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Ricardo Raphael
Ricardo Raphael
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Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional. Representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación. Actualmente es profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Conductor del Espiral, programa de análisis político dominical del Canal 11. Analista Político cotidiano del Noticiero Enfoque de Núcleo Radio Mil. Analista semanal del noticiero nocturno de Proyecto 40. Co-conductor del programa Claves, también de Proyecto 40. Integrante de la mesa editorial de la Revista Nexos. Miembro del Consejo Consultivo de Conapo. Cuenta con diversas publicaciones en temas relativos a: La transición democrática. La función pública. El sistema de partidos. Los derechos. La ciudadanía.

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13 Diciembre 2018 04:04:00
La reforma Moctezuma
De todo cuanto propusieron ayer en materia educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario Esteban Moctezuma, hay dos puntos que merecen toda la potencia de la lupa: el Servicio de Carrera Profesional del magisterio y el Instituto de Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.

Ambas piezas son el núcleo atómico de la nueva iniciativa y claramente responden a un diagnóstico muy distinto del que se tenía en 2013.

La principal diferencia entre una y otra iniciativa es el papel otorgado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y sus distintas corrientes.

Ayer el presidente López Obrador insistió con que fue un error haber impulsado la reforma dejando fuera a los líderes del magisterio, y con ellos a la base magisterial. También subrayó que la política de evaluación lastimó la dignidad de los docentes.

En contraste, hace casi seis años el tema partió de un puerto muy alejado: se repudió el control excesivo que tenían el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en concreto su líder, Elba Esther Gordillo, sobre la política de educación básica.

En 2013, el ingreso de un docente al sistema educativo, la obtención de una plaza, o el ascenso en la carrera, eran asuntos donde sólo pesaban los argumentos político-sindicales.

A los maestros no les convenía este sistema porque ellos no eran dueños de su materia de trabajo –la docencia–, y porque se imponían sobre su desarrollo profesional criterios distintos a su desempeño dentro del aula.

La única manera de liberar a los profesores de esta arbitrariedad fue que el Estado mexicano recuperara el control sobre la política educativa. Entonces se instruyó, desde la Constitución, para que las plazas de los docentes fueran administradas con criterios objetivos basados en la evaluación y otros elementos relativos al mérito.

La instancia para desarrollar esos criterios objetivos, o lineamientos, fue el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE). Además de entregársele autonomía técnica y de gestión a este organismo se le otorgó autonomía política, justo para evitar que en sus tareas intervinieran presiones sindicales o político partidistas.

En 2018 la iniciativa del presidente López Obrador ha puesto el énfasis en el otro extremo: quiere una colaboración estrecha con los líderes sindicales.

Tal cosa no ha significado históricamente en México que el Gobierno esté próximo a los maestros: porque jamás ha habido democracia en el SNTE, cúpula magisterial y magisterio son dos platos que se cocinan por separado.

La iniciativa firmada ayer advierte sobre la cancelación del INEE y, en su lugar, por la puesta en marcha de un Instituto encargado de revalorizar maestros y mejorar la educación.

Si bien el secretario de Educación dijo que las facultades de esta instancia se verían ampliadas con esta contrarreforma, diera la impresión de que al nuevo organismo se le pretende arrancar la autonomía técnica y también la política.

Se anuncia que el nuevo Instituto estará gobernado por un amplio consejo donde, además de maestros, estarán presentes los líderes del sindicato. No se ve posible que ese instituto pueda gestionar evaluaciones técnicas solventes si la cabeza del organismo priorizará argumentos sindicales.

Trágicamente se trata de una batalla ganada, después de muchos años, a favor del liderazgo magisterial, al que nunca le gustó verse evaluado por una instancia especializada, que ofreciera datos objetivos y basados en evidencia científica.

El nuevo Instituto podría fácilmente caer en las garras del clientelismo magisterial y por tanto no revalorizaría a los maestros, ni aportaría a la mejora de la
educación.

Por el otro lado, se propone un servicio profesional de carrera magisterial. La idea es potente porque, siendo sinceros, la reforma de 2013 despreció el tema centrándose solamente en los exámenes de ingreso y las evaluaciones.

Sin embargo, ¿cómo es posible echar a andar un servicio como este si las evaluaciones no tienen consecuencias? Los integrantes del Servicio Exterior Mexicano presentan exámenes para ingresar y ascender, lo mismo que los militares o los funcionarios del Banco de México.

Un servicio civil que prescinda de exámenes de ingreso es pura simulación. Lo mismo puede decirse del ascenso: ¿cómo promover a los maestros sin evaluaciones?

Lo peor sería regresar al pasado, donde la lealtad a la cúpula sindical era la única prueba exigida a los maestros. Sería un grave retroceso que los líderes de sección recuperasen la facultad para vender, heredar o regalar plazas, o los ascensos dentro del escalafón.

ZOOM: La realidad de esta reforma se verá en la letra pequeña de las leyes secundarias. Cabe mientras tanto insistir, con López Obrador, que el derecho de los niños a una educación de calidad es el bien máximo y superior del sistema educativo. La revalorización de los maestros es un noble deseo, siempre y cuando se subordine en cualquier circunstancia a este principio fundamental.





06 Diciembre 2018 04:04:00
Trabajo del hogar: sentencia histórica
¿Por qué su régimen de trabajo puede ser de 12 horas diarias? ¿Por qué no cuentan con vacaciones pagadas, con jubilación o con atención médica obligatoria? ¿Por qué no tienen derecho a cotizar en el Infonavit?

El trabajo en el hogar es uno de los más discriminados en México y esta exclusión se halla inscrita en las leyes: tenemos normalizado lo anormal.

Normal es que quienes lo desempeñan laboren a horas y deshoras, normal es que la habitación más miserable de la casa sea para ellas, normal es que los salarios sean pequeños, normal también es que sean menores de edad, o es que no puedan ver a sus hijos más que los domingos, cada 15 días.

Ayer la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia dio un primer paso para señalar como discriminatorio el pesado estigma que en México pesa sobre el trabajo en el hogar: declaró como inconstitucional la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que margina derechos de un extenso sector de la población.

Todavía hoy la ley impide que una persona dedicada a esa labor cuente con jubilación en el IMSS y, para inscribirse como beneficiaria del servicio médico, la trabajadora tiene que acudir al llamado Seguro Voluntario, que no sólo es más oneroso, sino también muy difícil de conseguir.

Pues por resolución de la Corte, esa anormalidad está a punto de cambiar. Dicen los ministros, que votaron por unanimidad, que no hay razonamiento objetivo por el cual las empleadas domésticas se hallen excluidas del régimen obligatorio del IMSS, que es el de la mayoría de los trabajadores en México.

Añade también que la ley conlleva a una asimetría jurídica, la cual afecta desproporcionadamente a este grupo social compuesto por más de 2 millones de personas, en su gran mayoría mujeres.

Esta resolución es histórica porque, con sus razonamientos, la Corte califica como discriminatorio –desde el punto de vista laboral– el contexto en el que se desarrolla el trabajo en el hogar.

Después de esta sentencia será difícil volver a escuchar que la relación entre trabajadoras y empleadores es de orden preponderantemente íntimo o privado. Frases manidas como aquella de “es como de la familia”, pasarán al cajón de la abuelita: las empleadas del hogar son trabajadoras que de-sempeñan una labor remunerada, de igual manera a la que millones de otros trabajadores lo hacen.

Que sea en el hogar no lo hace un trabajo menor, irrelevante o menospreciable. Tampoco otorga al patrón poderes extraordinarios sobre la trabajadora, ni le autoriza a tratarla con condescendencia.

Esta sentencia de la Corte rompe con una larga tradición que dejó en manos de los empleadores, y no de la ley, la suerte de sus trabajadoras. El régimen laboral donde se les ha tenido ubicadas presuponía que las cuestiones relativas a este puesto de trabajo, por ocurrir en el ámbito de lo privado –en el hogar– debía resolverse a puertas cerradas.

Por tanto, la salud, las medicinas, las prestaciones, los horarios, la alimentación, la habitación o el vestido han estado regidas por la buena (o mala) voluntad de los empleadores –por la dádiva graciosa– sin réplica ni lugar para el desacuerdo por parte de las trabajadoras.

No ha sido obligación de los patrones ofrecer condiciones justas. El uso y costumbre hasta hoy se rige por la sentencia de “lo tomas o lo dejas”, y también por el reclamo para aquella trabajadora que decide buscar mejor suerte en otro hogar.

Sería demasiado decir que con esta sentencia de la Corte todo cambiará para las trabajadoras. Sin embargo, se trata de un avance importantísimo hacia la dirección correcta: por ninguna razón las leyes deben discriminar entre puestos de trabajo.

ZOOM: Las empleadas del hogar, los jornaleros agrícolas y los trabajadores de la construcción –que en total suman más de 6 millones de personas– experimentan hoy en nuestro país condiciones susceptibles de explotación y están desprovistos de protección social. Lo peor es que las leyes y las autoridades mexicanas han sido cómplices de esta realidad. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia es histórica porque podría cambiar esta realidad.
29 Noviembre 2018 03:02:00
‘¡Se las metimos doblada!’
“Sea como sea, se las metimos doblada, camarada”. Esta no es una frase del detective Héctor Belascoarán Shayne, sino del escritor que creó al personaje, Paco Ignacio Taibo II, futuro director del Fondo de Cultura Económica (FCE).

“Si algo conquistamos este primero de julio es el derecho de llamar a las cosas por su nombre: (a) los ladrones, ladrones, (a) los traidores, traidores, (a) los enmascarados, enmascarados y (a) los culeros, culeros”.

A decir verdad, confunde Taibo II el tono justiciero con el tono pendenciero, y también ser escritor libérrimo con ser funcionario del Estado mexicano.

Son estas frases las que enervan, no sólo a los ladrones, a los traidores, a los enmascarados o a los culeros, sino también a los pobres mortales sensibles ante la amenaza prepotente del camarada todo poderoso.

Entre algunos seguidores de Andrés Manuel López Obrador que han recibido la responsabilidad de gobernar hay ira y hay ánimo de venganza. No han tomado nota de que nuestro principal problema es la violencia y tampoco que la propuesta de su jefe es pacificar México.

Taibo II suele arremeter contra quienes no comparten su visión o su ideología: por ejemplo, el futuro jefe de la oficina presidencial, Alfonso Romo, guarda todavía el moretón de la vez que lo llamó derecha infiltrada –enmascarado– dentro de Morena.

Pero esta vez se pasó de la raya: recetar frases propias del más bajo lenguaje homófobo en un país donde los crímenes por homofobia son un asunto grave, merece reclamo y exhibición pública.

Una cosa es llamar a las cosas por su nombre y otra muy distinta es llamar desde el poder al menosprecio y anulación de los diferentes. Bien haría el futuro director del FCE en guardar su miembro dentro de la bragueta, mientras toma decisiones a nombre del Gobierno de la República.

Taibo II no es el único funcionario o representante morenista que está enrareciendo el paisaje. Justo cuando debería estar preparándose la fiesta del próximo 1 de diciembre –porque la inmensa mayoría votó para cambiar pacíficamente de régimen– la actitud reñidora tiene infectados a varios integrantes de la futura élite política.

Esta semana también destacan como ejemplo los diputados del Partido del Trabajo que, sin coordinarse con el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, propusieron cambiar el régimen de pensiones, provocando en un solo día una caída arriba del 4% en la Bolsa Mexicana.

Lo mismo sucedió en el Senado cuando semanas atrás –también de manera insuficientemente analizada– Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reducir de tajo las comisiones bancarias.

Son estos actos de impericia política, sembrados en un momento de intensa sensibilidad, los que están lastimando la transición, no tanto por la injusticia de las propuestas, sino por la improvisación arrogante con que pretenden implementarse.


En cualquier caso, los exabruptos en boca de político gobernante son un problema porque exacerban la desconfianza.

ZOOM: a partir del 1 de diciembre los integrantes del Gabinete, legal y ampliado, así como los representantes electos bajo las siglas de Morena, habrán de decidir si prefieren ganar en el terreno de la fatuidad o bien en el del respeto. Porque las cosas no se vienen nada fácil, a todos nos convendría que quisieran ser admirados por su prudencia y no por su incontinente lubricidad.
26 Noviembre 2018 04:00:00
Sin oposición no hay democracia
El régimen de la Revolución no fue democrático porque un solo partido se empeñó en hegemonizar (y demonizar) la disidencia. ¿Será que vayamos los mexicanos a cometer el mismo error dos veces?

En 1929 se fundó una colación muy amplia de fuerzas políticas que, bajo la forma de un partido, sirvió para concentrar poder excesivo en una sola persona: el presidente de la República.

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) y sus reencarnaciones –el Partido Mexicano de la Revolución (PMR) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)– fue poco tolerante con las voces de oposición que se manifestaron fuera de sus filas.

Por eso en México, a partir de los años ochenta del siglo pasado, la lucha a favor de la democracia se centró en abrir los cauces para la pluralidad partidaria.

Si hubiésemos contado antes con distintas vías para disputar y acceder al poder, la historia política del siglo 20 mexicano habría sido muy distinta: los excesos de corrupción habrían sido denunciados y combatidos a tiempo, los abusos violentos de la autoridad no habrían tenido el alcance que hoy conocemos, la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas habría enfrentado contrapeso y, sobre todas las cosas, el México excluido habría hallado mecanismos para defenderse y trascender el yugo de la todo poderosa élite económica.

Hoy no es moral ni políticamente aceptable darle la espalda a este aprendizaje; por eso resulta tan inquietante que el próximo primero de diciembre la llamada Cuarta Transformación debute en un escenario vacío de oposiciones partidarias.

Ni el PRD, ni el PRI, ni el PAN, ni MC son capaces de hacer contrapeso a Morena porque cada una de estas fuerzas políticas cargan en su vientre con una potente bomba de tiempo que, antes de lo que sus dirigentes quisieran, estallará con estrépito.

El PRD, más que un partido es hoy un registro y si la pendiente no se hace menos escarpada, en los próximos comicios federales visitará la fosa común donde yacen otros muchos registros.

El PRI se volvió una casa demasiado pequeña para ofrecer techo a las ambiciones de sus muchos dirigentes. Hasta ahora ha sido posible administrar la debacle porque Enrique Peña Nieto no ha entregado aún la banda presidencial. Pero, después del sábado próximo, comenzará una disputa feroz por los fueros que proporciona ese otro registro. Tan grave se asoma esa pugna que no habrá energía para intentar la reencarnación tricolor.

Dentro del PAN las cosas no pintan mejor. Si bien es cierto que esta fuerza política llegó en segundo lugar durante la contienda pasada, también lo es que los desgarres y fracturas hirieron de muerte a la organización: este partido también se volvió esencialmente corrupto.

En cuanto a Movimiento Ciudadano, el dilema es uno: ¿se convertirá en la plataforma de un solo hombre (Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco) o será el punto de partida para una amplia oposición, respetada y respetable, dentro del nuevo régimen que está surgiendo? Si pasa lo primero, habrá poco que esperar de MC.

ZOOM

La democracia mexicana tiene tanta necesidad de contar con un gobierno democrático como con una oposición que también sea democrática. Si de los restos partidarios no emerge esa oposición, sólo quedará inventarla desde cero.
22 Noviembre 2018 04:00:00
Democracia en el SNTE: ¿ingenuidad?
El mensaje que hizo público ayer Elba Esther Gordillo Morales confirma la existencia de un pacto político entre el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la líder magisterial.

Sin embargo, al mismo tiempo advierte que este pacto no incluye la reinstalación de Gordillo como presidenta vitalicia del sindicato de maestros, sino la disposición de ambas partes para que el SNTE experimente, por primera vez en su historia, procedimientos democráticos para la selección de sus dirigentes.

La profesora, y también vocera presidencial, expresó sin ambigüedad que los nuevos liderazgos en el gremio debían surgir “del voto libre, incluyente, secreto y universal de todos y cada uno de los trabajadores de la educación”.

También declaró que nadie debería quedar excluido del siguiente capítulo en la vida del SNTE, y que la fuerza en esa organización dependía de su pluralidad.

Ambos mensajes merecen ponderarse con la lupa en la mano: democracia sindical y pluralidad son dos virtudes que el SNTE ha manejado mal a lo largo de su existencia.

No debe haber ingenuidad a la hora de descifrar el mensaje. Este sindicato no ha sido nunca, en estricto sentido, un sindicato. Desde los años 40 del siglo pasado el SNTE fue creado como un brazo del Estado mexicano para controlar a la inmensa base de maestros que imparten clases en las escuelas públicas de la educación básica.

Antes de representar los intereses de sus agremiados, ha prevalecido el mandato de sometimiento y disciplina política. Por ello la pluralidad ha sido tan amplia como la subordinación sea respetada: si una corriente se opuso al designio del presidente en turno, gobierno y sindicato se encargaron siempre de aplastarla.

Fue el caso de Otón Salazar en los años 50, lo mismo que sucedió con Carlos Jonguitud en los 90 o con Elba Esther Gordillo en 2013.

La tentación ahora es grande para repetir la misma receta. Dado que Juan Díaz de la Torre no es el hombre de moda dentro de la Cuarta Transformación, lo obvio es esperar a que este liderazgo sea también defenestrado por el Gobierno que está a punto de tomar posesión.

Pero Elba Esther Gordillo ayer propuso, muy probablemente a nombre del futuro presidente, recorrer un camino distinto: sustituir el liderazgo actual de Juan Díaz –a quien acusó de haber traicionado los intereses magisteriales– no con una nueva imposición, sino con un mecanismo de representación legítima derivado de las urnas.

Si tal cosa fuera sincera, la iniciativa transformaría para siempre la relación entre el Estado mexicano y el magisterio.

Es decir, que a partir de este ejercicio democrático el Gobierno en turno habría de renunciar a la manipulación política y electorera de los maestros y, en revancha, los docentes tendrían, para representarles, auténticos líderes surgidos por la voluntad de sus bases.

Esto significaría también que, a diferencia de otras épocas, la pluralidad no tendría por qué limitarse a partir de criterios relativos a la lealtad. Las expresiones progobierno y también las antigobierno, las facciones regionales, los partidarios ideológicos, las manifestaciones generacionales, los intereses específicos y una miríada amplia de elementos deberían poder contar con un asiento en los órganos de dirigencia, tanto local como nacional, del sindicato.

Suena demasiado bueno para ser cierto y sin embargo, este es el escenario que podría convenir mejor a todas las partes: si Elba Esther y los suyos quieren regresar por sus fueros, si Juan Díaz y sus seguidores no quieren perder su respectivo pedazo de pastel, si la Coordinadora en Oaxaca, Michoacán o Chiapas quiere influir en la política sindical, si los liderazgos seccionales buscan sobrevivir, si las fuerzas magisteriales de oposición quieren jugar, es la democracia sindical en el SNTE la única ruta posible de convivencia.

Zoom

La democracia sindical sería una experiencia ajena para el SNTE, que jamás ha sido un verdadero sindicato. Si se rompe la política de sometimiento a los docentes, la educación en México podría ver realmente un futuro mejor.

19 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO ganará más de lo que se dice
La brecha entre el sueldo percibido por el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, y sus colaboradores más cercanos se mantendrá grande porque el primero contará con apoyos que el resto de los funcionarios federales, incluyendo a los secretarios de Estado, no tienen.

La nueva ley federal de remuneraciones de los servidores públicos dice que ningún funcionario deberá percibir un salario superior a lo establecido para el Presidente de la República.

Tal remuneración será de 108 mil pesos mensuales, es decir un 40% abajo del sueldo otorgado al presidente saliente, Enrique Peña Nieto, quien cobrará este mes sus últimos cheques por un monto de 250 mil pesos.

Sufrirá también una reducción importante el ingreso de los secretarios de Estado, que en promedio rondaba los 140 mil pesos por mes: según ha trascendido la disminución será de un 23%. En total son más de 35 mil funcionarios los que verán angostado su ingreso.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre las prestaciones del Presidente y las que tendrá el resto de los integrantes del gabinete.

Según el artículo cuarto de la ley referida, no se consideran parte de la remuneración los apoyos y gastos relativos al desarrollo del trabajo, así como los recursos públicos invertidos en actividades oficiales.

Esto quiere decir que no son considerados como parte del ingreso presidencial, por ejemplo, el lugar donde se alojará el próximo mandatario, ni la ropa, ni el pago de luz, gas, agua o predial, tampoco los vehículos en los que se transportará el presidente y su familia, ni los alimentos, ni el sueldo del personal que atenderá la residencia oficial.

Estas prestaciones, que hasta ahora han sido consideradas esenciales para el desarrollo de las actividades de los presidentes mexicanos, no son otorgadas al resto de los funcionarios del gobierno.

No existe director general, subsecretario o secretario que cuente con una casa cuya renta se cubra con recursos de los contribuyentes. Tampoco el erario paga a estos funcionarios gastos relacionados con su vestimenta de trabajo, con la luz o con los alimentos que cotidianamente consumen sus familiares.

La principal diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y el resto de su gabinete radica en que el próximo presidente podrá ahorrar prácticamente íntegro su salario, mientras que sus secretarios y demás colaboradores habrán de vivir con el ingreso asignado.

Es normal que el jefe del Ejecutivo gane más que el resto, y sin embargo hay una asimetría evidente que la nueva ley de percepciones no reconoció: no es lo mismo ganar 108 mil pesos mensuales y guardarlos intocados en el banco, que cubrir –con ese mismo ingreso– alojamiento, vestido, comida y sustento, para sí y su familia.

Se cometió una injusticia en la nueva iniciativa de ley relativa a las percepciones de los funcionarios federales. Si bien es correcta la idea de que nadie deba ganar más que el presidente –y también lo es que el salario del jefe del Estado mexicano debe responder a los principios de la justa medianía republicana– el parámetro del sueldo máximo para el resto de los funcionarios debería tasarse a partir del ingreso real del presidente, en el cual se incluyen una serie de apoyos extraordinarios relativos al desarrollo de sus funciones.

Probablemente si se suman las prestaciones que López Obrador tendrá por los conceptos arriba citados, su ingreso real rondaría entre los 150 y los 180 mil pesos, cifras distantes de las que se han publicitado.

ZOOM

Ante los excesos previos de la función pública resulta saludable que la nueva ley de percepciones ajuste a la baja los salarios. Sin embargo, al hacerlo no deberían cometerse injusticias contra el resto de la administración pública. El sueldo real de AMLO será mayor del que se ha anunciado y es con respecto a ese ingreso que debería fijarse el tope de los salarios en el Gobierno federal.


15 Noviembre 2018 04:00:00
Calderón y Peña: ¿socios de ‘El Chapo’?
Antes que narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán es un formidable maestro de la propaganda. Por eso ocupa un lugar tan destacado en el almanaque de la historia criminal, porque posee un instinto hollywoodense para crecer su personaje en proporciones que ya son míticas.

El hombre de la doble fuga, el protagonista de la serie latinoamericana de Netflix con mayor audiencia, el narco entrevistado por Sean Penn, el amante viejo de la joven señora Coronel, el amigo de Kate del Castillo, el más poderoso, el más sanguinario, el más generoso, el que solía estar en todas partes, el enemigo peligrosísimo.

Fiel a sí mismo y a su talento para producir una fuerte impresión entre sus espectadores, Guzmán Loera volvió escandalosa la primera jornada del largo juicio que acaba de comenzar en Nueva York.

De tal dimensión fueron los fuegos de artificio que el juez decidió regañar al abogado defensor por su demagogia y la falta de pruebas que sustentaran sus dichos.

Bastó con que el defensor Jeffrey Lichtman señalara como beneficiarios del cártel de Sinaloa a dos presidentes mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, para que el ambiente se volviera explosivo.

El juez Brian Cogan reconvino al abogado recordándole que está prohibido mentir en su tribunal. Es decir que esas graves afirmaciones sólo serían toleradas en caso de que hubiera evidencia contundente para respaldarlas.

Si “El Chapo” Guzmán cuenta con pruebas incontrovertibles sobre tan tremendo acto de corrupción, el juez debería permitir que se presenten y desahoguen; en sentido inverso, si todo son habladurías y marrullería, los nombres de Peña y Calderón sólo habrían servido para ampliar la atención sobre este juicio.

Por lo pronto “El Chapo” y sus abogados inocularon la mente del jurado, y también los oídos de la opinión pública, con el argumento de que este mítico criminal no es, en realidad, la cabeza de su organización, sino el engranaje medio de una maquinaria mucho más grande, que le trasciende y supera.

Con este mismo propósito el abogado Lichtman señaló a Ismael “El Mayo” Zambada, y su familia, como los verdaderos gerentes de la empresa criminal.

Desde el punto de vista jurídico, fue genial haber comenzado el proceso penal con este discurso: “El Chapo” está acusado de ser el principal responsable de ingresar a Estados Unidos toda la cocaína, mariguana y heroína que el cártel de Sinaloa ha traficado durante los últimos 20 años.

Se le responsabiliza personalmente de haber introducido 155 mil kilogramos de cocaína (138 millones de rayas de polvo).

Ahora bien, si “El Chapo” no fue la cabeza de la empresa, sino sólo un tornillo de la maquinaria, la acusación principal en su contra podría caerse y por tanto la condena sería muy distinta a la demandada por el fiscal.

La narrativa, según Lichtman, es como sigue: el narcotráfico en México tiene fuero otorgado desde la Presidencia de México y por tanto es injusto otorgarle tanta importancia y culpa a un peón menor de la partida.

Para echar a andar esta fábula jurídica, y también mediática, es que el martes fueron mencionados Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el parlamento del abogado defensor.

Fue un acto de propaganda típico de ese prestidigitador que siempre ha sido “El Chapo” Guzmán.

ZOOM: ‘Ora que, para que el río suene es que algo de agua debe llevar: ¿qué evidencia en manos de Guzmán Loera será mostrada en este juicio? ¿A qué políticos encumbrados terminará embarrando? La pirotecnia apenas comienza, así que mejor será preparase para los próximos sobresaltos.
08 Noviembre 2018 04:00:00
El juicio histórico
Un desfile espectacular de autos, patrullas y ambulancias recorre el puente de East River cada vez que Joaquín “El Chapo” Guzmán viaja de Brooklyn a Manhattan para visitar el tribunal donde será juzgado.

Está a punto de comenzar uno de los procesos penales más costosos en la historia de Estados Unidos. Se habla de un presupuesto millonario.

La demanda en contra de este narcotraficante contiene más de 300 mil páginas. La Fiscalía de Nueva York presentará como elementos de prueba alrededor de 117 mil grabaciones y llamará a declarar a varios cientos de testigos, en su mayoría protegidos.

No hay otro narcotraficante que haya enfrentado un proceso así de monumental. Joaquín Guzmán está acusado de ser el líder de la organización criminal más grande del orbe, dedicada al narcotráfico.

Se le señala como responsable de haber introducido ilegalmente a Estados Unidos unos 155 mil kilogramos de cocaína, así como varios miles de toneladas de mariguana y heroína, todo por un valor aproximado de 14 mil millones de dólares.

La fiscalía de Nueva York intenta también vincularlo, de manera directa, con 33 homicidios.

Frente a estas acusaciones “El Chapo” Guzmán se declaró inocente y su abogado reclama que el asunto se haya convertido en un show.

Cuatro meses, por lo menos, tomará este proceso que no tiene que ver con un sólo individuo, ya que en su desarrollo se exhibirán claves desconocidas de la historia criminal de México.

“El Chapo” Guzmán fue actor estelar de la guerra por las drogas que comenzó en nuestro país, en 2001, a partir de su fuga del penal de Puente Grande: una guerra que ha provocado más de 200 mil asesinatos y aproximadamente 60 mil desapariciones.

Durante las audiencias y los interrogatorios, durante el desahogo de pruebas y las deliberaciones vamos a enterarnos de información sorprendente.

Ya antes los juicios contra otros narcotraficantes mexicanos, celebrados en tribunales estadunidenses, han sido la mejor fuente para comprender el fenómeno criminal que sucede en nuestro país.

Los procesos, por ejemplo, contra los hermanos Treviño (José, Omar y Miguel) arrojaron el material más puro para analizar la violencia de los Zetas, lo mismo que los juicios, en Texas, relacionados con Osiel Cárdenas Guillén o con las masacres de Piedras Negras y Monclova.

Fue ahí donde nos enteramos del nombre de los gobernadores mexicanos comprados por ese grupo criminal, también sobre las campañas electorales financiadas con el dinero del narco o sobre las corporaciones del Estado que se dejaron corromper.

Siendo Joaquín Guzmán Loera el narcotraficante más notorio de su época, es obvio suponer que la cloaca volverá a desbordarse y, en esta ocasión, su lodo alcanzará a quienes antes se creyeron
intocables.

Habrá que estar atentos a los interrogatorios cuando el fiscal pregunte, por ejemplo: ¿qué autoridades ayudaron al “Chapo” a escapar de Puente Grande, en 2001, o de Almoloya, en 2015? ¿Cómo fue que su hijo, Iván Archivaldo Guzmán, fue liberado por un juez en 2008? ¿Por qué los adversarios del “Chapo” dijeron que este narcotraficante tuvo protección del Gobierno federal? ¿Cómo hizo el cártel de Sinaloa, durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, para penetrar los órganos del Estado responsables de perseguirlo? ¿Es cierto, como en su día acusó Arturo Beltrán Leyva, que “El Chapo” entregó al Ejército a su hermano Alfredo, alias “El Mochomo”?

¿Por qué si el vocero de Calderón declaró en 2011 que dos de cada tres muertos eran atribuibles al cártel de Sinaloa, su gobierno prefirió perseguir a los adversarios del “Chapo”?

¿Quiénes fueron los mandos militares, los policías, los agentes de la DEA o los jueces mexicanos que dieron fuero, durante más de una década, al criminal más buscado?

