente de la República en materia salarial como factor de definición de un poder sobre los otros dos poderes.

La ley de remuneraciones no puede estar por encima de la autonomía de los otros dos poderes, el Legislativo y sobre todo el Judicial. La tarea de la Corte, por tanto, no estaba en analizar el contenido salarial de esa ley sino de determinar si era válido que el salario del presidente de la república pudiera determinar funcionamiento autónomo del Poder Judicial.

La intención final de López Obrador en realidad no radica en un asunto de justicia distributiva salarial, sino en dejar claro que el presidente de la república por la vía de los salarios era el poder supremo. Los legisladores lopezobradoristas tuvieron la importunidad de fijar el salario máximo con alguna otra unidad de valor --por ejemplo, los UDIs posteriores a la crisis de tasas de interés bancarias de 1995--; pero al poner el salario del presidente de la república --“nadie puede ganar más que yo”, declaró López Obrador en una variante del luiscatorcesco “el salario soy yo”-- se dejó clara una nueva jerarquía de mando piramidal con dominación presidencial.

El trasfondo de lucha por la supremacía del poder legislativo lo reveló la bancada de Morena con su amenaza a la Corte: o se bajan los salarios o se los bajamos, un acto de destrucción de la autonomía del Poder Judicial al querer dictar el Poder Legislativo el funcionamiento interno del Judicial. La salida institucional es más sencilla: Aprobar un presupuesto bajo y que la Corte se haga bolas ejerciéndolo con restricciones.

Pero la intención de convertir el salario presidencial en el eje de gasto corriente lleva el mensaje de anunciar el regreso del presidencialismo absolutista.

No se trata, por cierto, de la construcción de una dictadura como la de Venezuela. El objetivo, en realidad, es el de reconstruir el viejo modelo presidencialista dominante priísta que funcionó con base electoral de mayoría calificada hasta 1982, con mayoría absoluta hasta 1991 y como primera minoría desde 1997. El modelo presidencialista funcionalizado por base legislativa ha operado siempre.

En los hechos, el sistema presidencialista --que no presidencial-- ha sido el eje de los diferentes sistemas políticos desde el imperio de Agustín I de Iturbide. Pero al paso del tiempo, la maduración de la sociedad civil le fue quitando pedazos de poder de dominación al presidencialismo de Estado absolutista-filantrópico --aportación de Octavio Paz a la ciencia política mexicana en materia de teoría del Estado--. En este escenario, el modelo presidencialista de López Obrador es el totalizador --aportación de José Revueltas desde el marxismo-- y ha de necesitar la reconcentración de los poderes perdidos en un Estado dominante.

La oposición en la Cámara y los barones de la toga y el birrete no han entendido la lógica del poder de López Obrador. La defensa debe centrarse en la protección de la división de poderes, no del salario. Pero la astucia de López Obrador llevó la guerra de poderes al terreno de los abusos salariales del Poder Judicial, beneficiándose inclusive por la defensa salarial de la Corte.

Si la respuesta de la Suprema Corte fue equivocada porque ofreció la imagen mezquina de defender salarios y nivel de vida, la salida política e institucional puede aún ayudar a reorientar las argumentaciones: blindarse hacia dentro, profundizar su independencia del Ejecutivo y revolucionar la sociedad con la aplicación de las leyes. El gobierno mexicano no resistiría un poder judicial estricto porque el modelo de acusaciones que opera el Ejecutivo está más corrompido que la defensa salarial del poder judicial.

El debate está en el terreno de la división de poderes. El hoyo anticonstitucional de la ley de remuneraciones radicó en poner la figura del Presidente de la República o jefe del Poder Ejecutivo federal por encima del autónomo e independiente poder judicial. El Ejecutivo tiene la facultad de entregar el presupuesto al Judicial y no meterse en su distribución. Y el Judicial perdió la oportunidad de autorregularse.
Si quien tiene el dinero tiene el poder, también quien tiene el poder puede dominar al dinero.

Política para dummies: La política es el campo de batalla por la jerarquía del poder.

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13 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO: Presidencialismo de sistema priísta o absolutista/autoritario
Sin tener una alternativa al sistema político/régimen de gobierno/Estado priísta, el presidente López Obrador está metiéndose en problemas porque su objetivo se ha reducido a reconstruir la estructura de dominación del régimen priísta anterior para su propio modelo de presidencialismo caudillista, solo que con dos variables negativas: Morena no es un PRI de corporaciones y el presidencialismo lopezobradorista no negocia con nadie.

La clave de la fuerza del Estado mexicano fue descubierta por José Revueltas en dos tiempos, 1958 y 1976: El mexicano es un Estado “total y totalizador”, no totalitario: y depende de dos variables: “El control total de las relaciones sociales” y la dominación a través de la ideología oficial como instrumento de las luchas sociales de Independencia, Reforma y Revolución.

Las partes débiles del proyecto de López Obrador han sido detectadas: Morena es un partido de rescoldos del viejo PRI, no controla las relaciones sociales derivadas del modo de producción capitalista y la presidencia lopezobradorista es más personal que de proyecto ideológico.

El PRI fue el sistema político porque en su seno el presidente de la república ejercía su poder para distribuir bienes y beneficios. López Obrador sacó las protestas sociales del PRI-sistema, las acrecentó con acciones directas en las calles y dejó a su partido como lo que fue el PRI en su decadencia, crisis y descomposición sistema: una agencia de colocaciones, no el espacio de control de las relaciones de poder.

La otra carencia de estructura de dominación se localiza en el Estado. El Estado populista perdió credibilidad en las crisis devaluatorias de 1976, 1982 y 1995 y se quedó sin estructura de poder con las privatizaciones de empresas públicas porque le redujeron ingresos e influencia productiva. El Estado social del ciclo populista 1917-1982 fue sustituido por Carlos Salinas de Gortari en 1983-1993 por el Estado autónomo de las relaciones sociales que derivan en relaciones políticas y le dan al Estado y al presidente el control de hilos de poder.

Ahí se localiza el objetivo del proyecto de López Obrador de regresar al Estado a su intervención directa en la producción; sus primeros pasos han sido dados en la industria energética: suspender concesiones privadas y regresarle al Estado la tarea directa de exploración, explotación, refinación y comercialización para utilidades e impuestos que financien programas sociales. Se trata de la idea original del presidente Cárdenas cuando expropió el petróleo.

El estatismo de López Obrador no es socialista ni pretende proletarizar el modo de producción, pues el Estado lopezobradorista tampoco le entregará el control directo y total del Estado y la producción a los trabajadores; será su burocracia la que se encargue de dirigir el modelo.

El PRI-sistema giraba con cuatro engranes fundamentales: el presidente de la república, el PRI como administrador de las demandas-soluciones, el Estado de bienestar para dotarlo de una base social popular y la ideología de la historia oficial. López Obrador ha avanzado sólo con su presidencialismo verticalista, centralizador y autoritario y el olvidado discurso histórico de Hidalgo, Juárez, Madero y Cárdenas como ideología sin fuerza. Sin un partido que sea el administrador de las demandas-soluciones y sin una disminución sensible y rápida de la desigualdad social y la pobreza (80% de los mexicanos 104 millones de mexicanos, vive con una a cinco carencias sociales), la legitimidad de la presidencia lopezobradorista carecerá de bases.

Y el pivote dinamizador era la fuerza sexenal del presidente en función no de haber llegado sino de decidir su propia sucesión presidencial. Y López Obrador no se va a reelegir y Morena está muy lejos de ser el PRI de las sucesiones ordenadas. La crisis del PRI comenzó en 1988 cuando no pudo administrar la designación del candidato desde Los Pinos.

Y ahí entra la opción absolutista/autoritaria del presidencialismo lopezobradorista. Al carecer de un partido-sistema con liderazgos de clase por su configuración tipo Torre de Babel y sin ninguna posibilidad de revertir la pobreza en cuando menos seis años, entonces al discurso populista sólo le queda la imposición autoritaria. Por eso la confrontación mediática y de credibilidad con los poderes fácticos: empresarios, burocracia priísta, poder judicial, medios críticos.

Los antecedentes del lopezobradorismo están en los líderes caudillistas y populistas que usaron la fuerza del presidencialismo para imponerse: Obregón con su golpe a Carranza, Calles con el control del aparato militar, Cárdenas con la expropiación petrolera, Díaz Ordaz con su presidencialismo paternalista-represor, Echeverría con el poder del Estado, López Portillo con la expropiación de la banca y Salinas con sus golpes contra líderes empresariales y sindicales.

Pro los presidencialismos autoritarios son temporales y terminan en colapsos económicos.

Política para dummies: La política radica en escoger el peor de los caminos para que las cosas más o menos caminen.

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@carlosramirezh
12 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO vs. Corte, gobernadores medios, empresarios, militares…
La disputa del presidente López Obrador y sus bancadas legislativas contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la ley de salarios, es otra de las batallas que no tiene como fondo un cambio de régimen porque el actual es y seguirá siendo presidencialista, sino revela un reacomodo de poderes a favor de la nueva élite lopezobradorista mayoritaria.

En la realidad, ninguna de las decisiones polémicas del nuevo presidente de la república modifica el régimen priísta republicano, federal, representativo, democrático y presidencialista. Y en el fondo, tampoco las decisiones de López Obrador crean nuevas formas de ejercer el poder, sino que se agotan en la toma del control y del poder por los nuevos funcionarios.

La confrontación con la Corte es por salarios, con los gobernadores por seguridad publica, con los medios porque muchos representan a la élite del anterior régimen, con los empresarios porque construyeron un poder fáctico, con los militares porque son la fuerza del régimen y con los que vengan por el desplazamiento de priístas-panistas-perredistas que se apropiaron del régimen priísta.

En los hechos, el régimen seguirá siendo priísta con López Obrador, solo que con dos variantes: Morena tiene hasta el 2021 la mayoría absoluta en la Cámara y la primera minoría en el Senado hasta el 2024 y López Obrador viene con una clase morenista propia formada en su mayoría por ex priístas, expanistas, experredistas y exfuncionarios del viejo régimen y con la lealtad a López Obrador y a Morena.

El régimen seguirá siendo republicano, federal, representativo, democrático y presidencialista y la nueva élite con el sello AMLO-Morena carece de una propuesta alternativa y ha mostrado las mismas prácticas y vicios porque salieron del anterior régimen priísta.

En materia de presidencialismo, López Obrador no ha inventado nada: quiere el liderazgo de Obregón, la astucia de Calles, el carisma de Cárdenas, el pragmatismo de Alemán, el estatismo social de Echeverría, el petróleo de López Portillo y la capacidad de Salinas parea renovar a la clase política.

En este contexto, López Obrador es en realidad copia del modelo Salinas: la renovación de la élite dirigente por una funcional a los nuevos lineamientos del poder. Salinas modifico el PRI, le puso nuevos cuadros salidos del pensamiento económico neoliberal, los hizo legisladores, gobernadores y funcionarios y llevó su proyecto a la sucesión presidencial de 1994 con Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, para asegurar la continuidad del proyecto económico modernizador neoliberal.

El modelo político de López Obrador es una extraña mezcla entre populismo y neoliberalismo, el primero para aumentar gasto y distribuir el ingreso y lo segundo con el cumplimiento de la condicionalidad estabilizadora de control de la inflación como ancla principal.

La estrategia populista se percibe en la reconstrucción de la capacidad del Estado para usar los recursos fiscales en la consolidación de un nuevo aparato paraestatal que Salinas privatizó en su sexenio. El congelamiento de las concesiones petroleras va a facilitar que el Estado regrese a la economía productiva con inversiones en petróleo (al estilo López Portillo) y con ello volver a reactivar los ingresos de las paraestatales como vía de financiamiento del gasto público social.

La privatización del petróleo también privatizó el producto de la venta de crudo y le dejó al Estado sólo el área fiscal. López Portillo utilizó la deuda y los primeros ingresos extraordinarios de petróleo para construir una plataforma petrolera estatal y dejarle al Estado todos los beneficios. Sólo que el riesgo del modelo de López Obrador radica en que la exploración es la más profunda y por tanto la que más requiere de recursos.

En este sentido hay que contextualizar los conflictos de López Obrador: la reorganización de las instituciones del régimen priísta para que le sirvan a su propio proyecto, sin suponer ningún nuevo régimen. De todos, el más innecesario ha sido el de la Corte por los salarios, porque el poder judicial era fácil de reorientar en sus funciones y convertirlo en aliado en la redefinición de las nuevas reglas del juego.

La baja de salarios públicos era necesaria por el desorden y desbocamiento en los últimos años, pero esa operación política careció de sensibilidad social y jurídica. Sus operadores legislativos atropellaron derechos y provocaron el alineamiento de todos los afectados. Si la Corte resiste las presiones mediáticas y se ajusta a los criterios legales, la batalla puede ser ganada. Pero si decide politizar sus designaciones, el resultado será adverso.

Todo el desorden tiene, en síntesis, la intención de fijar los parámetros del poder presidencial con el mismo régimen político priísta, aunque con nuevos jugadores.

Política para dummies: La política es un juego de tensión dinámica entre dos fuerzas en sentido contrario, muna tratando de sacar a la otra y ocupar su augur.


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@carlosramirezh
11 Diciembre 2018 04:00:00
Puebla: Barbosa endosó a AMLO su derrota ante Martha Érika Alonso-PAN
A lo mejor no va a ser necesario tomar tan en serio al presidente López Obrador en sus abruptos políticos: En el 2006 mandó al diablo a las instituciones electorales y en el 2018 las elogió porque le dieron la victoria.

De todos modos, resulta preocupante que el proceso electoral en Puebla pasó por todos los filtros de la democracia y ahora resulta que la determinación legal y legítima a favor de la candidata panista Martha Érika Alonso fue antidemocrática para López Obrador.

El problema radicó en que el Presidente de la República con apenas ocho días en el poder haya llevado a la sociedad atenta al caso Puebla a dos opciones: O preocuparse por la acusación del jefe del Estado contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque implicaría un proceso de disolución de esa institución electoral, o mirar hacia otro lado con desdén diciendo que se trata de otro de los desplantes de López Obrador que a nada conducen y que responden a momentos anímicos.

Al final, el que perdió fuerza política, posición institucional y credibilidad como gobernante fue López Obrador porque careció de pruebas para afianzar su exabrupto contra el Tribunal Federal Electoral.
El PAN y la gobernadora electa Martha Érika Alonso, por su parte, cumplieron con toda la normatividad legal en tribunales y probaron la falsedad de las acusaciones de un magistrado que había sido asimilado por Morena con la extensión de su gestión y en el pleno se demostró que no hubo tal cúmulo de irregularidades.

El presidente López Obrador, Morena y sus piezas de poder estaban obligados a deslindarse del caso Puebla porque el riesgo era mayor: Si ganaban y se anulaban las elecciones, habría quedado la certeza de aplastamiento de las autoridades electorales; si perdían, habrían de mostrar que la fuerza en las calles es menor a la capacidad de decisión de las instituciones que habían sido mandadas al diablo. Y así fue: La decisión del Tribunal Electoral representó una sonada derrota del presidente López Obrador y no de Morena ni del impresentable Miguel Barbosa.

La estridencia de Barbosa contra la candidata Martha Érika Alonso y su familia mostró la condición política de baja estofa de sus comportamientos y sí utilizó discriminaciones sexuales y de género, aunque en el fondo estos comportamientos trogloditas fueron el aviso de que batalla en tribunales estaba perdida.

Lo que viene ahora es una segunda prueba para López Obrador: O reproduce con la gobernadora Alonso los estilos de Peña Nieto con el gobernador de Chihuahua usando el aparato de poder para castigarlo por la persecución contra un priísta, o le da vuelta a la hoja y asume a la nueva mandataria de Puebla como la representante del pueblo y sociedad de Puebla. Cualquiera que sea la decisión sumida, representará una segunda derrota para los actuales estilos presidencialistas autoritarios.

Lo más grave de todo fue observar que el presidente López Obrador tiene 53% de los votos y 30 millones de votos, pero no le alcanzan para reformular las estructuras de poder del sistema/régimen/Estado priístas: Ya enlodó a la Suprema Corte, ya castigó a los legisladores levantándole la canasta presupuestal, ya definió la política en términos del ideólogo autoritario Carl Schmitt en la relación amigo-enemigo, ya le quitó publicidad a los medios escritos porque lo criticaron mucho y les subirá apoyos a Televisa y TV Azteca porque se sometieron a su voluntad y ahora ya manchó la reputación de las dos instituciones determinantes en la transición mexicana a la democracia: La versión poblana del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral.

En este sentido, sin siquiera proponérselo, la elección de gobernador en Puebla fue una derrota de López Obrador. Los abogados del PAN sí hicieron su tarea y lograron invalidar las quejas de Morena. El problema de fondo local estuvo en el apoderamiento de Morena en Puebla por el grupo priísta del exgobernador Mario Marín Torres. El principal colaborador de Marín en su gubernatura es hoy el jefe máximo de Morena y por tanto aspirante a la gubernatura: Alejandro Armenta, quien por cierto acaba de ser derrotado porque presentó una iniciativa de castración química a violadores y fue desdeñado por el presidente López Obrador. Esa iniciativa viola los derechos humanos y Armenta llegó al Senado como suplente de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. Una muestra más del desorden político e ideológico en Morena.

La gobernadora Martha Érika Alonso llega con toda la legalidad, legitimidad y capital político-electoral --mayor a la que tenía cuando se registró como candidata-- porque logró en tribunales políticos y legales la primera victoria contra el poder de Morena como partido mayoritario.

Política para dummies: La política es el arte de convencer de hechos buenos o malos, no el de imponer caprichos presuntamente buenos que al final son peores.

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@carlosramirezh
10 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO en Palacio Nacional 5.- Populismo neoliberal
Una de las palabras que podría resumir las posibilidades del proyecto de gobierno del Presidente López Obrador es oxímoron, la mezcla de dos posiciones encontradas y hasta excluyentes. Su populismo político estará acotado por la dominación del neoliberalismo en economía y desarrollo: Será populismo neoliberal.

El anuncio del presidente López Obrador en su toma de posesión en el sentido de que se había terminado el ciclo económico neoliberal no fue sino un deseo político, coyuntural, de plaza publica. La política económica y presupuestalº de la administración 2018-2024 no podrá salirse del modelo neoliberal porque estará atada a la variable suprema: La inflación asumida --dice la teoría monetarista del neoliberalismo-- como fenómeno monetario.

En este sentido, la única viabilidad lopezobradorista estaría en asumir sus posibilidades reales --y no demagógicas-- en función del oxímoron populismo neoliberal. La primera crisis en su equipo económico estalló cuando el subsecretario de Egresos de Hacienda, Gerardo Esquivel, le dijo al Presidente López Obrador que no se podía aumentar el gasto social. La discusión subió de tono hasta el punto en que Esquivel le dijo: “Andrés Manuel, no-se-puede”. Al salir de la reunión Esquivel ya había sido reasignado al Banco de México, por cierto, la catedral del pensamiento inflacionario neoliberal, ortodoxo, monetarista y friedmaniano.

Los populismos de 1934 a 1982 duraron hasta que la inflación colapsó la estabilidad macroeconómica y condujo a las devaluaciones. En 1975 el presidente Echeverría tuvo que aceptar la condicionalidad del Fondo Monetario Internacional para obtener créditos que ayudaran a inyectar el mercado de dólares; en 1977 López Portillo despidió a sus secretarios de Hacienda y Programación porque no encontraron una síntesis entre la condicionalidad neoliberal de baja de gasto y los compromisos sociales del candidato. En 1978 López Portillo aprovechó los descubrimientos petroleros para un programa de inversiones que, de todos modos, llevaron a la inflación de 1981 y 1982 y a otra devaluación. Los tecnócratas de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari dieron un paso adelante en el pensamiento neoliberal: Redefinieron el papel del Estado mexicano, haciéndolo pasar de social a Estado autónomo de compromisos sociales.