ZOOM: juicios como el del “Chapo”, en NY, son históricos porque se somete a escrutinio, no sólo a una persona sino a toda una época y sus protagonistas.
29 Octubre 2018 04:00:00
El pueblo sí se equivoca
Los seres humanos nos equivocamos cuando estamos solos y también cuando andamos en manada: es ingenuo suponer que el pueblo no comete errores porque el pueblo es la sumatoria de personas falibles.

Por las malas razones, ayer Brasil ofreció un argumento contundente a este respecto: a través del voto el pueblo brasileño entregó la Presidencia a un hombre que hará sufrir a muchos seres humanos en su país: Jair Bolsonaro.

Este capitán en retiro, diputado desde 1991 por el Partido Social Liberal y un hombre religioso que lee de manera sesgada los evangelios, ha usado a la discriminación como bandera principal para hacer política.

Sin recato suele discriminar por motivos ideológicos, de género y raza. Predica también a favor de la mano dura, la tortura y el desprecio a los derechos humanos.

Ya con el triunfo en el bolsillo volvió a señalar a sus adversarios ideológicos como responsables de la crisis brasileña: “no podemos seguir coqueteando con el socialismo, con el comunismo, con el populismo o el extremismo de
izquierda”.

Muy a la moda con sus tiempos, Bolsonaro confunde adversarios con enemigos ideológicos. No importa que 44% de sus compatriotas haya votado por Fernando Haddad, del Partido del Trabajo; en vez de reconciliar con quienes sostienen una ideología distinta a la suya, optó de nuevo por demonizarlos a partir de sus ideas.

Durante la reciente campaña en Brasil revivió aquel ataque misógino lanzado por Bolsonaro a su colega congresista, María do Rosario, cuando dijo que ella no merecía ser violada ya que era demasiado fea.

El candidato triunfador de la ultraderecha no se disculpó por este antiguo desplante; tuvo por tanto en contra a las organizaciones feministas, a las que también desprecia con acritud, como al resto de las organizaciones no gubernamentales.

Con respecto a los derechos de las personas homosexuales, Bolsonaro declaró alguna vez que no sería capaz de querer a su hijo si naciera “así”. Declaró que preferiría que “muriera en un accidente”.

En 1999 el futuro presidente de Brasil expresó estar a favor de la tortura, antes también dijo que votaría por el regreso del régimen dictatorial que gobernó su país entre 1960 y 1985.

Entre las propuestas más polémicas de este político se encuentra el abandono de Brasil de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Mercosur, también del Acuerdo de París para reducir las emisiones que están produciendo el cambio climático. Promete, por otra parte, eliminar la educación sexual en las escuelas, así como movilizar a los militares y las fuerzas policiales en una guerra contra la delincuencia.

El reciente triunfo de Jair Bolsonaro recuerda que la democracia no solo es el Gobierno de las mayorías, sino también un régimen que protege los derechos de las minorías y todas las personas que lo integran.

La democracia moderna tiene que ver, tanto con la voluntad popular como con los pesos y contrapesos para que esa voluntad no aplaste a los más vulnerables por razones ideológicas, de género, de orientación sexual, de clase, de origen étnico o racial, entre otras.

La democracia es el Gobierno de las mayorías y las minorías o no es democracia. Para eso están los derechos humanos, las libertades y las garantías de la Constitución, para que los poderosos –por más apoyo popular que les respalde– no puedan aplastar a sus gobernados, ni a las leyes y las instituciones que los protegen.

ZOOM:

Bolsonaro es el más reciente de los populistas de derecha que ha triunfado en las urnas, pero cabe temer que no sea el último.

El pueblo cansado de la corrupción, la inseguridad y la precariedad económica está en su derecho a equivocarse, siempre y cuando las instituciones que otorgan certidumbre al ejercicio de los derechos y las libertades no terminen, por ese error, en el cubo de la basura.
25 Octubre 2018 04:00:00
¿Pastel de chocolate o flan de vainilla?
No es como si me consultaran sobre qué postre prefiero: para esa decisión estoy más que preparado. Debo confesar, en cambio, la inseguridad que me provoca opinar sobre la ubicación del aeropuerto más importante del país y, de paso, sobre la cancelación de un proyecto que lleva más del 30% de avance.

En principio me gusta la idea de la consulta para temas relevantes, pero debo precisar que valoro las consultas informadas sobre las desinformadas y temo que el ejercicio que da inicio hoy, a propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es del segundo tipo.

Cuando me ruboriza opinar sobre cuestiones que no sé, mejor recurro a los expertos. No es mala práctica para una democracia reconocer la voz de quienes han dedicado tiempo y energía para investigar un tema que requiere cierto nivel de especialidad. Si un mal aqueja al corazón es prudente acudir al Instituto Nacional de Cardiología que con un chamán del mercado de Sonora.

Fiel a esta práctica, he confeccionado una lista de fuentes serias en el debate público, cuya opinión me sirve para formar la mía, al respecto de la disyuntiva entre los aeropuertos de Texcoco y Santa Lucía. También, de acuerdo con la moda de mi tiempo, he puesto estrellas a la calidad de la voz consultada, en función de su experiencia concreta, la antigüedad en el sector y los intereses económicos o políticos que podrían nublar su juicio.

Según mis notas, se han manifestado a favor de la opción Santa Lucía la empresa Navblue, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el Grupo Riobóo y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En favor de continuar con la opción Texcoco están el Colegio de Pilotos Aviadores de México, el Colegio de Controladores de Tráfico Aéreo, el Colegio de Ingenieros Mexicanos de Aeronáutica, la Cámara Nacional de Autotransportes, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, el Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Aviación de la Corporación Mitre, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la organización A4A y el Presidente en funciones, Enrique Peña Nieto.

Más allá de la asimetría notoria en el número de apoyos que despierta la alternativa, vale la pena realizar valoraciones cualitativas. A 24 horas de que comenzara la consulta, la empresa Navblue hizo público un reporte donde precisa que son compatibles la operación del actual aeropuerto de la CDMX con la navegación de Santa Lucía; en concreto, confirma la factibilidad de maniobras aéreas simultáneas. Advierte Navblue, sin embargo, que no pudo evaluar otros elementos clave de Santa Lucía, como la conectividad, infraestructura a desarrollar o sistemas de control de tráfico aéreo; es decir, su análisis es incompleto.

Por otro lado, debe saberse que Navblue es una compañía fundada hace sólo dos años, la cual no se especializa en la construcción de aeropuertos, sino en el desarrollo de tecnología para mejorar el uso de combustible de los aviones.

Contrasta OACI, organismo creado por la ONU hace 74 años para estudiar y solucionar problemas de aviación civil. El estudio que esta instancia entregó al Gobierno en 2013 dice que, sin haber hecho un estudio riguroso sobre Santa Lucía, en principio ve ambas opciones como positivas, aunque tiende a favorecer Texcoco porque sería más eficiente la compatibilidad de trayectorias para el despegue y el aterrizaje de las naves.

El Grupo Riobóo tiene una larga experiencia en la supervisión y construcción de obra civil, pero no consta en su expediente laboral nada relacionado con la proyección o edificación de aeropuertos. Con respecto al presidente López Obrador –igual que ocurre con el presidente Peña Nieto (y conmigo mismo)–, su conocimiento de la aeronáutica se define en la experiencia limitada del pasajero. En cambio, merecen suficiente respeto para opinar sobre este tema los colegios de pilotos, controladores, e ingenieros aeronáuticos. También son atendibles las valoraciones de la Cámara del Autotransporte, pero en particular de la corporación Mitre, porque a diferencia de Navblue, se trata de un organismo sin fines de lucro y es una autoridad reconocida mundialmente por su solvencia técnica en la construcción de aeropuertos.

Igual vale la pena escuchar a la organización A4A porque, a pesar de que tienen intereses económicos, entre sus integrantes están las principales líneas estadunidenses que dan servicio en México, como por ejemplo American Airlines o United.
22 Octubre 2018 04:00:00
El éxodo de la raza
El viernes 12 de octubre se dieron cita alrededor de 500 mujeres y hombres en la terminal metropolitana de transporte de la población hondureña San Pedro Sula. No todas esas personas compartían los mismos motivos para emprender el éxodo, pero la mayoría huyó de la violencia y también de la pobreza.

Los más jóvenes aseguran que, de quedarse en Honduras, tendrían dos opciones: matar o ser asesinados. El sábado 13 partió la caravana y, durante las siguientes horas, el río humano sumó a casi dos mil personas. La mayoría viajó únicamente con lo puesto y sobresalieron muchos niños menores de 7 años. Hacia la mañana del lunes 15 de octubre la muchedumbre cruzó la frontera con Guatemala. El presidente Jimmy Morales declaró entonces que su gobierno no obstruiría el camino para los hondureños. Propuso como único requisito que los migrantes se registrasen en una lista única.

La marcha fue tan impresionante que pronto despertó el ánimo entre la población guatemalteca: durante la jornada del martes 16 se sumaron al tropel 2 mil seres humanos más. El miércoles 17, el presidente Jimmy Morales denunció la amenaza del secretario estadunidense, Mike Pompeo, en el sentido de que su gobierno sufriría sanciones si no impedía el avance masivo de los migrantes.

Ese mismo día, Pompeo instruyó al canciller mexicano, Luis Videgaray, en público y en privado: explícitamente le ordenó detener la caravana centroamericana antes de que esta llegase a la frontera con los Estados Unidos. Seis días y 640 kilómetros después de haber dejado San Pedro Sula, los primeros caminantes subieron al puente Rodolfo Robles, que cruza el río Suchiate: frontera natural entre México y Guatemala. Para ese momento el movimiento masivo sumaba alrededor de 5 mil individuos.

Justo a la mitad del puente, 400 efectivos de la Policía Federal mexicana repelieron, con gases lacrimógenos, a los recién llegados. Los líderes de la marcha aseguran que entre las víctimas hubo mujeres y niños.

Horas más tarde el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ofreció un mensaje donde dijo que “toda persona que desee ingresar a territorio nacional podrá hacerlo siempre y cuando cuente con documentos de viaje y una visa concedida” por su gobierno.

La noche del sábado fue fría y también fue ingenua: las y los integrantes de la caravana creyeron que iban a ser recibidos por México, sin mayor contratiempo, tal como ha sucedido durante muchos años. Hacia el mediodía del sábado 20, el puente Robles era un horno húmedo de 32 grados centígrados, donde habían acampado centenas de seres humanos. La puerta de metal, a mitad del puente, seguía sin abrirse para la mayoría: sólo unos 400 niños y mujeres fueron admitidos para entrar a territorio mexicano con el objeto de que solicitaran su visa. Entre los migrantes comenzó entonces a correr el rumor de que el ingreso definitivo sería negado y esas personas terminarían deportadas.

Hacia las dos de la tarde un hombre saltó 9 metros para sumergirse en las aguas del río. Le siguieron decenas que prefirieron explorar esta otra opción de ingreso a México. Cada vez que alcanzaron la orilla gritaban: “aquí, allá, la raza vencerá,” para animar a sus compañeros y convocar a que los siguieran.

No todos eligieron esta escapada; otros prefirieron regresar a la orilla guatemalteca para, desde ahí, abordar balsas fabricadas con neumáticos que les cruzarían hasta ciudad Hidalgo, Chiapas. Hacia el mediodía de ayer domingo más del 70% de la caravana se encontraba ya del lado mexicano y el puente Robles se hallaba vacío. La frontera líquida del Suchiate hizo que la Policía Federal mexicana hiciera el ridículo, mientras mantenía cerrada una puerta enrejada. Hay grupos de migrantes que desde ayer se dispusieron para continuar la ruta: aún les faltan, a pie, mil 400 kilómetros para llegar a los Estados Unidos.

ZOOM:

¿Qué va a hacer el presidente Enrique Peña Nieto? ¿Utilizar la fuerza pública para retener en territorio mexicano a 5 mil migrantes hondureños y guatemaltecos, o pagar las consecuencias de la ira de Donald Trump? Nadie querría estar en sus zapatos.
18 Octubre 2018 04:00:00
Consulta incierta y parcial
No tengo confianza en la consulta convocada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre el futuro Aeropuerto Internacional de la CDMX. Quizá la tendría si estuviera a favor de la opción de Santa Lucía, pero no es mi caso.

Defiendo sin adjetivos los ejercicios de democracia directa, siempre y cuando respeten los principios de certeza e imparcialidad. Mis dudas nacen justo porque esta consulta adolece de ambas virtudes: es incierta y es parcial.

Son problemas para la certeza de este ejercicio que, a ocho días de la fecha límite, se desconozca la ubicación de las mesas de consulta, así como los nombres de las personas que integrarán los comités ciudadano y técnico, y también que la instancia anunciada como responsable de contar los votos no posea experiencia previa en eventos similares.

Con respecto al tema de la imparcialidad resulta oneroso para la consulta que quienes la organizan estén sincera y enfáticamente a favor de una de las opciones, también que los argumentos presentados padezcan graves sesgos contrarios a la objetividad.

Si se acude a la página México Decide, que es donde se puede localizar la información oficial sobre la consulta, es posible encontrar los 538 municipios donde se instalarán las mesas, a partir del próximo 25 de octubre; sin embargo, a una semana de que ocurra el evento, esa página todavía no tiene habilitadas las direcciones precisas donde los consultados podríamos acudir.

No es posible saber si la selección de las ubicaciones se hizo con criterios técnicos basados en la demografía y la estadística o podrían colarse otras variables de orden político e incluso clientelar.

El mismo sitio anuncia que en la organización de la consulta participarán personas adscritas a dos comités: uno técnico y otro ciudadano. No se especifica; sin embargo, cuáles son los mandatos o tareas de estos órganos, tampoco se dan a conocer los nombres de las personas que les integran, ni el número, ni los perfiles, ni el método de selección.

La misma página hace referencia a la fundación Arturo Rosenbluth como encargada de contar los votos, pero la información disponible sobre esa organización no permite admitir que posea experiencia previa en la celebración de ejercicios de democracia directa similares a esta consulta.

El objeto social de tal fundación dice que desarrolla tecnologías para la solución de problemas sociales. Con tal propósito ofrece becas, organiza cursos, maestrías y diplomados, pero no consultas ciudadanas donde podrían llegar a participar más de un millón de personas.

¿Es la fundación Arturo Rosenbluth quien va a contratar a los 2 mil funcionarios necesarios para instalar las mesas de consulta? ¿Cuál será el perfil de esas personas? ¿Harán el trabajo de manera gratuita? ¿Contarán con algún apoyo para alimentos o transporte? ¿Habrá vigilantes de su desempeño? ¿Alcanzarán 350 pesos diarios por mesa para que funcionen bien las cosas?

Tengo para mí, por otra parte, que el sitio de la consulta –México Decide– es parcial. Los argumentos a favor y en contra de cada opción aparecen ahí desequilibrados y son insuficientes. Destaca el video de 17 minutos donde el promotor principal de la consulta es a la vez el promotor principal de la opción Santa Lucía: Andrés Manuel López Obrador.

No quiero imaginar lo que ocurriría si en la página oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) apareciera su presidente, Lorenzo Córdova, haciendo una disquisición sobre las virtudes o los defectos de un partido o de un candidato.

Ese sitio no pasa ninguna prueba de imparcialidad porque está atravesado por la propaganda.

ZOOM: Porque no hay garantías de certeza e imparcialidad, acudir a la consulta sobre el futuro aeropuerto de la CDMX parece una trampa, sobre todo para quienes pensamos que la opción de continuar con la construcción de Texcoco es mejor que la alternativa de Santa Lucía.
11 Octubre 2018 04:00:00
M68: archivo sin reservas
Antes de que se vaya el Estado Mayor Presidencial, que haga públicos sus archivos, lo mismo que el Cisen. También debería abrirse el Ejército, respecto a los expedientes en su poder relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Esta fue la propuesta que el día de ayer hizo Alejandro Encinas, futuro subsecretario de Derechos Humanos, durante el evento M68: archivos sin reserva, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Archivo General de la Nación (AGN).

Cayó bien el mensaje porque en los últimos 20 años, el Gobierno mexicano ha sido incongruente –por decir lo menos– a propósito de la apertura de los archivos públicos.

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia se abrieron las cajas donde estaban guardados algunos de los secretos principales del régimen priista. Por ejemplo, el archivo de la antigua Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue trasladado al AGN para que pudiera consultarse de manera libre.

También la Secretaría de la Defensa (Sedena) hizo lo propio con algunos de sus expedientes, entre ellos lo relacionado con su participación durante el movimiento del 68.

Sin embargo, en ambos casos hubo restricciones importantes. Los investigadores que recibieron esta documentación aseguran que el Ejército rasuró sus archivos y que prácticamente no hizo público nada que tuviera que ver con su participación frente a las guerrillas de los años 70.

En lo que toca al archivo de la DFS, el ánimo aperturista igual duró poco: funcionarios del Cisen fueron enviados al Archivo General para que censuraran los documentos de la DFS.

Desde entonces la Secretaría de Gobernación –patrón a la vez del Cisen y del AGN– instruyó para que toda la documentación relativa al desempeño de las Fuerzas Armadas, la PGR o la Policía Federal fuera tasajeada.

Esta actitud oscurantista podría cambiar con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una vez que el Cisen se divorcie de la Secretaría de Gobernación. No habría ya motivo para que esos censores continúen invadiendo territorio del AGN.

A este argumento se suma un precedente fundamental: la declaratoria sobre la liberación de los archivos relacionados con el movimiento del 68, que recién fue votada por el pleno del INAI. Gracias a esta resolución el M68: ciudadanías en movimiento, será un archivo protegido frente a las reservas injustas o arbitrarias.

Este precedente deberá servir como criterio futuro y principal para las autoridades que custodian los archivos públicos, y para aquellas que garantizan el acceso a la información.

Así como se abrieron los archivos del 68 igual tendrían que salir de su cautiverio, (utilizo aquí una expresión de Alejandro Encinas), otros expedientes tales como los relativos a la guerra sucia, o más recientemente, los documentos que registran las violaciones graves a derechos humanos relacionadas con la cruenta guerra por las drogas.

Es momento para que todos los archivos que son de interés público se publiciten, sin cortapisas ni restricciones. Muy en concreto aquellos relacionados con los abusos de autoridad, la corrupción, el terrorismo de Estado y la violación de derechos humanos.

ZOOM: Ayer el rector de la UNAM, Enrique Graue, recordó que “es a través de la historia documental que la verdad puede surgir sin dobleces” o, dicho en los términos de Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, sólo “los archivos sin reservas pueden producir una memoria sin reservas”.
08 Octubre 2018 04:00:00
Sillazo y fin de la reforma educativa
Como la humedad que avisa antes de que vaya a caer la tromba, igual se perciben signos de revuelta en el ambiente magisterial.

Ayer volaron sillas, platos y cristal en Acapulco, porque los maestros que pertenecen a la organización sindical más grande de Guerrero –la CETEG– rechazaron el destacado papel que están teniendo los líderes próximos a Elba Esther Gordillo, en los foros dedicados a cancelar la reforma educativa.

Los docentes de Chiapas y Oaxaca, que militan en la Coordinadora, tampoco están contentos con lo que ven. Acusan un pacto supuesto entre el futuro gobierno y su archienemiga.

El resumen es de Wilbert Santiago, dirigente de la Sección 22: “Si ella regresa al poder va a existir un control político… sería entregar el sindicato… para que todo camine en una negociación que sólo servirá para la cúpula”.

A diferencia de otros tiempos no hay sólo dos frentes en disputa por el magisterio, sino tres. Por un lado, la disidencia, por el otro el elbismo y se suma la corriente encabezada por Juan Díaz, el actual secretario general del SNTE.

No es posible profetizar el final de la trifulca entre estos tres fragmentos del magisterio: Elba Esther, inspirada en el Conde de Montecristo; Juan Díaz, quien no soltará el poder sin dar la batalla, y los líderes de la disidencia democrática que vieron, acaso con candidez, una oportunidad para su causa en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.

Si a este caldo explosivo le faltaba un condimento, la disputa alrededor de la reforma educativa se encargará de poner las cosas peor. El futuro Gobierno decretó que será arrasada, pero cierto es que no tiene todavía nada con qué llenar el vacío, una vez que ese matorral, recién sembrado, haya sido extraído de la tierra.

Los foros tan promovidos por el futuro secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, no han sido distintos a los que se han organizado tantas otras veces en nuestro país.

Carlos Salinas de Gortari orquestó foros similares y también Fox y luego Peña Nieto: cada vez asisten miles de interesados, cada vez se entregan tres minutos para decir cualquier cosa y cada vez hay un grupo de relatores que, sin atender demasiado lo dicho en esas reuniones interminables, proponen lo que se les da la gana.

Porque a la burra la hicieron arisca es que ayer los maestros de Guerrero se les ocurrió la insolencia y el desmán, como método imprudente pero notorio de su desacuerdo con la negociación entre la antigua líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, y el gobierno por venir.

Se equivoca quien crea que se trata de un hecho aislado. Ayer fue la CETEG, pero antes la CNTE ya se había manifestado en la misma dirección; y poco falta para que también Juan Díaz aproveche la molestia entre sus bases por el regreso de la maestra y se sume con su propia movilización para rechazar un acuerdo donde él y los suyos serían los verdaderos derrotados.

Es en este contexto que debería leerse la declaración realizada por Andrés Manuel López Obrador, a finales de la semana pasada: “Ya los sindicatos no deben estar apoyados por el gobierno, los líderes sindicales no deben representar al gobierno, deben representar a los trabajadores… no debe haber imposición ni cacicazgos, porque en México terminó esa etapa”.

Si el presidente electo es sincero, los actores están libres para pelear por el liderazgo del sindicato. Contra lo que todo mundo supone, incluida Elba Esther Gordillo, sería la democracia y no el dedazo autoritario quien resuelva la representación de los docentes.

López Obrador habría decretado campo libre para luchar por la titularidad del contrato que rige la relación entre el Gobierno y los maestros.

En cualquier caso, la tormenta por venir no será breve porque se trata de la agrupación gremial más grande de América Latina, tampoco será pacífica porque hay demasiados intereses invertidos, y no será educativa porque cuando la disputa es por el liderazgo magisterial, el tema principal queda sepultado.

ZOOM: Es cierto que la reforma educativa será enterrada, no porque vaya a cancelarse sino porque otras cuestiones relacionadas con la política sindical ocuparán la escena. Y mientras tanto, los estudiantes, como de costumbre, padecerán la grilla de sus maestros, el ausentismo y la irrelevancia de sus derechos.
04 Octubre 2018 04:00:00
El general que no hizo nada
La Secretaría de la Defensa se opone a crear una comisión responsable de la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde finales de septiembre de 2014.

El abogado de la Sedena, general Alejandro Ramos Flores, teme que los militares afectados por la tarea de esta comisión vean lesionados sus derechos. Le parece “sospechoso que toda la carga de la ira… que la principal preocupación del caso sea que se busque responsabilidad del Ejército por una supuesta omisión”. (El Universal 01/10/18).

Se equivoca la Sedena al suponer que la comisión para la justicia y la verdad propuesta por el Poder Judicial y respaldada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, busque responsabilizar al Ejército.

En todo caso, quien debe ser investigado es un sujeto puntual: el general Alejandro Saavedra Hernández, porque era el jefe de la zona militar número 35 cuando ocurrieron los funestos hechos, y por tanto quien tenía mando sobre el 27 Batallón de Infantería que, en efecto, habría actuado de manera omisa aquella noche.

No es posible todavía explicar por qué la Secretaría ha cerrado filas con el general Saavedra, pero es evidente que al hacerlo asignó al Ejército –como institución– una responsabilidad que le rebasa.

Desde el principio la Sedena se ha negado a cualquier forma de escrutinio con respecto a la actuación de Saavedra y sus subordinados, a pesar de que tuvieron un papel inocultable en los hechos.

Las pruebas abundan: en el centro de control, comando, comunicación y cómputo, conocido como el C4 –instancia dedicada a la seguridad en Iguala– hubo todo el tiempo dos elementos de inteligencia militar que reportaron los hechos a sus superiores, desde el momento en que comenzaron a ocurrir.

Los reportes emitidos fueron enviados al coronel José Rodríguez Pérez quien, a su vez, mantuvo informado al general Saavedra Hernández de cuanto estaba pasando.

El testimonio de un soldado de apellido Mota confirma que los mandos del Batallón 27 ordenaron a sus efectivos acudir a los focos donde estaba transcurriendo la violencia, tales como el Palacio de Justicia y la Central de Autobuses. También, gracias a este militar, se sabe que recibieron órdenes de levantar imágenes sobre los acontecimientos.

Existe igualmente evidencia de que se instruyó a los efectivos patrullar la ciudad de Iguala durante los momentos más álgidos. Hay testimonios que ubican a los militares, por ejemplo, en el Hospital General y también en la Clínica Cristina.

Los efectivos reportaron haber visto cadáveres y heridos, y existen testimonios de que fueron ellos quienes encontraron a la víctima, Julio César Mondragón, después de que hubiera sido desollado.

Este patrullaje no podría haber ocurrido sin las órdenes de Saavedra Hernández y cuesta trabajo suponer que la información recabada por los soldados no haya subido, en tiempo real, hasta su oficina en la zona militar número 35.

Y, sin embargo, el comandante decidió no hacer nada: fue omiso, tal como dice el abogado de la Sedena.

Cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) solicitó que 16 efectivos del Ejército –cuya presencia en Iguala fue plenamente identificada– acudieran a rendir declaración, desde la cúspide de la Sedena se obstaculizó la investigación y con ello la justicia.

Si se necesita como medida extraordinaria una comisión para conocer la verdad y producir justicia es precisamente porque la Sedena, entre otros actores, ha impedido que se concluyan los procedimientos que nuestra Constitución prevé.

La paradoja es grande: quienes ayer lesionaron los derechos de las víctimas acusan hoy al Poder Judicial y al próximo gobierno de la República de impulsar una investigación sesgada y distante de las garantías constitucionales.

Al revés: no se trata de dar cauce a la ira, como dice el abogado militar Ramos Flores, sino de reencauzar la vigencia de una Constitución que fue masacrada, junto con las víctimas de Iguala, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
27 Septiembre 2018 04:00:00
El Estado destruyó la verdad
Desde luego que fue el Estado: tuvo responsabilidad cuando desaparecieron los 43 y también cuando dinamitó la investigación sobre lo ocurrido. Dos veces fue el Estado, pero mayor deuda tiene cuando fabricó “la verdad histórica”, porque esa maquinación se celebró en las recámaras encumbradas de la política y el poder.

Fueron los policías municipales y los estatales, hay evidencia de que participó la Policía Federal, y todo indica que lo ocurrido no pasó desapercibido para las fuerzas del Ejército desplegadas en la zona.

Los sueldos de todos esos individuos se pagan con los impuestos de los contribuyentes. Según las leyes mexicanas son funcionarios públicos quienes detuvieron a los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. De acuerdo con la ley esos funcionarios abusaron de un poder conferido por el Estado: cometieron el delito de desaparición forzada.

Con estos argumentos basta para decir que el Estado fue responsable de lo ocurrido con los 43. No lo exime que en los hechos delictivos hayan participado criminales ligados a las mafias de la región, ni que algunos presuntos autores materiales hayan pertenecido al grupo de los Guerreros Unidos.

La asociación delictiva entre el Estado y las organizaciones criminales no exime al Estado de su responsabilidad.

Sería sin embargo injusto señalar como responsables al jefe del Estado mexicano o a su círculo más cercano. No fueron ellos quienes detuvieron a los estudiantes, ni quienes hicieron que su existencia se esfumara durante estos cuatro años.

Su culpabilidad es otra y quizá más grave: en un segundo momento, con su política arbitraria, se destruyó la evidencia que hubiera podido resolver el caso, o por lo menos, obtener mejor certidumbre sobre lo ocurrido con esos jóvenes normalistas.

No sabemos si fue la prisa por resolver, un ánimo deliberado por ocultar, o ambas cosas, pero en los hechos la invención de una falsa teoría del caso destruyó la posibilidad de saber lo que verdaderamente sucedió.

Hay evidencia de sobra para exhibir como falso que todos los cuerpos fueron incinerados en el basurero de Cocula; de hecho, hay evidencia solvente para decir que ningún cuerpo fue quemado en ese lugar.

Las autoridades de la PGR afirmaron, primero, que todos los cuerpos habían ardido en el vertedero: el viernes 7 de noviembre de 2014 Jesús Murillo Karam dio a entender que el conjunto de normalistas había sufrido la misma suerte, sin embargo, pasado el tiempo, la dependencia se desdijo.

Cuando se cumplió un año de la desaparición, Tomás Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), afirmó que un grupo –no todos los 43– había corrido tan tremenda suerte. En ese momento le pareció irrelevante a Zerón comunicar el estado de la investigación sobre el destino del resto de los normalistas desaparecidos.

Pero los testimonios de los supuestos incendiarios no coincidían con respecto a datos tan fundamentales como el lugar exacto, dentro del basurero, la hora o la mecánica criminal. Y no combinan porque esas declaraciones se obtuvieron y firmaron bajo tortura, torciendo la verdad de los hechos con el objeto de que acompañaran a la verdad histórica fabricada por la autoridad.

Cuando intentaban engañar no sabían los responsables del Estado que la noche del 23 de noviembre llovió en Cocula, a la misma hora que estaba aconteciendo la supuesta quemazón: el agua cayendo sobre la hoguera inventada vuelve inverosímil la versión oficial, además de los peritajes expertos que quiso luego la autoridad descalificar.

El sembrado de los restos humanos de Alexander Mora en el río San Juan es otra prueba del infame proceder de Tomás Zerón, responsable principal de la investigación. ¿Cómo obtuvo este funcionario esos restos? ¿Quién le comunicó que podía hallarlos en ese justo lugar? ¿Por qué asistió al sitio sin cumplir con el protocolo y las normas que lo obligaban?

ZOOM: Zerón es el artífice de la mentira histórica que Murillo creyó porque arriba de él, desde Los Pinos, Humberto Castillejos –el jefe jurídico de la Presidencia– lo presionó sin prudencia ni recato. Esos tres personajes eran funcionarios del Estado mexicano, del más alto nivel. Su actuación es argumento para gritar de nuevo: ¡fue el Estado!, (quien destruyó la evidencia que habría servido para conocer la verdad sobre los 43).
24 Septiembre 2018 04:00:00
Los desaparecidos
No hay otro tema más urgente. La tragedia de la ausencia se volvió tema principal de la política. Suman más de 60 mil, según las organizaciones de la sociedad, pero en realidad nadie tiene una cuenta precisa.

Hay una sola cosa que el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no podrá hacer: mirar hacia otro lado como si el fenómeno no existiera.

Seis de cada 10 casos de de-saparición en México sucedieron durante la administración de Enrique Peña Nieto y, sin embargo, no hubo de parte suya una sola palabra sincera que haya reconfortado a las víctimas.

La distancia emocional del Gobierno que parte respecto a los desaparecidos es digna de revisarse en el consultorio de un siquiatra. Más de mil fosas clandestinas fueron halladas durante este sexenio en 23 estados de la República. Destacan por sus cifras Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Estado de México, Chihuahua y Tamaulipas.

El Gobierno que se va renunció a mirar de frente la máquina criminal. No tuvo como propósito investigar con rigor y sistema las desapariciones. La impunidad frente a esta miseria sólo puede explicarse por la omisión sistemática de la autoridad.

El estado de alteración social provocado por la epidemia de desapariciones es la bomba de tiempo con que Andrés Manuel López Obrador inaugurará su mandato.

Frente a este tema no es posible, como el presidente electo quisiera, mirar para adelante. No funcionaría como solución inmediata combatir las desigualdades provocadas por el neoliberalismo, ni becar a los jóvenes más pobres para que el crimen no los reclute, o amnistiar a los pequeños delincuentes, productores o consumidores de drogas blandas.

Todas ésas son medidas que, si llegaran a funcionar, podrían prevenir la violencia del futuro; pero las víctimas de la desaparición lo que quieren es una justicia que sea capaz de resolver la impunidad del pasado.

Quieren de vuelta a sus seres queridos, quieren por lo menos sus restos para sepultarlos, quieren a los responsables, quieren a las autoridades que se desentendieron de la atrocidad, quieren ver tras las rejas a los funcionarios que fueron cómplices de tanta mortandad.

No puede prometerse a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que en adelante las cosas serán distintas para Guerrero. Si no hay compromiso explícito del próximo gobierno para resolver el caso criminal más emblemático de nuestros tiempos, todo lo demás sobra.

Lo mismo reclaman cada una de las organizaciones de familiares que no van a ceder en su exigencia.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que invitará a Naciones Unidas y otros organismos internacionales para que participen en la solución de esta malvada epidemia.

Se requerirá muy probablemente avanzar hacia la creación de una comisión de la verdad como aquella que se creó en 2012 en Guatemala: la Comisión Internacional contra la Impunidad.

Cabe también explorar la reedición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que avanzó hasta donde lo dejó el gobierno de Peña Nieto, en el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.

El expediente de los desaparecidos será el que primero se imponga sobre el escritorio del próximo presidente de México. Las enormes expectativas que ha fincado su triunfo electoral encontrarán en este tema su primera prueba de fuego.

ZOOM:

Si el modelo establecido por su gobierno para encontrar a los de-saparecidos da resultados pronto, si es creíble para las víctimas, si es eficaz, si promueve los derechos y la legalidad constitucional y si es capaz de confrontar a los poderes cómplices o negligentes, Andrés Manuel López Obrador consolidará su victoria. En caso contrario, la frustración implacable de las víctimas descarrilará la esperanza sobre la Cuarta Transformación.
20 Septiembre 2018 04:00:00
Sandoval el injusto
Indira Cotero Ávila de-sapareció el lunes 9 de julio en Tlajomulco, Jalisco. Tiene 37 años y era abogada de la Comisión de Seguridad Pública de ese municipio. Su ausencia se hizo noticia porque es hija de Luis Octavio Cotero Bernal, quien hasta hace un par de días fuera el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

“Un típico levantón”, respondió el padre cuando los periodistas preguntaron. Han transcurrido dos meses sin que se sepa nada de ella.

Coincide que Luis Octavio Cotero fue señalado el lunes por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, como el hombre responsable de que 300 cadáveres fueran abandonados a su suerte.

Es una trágica injusticia que este funcionario sufra el peso del desprestigio por el caso del tráiler de la muerte. Así trata el Estado mexicano a sus funcionarios más admirables: sin considerar su biografía, su humanidad, ni su pena.

A Sandoval le urgía endilgar los 300 muertos y le pareció simple levantar el dedo y acusar al padre de Indira. ¿Cómo puede un gobernante que no es justo hacerse cargo de procurar la justicia?

Desde el mes de enero de este año, en Jalisco y otros estados vecinos, dio comienzo una guerra mortífera entre organizaciones del crimen organizado. Empresas ilegales de Sinaloa y Jalisco están disputando el control del territorio sin escatimar pólvora ni vidas.

Durante los últimos meses en esa región han sido asesinadas más de 2 mil personas, mil 500 de ellas en el estado de Jalisco. Los gobernadores de las entidades afectadas han podido hacer poco frente a la magnitud del fenómeno y ciertamente tampoco el Gobierno federal sirve para frenar la barbarie.

Los Servicios Forenses de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Colima están desbordados, porque ninguno fue diseñado para operar en situación de guerra. Es probable que no haya en el mundo un servicio forense capaz de atender tan inmensa demanda para realizar autopsias, certificar razones de muerte o clasificar restos humanos.

Y, sin embargo, a pesar de su circunstancia personal, Luis Octavio Cotero Bernal tomó la decisión de permanecer en su cargo, con los recursos escasos disponibles para hacer su trabajo.

De acuerdo con las leyes mexicanas no pueden cremarse los restos de una persona, cuando es imposible identificar el cadáver y éste presenta elementos relacionados con la comisión de un delito. Así las cosas, ¿cuántos cuerpos pueden ser almacenados dentro de un Semefo en condiciones sanitarias aceptables?

En febrero de este año las oficinas del Servicio Forense de tres ciudades de Guerrero –Acapulco, Chilpancingo e Iguala– informaron que almacenaban la escalofriante cantidad de 750 cadáveres sin reclamar, y que era imposible practicar a cada uno exámenes de genética, antropología o dactiloscopia.

En contraste, en el caso de Jalisco, Cotero se encargó de que tales exámenes se llevaran de tal manera que los restos pudieran eventualmente ser identificados, si un familiar venía un día a buscarlos.

Lo que el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no pudo resolver fue el almacenaje de los cuerpos. Esa era tarea de la Fiscalía General de Jalisco y no del Instituto bajo su mando. Pero la Fiscalía, en vez de resolver el problema construyendo un cementerio donde las víctimas de la guerra de este semestre pudieran ser depositadas, alquiló dos contenedores medianamente refrigerados para salir del paso.

El primero de los contenedores fue abandonado la semana pasada en la colonia Paseos del Valle del municipio de Tlajomulco, no muy lejos del lugar donde Irma Cotero, la hija de don Luis Octavio, desapareciera hace poco más de dos meses.

Es una infamia que el gobernador Aristóteles Sandoval quiera resolver la mala prensa que le produjo este episodio, y de paso desentenderse de la tremenda violencia que padece su entidad, corriendo a un buen hombre que, a pesar de su drama individual, dio pruebas de ser un funcionario ejemplar.

ZOOM: Mi país es insoportablemente injusto. Luis Octavio Cotero busca a su hija sin encontrarla y mientras tanto encuentra 300 cadáveres que nadie busca. No abdica de su responsabilidad por lo primero y sin embargo lo corren de su trabajo por lo segundo.
17 Septiembre 2018 04:00:00
De chivos, circos y corrupción
En septiembre de 2017, periodistas respetables de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción revelaron que, entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social, encabezada entonces por Rosario Robles Berlanga, habría desviado fondos del erario por aproximadamente 2 mil 200 millones de pesos, a través de universidades públicas y empresas fantasma.

La Estafa Maestra es una pieza de periodismo de investigación que ganó reconocimiento internacional.

El jueves 22 de febrero de 2018 el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigió que se investigara a Rosario Robles por ese supuesto desvío de fondos.

El miércoles 4 de julio la Auditoría Superior de la Federación inició procedimiento ante la Procuraduría General de la República en contra de 72 personas y empresas, entre ellas 63 funcionarios de la Sedesol, por la firma de contratos irregulares y un presunto desvío de fondos públicos.

El miércoles 12 de septiembre Román Meyer, futuro secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, dijo que revisaría las denuncias contra la actual titular de la Sedatu, Rosario Robles.

El sábado 15 de septiembre, Día de la Independencia, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador corrigió la plana a todos los actores anteriores, incluido él mismo, cuando declaró que Rosario Robles era un chivo expiatorio y las acusaciones en su contra eran un circo.

“Nosotros no vamos a perseguir a nadie, no vamos a hacer lo que se hacía anteriormente… de que se agarraba a uno, dos, tres o cuatro… como chivos expiatorios y luego seguían con la misma corrupción”.A pregunta expresa precisó que si había “investigaciones abiertas se van a continuar, pero eso no corresponde al Ejecutivo, eso va a depender del Poder Judicial”.

Lleva razón López Obrador cuando recuerda la época en que los presidentes de México, apenas abrían su Administración, encerraban tras las rejas a dos o tres personajes emblemáticos, como ritual sexenal de escarmiento, que luego enmascaraba la sobrevivencia de la corrupción. Confirman el argumento casos como el de Jorge Díaz Serrano y Arturo Durazo, en la época de Miguel de la Madrid, el de Joaquín Hernández Galicia, con Carlos Salinas de Gortari, o el de Elba Esther Gordillo Morales, con Enrique Peña Nieto.

Ha sido tradición que los presidentes mexicanos utilicen a las instituciones responsables de la procuración y la administración de justicia como escenografía para mostrar su poder, torciendo en ocasiones la ley y los procesos, con tal de aplicar un castigo ejemplar.

Sin embargo, tan inconveniente resulta que desde el Ejecutivo se opere para demostrar la culpabilidad de alguien, como que por hacer lo contrario se exonere calificando, antes de juicio, de chivo expiatorio a
quien podría haber actuado equivocadamente, o que se acuse de circo al esfuerzo serio y riguroso de investigación que diversas instituciones y organizaciones han emprendido a propósito de los desvíos millonarios presumiblemente realizados por la Sedesol y la Sedatu.

Lo que se esperaría del futuro presidente es que no interviniera de ningún modo con respecto a las denuncias y las investigaciones, sin importar que al final una funcionaria importante pise o no la cárcel.

Es impreciso cuando López Obrador dice que las investigaciones referidas no son responsabilidad del Ejecutivo, porque será el futuro presidente quien nombre al próximo procurador general de la República y por tanto la independencia de este funcionario será poca a la hora de juzgar si tal o cual imputado es un chivo expiatorio o si el proceso en su contra podría ser un circo.

ZOOM:

En un país como México todavía la voz del Presidente puede encarcelar y excarcelar sin argumentos. Por eso lo deseable es que se mantenga callado a propósito de las investigaciones sobre corrupción que están en curso. De lo contrario, poco cambiarán las cosas.
13 Septiembre 2018 04:00:00
Contra los neoporros: la marcha del silencio
Son la expresión neonazi mexicana. Son porros, pero versión 3.0: como sus antecesores cultivan la violencia como modo de relación y celebran cada asalto como si fuera una victoria de proporciones épicas, pero ahora coleccionan las fotografías de sus víctimas para colgarlas en la red y se regodean eufóricos por las consecuencias virtuales de su barbaridad.

Las páginas de Facebook y los canales de YouTube que utilizan para comunicarse son un libro abierto para quien quiera leer a estos personajes siniestros que están empeñados en meter a la Universidad, y con ella al país, en una situación indeseable.

Ayer el rector Enrique Graue visitó el plantel Azcapot-zalco del Colegio de Ciencias y Humanidades. Se reunió durante más de una hora con 500 alumnos, con padres de familia y con los profesores del plantel. Escuchó las peticiones y accedió a cada una de ellas. Al final de la reunión la comunidad universitaria se despidió solidaria al grito de “Goya”.

Mientras tanto, afuera del recinto, se juntó un grupo reducido de sujetos que se quedaron fuera de la reunión porque no contaban con credencial de estudiantes, ni eran parte de la comunidad CCH.

Estos neoporros esperaron a que la reunión terminara y montaron teatro cuando el rector se dirigía hacia su vehículo. Por desgracia, la estrategia de estos sujetos funcionó: varios medios ignoraron lo sucedido durante la reunión y comunicaron una descripción falsa de la realidad. Como ejemplo está la nota que el portal del Sol de México publicó un par de horas después: “Al grito de ‘fuera Graue’ estudiantes corren al rector de la UNAM del CCH Azcapotzalco”.

¿Dónde quedó para ese periodismo el diálogo que sí tuvo lugar? ¿Dónde la aceptación del rector para que se asignara un mayor número de docentes? ¿Dónde fue a parar el compromiso de Graue para combatir el acoso hacia las mujeres? ¿Dónde la promesa de sacar de la UNAM a los porros y a quienes les subsidian? ¿Dónde el Goya celebrado a coro por la comunidad?

Estamos en una época donde la realidad puede ser enmascarada con demasiada facilidad porque a la violencia física y verbal de ayer se añade ahora la propaganda en internet y también la ingenuidad de quienes caen en la trampa.

Los neoporros no se mueven solos. Se alquilan al mejor postor y hay muchas manos con ganas de descomponer el ambiente. En la UNAM no estamos presenciando una crisis universitaria, en estricto sentido, sino la ambición deliberada de hacer arder los ánimos del país.

Paradójicamente, hoy se celebran 50 años de que sucediera una de las manifestaciones políticas más dignas que haya tenido lugar en México: la marcha del silencio. En 1968, desde la explanada del Museo de Antropología hasta el Zócalo, miles de estudiantes caminaron convencidos de que la paz, significada por el silencio, serviría para hacer entrar en razón al Gobierno autoritario encabezado por Gustavo Díaz Ordaz. ¿Será que hoy podamos hacer lo mismo? Devolverle a los violentos de nuestra época una bofetada con nuestro silencio. Muchos marcharemos esta tarde intentando conmemorar aquella dignidad.

La inmensa mayoría que habita nuestro país desea desterrar la ira ciega y destructora que nos recorre. Marchar hoy –en silencio– es para que la paz se imponga sobre la guerra; es para rechazar al autoritarismo de Estado y también la barbarie de los neoporros.

ZOOM: los agresores son el brazo armado y enloquecido que políticos de medio pelo con intereses inconfesables están utilizando para dañar a la Universidad Nacional. Para ellos va hoy nuestro más sonoro silencio.
06 Septiembre 2018 04:00:00
‘El Güero’ que derrotó a los morenos
Es monumental la arbitrariedad que el Senado estuvo dispuesto a cometer para cumplirle a Manuel Velasco Coello el capricho de ser, a la vez, senador de la República y gobernador en Chiapas.

La Constitución mexicana prohíbe sin flexibilidad lo que la Cámara alta le regaló a este poderosísimo mexicano. Es oficial: “El Güero” Velasco está por encima de la ley.

La Constitución mexicana prohíbe que una misma persona ocupe dos cargos de elección al mismo tiempo. Se trata de una medida de control para evitar la acumulación de funciones, y por tanto, de poder, en un mismo individuo.

El Artículo 125 de la Carta dice que “ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección”.

El martes este Artículo constitucional quedó sepultado, lo mismo que el 116, propuesto en 1917 por Venustiano Carranza, el cual dice que “los gobernadores de las entidades, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo pueden volver a ocupar ese cargo, ni aún con carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados de despacho”.

Al concederle licencia al senador más “güero”, sus colegas legisladores violaron sin empacho estos dos artículos y con ello permitieron que Manuel Velasco presumiera en simultáneo el cargo de legislador con licencia y gobernador sustituto de Chiapas.

Los adjetivos importan poco, que sea con licencia no le quita lo senador, y que sea sustituto no le quita que antes haya sido gobernador electo popularmente.

Miguel Ángel Osorio, del PRI, y Ricardo Monreal, de Morena, argumentaron que “nadie tiene derecho a negarle a un senador separarse del cargo (sic)”.

Esta afirmación es falsísima: porque no se trata de un derecho, sino de un permiso, la Constitución prevé que la licencia deba ser aprobada por la mayoría de los senadores; y este procedimiento se justifica porque, al analizar los motivos de la solicitud, los legisladores evitan precisamente que detrás de la separación del cargo haya motivos contrarios a la Constitución, como por ejemplo traicionar los artículos 116 y 125.

Si tuvieran razón Monreal y Osorio –si la licencia al cargo de senador fuera un derecho inalienable–, entonces no sería necesario que el Senado hiciese nada. Bastaría con que al legislador se le inflamaran las amígdalas para renunciar, o separarse del cargo, sin que sus colegas tuvieran que decir, discutir ni votar nada.

Porque la aprobación de la solicitud de Velasco iba a hacer posible que “El Güero” sumara dos cargos a la vez, y porque está también prohibido que sea gobernador sustituto, es que la Mesa Directiva del Senado hizo lo correcto cuando se opuso, en una primera votación, a los deseos del ecologista más poderoso del país.

Pero los recién estrenados senadores de la 64 Legislatura no toleraron por mucho rato haber actuado bien y entonces se inventaron un truco nunca visto en la Cámara alta: promovieron una segunda votación sobre el mismo tema en la misma sesión.

Al museo de la impunidad mexicana le faltaba esta joya: como durante la primera votación no salieron las cosas como Velasco quería, entonces “El Güero” ingresó por segunda vez la misma solicitud de licencia, y como el tema era urgentísimo para la República, sus colegas paleros decidieron introducirlo otra vez en el mismo orden del día, por la puerta de la cocina –acaso del clóset o de la coladera– y así lograron revertir la prudencia legislativa de la resolución anterior.

En esta columna no hay lugar para la lista de arbitrariedades que Manuel Velasco cometió contra la Constitución de Chiapas, el pasado 24 de agosto, y que son la otra parte de la ecuación para lograr que su capricho de ser el primer góber-senador de la historia contemporánea mexicana pudiera cumplírsele.

En Chiapas las cosas están que arden porque “El Güero”, como la mayoría de los “güeros” en nuestro país, hace lo que se le da la gana; y también porque los morenos, lamentablemente, se volvieron sus vergonzosos cómplices.

ZOOM: Hay una petición en change.org que cuenta con más de 13 mil 500 firmas solicitándole a Andrés Manuel López Obrador que combatiera la impunidad de Manuel Velasco Coello. Hay también cinco diputados de PVEM que entregaron incondicionalmente su voto a Morena a cambio de que sus legisladores abrazaran a este peculiar personaje del nuevo imperio mexicano.
23 Agosto 2018 04:00:00
En defensa de la reforma educativa
labras, todas muy grandes, para referirse a la reforma educativa: términos utilizados para dar significado a una bandera principalísima de Andrés Manuel López Obrador, su partido y el futuro grupo gobernante.

El lunes pasado el próximo presidente de México insistió con el punto: “Quiero dejar de manifiesto que se va a cancelar la actual reforma educativa y que va a ser sustituida por otra”.

Frente a él estaba Enrique Peña Nieto quien, con esa sentencia, vio caer al abismo su herencia política más preciada.

Revuelve el estómago que la educación sea tema para el espectáculo y el fuego de artificio, en vez de atenderse con la seriedad que merece. ¿Qué es exactamente lo que se está pensando enterrar, derrumbar, cancelar o erradicar?

Cuando Andrés Manuel López Obrador refiere a la reforma celebrada en 2013, ¿habla de la reforma constitucional, de las leyes secundarias que derivaron de ella o del paquete completo?

El núcleo atómico de esta reforma lleva 5 años en el Artículo Tercero de la Constitución y hay argumentos sólidos para defenderlo en todos sus términos, aun si tal cosa deba hacerse a contracorriente de la mayoría política que triunfó en las elecciones de julio.

Las leyes secundarias, que también se votaron en 2013, son, en cambio, perfectibles, reformables y debieron atender en su día mejores reflexiones e inteligencia. No es por tanto objeto de este texto hablar de ellas, sino del núcleo constitucional.

¿Cuáles son los elementos de ese núcleo atómico que está siendo tan vehementemente combatido? Para tener una opinión fundada vale la pena sacar lápiz y anotar sobre cada punto:

1. La reforma estableció como obligación para el Estado mexicano garantizar la calidad de la educación. 2. Esta calidad se mide a partir de la adquisición de conocimientos de los estudiantes. 3. Es decir, que el Estado se comprometió a garantizar, no solo la cobertura, sino la calidad del aprendizaje. 4. Se consideraron como variables para la calidad del aprendizaje: el material y los métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos. 5. Se creó un sistema nacional de evaluación a cargo de un instituto autónomo y protegido frente a las presiones políticas, partidarias y sindicales. 6. Se creó un servicio profesional docente para impedir que las plazas de los maestros sean compradas, heredadas, o bien, obtenidas por criterios político-clientelares. 7. Solo puede obtenerse una nueva plaza de maestro a través de un concurso de oposición. 8. El avance en la carrera de los maestros depende de su propio mérito y las evaluaciones que se realicen para medirlo.

Estas son las ocho partículas del núcleo atómico de la reforma educativa que se pretende hacer estallar con razonamientos que no han sido sinceros ni claros. No es cierto que la reforma constitucional del 2013 haya sido principalmente laboral y es injusto, desde el punto de vista argumentativo, decir que no fue educativa.

Debe defenderse la calidad del aprendizaje como garantía constitucional, lo mismo que la evaluación del conjunto de elementos y sujetos que la aseguran (materiales, métodos, infraestructura, organización y profesores). Debe defenderse que los puestos docentes se asignen por concurso y no por vías arbitrarias. Debe defenderse que el avance en la carrera de los maestros dependa de su propio mérito y no de la politiquería.

Cancelar, erradicar, enterrar o asesinar el núcleo atómico de la reforma educativa implicará un penosísimo retroceso, y algo peor: significará afectar la vida de millones de estudiantes que no van a descubrir la deficiencia de la educación que recibieron hasta que sea demasiado tarde.

ZOOM: Además de prometer que cancelaría la reforma educativa, Andrés Manuel López Obrador ofreció que no celebraría reformas constitucionales durante los tres primeros años de su gobierno. Esto querría decir, en buen español, que entonces no la cancelará. También ofreció que no abusaría del dominio legislativo obtenido por Morena, así que, quizá, además de las convicciones que tiene la mayoría podrían escucharse los argumentos de los minoritarios que vemos con gran preocupación lo que se está proponiendo.
16 Agosto 2018 04:00:00
Se los tragó la tierra, no la Marina
Los padres de Jorge Domínguez Hernández buscan a su hijo desde la noche del miércoles 4 de abril cuando, según los vecinos, elementos de la Marina se lo llevaron. Los vehículos oficiales utilizados en ese operativo tenían rótulos y placas que confirmarían la participación de la Armada de México en el operativo.

Sin embargo, los voceros de la Secretaría de Marina afirman que el número de la placa (511 445) obtenida por los testigos no corresponde a ningún transporte registrado por la dependencia.

Insisten también en que, como en otros casos reportados, los sujetos que han participado en la ola de levantones que padece la población de Nuevo Laredo podrían ser impostores portando uniformes clonados.

Desde febrero del año pasado la Marina denunció el uso de vestimenta falsa y vehículos de imitación por parte de criminales que operaban en Reynosa. De acuerdo con esta autoridad, el propósito de esta suplantación sería “desprestigiar las acciones de apoyo a la seguridad pública que realiza el personal naval” en la frontera norte de Tamaulipas.

A través de un comunicado de prensa fechado a principios de febrero de 2017, voceros de la dependencia afirmaron que los falsificadores “tienen la intención de realizar actos ilícitos en contra de la población o autoridades, atribuyéndoseles citados hechos delincuenciales a esta institución”.

Un año después de aquellas declaraciones, la Marina retomó el argumento para defenderse de los señalamientos realizados por Naciones Unidas a propósito de una serie larga de expedientes relacionados con desaparición forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

La verdad detrás de esta réplica es de la mayor importancia: si bien es gravísimo que haya impostores tratando de imputar hechos delictivos a los elementos de la Armada de México, mucho peor sería que la dependencia mintiera.

La confianza depositada por la población sobre la Armada de México podría sufrir un daño difícil de restituir si, con estas explicaciones, terminara encubriéndose a los responsables de violar la Constitución.

De los 33 casos reportados como parte de esta ola de levantones en Nuevo Laredo hay dos que cuentan con evidencia visual sobre la participación de sujetos vestidos con presuntos uniformes de la Marina.

El primero es el de José Daniel Trejo García. Según refiere su esposa, Jésica Rodríguez Molina, la noche del martes 27 de marzo de este año un grupo de seis elementos de la Marina ingresaron por la fuerza a su domicilio. Se llevaron a José Daniel, junto con Gilberto Gaspar Vázquez, una persona indígena oaxaqueña que estaba en Nuevo Laredo mientras intentaba cruzar la frontera.

A diferencia de muchos otros testimonios, el de la señora Rodríguez cuenta con el respaldo de un video registrado, desde la calle, por una cámara colocada en una casa vecina. En él se observan, en efecto, al menos seis efectivos vestidos con uniforme militar. Todos llevan casco, coipa, cartucheras y armas largas. Tal vestimenta es a tal punto similar a la que ostentan los marinos responsables de la seguridad en Nuevo Laredo, que se entiende por qué la esposa del señor Trejo García podría haberse confundido.

El otro caso de testimonios apoyados por imágenes es el de José Luis Bautista Carrillo, un hombre de 33 años que fue presuntamente detenido el miércoles 16 de mayo por elementos de la Marina en el Yonke Pepes.

Según sus familiares, el sujeto fue sustraído durante un operativo en el que participó un grupo grande de marinos. Los familiares del desaparecido consiguieron realizar un video en el que se muestra a esos efectivos, vestidos exactamente con el mismo uniforme y equipamiento exhibidos por la señora Jesica Rodríguez para el primer caso.

El elemento retratado porta ropa de camuflaje color arena y verde, lleva coipa, casco y arma larga; tiene, además, sobre la cabeza, una cámara rectangular con la que podría estar grabando a sus interlocutores.

Nuevamente en este caso la vestimenta es a tal punto parecida a la que exhiben los marinos de la zona, que cuesta trabajo suponer la fabricación.

¿Son o no uniformes de la Marina los que aparecen en los videos presentados por los familiares de estas tres personas desaparecidas (José Daniel Trejo García, Gilberto Gaspar Vázquez y José Luis Bautista Carrillo)?

La pregunta es medular porque en los demás casos no hay imágenes sino testimonios oculares que aseguran haber presenciado la participación de elementos de la Armada de México vestidos tal cual aparecen en esos dos videos.

ZOOM: La credibilidad de la Marina está siendo cuestionada por un asunto que puede resolverse de manera sencilla, siempre y cuando en los casos arriba mencionados pueda probarse que fueron criminales disfrazados quienes perpetraron los levantones. De lo contrario, no habrá sido la tierra quien se tragó a las víctimas.
09 Agosto 2018 04:00:00
Los fueros de Elba Esther
Elba Esther Gordillo está libre porque no fue la justicia quien la persiguió estos cinco años, sino la política. Hace ya tiempo que las acusaciones penales en su contra eran insostenibles, pero permanecían las razones del poder. A partir de ahora, ni unas ni otras le atan las manos. Está libre para regresar por sus fueros.

Antes de que la detuvieran, la profesora Gordillo gozaba básicamente de cinco fueros extraordinarios. La pregunta principal del momento es si será capaz de recuperarlos: ¿La alianza que hizo con Andrés Manuel López Obrador, desde febrero del año pasado, le servirá para rescatarlo todo?

Los cinco fueros son: 1) control sobre la organización social más grande y poderosa de América Latina, el SNTE, que cuenta con más de un millón 600 mil afiliados; 2) control sobre la inmensa tesorería de esa misma organización; 3) control sobre una amplia red de maestros dispuestos a operar electoralmente a nivel local y nacional, la cual ha causado daños mayores a la democracia mexicana; 4) control sobre la política educativa y; 5) control sobre una buena parte del presupuesto educativo que es el más robusto en la administración pública.

Un lustro en prisión, una salud física mermada y dolores privados intensos, son argumentos suficientes como para suponer que la maestra pudiera preferir un regreso a la vida íntima y un retiro tan digno como pacífico.

Sin embargo, la manera y sobre todo la fecha de su liberación llevan a suponer otros escenarios. Con el gran talento histriónico que la ha caracterizado toda su vida, la profesora logró hacer coincidir la absolución de sus pecados judiciales con la entrega de la constancia al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hay quien asegura que detrás de esta coincidencia podría estar Enrique Peña Nieto, quien quiso arruinarle la fiesta a su sucesor; también hay quienes dicen que fue Andrés Manuel López Obrador el que influyó para que liberaran a la profesora.

Habría una tercera explicación más simple, y por tanto más creíble: instruido por su cliente, el abogado de Elba Esther Gordillo operó con el magistrado para que hiciera coincidir las fechas con el único propósito de generar un efecto mediático de amplias proporciones.

Y lo logró porque, desde ayer, el tema nos tiene a todo el mundo especulando. Tanto ruido ha provocado la coincidencia que la asunción de AMLO al grado de presidente electo pasó a segundo plano.