La caída de Esquivel reprodujo la crisis de 1977 de López Portillo: La imposibilidad de una síntesis entre populismo y neoliberalismo. El propio López Portillo padeció más directamente su crisis: En 1973 ascendió a secretario de Hacienda de Echeverría cuando Hugo B. Margain se negó a aumentar el gasto y a imprimir más billetes. De 1973 a 1976 siguió subiendo el gasto sin mayores ingresos y en agosto de 1976 terminó el modelo de desarrollo estabilizador basado en un tipo de cambio atado a un presupuesto condicionado por la inflación.

La política presupuestal de López Obrador quiere aumentar el gasto social y de inversión de sus compromisos de campaña sin más impuestos ni mayor deuda; por tanto, solo queda la reasignación de recursos disponibles. En la realidad Hacienda ya entendió que nunca existió la posibilidad de que baja en la corrupción y disminución de salarios de la alta burocracia y organismos autónomos pudiera aportar 600 mil millones de pesos para las inversiones lopezobradoristas. Fue lo que le dijo Esquivel al presidente de la república… y por eso lo mandaron a panteón neoliberal del Banxico.

Si quisiera encontrarse una explicación económica a la decisión de López Obrador de suspender mayores concesiones petroleras y anunciar que el gobierno haría la exploración, extracción y comercialización del crudo, estaría en el modelo de López Portillo de usar el petróleo como actividad productiva del Estado y las utilidades petroleras destinarse al gasto público. La apuesta se perdió cuando el ingreso petrolero fue menor a los programas de inversión pública y aumentó la inflación.

A menos que la estrategia económica de López Obrador encuentre fuentes de ingreso gubernamental más allá de los impuestos, el ahorro por corrupción, baja del gasto corriente, la deuda y la impresión de billetes, las posibilidades del populismo lopezobradorista estarán acotadas por las limitaciones de la condicionalidad neoliberal. Y ya no se trata solo del FMI, sino del efecto inflacionario de la política económica y los objetivos sociales del desarrollo.

Al populismo de López Obrador le falta reflexión teórica para confrontar las mentiras neoliberales. El problema no se localiza en mayor o menor gasto y en mayor o menor inflación, sino en el rediseño del modelo de desarrollo y por tanto el replanteamiento de su correlativa política económica.

La crisis con Esquivel, su cese en Hacienda y su envío al templo del neoliberalismo del Banco de México fue el primer aviso de la crisis tradicional de los populismos sin política económica.

Política para dummies: La política es el reino de las pesadillas, no de los sueños guajiros.

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@carlosramirezh
09 Diciembre 2018 04:00:00
México: Con AMLO, otro ciclo populista, no de izquierda
Buena parte de observadores internacionales han señalado que con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la república llegó al poder “la izquierda”. Nada más… confuso. El nuevo presidente no es de izquierda, sus aliados vienen del PRI reciente y del PAN conservador, cuyo salto político se explica sólo por cargos públicos. La propuesta del gobierno entrante es de capitalismo de mercado, con regulaciones decrecientes del Estado y programas asistencialistas a sectores improductivos.

Los héroes simbólicos del gobierno de López Obrador son cinco: Hidalgo y Morelos (promotores de la independencia de España en 1810), Benito Juárez (el indígena que llegó a la presidencia para construir el capitalismo sobre las propiedades de la iglesia y los indígenas), Francisco I. Madero (el impulsor de la línea democrática de la Revolución Mexicana que antes había solicitado al dictador Porfirio Díaz ser su candidato a la vicepresidencia) y Lázaro Cárdenas (el repartidor de tierras a campesinos y expropiador-privatizador del petróleo).

Los pequeños datos biográficos anteriores destacan los aspectos negativos de las personalidades, pero todos ellos forman parte de la Historia Oficial (capital mayúscula para destacar el oficialismo) que la ideología oficial de la Revolución Mexicana ha diseñado como parte de la ideología priísta. Esa ideología es impuesta a través de la educación obligatoria y los libros de texto gubernamentales que son los únicos válidos en la educación y que constituyen (Althusser) un aparato ideológico del Estado priísta. Así, la educación construye ideología en todos los niños. Por eso el politólogo critico y radical Luis Javier Garrido había diseñado una frase que se hizo célebre: En México todos somos priístas (por la educación) hasta demostrar lo contrario.

La izquierda mexicana ha tenido dos grandes vertientes: la marxista y marxista-leninista y la nacionalista-revolucionaria del PRI en sus formaciones anteriores como Partido Nacional Revolucionario y Partido de la Revolución Mexicana. La marxista-leninista (el Partido Comunista Mexicano) fue legalizada en 1978 y sobrevivió legalmente hasta 1989 en que entregó su registro a los expriístas Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Andrés Manuel López Obrador para dar a luz al Partido de la Revolución democrática, cuyo venero ideológico viene del PRI progresista-cardenista, pero priísta de todos modos. Morena, el partido de López Obrador, fue un desprendimiento del PRD.

Cárdenas y Muñoz Ledo se asumieron de la izquierda del PRI --progresista, no marxista, un poco socialdemócrata, con un Estado promotor de la acumulación privada de capital-- y López Obrador se dijo tibiamente de izquierda hasta 1999 en que terminó su periodo como presidente del PRD. La izquierda oficial no promueve la lucha de clases, aunque Cárdenas la invocó no para potenciarla sino para controlarla en una versión bonapartista del progresismo, organizó a la clase trabajadora como masa y no como clase proletaria y desde siempre afirmó que el proletariado nunca sería propietario de los medios de producción ni tendría el poder presidencial directo.

La ruptura de Cárdenas, Muñoz Ledo y López Obrador con el PRI ocurrió en 1987 cuando el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se negó a abrir a votación pública la nominación del candidato presidencial de 1988 y señaló con su dedo todopoderoso (dedazo, en la gramática autoritaria del PRI) a Carlos Salinas de Gortari, un tecnócrata neoliberal. Enojados, aquellos tres abandonaron el PRI, compitieron con un frente amplio, les hicieron un fraude para impedir acercarse al poder y provocaron la fundación del PRD con más bases priístas que comunistas.

De 1981 a 1988 se dio en el seno de la clase gobernante priísta una disputa por el rumbo ideológico y político del desarrollo (tesis de Carlos Tello y Rolando Cordera en México: La disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo) entre dos corrientes: La neoliberal de los tecnócratas De la Madrid y Salinas dentro del modelo del Fondo Monetario Internacional que tomó el control de la política económica mexicana en 1975 y la popular impulsada por el progresista Colegio Nacional de Economistas y la coalición obrera en el Congreso del Trabajo. La línea victoriosa fue la neoliberal y duró de 1987 a 2018. La progresista pasó a la marginalidad y fue reactivada por Cárdenas y su populismo poscardenista en las elecciones presidenciales de 1988, 1994 y 2000, pero con bajo rendimiento electoral: del 30% en 1988 a 16% en 2000. López Obrador, construido por Cárdenas, se alejó del PRD, fijo su propia personalidad disidente e ideó un liderazgo bonapartista personal sustentado en el lumpenproletariado de los beneficiarios de programas sociales.

Lo que dicen que la izquierda llegó al poder con López Obrador debieran primero definir qué tipo de izquierda. El nuevo presidente, en realidad, es populista y personalista; su modelo económico es de estabilidad macroeconómica en las exigencias del FMI, pero con gasto asistencialista para beneficiar apenas a tercera edad, becas a jóvenes y apoyos a mujeres. Su primer programa económico para 2019 será la continuidad del neoliberal establecido en México desde 1983. En suma, López Obrador mantendrá el régimen priísta: Federal, democrático, representativo y presidencialista. Morena está buscando ocupar el espacio del PRI, aunque sin la cohesión de disciplina e ideología del priísmo.

En este sentido, el proyecto político del gobierno de López Obrador es populista, priísta en métodos, tácticas e ideas y con respeto a la estabilidad macroeconómica del FMI. Morena no es un partido cohesionado, sino una Torre de Babel conformada por militantes de todos los partidos, sin que tenga una ideología, y como partido carece de ideología real. Al final, el modelo de gobierno de López Obrador será presidencialista, de liderazgo personalista, bonapartista y de plaza pública, viviendo de la vieja ideología priísta de la Revolución Mexicana.
En síntesis, el gobierno de López Obrador no representa una ruptura revolucionaria, sino una continuidad priísta en clave pendular dentro del PRI.

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07 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO en Palacio Nacional 4.- Presidencia retro-posmoderna
Como era de esperarse, del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador como movilizador de masas quiere reproducirse como presidencialismo de pueblo. Por esos objetivos, su modelo presidencial representa un retroceso al avance en la deconstrucción de la institución que ha dominado y controlado la política y la sociedad desde las comunidades indígenas originarias.

Y quizá nada ilustre el regreso al centralismo presidencialista que la ley de remuneraciones de la administración publica y la fijación del salario presidencial como el punto de referencia de la punta de la pirámide política del poder: el Estado en clave imperial. Lo fijó con precisión el propio presidente cuando personalizó poderes en dictámenes legales: “Nadie puede ganar más que yo”. Se trata del yo no-institucional, sino personal, único, el yo de Luis XIV, el yo-pueblo del Estado de Nietzsche. La encarnación del Estado en el yo presidencial: Pueblo, poder, padre-patrón.

La lucha por la democracia había corrido, de 1968 al 2018, en una larga batalla de medio siglo precisamente para disminuir el poder del presidente de la república y equilibrarlo con poderes desprendidos de la institución presidencial: La muy modesta y parcial transición mexicana a la democracia formal. Ahora comienza el camino de regreso: la reconfiguración lopezobradorista del presidencialismo priísta que históricamente potenciaron Santa Anna con su necesariato, Benito Juárez con facultades extraordinarias y Cárdenas con el poder corporativo de clases en el Partido Revolucionario Institucional.

El presidencialismo mexicano ha sido una necesidad cohesionadora y un obstáculo democratizador. Cada presidente ha inventado su tipo de presidencia:

--Obregón como la autoritaria populista.
--Elías Calles como la autoritaria instrumental.
--Cárdenas como la presidencia paternalista resumida en la condición del Tata o padre sustituto.
--Alemán como la presidencia corruptora.
--López Mateos como la presidencia carismática.
--Díaz Ordaz como la presidencia-Soler, esa imagen de padre autoritario y enérgico de jóvenes que lo veían como abuelo y a quien había que dirigirse de usted, como en las películas de Fernando Soler.
--Echeverría como la presidencia agitadora.
--López Portillo como la presidencia Don Q: frívola-racional-filosófica.
-- De la Madrid como la presidencia timorata.
--Salinas como la presidencia-ambición.
--Zedillo como la presidencia administrativista o ejecutivista.
--Fox como la presidencia de caporal de rancho.
--Calderón como la presidencia invisible.
--Peña Nieto como la presidencia set.
--Y ahora López Obrador con la presidencia Tata.

El problema de López Obrador radica en que su perfil de presidencia tiene que regresar etapas de modernización política institucional. Hasta ahora se ha visto una presidencia a ras de tierra con vuelos en líneas aéreas comerciales, acceso del pueblo a tocarlo y conferencias de prensa diarias que distorsionan programas de gobierno. Ya se deshizo de su gabinete descentralizándolo y ahora va por la anulación de los organismos autónomos del Estado que le quitaron tentáculos de dominación presidencial totalizadora y la inmovilización de la Conferencia Nacional de Gobernadores para someterlos a la autoridad virreinal del presidencialismo con seguridad y superdelegados federales.

Nada ilustra más la intención presidencialista o presidencializadora que la recepción del Bastón de Mando de comunidades indígenas que no llegan a 10% de la población total, pero cuyas formas tradicionales de gobierno --heredadas y perfeccionadas a lo largo del tiempo político mexicano-- se basan en la autoridad superior de Tlatoani con el mandato de los dioses. Este Bastón se equiparó con la banda presidencial constitucional, sólo que el primero se otorga por un misterioso consejo de ancianos indígena con representación divina y el segundo se legitima a través de los votos democráticos.

Al final, la presidencia lopezobradorista se parece más a la presidencia bonapartista de Luis Napoleón caracterizada por Karl Marx en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte: No el perfil personal que señalaba Víctor Hugo, sino como “producto de la lucha de clases en Francia” y las condiciones y sus circunstancias que permitieron el ascenso de Luis Napoleón de líder populista del lumpenproletariado desclasado a segundo Emperador.

El desafío de López Obrador no radicaba en reconstruir el viejo presidencialismo imperial mexicano, sino en avanzar en la conversión del presidencialismo en una pieza más de la necesaria y ahora alejada transición mexicana a la república. Por donde se le vea, el presidencialismo-Tata es un retroceso político que afectará las relaciones sociales y políticas y de producción que habían adquirido una autonomía relativa de los controles presidencialistas.

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06 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO en Palacio Nacional 3.- Neoliberalismo vergonzante
1.- El neoliberalismo entró a México de la mano del Fondo Monetario Internacional. La política económica del gobierno de Echeverría aumentó el gasto y expandió el Estado en 10 puntos porcentuales, pero sin asegurar incremento en los ingresos. La inflación pasó de un promedio anual de 2% hasta 1970 a 20% en 1973-1976 y subió a 35.7% en el sexenio de López Portillo.

2.- La inflación fue catapultada por aumentos en salarios, pero sin incremento de la productividad ni de disponibilidad de mayor oferta de bienes y servicios. El factor detonante de la crisis fue el choque Estado-empresarios de 1973 a 1982 y la fuga de capitales. Sin reservas internacionales, los gobiernos de Echeverría y López Portillo primero devaluaron y luego solicitaron el apoyo del FMI.

3.- De todos modos, la ideología del neoliberalismo ya estaba aquí. El periodo de desarrollo estabilizador 1958-1970 de Antonio Ortiz Mena --sexenios de López Mateos y Díaz Ordaz-- fue la aplicación de la doctrina neoliberal oculta: El monetarismo o el enfoque de Milton Friedman de que la inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario. Las alzas de salarios y gasto en el desarrollo estabilizador fueron subordinadas a la tasa inflacionaria y esta se ató como ancla al tipo de cambio: Sin gasto desordenado no habría inflación y por lo tanto tampoco devaluación. Era la clave de la estabilización macroeconómica que elogia López Obrador.

4.- El FMI determinó la sucesión presidencial de 1976 y 1982: el conservadurismo estabilizador; solo que a López Portillo lo salvó el petróleo y aumentó el gasto hasta el colapso de 1982. El eje ideológico conservador neoliberal del grupo de De la Madrid fue Carlos Salinas de Gortari, quien transitó del Estado social al Estado autónomo de responsabilidades sociales. El gasto se ató a la inflación y paulatinamente disminuyeron las presiones inflacionarias y devaluatorias. El jefe político del grupo neoliberal salinista fue Francisco Gil Díaz, doctorado en la Universidad de Chicago donde fue alumno y luego adjunto de Milton Friedman, el padre del neoliberalismo en fase monetarista.

5.- El grupo monetarista-neoliberal giró en torno al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde Gil Díaz asentó su poder desde 1972 como director del Departamento de Economía. El grupo de economistas monetaristas fue conocido como Chicago boys por depender del venero Friedman-Gil Díaz-Universidad de Chicago. Como director de Política de Ingresos en Hacienda Gil Díaz en 1983 contrató como asesor a Arnold Harberger, socio de Friedman en servicios a la dictadura de Pinochet. El neoliberalismo fue caracterizado por René Villarreal en 1984 como “contrarrevolución monetarista”.

6.- Las devaluaciones de 1976 y de 1982 intensificaron la condicionalidad de política económica del FMI: Apoyo crediticio a cambio de aprobación por el FMI de la política económica vía Cartas de Intención. El neoliberalismo del FMI fue impuesto por la crisis, pero luego el grupo salinista de neoliberales lo asumió por convicción vía Gil Díaz y su alumno brillante Pedro Aspe Armella. De 1983 a 2018, la política económica fue neoliberal en su fase monetarista: Controlar la inflación por la vía del circulante monetario y disminuciones estructurales del gasto social porque el Estado salinista había decretado la autonomía de sus responsabilidades sociales.

7.- El neoliberalismo se basa en puntos concretos: Estado con bajo gasto social, mercado en lugar de Estado e inflación como ancla estabilizadora. El punto clave radica en la teoría de la inflación: El neoliberalismo del FMI se apoya en Friedman y afirma que es por circulante monetario; bajando dinero disminuiría la inflación y recomienda tres bajas: PIB, gasto social y salarios. El enfoque estructuralista nunca reconocido por los neoliberales Gil Díaz-Aspe señala que la inflación es responsabilidad de la estructura productiva. Los dos aceptan que el aumento en producción y productividad reduce el motor inflacionario del circulante. La estructura productiva, sin embargo, no se refiere al modo de producción, sino a la apropiación privada del capital y a la prioridad por las utilidades empresariales.

8.- La muerte del neoliberalismo no se logra por decreto o por afirmación en plaza pública. López Obrador ha anunciado un modelo de neoliberalismo vergonzante: Baja salarios gubernamentales para aumentar gasto público improductivo y asistencialista y afecta calidad del empleo. Al final, esta estrategia socializa el empobrecimiento generalizado. La clave del neoliberalismo se localiza en mantener o interrumpir la apropiación privada de la riqueza. El neoliberalismo vergonzante lopezobradorista sigue privilegiando al empresario privado sin tocar sus utilidades.

Política para dummies: La política es la habilidad para eludir responsabilidades culpando a otros.
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05 Diciembre 2018 04:00:00
Elección de Puebla en tribunal definirá a Morena como PRI
La resolución final de la elección de gobernador en Puebla va a definir el rumbo de la política electoral del gobierno del presidente López Obrador: O seguir los pasos del viejo PRI que se quedaba con todas las posiciones electorales usando su fuerza institucional o fundar un mecanismo realmente democrático donde impere el respeto al voto.

La filtración de la propuesta de dictamen del magistrado José Luis Vargas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de su twitter contaminó el proceso legal y tuvo una mala intención por la visita de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al Tribunal.

Si la hoy flamante funcionaria política del régimen en turno Sánchez Cordero fuera coherente, entonces tendría que reconocer que su visita al Tribunal fue un acto de presión institucional que interrumpió el debido proceso electoral y por tanto la resolución del magistrado Vargas debiera quedar sin efecto por ser lo que en derecho se conoce como “fruta de un árbol envenenado”.

Y el asunto compromete más a la ministra jubilada de la Suprema Corte en tanto que utilizó esa argumentación para dictaminar la liberación absoluta de la secuestradora Florence Cassez en enero de 2013. A menos, claro, que la ministra jubilada haya ya transitado a la velocidad de la luz del Estado de derecho al derecho absolutista del Estado de dictar reglas que beneficien a la nueva élite del poder.

En todo caso, la decisión final sobre las elecciones en Puebla que va a dictaminarse esta semana va a definir si el gobierno de López Obrador pondrá la democracia por delante o utilizará los mecanismos, instrumentos y formas absolutistas del poder presidencial para quedarse con todas las elecciones por venir. Lo que se juega en Puebla no es un resultado electoral ya dictaminado a favor de la candidata del PAN-PRD, Martha Érika Alonso, por pruebas endebles en contra, sino la existencia --como en los tiempos del PRI-- de un pasadizo nada secreto que iría de la Presidencia de la República a Morena como partido con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la Presidencia de la República.