El cálculo político de Elba Esther no parece coherente con el que haría una mujer que está dispuesta a retirarse del poder, sino con la profesora de siempre –la estratega política que sorprende– y que tendría energía y ánimo para regresar por sus fueros.

En otras palabras, si el dilema de ella está entre el retiro y el regreso, la manera como escenificó su liberación tiene más relación con lo segundo que con lo primero.

Los observadores no habremos de esperar demasiado para resolver nuestras dudas. Si en el futuro gabinete de AMLO, concretamente en la Secretaría de Educación, hay personas próximas a la profesora, entonces el acuerdo político va más allá de su liberación.

Pero aún más importante, si Juan Díaz deja de ser cabeza del SNTE, y alguien próximo a la maestra ocupa su lugar, la profesora habrá logrado reencarnar una vez más.

ZOOM: ¿Será Elba Esther Gordillo fundadora de la Cuarta Transformación? Hay que decir que tiene amplia experiencia en esa materia; según su currículo participó antes en la transformación salinista, luego en la foxista y también en la calderonista. A la mejor y por su conocimiento en la materia la vuelven a contratar.
06 Agosto 2018 04:00:00
Alto a la fiesta criminal en Morelos
Mientras el futuro gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el Comisionado de Seguridad en ese estado, Arturo Capella, disparan sin piedad declaraciones, el uno contra el otro, la violencia crece descontrolada.

El martes 24 de julio, a plena luz del día, una pareja fue ultimada por un sicario en la ciudad de Cuernavaca: primero fue tras el varón y luego alcanzó a la mujer, que había logrado refugiarse en una tienda de abarrotes.

Una semana más tarde, el martes 31 de julio, apareció en Cuautla el cadáver del líder campesino Romualdo Ixpango. Sus restos calcinados dan cuenta de un acto probablemente perpetrado por una organización criminal.

El viernes 3 de julio murió también Ricardo Alonso, colombiano que fue víctima de un linchamiento en el poblado de Tetela del Volcán. Las autoridades lo acusan, sin haber mediado juicio, de haber sido un extorsionador profesional.

La gravedad de la violencia en Morelos es tal que la semana pasada el gobernador electo de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, se citó con Andrés Manuel López Obrador para solicitarle ayuda.

Desde su punto de vista, para solucionar el principal problema de Morelos solo queda que las fuerzas federales se hagan cargo de la seguridad.

“La gente está asustada… Hay secuestros, extorsiones, situaciones que para mí son lo peor”, declaró Blanco a la prensa y luego centró su crítica contra el Comisionado de Seguridad: Arturo Capella.

Mediante un comunicado público ubicó a este funcionario como el principal responsable: “Exijo al Comisionado… que cumpla con su trabajo y garantice a los morelenses, seguridad… y en caso contrario, que renuncie”.

Capella no nació ayer a la política, así que también acudió a los medios de comunicación para defenderse. El pasado viernes ofreció una entrevista radiofónica a Gabriela Warkentin, en el noticiario matutino Así las Cosas, de la W.

Declaró sin arredrarse que “(En Morelos) hay un vacío de poder”. Según su parecer es demasiado largo el lapso de noventa días que corre entre el día de la elección y el día en que Blanco será nombrado gobernador constitucional. Pero más grave es que exista “un rompimiento total y absoluto” entre la administración saliente y la entrante. “No se ha tenido ningún acercamiento”, porque Blanco no quiere.

En vez de escuchar lo que Capella tiene por decir, el gobernador electo ha decidido menospreciar al Comisionado, al tiempo que lo increpa y lo responsabiliza a través de los medios.

Le dijo también Capella a Warkentin que Blanco debería aprender de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido respetuoso con quienes dejarán sus puestos el próximo mes de diciembre, justamente para evitar lo que está sucediendo en Morelos.

El razonamiento de Capella no merece el cesto de la basura. Si Blanco no quiere a ese comisionado, pues que desde ahora nombre a su sustituto; si no puede, pues que entable una conversación serena y colaborativa con ese policía, en vez de arrojarle macetas desde el balcón.

El peor escenario para los habitantes de Morelos es este que están viviendo: cuando las autoridades responsables de la seguridad que se marchan trenzan batalla contra las que van llegando, los ganones son los delincuentes.

Para nadie es novedad que Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco se detestan, ni que sus respectivos equipos han coincidido en el encono. Sin embargo, la situación de vacío que se produce por su menosprecio mutuo es inmoral y carece de justificación política.

ZOOM

Cuauhtémoc Blanco tiene todo el derecho de no ratificar a Alberto Capella como Comisionado de Seguridad en Morelos; sin embargo, está obligado a reunirse con él para enviar un mensaje contundente contra la fiesta criminal que el vacío político está provocando.
02 Agosto 2018 04:00:00
Bartlett y Clouthier
“Creo que había mejores opciones, pero que una persona no sea bien recibida no quiere decir que ya se acabó el país”, declaró Tatiana Clouthier a propósito del nombramiento de Manuel Bartlett Díaz como director de la CFE. La polémica levantó vuelo de inmediato: ¿por qué la excoordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador se atrevió a desafiar esta decisión del futuro presidente de México? Por congruencia, podría responder Clouthier, por congruencia con la historia familiar, con la versión que creyó su padre, Manuel J. Clouthier, hasta el día de su muerte.

Manuel Bartlett es un político polémico, lo ha sido siempre, y no es posible leerlo sin aproximarse con atención a los pliegues y matices de su biografía.

El hombre fue señalado como el principal responsable del fraude electoral supuestamente cometido en 1988, que cambió el curso político del país. Pero también ha sido, durante los últimos 15 años, el aliado de la izquierda, en concreto de Cuauhtémoc Cárdenas, en la defensa de la industria energética pública. Cuando Tatiana Clouthier refiere que Bartlett no era la mejor opción está obviamente pensando en las convicciones de su padre, y no así en las de López Obrador: su cabeza se encuentra en 1988 y no en 2018. ¿Cómo explicar que, 30 años después, la familia Clouthier mantenga tanto rencor contra Manuel Bartlett?

Ocurre que el candidato panista en 1988 tuvo la convicción de que el fraude cometido por el entonces Gobierno de Miguel de la Madrid no habría jugado para derrotar a su adversario de la izquierda, sino en contra suya.

Escribió varios artículos argumentando que el candidato presidencial del PAN no sacó 17% de los sufragios, en la elección de aquel mes de julio, sino bastante más. Sin embargo, porque Carlos Salinas de Gortari necesitaba un resultado contundente, tanto en los comicios para presidente como para el Congreso, la CFE –encabezada por Manuel Bartlett– habría maniobrado para arrebatarle votos con el objeto de entregárselos al candidato del PRI. En otras palabras, para asegurarle al PRI más del 50% del sufragio, el Gobierno le habría robado al tercer lugar para entregarle capital político al primero. Clouthier nunca creyó realmente que Cuauhtémoc Cárdenas hubiera ganado la elección, pero coincidió con el entonces candidato del Frente Democrático Nacional (FDN) en el sentido de que aquellos comicios habían sufrido de irregularidades graves.

Por esta razón Manuel J. Clouthier comenzó una huelga de hambre el jueves 15 de diciembre, en la Columna de la Independencia, para exigir una reforma electoral que impidiera repetir el fraude. Demandó, por ejemplo, darle autonomía al órgano electoral –crear el INE como hoy lo conocemos– y también la emisión de la credencial de elector con fotografía.

Hoy es una paradoja de la historia que Bartlett sea señalado como responsable de operar un fraude a favor de su principal enemigo político de esa época: Carlos Salinas de Gortari. Sobre todo porque, de haber sido Bartlett quien hubiera abanderado al PRI en esos comicios, muy probablemente Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo le habrían respaldado, en vez de rebelarse contra el sistema.

Mientras Salinas representaba la opción neoliberal del priismo, Bartlett era el precandidato de los nacionalistas revolucionarios. Acaso por ello los dos principales líderes del FDN no colocaron a Bartlett como el judas de la elección, como sí lo hizo Manuel J. Clouthier.

Esta incongruencia de la historia encontraría un ajuste en favor de la memoria, en noviembre de 2003, cuando Manuel Bartlett Díaz y Cuauhtémoc Cárdenas se presentaron juntos frente a las cámaras de la prensa, con el propósito de anunciar un frente unido en contra de las reformas energéticas privatizadoras del presidente Vicente Fox.

Sólo los ingenuos se preguntaron qué hacían esos dos señores codo a codo: a pesar del 88 y de la especie que ubicó a Bartlett como el gran demonio del fraude, Cárdenas decidió presentarlo como un aliado político de la izquierda.

Como se ha dicho bastante por estos días, no fue López Obrador quien reivindicó primero a este político poblano, sino el principal candidato defraudado del 88.

ZOOM: Nadie ha dado la batalla con mayor enjundia en contra de la lógica empresarial que se desentiende de la energía como asunto de seguridad nacional. El nombramiento de Manuel Bartlett es un mensaje político sobre el cambio que el Gobierno entrante tiene previsto en la política energética. Habrá prometido López Obrador que, al respecto, no se celebrarían reformas constitucionales (en los próximos 3 años), pero nunca ofreció que apartaría del tema a sus principales opositores.
26 Julio 2018 04:00:00
Exportadores ricos, trabajadores pobres
Hacen el mismo trabajo, tienen capacidades muy similares, son igual de productivos, entonces ¿por qué, mientras un obrero en Estados Unidos gana 35 dólares por hora, el mexicano ingresa menos de 3 dólares por el mismo tiempo trabajado?

Uno, porque los primeros están organizados dentro de un sindicato que defiende sus intereses, mientras que los segundos no cuentan con ese privilegio.

Dos, porque a diferencia de los estadunidenses y los canadienses, los líderes sindicales mexicanos son socios o empleados de los empresarios y ese conflicto de interés no tiene consecuencias.

Tres, porque el Gobierno mexicano ha tenido preferencia sistemática por los intereses de los empresarios y cree con obcecación en que la competitividad mexicana debe sostenerse a partir de pagar salarios miserables.

Las mismas razones que mantienen deprimido el ingreso de los trabajadores son las que permitieron que, durante las rondas anteriores para la renegociación del TLC, el tema de la homologación salarial fuera marginado.

En julio del año pasado, dos líderes canadienses, Jerry Dias, cabeza de la Unifor, y Denis Williams, dirigente del sindicato automotriz, publicaron un texto en The New York Times que pretendía desafiar al Gobierno mexicano.

Ahí acusaron a la CTM de estar coludida para lastimar los derechos de los asalariados y mantener las condiciones laborales de los mexicanos muy por debajo de los estándares estadunidenses.

Para ambos sindicalistas, la renegociación del TLC debía incorporar un mecanismo de arbitraje laboral para combatir la injusticia impuesta por los mexicanos en contra de los trabajadores de los tres países.

Frente a esta iniciativa, tanto los negociadores del Gobierno mexicano como sus amigos empresarios del cuarto de al lado hicieron como si no oyeran. Sin embargo, por lo bajo no paraban de repetir que, de incrementarse los ingresos de los trabajadores en nuestro país, industrias como la textil o la automotriz terminarían migrando a China y otros países dispuestos a precarizar la mano de obra.

Ayer, sin embargo, con la visita de Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, quedó claro que este tema comenzará a moverse en una dirección distinta. Después de la reunión que esta funcionaria sostuvo con Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, el futuro canciller mexicano anunció que uno de los temas principales de la renegociación del TLC será la homologación salarial.

No sólo Jerry Dias o Denis Williams estarán felices por lo que ayer escuchamos, sino que deberían estarlo los miles de trabajadores de la industria manufacturera mexicana de exportación, cuya existencia está a punto de cambiar.

Sería falso prometerles que a partir de diciembre sus salarios pasarán, por hora, de 3 a 35 dólares, pero al menos dejarán de estar anclados a la baja.

La homologación salarial pasa, como propusieron Dias y Williams, por la creación de un órgano trilateral responsable de arbitrar contra las asimetrías injustas del salario, con el objeto de resolver la sistemática discriminación responsable de que, en América del Norte, a trabajo igual se pague un salario desigual.

No es cierto que esta asimetría se deba a argumentos de orden económico: ha sido la política sindical del Gobierno mexicano y la sociedad malsana entre las élites empresariales y los gobernantes, los dos motivos que, de un lado, han maltratado a los trabajadores de la industria exportadora mexicana y, del otro, han enviado a la calle a los obreros de Canadá y Estados Unidos.

Si Ebrard y su jefe, Andrés Manuel López Obrador, abrazan como principio una homologación justa de los salarios en la renegociación del TLC, otra será la cara de Norteamérica.

ZOOM: Promover la homologación salarial significa pelearse con los negociadores que, desde el sector empresarial mexicano, han estado participando en las rondas del TLC. ¿Será que el mandato en las urnas alcance para que el futuro gobierno logre un arreglo más justo? Crear la comisión tripartita de arbitraje en materia laboral es la clave para responder a esta pregunta.
19 Julio 2018 04:00:00
No habrá amnistía
Es imposible prometer el perdón a nombre de terceras personas. Andrés Manuel López Obrador dice que no es un hombre rencoroso, pero él no es el único mexicano que carga con agravios en contra del Gobierno saliente y, por tanto, no importa cuánto quiera hacer o deshacer, una vez que ocupe la silla presidencial, los reclamos y las demandas de justicia harán pronta y tremenda erupción.

Apenas ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, cuando el priista César Duarte era gobernador, esquilmó a cientos de funcionarios públicos con reducciones a su salario para financiar al Revolucionario Institucional.

La investigación del INE no podría haber llegado a buen puerto sin las delaciones que comenzaron a fluir después de la estrepitosa derrota del PRI. Este es sólo un botón de muestra de lo que podría esperarse: una vez que se debiliten los controles sobre el poder que todavía ejerce Enrique Peña Nieto, las acusaciones en contra de su Gobierno, en contra de sus principales aliados, serán avalancha.

Ni Andrés Manuel López Obrador, con todo y su imbatible popularidad, podrá oponerse a lo que viene. Los expedientes más tetanizantes de la actual Administración aguardan para emerger con potencia: Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán, casa blanca, Seguritech, Iusa, Nutriwell, Higa, OHL, Odebrecht, por mencionar sólo algunos, son asuntos con muchas ganas de alcanzar la superficie.

Un síntoma del pánico que recorre los pasillos de la Administración saliente son los más de 100 recursos que distintas dependencias del Gobierno federal presentaron en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, que ordenó la creación de una comisión independiente para investigar el caso Ayotzinapa.

Ayer también, mientras el INE confirmaba las trapacerías de Duarte, el magistrado Sabino Pérez García, azuzado por el titiritero de siempre, combatió la decisión del colegiado afirmando que la comisión investigadora era materialmente improcedente. Pérez García quedará como uno de los últimos integrantes del Poder Judicial Federal que haya intentado salvar lo insalvable.

La investigación sobre los normalistas desaparecidos fue un desastre porque así se decidió desde Los Pinos. Tal desaseo no tuvo como autor al caos, sino a responsables de carne y hueso que, rebasando sus facultades, terminaron protegiendo a los culpables y evitaron que se hiciera justicia.

No sólo Tomás Zerón, nefasto director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tendría que enfrentar consecuencias por sus actos, también los mandos militares del Batallón número 27, así como las autoridades estatales responsables de la seguridad y la procuración de justicia.

En política, el orden de los factores sí altera el producto: AMLO arrasó en las urnas porque fue el candidato mejor situado para aprovechar la ola de repudio al Gobierno saliente; con habilidad supo capitalizar la caída de un presidente, Enrique Peña Nieto, que se retirará con menos del 20% de aprobación.

Sin embargo, AMLO cometería un error grave si intentara convertirse en obstáculo para que esa ola reviente en las playas de la justicia. Los agravios son tantos que no es posible pretender amnesia, ni a su prima hermana: la amnistía.

Tal como sucedió con el caso Chihuahua y el INE, tal como el Tribunal Colegiado hizo con el caso Ayotzinapa, así veremos transitar, por las vías institucionales, los agravios y los reclamos que antes erosionaron la estima por el Gobierno que parte.

ZOOM: López Obrador engañó con la verdad cuando dijo que no era un hombre rencoroso, porque lo hizo conjugando en primera persona del singular; en la realidad él no podrá frenar a ese inmenso nosotros que quiere ver culpables frente a cada arbitrariedad cometida y cada macronegocio corrompido.
12 Julio 2018 04:00:00
AMLO pacta con una Fiscalía que Sirva
Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que desconfiaba de la sociedad civil, prácticamente todas las organizaciones se pusieron el saco. Sin embargo, empieza a quedar claro que, como en todo, aquí también hay distingos. Tres integrantes del equipo del virtual presidente electo se reunieron ayer con la red de organizaciones agrupadas en el colectivo autodenominado Por una Fiscalía que Sirva. El resultado fue, según las dos partes, bastante positivo en términos de confianza y compromiso para trabajar juntos.

Los representantes del equipo de transición fueron Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, así como la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se incorporó hacia el final del evento.

Antes de que se celebrara este encuentro tenían fracturas los puentes entre esta red de organizaciones y el futuro grupo gobernante. Durante la campaña hubo temas en disputa, como el cuestionamiento por parte de los líderes de Morena sobre la pretensión de la sociedad civil de querer abrogarse la facultad de nombrar al futuro fiscal.

En revancha, los voceros de una Fiscalía que Sirva se habían expresado en contra de un pacto eventual entre la Administración saliente de Peña Nieto y López Obrador para dar un albazo, reformando la ley orgánica y nombrando un fiscal a modo, de ambas partes, antes de septiembre de este año.

La reunión de ayer sirvió para conjurar ambos fantasmas: ni las organizaciones quieren nombrar al fiscal, ni AMLO celebró un acuerdo con los priistas para resolver a la mala la futura Fiscalía General de la República. La conversación fluyó porque los asistentes al encuentro adoptaron tres puntos de entendimiento básico: primero, que el proceso de designación de la persona que ocupará la cabeza de la Fiscalía no puede ser la única ni la principal preocupación; segundo, que es muy importante el modelo de procuración de justicia surgido de la futura ley orgánica y; tercero, que ese modelo debe nacer de un consenso lo más amplio posible, donde estén incluidos no sólo los actores del gobierno entrante y las organizaciones que participaron en la reunión, sino un número más extenso de interlocutores, tanto de la oposición como de otras geografías de la sociedad civil.

En el pasado, el proceso de designación del fiscal enfrentó al Gobierno con esta red de organizaciones. Fue larga y difícil la batalla en contra de que el presidente Peña Nieto dejara a un amigo suyo al frente de la nueva institución. No era aceptable que la autoridad saliente quisiera cuidarse las espaldas imponiendo un cómplice al frente de la fiscalía naciente. Esta tensión se resolvió con la renuncia de Raúl Cervantes y el nombramiento de un procurador interino, de cuyo nombre no vale la pena siquiera acordarse.

Por una Fiscalía que Sirva propone que el Senado, cuya mayoría es de Morena, nombre una comisión de designaciones responsable de explorar perfiles para proponer al próximo presidente de México una terna de la cual surja la propuesta del Ejecutivo para la cabeza de la fiscalía. Se trata de una iniciativa que busca involucrar a los actores relevantes –Legislativo, sociedad civil y Ejecutivo–, lo cual en ningún modo podría ser interpretado como el arrebato de una potestad que corresponde a los poderes formalmente constituidos.

Otro asunto mencionado fue la relevancia de constituir un servicio profesional de carrera, dentro de la futura fiscalía, para que todos los demás nombramientos –que podían ser incluso más importantes que el de su cabeza– se celebren a partir de criterios no partidarios, ni esencialmente políticos, sino respetando capacidades técnicas y garantías éticas. El propósito sería desterrar tanto el amiguismo como la politización de la justicia y, desde luego, erradicar la corrupción.

La discusión sobre el modelo de justicia penal inscrito en la ley orgánica concitó también acuerdo. No se trata sólo de diseñar el cascarón formal de la futura fiscalía, sino la materia jurídica que orientarían la actuación de los funcionarios que vayan a integrarla.

ZOOM: hay distintas clases de sociedad civil; ayer, el futuro gobierno dejó en claro que con Una Fiscalía que Sirva va a trabajar de manera estrecha. En cambio, otros actores tradicionales de la fotografía política, como, por ejemplo, Isabel Miranda de Wallace o Alejandro Martí, estuvieron ausentes. ¿Será que el deseo de consenso es tanto que también a ellos se les invitará a participar?
05 Julio 2018 04:00:00
¿Reconciliación total con los empresarios?
Ayer por la mañana, antes de que se celebrara la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y la cúpula empresarial mexicana, una reportera preguntó a Valentín Díez Morodo, el más priista de los patrones mexicanos, si habría reconciliación total entre el futuro presidente y el sector privado. Él respondió, “no sé qué es eso”.

Minutos más tarde, el gran triunfador de la contienda del domingo pasado llegó a la reunión en un Volkswagen Jetta, modelo 2010, cuyo valor no rebasa los 98 mil pesos. Lo hizo en punto de las 8:30 de la mañana, al hotel Camino Real de la Ciudad de México, y tardó un tiempo largo en acceder al salón porque varias decenas de personas querían saludarlo, entregarle una carta, felicitarlo, tocarlo, mirarlo con proximidad.

La reunión de trabajo duró dos horas y fue a puerta cerrada. La información compartida con el público se entregó durante una conferencia de prensa celebrada al término del evento, conducida por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el candidato presidencial electo.

Ahí López Obrador precisó que la reunión se había caracterizado por una actitud mutua de confianza. Alfonso Romo, futuro jefe de la oficina del Presidente, fue más lejos: “ya nos queremos todos, estamos en una luna de miel que durará seis años”. Y luego preguntó: “¿no han visto el tipo de cambio?”

Las distancias que había comienzan a acortarse. Sería falso decir que son amigos, más difícil suponer que son socios: no es fraternidad sino respeto lo que pudo observarse en este encuentro. Cerrado el proceso electoral, la etapa para los pleitos terminó y a todas las partes les conviene trabajar coordinadamente.

La agenda de temas la puso el político tabasqueño: formuló como primera acción conjunta un programa para el primer empleo de los jóvenes, financiado con recursos del Gobierno; becas para 2 millones 600 mil jóvenes que ingresarían a laborar sin costo para las empresas, con el fin de adquirir experiencia y capacitación.

Los empresarios no respondieron con una contraoferta para que el programa se potencie, pero recibieron bien la iniciativa.

El otro tema expuesto por el candidato electo fue la extensión, a todo el país, del programa de apoyo para adultos mayores, de tal manera que los ingresos recibidos por este sector sean similares, independientemente de la entidad federativa.

En conjunto, ambos proyectos costarían 150 mil millones de pesos, cifra que representa un tercio más del monto asignado actualmente al programa Prospera. Ante la pregunta obligada de los líderes empresariales, sobre el origen de los recursos para financiar la costosa iniciativa, López Obrador respondió que conseguirá fondos suficientes a partir de la austeridad que impondrá sobre su Administración, “lo haremos, aunque nos quedemos sin camisa”, advirtió seguro de sus matemáticas.

Valentín Díez Morodo no fue entrevistado al finalizar el evento, pero sus pares empresarios contrastaron por su entusiasmo: de toda evidencia hubo reconciliación.

Alejandro Ramírez, cabeza del Consejo Mexicano de Negocios, se dijo “optimista por lo que pueden hacer el sector privado y el nuevo Gobierno”. Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, festejó el discurso de López Obrador porque ofrece las condiciones de certidumbre que el sector financiero necesita para ser motor de desarrollo. Moisés Kalach, responsable del CCE para la renegociación del TLC, se dijo contento porque habrá continuidad institucional del Gobierno entrante a los trabajos realizados por la actual
Administración.

Al parecer, la peor pesadilla del sector empresarial ha sido conjurada. El CCE nació en los años 70 del siglo pasado como un organismo cúpula diseñado por los empresarios más ricos del país para enfrentar un pleito amargo y severo con el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.

Desde entonces baila en ese organismo el fantasma de aquel político que tanta desconfianza provocó y López Obrador encarnó a ese fantasma de su cabeza, durante las últimas tres elecciones.

ZOOM: ¿Será que por fin el divorcio ha sido enterrado? Por lo pronto, la transición política comienza más tersa de lo que se anunció durante la campaña. Si AMLO y los empresarios alimentan con consistencia la confianza y la certidumbre, esto significaría una invitación amplia para que el resto de quienes habitamos el país aportemos lo propio.
28 Junio 2018 04:00:00
El voto: ¿desigual o parejo?
La contienda cierra entregando una mayoría amplia en la elección presidencial para Andrés Manuel López Obrador. De aquí al domingo, difícilmente habrá una sorpresa en la elección más importante. Lo que no está claro es si el electorado va a apoyar en todo lo demás al triunfador, o dividirá su voto para acortar su poder.

Según las últimas encuestas, el sufragio dividido iría ganando sobre el voto parejo: mientras AMLO lograría un techo de 47%, los diputados de Morena toparían en 40% (Mitofsky, junio 18).

Contrastan los resultados de la coalición encabezada por Ricardo Anaya porque, según la misma fuente, el candidato quedaría alrededor de tres puntos por debajo con respecto al voto que lograrían sus legisladores. Por su lado, en el caso de José Antonio Meade, el sufragio sí sería parejo: 23.5% del abanderado contra 22% de los diputados.

De acuerdo con otra encuesta (Reforma, junio 27), mientras las preferencias electorales del candidato de Morena habrían crecido, entre el 1 y el último día de mayo (votación efectiva) –de 48% a 52%–, los resultados previsibles para los diputados de Morena habrían decrecido cinco puntos: de 42% a 37 por ciento. En cambio, para el Congreso las preferencias de las otras dos coaliciones se habrían mantenido sin movimiento.

Las personas que votarán por López Obrador tendrán dos decisiones pertinentes: primero, entregar el voto parejo de tal manera que el próximo Presidente de la República cuente con un margen holgado para emprender los cambios prometidos, o bien, desigualar, de tal manera que AMLO, a partir de diciembre, enfrente contrapesos que lo obliguen a negociar con las oposiciones.

La segunda decisión, quizá la más difícil, sería aquella que tiene que ver con la oposición elegida para equilibrar al poder presidencial. De acuerdo con la última encuesta de Reforma, los partidos de oposición (a Morena) que mayor posibilidad han mostrado en esta contienda para crecer en el Congreso son Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el Partido Verde. En cambio, el PRD sufre la peor caída de su historia –podría terminar la jornada con menos de 4% de las preferencias– y el PRI no está encontrando electores nuevos con quienes superar la barra de los 20 puntos.

Si todo se mantiene igual, dos de cada 10 electores que votarán por AMLO emitirán un voto dividido, y los restantes ocho mantendrán lealtad pareja hacia Morena. Los primeros creen en el candidato, pero no en su partido; los segundos están dispuestos a entregarle, sin distinguir, todo el amor y el dinero al movimiento y su abanderado.

En la misma encuesta de Reforma (junio, 27) se ofrece una serie de datos que permiten comprender el estado de ánimo ciudadano, a unos cuantos días de la elección: López Obrador aparece como el candidato presidencial más confiable para combatir la corrupción (47%), más capaz también para gobernar (42%), más apto para mejorar la economía (41%) y la seguridad (37%), pero al menos un tercio del electorado cree que podría desestabilizar al país.

Este último dato contrasta con la percepción generada en el mismo sentido por Ricardo Anaya –solo 9% cree que este otro candidato presidencial sería un problema para la estabilidad– o por José Antonio Meade (21% lo considera como un factor desequilibrante).

Son estos últimos números los que explicarían por qué hay un voto a favor del candidato López Obrador, que está calculando votar diferenciado: son los que piensan que es necesario el contrapeso para disminuir la probabilidad de inestabilidad.

Los mismos datos permiten predecir que serán dos partidos de la coalición Con México al Frente, el PAN y MC, quienes se llevarían un buen trozo del voto que confía en AMLO, pero no en Morena.

ZOOM: Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México, pero como sus antecesores –desde 1997–, él también tendrá que negociar con las oposiciones para poder sacar adelante sus propuestas de cambio, sobre todo las más ambiciosas.
21 Junio 2018 04:00:00
El día después
Cabe temer que la confrontación no se detenga el día después, que la polarización se prolongue, que la intolerancia se instale, que el lenguaje violento haga imposible la conversación, que se asfixie la crítica, que se destierre la diferencia.

El ambiente hostil que ha marcado a esta contienda no es democrático, si definimos democracia como lo hizo John Stuart Mill: como el gobierno mediante el diálogo.

La estridencia de los extremos está haciendo imposible el intercambio entre razones diferentes: predominan la descalificación, el insulto, la condescendencia, la arrogancia y la insolencia. Somos una comunidad que normalizó el lenguaje violento.

Los más optimistas creen que, después del 1 de julio, regresarán las aguas bravas a la calma; como por arte de magia el triunfo de un nuevo líder para la República hará que la fiesta se imponga sobre la tragedia.

En el otro polo, los pesimistas tienen miedo; temen que el triunfalismo encabronado los arrolle, los acose, los extermine. El megáfono que ha proferido ataques sin contención, durante estos meses de campaña se asoma apenas como una probada de lo que podría venirse después.

Quienes nos dedicamos al oficio periodístico también nos inquietamos porque, el día después, podría ser tierra agreste para hacer nuestro trabajo, contexto ingrato para nuestro oficio, que es esencialmente incómodo para el poder.

Esta campaña ha sido hostil para el pensamiento crítico porque, sin importar los méritos o las bases de cada argumento, se descalifica haciendo pedazos al emisor con adjetivos a la vez venenosos e infantiles, sin que las razones alcancen gravedad ni respeto por el hecho de haber sido expresadas desde la diferencia.

No hay voz en la política que se haya comportado decente en esta temporada electoral: desde las barbaridades de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, que propone cortarle la mano a los corruptos, o la facilidad con que el disidente es acusado de pertenecer a “la mafia del poder,” pasando por la rabia con que se promete meter a la cárcel al Presidente saliente, o el al estribillo oxidado del peligro para México.