En el pasado reciente, el PRI-Gobierno-presidente de la república presionaba a las autoridades electorales para determinar victorias sin pasar por las urnas, desde que el poblano Manuel Bartlett Díaz forzó a la Comisión Federal Electoral a dictar la victoria de Carlos Salinas de Gortari en las elecciones presidenciales de 1988. El IFE-INE y el Tribunal Electoral se separaron del gobierno justamente para evitar que el sistema político presidente de la república-PRI ganará elecciones por consigna y no por votos.

La filtración del dictamen del magistrado Vargas envenenó el ambiente electoral para generar presiones morenistas y anular las elecciones de julio pasado, a fin de beneficiar al experredista y neomorenista Miguel Babosa con una victoria en la mesa de negociaciones y no en las urnas. Puebla podría sentar el precedente para que Morena impugne y presione a las autoridades electorales --como lo hacia el PRI hasta no hace mucho-- y con amenazas legislativas violentar el debido proceso electoral.

Alrededor del caso Puebla y el comportamiento sospechoso del magistrado Vargas coloca al entrante gobierno morenista ante revelaciones de presiones sobre el magistrado Vargas: La visita de la ministra jubilada de la Corte y secretaria de Gobernación y una propuesta de la bancada de Morena en la Cámara para despedir al magistrado Vargas de su cargo.

Justo después de estas acciones, el magistrado circuló su dictamen proponiendo anulación de elecciones y con ello desvirtuando el Estado de derecho en una elección de gobernador.

Por razones de la dimensión de su victoria, Morena y el presidente López Obrador están obligados a abandonar las viejas prácticas priístas de controlar procesos electorales para demeritar a la oposición. Una de las argumentaciones de respuesta del PAN al dictamen del magistrado Vargas deber dominar en la serenidad de la votación en el pleno:
“El proyecto de sentencia es un absurdo a la razón jurídica: El propio magistrado reconoce que no hay variaciones en los votos obtenidos por la candidata panista entre el primer cómputo y el recuento total que hizo el mismo magistrado Vargas con decenas de funcionarios del Poder Judicial Federal”.

Si Morena usa todo su poder para obligar al Tribunal Electoral federal a anular la elección de gobernador en Puebla sólo porque ganó la coalición PAN-PRD-MC, el arranque del sexenio Morena-AMLO despertará las certezas de que no hay cambio de sistema ni de régimen sino solo relevo de partido en una estructura de poder marcadas por los vicios priístas del absolutismo político.

Política para dummies: La política debiera ser el juego democrático, no las tensiones del poder absolutista.

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04 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO en Palacio Nacional 2.- Populismo o socialdemocracia
Si el presidente López Obrador quiere iniciar su sexenio 2018-2024 con una nueva etapa en el ejercicio del poder, lo más importante radicará en dos cosas: reconocer que su modelo es populista y convertir al populismo es una propuesta de socialdemocracia con nuevos pactos sociales con empresarios, trabajadores y grupos sociales y presidencialismo acotado.

El único contrapeso real que puede tener López Obrador y que además pudiera serle de utilidad es el de la crítica reflexiva que no existió en la alternancia del 2000, ni en la conflictiva elección presidencial del 2006, ni en el regreso sin gloria del PRI al poder y en la elección de mayoría absoluta y gobierno unificado presidencia-congreso de 2018.

A pesar de los pomposos discursos morenistas de “cambio de régimen” o de “4ª Transformación”, en realidad apenas asistimos a un relevo en los poderes ejecutivo y legislativo a través de una clase dirigente expriísta y populista. Para un cambio de régimen real se deben dar, articuladas, cuatro reformas estructurales:

1.- Sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional.

2.- Modelo de desarrollo/política económica/bienestar social.

3.- Rectoría del Estado/acuerdo empresarial/distribución de la riqueza.

4.- Presidencia de la república/estatalidad/proyecto nacional.
Los datos que se tienen sobre las restricciones en la política económica para el 2019 girarán en tres puntos definitorios: Reorganización del gasto, meta inflacionaria y política fiscal para ingresar y distribuir. El punto central de la política económica lopezobradorista estará en la inflación, porque sus ritmos crecientes por alzas de gasto derivarían de manera inevitable en devaluaciones y estas regresarían en mayores distorsiones.

La parte más importante del proyecto de López Obrador es la doctrinaria: Una cosa han sido las frases hechas al calor de la campaña y sin sustento teórico y otra reflexionar sobre la gramática de la crisis; una cosa es haber ganado la mayoría absoluta en la presidencia y el congreso y otra redistribuir el poder político; una cosa es fijar una meta de PIB con criterios de equidad social y otra mover los instrumentos y las herramientas económicas para que el crecimiento económico no sea falso.

Existen cuando menos tres puntos centrales que el lopezobradorismo --no solo el Presidente en funciones sino su estructura política-- necesita reflexionar desde la teoría, porque sus bases teóricas mostradas en la campaña respondieron a la plaza y no a los instrumentos de dirección política.

1.- El Estado, base del populismo. Los populismos progresistas de Cárdenas, Echeverría y López Portillo taparon hoyos y destaparon otros, y el populismo neoliberal de Salinas de Gortari salvó la inflación, pero llevó la pobreza y la marginación al 80% de los mexicanos. Del Estado hegemónico de Cárdenas se pasó al Estado intervencionista de Echeverría y al Estado despilfarrador de López Portillo y al Estado autónomo de Salinas. Ya en el poder, López Obrador necesitará definir su tipo de Estado.

2.- La inflación como el eje de la política económica. A finales de los cincuenta el estructuralismo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, hoy hundida en el neoliberalismo de mercado) debatió la tesis liberal que luego seria neoliberal de Friedman de que la inflación era un fenómeno monetario, de circulante; hoy se sabe sin debatir que la inflación es producto de estructuras de producción y distribución de la riqueza. La teoría económica fue expropiada por el Fondo Monetario Internacional. Para aumentar su ingreso y gasto, López Obrador necesita de un nuevo cuerpo teórico sobre la inflación.

3.- La democracia como principio dinamizador de la sociedad. México ha consolidado la democracia electoral, pero la desigualdad social diluye las prácticas democráticas. Su meta de abaratar la democracia disminuyendo al Instituto Electoral es indispensable, pero ahora el tema de la democracia no es el respeto al voto sino un asunto más complejo: la calidad de la democracia. Sin una reflexión sobre las nuevas formas de democracia social se puede regresar al modelo populista del caudillismo vía la engañosa democracia directa con consultas amañadas al pueblo.

El grave problema de López Obrador estará en el peso abrumador de los problemas cotidianos, el corto espacio de tiempo político de gobierno y la sociedad que va a esperar el paraíso prometido en la campaña. Pero la academia y la sociedad crítica pueden ayudar con la reflexión y el debate sobre la construcción de un nuevo proyecto nacional como una forma de evitar la restauración del viejo populismo paternalista autoritario que suele tener poco tiempo de vigencia.

El dilema de López Obrador será restaurar para sobrevivir o reconstruir para resolver.

Política para dummies: La política, en su última instancia, es el acto de supervivencia en la selva salvaje del poder.



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03 Diciembre 2018 04:00:00
AMLO-4ª Transformación: Largo y sinuoso camino del PRI… al priísmo
1.- La nueva fase histórica de México que se inauguró el sábado 1 de diciembre de 2018 con López Obrador en realidad comenzó en 1981: En el escenario de un congreso del Colegio Nacional de Economistas se confrontaron dos posiciones de proyectos de nación; de un lado, el popular encabezado por sectores progresistas de profesionales ligados al Congreso del Trabajo; de otro, el neoliberal perfilado por la élite gobernante administrativista y tecnocrática que se encaramó en la presidencia de la mano del Fondo Monetario Internacional en 1975 y su cabeza de playa José López Portillo.

2.- De 1981 a 1986 se dio en el país un quiebre en el enfoque ideológico de la política económica y el desarrollo. Las reformas constitucionales de 1977-1986 deslindaron al Estado de sus compromisos sociales y el ideólogo fue Carlos Salinas de Gortari a partir de sus lecturas de Theda Scokpol y el Estado autónomo de la sociedad, un giro de 180 grados del Estado social de la Revolución Mexicana. Hacia la sucesión presidencial de 1988, el presidente De la Madrid rompió la oscilación pendular progresismo-conservadurismo e impuso a Salinas de Gortari como candidato de la continuidad neoliberal.

3.- Los grupos progresistas se aglutinaron alrededor de la figura simbólica de Lázaro Cárdenas en la presencia física de su hijo Cuauhtémoc y consolidaron un grupo disidente dentro del PRI, el cual fue caracterizado como Corriente Crítica-Corriente Democrática. La tesis central de este grupo fue la de abrir el mecanismo de designación del candidato presidencial priísta para pasar del dedazo unipersonal del presidente saliente a una votación interna abierta. La propuesta de Cuauhtémoc fue la recuperación del modelo de desarrollo social de la Revolución Mexicana: Solo regresar al Estado social y abandonar el camino del capitalismo de mercado salvaje diseñado por el FMI y firmado por México desde 1975 por Echeverría con el Fondo. Por tanto, la candidatura presidencial de López Portillo no se entendería sin el FMI, para romper con la continuidad populista de Echeverría y el PRI. Solo que López Portillo, por el petróleo, se volvió más populista, aunque aceptando al FMI.

4.- Al terminar su periodo de gobernador priísta de Michoacán el 14 de septiembre de 1986, Cárdenas conjuntó al grupo priísta disidente, no pudo reorientar la XIII asamblea del PRI de marzo de 1987 en la que Salinas de Gortari y los tecnócratas encabezados por Pedro Aspe Armella tomaron al PRI por asalto, aceptó en septiembre la candidatura del PARM a la presidencia y en octubre de 1987 fue expulsado del PRI por la candidatura por otro partido. Con la alianza de grupos y partidos construyó el Frente Democrático Nacional que sacudió las elecciones de julio de 1988, puso al PRI (en conteo oficial fraudulento) en 50% y en 1989 usó el registro legal del Partido Comunista Mexicano y sus variantes PSUM y PMS para fundar el Partido de la Revolución Democrática. Como candidato a gobernador del FDN por Tabasco inscribió a Andrés Manuel López Obrador.

5.- El PRD se configuró de tres corrientes: las progresistas del PRI, los satélites del PRI con identificación socialista y los comunistas del PCM. De ellos salió la propuesta de plataforma ideológica de gobierno de regresar al Partido de la Revolución Mexicana de Cárdenas que sería luego PRI, rescatar el proyecto social (caracterizado ya por los politólogos como populismo) de ese PRM-PRI cardenista y reasumir el valor del nacionalismo revolucionario. Del PRD de 1989 a Morena de 2018 el proyecto de nación ha sido, para la CC-CD, PRD y Morena, el poscardenismo en grado de neocardenismo: un capitalismo de Estado, con dominio del capital privado y política social asistencialista. No es socialista por ausencia del proletario como propietario de los medios de producción, pero tampoco estatista porque el Estado garantiza la acumulación privada de capital y desarrolla una política social asistencialista.

6.- Así que la 4ª Transformación de López Obrador y Morena no es una ruptura revolucionaria tipo Independencia, Reforma o Revolución, sino que será la reactivación del PRI que fue anulado en la fase neoliberal del PRI alemanista. Se trata de regresar a una mezcla extraña: el caudillismo de Obregón-Calles, los programas sociales de Cárdenas, el impulso a la iniciativa privada de Alemán, la defensa ideológica del PRI con la fuerza por Díaz Ordaz, el estatismo de Echeverría y la euforia salarial de López Portillo. Es decir, una 3ª Bis: regreso al priísmo capitalista de Estado.
El arribo de López Obrador a la presidencia de la república corona el itinerario de un priísta social (de tierra y lodo en comunidades indígenas, pero priista al fin), de la mano de un proyecto mixto de capitalismo neoliberal fondomonetarista con programas asistencialistas no productivos y un Estado autoritario. Es decir, un modelo típico del PRI.
Política para dummies: La política es la esencia de lo que se es, no de lo que se quiere ser.
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@carlosramirezh
02 Diciembre 2018 04:00:00
España, Cuba, Iberoamérica y el fantasma de Stalin
La visita oficial del presidente socialista español Pedro Sánchez a La Habana causó desconcierto en sectores políticos progresistas de Iberoamérica, porque se puede interpretar como un apoyo a la dictadura del general Raúl Castro Ruz a través del intendente civil del poder militar Miguel Díaz-Canel. Sólo la demagogia en clave diplomática quiere hacer creer que Cuba se encuentra en un proceso de apertura democratizadora.

El asunto se puede resumir así: ¿Qué hubiera opinado el PSOE si Fidel Castro en la primera mitad de los setenta hubiera visitado Madrid para entrevistarse con Francisco Franco? El régimen de La Habana ha convertido a los presos políticos en monedas de cambio: Liberación a cambio de reconocimiento estratégico. En su visita, Sánchez se negó a entrevistarse con las organizaciones disidentes que padecen el autoritarismo represor de Castro.

El régimen político de España se encuentra desde 1959 --casi sesenta años-- bajo el férreo puño dictatorial de la familia Castro, primero Fidel y luego Raúl directa e indirectamente. La pantomima democrática cubana realiza elecciones sin la presencia de la oposición y con opositores perseguidos, torturados y encarcelados. El modelo marxista-leninista de Cuba no hace más que cumplir con sus propias expectativas: mantener el poder no por la vía de la democracia o del liderazgo, sino del control electoral del Estado.

El sistema comunista de Cuba es uno de los viejos resabios del mundo de la guerra fría que nació y terminó con la construcción y la demolición de Muro de Berlín 1961-1989. La historia de Cuba sigue latente en las páginas polvosas y llenas de telarañas de los libros de las certezas: asalto al cuartel Moncada en 1953, arresto y amnistía en 1955, exilio a México en 19546 a comprar armas, regreso en ese mismo año a La Habana a pelear en las montañas, victoria en los primeros minutos de 1959 con la huida del dictador Batista, pacto secreto con la URSS en 1960, invasión por Bahía de Cochinos en 1961, asunción de la doctrina comunista en 1961, crisis por la instalación de misiles ofensivos en octubre de 1962, fundación del partido Comunista en 1965 como partido único y satélite Moscú con el apoyo de Fidel Castro a la URSS en 1968 por la invasión de tanques soviéticos a Praga para terminar con el experimento del socialismo democrático.

De 1953 a la fecha, Cuba ha estado jugando con la realidad de una dictadura comunista y el simbolismo de lucha contra la dictadura. Fidel Castro en realidad no fue un comunista, sino un demócrata radical, pero ese radicalismo se polarizó cuando los EE. UU. atacaron a la isla. Y se volvió comunista en el poder, lo cual podría explicar la peculiaridad de su comunismo autoritario porque no se forjó en la lucha de clases entre burguesía y proletariado. Cuba se volvió socialista ya con el poder en manos de los Castro, por lo que no hubo una dictadura del proletariado sino una dictadura de la élite revolucionaria militarizada.

El mundo se dio cuenta --o decidió darse cuenta-- muy tarde; por ejemplo, el escritor portugués José Saramago rompió con Cuba en el 2003 por el fusilamiento de unos balseros que querían escapar de la isla; los intelectuales se sorprendieron del autoritarismo de Fidel Castro en 1971 por el arresto, la tortura y la autoconfesión incriminatoria del poeta Heberto Padilla. Pero en realidad la dictadura nació con la revolución misma. El 26 de julio de 1959, a seis meses de conquistado el poder, mientras en la Plaza de la Revolución se homenajeaba al expresidente mexicano Lázaro Cárdenas por el apoyo a los Castro, en el Palacio de gobierno el comandante Camilo Cienfuegos, por ordenes directas de Raúl y Fidel Castro, arrestaba al comandante Huber Matos porque éste había acusado a Fidel de comunista. A pesar de su papel en la lucha revolucionaria, Matos fue preso político por veinticinco años.

En el decenio de los sesenta la revolución cubana fue el portal que definía el pensamiento revolucionario, a pesar de los casos de autoritarismo, represión y dictadura. Los intelectuales fueron los primeros en romper relaciones en 1971, pero en 1961 Fidel dio los primeros indicios de su dictadura al reprimir a intelectuales cubanos que protestaban por la censura al documental P.M realizado por el hermano del escritor Guillermo Cabrera Infante. Ahí pronuncio Fidel las palabras que definieron su dictadura: “con la revolución, todo; contra la revolución ningún derecho”, la definición conceptual de una dictadura. Pero todavía de 1961 a 1971 muchos intelectuales, de manera sobresaliente Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, siguieron avalando a Fidel y su autoritarismo.

El viaje del presidente español a La Habana, en medio de este escenario histórico, respondió a una motivación de posicionamiento personal y de negocios, pero ajeno al contexto histórico no sólo de la Unión Europea sino de Iberoamérica por el papel aún activo de La Habana de apoyo a los populismos dictatoriales en la región: Nicaragua, Bolivia, Venezuela, la Argentina de los Kirchner, el Ecuador del expresidente Rafael Correa, el Brasil de Lula Da Silva, pero en una coyuntura de revalidación de la democracia representativa, de consolidación de la defensa de los derechos humanos y de institucionalización política.

Visitar Cuba sin atender a los organismos que luchan contra la represión por defender los derechos humanos es una aberración de la izquierda democrática europea que, paradójicamente, luchó contra la dictadura de Franco. La presencia de Sánchez en La Habana no hizo más que apuntalar el tambaleante régimen comunista de La Habana y de paso fortalecer al poder real detrás del trono presidencial cubano; el general Raúl Castro, el verdadero hombre fuerte que controla la isla con un puño militar.

El fantasma sartreano de Stalin oscurece no al general Castro, sino al líder del socialismo democrático español.
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30 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO: Cambiar para seguir igual, diferente de la misma continuidad
Para el politólogo José Luis Reyna, pionero del análisis del sistema-PRI

Al final de cuentas, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que comienza mañana sábado será una variante circunstancial, personal y continuista del proyecto nacional de la Revolución Mexicana en el largo ciclo de Francisco I. Madero a Enrique Peña Nieto.

En pocas palabras, López Obrador fue electo para salvar el proyecto priísta de nación.

Tres son los escenarios que revelan el lopezobradorismo como continuidad priísta.

1.- El mismo sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional de la Constitución de 1917 a la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1i929. El sistema político funciona con cuatro engranes: el presidente de la república, el partido en cuyo seno se distribuyen valores y beneficios, el Estado de bienestar y la legitimidad constitucional. El régimen histórico de gobierno ha tenido cuatro pivotes: representativo, democrático, federal y presidencialista. Y la Constitución es la fuente de legitimación del sistema/régimen/Estado como norma sistémica legal. En su presidencia interregna López Obrador apuntaló esta estructura del viejo régimen priísta, con el disfraz de Morena.

2.- El modelo de gobierno de López Obrador es populista, siguiendo las caracterizaciones de Arnaldo Córdova en La ideología de la Revolución Mexicana de 1973 al presentar tres rasgos del populismo: control de masas para conjurar una revolución social, sistema de gobierno paternalista-autoritario y desarrollo capitalista con lucha de clases administrada por el PRI, el presidente y el Estado. Y la ideología de ese populismo de la Revolución Mexicana tuvo diez rasgos mantenidos por López Obrador: Estado como eje, propiedad privada como principio de la organización social, ideología desarrollista que hermana porfirismo-revolución, orden y control social, conciliación de clases conducida por Estado, clases organizadas como masa y no como clase, reformas sociales para conjurar explosiones revolucionarias, política exterior nacionalista, nacionalismo revolucionario interno e ideología de la clase dominante capitalista como oficial.

3.- Proyecto capitalista de desarrollo. NI Cárdenas ni Echeverría quisieron modificar la estructura capitalista de desarrollo en cuanto a clases hegemónicas, apropiación privada del capital y Estado subordinado a esos objetivos. Salinas de Gortari no se salió del guion de los populistas anteriores, sino que las polarizó: Capitalismo expoliador y programas sociales para los más pobres. Y ahora López Obrador viene con la agenda neoliberal basada en dos puntos: Mantenimiento del modelo apropiación privada del capital y sus beneficios y programas sociales para controlar insurrecciones populares de marginados del desarrollo; es decir, atender a los pobres para tranquilizar al capital privado y disminuir las tensiones sociales. En este sentido, el proyecto económico de López Obrador es de continuidad, con el detalle de que buscará potenciar el estilo Salinas de Gortari de populismo social con estabilidad macroeconómica para garantizar la multiplicación de las utilidades privadas.

La clave de la viabilidad del gobierno de López Obrador depende de su capacidad para reproducir el modelo de funcionalidad del sistema político priísta: Presidente de la República fuerte y con apoyo social, un partido que funcione como la caja negra de la teoría del sistema político de David Easton en cuyo interior se distribuyan de manera autoritaria valores y beneficios y una ideología social basada en las funciones del Estado para redistribuir vía programas asistencialistas parte de los beneficios del desarrollo.

Al arrancar mañana su sexenio, López Obrador solo tiene cumplidos uno de los tres puntos anteriores: Una presidencia fuerte. Los otros dos podrían aguarle la fiesta: Morena tiene mayoría absoluta pero no es un partido sino una Torre de Babel de intereses particular y López Obrador actúa como caudillo bonapartista (objetivos personales). El genio político de Elías Calles, Cárdenas y Alemán logró potenciar al partido como el sistema político en cuyo seno administró la lucha de clases, las protestas sociales y las garantías de enriquecimiento de la burguesía capitalista. Morena es la suma de intereses de grupo.

Y el pasivo social del PRI-PAN 1929-2018 es mayor a la capacidad del Estado lopezobradorista: 80% de mexicanos con una a cinco carencias sociales, 20% de las familias más ricas con el 51.78% del ingreso nacional, salario mínimo de 55 centavos de dólar por hora y 50% de fuerza laboral en la informalidad. Y frente a ello, una política económica atada a tres anclas ineludibles: PIB menor de 2%, inflación tope de 3% y déficit presupuestal de 0%.

Para cambiar el rostro del México de la desigualdad, López Obrador necesita lo que le hace falta: Nuevo modelo de desarrollo, nueva política económica y nuevo pacto productivo con mayor gasto del Estado.

Política para dummies: La política sirve para engañar a los que se dejen y para desencantar a los que quieran.


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29 Noviembre 2018 04:00:00
Fiscal anticorrupción autónomo y no Constitución Moral-Savonarola
Justo después de que dio por perdonados a todos los corruptos del viejo régimen priísta en sus diferentes sexenios, el presidente electo López Obrador puso en marcha la redacción de la Constitución Moral que carecerá de espacio político efectivo y que quedará como un documento sin valor político real.

El problema de fondo es que López Obrador hizo una campaña presidencial en torno a la corrupción del sistema político priísta para mostrar el puño de persecución. Y una vez en el poder descubrió que la corrupción no solo es una aberración del sistema priísta, sino el engrane principal. Y como carece de una clase de relevo porque casi todos salieron del régimen priísta, lo mejor es disfrazar la corrupción con moralismo.

La falsedad del discurso anticorrupción de López Obrador se percibió con el perdón anticipado a los corruptos del pasado y en su decisión de evitar un fiscal anticorrupción realmente autónomo. Su intención de tener un fiscal carnal radica en la doble dimensión de sus escenarios: Evitar que la persecución de corruptos del pasado le rompa la precaria base política de su gobierno con muchos funcionarios del viejo régimen ahora como estrellas del nuevo sistema lopezobradorista y permitir que las complicidades de la corrupción sean los acuerdos de estabilidad del gobierno morenista-lopezobradorista.

Mientras está rechazando un fiscal autónomo que defina la defensa de la ética del poder, del mismo modo ha encontrado una puerta de fuga en la Constitución Moral. El contrapunto político-filosófico entre ética y moral ha mostrado que la corrupción le sirvió a López Obrador para ganar votos y no para combatir corruptelas. La moral es un concepto religioso para asustar ingenuos y se califica como pecado, es decir, una falta a las leyes de Dios, en tanto que la ética sería de definición de una práctica política: Castigar la perversión del servicio público. La moral tiene que ver con los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, en tanto que la ética tiene que ver con los delitos penados por las leyes del Estado.

Solo como referencia, la ética tiene como espacio natural la política, como lo señala Aristóteles en su Ética Magna y Ética para Nicómaco. Así lo tradujo directo del griego antiguo el doctor Jesús Araiza, especialista en Aristóteles: “Puesto que elegimos hablar de las cosas éticas, en primer lugar, habrá que examinar de qué ciencia es parte el carácter (ethos, ética). Pues bien, para decirlo brevemente, parece que no es parte de otra ciencia que de la política. Pues, en los asuntos políticos no es posible actuar en absoluto sin ser de cierta cualidad; digo, por ejemplo, excelente. Y ser excelente es poseer las virtudes. Por consiguiente, si alguien está a punto de actuar en los asuntos políticos, es necesario que sea excelente en cuanto al carácter”.

La Constitución Moral y el debate sobre el fiscal anticorrupción autónomo que enmarcan el arranque del gobierno de López Obrador revive el gran dilema de finales del siglo XV, en pleno renacimiento, entre moral religiosa y ética del poder, la primera encabezada por el monje Girolamo Savonarola y la segunda capitaneada nada menos que por Niccolò Machiavelli, el monje de acuerdo con las leyes de Dios y el pensador florentino a partir de la razón del Estado.

La Constitución Moral lopezobradorista, por tanto, perfila a Savonarola, en tanto que el fiscal anticorrupción recoge a Machiavelli. Las tesis de Savonarola fueron populistas y definieron su propuesta de gobierno: El Tratado acerca del régimen y el gobierno de la ciudad de Florencia, basado en los valores morales del dominio ideológico de la religión, la filosofía moral, la virtud tanto del gobernante como del súbdito y bajo el argumento de que “la ciudad que debe ser feliz debe de tener todas las virtudes”, además de “oír las causas de los pobres”.

Machiavelli, más racional, proponía el dominio del Estado. Para esas prácticas del Estado no sirven las condenas morales ni religiosas, sino que se necesita de la ética aristotélica, de los valores terrenales. Por tanto, la Constitución Moral se inclina por rezos como penitencia en tanto que la ética implica delitos del código penal; así, la Constitución Moral no sirve para regular las relaciones sociales y políticas derivadas de las relaciones de producción y de poder y sea necesario, en todo caso, un Código de Ética del sector público con castigos penales determinados por la fiscalía independiente anticorrupción.

La ética cataloga delitos, en tanto que la moral invoca pecados; la primera tiene que ver con la realidad de la sociedad y la segunda con la conciencia frente a Dios. Por eso la Constitución Moral sea más propia de una secta religiosa y no de un Estado constitucional. Los pecados llevan al infierno, en tanto que la violación de la ética conduce a la cárcel.

Política para dummies: En política, como estableció el pragmático priísta Gonzalo N. Santos El Alazán Tostado, la moral es un árbol que da moras.


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28 Noviembre 2018 04:00:00
Damián Zepeda juega contra el PAN y en la cancha Morena-AMLO
La crisis en el PAN quiere seguir profundizándose por los comportamientos de algunos de sus dirigentes, pero la presidencia de Marko Cortés y la coordinación senatorial de Rafael Moreno Valle parecen haber superado el colapso anayista con el aislamiento del senador Damián Zepeda.

El desplazamiento pactado de Zepeda primero de la presidencia del PAN y luego de la coordinación de la bancada panista en el Senado sería el último ajuste del desorden en los liderazgos que dejó Ricardo Anaya Cortés cuando tomó por asalto la presidencia y las principales posiciones de poder, se auto nombró candidato presidencial, dejó a Zepeda cono intendente y encabezó una alianza desaprovechada políticamente con el PRD.

En el escenario de la derrota de Anaya y las nuevas alianzas en el partido, la salida de Zepeda de la presidencia interina del partido y del Senado era más que obligada, sobre todo porque el PAN tiene mejores expectativas de reorganización para las batallas que vienen contra el populismo lopezobradorista. Pero Anaya y Zepeda han preferido el camino de la tribalización al estilo PRD, PRI y Morena y parece que han fracasado en inventar una crisis interna.

En los reacomodos en el PAN rumbo a las legislativas del 2021 y de las presidenciales del 2024 nada tienen ya qué hacer Zepeda y Anaya, no tanto porque carezcan de aliados o de ideas, sino porque sus comportamientos tribales quieren afectar la recomposición del PAN después de la derrota de Anaya. Como se perfilan los escenarios sucesorios, en el 2024 solo habrá dos fuerzas en pugna: Morena y el PAN.

La gestión de Zepeda en la presidencia del PAN y de Anaya como candidato presidencial llevaron al PAN a su peor derrota desde que en 1988 inició el partido su ciclo de partido en busca de la alternancia: 17% de voto presidencial, 16% de diputados y 18% de senadores. A nivel de votación presidencial, Anaya y Zepeda bajaron al partido del 26% de 1994 y dos victorias presidenciales al 17% como partido (sin los escasos votos del PRD), debajo del 25.7% que logró Josefina Vázquez Mota en el 2012 sin alianzas.

Anaya dejó a Zepeda como presidente interino del partido no para potenciar las campañas panistas, sino para proteger áreas internas de poder. El resultado fue el hundimiento electoral del PAN. Al final, Zepeda se apropió de una candidatura plurinominal de senador y no pudo manejar al partido en una de las campañas presidenciales más desafiantes por la figura dominante de López Obrador. Y con maniobras al estilo priísta, se auto promovió como jefe de la bancada panista en el Senado.

Desplazado del PAN por las reglas internas y las nuevas alianzas, ahora Zepeda se quiere convertir en el traidor que sirva a los intereses de Morena y el PRI. Y por sus primeras reacciones, Zepeda estaría revelando las principales preocupaciones en el ambiente por el cambio en la presidencia del PAN y el ascenso de Rafael Moreno Valle a la coordinación de la bancada en el Senado. Con pivotes en el Senado y en la Cámara, el PAN estaría formando un bloque de poder sólido, a diferencia de la fragmentación en el PRI y el PRD y la falta de cohesión interna en Morena como una Torre de Babel de grupos, intereses y tribus.

Por lo demás Zepeda podría estar ante el umbral de investigaciones sobre irregularidades en sus actividades como diputado federal 2012-2015, sobre todo por presuntos manejos no autorizados de recursos. Como legislador, Zepeda desvió recursos presupuestales para obra pública como candidato a la alcaldía de Hermosillo en 2015 a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP). Algunas fuentes señalan que hay expedientes integrados. Pese al apoyo de Gustavo Madero, Zepeda perdió la elección a la alcaldía de la capital de Sonora.

Luego de ser desplazado de la presidencia del partido y de la coordinación senatorial que se auto escrituró, ahora Zepeda se quiere convertir en el ariete de Morena contra la coordinación de Moreno Valle, exgobernador de Puebla. Sin embargo, hasta ahora ha fracasado en su intento de conformar una tribu disidente en la bancada panista. Y su jefe político Ricardo Anaya Cortés decidió por lo pronto marcar distancia del PAN y de sus principales dirigentes, como consecuencia de su estrepitosa derrota, y pasará un tiempo dando clases en los EU.

Los escenarios del PAN después de la derrota presidencial contextualizan la ofensiva de Zepeda contra Moreno Valle por el debate en tribunales de la votación para gobernador de Puebla que ganó el PAN y que Morena ha impugnado para anularlas y la lucha de gobernadores panistas contra la jerarquía intermedia de Morena-López Obrador en la figura de superdelegados estatales que quieren a anular a los mandatarios electos.

Objetivamente, Zepeda le hace el juego a Morena y a López Obrador.

Política para dummies: La política, en pocas palabras, es lo contrario de la ingenuidad: es un juego de poder como conquista y dominación.


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27 Noviembre 2018 04:00:00
TV Azteca se suma a Televisa como “soldado” de Morena y del presidente
Como en los tiempos de Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto la televisión privada ha asumido con el presidente electo López Obrador su papel de aparato ideológico de dominación del poder político en turno. Si Televisa fue “soldado del PRI, soldado del presidente”, ahora TV Azteca ha suplido ese papel con el gobierno López Obrador-Morena.

El tono de Ricardo Salinas Pliego en la visita de López Obrador al espacio físico de la televisora y el uso del principal presentador de noticias Javier Alatorre rindiendo pleitesía y homenaje al visitante regresó el reloj de la historia a los tiempos de las televisoras --Televisa con Emilio Azcárraga y el priísta Miguel Alemán Velasco-- subordinadas a los lineamientos presidenciales.

La pluralidad informativa no tan profunda pero presente de TV Azteca se perdió con su postración a los intereses del gobierno de López Obrador, no solo con Salinas Pliego, sino con un vicepresidente de la cadena como secretario del gabinete presidencial (Esteban Moctezuma Barragán en Educación) y con Banco Azteca y sus comisiones bancarias usureras como distribuidora del efectivo de los programas asistencialistas de López Obrador.

No sería la primera vez en que TV Azteca juega al poder entregándose a los intereses de un gobierno. En el sexenio de Vicente Fox hubo un alto funcionario de la televisora trabajando en directo con Marta Sahagún como encargada de comunicación social del presidente: Ernesto Vidal Córdoba, para subordinar a la televisora a Los Pinos.

Las televisoras mexicanas no son canales de comunicación social, sino aparatos de control del discurso ideológico del régimen, sea populista o neoliberal. Los dueños de las tres cadenas se sumaron al poder central de Los Pinos vía su participación en el consejo asesor empresarial: TV Azteca, el vicepresidente ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez, y el dueño de grupo TV Imagen-periódico Excélsior (calificado por López Obrador en septiembre de 2016 como pasquín), Olegario Vázquez Raña.

La incorporación de las televisoras a instancias de dependencia directa del presidente de la república tiene un significado clave: La ratificación de que las concesiones televisivas son hechos políticos y de poder para reafirmar alianzas estratégicas entre los que controlan los espacios de comunicación nacional y el gobierno que los usa para multiplicar consensos y construir ideologías. Y los dueños de los medios quedan como meros intendentes de los intereses de la clase gobernante.

Echeverría, Salinas de Gortari y Peña Nieto ratificaron el papel de control del inconciente de la sociedad vía la televisión no educativa. La campaña de Echeverría para doblegar a Televisa de Azcárraga (controlaba ya a Televisa de Alemán) se basó en contrastar la idiotización de la televisión con la construcción de ciudadanía en las escuelas con la educación.

El modelo lo definió Emilio Azcárraga Milmo en mayo de 1982, a lomo del cambio de gobierno de López Portillo a De la Madrid con su declaración: “Soy priísta por convicción; soy soldado del PRI y del presidente”.

El papel de los medios debe ser justamente el de medios: El canal de comunicación e intermediación entre la sociedad y su entorno, incluyendo la estructura de toma de decisiones del gobierno. Pero las televisoras, como ha venido ocurriendo desde los años cincuenta del siglo pasado, han sido parte de las estructuras de dominación del sistema político/régimen de gobierno/Estado del PRI, del PAN en dos sexenios, nuevamente del PRI con Peña Nieto y ahora de López Obrador.

El problema no radica en las relaciones inevitables entre el gobierno y los medios electrónicos, sino en la incorporación de estos a las estructuras del poder ejecutivo a través del consejo asesor empresarial de la presidencia de la República, es decir, las televisoras han dejado de representar a la sociedad --en teoría, si acaso alguna vez lo hicieron en la realidad-- para convertirse en estructuras subordinadas a la autoridad superior de la presidencia de la república.

La única forma que tienen las televisoras privadas de honrar su espacio social sería separando el área empresarial de la noticiosa o de servicios sociales por medio de grupos sociales representativos que garanticen la pluralidad de ideas y de accesos. Durante su largo ciclo priísta, Televisa se cerró a la oposición y solo la tozudez de Manuel J. Clouthier, Cuauhtémoc Cárdenas y el grupo #YoSoy132 pudo abrir a golpes la difusión no-priísta.

Si López Obrador quiere un nuevo régimen, entonces podría comenzar con la reorganización de las concesiones de televisión y radio para evitar que sus dueños sean intendentes del poder político como Televisa, TV Azteca e Imagen.

Política para dummies: La política es circular cuando no hay ideas ni proyectos: Se repite para cambiar y llegar al mismo lugar.

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26 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO: El extraño caso de una araña que quedó atrapada en su telaraña
Un poco porque parece que sigue en campaña, otro porque no quiere dejar hilos sueltos y otro más porque está siendo empujado por sus aliados, el caso es que el presidente electo López Obrador quedó atrapado en la telaraña de las consultas y de las agendas de los intereses de la élite desplazada del poder.

Arrinconado por Carmen Aristegui, López Obrador aceptó someter a consulta ciudadana irregular (no legal porque no cumple con las exigencias del artículo 35 constitucional, fracción VIII, numeral 5) tres temas: Su alianza con los dueños de las tres principales televisoras, la guardia nacional y la persecución penal contra expresidentes de la república.

Sin embargo, quedó atrapado en su propia telaraña. Hay dos formas de trampas de las cuales no se salen: La saducea en que metieron a Jesucristo y la Trampa 22 del escritor Joseph Heller en 1961. La primera fue una pregunta que le hicieron al hijo de Dios: Una viuda que tuvo ocho maridos, ¿con cuál se quedará cuando llegue la Resurrección? Y la de Heller es más divertida: Un piloto de guerra para maniobras extremas no quiso seguir peleando y se declaró loco, pero en el hospital le dijeron que no tenía salida: Si lo declaraban loco, tendría que regresar a volar porque solo los locos volaban; y si lo declaraban cuerdo, tendría que regresar a volar porque carecía de impedimentos.

Así quedó López Obrador: sea cual sea la respuesta a las tres preguntas, quedará mal; escoger entre sus aliados anti medios y los dueños de medios que fueron antes “soldados del PRI y soldados del presidente”, sin dejar contento a ninguno; dar marcha atrás o mantener la Guardia Nacional como eje de su estrategia de seguridad cuando el anuncio de la consulta fortaleció a los opositores nacionales e internacionales a la estrategia; y perseguir a expresidentes y enfrentar a sus temibles estructuras de poder o perdonarlos y con ello fortalecerlos para seguir minando al nuevo presidente.

Hábil en el escapismo político, el problema hoy de López Obrador radica en su condición de presidente en acto por el repliegue del presidente emérito Peña Nieto y todo lo que haga o no haga generará efectos sociales, económicos y políticos. La crisis económica --caída de la Bolsa y alza en el dólar-- por la iniciativa de bajar comisiones a bancos y de regulación de minas rompió el equilibrio macroeconómico.

El punto de partida de la crisis de credibilidad, confianza y gobernabilidad de López Obrador comenzó con la consulta irregular sobre el aeropuerto de Texcoco, la decisión de transformar Santa Lucía en la nueva sede a pesar de las advertencias de aerolíneas y organismos reguladores de la aviación internacional y las pérdidas multimillonarias por lo adelantado de la obra. Si persiste la determinación de Santa Lucía, lo más probable es que no haya nuevo aeropuerto por las objeciones internacionales, decida fortalecer el actual en Ciudad de México con todas sus restricciones y trasladar el nuevo aeropuerto al próximo sexenio.

Si uno de los misterios de la naturaleza radica en saber por qué las arañas no quedan atrapadas en su propia telaraña, el de la política radica en indagar por qué algunos políticos cometen errores estratégicos a sabiendas que las repercusiones serán contrarias. Las respuestas de López Obrador a los tres temas candentes fueron las de un candidato y no las de un presidente ejerciendo el poder. Si hace la consulta, malo; si no la hace, malo; y cualquiera que sea el resultado, será negativo para sus alianzas y programas de gobierno.