La clase política está convencida de que todo se vale durante el proceso electoral porque desconoce que las palabras son recurso privilegiado para movilizar estados de ánimo, y por tanto para construir o destruir realidades.

Hay una liga directa entre la violencia verbal y la violencia física: la hay entre los más de 100 candidatos asesinados en esta contienda y la capacidad de los liderazgos políticos para exacerbar el desprecio por el otro.

El día después tendrá como principales necesidades una escoba y un recogedor, porque la irresponsabilidad de la política dejará un inmenso tiradero.

Por eso, el día después es una iniciativa brillante, promovida por el actor Diego Luna y otros mexicanos, para conjurar la polarización, la violencia y la intolerancia, para asegurar que la crítica sobreviva y para promover el diálogo plural y respetuoso, independientemente de quién salga triunfador en las urnas.

Para enfrentar los grandes desafíos serán necesarios lo puentes y no los barrancos; el día después es una iniciativa que pide, a cada persona, hacerse responsable de construirlos.

Diego Luna ha hecho un llamado a la clase política para que, el día después, detenga su rijosidad, pero también nos ha dedicado a los medios un argumento elocuente: porque el periodismo igual moviliza el lenguaje, nuestro oficio puede reconciliar a la sociedad mexicana, o bien continuar apartándola.

ZOOM: la libertad de expresión tiene al pensamiento crítico como motor y como faro en el horizonte crecer la coexistencia pacífica entre los diferentes. El día después será crítico para construir paz, tolerancia y respeto a la diversidad, o no habrá día después.
14 Junio 2018 04:07:00
Anaya aniquilado
Son muchos los que están dispuestos a hacer cualquier cosa para anular políticamente a Ricardo Anaya Cortés. Cada día crece más la lista de enemigos que quieren verlo, no sólo derrotado en las urnas, sino enterrado de manera definitiva.

Ayer la Comisión Permanente del Congreso, a instancias de los representantes del Partido Verde y del PRI, aprobó un punto de acuerdo para exigir a la PGR que, antes de 10 días, entregue un avance de las indagatorias que esa institución tiene en contra del candidato de Por México al Frente.

Es decir que la Procuraduría habrá de argumentar, siete días antes de la elección, si las acusaciones contra Ricardo Anaya tienen sustento.

Para el PRI es fundamental que Anaya caiga al tercer lugar de la contienda, y sus dirigentes no han perdido oportunidad para señalarlo como el político más corrupto de la temporada.

Los expedientes en su contra se apilan sobre las mesas de redacción de varios medios y quien los elaboró trabaja y cobra para el Gobierno federal.

La penúltima bomba para hacer estallar la opción de Anaya fue la difusión de supuestas grabaciones inculpándolo por lavado de dinero. La última será la publicidad de una indagatoria ministerial que, sin estar terminada ni probada, muy probablemente hará enorme daño.

En este tiempo bajo la metralla, Ricardo Anaya no logró defenderse con contundencia. El hecho de que haya participado en un negocio inmobiliario cuantioso, a propósito de la nave industrial donde está involucrado el señor Manuel Barreiro, lo puso en una situación vulnerable que sus adversarios han utilizado sin piedad.

Hay una primera lección en todo esto: no es posible ser el principal alguacil anticorrupción, y sobre todo no es pertinente enfrentar al jefe del Estado mexicano, si se tienen negocios difíciles de explicar.

Pero no sólo el presidente y su partido quieren ver a Anaya expulsado de la vida política mexicana. Se suman también panistas y expanistas, que ya calculan la derrota en estos comicios y sobre todo la oportunidad que tendrán para hacerse de la dirigencia del PAN.

Los senadores Roberto Gil Zuarth o Ernesto Cordero, el gobernador Francisco Domínguez, el exgobernador Rafael Moreno Valle o el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, entre muchos otros, quieren ver a un Anaya hecho garras, porque entonces se les abrirá grande la puerta para participar en las negociaciones con el futuro gobierno.

A Peña Nieto y los panistas, se suma obviamente Andrés Manuel López Obrador y los morenistas, como enemigos de Ricardo Anaya. Los últimos están conscientes de que, en el hipotético caso de que el queretano quedara a pocos puntos de distancia, el PAN se convertiría en una fuerza incómoda para el nuevo gobierno.

En cambio, la derrota de Anaya dejaría sin dientes a la oposición conservadora, al menos mientras se canibalizan entre sus distintos liderazgos. El cálculo es preciso: si “Anayín Canallín”, como lo apodó AMLO, recibe menos de 20% de la votación, Morena reinará sin contención ni límite en el Congreso y en una vasta geografía de la política local.

Ciertamente son demasiados enemigos y lo peor es que Anaya se mira cada día más solo.

A excepción de Jorge Castañeda, su coordinador de campaña, Diego Fernández de Cevallos, su más combativo defensor, y Santiago Creel, su estratega político, el resto de los integrantes del Frente parecen haber tomado también distancia.

ZOOM: Morena será hegemónica porque las oposiciones se han desfondado: el PRI es merecedor del más alto castigo y, en su intento desesperado por no dejar a Anaya llegar en segundo lugar, ambas fuerzas terminarán juntas y en la misma cuneta.
07 Junio 2018 04:00:00
El extraño caso del señor Levy
De plano es difícil comprender la trama. ¿Buscó o no el equipo de Andrés Manuel López Obrador al economista Santiago Levy para que se incorporara a su posible gobierno? La pregunta es sencilla y merece una respuesta puntual.

El día 29 de marzo de este año, el señor Gerardo Rodríguez escribió un mensaje en Twitter advirtiendo a Gerardo Esquivel, el asesor estrella de AMLO para los temas económicos: “Santiago Levy en busca de chamba con el Peje. Ojo tocayo @esquivelgerardo que no te vayan a rebasar por la derecha”.

A este mensaje Esquivel respondió casi de inmediato: “Pues ojalá que ahora que deje el BID se anime a venirse a México. Será muy bienvenido. Gente como él hace falta en nuestro país”.

No han pasado ni tres meses de este intercambio en Twitter y sin embargo algo fundamental cambió. En marzo era irrelevante que Levy hubiese sido profesor del ITAM, también que hubiera sido subsecretario de Hacienda durante el gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo Ponce de León, o director del Instituto Mexicano del Seguro Social del gobierno conservador de Vicente Fox.

Cabe suponer que los trabajos académicos más recientes de Levy, en particular su extraordinario libro Buenas Intenciones, Malos Resultados, superaban en mérito la currícula previa. Acaso también valoró el equipo de AMLO la posición que actualmente ocupa Levy dentro de la muy pequeña élite financiera mundial: es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Es obvio que Levy estaba siendo considerado para incorporarse de alguna manera al equipo de gobierno de quien muy probablemente será el próximo presidente de México. De otra manera, ¿para qué querría el asesor económico estrella de AMLO que se regresara al país?

Ésta es la pregunta principal y, acaso, la que mayor confusión produjo. Dado que Levy ya fue subsecretario de Hacienda, habría sido ingenuo, por no decir inaceptable, que le propusieran repetir en ese cargo.

A ese exprofesor del ITAM le ofrecieron otro puesto más importante: a Santiago Levy lo buscó el equipo de López Obrador, sin que su itamismo, su neoliberalismo ni su conservadurismo fueran argumentos relevantes.

¿Por qué, entonces, ante la especulación de que podría ser el futuro secretario de Hacienda con López Obrador, Gerardo Esquivel escribió el lunes pasado, también a través de su cuenta de Twiter: “Veo que ya hay quienes piden aplicar el Gatopardismo económico: que todo cambie para que nada cambie. Lamentable?”.

¿Por qué, horas después, volvió a tuitear: “Perdida la presidencia, sálvese el modelo el sueño guajiro de los neoliberales (y de sus acólitos)”?

Primero se le pide a un neoliberal que regrese a la patria y luego se señala a quienes consignaron el hecho como gatopardistas, acólitos neoliberales y soñadores guajiros.

Aquí no hay fake news creada para destruir a nadie ni acusar a nadie. La propuesta de Levy como secretario de Hacienda sonaba lógica en un contexto de incertidumbre económica provocada por la guerra arancelaria que el gobierno de Donald Trump ha emprendido contra nuestro país. Un acto de gradualismo para una transición económica que, con o sin Levy, terminará ocurriendo.

ZOOM: Fue el equipo de AMLO quien echó a andar el rumor y fue el candidato presidencial de Morena quien lo mató: Carlos Urzúa fue ratificado para encabezar la Secretaría de Hacienda. Ya entendimos, y sin embargo la duda flota: ¿por qué buscaron a Levy y luego lo desecharon? O habrá sido al revés: ¿el neoliberal despreció la oferta?
04 Junio 2018 04:10:00
Si gana AMLO, un neoliberal para Hacienda
No estamos para sobresaltos. La economía mexicana aguantaría poco si varios meteoritos la atacan al mismo tiempo, y todo parece indicar que éste será el caso. Por eso, una decisión fundamental del candidato presidencial que resulte triunfador será el nombramiento de la persona que ocupará la secretaría de Hacienda.

La semana pasada vivimos una probadita de lo que se nos viene con las decisiones arbitrarias que Donald Trump está tomando a propósito del Tratado de Libre Comercio. Los aranceles unilaterales sobre acero y aluminio que impuso a México, entre otros países, hicieron que la moneda se resbalara rápido hacia la devaluación.

Este fenómeno seguirá ocurriendo porque, contrario a lo que suponen las autoridades mexicanas, la Casa Blanca no va a negociar en serio, de aquí a las elecciones estadunidenses del próximo mes de noviembre. El magnate ya encontró que es más redituable aplicar medidas quirúrgicas para congraciarse con electores precisos que avanzar hacia una negociación general.

Cabe esperar que otra mañana cualquiera nos encontraremos con que el aguacate mexicano va a pagar 20% de aranceles o que nuestras pantallas planas se venderán un tercio más caras del otro lado de la frontera.

Y cada vez nuestra moneda se correrá, y cada vez la amenaza a la estabilidad económica del país será peor. Si bien es cierto que el Banco de México cuenta con reservas para enfrentar estos embates, arrojados desde Washington, también lo es que los indicadores de deuda pública no son los más saludables.

Flota obviamente en la atmósfera la peligrosa transición presidencial ocurrida en 1994, cuando el paso de un gobierno a otro se hizo tan torpe que nuestra economía terminó arrojada al cubo de la basura.

En 2018 todos los aspirantes a presidente deberían estar preocupados por no repetir aquella historia. Si hay elementos de nuestra economía que, como en aquel entonces, estuvieran sostenidos por alfileres, mejor sacar a tiempo los clavos de acero para conjurar otro descalabro.

¿Qué clavos de acero hacen falta? Primero, una transición conversada con los pocos que sostienen el poder económico mexicano, cuya capacidad para hacer daño es peligrosamente atómica. Cabe recordar que el 10% más rico es dueño de entre el 60 y el 65% del patrimonio nacional.

Apesar de lo tentador que sería modificar radicalmente esta injusticia, tal batalla tendrá que esperar. En esta coyuntura –por lo menos de aquí a que el TLCAN se renegocie (o se tire a la basura)– es pésima idea pelearse con ese selecto grupo de señores.

Segundo, resulta fundamentalenviar una señal contundente a los mercados nacionales e internacionales sobre quién será la persona responsable de conducir las finanzas del futuro gobierno.

Un error grave, cometido en 1994, fue despedir demasiado pronto al entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe. El presidente Ernesto Zedillo no estuvo dispuesto a conceder la permanencia de ese funcionario porque no confiaba en su antecesor.

Sin embargo, esa decisión política terminó haciendo explosión, cuando los mercados no le entregaron su voto de confianza a Jaime Serra Puche, al tiempo en que el flamante secretario cometía errores de párvulo con respecto a la necesaria devaluación de la moneda.

En elremoto caso de que José Antonio Meade ganase la contienda, la permanencia de José Antonio González en Hacienda resolvería esta parte de la ecuación. En cambio, si el triunfador fuera Ricardo Anaya, vale subrayar que, a estas alturas de la campaña, el país continúa a ciegas con respecto a la persona que ocuparía este cargo fundamental.

Dados los resultados arrojados por la mayoría de las encuestas, el tema más preocupante es la propuesta de secretario de Hacienda que ha presentado Andrés Manuel López Obrador: Carlos Urzua tiene méritos incontables, pero no es uno de ellos ser un sujeto que aporte tranquilidad a los mercados, por el sólo hecho de que jamás ha ocupado un cargo relevante en la complicada secretaría de Hacienda; su paso por la academia ha sido más largo que el tiempo gastado en la trinchera.

En talcircunstancia, AMLO debería reconsiderar esta opción y pedirle a Urzua que espere a ver tiempos mejores, en calidad de subsecretario del ramo. En su lugar habría de pensarse en una figura que trascienda facciones, que conozca bien la nave y que pueda comunicarse con confianza y eficiencia, hacia dentro y hacia fuera.

ZOOM: No va a ser del agrado de los votantes y seguidores de AMLO, pero si Trump sigue atizando el avispero, veremos en breve como propuesta para la secretaría de Hacienda, de la coalición Juntos Haremos Historia, a un financiero tradicional, surgido de las filas del neoliberalismo, acaso un itamita, un exdirector del Banco de México, un funcionario del Fondo Monetario Internacional, o algo parecido.


31 Mayo 2018 04:00:00
Becado en España por espiar para el Gobierno de Peña
Roberta Lajous Vargas, embajadora de México en España, aparece en primer plano. A sólo dos lugares de ella está sentado Eugenio Ímaz Gispert, hasta hace muy poco director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Otros nueve funcionarios de la embajada también sonríen frente al lente de la cámara.

La fotografía fue publicada a través de la plataforma Twitter, el martes 8 de mayo. Según el mensaje que la acompaña, la reunión consignada tuvo como propósito capacitar al personal de la Cancillería sobre temas relacionados con los próximos comicios.

¿Qué hace Eugenio Ímaz en Madrid? Pues resulta que el antiguo responsable de la inteligencia del Estado mexicano ingresó, con sigilo y por la puerta de atrás, a trabajar para la Secretaría de Relaciones Exteriores, con rango de ministro y un sueldo de 7 mil euros al mes.

Su nombre no aparece en el organigrama de la dependencia, tampoco sus datos de contacto, mucho menos el cargo que ocupa desde abril de este año. No es nuevo que, quienes se creen dueños del Gobierno, tomen los cargos públicos como botín personal; sin embargo, a diferencia de otros tiempos, la arbitrariedad es difícil de esconder. Sobre todo cuando los diplomáticos tuitean imágenes de sus reuniones internas y luego sonríen plenos de satisfacción.

Quizá la Cancillería reclutó a Eugenio Ímaz como becario porque este exagente de inteligencia tiene una buena relación con el Gobierno de España: en Marzo del año pasado obtuvo la Cruz de Plata al mérito policial por la colaboración que el Cisen prestó para atrapar al terrorista de la ETA Ángel María Tellería Uriarte.

Sin embargo, en México su trayectoria contrasta por poco lucidora. Nunca el centro responsable de proveer inteligencia al país tuvo un papel más mediocre que durante los años en que Ímaz Gispert fuera su director. Dedicado al espionaje político para propósitos inconfesables, el Cisen descuidó su rol como institución de seguridad nacional.

Las pifias de Ímaz han merecido sendas gotas de tinta: desde el mítico escape de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de La Palma, mientras sus agentes lo vigilaban, pasando por la nula aportación de este centro a la investigación sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, cruzando por la pérdida de varios miles de kilómetros que cayeron en manos del crimen organizado, así como por la ceguera cómplice frente a la corrupción abrumadora en los gobiernos locales.

Pero eso sí, el Cisen desarrolló robots adictos a intervenir en las redes sociales con el objeto de atacar a los detractores del Gobierno, espió a la oposición –fuera y dentro del PRI–, grabó y luego difundió conversaciones privadas, filtró información y expedientes que dañaron la reputación de muchos y todo esto, mientras los profesionales de la inteligencia mexicana eran desechados para contratar en su lugar a leales servidores del gobernante en turno.

El desmantelamiento del Cisen lleva ya muchos años, pero su peor degradación ocurrió durante la gestión de Eugenio Ímaz. La única virtud que tiene este hombre es su lealtad incondicional al futuro senador, Miguel Ángel Osorio Chong; acaso por esta razón lo premiaron como ministro de la embajada de México en España.
24 Mayo 2018 04:00:00
Ricardo Alemán y el odio
El lunes de esta semana, Ricardo Alemán publicó una mentira a través de la cuenta que tiene en Twitter: “autoridades politécnicas revisaron a detalle el caso de linchamiento mediático en contra del periodista” (Ricardo Alemán se llama a sí mismo: el periodista).

Es falso que la autoridad politécnica haya observado, analizado, revisado o ponderado acto alguno relacionado con un supuesto linchamiento en contra de este señor.

Un comunicado conjunto emitido por Canal Once y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dice que –en coincidencia con las opiniones de la Defensoría de la Audiencia y el Consejo Ciudadano de la televisora– no se encontraron motivos para rescindir el contrato que dio origen a la producción y emisión del programa Despertar Político, conducido por Alemán, cuya vigencia se agota el día 31 de julio de este año.

La fuente de esta controversia fue aquel otro mensaje, publicado por el mismo señor, también en Twitter, el día 5 de mayo: “Les hablan: ‘A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató un fan. A ver a qué hora chairos’”.

Dado que Ricardo Alemán ha señalado reiteradamente como chairos a los seguidores del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el mensaje implica sin ambigüedades un llamamiento al magnicidio.

Este mensaje del señor Alemán dio la espalda a las leyes mexicanas. Es puntualmente contrario a los principios contenidos en el Artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: es un acto contrario a la paz y la dignidad de las personas que estimula la violencia.

Sin embargo, en opinión de las autoridades politécnicas, dado que el mensaje del señor Alemán no fue emitido en el programa Despertar Político, sino en una plataforma de redes sociales, no se materializa causal jurídica sustantiva para rescindir el contrato.

Con todo, se exhorta al aludido para que comprometa su periodismo con “la construcción de una ciudadanía participativa e informada; además del respeto a la democracia y la pluralidad que se debe guardar en los espacios de la emisora politécnica”.

El buen entendedor no necesita más palabras: 1) el contrato de prestación de servicios entre Canal Once y Ricardo Alemán continuará vigente hasta el día 31 de julio; 2) debido a que el mensaje incitando al odio y la violencia no fue emitido dentro del programa Despertar Político; pero 3) se solicita al señor disposición para construir democracia.

Tiene mucho tiempo ya que Ricardo Alemán está dedicado a agitar los argumentos polares de nuestra sociedad. Su lenguaje provocador, agresivo, increpante y colérico arrecia contra unos y logra enardecer a otros.

El día 5 de mayo de 2018 este sujeto se permitió llegar al extremo de promover por Twitter el asesinato de un candidato presidencial. Olvidó que la libertad de expresión tiene como limitante la promoción del odio y la violencia. Luego, con un video, dijo que no dijo lo que sí dijo y, acto seguido, se asumió como víctima de linchamiento por parte de quienes, en masa, le reclamaron su conducta. Era difícil suponer que un exabrupto como ese no iba a levantar bufidos igual o peor de inmorales.

ZOOM: La estridencia de los extremos está produciendo, en el mundo y en México, una muy peligrosa fractura social y, por obra de sus voceros, la democracia está en riesgo.

John Stuart Mill se refirió a la democracia como el Gobierno a través del diálogo; quien promueve la aniquilación del otro, quien increpa por sistema, quien cierra los canales de la conversación es responsable principal de la opresión.

En este contexto, los medios públicos habrían de tener como responsabilidad privilegiar la elocuencia de la moderación sobre la estridencia de los extremos.
10 Mayo 2018 04:00:00
Lo que quiso decir López Obrador
“Tienes el diagnóstico correcto, pero con la medicina que quieres recetar tu paciente no llegaría vivo ni a la ambulancia”. Eso fue lo que Alfonso Romo le dijo a Andrés Manuel López Obrador el día que se conocieron. Corría el año 2011 y fue Dante Delgado quien los presentó, durante un almuerzo en la casa familiar del tres veces candidato presidencial. Asegura Romo que, frente a la crítica, AMLO no se sintió agredido. Al contrario, el político tabasqueño invitó a ese empresario de Nuevo León, tan diferente a él por geografía y por ideología, para que lo acompañara en su carrera hacia el poder.

Desde que comenzó la vida profesional, en la Chontalpa tabasqueña, López Obrador se dedicó a cultivar capital político a ras del suelo. Sin embargo, no ha sido jamás su fuerte la interlocución con la gente que vive en el cielo mexicano.

Mientras lo primero es su virtud principal, lo segundo ha sido una desventaja notoria para ganar la Presidencia de México. Hay evidencia suficiente para decir que, en la democracia nacional, sólo quienes se dirigen a los dos Méxicos logran ganar la competencia, porque aquí vota la ciudadanía, pero también lo hace el capital. A partir de aquel encuentro Alfonso Romo se convirtió en el traductor de las palabras de Andrés Manuel López Obrador, cuando quiere relacionarse con la clase poderosa mexicana, en particular con aquellos empresarios que concentran las decisiones más importantes del país.

No fue en la elección de 2012 cuando Romo tuvo un papel destacado, sino a partir de la fundación de Morena y de la campaña que comenzó, muy temprano, para ganar 2018. Alfonso Romo se dedica a distintas actividades económicas, pero prefiere definirse a sí mismo como agricultor. Es por tanto próximo a su experiencia el acto de sembrar, para luego recoger el fruto cuando la madre naturaleza finalmente otorga.

Algo así hizo este empresario durante los últimos años, a favor de su candidato presidencial. Desayunó, comió y cenó con sus pares, estableció acuerdos, argumentó con elocuencia sobre las ventajas de su producto, sensibilizó sobre la pertinencia de la oferta política de la izquierda, insistió pues, y cuando no tuvo éxito, insistió de nuevo.

Seis años transcurrieron y su inversión por fin dio frutos. Esta semana logró conjurar un pleito que se antojaba de proporciones insuperables. Igual que en 2006, recién AMLO hizo patentes sus diferencias con el liderazgo empresarial más encumbrado. Llamó minoría rapaz y traficantes de influencia a señorones muy destacados. xEse pleito, en otro momento, habría costado todo al candidato. Así sucedió hace 12 años, cuando el CCE financió un spot de televisión advirtiendo que López Obrador era un peligro para México.

Y, sin embargo, a pesar de que se escuchó tronar el cielo, ahora no cayó una fuerte tormenta. Esta vez la guerra se desinfló, primero porque los empresarios se dividieron: unos arrojaron sus colmillos contra la yugular del candidato –con idéntica fuerza a la mordida que habían recibido– pero otros advirtieron que no tomarían partido en el pleito.

Luego, sorpresivamente, AMLO bajó la temperatura de su discurso: anunció que, de llegar a la Presidencia, no echaría para atrás la reforma energética (al menos durante los tres primeros años de Gobierno), y también dijo que consideraría mantener el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, siempre y cuando no costara tanto al contribuyente. Esos dos mensajes fueron leídos como bandera blanca, sobre todo porque Alfonso Romo se encargó de visitar a quienes había venido visitando, para explicar lo que en realidad quiso decir su candidato: que la minoría rapaz era tan minoría que sólo incluía a unos cuantos. Rubén Aguilar, el vocero de Vicente Fox, jugó el papel del traductor para el primer presidente de la transición. De llegar a Palacio Nacional, le tocaría a este hábil comunicador y probado emprendedor hacer los matices necesarios.

ZOOM:

¿será que Andrés Manuel López Obrador cuenta ahora con mejores medicinas para atender el diagnóstico? ¿Será que su paciente puede salvarse antes de llegar a la ambulancia? Siete años después, esta pregunta tendría que responderla, con sus propias palabras, el empresario Alfonso Romo.
03 Mayo 2018 04:00:00
El voto útil no alcanza
No es una alucinación, como dice Andrés Manuel López Obrador, pero ciertamente no alcanza. Algunos líderes de empresas pidieron a Margarita Zavala y José A. Meade que declinaran por Ricardo Anaya para impedir la llegada de AMLO a Palacio Nacional.

La candidata independiente ya respondió que no lo hará y el candidato oficial anunció que, de su lado, mejor iba a realizar cambios en su equipo de campaña para remontar el vuelo.

Haciendo números, de poco sirven Zavala y Meade para que Anaya derrote a AMLO. De acuerdo con los sondeos más recientes, a Margarita ya sólo le quedan uno o dos puntos que regalar y el capital de Meade es tan exiguo que cualquier acto de generosidad proAnaya sería suicida, ya no para él, sino para la sobrevivencia del PRI.

El único escenario que colocaría en circunstancia pareja a los dos adelantados es aquel donde el tabasqueño perdiera ocho puntos, mientras que el queretano subiera sus preferencias en esa misma proporción. ¿Cuántos de esos ocho puntos, que Ricardo Anaya necesita, pueden realmente provenir de Zavala o de Meade?

De Zavala prácticamente nada y es un sueño de opio suponer que el exsecretario de Hacienda declinará, porque al hacerlo cortaría con un machete de carnicero las posibilidades de un tropel grande de priistas que están peleando por los 3 mil 400 puestos de elección popular en juego para el próximo 1 de julio.

No puedo imaginarme el discurso que los empresarios le exigen a José Antonio Meade: “señores y señoras votantes, les pido de la manera más encarecida que, con tal de evitar el triunfo del ‘Peje’, tachen la boleta presidencial a favor de Ricardo Anaya, pero no dejen de votar por las y los candidatos a diputado, senador, gobernador y presidente municipal del PRI, partido al que, por cierto, no estoy afiliado”.

¿Así o más ridículo? Sin bromas: en caso de que Meade se bajara de la contienda, la alianza Panal, Partido Verde y PRI no obtendría más de 12% de la votación y un tricolor con menos de ese porcentaje difícilmente lograría vivir después de 2018.

A menos que los dirigentes priistas prefieran el suicidio a que AMLO sea presidente, no hay racionalidad política que vaya a conducirlos en esa dirección.

Si Zavala y Meade no son útiles para que Anaya gane, ¿cómo podría el candidato de la coalición PAN-PRD-MC volverse competitivo frente a López Obrador?

Según la encuesta de Reforma publicada el día 2 de mayo, AMLO trae un voto posible de 48%, contra sólo 32% de Ricardo Anaya; es decir que la distancia entre ambos es de 16 puntos.

Vale decir que parte de la ventaja que tiene el primer lugar sobre el segundo la obtuvo gracias a la campaña negra que el PRI emprendió antes contra Anaya para mostrarlo como la bestia negra de la corrupción mexicana. Previo a esa campaña, el candidato de la coalición Por México al Frente gozaba de mucha mejor salud política.

En efecto, hoy Anaya guarda una distancia tan grande con respecto a López Obrador por obra de la estrategia que, desde las cumbres del poder, se emprendió para destrozar la reputación del joven político queretano (prueba de que siempre hay tontos útiles que olvidan para quien trabajan).

Anaya tiene una tarea principal de aquí al día de los comicios: recuperar lo que AMLO se llevó, no por voluntad propia, sino como regalo tricolor. Si recuperara unos cuatro o cinco puntos de entre las preferencias que hoy están definidas a favor de AMLO, todavía podría ocurrir un milagro.

Con un Anaya rondando el 37% de las preferencias y un AMLO situado alrededor del 42%, el suelo para el día de la elección estaría más parejo y, sólo en esta circunstancia, el voto Meade-Zavala podría rebalancear en los márgenes.

ZOOM: Todo indica que la disputa entre AMLO y Anaya se centrará en tres temas: 1) ¿quién de los dos es más empático (próximo, cercano) con las dificultades de la vida cotidiana de las personas?; 2) ¿quién es más sincero para combatir la corrupción? y 3) ¿quién sería capaz de operar una cirugía mayor a la política mexicana? La verdadera matemática de la ecuación de 2018 está en la respuesta emocional a estas interrogantes.
26 Abril 2018 04:00:00
Ira, esperanza o miedo
Las cosas en el país están mal, ni cómo dudarlo. Contrario a lo que predica la propaganda gubernamental, lo bueno casi no cuenta, porque es difícil hallarlo. Corrupción, inseguridad, privilegio, discriminación, abuso, violencia, ilegalidad, incertidumbre y una hila larga de términos emparentados nos traen a todos con necesidad de cambiar.

No hay quién, en efecto, proponga mantener el mismo rumbo para el país. Sin embargo, es posible observar con nitidez tres estados de ánimo muy distintos a la hora de enfrentar nuestra realidad: ira, esperanza y miedo.

Hay quienes estamos frustrados y sin convicción de que las cosas puedan mejorar. Somos los enojados, o peor aún, somos los raptados por la ira que quisiera destruirlo todo, porque sólo así, de las cenizas, surgiría un futuro distinto. También somos muchos los que no queremos sucumbir ante el desastre, los que, con fe, con argumentos o con ambas armas a la vez, creemos que el cambio sólo puede llevarnos hacia un lugar mejor, hacia un futuro y un horizonte abiertos y más luminosos. Somos quienes, a pesar de todo, abrazamos la esperanza. Por último, hay que contarnos a los que tenemos miedo. Miedo de perder el patrimonio, miedo a que la inseguridad siga devorando nuestras tierras, miedo a que el país caiga aún más profundo dentro del pozo. Somos los que pensamos que nunca las cosas están tan mal que no podrían ponerse peor.

La inmensa mayoría nos adscribimos a uno de estos tres humores de manera dominante. Por esta razón es que las tres principales ofertas políticas que quieren ganar el poder el próximo mes de julio desarrollaron su propia narrativa a partir de una de estas emociones.