La curva del aprendizaje de las razones y sinrazones del poder será lenta en López Obrador por su afán de abarcar la totalidad de la política. Esa curva funciona en relación de dos variables: tiempo de resultados a las iniciativas y éxitos/fracasos. Si para López Obrador y sus seguidores fue un éxito la consulta sobre el aeropuerto de Texcoco a pesar de sus irregularidades y engaños, para el ambiente social, político y de negocios resultó desastroso y dejó malas señales en los mercados y los climas sociales.

Como el proyecto de gobierno de López Obrador no implica una ruptura de actual sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional priísta, entonces sus espacios de movilidad tendrán que ser sistémicos; sin embargo, sus aliados lo han llevado a confrontarse con el sistema vigente cuyos equilibrios indispensables para López Obrador dependen de nuevos acuerdos y no mayores conflictos.

Al final, la persecución de expresidentes seria una ruptura de sistema/régimen/Estado y no se ve que López Obrador y Morena estén preparados para las consecuencias desestabilizadoras, sobre todo por querer suplir la actual estructura de poder sin tener una nueva definida. Lo paradójico será prometer mantener las cosas igual para recuperar estabilidad, cuando ganó para cambiarlas.

Política para dummies: La política es el arte de la dominación del otro, pero también puede el error de dominarse a sí mismo.

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25 Noviembre 2018 04:00:00
Migración y la pesadilla en EE. UU.
Una caravana de entre diez mil y quince mil centroamericanos quiere entrar a los EE. UU. en busca del sueño americano. Lo hacen sin querer perder su propia nacionalidad al portar banderas, sin ceder cultura y exigiendo bienestar negado en sus naciones.

Sin embargo, esos migrantes de la pobreza ignoran que las masas hispanas en los EE. UU. sufren marginaciones y explotaciones peores que en sus países, aunque con pagos en dólares que representan mayores posibilidades de gasto. Es, dice una frase mexicana, salir de Guatemala para entrar a Guatepeor.

Los medios de comunicación exaltan el paraíso estadounidense de tiendas, centros comerciales, restaurantes; ponen las zonas urbanas ricas de Nueva York, Las Vegas y Miami como el sueño americano; y reconocen los altos niveles de educación y empleo.

Pero basta recorrer las zonas hispanas en Los Ángeles, Nueva York, Houston, Miami y Las Vegas para exhibir el infierno en la tierra: explotación drogadicción, aglomeración, prostitución, delincuencia y todos los pecados del infierno de Dante. Las imágenes de los hispanos exitosos ocultan que en la mayoría de los casos se ha logrado no por su origen sino por su incorporación casi absoluta a los niveles de competencia para sobresalir. Algunos, ciertamente, voltean sus ojos hacia sus comunidades, pero poco en realidad pueden hacer para cambiar las cosas.

El sueño americano es una pesadilla para los migrantes. Los ilegales hoy con Trump viven con la angustia diaria de que los descubran y los deporten sin miramientos; los legales saben que sólo van a sobresalir los que tengan la audacia de hacer negocios o si entran en la estructura educativa, y al final no son muchos. Alrededor del 70% de los hispanos en los EE. UU. sufren de pobreza en el nivel de vida estadounidense, aunque la aceptan porque el pago en dólares en sus países se multiplica en moneda local y logra paliar la pobreza de sus familiares. Es más, muchos migrantes aumentan su precariedad de vida en los EE. UU. a cambio de tener más dólares que enviar a sus familias en sus países de origen.

México es un ejemplo del papel de los dólares ganados por mexicanos en los EE. UU. El envío anual de remesas pronto alcanzará la cifra de 30 mil millones de dólares anuales. Ese dinero llega a familias de migrantes en estados de la república marcados por la miseria, la falta de empleos y sin atención gubernamental. Hay poblaciones mexicanas que han sido mejoradas en servicios con el dinero de la migración.

El dato actual que revela la caravana de migrantes centroamericanos que pretende ingresar a los EE. UU. radica en el hecho de que ya no se trata sólo de jefes de familia que entrarían de manera ilegal o legal, sino que son familias enteras: Esposas, hijos, padres y hasta abuelos, además de tíos y hasta familiares políticos. La abrumadora mayoría de los migrantes ha declarado que buscará entrar a los EE. UU. para trabajar, aunque las condiciones de asilo sólo permiten refugiados políticos o de seguridad.

Aunque hoy es una afirmación racista, debe usarse sólo para ilustrar la dimensión del problema: los hispanos aceptan en los EE. UU. los trabajos que ni los negros quieren. Usar así la frase le costó al presidente Fox una reprimenda de la comunidad afroamericana estadounidense. Sin embargo, en el fondo es cierta: los peores trabajos son para los hispanos, con salario mínimo si son legales o menos del mínimo si carecen de papeles legales para su estancia. En la actualidad hay alrededor de 11 millones de mexicanos expulsados por la crisis 1994-2018, de los cuales casi tres cuartas partes carecen de permiso para estar y trabajar y están en la mira de la deportación.

La zona centroamericana registra 50 millones de habitantes y tiene un PIB anual promedio de 3%, nada malo para las circunstancias de crisis. Sin embargo, el problema es la concentración de la riqueza, el desempleo y la violencia del crimen organizado. Los gobiernos centroamericanos han eludido las crisis y se han enfocado a la corrupción. Los sistemas políticos locales carecen de reglas democráticas, los modelos de desarrollo carecen de industrialización y los caudillismos corruptos han multiplicado la pobreza. México, Los Estados Unidos y Canadá --la zona de Norteamérica-- se han olvidado de Centroamérica.

Las caravanas de migrantes han sido impulsadas por la violencia y la pobreza. No se quieren quedar en México porque pagan poco y hay mayor inseguridad que en sus países. Exigen que los EE. UU. los dejen entran y les den empleo y bienestar y los dejen sumarse al sueño americano. Así de simple, pero así de complejo. Y lo malo de las caravanas masivas radica en la incorporación de personas indeseables y miembros de bandas criminales.

En lugar de organizarse para luchar para que sus países aumenten el bienestar y reduzcan la violencia, los migrantes masivos -personas de condición humilde, escasas de estudios y sin expectativas de desarrollo personal- prefieren caminar miles de kilómetros para meterse en los EE. UU., donde tampoco existen condiciones de bienestar, los niveles de empleo están copados, el consumo de drogas es cotidiano y los ascensos educativos son reducidos por la educación privada.

Como ocurre en Europa, los migrantes que se acercan a los objetivos de las grandes poblaciones se quedan en la periferia y complican la precaria organización social. Las ciudades fronterizas de México con los EE. UU. padecen ya violencia y rupturas sociales por los migrantes que se quedan.

EL debate serio debe llegar pronto: la migración forzada es producto del colapso del neoliberalismo y la falta de desarrollo en los países donde la prioridad es la estabilidad macroeconómica y no el bienestar de la sociedad.

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23 Noviembre 2018 04:00:00
Senado rompe Estado de Derecho con #LeyTaiboII hecha a la medida
A partir de su mayoría absoluta en el Senado, Morena y sus aliados rompieron el Estado de derecho al modificar una ley específicamente para permitir que el escritor naturalizado mexicano Paco Ignacio Taibo II pudiera ser director del Fondo de Cultura Económica, cargo reservado por ministerio de ley para mexicanos por nacimiento.

El problema fue la señal de torcer las leyes para ajustarlas a las decisiones del nuevo poder en el gobierno. Pese a su presupuesto y espacio, el FCE es un cargo menor, en el pasado reservado como consolación para políticos sacados de los primeros niveles. El bajo nivel de lectura y las muchas editoriales le quitaron al Estado el papel de los libros como aparatos ideológicos del sistema.

Sin embargo, el procedimiento legislativo de imponer una mayoría para fabricar una ley para una persona dejó pistas inquietantes sobre la forma de legislar de Morena y sus partidos satélites. Como sastrería del régimen, el poder legislativo morenista seguirá haciendo trajes a la medida de la nueva oligarquía gobernante.

La creación de la #LeyTaiboII rompió el Estado de derecho. De acuerdo con el maestro Andrés Serra Rojas --jurista y teórico de ciencia política-- en su Derecho Administrativo, “el concepto de ley se reduce a un acto jurídico creador de situaciones jurídicas generales, abstractas e impersonales”, no, como ocurrió con la #LeyTaiboII una ley sólo para una persona.

La ley como fuente del derecho establece restricciones estrictas para impedir el voluntarismo legal de dictadores que hacen leyes a la medida de sus intereses. Las tres características de las leyes --generales, abstractas, impersonales-- permiten una norma jurídica para regular el funcionamiento de la sociedad. Es posible que la restricción de nacionalidad en el caso del FCE haya sido una aberración, pero la forma de modificar la ley no se hizo en estricto sentido del derecho sino en función de beneficiar a Taibo II.

La cita de Serra Rojas aparece en un voto del pleno de la Corte en 2007 para sobreseer una acción de inconstitucionalidad sobre un decreto del gobierno de Jalisco, de acuerdo con el Semanario Judicial de la Federación tomo XXV de febrero de 2007. En su razonamiento, el pleno de la Corte resolvió la inconstitucionalidad de un decreto por los siguientes criterios:

“Acto legislativo es aquel mediante el cual se crean normas generales, abstractas e impersonales. La ley refiere un número indeterminado e indeterminable de casos y va dirigida a una pluralidad de personas indeterminadas e indeterminables”.

Al ser asunto de una persona, el caso Taibo II debió haber caído en el terreno de un “acto administrativo”. Sin embargó, la ley es general y por tanto debió haber sido discutida con mayor amplitud. La prisa por procesar el nombramiento de Taibo II realizado por el presidente electo López Obrador con pleno desconocimiento de las restricciones legales terminó procesado como un acto de autoritarismo presidencialista-legislativo de fabricación de una reforma legal para beneficiar a una persona.

El mensaje que dejó el caso Taibo II en el corredor ejecutivo-legislativo está siendo procesado con preocupación por la forma en que decisiones voluntaristas destruyen el Estado de derecho con el uso de la mayoría legislativa morenista. El Estado de derecho es una de las partes fundamentales del modelo moderno de la calidad de la democracia, en donde el poder público se somete a las reglas legales para cumplirlas o para modificarlas con procedimientos plurales.

El Senado del doctor en derecho Ricardo Monreal Ávila convirtió un acto administrativo en un acto legislativo haciendo una ley particular para Taibo II. Lo de menos es que se hubiera tratado de una restricción nacionalista disfuncional. El caso fue que se reformó una ley para una persona. Lo democrático hubiera sido primero reformar la ley y luego hacer el nombramiento; al transitarse al revés, habrá una ilegitimidad jurídica dañina a los compromisos democráticos de López Obrador. O, de manera más sencilla, hubiera nombrado a Taibo II para otro puesto y no atropellar al Estado de Derecho.

Sinaloa. Quizá el único gobernador priísta que ha logrado sobrevivir después de la debacle del PRI el pasado 1 de julio, Quirino Ordaz dio cuenta en su segundo informe de gobierno de sus acciones de política social que --oh sorpresa-- apenas se localizan en el escenario de las ofertas de López Obrador, aunque el sinaloense las fijó desde su campaña hace tres años. Y Ordaz operó desde el inicio el fin de la tenencia vehicular, mayor fuerza de la auditoría superior fiscalizadora y un sistema anticorrupción. También antes de AMLO, redujo el número de diputados y de síndicos municipales. Mientras, el PRI se hace bolas con la agenda lopezobradorista.

Política para dummies: La política es la habilidad para esconder los secretos del poder, no para ejercerlo atropellando a todos.

PRECISIÓN. En columna de ayer se dijo que un hijo de Ricardo Monreal trabajó con Alejandro Murat en INFONAVIT. Fue la hija de Monreal quien laboró como subdirectora. 

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22 Noviembre 2018 04:00:00
PRI AMLO 2021 y 2024 vía Monreal, los Murat y Alito
La disputa por el PRI ha comenzado a subir de tono por el acoso contra el Presidente Enrique Peña Nieto en estos últimos días de gobierno, sobre todo por revelaciones sin pruebas sobre narcotráfico, los expedientes abiertos de corrupción y la presión social en redes cibernéticas.

La movilización de militantes que ha logrado el exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz ha comenzado a preocupar al priísmo peñista, porque en el interior de la República se han reactivado exgobernadores, exlegisladores y grupos de poder locales. El objetivo de Ruiz Ortiz es que la elección de la nueva dirigencia en el 2019 sea abierta a militantes para que el peñismo en declinación no se quede con los resabios del partido.

Pero en las últimas semanas comienza a perfilarse un tercer grupo en disputa por el PRI: Una corriente de priístas aliados con López Obrador, un poco porque el peñismo carece de horizonte y otro poco porque ese priísmo estaría en la lógica de las alianzas del expriísta morenista Ricardo Monreal ya asumido como precandidato presidencial para el 2024.

La pieza de Monreal en el PRI es el exgobernador oaxaqueño José Murat Casab, padre del actual gobernador oaxaqueño Alejandro Murat Hinojosa, este forjado en el grupo mexiquense de Peña Nieto --su credencial de elector es de Edomex y ahí tiene una notaría-- pero ya enfilado hacia el espacio de su padre. Murat Casab quiere apoderarse de la CNOP, luego de haber tenido una gestión inexistente en la Fundación Colosio del PRI.

Ante la debilidad de Peña Nieto y de su grupo en el legislativo, los temores hacia los militantes reactivados por Ruiz Ortiz y la necesidad de López Obrador de desactivar al PRI como oposición de alternancia y anhelante de una oposición leal al lopezobradorismo, el PRI vive sus penurias: Su parte del poder es mínima, Peña Nieto quedará arrinconado por expedientes abiertos en redes sociales y una base política apenas llega a 16% de voto presidencial, 9% de diputados, 11% de senadores y 12% de legisladores en Ciudad de México. Como el candidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña no estaba afiliado al PRI, tomó sus cosas y dejo al PRI abandonado a su suerte.

El PRI entró en zona de tensión por la campaña del exgobernador oaxaqueño Ruiz Ortiz exigiendo que la elección de la nueva dirigencia del PRI quede en manos de sus militantes. En su recorrido por la República, Ruiz Ortiz ha logrado el apoyo de cuadros forjados en la lucha política, pero excluidos desde Salinas, Zedillo, Madrazo y Peña Nieto. Si esos líderes locales se mueven, le pueden quitar el control del PRI a Peña Nieto y colocar en posición de competitividad a Ruiz Ortiz.

El problema del PRI radica en la polarización de posiciones, sobre todo porque los activistas de base no se van a salir del partido para fundar otro y los peñistas carecen de militancia y de militantes. Los priístas están viendo con preocupación el regreso al PRI --vía Ruiz Ortiz-- de exgobernadores, exlegisladores e importantes figuras locales. El priísmo peñista, y sobre todo la dirigencia sin autoridad política ni moral de Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, quedará con la expresidencia de Peña Nieto como una piedra atada al cuello.

El problema del grupo peñista radica en el reacomodo de grupos de poder priístas por el desmoronamiento del poder de Peña Nieto en el PRI. Ahí comienza a percibirse el activismo de cuando menos dos grupos priístas aliados al lopezobradorismo: La coalición Murat Casab-Murat Hinojosa en Oaxaca-gobernador priísta campechano Alejandro Moreno Alito vía Monreal y a partir del dato de que el hijo de Monreal fue subdirector del Infonavit de Alejandro Murat Hinojosa y el grupo zedillista ya incrustado en el lopezobradorismo: Santiago Levy-Esteban Moctezuma.

Los escenarios en la disputa por el PRI no han podido disminuirse de tensiones y ahora se han sobrecalentado por las dos semanas últimas de gobierno de Peña Nieto y las revelaciones hasta ahora no probadas en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán Loera en Nueva York que han sido potenciadas en redes y espacios políticos. López Obrador ha dicho que no habrá persecución de corrupciones, pero los casos ligados al narcotráfico tendrán que perseguirse de oficio por el efecto en el ambiente social y el factor Trump.

En el 2000 Zedillo alineó al PRI a apoyar a Fox, en el 2006 Madrazo pasó a la confrontación directa y en el 2006 Peña Nieto emergió como candidato único de las cenizas de un PRI destruido por la disputa Zedillo-Madrazo-Elba Esther Gordillo. En las derrotas presidenciales, el PRI oscila entre la ruptura final y el pacto con la oposición victoriosa.

De los cuatro grupos en pugna por el PRI --Peña Nieto, Zedillo, Ruiz Ortiz y Murat-Monreal-- saldrá la nueva definición del PRI: La disolución lenta como el PRD, el papel de aliado a Monreal 2024 o la reconstrucción desde la militancia.

Política para dummies: La política es el arte de tirar lastre o hundirse con el sobrepeso muerto.


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@carlosramirezh
21 Noviembre 2018 04:00:00
Empresarios fifichairos y la 4ª Transformación como 3ª Bis del PRI
Si alguna prueba faltaba para caracterizar la 4ª Transformación como la 3ª Bis del PRI, la creación del consejo empresarial de asesoría del presidente López Obrador acomodó las cosas en su lugar.

Y más que el de Luis Echeverría, el modelo presidencial económico empresarial de López Obrador se parece al de José López Portillo: La incorporación del sector privado al Estado para crear una Alianza para la Producción sin distribución equitativa de la riqueza.

La lista de empresarios lopezobradorista refiere a beneficiarios del Estado:

--Ricardo Salinas Pliego, quien ya colocó a Esteban Moctezuma en el gabinete y aspira a sumarlo a la lista de la sucesión presidencial del 2024 y logró que su Banco Azteca sea parte de la entrega de beneficios asistencialistas en efectivo de López Obrador, fue una pieza de Carlos Salinas de Gortari y con un préstamo de Raúl Salinas de Gortari adquirió TV Azteca. Y luego en el conflicto con Canal 40, usó la fuerza para apropiárselo.

--Bernardo Gómez, copresidente de Televisa, es un personero directo de Emilio Azcárraga Jean, cuyo imperio tambaleante fue fortalecido por un pacto político con Marta Sahagún, y hoy con Peña Nieto recibió buena parte del pastel publicitario. Televisa fue soldado del PRI, luego del PAN, nuevamente del PRI y ahora será de AMLO-Morena. Por contenido de sus programas, Televisa y TV Azteca son aparatos ideológicos del gobierno en turno.

--Olegario Vázquez Raña, empresario de salud, proveedor del ejército y dueño de Grupo Imagen TV y periódico Excelsior (“encarna la corrupción” y Excelsior es un “pasquín de quinta”, dijo López Obrador en 2016), se hizo del diario a través de una maniobra operada por Marta Sahagún.

--Carlos Hank González es presidente de Banorte y Grupo Maseca, dos de las piezas empresariales del PRI que proveyeron de recursos a Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo para sus campañas y recibió beneficios a través de Conasupo; además, es nieto del empresario y político Carlos Hank González, prototipo de la fusión del dinero y el poder y autor de la frase “un político pobre es un pobre político”. La fortuna del abuelo Hank se hizo desde Conasupo y se extendió a Pemex.

--Miguel Alemán Magnani, de Interjet, es nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés e hijo del exgobernador priísta Miguel Alemán Velasco, piezas del priísmo convertido a la empresa. El expresidente alemán logró un paquete de acciones de Telesistema Mexicano (hoy Televisa) y ahí se coló su hijo como funcionario. En la época del presidente Echeverría, Alemán Velasco fue vicepresidente de Televisa, director de televisión del PRI y director de medios electrónicos en la Presidencia de la República. Además, El presidente Alemán impuso la contrarrevolución en su sexenio para desmantelar las medidas revolucionarias del presidente Cárdenas, cuyo retrato preside los actos de López Obrador: El amparo agrario, la transformación del PRM en PRI, el fin del reparto de tierras y la educación al servicio del sistema priísta. Con Alemán comenzó la corrupción de los políticos vía el contratismo de obras vigente y mejorado en la actualidad. Por ello el retrato de Cárdenas con López Obrador es un acto de demagogia, no de congruencia política.

Ninguno de los empresarios del Consejo Empresarial de López Obrador representa al sector privado productivo de fábricas, por lo que estarían todos en lo que André Gunder Frank caracterizó como lumpenburguesía o grupos que no crean riqueza pero que sí se apoderan de ella vía sus compromisos con el gobierno y con el Estado.

Y en el lenguaje actual, esos empresarios lopezobradorizados serían los primeros fifichairos, una nueva casta estamental pegada al presupuesto. De acuerdo con la Real Academia Española, fifí quiere decir “persona presumida y que se ocupa de seguir las modas”, es decir, una casta parásita desligada de la realidad social: y según el Diccionario del Español de México de El Colegio de México, chairo es la “persona que defiende causas sociales y políticas en contra de las ideologías de la derecha, pero a la que se atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dice defender; persona que se autosatisface con sus actitudes”.

Sin organizaciones obreras o proletarias dentro de su sistema político, el proyecto de desarrollo de López Obrador será el mismo del viejo PRI: El capitalismo empresarial con el Estado como garante de la acumulación privada de capital y concentración de la riqueza, el mismo que ha funcionario desde 1983 como neoliberalismo diseñado por Carlos Salinas de Gortari. Con Echeverría y López Portillo el contrapeso a la empresarización del Estado estaba en el congreso del Trabajo y la vigencia, burocrática pero presente, de un sector obrero cuando menos como dique a la privatización total del Estado.

De ahí que la 4ª Transformación sea la 3ª Bis del PRI neoliberal salinista.

Política para dummies: La política, al final del día, acaba por mostrarse como es, a pesar de los esfuerzos por disfrazarla.


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@carlosramirezh
20 Noviembre 2018 04:00:00
Desorden en nuevo gobierno por estilo caudillista de gobernar
Lo único que queda claro en el desorden en las decisiones que está tomando el próximo gobierno de López Obrador es que será un sexenio de decisiones personales, algo que no habíamos visto desde Luis Echeverría.

El caso de la crisis económica derivada de la decisión del Senado morenista de Ricardo Monreal sobre el fin del cobro de comisiones bancarias ilustra el estilo personal de gobernar de López Obrador. Apenas el 22 de octubre el presidente electo había comido en su casa con la todopoderosa banquera española Ana Botín, de Santander, y ahí le había dado seguridades de estabilidad a la porción mayoritaria de españoles en la banca en México (que no mexicana). El enojo de Botín afectó la credibilidad del presidente electo.

Lo mismo ocurrió con las consultas. Después del desprestigio lopezobradorista por la mal llamada consulta popular sobre el aeropuerto de Texcoco, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, se comprometió que no habría más consultas fuera del marco legal definido en la Constitución. Días después, López Obrador anunció (mal llamadas) consultas en cuando menos una docena de temas.

El fondo de la crisis en el grupo lopezobradorista es seria por el mensaje de desorden que deja en el funcionamiento del próximo gobierno. Por lo pronto, deja cuando menos cuatro indicios nada agradables para los lopezobradoristas:

1.- El modelo de dirección política de Morena, el gobierno y el Estado será caudillista, basado en la voluntad de López Obrador. Acostumbrado a soslayar el respecto a reglamentos, protocolos, reglas y leyes, bastara su voluntad personal. Por lo demás, no será nada nuevo porque presidentes caudillos, priístas y panistas hicieron lo mismo, aunque guardando un poco las formas.

2.- El grupo lopezobradorista en el poder carece de coordinación; ello quiere decir que han fracasado en sus funciones el jefe de la oficina, Alfonso Romo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, los jefes legislativos Monreal-Batres en el Senado y Delgado-Porfirio Muñoz Ledo en Diputados, y el asesor jurídico Julio Scherer Ibarra por aquello de la legalidad. Lo malo es cuando los personalismos en la toma de decisiones derivan más bien en voluntarismos caprichosos.

3.- López Obrador decide en función de los 30 millones de votos ganados el pasado 1 de julio, 53% de los votantes que fueron a las urnas, pero son 34% del padrón electoral y 25% del total de los mexicanos. López Obrador usa esa votación sin atender compromisos de las alianzas; muchos de sus votantes han sido lastimados por decisiones impuestas: aeropuerto, salarios, descentralización. Inclusive, muchos de los que se pasaron a Morena sólo por una chamba no aceptan algunas decisiones. Ello quiere decir que la alianza del 1 de julio está desarticulándose y pagará la factura en las legislativas federales del 2021.

4.- Por si fuera poco, antes de la toma de posesión están decantándose ya las figuras y grupos con miras a las elecciones presidenciales del 2024 a partir de cierta certeza de que López Obrador no podrá reelegirse en la presidencia. El modelo de circulación de las élites que da dinamismo a la clase política y a los grupos en el poder central no aguantaría otro porfirismo u otro obregonismo. Los primeros aspirantes están ya armando sus alianzas y conquistando sus propios espacios de poder para evitar que el sucesor de López Obrador sea decidido al estilo priísta del dedazo como ocurrió con la candidatura perredista en el gobierno del DF en el 2006 al imponer a Marcelo Ebrard Casaubón.

El desorden en las decisiones anunciadas desde la noche del 1 de julio tiene que ver con tres indicios del estilo personal de gobernar de López Obrador.

1.- No existe un plan rector de sus decisiones, sino que todo dependerá de lo que disponga de manera personal el presidente electo-en funciones.

2.- No existe un grupo compacto real (aportación de Manuel Camacho al gobierno de Carlos Salinas de Gortari) para centralizar decisiones y hacerlas funcionales. La forma en que ha anulado a Alfonso Romo, Scherer Ibarra y Monreal es apenas un indicio del centralismo presidencialista.

3.- Si hay un modelo caudillista en el liderazgo, de todos modos la base político-electoral de López Obrador es variada porque ni él ni Morena representan un proyecto ideológico sino tan solo el oportunismo chambista. La única viabilidad de estas bases dispersas es la construcción de una coalición dominante, pero ésta requiere de liderazgos plurales y no caudillistas.

Como se han visto los ejemplos en la historia, los caudillismos personales carecen de horizonte histórico, se desgastan en gobiernos y Estados tan grandes y desordenados y caen cuando deciden no ser autoritarios, ni dictatoriales, ni represivos.

Política para dummies: La política es el ejercicio coordinado del poder para evitar conflictos e ingobernabilidades.

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@carlosramirezh
18 Noviembre 2018 04:00:00
Trump: Y sin embargo se mueve para 2020
Magnificar la pérdida de la Cámara de Representantes como gran victoria demócrata es parte del error estratégico del establishment liberal de los EE. UU. sobre Donald Trump. Mantener mayoría del Senado, de las gubernaturas y todo el control del centro del país pudiera darle a Trump los colegios electorales en las elecciones presidenciales del 2020.

El otro dato es más frío. A Trump le tundieron con todo: revelaciones, marchas, mentiras sobre su candidato a ministro de la Corte Suprema, los periódicos contabilizando día a día las mentiras, el uso de una prostituta publicándole un libro sobre el tamaño del órgano sexual del presidente, el libro de Bob Woodward aconsejando la aplicación de la vigésimo quinta enmienda para que su gabinete lo destituya, los insultos groseros de actores de fama internacional, la investigación de Robert Mueller como espada de Damocles…, más que se vaya sumando hasta noviembre de 2019.

A muchos no les gusta por su perfil oximorónico, pero en su último libro El coraje de la desesperanza. Crónicas del año en que actuamos peligrosamente (Editorial Anagrama, octubre de 2018 para edición mexicana) el filósofo eslovaco Slavoj Žižek dedica el capítulo 6 a deconstruir la mente y los estilos de Trump para revelar los errores en la lucha contra el atrabancado presidente estadounidenses.

Establece Žižek que lo más “deprimente” del periodo poselectoral no fueron las primeras medias de Trump, “sino la manera en que el grueso del Partido Demócrata reacciona ante la derrota histórica, oscilando entre los dos extremos: el horror al Lobo Feroz llamado Trump y el reverso de ese pánico y fascinación que consiste en normalizar la situación”. En efecto, la oposición demócrata esta determinada por las decisiones de Trump, no por su significado político y su efecto en la reestructuración del pensamiento social y el comportamiento de las clases.

El otro dato que señala Žižek tampoco ha gustado: el error histórico de nominar a Hillary Clinton como candidata demócrata y su falso feminismo. Y para ello, Žižek cita la crítica del demócrata socialista Bernie Sanders: “no basta con decir soy una mujer, vótenme. Lo que necesitamos es una mujer que tenga agallas de plantarle cara a Wall Street, a las compañías de seguros, a las empresas farmacéuticas, a la industria de los combustibles fósiles (cursivas de CR)”.

Sin mencionar a Barack Obama, Žižek hace presión en una herida aún abierta: el fracaso y la traición de Obama. Así lo dijo Sanders: “en los EE. UU. que una empresa importante tenga un director ejecutivo afroamericano es un paso adelante. Pero si ese sujeto va a deslocalizar los puestos de trabajo y explotar a los trabajadores, me importa un bledo que sea blanco, negro o latino”. En mi libro Obama escribí en 2009 que Obama iba a ser una constante crisis de expectativas porque no fue el primer presidente afroamericano de los afroamericanos, sino el primer presidente afroamericano de los blancos. Obama arribó a la Casa Blanca a rescatar de la quiebra al capitalismo y al imperio.

La derrota de Trump el pasado martes 6 de noviembre fue, en realidad, una victoria: el mapa político-electoral le sigue beneficiando. Y como adelanto, fue Trump el que estuvo en las boletas electorales por su apoyo a los candidatos. Y el Partido Demócrata no pudo más que apuntalar al viejo establishment de Hillary y Nancy Pelosi, sin ninguna figura sólida para el 2020, salvo la desgastada de Hillary. La única posibilidad que tienen los demócratas en el 2020 sería correr la candidatura de Hillary a Sanders, porque la nueva estrella Alexandria Ocasio-Cortez --de discurso socialista-- apenas ha comenzado su carrera como representante de Nueva York.

Paradójicamente, la salvación del capitalismo está en el nacionalista-racista o en un socialista anticapitalista. Los que quieran tratar de entender la consolidación de Trump no tienen más que ver el saldo de la economía: PIB más alto, mayor empleo, mejor clase media y sin tener que cargar con las crisis de los países aliados. El problema de los migrantes centroamericanos tiene una menor dosis de racismo que de consolidación de la economía para el estadunidense medio. Trump no quiere gastar dinero en países centroamericanos que están corroídos por la corrupción porque no representan una alianza estratégica, pero tampoco quiere dentro de los EE. UU. a migrantes sin capacidad productiva. Este razonamiento es bastante crudo, pero está en el ánimo de supremacía estadunidense.

El problema con Trump es que se le enfoca desde la crítica destructiva. Pero para derrotar a Trump primero hay que entenderlo sin prejuicios liberales. Trump es un producto del capitalismo depredador que construyó al imperio, de la clase que convirtió el asesinato de indios en un verdadero holocausto, que se robó la mitad del territorio mexicano y que lo quería sin habitantes mexicanos. Y detrás de Trump está el estadunidense de condado que detesta al Estado y a la burocracia parasitaria y que fija su sobrevivencia en alejar al Estadio hasta de sus ofertas de seguridad y por ello mantiene la Segunda Enmienda para la posesión de armas, porque quitarle implicaría cederle al Estado la seguridad ciudadana.

Las elecciones intermedias del 6 de noviembre dejaron muchos mensajes en clave local que deben de ser racionalizadas para entender la sobrevivencia de Trump y su estrategia de catapultar posiciones legislativas y estatales hacia las presidenciales del 2020. La consolidación interna del modelo Trump podría reconstruir un imperio más fuerte y más depredador, pero en un entorno mundial de mediocridad de líderes y sin figuras demócratas que lo intenten siquiera despeinar.

El único que podría derrotar a Trump es el socialista Sanders, pero el establishment liberal capitalista no lo dejará pasar.


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@carlosramirezh
16 Noviembre 2018 04:00:00
Ley de Seguridad Interior, SCJN y Maquiavelo redefinirán el Estado
En medio del avance imparable del crimen organizado en México, el Programa de Paz y Seguridad 2019-2024 del gobierno de López Obrador ofrece una propuesta retórica social frente al problema del Estado capturado por los cárteles y bandas criminales que gobiernan zonas territoriales de la república.

Mientras las autoridades, organizaciones sociales e instancias internacionales debaten los espacios de actuación del Estado ante el flagelo del crimen organizado en sus expresiones de violencia e inducción al consumo, México ve caer nuevas plazas en manos de los cárteles: Cancún, Los Cabos, Valle de México, Oaxaca y Guanajuato. Este dato es clave: El crimen organizado no ha retrocedido con las estrategias de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, sino que ha avanzado.

Lo que está a discusión en el contexto del Programa de Paz y Seguridad de López Obrador es la concepción de seguridad. Por sí misma, la seguridad no es bienestar sino una condición para lograrla. En términos de su esencia, la seguridad es la desaparición de los grupos delincuenciales en todos sus niveles por las vías de las leyes, los controles policiacos y las confrontaciones.

En el debate sobre las controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la Ley de Seguridad Interior aprobada en el Congreso y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017, el tema central radica en la existencia o no de fundamentos constitucionales del concepto de seguridad interior y del uso de las fuerzas armadas. Y la seguridad interior tiene una base constitucional.

El artículo 89 establece las “facultades y obligaciones” del Presidente de la República y dice con claridad en el numeral VI: “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”. Es decir, el concepto de “seguridad interior” ya existe en la Constitución y viene desde la de Cádiz en 1812 y se mantuvo en las constituciones federales de 1824, 1857 y 1917 y no requiere de permiso alguno para ejecutarla.

En todo caso, la ley reglamentaria de la seguridad interior debe ser debatida en función de las acciones que se deben de tomar cuando esté en riesgo la seguridad interior. Paradójicamente, el gobierno de Peña Nieto aplicó la permisividad constitucional de fuerzas armadas en seguridad interior sólo con el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 de abril de 2014 (su gobierno había comenzado el primero de diciembre de 2012) sin ninguna reclamación legal. Calderón solo definió su programa de seguridad pública.

La diferencia entre la seguridad pública y la interior y nacional radica en los ataques contra el Estado-nación. La delincuencia común ataca al ciudadano, no al Estado ni a las instituciones. Y los cárteles del crimen organizado usan armamento superior al policiaco, forman parte de una cadena transnacional de intereses que llevan a la seguridad nacional y ocupan partes territoriales de la soberanía del Estado nacional.

El debate en la Suprema Corte, la terminación de la estrategia de seguridad del gobierno de Peña y la definición de la estrategia de seguridad del gobierno de López obrador contrastan con el avance del crimen organizado en zonas territoriales de la soberanía del Estado, el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en una Corte de Nueva York, la expansión territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación y la supervivencia del Cártel de Sinaloa de El Chapo ahora aliado al mando de Ismael El Mayo Zambada, un capo sospechosamente alejado de la mira de las autoridades.

Mientras los criminales profundizan su copamiento de la república, la Corte quiere disminuir la participación de las fuerzas armadas en seguridad interior y López Obrador reduce su estrategia a criterios humanistas de las víctimas y contra el prohibicionismo respecto a las drogas. Sin embargo, falta la parte más importante del escenario de la inseguridad mexicana: La decisión de los EE. UU. de definir el problema de las drogas en función de su seguridad nacional -poder extendido más allá de sus fronteras- y la caracterización de los cárteles como crimen organizado transnacional.

Las fuerzas armadas son la última línea de defensa de la seguridad interior. Y a propósito de la reactivación de Maquiavelo en los últimos días, hay que recuperar lo que escribió el florentino en el capitulo sobre la conservación de los principados y las repúblicas:

“Una guerra es legítima por el solo hecho de ser necesaria, y las guerras son actos de humanidad cuando no hay ya esperanzas más que en ellas”.


Política para dummies: La política es la sensibilidad para atender la realidad y no suponer que la realidad esta al servicio de los políticos.


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15 Noviembre 2018 04:00:00
Agenda prioritaria de AMLO en la ingobernabilidad de Oaxaca
El gobernador priísta de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, rendirá hoy jueves su segundo informe de gobierno con cuentas negativas no solo a nivel local, sino que afectan la agenda política del gobierno entrante de López Obrador: Seguridad, educación y estabilidad.

Oaxaca ha sido víctima de las alianzas del poder. En 2006 el PAN y el PRI del entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto se aliaron a la Sección 22 de maestros para tratar de derrocar al gobierno priísta de Ulises Ruiz Ortiz.

En el 2010 López Obrador construyó la candidatura aliancista PAN-PRD de Gabino Cué Monteagudo y lo acompañó a recorrer el estado para sellarlo como candidato lopezobradorista. Y si el tabasqueño exigió honestidad, el gobierno de Cué terminó con un desfalcó de --dicen los cálculos más conservadores-- de mucho más de 15 mil millones de pesos que se llevaron los funcionarios y empobrecieron al de por sí pobre estado oaxaqueño.

La gubernatura priÍsta de Murat Hinojosa tuvo una negociación secreta en 2016 del exgobernador José Murat Casab con López Obrador, a cambio del apoyo de Oaxaca a la campaña presidencial del tabasqueño. El PRI ganó por la división en la coalición PAN-PRD-Morena-Movimiento Ciudadano. En Morena hay molestia porque el gobierno muratista ha cooptado a morenistas para debilitar su bandada legislativa estatal.

El segundo informe de Murat Hinojosa estará marcado por cinco problemas graves con efectos nacionales:

1.- El gobierno de Murat ha fracasado en el manejo de la agenda magisterial porque la Sección 22 de Maestros tiene esta semana a la educación en paro ilegal, a pesar de que la 22 tiene un pacto con López Obrador y por lo menos dos diputados de Morena fueron dirigentes de la 22. Al final, eso sí, el paro de la 22 fue producto de la impericia de Murat Hinojosa, pero le conviene al PRI porque enturbia el compromiso de López Obrador de estabilizar al magisterio con la abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto. En el círculo lopezobradorista consideran que el paro magisterial en Oaxaca afecta los compromisos de López Obrador.

2.- La inseguridad ha crecido exponencialmente en Oaxaca, con cifras ocultadas. Pero en este año en cifras mensuales ha habido más de 75 homicidios criminales, más de 25 delitos de narcomenudeo, 250 robos con violencia de vehículos y 4 feminicidios, con alza en secuestros y extorsión. Como dato revelador, el Cártel Jalisco Nueva Generación ya ocupó el territorio de Oaxaca, en el entendido de que solo pudo hacerlo con la complicidad activa o pasiva de las autoridades estatales y municipales. Las primeras estimaciones prevén un alza en la criminalidad por cárteles e ineficacia policiaca.

3.- Si todos esperaban que el gobierno priísta de Murat Hinojosa ajustara cuentas con la corrupción de su antecesor aliancista Cué Monteagudo, los datos hablan de una cobertura producto de la complicidad. El principal operador de los negocios de Cué fue Jorge Castillo, pero este pareció ya haber pactado impunidad con Murat Casab, el padre del gobernador. Los oaxaqueños han sido defraudados por el gobierno de Murat Hinojosa al perdonar la corrupción aliancista. Hubo tres grandes operadores de la corrupción del gobierno de Cué y los tres gozan de impunidad.