Andrés Manuel López Obrador nos entiende, como nadie, a quienes experimentamos con intensidad la ira. Por ello insiste en que el país cambiará, de raíz, y no volverá a ser el mismo. Por ello promete luchar “hasta la locura” contra la corrupción. Por eso señala con énfasis los privilegios y el dispendio.

A diferencia de 2012, fecha en que AMLO se presentó como el candidato de la esperanza, en esta ocasión la narrativa elegida por este abanderado es deliberadamente próxima al sentimiento de la ira. Contrasta el argumento discursivo sobre el que se ha querido montar Ricardo Anaya su retórica. Porque la emoción estaba libre en la paleta de colores y porque su edad no combina con la frustración, el abanderado del PAN-PRD y MC hace todo el tiempo referencias al futuro.

No es todavía claro que este candidato sea el representante de la esperanza, pero es innegable que se esmera en cada aparición pública por parecerlo. Por último, está el discurso confeccionado para quienes tenemos miedo. José Antonio Meade se decantó con énfasis sobre esta copa. Su mensaje no puede ser más obvio: ¿Meade o el miedo? El exsecretario de Hacienda decidió que en los próximos 70 días dotará de significado a quienes padecemos de ese estado de ánimo preciso.

No cuento con encuestas que puedan decirme cuántos ciudadanos se identifican de manera predominante con alguna de estas emociones: ¿cuántos somos los iracundos?, ¿cuántos los esperanzados?, ¿o cuántos los miedosos? Si la mayoría estamos instalados en el primer estado de ánimo, probablemente será AMLO quien consolide su ventaja electoral.

Ahora que, si somos más los esperanzados, cabe imaginar que Ricardo Anaya terminará convenciendo. El tercer grupo, el de los miedosos, tenemos como abanderado al candidato del PRI. Ciertamente somos menos en esta ocasión, pero si las pesadillas toman vuelo todavía cabe que el priista mejore su posición en la contienda.

ZOOM: todos tenemos en la conciencia ira mezclada con miedo y algo de esperanza. Pero hay una sola emoción que va a dominar el día que salgamos a votar. Para no errarle, más vale detectarla desde ahora.
19 Abril 2018 04:00:00
Osorio dijo que no, la DEA responde que sí
Miguel Ángel Osorio Chong fue categórico: “los estudiantes no necesitaban robar autobuses porque contaban con varios en la escuela Isidro Burgos, ese fue un invento del GIEI”.

Esta declaración la escuché en su oficina, durante una entrevista que hice, a principios de 2017, al entonces secretario de Gobernación para el perfil que más tarde publicaría en el libro Los Suspirantes, coordinado por Jorge Zepeda Patterson.

Me sorprendió porque con ella, el funcionario que tuvo la máxima responsabilidad dentro del Gobierno de Enrique Peña Nieto para resolver el caso de los normalistas desaparecidos descartó el móvil propuesto por el grupo de expertos internacionales.

De acuerdo con el GIEI, los jóvenes de Ayotzinapa habrían secuestrado autobuses para viajar a la Ciudad de México, como lo hacían cada año, con el propósito de participar en la marcha conmemorativa del movimiento de 1968.

Por mala coincidencia, el 26 de septiembre de 2014 se habrían apoderado de al menos un autobús que la banda criminal conocida como los Guerreros Unidos utilizaba para transportar droga a Estados Unidos.

Para recuperar la unidad, y quizá también mercancía que podría haber estado escondida dentro de ella, esa banda delincuente movilizó policía local y federal, agredió, detuvo y luego desapareció a los normalistas.

Este móvil es distinto al expuesto por la llamada verdad histórica: el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que los Guerreros Unidos quisieron castigar a los normalistas porque intentaban reventar un acto político de la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Las transcripciones que la DEA entregó recientemente a la PGR sobre las comunicaciones de los mandos de Guerreros Unidos radicados en Estados Unidos refutan la versión oficial y, en cambio, confirman los argumentos del GIEI.

Esas grabaciones, realizadas por orden judicial, corroboran que autobuses de la línea Estrella Blanca eran utilizados para transportar droga hasta Estados Unidos, y también refieren a la complicidad que podría haber con los operadores de tal compañía:

“Llamen a los de Estrella Blanca, a los conductores, para que nos ayuden”, instruyó un sujeto apodado “Silver”, según los fragmentos registrados por la autoridad estadunidense.

De haber merecido en su momento mejor atención, esta valiosa pista de información habría reconducido las investigaciones por una ruta más venturosa.

Sin embargo, ni Osorio ni toda la cadena de mando debajo de él fueron capaces de tomarla en serio.

Si eran clave para el caso penal más importante de esta Administración, ¿por qué tales escuchas tardaron tanto tiempo en llegar a México? ¿Fue por desconfianza que la DEA no compartió con sus homólogos de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, la información que tenía sobre el trasiego de drogas desde Guerrero hasta Chicago, a través de autobuses de la línea Estrella Blanca y otras compañías?

¿De plano el Gobierno mexicano no tenía previamente ninguna pista que llevara a considerar con seriedad la hipótesis del GIEI? ¿Por qué las autoridades mexicanas se empeñaron, hasta la necedad, en dejar fuera de la investigación un hecho tan relevante?

Estrella Blanca es una empresa vinculada con la familia de Roberto Alcántara, amigo cercano de Enrique Peña Nieto y socio suyo en más de una aventura política.

Cabe especular que este hecho haya pesado en el ánimo del secretario Osorio y en el resto de la cadena de mando: la obsesión por apartar al poder federal de los hechos ocurridos aquella noche fatal en Iguala podría haber provocado que se menospreciaran argumentos fundamentales.

ZOOM: Si hoy volviera a entrevistar a Osorio Chong le mostraría las transcripciones de la DEA donde se confirma el móvil propuesto por el GIEI: los Guerreros Unidos sí combatieron a los normalistas porque tomaron los autobuses equivocados. ¿Qué me respondería esta vez el actual candidato del PRI al Senado de la República?
16 Abril 2018 04:00:00
Ayotzinapa: próximamente último capítulo
El caso está más cerca que nunca de resolverse, por fin. A pesar de tantos interesados en esconder la verdad, la investigación continúa avanzando y una última pieza ha venido a aportar y también a confirmar evidencia definitiva.

Se trata de la información divulgada, en parte, por el periodista Roberto Zamarripa (Reforma 12/04/18): escuchas autorizadas por un juez estadunidense sobre los teléfonos de varios jerarcas del grupo criminal, Guerreros Unidos, que operaban en las ciudades de Chicago y Oklahoma, antes de ser aprehendidos por la DEA, en noviembre de 2014.

A solicitud de la PGR, la autoridad estadunidense proporcionó ciertos fragmentos de conversación telefónica entre el señor Pablo Vega Cuevas y sus operadores en México y, entre un tal “Silver”, (alias utilizado para referirse a un testigo protegido en EU), y varios autores materiales ya identificados con el caso Ayotzinapa.

Estos fragmentos son pieza clave del rompecabezas que está por encontrar solución; en concreto, ayudan a responder las cinco preguntas esenciales: 1) ¿Quién ordenó las agresiones y el secuestro contra los estudiantes? (autor intelectual); 2) ¿Quiénes ejecutaron las instrucciones? (autores materiales); 3) ¿Qué razones motivaron el secuestro? (móvil); 4) ¿Dónde están los estudiantes? Y 5) ¿Qué autoridades fueron cómplices?

Si se atiende al estado previo de las investigaciones, y se añade, como válida, la información que la DEA compartió el mes pasado con la Procuraduría General de la República (PGR), tres de estas cinco interrogantes están prácticamente resueltas y solo dos quedarían pendientes.

Para responder la primera pregunta, (autor intelectual) hay que atender a las instrucciones que “Silver” dio a otro sujeto identificado como “Soldado del Amor” durante las horas en que ocurrió la tragedia: a) “ira, que hagan una demanda colectiva al Gobierno y una marcha contra los transportes”. b) “ira, hay una entrada después del tope que viene de (Chilpancingo), que la recorran y que el ‘Cholo’ (Alejandro Palacios) esté alerta y alerte a la gente”.

También las respuestas que un tal Aníbal entrega a “Silver”: “ya le dije al Gil (Gildardo López Astudillo) que cerraran la entrada de Mezcala con comunitarios y ahorita ya está el tapón y además pongamos más comunitarios” y; b) “sólo que llevaban 60 paquetes ya guardados … y otros con San Pedro”.

Zamarripa supone, con sentido común, que “paquete” quiere decir personas secuestradas, “guardados”, que están detenidas en alguna parte y “con San Pedro”, sujetos que perdieron la vida.

Quizá por encima del testigo protegido, llamado “Silver”, haya otros jerarcas de la organización Guerreros Unidos; sin embargo, por lo que estas grabaciones refieren, se trata del responsable intelectual principalísimo en el caso Ayotzinapa.

La segunda pregunta (autores materiales) tiene desde hace tiempo respuesta en México: varios de los involucrados, por ejemplo, Gildardo López o Alejandro Palacios se encuentran ya detenidos. Resulta muy importante averiguar quiénes son las personas identificadas como “Soldado del Amor”, “Aníbal”, “Spider” y “Romeo”.

La tercera pregunta, (el móvil) también se exhibe con claridad en las escuchas, cuando los involucrados, de uno y otro lado de la frontera, reconocen la equivocación de haber supuesto que los normalistas estaban aliados con la banda enemiga, Los Rojos, para tomar la plaza de Iguala.

La cuarta pregunta, todavía pendiente, podrá responderse cuando las autoridades de Estados Unidos incentiven a “Silver” y a Pablo Vega para que revelen lo que saben. En alguna de las comunicaciones Vega advierte que el caso Ayotzinapa va a afectar su negocio, a lo que le responde otro sujeto, alias “Spider”: “qué fácil es decir dónde están”. Esta hebra es fundamental para la resolución del caso. Muy probablemente Vega y “Spider” conocen lo que en México llevamos preguntándonos desde hace tres años y siete meses: ¡¿Dónde se encuentran los normalistas?!

Con respecto a la quinta pregunta (complicidad de las autoridades) –igual por resolverse en breve– un sujeto con el alias “Romeo” se queja con “Silver” por una eventual traición: “el puto procurador (Iñaki Blanco Cabrera) está (ya) con aquellas mierdas (Los Rojos)”.
12 Abril 2018 04:00:00
La bronca del ‘Bronco’
La opinión es casi unánime: Jaime Rodríguez “El Bronco” regresó a la boleta electoral por razones políticas y no jurídicas. Cuatro magistrados le dieron el espaldarazo con argumentos cuestionables.

Coincide que tres de ellos hayan sido propuestos por el PRI, cuando se integraron a la sala superior de Tribunal Federal Electoral: José Luis Vargas Valdez, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto Fregoso

El cuarto, Indalfier Infante, fue promovido a ese cargo por el entonces legislador, Ricardo Monreal Ávila.

Que hayan apoyado el reclamo del “Bronco”, que a su vez hayan sido apoyados por el PRI, y que sus razonamientos jurídicos sean tan endebles, son las tres variables que, juntas, producen desconfianza; sumado a que sólo José Antonio Meade, el candidato presidencial priista, haya celebrado el regreso de este señor (expriista) a la lista electoral. Tiene casco de bombero, manguera de bombero, botas de bombero, ¿será que en realidad es jardinero?

La sombra de sospecha que flota alrededor de este extraño proceder obliga a colocar una lupa potente y acuciosa sobre el comportamiento de tales magistrados, porque en sus manos está el poder de descarrilar, con decisiones tan desaseadas como la de esta semana, un proceso electoral que es crucial para el devenir mexicano.

pero ¿Quiénes son estas personas?

José Luis Vargas Valdés es un abogado del ITAM, que hizo estudios de posgrado en España y escribió una tesis cuyo paradójico título fue: “El perfil del juez constitucional, análisis de las garantías de independencia e imparcialidad”. Obligado está a preguntarse en estos días si su voto a favor del Bronco fue independiente e imparcial, porque una opinión pública extendida cree que podría no haber honrado esos principios.

Vargas trabajó como asesor de Luis Carlos Ugalde en el IFE, cuando la polémica elección de 2006. Por recomendación de Alejandra Sota (hoy asesora estrella del candidato priísta), laboró para el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Calderón lo echaría más tarde porque José Luis Vargas no dio entrada a las acusaciones que el PAN hizo sobre la presunta participación del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. (La candidata panista a la Gubernatura, Luisa María Calderón, era la hermana del mandatario). Esa decisión terminó favoreciendo al priista Fausto Vallejo y, desde entonces, el tricolor le debió un favor grande que terminó pagándole cuando lo propuso, con grandes elogios, para que fuera nombrado magistrado electoral.

Otro perfil que merece atención es el de Felipe Fuentes Barrera, quien fuera responsable de redactar el proyecto de resolución que premió al “Bronco”, a pesar del desaseo y trapacería con que obtuvo las firmas ciudadanas. Antes de llegar al tribunal, Fuentes Barrera trabajó bajo las ordenes de Humberto Castillejos, exconsejero jurídico del presidente Peña Nieto, y uno de los personajes más oscuros que haya tenido esta Administración.

El actual mandatario propuso primero a Fuentes, dentro de una terna de aspirantes, para ingresar a la Suprema Corte y, al no llegar a ese puesto, lo recompensó con un asiento en el Tribunal Electoral. Él es el autor material de la bronca que hoy padece ese órgano clave para la democracia. La tinta turbia escurre de la mano de Fuentes. Habría de preguntársele a este sujeto si todo o sólo parte de su proyecto de resolución fue redactado en las oficinas del nefasto Castillejos.

Por último, queda mencionar a Mónica Soto Fregoso, juez de carrera impulsada para el cargo en el Tribunal por Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada priista en el Senado. Su vínculo con el PRI le viene de familia. El padre es funcionario de la actual Administración y se trata de un hombre bien conectado con líderes de esa fuerza política.

ZOOM: Que Vargas, Fuentes y Soto tengan vínculos tan evidentes con el único partido beneficiado por el regreso del “Bronco” a la boleta podría ser sólo una mala coincidencia. Para despejar la duda estos jueces habrían de respetar en sus próximas decisiones el mandato que la República les confirió, de lo contrario seremos muchos quienes demandaremos su infausto comportamiento, por muchos años.
29 Marzo 2018 04:00:00
Adiós a la propaganda gubernamental
Por cada peso que el Congreso autorizó al gobierno de Enrique Peña Nieto para que gastara en publicitarse, esta administración se excedió 85 centavos. En total terminará dilapidando más de 40 mil millones de pesos en este rubro durante el sexenio.

¿Cuáles medios de comunicación se habrán beneficiado de este gasto? ¿Por qué esas empresas y no otras? ¿Qué ofrecieron a cambio? ¿Cuánto debieron callar? ¿A quién tuvieron que correr? ¿Cuáles noticias fueron ocultadas y cuáles destacadas?
En México, la publicidad oficial es un cáncer que corrompe la libre expresión de las ideas y la deliberación pública. Una enfermedad que se reproduce a través de los medios de comunicación y que, a la fecha, no ha encontrado remedio.

Llevamos varios años discutiendo el tema, pero los gobiernos no han querido resolverlo.

En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un manotazo y ordenó a los legisladores federales que dejaran de hacerse tontos al respecto y normaran con rigor el dispendioso gasto destinado a la publicidad oficial.

La fecha límite para cumplir con esta instrucción es el próximo 30 de abril.

El argumento principal de la Corte fue que la ausencia de una legislación adecuada promueve un uso arbitrario de los recursos públicos, edifica restricciones para la libertad de expresión y lastima el ejercicio del derecho a estar bien informado.

Bajo el estatus quo de la publicidad gubernamental, en efecto, se afecta a los medios y a los periodistas que no son afines al Gobierno, poniendo en riesgo su sobrevivencia económica.

¿Así o más claro?

La actual coyuntura política abre una ventana de oportunidad formidable para resolver de una vez por todas este adeudo: el partido que hoy utiliza con desparpajo esta arma letal muy probablemente será víctima de ella después de diciembre próximo.

Si el PRI no quiere sufrir el uso faccioso de la publicidad oficial durante el próximo sexenio, más le vale normar este cajón de gasto; es decir que más le vale amarrarse ahora las manos con una legislación restrictiva, a cambio de que el Gobierno de mañana las tenga igualmente amarradas.

En este contexto sorprende, sin embargo, el borrador que el PRI (partido saliente) y Morena (partido con mejor posibilidad de triunfar) han negociado como iniciativa para regular la publicidad oficial.

El documento que circula actualmente en el Senado, y que pretende votarse el martes próximo, desoye el mandato de la Corte y se burla de las preocupaciones principales.

Entre sus omisiones destaca que a) no establece criterios para normar con certidumbre el uso del gasto publicitario; b) no prevé mecanismos transparentes para medir la eficiencia y la idoneidad en el uso del recurso; c) confunde información oficial con propaganda y proselitismo; d) no establece parámetros mínimos de contratación; e) normaliza la promoción de logros gubernamentales a partir de los informes de gobierno; f) permite la autopromoción de los funcionarios públicos; g) no prevé anticuerpos contra la censura; h) no obliga a los medios a distinguir entre publicidad pagada e información noticiosa; i) no establece topes de gasto en publicidad oficial ni sanciones para quien los burle, y j) deja sin regular avenidas utilizadas en el presente para el gasto en comunicación social.

¿Por qué el partido del Presidente está dispuesto a dejar este arco y estas flechas para que su adversario dispare en su contra en cuanto llegue al poder? Si la Corte exigió cerrar este hoyo negro y la coyuntura política favorece esmerarse en esa tarea: ¿por qué renunciar a la responsabilidad?

Zoom: Los medios más grandes serían los principales beneficiarios de una legislación que aporte certidumbre en el uso del gasto destinado a la publicidad oficial. Son los que tienen mayores audiencias y por tanto quienes obtendrían mejores inversiones. Es hora para que todas las partes aprieten la tuerca y terminemos de una vez con esta fuga absurda de dinero aportado por el contribuyente.

22 Marzo 2018 04:00:00
Cambridge Analytica y la caída de Facebook
En solo un día, la empresa Facebook extravió 6 mil millones de dólares en el mercado accionario, pero esa no fue su peor pérdida: lo grave fue que tal red social vio la incineración de la confianza que una buena parte de sus usuarios le tenían.

Facebook es una plataforma basada en la lógica del contacto humano más próximo: las familias comparten fotografías, los amigos comparten anécdotas, los amigos de escuela comparten música, las comunidades comparten recuerdos.

Facebook vende la intimidad de los encuentros humanos como su principal producto, y también la confianza que se extiende al interactuar con la gente cercana.

Pero el escándalo de Cambridge Analytica desvistió la gran mentira: los encuentros que suceden en Facebook no son íntimos y por tanto no es sólo con gente próxima con quien el usuario está estableciendo redes de confianza.

Sin que hayamos dado permiso, hay alguien que coloca bajo el microscopio nuestra intimidad, nuestras imágenes, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos y tantas otras cosas que consideramos preciadas.

Colectan nuestra información como el entomólogo lo hace con el comportamiento de la hormiga. La analizan para volvernos cosa y no sujeto: número manipulable, destinatario de una venta o de un mensaje futuro.

Esa información luego se traduce en perfiles, supuestamente predecibles. Somos clasificados por nuestros miedos y nuestras fobias, por nuestras frustraciones, anhelos y esperanzas.

Las redes sociales permiten estudiar los prejuicios de cada quien, algunos resortes del inconsciente cuya existencia apenas intuimos, y también sirven para establecer el grado de influencia que podemos ejercer dentro de nuestra comunidad, la más próxima y también sobre otras más alejadas.

Una vez identificados los rasgos dominantes de nuestra personalidad –y también el impacto que una opinión nuestra puede provocar–, nos volvemos agentes potenciales para la manipulación del conjunto.

Tierra fértil para sembrar mentiras, noticias fabricadas, memes, argumentos falsos, historias que son verosímiles, pero no verdaderas.

Así procedió Cambridge Analytica, empresa cuyos socios fueron mejores amigos de Donald Trump, para manipular las elecciones de 2016 en los Estados Unidos.

Esa empresa es transnacional, hoy sabemos, opera lo mismo en Kenia que en Malasia, en China o en Brasil, y también lo ha hecho en México.

¿Qué poderes, qué partidos, qué campañas, qué candidatos han utilizado en nuestro país los servicios de esta empresa o de otras parecidas?

¿Cuántos de los escándalos y noticias fabricadas, que han ocupado nuestra discusión pública durante los últimos años, fueron diseñados para manipularnos a partir de los datos colectados en un terreno que creíamos privado?

¿Quiénes de nosotros hemos sido vehículo para diseminar prejuicios, los propios y los ajenos? ¿Por qué hemos sido tan indolentes a la hora de dejarnos manipular?

Cambridge Analytica opera desde el año 2012, cuenta con inteligencia privada para armar casos creíbles de corrupción, participa activamente en las redes, disemina mentiras, consigue que los medios tradicionales las retomen, esconde la mano tras empresas o identidades fantasma, gana con el descrédito del adversario, atiza los miedos y los prejuicios, insemina nuestros perfiles en redes sociales, nos utiliza para distribuir sus maquinaciones, polariza el ambiente público, juega sobre las emociones más bajas y reduce nuestra humanidad al estado más salvaje.

ZOOM: Si los animales somos lo que comemos, los animales políticos somos la información que consumimos; cuando esa información es falsa, fabricada o mentirosa, nuestro comportamiento político se vuelve un desastre.
15 Marzo 2018 04:00:00
Ayotzinapa:  la doble infamia
Ayotzinapa perseguirá al Gobierno mexicano, ya no sólo por la desaparición de los normalistas, sino por una investigación conducida con impericia y mala fe.

La doble tragedia se produjo el día en que, desde las alturas del poder, decidieron que el asunto no merecía justicia, sino política a secas.

Fue entonces que la manipulación de los hechos se impuso sobre la búsqueda de la verdad.

Tres años y seis meses han transcurrido desde la tragedia, y durante todo este tiempo la complicidad con los perpetradores ha destacado como prioridad, en comparación con la empatía hacia el dolor de las víctimas.

El Gobierno continúa aferrado a su muy dolosa “verdad” histórica: Cocula, ese mito imbécil. La ridícula narración del basurero que no sólo es científicamente insostenible, sino moralmente repudiable por lo infame que fue someter a los padres de los muchachos a una película de terror sobre la muerte de sus hijos, que terminó revelándose falsa.

El exprocurador Jesús Murillo Karam y muchos otros tendrán que vivir con la vez que multiplicaron la violencia contra los familiares por haber presentado como cierta una versión fabricada con el único propósito de salvar al Gobierno de la presión mediática internacional.

Pero, en breve, la investigación criminal sobre el caso Ayotzinapa dará un salto grande: la otra teoría del caso sigue abriéndose camino a golpe de evidencia.

La pista del camión secuestrado por los estudiantes en la ciudad de Iguala –el tan disputado quinto autobús reportado por el GIEI– tiene asideros. Testimonios recabados en Estados Unidos confirmarían el contexto de trasiego de droga, desde Iguala hasta Chicago, dentro del cual sucedió la desaparición de los normalistas.

El móvil del crimen habría sido un equívoco de los Guerreros Unidos, una organización criminal que reaccionó al secuestro del autobús, suponiendo que sus adversarios –Los Rojos– andaban queriendo robar mercancía escondida en ese vehículo.

Ya era demasiado tarde cuando los principales jefes criminales, que viven del otro lado del Río Bravo, descubrieron que sus huestes de Iguala se habían equivocado.

Esos testimonios también confirmarían que la plaza controlada por esa banda de asesinos contó con amplia complicidad de las policías municipales, estatales y federales; y también con la no intervención de las Fuerzas Armadas.

A una sola voz esas instancias públicas se pusieron al servicio de los Guerreros Unidos para evitar que los normalistas secuestraran los autobuses cargados de droga.

Ayer como hoy es muy elevado el costo político que implica aceptar la profunda penetración del crimen organizado sobre las instituciones de seguridad del Estado mexicano.

Tan elevado que fue mejor invertir todo el capital del Gobierno en la versión del basurero de Cocula, y tantas otras mentiras, en vez de apostar por el esclarecimiento de la verdad.

Este miércoles, Fundar presentó un reporte imperdible sobre el impacto sicológico y social del caso Ayotzinapa. Es un texto extraordinario por los testimonios de cientos de personas afectadas, por la humanidad de su resistencia y, sobre todo, por su incapacidad para la resignación.

El día de hoy, también, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU entregará, en Ginebra y en México, una revisión acuciosa sobre la calidad de la investigación.

Hasta que la verdad no se conozca, Ayotzinapa continuará siendo tema vigente, le pese a quien le pese.

ZOOM: Del fondo del río San Juan, donde la PGR fue a enterrar las cenizas de sus falsedades, emergerán con fuerza las pruebas que todavía hacen falta para completar el rompecabezas de la doble infamia: la desaparición y la manipulación oficial de la verdad.
08 Marzo 2018 04:00:00
¿Quién buscará a los desaparecidos?
Cuando las cosas pueden hacerse bien, no tendrían por qué salir pésimo. Los más de 30 mil desaparecidos son uno de los temas más delicados de nuestra época. Por presiones externas y también por las organizaciones de la sociedad, el año pasado se aprobó en México la ley general en materia de desaparición forzada de personas que, entre otras cosas, prevé la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda.

Una y otra herramienta serán clave para que el Estado mexicano responda a esta epidemia y desmantele las rondanas y los tornillos que permiten funcionar a esta maquinaria infernal de la desaparición.

Casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los 72 migrantes de San Fernando, los torsos de Cadereyta, los restos de Veracruz, Nayarit o Monterrey son el síntoma de una actuación sistemática y perfeccionada para aniquilar seres humanos.

No sólo grupos criminales participan en ella, sino también autoridades cómplices. Según la mayoría de los casos que han logrado descifrarse, suele haber un policía o un agente del Estado involucrado en los actos de desaparición.

De ahí que el gran desafío de la nueva Comisión Nacional de Búsqueda de Personas será desarticular a la sociedad entre autoridades e integrantes del crimen organizado.

Dada la dimensión del asunto, la Secretaría de Gobernación, y también la Presidencia de la República, debieron haberse esmerado en el nombramiento de la persona que será titular de esa instancia clave.

Ayer se hizo público que el primer comisionado será Roberto Cabrera Alfaro, quien hasta la semana anterior se desempeñaba como responsable de estrategias del Sistema de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Renato Sales Heredia.

Una revisión atenta de la biografía de este funcionario despierta, sin embargo, incomodidad. Cabe comenzar por su formación profesional. Dice el nuevo titular de la Comisión que cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Univer, obtenido en el año de 2013. Sin embargo, me fue imposible encontrar registro de su cédula profesional y también el plantel preciso donde supuestamente estudió.

No sería el primer funcionario que obtuvo un título universitario por vías poco ortodoxas, ni tampoco alguien que lo consiguió con casi 40 años. Pero algo huele mal al respecto.

Todavía más relevantes son las denuncias que el periodista campechano Luis Armando Mendoza Leciano hizo en contra de Roberto Cabrera, sobre la época en que el comisionado trabajó para la procuraduría general de justicia de Campeche.

Lo acusa, en concreto, de dos presuntos delitos: primero, de haber participado en actos de tortura que llevaron a la muerte al taxista José Luis Flores Rosado en el año de 2010. Aclara el reportero que sus jefes sacaron del expediente su nombre y sin embargo asegura que cuenta con pruebas sobre su involucramiento.

La segunda denuncia periodística es por desviación de fondos. De acuerdo con Mendoza, el flamante comisionado Cabrera habría dispuesto de recursos públicos sin respetar la normatividad y un reporte gubernamental contendría las pruebas de este ilícito.

Por último, narra que este mismo funcionario habría sido detenido por la autoridad en el año de 2012, dentro del aeropuerto de la Ciudad de México, mientras portaba 600 mil pesos en efectivo.

Cabe que estas denuncias y acusaciones de Luis Armando Mendoza y otras fuentes estén equivocadas. Sin embargo, llevan más de 5 años manchando la reputación y el expediente de Roberto Cabrera Alfaro, sin que hayan sido aclaradas o refutadas.

ZOOM: El problema es que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas requiere nacer con la más alta estatura moral y legitimidad y estos antecedentes de su titular no ayudan a tal propósito.
01 Marzo 2018 04:00:00
Así la Fiscalía no sirve
Tendríamos de una vez por todas que divorciar al sistema electoral de la procuración de justicia. El uso faccioso del Ministerio Público para descarrilar candidaturas fractura cada vez el orden constitucional y, sin ofender a las repúblicas bananeras, deja a México en situación de república bananera.

La Procuraduría General de la República (PGR) no debería ser comparsa de las estrategias de campaña, del Gobierno ni de nadie. Se trata de una institución demasiado importante como para dilapidar sus recursos, la legitimidad y sus responsabilidades en asuntos mezquinos de grilla electorera.

El viejo régimen priista usaba a las procuradurías para sepultar políticamente a los enemigos del régimen, pero –como los comicios eran irrelevantes– rara vez el Ministerio Público denunció a candidatos en campaña con el objeto de apartarlos del juego electoral.

No fue hasta que los partidos de oposición lograron ser competitivos que la PGR se estrenó como fiscal al servicio de los intereses partidarios. Quedará para la posteridad el uso vergonzoso que Vicente Fox hizo de esa institución, cuando desde la Presidencia de la República decidió combatir al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fue la PGR quien solicitó a la Cámara de Diputados que quitara el fuero a ese líder de la izquierda, para llevarlo a juicio por un supuesto desacato que, al final, se reveló mera basura política.

Cuando el primer Presidente de la transición abusó así de su poder sentó el precedente que otros utilizaron después, con igual estupidez y alevosía.