4.- En dos años de gobierno no se ha avanzado en la corrección de la pobreza estructural porque los recursos presupuestales siguen desviándose en negocios del poder y en pago de apoyos a organizaciones sociales que paradójicamente representan la lucha de los pobres por salir de la pobreza.

5.- Sin capacidad para enfrentar el poder violento de los maestros disidentes y sus protestas callejeras, el gobierno de Murat Hinojosa ha vuelto a pactar con la 22 el regreso a la realidad anterior a la reforma educativa de Peña Nieto que le quitó el control del Instituto de Educación o Secretaría estatal de Educación. Asimismo, Murat está negociando que la reforma educativa de la 22 sea el programa oficial de educación en el estado para profundizar el modelo de protesta contra el neoliberalismo. López Obrador había prometido lo mismo a la 22, pero ya ganada la presidencia está buscando los mismos objetivos de la reforma peñista con otros nombres y procedimientos.

La crisis en Oaxaca se va a potenciar al grado de podría ser el primer caso del sexenio lopezobradorista en que tenga que aplicar el correctivo priísta del interinato. Oaxaca se presenta como la plaza operativa del CJNG en el sur-sureste y el foco de inestabilidad magisterial que afectaría el modelo educativo del nuevo gobierno, además de que el gobernador Murat Hinojosa --de residencia mexiquense y funcionario peñista-- fue una candidatura impuesta por el Presidente Peña Nieto como parte su grupo de poder.

Política para dummies: La política es la rendición de cuentas reales, no en la demagogia como discurso del poder.

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14 Noviembre 2018 04:00:00
La medalla Belisario para Rosario Ibarra de Piedra, no para Slim
La selección del candidato o la candidata a recibir la medalla Belisario Domínguez del Senado nunca había encontrado en años una nominación tan exacta como ahora: La lucha de la señora Rosario Ibarra de Piedra contra el autoritarismo represivo del PRI desde 1974 en que su hijo fue secuestrado, torturado y desaparecido por el sistema político priísta.

De los sesenta y siete galardonados desde 1954, solo Gustavo Madero emuló la lucha de Belisario Domínguez contra el usurpador Victoriano Huerta y por ello fue torturado, defenestrado y asesinado.

Jesús Piedra Ibarra era guerrillero y como tal participó en el intento de secuestro del empresario Eugenio Garza Sada que terminó en su muerte; Ibarra formaba parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Sólo que en lugar de ser juzgado, fue capturado, asesinado y desaparecido por el sistema priísta.

El subsecretario de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, el director de la Federal de Seguridad, Luis de la Barreda, y el torturador Miguel Nazar Haro capturaron a Piedra Ibarra en 1974 y lo desaparecieron de la faz de la tierra. Desde entonces, la señora Rosario Ibarra de Piedra ha encabezado la lucha contra el sistema priísta en su fase de criminalidad política.

La nominación de la señora Ibarra de Piedra contrasta con la del empresario Carlos Slim Helú, un beneficiario de la privatización salinista de las empresas propiedad de la nación. A lo largo de un cuarto de siglo, vía Teléfonos de México, Slim solo se ha dedicado a multiplicar su riqueza personal, sin ninguna retribución a la sociedad. Slim sería en segundo plutócrata que pudiera recibir la Belisario Domínguez, luego del empresario Alberto Bailleres.

El simbolismo de Belisario Domínguez en su lucha contra la dictadura de Huerta --le cortaron la lengua por sus discursos contra el usurpador- ha sido traicionado por todos los partidos, pero sobre todo por el PRI, quien en sus épocas de mayoría absoluta asignó la medalla por complicidades del poder y no por reconocimiento a luchas contra el autoritarismo.

Hoy que el PRI representa apenas el 11.7% de las curules en el Senado, la oposición antipriísta debiera reconocer la lucha de la señora Ibarra de Piedra y con ello llevar a la máxima tribuna parlamentaria el tema de los desaparecidos en México, primero por razones políticas del autoritarismo priísta y luego por la ineficacia del PAN y del PRI en la presidencia en el secuestro y desaparición de ciudadanos afectados por lucha contra el crimen organizado.

Si alguna persona podría encarnar por derecho propio la querella contra el autoritarismo priísta es, sin duda, la señora Ibarra de Piedra: Sus primeras acciones exhibieron al mundo la fase criminal del PRI desde los tiempos de Echeverría. Sin violentar el sistema y sí proyectando sus demandas por 500 disidentes desaparecidos, la señora Ibarra de Piedra quitó el velo de hipocresía al PRI en el poder: Los desaparecidos hasta finales de los ochenta fueron por razones políticas, de represión de Estado y para mantener el dominio autoritario del PRI.

Lo grave del caso de Jesús Piedra Ibarra fue el tiempo político de su represión: Después de Tlatelolco 68 y luego de la falsa apertura democrática de Echeverría. Está documentado que Piedra Ibarra fue capturado vivo por la Federal de Seguridad y entregado a Nazar Haro y su figura desapareció del sistema penal. En 1978, el entonces gobernador guerrerense Rubén Figueroa dijo con simplicidad pasmosa: “Los desaparecidos están muertos”. Muchos de los disidentes violentos fueron capturados y asesinados por el gobierno de Figueroa subidos con vida a helicópteros y tirados al mar.

La lucha de la señora Ibarra de Piedra fue reconocida por López Obrador como candidato presidencial en julio pasado al afirmar que había puesto el nombre de doña Rosario en su boleta. Pero ahora es el tiempo político para ir más allá: entregarle la medalla Belisario Domínguez a la señora Ibarra de Piedra y con ello reabrir la investigación de los crímenes del pasado que Vicente Fox usó como engañifa solo para cubrirle las espaldas al sistema priísta ya en la oposición en el 2000.

Si la oposición tiene una deuda con los deudos de la represión criminal del PRI de 1958 al 2018, bien podría comenzar con la medalla Belisario Domínguez, evitar que le sea adjudicada al empresario Slim y sobre todo crear una comisión investigadora sobre los crímenes del pasado, no una Comisión de la Verdad que suele servir para exonerar a criminales políticos, partiendo del hecho de que la desaparición forzada de personas es un crimen y delito que nunca prescribe.

La medalla a la señora Ibarra de Piedra podría representar el proceso de enjuiciamiento pendiente del PRI por crímenes del poder, si de verdad ahora sí Morena, el PRD y el PAN son partidos de oposición real.

Política para dummies: Al final del día, la política debe ser también un acto de justicia moral.

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13 Noviembre 2018 04:00:00
Maquiavelo y la paradoja Salinas: Dar consejos y no seguirlos en 1994
Como Maquiavelo dedicó su opúsculo El Príncipe a Lorenzo de Medici antes de su muerte en 1492 como una forma de actuar como consejero externo sin lograr siquiera un empleo, el expresidente Carlos Salinas de Gortari convocó la semana pasada al espíritu de Maquiavelo para asustar a los ingenuos en pleno interregno de gobierno y soltar algunos consejos para el próximo gobernante mexicano.

Pero a Salinas se le escaparon los hilos del debate y prefirió salirse del conflicto: Sus palabras mal citadas de lo que dijo en un seminario con el principal historiador de Maquiavelo, Maurizio Viroli, provocaron un texto aclaratorio que se escondió en la versión digital de El Universal y no se publicó en la edición impresa. Quedó así la ambigüedad de si Salinas eludió pleitos con López Obrador o prefirió el consejo al escándalo.

En su texto aclaratorio Salinas, de todos modos, dejó ciertos mensajes al nuevo gobierno morenista sobre la realidad y el cambio y el papel del gobernante de cambiar ante nuevos escenarios para consolidarse o aferrarse a sí mismo y confiar en la fortuna y fracasar. El concepto de fortuna en Maquiavelo contrasta de la racionalidad del poder.

Salinas convocó el peso de la fortuna en Maquiavelo para señalar que a veces no basta para mantener a los gobernantes ni a los principados o repúblicas, pero Salinas no citó la referencia del florentino de que la fortuna “es mujer y es necesario, si se quiere tenerla sumisa, castigarla y golpearla”.

En su texto aclaratorio, Salinas centró su argumentación en el dilema fortuna-cambio asumido, citó una frase del Discurso 9 del Libro III de Discursos sobre la primera década de Tito Livio y la caracterizó como la “paradoja Maquiavelo”: “Si los tiempos y las cosas cambian, el gobernante se arruina porque no cambia su manera de proceder (…), porque habiendo siempre prosperado caminando una vía, no puede persuadirse de apartarse a ella”.

No se requiere mucho espíritu maquiavélico --no maquiaveliano-- para situar la cita en la realidad mexicana: López Obrador llegó a la presidencia siendo uno y sus comportamientos iguales en el interregno lo han metido en conflictos con sectores productivos y sociales. Para reforzar, Salinas hizo otra cita del florentino: “Un hombre que no está acostumbrado a actuar de una manera no cambia nunca y cuando las circunstancias cambian en sentido contrario a su forma de proceder, inevitablemente fracasa”.

Con dos citas de Maquiavelo Salinas le dio marco histórico maquiavélico a la crisis de López Obrador en el vacío político de un presidente electo que no tiene los hilos directos del poder. El Salinas como consejero del próximo Príncipe aporta una explicación al momento actual: López Obrador seguirá metido en problemas si insiste en gobernar un Estado-Principado-República igual a como lo funcionaba como líder de masas en las plazas.

Salinas se pone como ejemplo, pero en clave positiva: Llegó a la presidencia como candidato del sistema populista de Estado en 1988 y se encontró con la caída del Muro de Berlín, hecho histórico que lo “obligó a cambiar y proponer el tratado de Libre Comercio”. A ese giro le llama Salinas, en lenguaje maquiaveliano, “un golpe de fortuna”. Sin embargo, Salinas enfrentó de mayo de 1993 a diciembre de 1994 una crisis de sistema y se negó a cambiar su forma de hacer política. Esa crisis llevó a la disolución del grupo Salinas, a la alternancia en el 2000 y al arribo de López Obrador a la presidencia en el 2018.

La paradoja Salinas aparece con un expresidente tomando del brazo al fundador de la filosofía de la praxis para ofrecer consejos directos/indirectos al nuevo Presidente de la República sobre el realismo político: No se debe confiar en la fortuna, en la buena estrella o en el apoyo popular, porque lo que cambian no son las circunstancias sino la correlación de fuerzas sociales. Y a lo largo de sus obras, Maquiavelo hace gala de su conocimiento de la historia para usar fracasos políticos de gobernantes para sustentar sus consejos de ejercicio del poder para sobrevivir.

Aunque después de Maquiavelo llegó Marx para decir que la fortuna es una circunstancia y que el gobernante no debiera caer preso en las redes de las circunstancias, sino que la función del político revolucionario consiste en cambiar las circunstancias y en modificar la correlación de fuerzas sociales y productivas.

De todos modos, Salinas retomó la tesis de Viroli de que la lectura de El Príncipe debiera comenzar con el capítulo final donde Maquiavelo pide “un redentor” para expulsar a los bárbaros extranjeros y que toda la obra adquiere ya otra lectura.

En el fondo, Salinas abrió un debate maquiavélico sobre en el papel del próximo Príncipe gobernante.

Política para dummies: La política consiste en encontrar explicación de crisis propias aconsejando a otros.

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12 Noviembre 2018 04:00:00
Estrategia Astudillo en Guerrero: Turismo y sociedad Vs. cárteles
ACAPULCO. Gro.- En medio de un vacío de líneas estratégicas de seguridad en México por el gobierno que se va y el gobierno que viene, los estados y ciudades más afectados tienen que remar con sus propios remos y definir sin muchos recursos sus líneas de acción.

Ante la inminencia del Tianguis Turístico 2019 en abril próximo, Guerrero aparece apabullado por noticias de la coyuntura. El apoyo federal se agotó en el envío de tropas federales, pero sin contar con ningún mapa estratégico de asentamiento, funcionamiento, relaciones de poder y formas criminales de las bandas y cárteles.

No es gratuito que el crimen organizado se haya asentado en zonas clave: turísticas por manejo de dólares y lavado de dinero (Acapulco y Cancún), de acceso al mercado estadunidense (zonas fronterizas de Chihuahua y Tamaulipas) y zonas gobernadas por la oposición y con débiles estrategias de seguridad (Guanajuato).

Rumbo al Tianguis, el gobierno guerrerense de Héctor Astudillo le ha dado prioridad a una estrategia que consiste en aumentar el turismo y darle espacio a la sociedad. Las plazas donde el miedo ha llevado a replegar la actividad económica y la sociedad han sido ocupadas casi en automático por bandas del crimen organizado.

Un estudio que está realizando el Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad (CEEPS) y la Agencia de Información Seguridad y Defensa (seguridadydefensa.mx) ha aportado indicios más precisos de la delincuencia. Hasta ahora las informaciones se basan en datos del día, en cifras globales. Un apunte revelador: en Guerrero, por ejemplo, la cifra real de homicidios es menor porque la cifra oficial que se maneja en medios es la totalidad y se incluyen los culposos. La cifra real de criminalidad está en los homicidios dolosos: y ahí la cifra enero-septiembre de este año en Guerrero es de 1,693, contra los 2,092 totales.

Un recorrido en zonas de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo precisa que los homicidios culposos son en mayoría entre bandas criminales por el control de territorios y los daños al turismo son colaterales, impactantes, sin duda, pero localizables a tres universos: la captura del Estado o la ocupación de espacios estratégicos del Estado nacional y sus áreas de seguridad por intereses del crimen organizado, delincuencia común y cárteles en siembra, trasiego y promoción del consumo.

La estrategia del gobernador Astudillo ha buscado ocupar los espacios locales que el gobierno federal prometió consolidar y se ha olvidado: las áreas sociales del turismo y de la sociedad local. La actividad de los cárteles y bandas criminales es un asunto de seguridad interior que le corresponde al gobierno federal por sus recursos, capacidad de fuego y movilización de fuerzas armadas.

La fragmentación partidista, el papel del PRD 2005-2015 en el debilitamiento del Estado local por sus complicidades con el crimen organizado y la ausencia de una estrategia integral del gobierno de la república no alcanzan a completar las acciones estatales. Por lo pronto, las oficinas de turismo estatal tienen datos de ocupación extraordinarias en las temporadas vacacionales y se preparan para las de fin de año, a pesar de la declinación de la estrategia federal de seguridad.

El Tianguis Turístico de abril del 2019 le corresponderá al gobierno de López Obrador y a su ambiciosa Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En teoría, los lineamientos de López Obrador cubren un aspecto importante: recuperar las zonas territoriales con educación, salud, empleo y desarrollo social, aunque aún no han aterrizado propuestas concretas.

La percepción de inseguridad está afectando de manera altísima a zonas marcadas por el crimen organizado. La última encuesta del INEGI colocó a Ecatepec, Villahermosa, Reynosa, Cancún. Fresnillo y Tapachula como las más altas en temores, de 90% a 96%, y Acapulco está en 83% sobre una media nacional de 75%. Estos datos, de acuerdo con el análisis del CEEPS, no responden a cifras reales sino a las sensaciones de seguridad-inseguridad de la población, buena parte de ellas producto de la caja de resonancia de los medios.

La clave en Guerrero radica en el cambio de funcionamiento del gobierno estatal. Del 2005 al 2015 el PRD en la gubernatura rompió con los mecanismos de control, facilitó las complicidades y llegó al punto de ser el responsable directo de la entrega de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa al crimen organizado. El PRD fue derrotado en el 2015 por el PRI, pero dejó muy fuertes los amarres con la criminalidad.

En este escenario la estrategia de Astudillo de turismo/sociedad para ocupar espacios territoriales en poder del crimen hasta ahora ha dado resultados. Pero falta la acción federal estratégica para destruir bandas y cárteles.

Política para dummies: La política es cómo tratar de vencer al adversario sin que éste se dé cuenta como va perdiendo.


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11 Noviembre 2018 04:00:00
De Trump a AMLO: No es democracia directa sino lumpendemocracia
La pregunta no deja de ser maliciosa: ¿En qué se parecen Donald Trump, Nicolás Maduro, Evo Morales, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador? En que han tratado de ocultar liderazgos bonapartistas personalistas detrás de un discurso de democracia directa vis a vis el fracaso, dicen ellos mismos, de la democracia representativa.

El twitter, la plaza, el indigenismo, los vicios de la democracia y las consultas quieren revalidar el modelo de la democracia directa que nació, dice John Dunn, con la Grecia de Pericles y que luego tuvo dos expresiones fundacionales de formas de la democracia: La revolución americana del federalismo y la revolución francesa de la representación popular y los derechos del pueblo.

La victoria electoral de López Obrador en México y su mayoría absoluta en el congreso contrastan con su regreso a la democracia directa de consulta al pueblo para saber el destino de la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital de la república. La contradicción es obvia: ¿por qué usar el camino de la consulta directa al pueblo si tiene la mayoría absoluta en el congreso? Los plebiscitos y los referéndums han buscado siempre ratificar en consulta al pueblo decisiones tomadas en las estructuras de la democracia representativa.

La respuesta en los casos citados --Trump, Maduro, Morales, Bolsonaro y López Obrador-- se localiza no tanto en el fracaso de la democracia representativa que tiene en los procesos electorales su expresión más afinada, sino en la intención de construir liderazgos personales. En los EU, Venezuela, Bolivia, Brasil y México los sistemas de división de poderes y de ratificación de autoridades vía elecciones han funcionado al grado de que todos estos líderes llegaron al poder por la vía electoral. La decisión de poner la consulta directa al pueblo por encima de las instituciones de la democracia representativa responde, más bien, a afanes tipo bonapartistas, usando la expresión de Marx en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Y Marx dio la respuesta: No tanto la conquista del poder político, sino el poder personal.

Por tanto, lo que estamos viendo en América no es el regreso de la democracia representativa de finales del siglo 18 a una democracia directa de hace más de dos mil quinientos años --en la Grecia de Pericles en el siglo V a.C.-- en el ágora social, sino la utilización del concepto de democracia directa para fortalecimiento de liderazgos personales. Mal que bien, todos los gobernantes que se fortalecen por la democracia directa llegaron al poder por la democracia representativa.

La democracia directa es la simplificación de las reglas de la convivencia equitativa en una sociedad. En México existen ejemplos de cómo la democracia directa en realidad no cumple con las exigencias de la democracia --la representación de todas las ideas--: En Chiapas se han establecido municipios autónomos con gobiernos indígenas y en Oaxaca el 75% de los municipios eligen sus autoridades por usos y costumbres, una forma tradicional de democracia directa en donde autoridades sin elección democrática definen las reglas de selección de gobernantes en función de tradiciones y no de competencia.

El problema, sin embargo, radica en el hecho de que en ambos estados del sur de México con fuertes tradiciones indígenas existe una pluralidad social que no había en siglos anteriores. Por tanto, la representación político-administrativa tradicional no responde a la pluralidad de las clases y sectores sociales, entre ellos la más importante: Comunidades indígenas con comunidades mestizas. Lo mismo ocurre en sociedad políticas donde conviven tradicionalistas con modernos.

La democracia representativa nació justamente para democratizar la representación social. A mediados del siglo XIX, cuando México reorganizaba su orden constitucional en medio de invasiones extranjeras, fueros religiosos y pronunciamientos rebeldes, el constitucionalista Mariano Otero estableció la democracia representativa: que la composición del congreso represente la pluralidad de la sociedad. Esta teoría de las minorías obligó a abrir espacios de representación en las instituciones precisamente a los menos.

La democracia directa suele prohijar dictaduras personalistas. Desde el derrocamiento del dictador Porfirio Díaz en 1911, México ha tenido fases brillantes y oscuras de democracia representativa; sin embargo, el modelo de la representación plural ha alejado el fantasma de la dictadura personal. Aún con trampas autoritarias, las grandes decisiones mexicanas --sobre todo las que fueron llevando a la democracia electoral-- pasaron por las instituciones de representación.