En 2006, el candidato priista al Gobierno del estado de Jalisco, Arturo Zamora, fue víctima de esta repudiable manipulación. Avanzaba varios puntos por encima en las encuestas, cuando uno de los peores procuradores de la historia mexicana, Daniel Cabeza de Vaca, filtró a la prensa una presunta investigación en contra del aspirante a gobernador, dónde se decía que podría estar vinculado con el crimen organizado.

Zamora exigió que la PGR probara sus dichos y Cabeza de Vaca prefirió continuar abusando de su poder. En unos cuantos días los puntos que este político llevaba de ventaja se fueron por la coladera y un panista oscurísimo, Emilio González Márquez, triunfó en aquellos comicios.

La lista de arbitrariedades de la procuración de justicia con propósitos electorales creció durante los gobiernos azules, al punto donde a priistas y perredistas les dio por la imitación.

Josefina Vázquez Mota fue otra víctima de este proceder miserable. Durante la reciente campaña electoral en el Estado de México, cuando la exsecretaria aspiraba a gobernar su estado bajo las siglas de Acción Nacional, la PGR dio entrada a un expediente fabricado para inculpar a su padre y sus hermanos de un delito que nunca se investigó y mucho menos prosperó.

Una vez que el Ministerio Público se prestó para que Vázquez Mota perdiera aquella contienda, esta autoridad sacó el expediente de los medios de comunicación y lo olvidó para siempre.

Es bajo esta situación reiterada que en estos días se da a conocer, otra vez por parte de la PGR, una supuesta investigación en contra del candidato presidencial Ricardo Anaya, acusándolo de un hipotético caso de lavado de dinero.

Cabe tanto que sea cierto como que se trate de otra patraña electorera más. La duda prospera por los antecedentes de la PGR como activo participante en el desprestigio de los opositores.

El problema es obvio: ni los fiscales, ni el Ministerio Público deberían jugar al juego de la politiquería porque hacen de la justicia mexicana una realidad secuestrada permanentemente por el capricho de los poderosos, y tal es la fuente primera del monstruoso estado de impunidad en el que nos encontramos.

ZOOM: El estado de derecho no es para el privilegio de unos cuantos, sino un principio que impide a cualquiera estar por encima de la ley: esto incluye a los candidatos, pero también a los procuradores, fiscales y ministerios públicos.
26 Febrero 2018 04:00:00
¿Qué está sucediendo en Guanajuato?
El terror es una serpiente que se traslada de un lado a otro de la geografía mexicana. Al parecer no hay coordenada del país que esté a salvo. La violencia arrasa ahora con la vida humana en Guanajuato. En lo que va del año se suman casi 200 muertes violentas. Las poblaciones más afectadas son Celaya, León, Silao, Yuriria, Valle de Santiago, Salamanca y Apaseo el Grande.

El lunes 12 de febrero murió una bebé de cinco meses, cuando sus padres fueron acribillados en Silao. En esa misma población, el martes 20, resultaron heridos otro infante de ocho meses y un niño de 3 años, porque un comando armado ingresó a su hogar para arrebatar la vida de sus padres.

Este mes comenzó con una masacre en Celaya, donde una mujer fue herida y cuatro varones perdieron la vida, todos pertenecientes a la misma familia, mientras descansaban en su domicilio.

Trece días después, el segundo martes de febrero, ocho personas fueron encontradas sin aliento en las poblaciones de Yuriria y Valle de Santiago. Esa misma fecha, en Salamanca, dos asesinos montados en una motocicleta ejecutaron a cuatro varones sobre la vía pública. Luego, el lunes 19 de febrero, un grupo de sicarios secuestró a Jovita Michel, la delegada del poblado de San José Agua Azul, para arrojarla más tarde con el cuerpo masacrado por la pólvora.

Durante esa jornada, en León, desde un carro Jetta color rojo un par de matones vació sus armas contra dos mujeres que fallecieron mientras hacían un paseo a pie. Un día después, el martes 20, otro comando ejecutó a dos varones en Apaseo el Grande y luego incendió varios vehículos.

El viernes de la semana pasada, en Celaya, fue asesinado un comandante de Policía mientras iba de camino a su oficina. Después, entre el sábado y ayer domingo, aparecieron once cuerpos en los alrededores de Apaseo el Grande. Cinco de ellos fueron encontrados sobre la autopista que va de Querétaro a Celaya. Tenían atadas las manos, estaban desnudos y hay evidencia de que habían sido torturados.

Mientras esta marea de sangre recorre el sur del estado de Guanajuato, ninguna autoridad parece hacerse cargo. El Gobierno local se ha replegado asumiendo que se trata de un pleito entre narcotraficantes y por tanto arroja lejos la responsabilidad hacia al gobierno federal.

Sin embargo, a pesar de que, desde el año pasado, la presencia militar ha crecido mucho en esta entidad, por la narración anterior resulta evidente que de nada han servido las Fuerzas Armadas a la hora de controlar el desastre. Tampoco los funcionarios federales que –de tan ocupados que están en asuntos de grilla electoral– sufren de indolencia grave frente a tamaño polvorín.

Las explicaciones que se brindan para comprender la masacre son insuficientes. Recientemente el procurador de Guanajuato, Carlos Zamarripa, declaró que la mortandad era resultado de un pleito entre bandas dedicadas al robo de combustible. Por cierto que, en la casa de un familiar de ese mismo funcionario, el primero de febrero fue colocada una manta exigiendo la liberación de un presunto delincuente.

En esas fechas fueron colgados otros narco-mensajes firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un texto clarificador. Sus signatarios amenazaban a los integrantes del Cártel de la Unión de León, con que estaba por comenzar una limpieza feroz para acabar con los adversarios.

De su lado, los líderes de la Unión de León hicieron circular videos en la red denunciando a los integrantes de la policía corrompidos por el CJNG. Este dato no es menor cuando, en lo que va del año, han sido asesinados 13 agentes en el estado de Guanajuato.

ZOOM: ¿Qué se requiere para detener esta masacre? ¿Cuántos muertos más? El año pasado perdieron la vida más de mil personas en Guanajuato por la guerra entre grupos criminales. Como van las cifras, durante este 2018 la entidad podría cerrar con un tanto mayor de víctimas, entre ellos bebés y menores de edad.
15 Febrero 2018 04:00:00
¿En qué anda el Gobierno espía?
¿Dónde estaba el Cisen el sábado 21 de agosto a las 10 de la noche, cuando 72 migrantes centroamericanos fueron secuestrados y luego masacrados en una bodega dentro del ejido El Huizachal, del municipio de San Fernando, Tamaulipas?

¿Dónde estaban los agentes del centro de inteligencia del Estado mexicano, cuando 193 seres humanos fueron torturados, asesinados y luego enterrados dentro de 47 fosas clandestinas, también en San Fernando?

¿Dónde estaba esa institución en mayo del año 2011, cuando la población de Allende, Coahuila, fue arrasada y por lo menos 60 personas perdieron violentamente la vida?

En qué tarea fundamental estaba el Cisen la noche en que Marciano Millán Vásques, alias “El Chano”, descuartizó a una niña y luego la incineró frente a los ojos de sus padres, durante la masacre ocurrida en Piedras Negras?

¿En qué invertía el Cisen su presupuesto el domingo 13 de mayo de 2012 cuando, a un costado de la carretera libre a Reynosa, fueron hallados 46 torsos humanos (43 varones y tres mujeres), sin que después se conociera el respectivo paradero de las cabezas o las extremidades?

¿En qué se ocupaba la inteligencia del Gobierno federal cuando fueron cruelmente asesinadas decenas y decenas de mujeres en Ciudad Juárez?

¿Qué estaba haciendo esa autoridad cuando 14 mil restos óseos humanos fueron a parar al predio de Santa Fe, ubicado en el municipio de Veracruz?

¿Qué distraía al Cisen cuando la bella y turística ciudad de Acapulco se perdió para siempre?

¿Cuál ocupación era más importante que informar a tiempo sobre las bandas criminales que erradicaron la paz de Michoacán?

¿Qué distracción impidió alertar sobre el régimen de terror que los hermanos Beltrán Leyva impusieron sobre Guerrero, y que luego continuaron otras organizaciones como Los Guerreros Unidos o Los Rojos?

¿En qué planeta estaban los agentes de Gobernación cuando fueron secuestrados y luego desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa?

¿En qué luna de otra galaxia estaba el Cisen cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán vivía cómodamente en su natal Sinaloa?

¿Qué somnífero infectó la sangre de ese Centro cuando el mismo capo se fugó de la cárcel a través de un túnel?

¿En qué tareas estaba absorbida esta institución cuando las policías de cientos de municipios pasaron a trabajar para las mafias?

¿A qué se dedicaba el Cisen cuando las campañas políticas comenzaron a ser financiadas en México por el dinero criminal?

¿Qué podía ser más importante que alertar sobre Édgar Veytia, exprocurador de Nayarit, cuando ese hombre se asoció con el narco?

¿Dónde estaba el Cisen cuando Tomás Yarrington vendió protección al cártel del Golfo? ¿Dónde andaba cuando Eugenio Hernández multiplicó su fortuna al mismo tiempo que la mortandad crecía sin piedad en Tamaulipas?

¿Cómo explicar que la inteligencia gubernamental no detectara el financiamiento que Francisco Colorado Cessa, blanqueador de dinero para el crimen organizado, entregó para la campaña de Fidel Herrera en Veracruz?

En fin, ¿de qué le ha servido a la patria el Cisen durante estos años imperdonables por tanta violencia, desaparición y mortandad?

ZOOM: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional es una instancia de la Secretaría de Gobernación dedicada a espiar a los adversarios políticos del Gobierno en turno. Por distraerse con esta mezquina tarea es que el Estado mexicano extravió inteligencia y ha sido incapaz de ofrecer seguridad nacional.
05 Febrero 2018 04:00:00
¿Fake news queretanas?
El expresidente Felipe Calderón tronó contra el aspirante panista a la Presidencia: “No es un tema de recursos públicos –escribió en Twitter– sino de simulación … Los terrenos eran del pueblo de Querétaro, y después de varias maniobras quedaron en manos de Ricardo Anaya, quien era el particular del gobernador”.

El expanista Javier Lozano se sumó con acritud al señalamiento: “Usar perversamente una fundación que tiene un objeto social noble para lavar dinero es miserable de parte de Anaya. Es asqueroso, nauseabundo, son unos auténticos ladrones”.

La fuente de ambos declarantes es un reportaje publicado por la revista Proceso, cuyo autor es el periodista Álvaro Delgado. En él se denuncia una supuesta triangulación de recursos que habría dejado jugosas ganancias para los directivos de una asociación civil fachada creada y presidida por Ricardo Anaya.

La evidencia presentada por Delgado es la siguiente: 1) en el año de 2009 se constituyó la Fundación Por Más Humanismo, cuyo primer presidente fue, en efecto, el hoy precandidato panista; 2) en 2010 esa fundación recibió un depósito por un millón 650 mil pesos; 3) con ese dinero la misma persona moral adquirió un predio que antes había sido expropiado por el gobierno estatal, y pocos meses después dio inicio la construcción de un edificio; 4) en 2016 el bien inmobiliario se vendió en 7 millones 854 mil pesos.

A partir de estos datos podría presumirse la comisión de varios delitos por parte de Ricardo Anaya: tráfico de influencias, desvío de recursos, evasión fiscal y, como dijera el vocero del PRI, Javier Lozano, también lavado de dinero.

Ayer mismo, sin embargo, el presunto delincuente respondió a las acusaciones: 1) la Fundación Por Más Humanismo se constituyó por petición del líder estatal del PAN, Edmundo Guajardo, en la época en que Felipe Calderón era presidente de la República. Tal persona moral tuvo como principal objeto la adquisición de un bien inmueble para ese partido, ya que anteriormente la sede queretana de Acción Nacional era rentada.

2) el depósito que la fundación recibió en el año 2010 corresponde a un préstamo realizado por un particular para ayudar al objeto antes descrito.

3) Por Más Humanismo adquirió el predio de otro particular que antes lo había comprado a un ejidatario; es falso, se defiende el acusado, que alguien se haya beneficiado de una hipotética expropiación.

4) en 2014 Ricardo Anaya dejó, a la vez, de ser miembro y presidente de la asociación. Por tanto, cuando se vendió el inmueble no participó de las ganancias generadas por el negocio. En mayo de ese año el actual líder del PAN queretano, José Luis Báez Guerrero, asumió la presidencia de Por Más Humanismo.

5) Durante 2016 Acción Nacional liquidó la asociación civil y vendió el inmueble porque encontró otra propiedad más adecuada para ubicar la sede estatal.

En esta historia no caben dos verdades: o Anaya es un hampón, o bien la noticia de la supuesta simulación es fabricada.

Álvaro Delgado es uno de los periodistas más serios de este país, así que resulta difícil no creerle. Sin embargo, la explicación proporcionada por Anaya conduce con argumentos robustos en dirección diametralmente opuesta.

La ventaja es que cada dicho, de uno y otro, puede ser comprobado. De eso va justo el periodismo, es el arte de la corroboración y la verificación rigurosas.

El problema proviene en realidad del facilismo con que algunos corren a hacer declaraciones y a tuitear barbaridades. Por tales actitudes es que se vuelven virales las noticias fabricadas, mejor conocidas como fake news.

Bien haríamos todos, periodistas incluidos, en combatir los prejuicios, el espectáculo y la velocidad borrega que alimentan este mal tan pernicioso de nuestra época.

ZOOM: Si la información en manos de la ciudadanía fortalece su poder, la información falsa distribuida masivamente lo arrebata. Por eso las fake news son, en el presente, una amenaza principal para nuestras democracias.
01 Febrero 2018 04:00:00
Volpi y el purgatorio de Israel Vallarta
Hace 17 años fue apresado y continúa sin sentencia judicial. Se llama Israel Vallarta, mejor conocido como el exnovio de la francesa Florence Cassez. Está acusado por el delito de secuestro, junto con otros integrantes de su familia.

El suyo es un caso típico del purgatorio judicial mexicano, que condena sin condenar. Después de que Cassez fuera liberada, en enero de 2013, Vallarta permaneció en Almoloya de Juárez, sin que prácticamente nadie prestara atención a su caso.

Sólo la periodista Emmanuelle Steels publicó un estupendo reportaje sobre la situación de Vallarta, pero ese texto conmovió poco a las autoridades. El argumento principal de Steels dice que mientras la injusticia contra la francesa se resolvió gracias a las presiones mediática e internacional, la situación penal de Vallarta no mereció igual atención, ya que el inculpado era mexicano y la opinión pública lo juzgó culpable sin atender a los elementos de la verdad.

Este es el punto de partida de la novela sin ficción del escritor Jorge Volpi, quien el día de ayer obtuvo el premio Alfaguara. La obra está dedicada a explorar las cavernas, los pasadizos, las falsedades y la impericia detrás del caso Vallarta, así como de la supuesta banda de secuestradores Los Zodiaco.

Con este texto Volpi confirma la extraordinaria destreza que tiene como narrador, pero además se revela como un investigador judicial tan acucioso como implacable.

La revisión que hace del expediente de Vallarta es minuciosa. Durante 3 años revisó cada una de las pruebas dentro de ese inmenso legajo, habló con los testigos principales del proceso, recorrió los lugares de la trama, conversó con las supuestas víctimas y con los victimarios hipotéticos, revisó la biografía de los acusadores, verificó los dichos de la autoridad y persiguió las pistas más escurridizas del caso.

El resultado es una obra maestra de la investigación periodística y, a la vez, de la narrativa literaria. Un fresco potente que desnuda las falencias del sistema judicial mexicano, en sus muy diversos y complejos componentes: esa máquina implacable que no puede atrapar a los delincuentes, porque está ocupada en fabricar culpables.

A diferencia de Truman Capote en, A Sangre Fría, Volpi no sucumbe ante la biografía del personaje principal; no hay exaltación de Israel Vallarta y tampoco fascinación con el presunto secuestrador. El escritor cuida que sean los claroscuros quienes hablen y por ello la credibilidad de la historia es tan robusta.

El escritor hace un esfuerzo para no resolver lo que la justicia ha sido incapaz de sentenciar. Sin embargo, las dudas fundadas que va colocando a lo largo del texto hacen que caiga sin remedio el castillo de naipes construido por la autoridad en 2005.

Luis Cárdenas Palomino es personaje central de la narración. Se trata del policía que detuvo a la pareja Cassez-Vallarta y luego construyó un caso que podría ser falso, casi en su totalidad.

Una voz central de esta narrativa es también Guadalupe, la hermana de Vallarta; la mujer más fuerte de esa familia que, sin recursos económicos o políticos, ha hecho todo lo posible para defender a los suyos, a Israel, pero por igual a los demás integrantes de su familia que fueron acusados, a pesar de su inocencia.

Como antagonista de esa madre coraje se halla en el otro extremo Genaro García Luna, el policía estrella durante el Gobierno de Felipe Calderón; el hombre del show-policiaco que por su talento para la fabricación logró ascender hasta la cúspide del poder y, desde ahí, convenció al presidente para que se lanzara a una guerra mediática cuyo final ha dejado una espesa estela de muertos y desaparecidos.

Esta novela criminal es el retrato del gran fracaso de nuestra época: la injusticia de la justicia.

Será difícil que, después de ella, los jueces mantengan a Israel Vallarta en el purgatorio de su poder. Sería deseable también que, después de leerla, se apurasen a excarcelar a muchos otros inocentes.

ZOOM: Con esta novela Jorge Volpi ya no es el joven aquél que gracias a su prosa lúcida ganó el premio Biblioteca Breve con En Busca de Klingsor, sino un escritor maduro, fundamental y definitivo para las letras mexicanas.
29 Enero 2018 04:00:00
¿Dónde está Marco
La Policía mintió desde el principio: Marco Antonio Sánchez Flores no estaba asaltando a nadie, sino tomando una fotografía en la calle. Sin embargo, cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) -sector Hormiga de la Delegación Azcapotzalco– lo acusaron injustamente, provocando miedo en este joven de 17 años quien corrió temiendo lo peor, porque en la CDMX la Policía produce miedo en vez de paz.

Fueron tras él y lo golpearon con sus cascos, una reacción desproporcionada contra un muchacho flaco cuyo único pecado fue asustarse.

En vez de preguntar a Roberto, el amigo de Marco Antonio que lo acompañaba, en vez de confirmar la hipótesis del asalto con la supuesta víctima, en vez de interrogar al presunto victimario, la Policía implacable esposó al joven y lo subió a una patrulla.

Esto fue lo que sucedió el martes 23 de enero por la tarde y, desde entonces no aparece este estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM.

Ayer las autoridades mostraron la toma de una cámara de seguridad, situada a un par de kilómetros del lugar donde fue detenido; ahí se observa alguien parecido al joven, quien se encontraría en estado de shock.

El padre confió a los medios que podría ser su hijo desaparecido. Mientras tanto, los cuatro agentes que cometieron la arbitrariedad fueron presentados ante la fiscalía antisecuestro de la Procuraduría capitalina. Se trata de los agentes Ubel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín de Jesús González Martínez.

Juran todos que habrían liberado al muchacho poco tiempo después de haberlo arrestado. Esa es la versión que también repiten sus jefes de la SSP y la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

¿Por qué creer en los agentes que mintieron la primera vez? Si esos señores fueron capaces de inventarse un asalto, también podrían haber fabricado la pretendida liberación.

Otra pregunta que la SSP no quiso responder tiene que ver con el estado de salud del muchacho cuando, según su dicho, la autoridad lo habría echado de vuelta a la calle.

Considerando la versión de Roberto, el amigo de Marco Antonio, la víctima recibió golpes contundentes con los cascos policiales. Cabe prever que estos pudieron haber provocado contusiones en la cabeza del joven estudiante.

¿Es esta la razón por la que, después de tanto tiempo, Marco Antonio no se ha comunicado con su familia? ¿Es la golpiza propinada por los agentes la que mantiene a Marco Antonio en estado de shock, según lo que se aprecia en la cámara de seguridad?

Cientos de personas se congregaron ayer por la tarde en el Ángel de la Independencia portando cartulinas con consignas solidarias: “Te estamos esperando, no bajaremos las manos”, “Querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos”, “¿Dónde está?”, y una caricatura entrañable del jovencito Marco Antonio Sánchez Flores.

Al mismo tiempo grupos de ciudadanos recorren incansables la frontera entre la delegación Azcapotzalco y el municipio de Tlalnepantla. En la colonia Álamos dice el dependiente de una tienda OXXO que ayer por la noche Marco Antonio exigió comida y él llamó a una patrulla.

Agentes del Estado de México lo habrían entonces conducido ante un juzgado cívico en Tlalnepantla donde se le liberó, por segunda ocasión, poco tiempo después. Este caso exhibe una vez más la incapacidad de coordinarse que tienen las autoridades del Edomex y la CDMX.
25 Enero 2018 04:00:00
Persecución en Coyoacán
El diputado ingresó armado con una navaja y agredió a cuatro funcionarios del PRD. Inspirado en el actor Matt Damon, agente encubierto de la Supremacía Bourne, sometió a sus adversarios y logró salir de la escena del crimen cargando dos computadoras portátiles.

Esta es la narración que obra en el expediente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la CDMX en contra de Alejandro Rosas, legislador local perredista que dejó su curul en 2015.

Convencido de que había una consigna política en su contra, el exdiputado hizo maletas, hace año y medio, y huyó a Canadá. La Procuraduría capitalina niega que se esté haciendo uso político de la justicia y, sin embargo, la averiguación previa en contra de Rosas ha sufrido cuatro modificaciones sospechosas.

Porque el ministerio público está inspirado en las películas taquilleras, cada agregado al expediente es más inverosímil que el anterior.

Saraí Zúñiga, esposa de Alejandro Rosas, se quedó en México para defender a su marido. Tiene como ventaja que a ella aún no le han endilgado delitos fabulosos.

Pero los enemigos de la pareja se dedican a acosarla. La última vez le dijeron que, o bien paraba con sus denuncias, o Rosas regresaría de Canadá para asistir al velorio de su valiente esposa.

Pregunto en entrevista a Saraí Zúñiga por qué quiere dar a conocer estos hechos. Responde que es para protegerse: “si me pasa algo, ya sabrán quién es el responsable y se llama Mauricio Toledo”.

Mauricio Toledo es conocido, dentro de su partido, como el dueño de Coyoacán. Fue delegado en esa demarcación y ahora es diputado. Nació a la vida política con la corriente Nueva Izquierda (Los Chuchos), pero luego traicionó y buscó cobijo bajo el ala de Héctor Serrano, el más siniestro de los operadores políticos del PRD capitalino.

En 2012 Alejandro Rosas llegó a ser diputado local por el distrito 30 (Culhuacanes), gracias al apoyo de Toledo. “¿Por qué se pelearon estos dos políticos?”, pregunto a Saraí Zúñiga. Ella contesta que su marido se dio cuenta de que el ex delegado y sus huestes eran muy corruptos y, cuando quiso denunciar, vino entonces la venganza.

Rosas acusó también a Toledo de haber mandado asesinar a dos excolaboradores de la delegación Coyoacán: Óscar Fabila y Manuel Sayavedra.

El primero fue ultimado por un sicario el sábado 23 de julio de 2016, frente a su esposa y sus hijos, en la glorieta Vaqueritos. Del segundo no hay detalles, excepto que habría sido invitado para participar en un acto de corrupción en contra del gobierno de la Ciudad.

“¿Sospecha usted que la procuraduría capitalina esté involucrada en esta persecución política?”.

No tengo duda, responde la señora Zúñiga. “Desde el primer día, el entonces procurador, Rodolfo Félix Cárdenas, manipuló las cosas en contra de mi marido”.

“¿Quién más?,” insisto.

“Héctor Serrano”.

Tanto Alejandro Rosas como Saraí Zúñiga dejaron las filas del PRD en el verano de 2016 para militar en Morena. Ella dice que este es el principal motivo de la persecución. Acusa a Toledo de haber dicho a sus colaboradores: “piensen dos veces antes de abandonar las filas del PRD. Si “El Chino” –así se conoce a Rosas en su medio– no pudo conmigo, a pesar de ser profesor de Derecho, imaginen cómo podría irle a cualquier otro traidor”.

Las denuncias contra Toledo arreciaron después de que un grupo de funcionarios de la delegación Coyoacán –identificados como Los Buitres– atacaron a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena al gobierno de la Ciudad.

De acuerdo con la dirigencia del mismo partido, esa banda de delincuentes responde a las órdenes del dueño de Coyoacán.

ZOOM: ¿qué es cierto y qué es falso de este triller político-policiaco? En cualquier hipótesis, el asunto debe ser investigado. El problema radica en que la misma autoridad responsable de hacerlo, la PGJ, es parte, presuntamente involucrada, de la trama denunciada. ¿Hasta cuándo la justicia será instrumento de la política podrida en nuestro país?
18 Enero 2018 04:00:00
Cuatro Caminos, el laberinto de la muerte
Jorge vivió el peor episodio de su vida. Tiene 13 años y le tocó presenciar la muerte de otro joven, poco mayor que él, en la combi que tomó con Juana, su madre, minutos antes desde el paradero de Cuatro Caminos.

Al muchacho le arrebataron una mochila nueva en cuyo interior llevaba la tableta que le regalaron en la escuela. A la mamá le quitaron el teléfono celular, la cartera y una chamarra que se había comprado en Navidad. Los dos iban con rumbo a Valle Dorado, en un vehículo de transporte público abarrotado; por increíble que parezca, dentro de esas combis llegan a subir hasta 15 pasajeros.

No es la primera vez que asaltaban a Juana en ruta hacia su casa, pero a esa trabajadora del hogar nunca le había tocado ir acompañada por su hijo menor.

A la altura de la Avenida de los Maestros cinco asaltantes, tres varones y dos mujeres –que viajaron por un rato sin hacerse notar–, de la nada comenzaron a dar de gritos exigiendo al resto de los pasajeros que entregaran sus pertenencias.

También ordenaron a las víctimas que bajaran la vista, probablemente porque ninguno de los ladrones llevaba el rostro cubierto.

Pero uno de los viajeros desobedeció: un joven de unos 17 o 18 años que, por razones indescifrables, se negó a mirar al suelo y también a entregar su mochila escolar, que era parecida a la de Jorge.

Para obligarlo, uno de los criminales le dio un fuerte golpe en la cabeza con la cacha de una pistola. Sin embargo, el joven continuó desafiando con la mirada al frente. Enfurecido por la indisciplina, el de la pistola pegó un tiro contra la mano derecha del rebelde.

Creció la angustia en el resto de los pasajeros y apuraron la entrega para que los asaltantes descendieran lo más pronto posible del vehículo.

Así lo hicieron, pero llevaron con ellos al joven de la mirada firme. Una vez con los pies sobre el asfalto lo obligaron a arrodillarse y le volaron la cabeza.

Jorge lo vio todo y no puede dormir desde esa noche horrenda. Se pregunta por qué aquel joven no quiso entregar su mochila, y por qué prefirió retar a los asaltantes, en vez de someterse.

En lengua náhuatl Nauh Campa significa “hacia los cuatro caminos”. Los antiguos dieron ese nombre al lugar donde se encuentra el paradero al que Juana va todas las noches, un cruce que hace 500 años conducía hacia Azcapozalco, Chapultepec, Naucalpan y Tenochtitlán.

Hoy ese lugar bien podría llamarse “el laberinto de la muerte”. Así lo han bautizado los usuarios de ese centro de transporte donde acuden diariamente más de medio millón de personas.

Es tierra sin ley, sin orden y sin dignidad. La prueba evidente de la negligencia de una autoridad empecinada por brindarle segundos pisos a los ricos y el infierno para los desposeídos.

El hijo de Juana no sabe que ese mismo día, por la mañana –cerca también de Cuatro Caminos– otra mujer fue agredida, dentro de un camión de pasajeros, por el mismo motivo. Dos sujetos la golpearon, con la cacha de una pistola, por enfrentarse a los agresores. Esta otra víctima salvó la vida, pero tomó tiempo para que se detuviera la hemorragia.

Otro estudiante fue asesinado el jueves 19 de octubre de 2017, cerca de Cuatro Caminos. “De un balazo le arrebataron la vida tras resistirse a un asalto”, dijo la prensa. El miércoles anterior uno más falleció en condiciones parecidas y en la misma geografía. Era estudiante de la UAM Azcapotzalco, por lo que esa comunidad universitaria reclamó fuerte ante la autoridad, sin que por ello se capturara a los responsables. El lunes 17 de abril, también del año pasado, un sujeto de 30 años fue asesinado en circunstancias similares.

La oficina del Ministerio Público de Cuatro Caminos recibe diariamente entre 15 y 20 denuncias. Son un pálido reflejo de los delitos cometidos en su demarcación, porque en el laberinto de la muerte la regla es ver hacia el suelo y someterse a la voluntad del criminal.

ZOOM: A sus 13 años Jorge aprendió una terrible lección: que nadie, absolutamente nadie, debe mirar a los ojos al criminal: ni él, ni su madre, ni el resto de los pasajeros, tampoco el chofer de la combi o la Policía, la autoridad municipal, ni el gobernador.
11 Enero 2018 04:00:00
¿Quién miente sobre Chihuahua?
El presidente Enrique Peña Nieto afirma que el reclamo del gobernador Javier Corral Jurado “parece más un acto político”. Enrique Ochoa Reza, dirigente del PRI, dice que son mentiras destinadas a levantar la campaña del PAN. José Antonio Meade y Aurelio Nuño van más lejos y agregan que el gobernador de Chihuahua recurre a la tortura para incidir en la contienda electoral.