Lo grave ocurre cuando se dice democracia directa existiendo reglas de mayorías en democracias representativas. La consulta de López Obrador sobre el aeropuerto la hizo su partido, sin control de boletas, sin representación de opositores, sin debate; las boletas eran del color de su partido y las urnas las pusieron sus militantes. La Constitución mexicana contiene reglas estrictas para consultas involucrando a los tres poderes y ninguna fue cumplida.

Por tanto, lo que hacen algunos mandatarios populistas es manipular la democracia directa para no tener que pasar por la democracia representativa y erigir dominios totalitaristas, eludiendo las reglas y equilibrios de toda democracia formal o real.

Así que lo que practican los aspirantes a dictadores no es democracia directa (Pericles nos libre), sino formas autoritarias de imposición de decisiones moviendo a las masas lumpen. Hay que releer el Dieciocho brumario para entender que la democracia representativa está siendo atacada por la lumpendemocracia de los pobres para erigir dictadores.

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09 Noviembre 2018 04:00:00
Disputa Salinas-Maquiavelo contra AMLO-Savonarola
La invocación del expresidente Carlos Salinas de Gortari del consejero florentino Maquiavelo para darle un marco histórico de referencia a la coyuntura actual pendular de la llegada de un grupo populista al gobierno federal puso nerviosos a muchos. Pero se trató de una lectura sesgada de una de las obras del italiano, El Príncipe, por cierto no la más brillante.

Salinas utilizó una categoría politológica que tiene otro escenario: habló del momento maquiavélico como una forma de caracterizar lo que ocurre hoy en México. Sin embargo, el “momento maquiavélico” tiene otra referencia: Es el estudio que realizó John Pocock en 1975 para definir el tiempo histórico que produjo las ideas del florentino y el discurso ideológico ajustado a ese instante histórico.

En todo caso, la invocación de Salinas de Gortari a Maquiavelo para tratar de explicar una situación política más de quinientos años después de haber publicado el opúsculo Acerca de los principados o El Príncipe, quiso extraer una lección de cómo acaban las democracias, una línea de pensamiento que conectó directamente a Aristóteles con Maquiavelo.

Pero seguramente sin quererlo, el expresidente convocó el momento maquiavélico de finales del siglo XV en el enfrentamiento entre Maquiavelo con el sacerdote ultraconservador Girolamo Savonarola entre las concepciones del Estado como ejercicio del poder y la religión como determinante en el funcionamiento de las instituciones públicas.

Savonarola fue, en términos conceptuales modernos, un populista conservador. Su Tratado acerca del régimen y el gobierno de la ciudad de Florencia se basa en el dominio ideológico de la religión, la filosofía moral, la virtud tanto del gobernante como del súbdito y bajo el argumento de que “la ciudad que debe ser feliz debe de tener todas las virtudes”, además de “oír las causas de los pobres”.

Fue Savonarola el que llevó la humildad cotidiana del poder hasta el extremo de quemar las vanidades, los artículos superfluos echados a una pira e incendiados en lo que se conoce históricamente como “la hoguera de las vanidades”. Arremetió contra la iglesia de lujos y le dijo al papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia) que “en la lujuria (Iglesia) te has convertido en una descarada meretriz”. En respuesta, el Papa lo juzgó y condenó y lo quemó en la Piazza della Signoria en Florencia, donde hay una placa redonda en el lugar exacto del cumplimiento de la sentencia.

Maquiavelo, en cambio, fue la racionalidad de la inteligencia, la razón de Estado. El momento maquiavélico que estudió Pocock nada tuvo que ver con instante de conflicto en su circunstancia histórica, Salinas de Gortari solo hizo referencia a algunas de las frases sacadas de El Príncipe o cómo pueden los monarcas mantener el control de los principados y de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio o cómo fortalecer las repúblicas.

El debate no directo entre Maquiavelo y Savonarola sí podría tener un referente en el momento político mexicano actual entre el sentido del Estado del primero y el populismo del segundo. En el capítulo LIII del Libro I Maquiavelo resaltó que “el pueblo, engañado por una falsa apariencia de bien, desea muchas veces su propia ruina”. Y agregó: “No existe camino más fácil para arruinar a una república en la que el pueblo tenga autoridad que embarcarla en empresas osadas”; “habiendo el pueblo dado por supuesta la victoria, cuando se produce el fracaso no culpa de ello a la fortuna, ni a la importancia de quien estaba al mando, sino a la maldad e ignorancia de éste, y por eso la mayoría de las veces le mata o le encarcela o le destierra”.

Y en el LVIII Maquiavelo señaló que “los gobiernos han necesitado ser regulados por las leyes, porque un príncipe que pueda hacer lo que quiera está loco y un pueblo que pueda hacer lo que quiera no es sabio”. Por ello, señala la traductora Ana Martínez Arancón, “para Maquiavelo la república es el gobierno que representa la normalidad, la vida cotidiana de un Estado bajo el imperio de la ley; y en cambio, el principado es casi siempre una situación de fuerza”.

Si algún momento maquiavélico existe hoy en México se localiza en dos rubros: El contrapunto del populismo de Savonarola y su república feliz y moral y el análisis de Maquiavélico sobre los discursos de Tito Livio para concluir que el modelo ideal de gobierno es la república de instituciones, contrapesos y Estado regulado y no los principados de voluntad de un solo hombre, no sólo el de López Obrador sino el del PRI salinista que fueron principados con disfraz de república.

Y no debe olvidarse que Maquiavelo fue un consejero gelatinoso que se inclinaba al mejor postor aconsejando a los príncipes como ser republicanos y a los republicanos como ser príncipes. Y Salinas de Gortari no es Maquiavelo moderno.

Política para dummies: La política es la síntesis de la lucha de contrarios.

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08 Noviembre 2018 04:00:00
Salarios: Resentimiento social, no austeridad ni justicia distributiva
Algunas notas sobre la nueva ley salarial:

1.- El salario es el precio que se paga por el valor de la participación del trabajador, empleado o funcionario.

2.- El salario se mide vis a vis con tres variables: El valor final del producto, la tasa de ganancia del patrón privado o público y las necesidades del trabajador.

3.- El salario tiene dos partes: El monetario o dinero en efectivo y el no monetario o prestaciones sociales. A ello se agrega una tercera para cierto nivel de élite gubernamental: El salario implícito en gastos cotidianos que corren por cuenta del presupuesto en los tres niveles de gobierno y en algunas instancias legislativas.

4..- El salario del presidente de la República no puede ser un punto de referencia porque el volumen salarial es mucho menor al no salarial y al presupuestal.

5.- La ley de Remuneraciones tiene un punto falso: Establece que el salario se paga “por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades”. Por tanto, el punto referencial no puede ser el salario del Presidente de la República porque es un cargo único y tiene la responsabilidad de conducir el Estado, el gobierno y resguardar la soberanía.

6.- Equiparar un catálogo de cientos de empleos públicos en los tres niveles de gobierno al del mando máximo es una aberración económica, social y racional.

7.- Cada mexicano con ingreso tiene que usarlo en nueve rubros de gasto, según el INEGI: Alimentos, bebidas y tabaco; transporte propio o alquilado y comunicaciones; educación y esparcimiento; vivienda propia o alquilada, luz y combustibles; cuidados personales; gasto doméstico; vestido y calzado; transferencia de gasto; y salud. Todos estos gastos del Presidente no salen de su salario, sino del cargo. Por lo tanto, el salario presidencial se puede dedicar íntegro al ahorro; a menos, claro, que el presidente López Obrador use su salario para pagar su comida, la gasolina del auto presidencial y su comitiva, use su casa o pague renta en Palacio Nacional --que sería altísima por la zona y el tamaño--, la luz de su casa en Palacio.

8.- El abuso en los ingresos de funcionarios no se localiza en el salario sino en las prestaciones con cargo al erario: Fondo de ahorro, seguro médico privado, autos, servicio de seguridad, gasolinas, telefonía, transporte fuera de su zona de trabajo, comedor en oficina o pago de notas de consumo y muchos otros rubros. Si todos los funcionarios de la gran élite pagaran sus propios gastos y solo tuvieran un salario, entonces habría una equidad.

9.- Según el INEGI cada mexicano dedica el 70% de su salario a alimentos y bebidas (35.2%), transporte (19.3%), vivienda (9.5%) y artículos del hogar (5.9%). En los salarios públicos y el presidencial existen prestaciones adicionales para estos rubros.

10.- Los salarios de funcionarios de todos los niveles son la superficie de un problema estructural: El servicio público no ha sido una planta laboral para la realización de funciones, sino que siempre ha sido una forma de construir una base social de lealtades. Antes de bajar salarios, el gobierno debería reducir su planta laboral total a la mitad y obligar a los altos funcionarios --con el Presidente de la República poniendo el ejemplo-- a pagar sus gastos con su salario, sin ningún apoyo del presupuesto.

11.- Si el salario determina el valor del esfuerzo humano para realizar una función, entonces los niveles salariales van a definir la calidad del producto. Un cálculo arbitrario pero cercano a la realidad puede concluir que en el sector público en todos los niveles se usan casi tres personas para hacer el trabajo de una. De ahí que antes de tocar salarios, el gobierno debiera cerrar la llave de prestaciones sociales, dotar a los funcionarios solo de salario y despedir cuando menos a la mitad de la burocracia reorganizando el papelerío inútil.

12.- En el fondo, la ley de remuneraciones es un acto de resentimiento social de la nueva élite gobernante y no un acto de racionalidad del gasto. Afectar el salario lleva a castigar el ingreso de los trabajadores de niveles medios y altos y a pauperizar la calidad del producto gubernamental, porque se pagarían salarios no en función del producto final --el servicio a la sociedad--, sino solo por castigo a la burocracia. Un abogado del Estado, por ejemplo, tendría que decidir con un tercio del salario actual. La relación capacitación/salario reduciría la calidad del trabajo final y sería la garantía de corrupción.

13.- La determinación de salarios por ley rompe la dinámica del proceso económico de mercado y acerca a la economía laboral a un socialismo primario.

15.- Colocar el salario irreal del Presidente como referencia es sencillamente un populismo de economía ficción.

Política para dummies: La política consiste en aprovechar el impulso de las leyes sociales, no imponer las propias.


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07 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO-Proceso: Restauración del autoritarismo con prensa crítica
La presencia de Julio Scherer Ibarra en la consejería jurídica de la presidencia de la república de López Obrador le dio otro tono a la confrontación por la portada de la revista Proceso esta semana: El hijo del fundador del semanario es miembro del consejo de administración y posee la parte más importante de las acciones de la revista.

Por tanto, los enojos del presidente electo y de su esposa debieron dirigirse a Scherer Ibarra, quien hasta ahora se encuentra metido en un conflicto de intereses: Proceso es la revista semanal más importante y su tarea ya fue fijada como de denuncia de abusos del poder de Morena, como antes los hizo contra los abusos del PRI.

La fricción López Obrador-Proceso sacó chispas en el medio periodístico porque nunca un presidente electo a punto de tomar posesión constitucional del cargo había confrontado la línea editorial de crítica de una publicación. Proceso no es una revista de oposición ni sirve a algún grupo político priísta, salvo al priísmo en el que militó Scherer Ibarra cuando trabajó como secretario particular del presidente nacional del PRI Gustavo Carvajal Moreno en tiempos de López Portillo.

Este dato es importante: Proceso encaró severas denuncias contra López Portillo como presidente mientras Scherer Ibarra estaba en el PRI, al grado de que de Los Pinos ordenaron dos suspensiones arbitrarias de publicidad: En 1981 por un documento de Pemex que hizo la Secretaría de Programación de Miguel de la Madrid enfrentándolo con Jorge Díaz Serrano, los dos en la lista de precandidatos presidenciales. Y en 1982 López Portillo dijo su frase más celebre para justificar el corte de publicidad: “No pago publicidad para que me peguen”, con el dato institucional de que el presidente de la república no es el dueño de los recursos presupuestales del gobierno y por tanto está impedido por las prácticas democráticas a usar esos dineros para su propia popularidad.

Lo interesante fue que Proceso nunca funcionó como una revista de oposición ni ha buscado alcanzar al poder, salvo por la carrera burocrática de Scherer Ibarra en el sistema de gobierno sin involucrar a Proceso. El propio Julio Scherer García contó en su libro Los Presidentes cómo el entonces director de Excélsior era considerado una pieza política en los hilos del poder institucional: Echeverría le adelantó a Scherer el nombre de López Portillo como su sucesor y le pidió que Excélsior hablara bien del precandidato para preparar el ambiente.

La historia de Scherer García y Excélsior es más compleja que la que afirmó Carlos Fuentes --“el Francisco Zarco del siglo XX”--, porque el escritor tenía el cargo de conciencia de haber trabajado con Echeverría como embajador en julio de 1976. Pero en su defensa, la historia del “golpe” a Excélsior ha dejado de ser sentimental porque formó parte de reacomodos institucionales en la sucesión presidencial de 1976 y porque Scherer perdió el control de la cooperativa.

Datos fundamentales para posicionar el mito de Excélsior están en la investigación de Arno Burkholder: La red de los espejos. Una historia de Excelsior 1916-1976, editado por el Fondo de Cultura Económica en 2016. En este escenario de la historia política sistémica de Excélsior, el papel de Scherer García como pieza crítica del sistema priísta, el priísmo de Scherer Ibarra y ahora su posición prácticamente como brazo derecho del presidente electo ilustran las reacciones de López Obrador y de su esposa contra una portada.

Lo que queda fue la reacción directa del presidente electo en un video mensaje. El derecho de réplica tiene sus reglas legales. Sin embargo, el tono amenazante de López Obrador adelantando que va a responder a los medios anuncia tiempos de confrontación por el efecto inhibidor de la libertad de crítica. Solo en los tiempos autoritarios de Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo contra medios críticos --no opositores-- se escuchó el tono usado por el presidente electo en su mensaje.

Como todo populismo, el de López Obrador está pagando su cuota de reorganización del papel de los grupos de poder del régimen priísta: Militares, empresarios, los EU, burocracia del poder, poder judicial y ahora la prensa. Y en el fondo la intención de López Obrador es la fijar la nueva jerarquía política del mismo sistema presidencialista con intenciones de colocar a Morena como el partido-sistema de la misma estructura piramidal del poder que tenía el PRI.

Como López Obrador no representa una alternativa ideológica ni de nuevo grupo radical, sino que es sólo un relevo en la élite gobernante priísta y como Morena está armado con piezas desgastadas del viejo régimen priísta, López Obrador está usando su presidencia electa para fijar de manera autoritaria la nueva jerarquización del poder.

Los cuestionamientos de López Obrador a Proceso buscan restaurar el presidencialismo autoritario sobre la prensa para regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo.

Política para dummies: La política es el entendimiento de la realidad, no el enojo de los sentimientos.

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@carlosramirezh
06 Noviembre 2018 04:00:00
Por qué Trump va ganando y ni quien se acuerde de Hillary
Si los estadounidenses liberales quieren identificar a los responsables del éxito político y de gobierno de Donald Trump y sus posibilidades para mantener el control republicano del legislativo, no deben ir muy lejos por las respuestas: Barack Obama, Hillary Clinton, el Partido Demócrata y el establishment liberal.

El problema con los liberales estadounidenses radica en que no se escuchan más que a sí mismos. A diferencia de los políticos que gobernaban para los empresarios, Trump es un empresario que gobierna para la gente que detesta la estructura de poder; y descubrió que la gente --el votante-- en realidad habla de derechos cuando quiere justificar el deterioro del bienestar; por eso Trump se dedicó a restaurar el bienestar y se olvidó de los derechos civiles, raciales, humanos.

El fenómeno Trump reveló --no se sabe si era su intención o si lo descubrió en el camino y lo potenció-- que los políticos le apuestan a que a la gente le vaya mal para fijar su propio necesariato y que son rehenes de su propia retórica. El modelo Obama de que los EE. UU. son necesarios y que hay que compartir la decadencia fue cambiado por Trump: Primero los americanos, porque si les va bien a ellos les tendría que ir bien a los aliados.

El debate intelectual en los EE. UU. sigue dominado por los liberales del establishment del poder. Por eso análisis heterodoxos son desdeñados. En su reciente libro El coraje de la desesperanza. Crónicas del año en que actuamos peligrosamente, el filósofo esloveno Slajov Žižek --en esa curiosa mezcla de conservador neocomunista-- logra darle una lectura dialéctica a Trump y su victoria en noviembre de 2016 para señalar que el gran triunfo político del empresario fue en la cultura del estadounidense.

Las elecciones legislativas de hoy martes 6 de noviembre que van a definir las mayorías en las dos cámaras han desorientado a los analistas porque siguen haciéndose en torno a los enfoques liberales del grupo de poder dominante demócrata y no a los nuevos parámetros culturales de la sociedad que ha logrado reorganizar Trump. En este sentido y por la jefatura política de Trump de los candidatos republicanos, la derrota demócrata podría estar cantada. Y en el supuesto caso de lograr la mayoría liberal, no indicaría que Trump pudiera perder su reelección en el 2020.

De acuerdo con Žižek, el único con capacidad para hacerle oposición real a Trump es el socialista Bernie Sanders porque su propuesta se basa en una reorganización del liberalismo en torno a propuestas contra el establishment empresarial, bancario y militar que representa Hillary Clinton. Por eso la mejor garantía de la reelección de Trump estaría en la candidatura presidencial de Hillary en el 2024.

Los grupos de poder fracasaron en la candidatura de Obama en 2008 y 2012 porque lo nominaron para atender a los sectores marginados atraídos por su condición de minoría racial, pero Obama dedicó sus ocho años de gobierno a salvar al capitalismo corporativo. En cambio, Trump por sí mismo se perfiló como el salvador del capitalismo para beneficio de las clases no propietarias, paradójicamente los estadounidenses de condado, la mayoría silenciosa productiva contra el Estado y la estructura de poder que había sido descubierta por Nixon.

Los demócratas equivocaron el camino, escribió Žižek en los días de la campaña del 2016, porque le apostaron al fracaso de Trump; ¿y si su proyecto acaba funcionando?, se preguntó. En las elecciones legislativas de hoy martes se sabrá si los electores votan por el establishment o por los resultados. Al final, la agenda anti bienestar de Trump --contra el cambio climático, por ejemplo-- se convirtió en la agenda por el crecimiento económico, el empleo y el bienestar.

La lógica de los liberales demócratas --Clinton y Obama-- y sus aliados conservadores --los Bush-- se basó en la responsabilidad mundial de los EE. UU., en tanto que la de Trump se sostuvo con el argumento de que primero los estadounidenses. Por eso Trump está ganando la batalla del muro migratorio y las deportaciones. La agenda liberal de los derechos en los sesenta --Kennedy y Johnson-- se alcanzó a costa de sacrificar bienestar mayoritario. A los seguidores de Trump no les preocupa el aborto, sino que quieren que las clínicas anti aborto no reciban dinero fiscal.

Los demócratas no entendieron la lógica social de las elecciones del 2016. La explicó Sanders: “No basta con decir: Soy una mujer, vótenme. Lo que necesitamos es una mujer que tenga agallas de plantarle cara a Wall Street, a las compañías de seguros, a las empresas farmacéuticas, a la industria de los combustibles fósiles”. Ahí falló Obama: No fue suficiente que un afroamericano gobernara, sino que lo hizo a favor de los poderes económicos.

Los ciudadanos votaron, dice Žižek, por el desastre (Trump) y no por la supervivencia (Hillary). Y van ganando.

Política para dummies: You are fired! (¡Están despedidos!)


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