No importa dónde se esté parado, si en el bando del Gobierno federal o en el palco de la oposición, es obvio que el affaire Chihuahua es un asunto esencialmente político. Es político si, en efecto, el Gobierno encabezado por César Duarte creó empresas fantasma para robarse dinero del erario público. También lo es si ese dinero se utilizó para financiar campañas. Es fundamentalmente política la exigencia para que el Gobierno federal solicite la extradición de César Duarte y también que la SHCP haya retenido recursos por argumentos relacionados con una investigación sobre actos de corrupción.

Así que Enrique Peña Nieto lleva verdad al decir que todo esto es un acto político, porque sería imposible que no lo fuera. Sin embargo, la cuestión no es dilucidar si un político hace política, sino si miente; o, en caso contrario, si, haciendo también política, son sus detractores quienes abrazan la falsedad.

Asegura el Gobierno de Chihua-hua que se le está otorgando un trato diferenciado con respecto a las transferencias que los estados reciben de la Federación. En revancha, el presidente Peña afirma que su Gobierno apoya por igual a todas las entidades, sin importar su origen partidario.

El Presidente está en lo correcto cuando habla de las aportaciones o participaciones clasificadas dentro de los ramos 28 y 33 del presupuesto de la Federación. Sin embargo, no la tiene a propósito de los fondos provenientes del ramo 23.

La denuncia que desde el primer día ha realizado el Gobierno de Chihuahua sólo se refiere al ramo 23 y por eso exige puntualmente los 780 millones que la SHCP decidió negar.

En entrevista con Denisse Maerker, el subsecretario Miguel Messmacher explicó las razones por las que su secretaría optó por retener ese preciso dinero: “no se los vamos a dar porque están haciendo una investigación de un depósito hecho a través de un convenio similar que ha llevado a cuestionamientos sobre corrupción”.

A confesión de parte relevo de prueba: hay un dinero que Hacienda no transfirió y la razón es que el Gobierno de Chihuahua celebra una investigación por actos de corrupción vinculados a una operación realizada durante el gobierno priista de César Duarte.

Si algún otro gobernador pretendiera en el futuro emprender investigaciones similares, más vale que se lo piense dos veces porque la SHCP podría sancionarle suspendiendo transferencias de cuantía importante.

El tercer punto de la disputa es la acusación al gobernador Corral por haber torturado a uno de los indiciados en la investigación judicial: Alejandro Gutiérrez, exsecretario adjunto del PRI.

¿Con qué pruebas se argumenta tan grave señalamiento? ¿Hay evidencia fotográfica, testimonial, judicial o proveniente de organizaciones sociales? ¿Hay siquiera una denuncia al respecto ante las comisiones estatal o nacional de derechos humanos?

Revisando la información disponible, la única fuente que sirve para hablar de tortura es el dicho del abogado de Gutiérrez, quien advirtió en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, que se estaba maltratando sicológicamente a su cliente para que confesara la intervención del exgobernador Duarte en el desvío de recursos públicos. Si la acusación de tortura se basa en este solo testimonio, que los injuriantes se preparen de una vez para enfrentar denuncias por difamación.

ZOOM: para algunos, política es sinónimo de mentira; se trata de los militantes de la posverdad. Contra ellos la evidencia y nada más.
08 Enero 2018 04:00:00
Entre Duartes te veas
¿Por qué les preocupa más un Duarte que el otro? Este fin de semana, José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia, dijo que la traición de Duarte duele profundamente a los priistas porque lastimó su prestigio. También aseguró que ese individuo no define ni describe a los militantes del tricolor.

Es evidente que se refirió a Javier Duarte, porque el discurso fue pronunciado en Veracruz, pero algo muy parecido habría podido decir a propósito de César Duarte, si la gira proselitista hubiera ocurrido en Chihuahua.

Ambos exgobernadores –Javier y César– comparten algo más que el apellido: los dos crecieron considerablemente su patrimonio durante sus respectivas administraciones; usaron a familiares, empleados y amigos como prestanombres; extrajeron recursos de la hacienda pública a través de empresas fantasma; parte del dinero robado lo reinvirtieron en campañas políticas; se convirtieron en accionistas de empresas millonarias que, antes de gobernar, no existían; manipularon compras gubernamentales y obra pública para beneficiarse, personal y políticamente.

Tienen también como coincidencia que fueron gobernadores consentidos del peñanietismo. Cada uno fue señalado, en su momento, como un destacado representante del nuevo PRI. Ciertamente los dos han tenido padrinos políticos poderosos que los usaron y también los ampararon.

No obstante, por razones que no están todavía del todo claras, uno de esos dos Duartes goza de mejor suerte. Mientras al primero ya lo persigue la justicia federal, el segundo reside con comodidad en los Estados Unidos.

Hay otra nota discordante a propósito de los Duartes: el trato que los actuales gobernadores de Veracruz y Chihuahua han merecido por parte del Gobierno federal. Miguel Ángel Yunes ha procedido en contra de Javier Duarte sin que por ello le cobren carísima su osadía; en cambio a Javier Corral suelen caerle a palos cada vez que denuncia.

Este fin de semana, mientras José Antonio Meade hacía gira por Veracruz, la autoridad exhibió el crecimiento del narcomenudeo en Chihuahua. Tan importante fue la nota que dos diarios de circulación nacional colocaron la información en primera plana.

Más vale que el Gobernador chihuahuense se vaya preparando porque pronto aparecerá señalado como amigo íntimo de Vladimir Putin, como cabeza de una conspiración interplanetaria o como primo de “El Chapo” Guzmán.

La verdad es que, mientras mayor blindaje político recibe César Duarte, más importante se vuelve perseguir los presuntos delitos cometidos por ese individuo. Hay algo en su relación con la cúpula del poder que Javier Duarte no tuvo, y ese algo huele a pista fundamental.

ZOOM: La diferencia principal entre el Duarte de Veracruz y el Duarte de Chihuahua es que, sin justificación jurídica clara, al segundo le está tomando demasiado tiempo pisar la cárcel. Si uno de esos dos sujetos no representa al PRI y el otro sí, es de interés público preguntarse por qué.
04 Enero 2018 04:00:00
La hipótesis Corral
La teoría criminal del caso implicaría que César Duarte Jáquez consiguió un banco y, a cambio, se prestó para financiar, con dinero federal, las campañas del PRI. De esto está convencido Javier Corral Jurado, el gobernador panista en Chihuahua y de poco a poco va probando sus argumentos.

La historia comenzó cuando Duarte y su secretario de Finanzas, Jaime Herrera, invirtieron en comprar la Unión de Crédito Progreso para luego obtener el permiso de operar esa intermediaria financiera como banco.

Duarte puso 65 millones para adquirir el 10% de esa empresa, que después recibió en administración buena parte de la tesorería de su estado, alrededor de 85 mil millones de pesos.

No hubiera sido posible convertir una caja de ahorros local en el Banco Unión Progreso sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria, y por tal motivo desde que este asunto turbio se hizo público hubo señalamientos en contra de la Secretaría de Hacienda como posible instancia implicada.

Durante el año 2015 estalló este escándalo que con el tiempo se ha venido confirmando como verdadero. Hoy César Duarte vive fuera del país y varios de sus excolaboradores de Gabinete se encuentran sometidos a proceso judicial, entre ellos Jaime Herrera, el antiguo secretario de Finanzas.

Durante los dos últimos años flotó sin respuesta una pregunta: ¿por qué la SHCP ayudó a Duarte para que se volviera banquero? No bastó como explicación el poder político del exgobernador, ni la amistad que sostiene con algunos de los dirigentes más importantes de su partido.

Es aquí donde se completaría la segunda parte de la hipótesis: la SHCP habría ayudado a Duarte Jáquez para que se comprara un banco a cambio de que, a través de su Gobierno, transfiriera fondos de la Federación para favorecer a los candidatos del PRI que acudieron a las urnas durante las elecciones de 2016.
Jaime Herrera, socio del banco Unión Progreso y exsecretario local de finanzas, confesó que, por instrucciones de su jefe, César Duarte, participó en una operación fraudulenta para obtener 246 millones de pesos de la hacienda pública federal.
Se ha querido desestimar este testimonio argumentando que Herrera fue presionado por la justicia local para mentir, ya que sólo así recibirá indulgencia por sus delitos. Sin embargo, no se trata de la única prueba que sustenta el argumento del fraude. Otros integrantes del Gabinete de Duarte han corroborado la misma versión.

Con ambas piezas juntas del rompecabezas, el permiso de operación para el banco Unión Progreso –entregado de manera sospechosa por la SHCP–, y el financiamiento presuntamente fraudulento a favor del PRI, es que emerge la hipótesis completa: Luis Videgaray habría intercambiado un favor personal para el exgobernador Duarte a cambio de que este garantizara el triunfo del PRI en su estado, con recursos provenientes de la Federación.

Todavía faltan varios eslabones para probar la tesis del actual gobernador, Javier Corral. Sin embargo, todos los días se añade una pieza más a este entramado. A diferencia de otros casos, el mecanismo de la delación está funcionando como pólvora humeante para descifrar los fraudes supuestos.

El actual gobernador de Chihuahua está decidido a llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias. Ayer exigió al presidente Enrique Peña Nieto que tramite la solicitud de extradición en contra del exgobernador priista César Duarte: “Ya no hay justificación alguna –dijo– para el retraso, se les está pasando de tueste”.

ZOOM: No es común que una fiscalía estatal sea mejor que los poderes federales para perseguir actos de corrupción. El actual Gobierno de Chihuahua parece ser la excepción, pero ya topó con pared. No hay proceso de extradición que pueda resolverse si el Gobierno federal no interviene.

El problema es ese procedimiento depende nada más ni nada menos que del actual canciller, Luis Videgaray.

http://www.ricardoraphael.com / Twitter: @ricardomraphael
28 Diciembre 2017 04:01:00
¿Tiene el coraje para decir la verdad?
Estoy harto del silencio porque no me deja dormir, harto de que se oculte la verdad y de tantos empecinados en ocultarla.

Son tiempos para hablar sin pudor, ni temor, para hablar franco y tener el coraje de decir la verdad; tiempos para escoger la libertad de palabra sobre la adulación del esclavo.

Durante el año 1983, Michel Foucault dio una serie de conferencias en la Universidad de Berkeley, dedicadas al coraje necesario para decirlo todo. La editorial Siglo XXI viene de publicarlas este año bajo el título Discurso y Verdad.

Se trata de un texto indispensable, sobre todo si uno hace periodismo, en México y en esta época tan cargada de controversia.

Comienza Foucault argumentando que nadie está obligado a decirlo todo, pero sí se tiene el deber de hablar con verdad frente a todos aquellos que se equivocan, tanto más cuando quien propaga el error es el poderoso.

Expresarse con sinceridad o franqueza nunca es tarea fácil porque la cobardía, o bien la vergüenza, suelen impedir revelar lo fundamental. Y, sin embargo, quien aprecia la libertad está obligado a criticar al príncipe y también al amigo; aún si lo segundo suele ser más difícil que lo primero.

La libertad de palabra es diferencia esencial entre el esclavo y quien no lo es. Los que perdieron esa libertad es porque se vieron forzados a someterse a la locura del amo, o quizá eligieron voluntariamente ese despeñadero.

Entre el poder sin límites y la locura humana hay causalidad directa; por eso la libertad de palabra debe usarse para combatir la necedad del poderoso, al tiempo que se conjura la repugnante adulación.

Nadie que aprecie su propia dignidad debe permitirse jugar el papel del más débil, ni aniquilarse con tal de ganar la benevolencia del fuerte.

Advierte Michel Foucault que no basta con poseer libertad de palabra para poder decirlo todo. Además, se requiere honor y reputación para ser escuchado y luego creído.

Pero ese capital –reputación y honor– no se consigue rápido, ni fácil.

Puede perderse a gran velocidad y sin muro o barrera que le contenga; diría Shakespeare, en Sueño de una Noche de Verano, que la confianza se obtiene milímetro a milímetro y se extravía a kilómetros.

Hoy que la información abunda, y el mal periodismo también, el honor de ser creído, y la reputación que da el coraje de decir la verdad, son tesoros apreciados.

Frente a las noticias falsas o fabricadas se requiere más y mejor periodismo, mayor rigor, más capacidad crítica, más distancia frente al poder –frente a todas las formas que toma el poder–, también energía y temple para no ocultar la verdad y confrontar a quien evita verla.

El periodismo tiene todo que ver con la evidencia; es también gracias a ella que en este oficio se obtiene nombre y se mantiene la confianza. Por eso el periodismo es investigación o no es periodismo.

Dice Foucault que investigar siempre será un método imperfecto para aproximarse a la verdad, pero sigue siendo el mejor que conocemos los seres humanos. Lo demás es propaganda, religión, fe en las ideologías o pragmatismo ciego.

ZOOM: 2018 no será un año fácil para quienes ejercemos el periodismo. En el mundo entero el oficio está en crisis, y México no es excepción. Sólo nos salvará de cometer errores abrazar con templanza el coraje que se requiere para decirlo todo, y decirlo con verdad.
21 Diciembre 2017 04:00:00
Haciendagate
En 2001 se descubrió una operación fraudulenta por mil millones de pesos, organizada desde la dirección de Pemex, para financiar al Partido Revolucionario Institucional.

El expediente se recuerda como el Pemexgate y fue un escándalo que ocurrió después de las elecciones.

Ahora los tiempos del reloj están al revés: un asunto explosivo estaría llegando antes de que se celebren los comicios y tendría que ver con una operación fechada dos años atrás. Esta vez el timo habría sido orquestado desde la Secretaría de Hacienda a través de tres gobiernos estatales, entre ellos el de Chihuahua.

De tener ruedas el vehículo, el Haciendagate posee proporciones atómicas para lastimar las perspectivas del PRI hacia las elecciones del año próximo.

Cuando el Pemexgate, los funcionarios que diseñaron el fraude fueron burdos y evidentes. Lo extraño del Haciendagate habría sido que volvieron a serlo. (Cuesta trabajo creer que no hayan aprendido ninguna lección en dieciséis años).

La supuesta trama fue revelada por el exsecretario de Finanzas de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, quien –además de colaborador del exgobernador César Duarte– fue socio de su jefe en el Banco Unión Progreso.

Herrera Corral está acusado por la justicia de su estado ya que habría malversado con fondos públicos durante su gestión. Sin embargo, desde mediados de este año se sometió a la justicia para colaborar como testigo en contra del exgobernador Duarte y así disminuir los cargos que pesan en su contra.

El 1 de julio de este año Herrera declaró ante la fiscalía de su entidad que César Duarte lo instruyó, durante el primer semestre de 2016, para que brindara apoyo económico al PRI nacional a través de una operación fraudulenta, supuestamente orquestada por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces secretario adjunto del CEN del PRI, así como por Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad Política y Control Presupuestal de la SHCP.

De acuerdo con este mismo testigo, la operación cuestionada ascendería a 246 millones de pesos –cifra proveniente de la hacienda federal y transferida al tesoro local por la vía de un convenio de fortalecimiento– para luego ser retirada a través de facturas apócrifas, fabricadas por el hijo de Alejandro Gutiérrez.

El Haciendagate prosperará siempre y cuando el testimonio de Herrera Corral no sea la única prueba de su existencia. No se trata de un señor suficientemente honorable como para creerle y, aunque lo fuera, con tal de salvar el pellejo la gente es capaz de inventar lo que sea.

No obstante, asegura el actual fiscal de Chihuahua que esta investigación se halla respaldada por la Auditoría Superior de la Federación. En tal caso, entonces sí, nos encontramos ante el comienzo de un gran terremoto político.

Mientras tanto, el día de ayer fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por autoridades estatales y, (cabe tomar nota), también federales.

Habrá que esperar solo un poco para conocer la dimensión del expediente. Si el mismo juez que procedió en contra del exsecretario general adjunto del PRI instruye también orden de aprehensión contra Gamboa Lozano o de César Duarte, el fuego promete llegar lejos.

Cuando el Pemexgate, el director responsable de la paraestatal era Rogelio Montemayor, quien terminó pagando los platos rotos. Si del tamaño del sapo es la pedrada, con el Haciendagate las responsabilidades alcanzarían al penthouse de la política mexicana. Vale especular también en sentido inverso: de no haber armado bien la acusación, el tricolor y toda su militancia saldrán robustecidos.

ZOOM: Las elecciones son siempre incentivo para mirar la paja en el ojo ajeno. Hoy es el PRI quien está bajo los reflectores. ¿Quién será mañana?
07 Diciembre 2017 04:00:00
Amnistía a referéndum
La contienda electoral del próximo año ya tiene un tema principal que dividirá al país. Como sólo él sabe hacerlo, Andrés Manuel López Obrador colocó esta semana la razón de la disputa.

No sólo propuso modificar la estrategia que el Estado mexicano ha seguido para combatir la violencia y la inseguridad; fue un paso más allá y anunció que, con tal de alcanzar la paz, consideraría otorgar perdón a los líderes del crimen organizado.

La reacción contra sus declaraciones hizo erupción súbita. Otorgar amnistía sería aceptar un narcoestado, declaró Miguel Ángel Mancera. Implicaría negar justicia a las víctimas, afirmó José Antonio Meade. Una más de sus locuras, acusó Ricardo Anaya. Un estado de derecho no admite amnistías ni complicidades, precisó Margarita Zavala.

Tan extremo se percibió AMLO que los secretarios de Defensa y de Marina, Salvador Cienfuegos y Francisco Soberón, se arrojaron sin tiento al debate político.

“No hay forma de que esto pueda llegar a suceder… se toma como un fin electoral más que buscar un objetivo real”, dijo para descalificar el almirante. “Están dejando de lado todo el mal que han hecho al país… cuánta gente ha muerto por su culpa”, reclamó el general.

En fin que, con sólo un par de declaraciones, AMLO logró poner a toda la clase política en su contra. Hay veces que resulta difícil comprender las estrategias de este hombre político. ¿No sabe que las campañas electorales tienen como propósito ganar y no perder votos? ¿O de plano habrá calculado, como afirma el almirante secretario de la Marina, que amnistiar a los delincuentes hace triunfar en las urnas?

El fondo de la propuesta lopezobradorista es irresponsable, no porque una eventual amnistía –legal o de facto- debiera de plano desecharse, sino porque se presentó sin ofrecer un diagnóstico y una estrategia que respondieran a la complejidad del fenómeno.

No es justo tratar un tema a la vez doloroso y enredado con soluciones carentes de gravedad. Es tan demagógico proponer al Ejército como solución principal para lograr la paz en el país, como ingenuo resulta sugerir amnistiar a los capitanes mafiosos que trafican con personas, extorsionan, secuestran, asesinan, descuartizan, desaparecen seres humanos y hacen negocio con las drogas.

Frente a niveles indignantes de violencia resulta que a la clase política sólo se le ocurren ideas extremas y polarizantes: o bien resolver militarizando al país, o bien perdonar a los criminales. ¿De plano no hay nada en medio que valga la pena?

Lo cierto es que el discurso del presidente de Morena logró su objetivo. Anunció que esta vez no fracturará al país entre ricos y pobres, como lo hizo en 2006, sino entre pacifistas y belicistas, para ponerlo en términos suyos.

Entre los que prefieren el ojo por ojo y el diente por diente, y aquellos que no están dispuestos a quedarse ciegos o “chicuelos”.

Es de reconocerse el talento de AMLO para detectar las grandes fracturas sociales y, a partir de ahí, construir un “ustedes” y un “nosotros” evidente y distinguible.

Tiene razón al advertir que la sociedad mexicana le ha dado suficiente tiempo a la estrategia de persecución violenta de la violencia, sin obtener resultados alentadores.

En 10 años de guerra por los territorios donde transita la droga han muerto 170 mil seres humanos y han desaparecido más de 37 mil. ¿Por qué suponer que una estrategia sin variaciones para la próxima administración daría mejores resultados?

AMLO tomó la decisión de abordar el tema desde una perspectiva distinta. Anunció que el futuro secretario de la Defensa no dará orden de disparar contra mexicanos. Es decir, que el Ejército regresará a los cuarteles en caso de que él gane la contienda.

Ese anuncio, así de puntual y acotado, habría seguramente despertado entusiasmo entre un sector grande de la población, pero no habría polarizado. Así que el político tabasqueño decidió aderezar con polvo atómico su discurso. La iniciativa de amnistiar es fuerza telúrica que abre las fallas del subsuelo y parte a la sociedad de manera irreconciliable.

ZOOM: ¿Será todavía posible que la política mexicana atienda los temas más serios con la obligada seriedad que se merecen? Entre los que están a favor de la ley de seguridad interior y AMLO es difícil encontrar un lugar para guarecerse.
30 Noviembre 2017 04:00:00
Meade, como mágica solución
La tiene más difícil que ningún otro aspirante porque el barco que lo contrató como capitán está escoriado. Más de la mitad de la población mexicana cree que el triunfo del PRI sería el peor escenario para las elecciones del año próximo, y el 58% tiene una opinión mala o muy mala de esa fuerza política. Antes de destapar a José Antonio Meade el tricolor traía solo 16% de las preferencias electorales.

El desgaste de los gobiernos priistas es enorme. Tanto a nivel federal como en lo local el estado de ánimo contra ese partido es negativo por argumentos relacionados sobre todo con la corrupción y la inseguridad.

En contraste, las oposiciones presumen mayores simpatías: hoy Morena tiene la mejor expectativa de voto y también la valoración más elevada. Andrés Manuel López Obrador le lleva 10 puntos de ventaja al PRI y el PAN se halla acomodado entre las dos opciones. Mientras el 40% consideraría votar por AMLO, sólo 25% lo haría por un candidato priista.

Estos datos provienen de la encuesta que Buendía & Laredo levantó entre el 10 y el 17 de noviembre, publicada por El Universal hace 7 días. Obvio que no refleja todavía el efecto de la candidatura de José Antonio Meade sobre el humor político de los potenciales electores. Sin embargo, cabe suponer que el destape, por sí solo, habrá abonado poco al movimiento de los números; aún falta que arranque la verdadera campaña.

¿Con qué cuenta José Antonio Meade para que sus aspiraciones empaten con las posibilidades de triunfo? La apuesta de campaña de este político filopriista estaría sostenida por tres cables principales: los recursos disponibles para el PRI dentro del gobierno, la independencia de la candidatura con respecto a los partidos tradicionales y el achatamiento de las opciones contra las que compite.

Aparato. No hay otro partido en México capaz de movilizar más recursos públicos a favor de su causa. A nivel local el PRI gobierna en 62% de los municipios, contra el PAN, que sólo tiene 19% de las presidencias municipales o el PRD, que apenas alcanza 13 por ciento.

A pesar de haber tenido mala racha en las últimas elecciones para gobernador, el PRI también es el partido que domina en la mayoría de las entidades federativas: 14 (o 13 dependiendo si se cuenta Coahuila), contra 11 gubernaturas del PAN y 5 del PRD.

Con respecto a la Cámara de Diputados, el tricolor ostenta 40% de los escaños, mientras que el PAN sólo alcanza 21%, el PRD 11.2% y Morena 7%. En el caso del Senado los números igual son buenos para el tricolor: 43.7% de los asientos en la Cámara Alta contra 28% del PAN o 12.5% de la fracción lopezobradorista (PT-Morena).

La importancia de esta presencia mayoritaria del PRI es relevante por la población que gobierna o representa, pero lo es mucho más por los recursos públicos que esos cargos podrían movilizar el año próximo a favor de su candidato.

El partido que apoya a José Antonio Meade tiene a su disposición, grosso modo, 50% del tesoro público para invertir en la jornada electoral que comienza.

Independencia. Según la encuesta citada, 55% de los electores se asumen como independientes de los partidos. Es una cifra grande que sugiere cuán desfondado está el voto duro de las opciones tradicionales. Esos electores serán quienes decidan los resultados del próximo año. Meade tiene como ventaja para competir por esas voluntades que no está afiliado a ningún partido. Resulta difícil saber si este solo hecho convencerá al sector independiente, pero con seguridad el argumento de la no afiliación será usado como clave principal del mensaje.

Achatamiento. La máxima es simple: si no puedes crecer reduce a tus adversarios. Esta va a ser la maniobra más ruda de la campaña por venir. El embate priista contra sus opositores no será edificante por sus razones o propuestas. Lloverán las descalificaciones y las noticias (falsas o verdaderas) destinadas a reducir la estatura de los contrincantes.

Para ello cabe multiplicar las opciones en la boleta –como incluir candidaturas independientes inventadas–, deshacer frentes y alianzas, destruir reputaciones, espantar al respetable, etcétera, etcétera.

Zoom: Hay un arma última que Meade podría utilizar a su favor. Ser sólo Meade, un funcionario decente, responsable y serio. Sería su mejor argumento, pero el barco en el que va montado precisa algo más que un pase de magia para convertirse en otra nave.
23 Noviembre 2017 04:00:00
Guarurismo
El guarura es un hombre que trabaja de guardaespaldas, y no quien dispara por la espalda al sujeto custodiado. Adolfo Lagos Espinosa, director general de la empresa Izzi, perdió la vida por culpa del guarurismo, un mal insoportable de la élite mexicana.

Durante la segunda mitad de la década de los 60 del siglo pasado, el presidente Gustavo Díaz Ordaz subió a la Sierra Tarahumara para encontrarse con líderes rarámuri. Lo hizo acompañado de un cuerpo de escoltas altos y fornidos, casi todos pertenecientes al Estado Mayor Presidencial.

Los hombres sabios recibieron al mandatario diciendo: “sean usted y sus wa’rura bienvenidos”. Arrigo Cohen afirma que wa’rura es un término rarámuri utilizado para referirse a los jefes políticos; así que la calurosa acogida fue dirigida a Díaz Ordaz y sus demás jefes.

Los escoltas de ese Presidente habrán reído con el apelativo y probablemente ellos se encargaron de que el término guarura entrara al léxico del poder mexicano.

No era imaginable, sin embargo, que con el tiempo tales personajes fueran a adquirir tanto poder. Hoy no hay integrante de la élite política o económica mexicana que quiera prescindir de un séquito de guaruras con físico de Goliat y armados, a la Schwarzenegger en la película Terminator.

En México calcule usted cuántos guaruras acompañan a un personaje antes de averiguar de quién se trata. Indague si sus hijos, esposa, suegra, nanas y demás parentela tienen agentes asignados a su seguridad. Pregunte si sus jóvenes vástagos van a los antros acompañados por un nutrido grupo de jefazos.

Si quiere saber cuán relevante es una boda, contabilice los carros de guaruras estacionados fuera del festejo; no se sorprenda si también halla hordas de estos señores en los bautizos y las primeras comuniones. Cuando el simpósium de guaruras se antoje incontable es porque hay políticos en la reunión. Entonces felicítese por haber pagado a tiempo sus impuestos; gracias al esfuerzo de su trabajo toda esa gente puede presumir poder traducido en carros ostentosos y gladiadores notables.

Pocas élites tienen tan mal gusto como la mexicana. En esto seguimos siendo medievales. Para que sea rey, el fulano debe ir acompañado de una extensa corte. Argumentan con hipocresía los practicantes del guarurismo que no es de su gusto verse rodeados por tantos individuos rapados, ni tanto fierro peligroso; dicen que es la inseguridad del país lo que obliga a ese desplante de arrogancia oligárquica.

Pero hay evidencia para saber que es tan riesgoso traer un guarura como llevar encima una pistola: en caso de emergencia nadie puede saber cómo va a terminar la cosa.

Como ejemplo, la triste tragedia de Adolfo Lagos Espinosa, empresario al que le gustaba hacer ciclismo en el campo, hasta que sus guaruras pegaron nueve tiros y uno le arrebató la vida.

La historia va así: Lagos andaba de paseo montado en una bicicleta cuyo valor rondaría los 70 mil pesos. Dos raterillos salieron de detrás de una nopalera para robarle el vehículo de pedales. Tan novatos eran que no se percataron de que, detrás del sujeto asaltado, había un carro con guaruras.

Más novato fue el cuerpo de seguridad porque, en vez utilizar la fuerza de manera proporcional, se puso a tirar en contra de los asaltantes, y también del señor Lagos.

Los delincuentes están vivos, pero acusados de asaltar a un ciclista. En cambio, el asaltado está muerto, por culpa del impune guarurismo.

ZOOM: el guarurismo es otra expresión de la impunidad mexicana. El Estado es responsable por solapar este mal y también nuestra élite, por confundirse, como los rarámuris en época de Díaz Ordaz.
20 Noviembre 2017 04:00:00
Seguro Popular abandona enfermos con VIH
Doce mil pacientes infectados con VIH-sida están a punto de quedarse sin atención médica en la Ciudad de México. Al parecer, no hay con qué pagar la nómina de los doctores, enfermeros, psicólogos y demás personal que labora en las clínicas del Seguro Popular, ubicadas en las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa.

Cuando un grupo de trabajadores acudió ante la oficina de recursos humanos de la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX, en busca de explicaciones, esa autoridad respondió que el dinero destinado por el Seguro Popular para cubrir sus sueldos se había agotado.

Denuncian los médicos de ambas clínicas que, si bien hay suficiente medicamento retroviral para atender a los pacientes, desde hace meses escasean otras sustancias y suministros pertenecientes al cuadro básico; sobre todo, las medicinas más costosas.

Durante los últimos seis años, las clínicas que están ubicadas en Carlos B. Zetina, de la colonia Condesa, y Combate de Celaya, en la Unidad Habitacional Guerrero, no han logrado contratar personal de manera estable o definitiva.

Eludiendo cualquier decencia laboral exigible al Gobierno, los 60 médicos que ahí laboran y el resto del personal están contratados por honorarios durante periodos que se renuevan cada tres meses.

El principal problema que enfrentan estos profesionales de la salud radica en que cada vez se dilata más el tiempo para que tales contratos lleguen a sus manos, lo cual conlleva retraso en el pago de sus salarios.

Como ejemplo, el mes de octubre los médicos laboraron en ambas clínicas sin cobrar un centavo, entre el primero y el 20 del mes, porque los contratos relativos al último trimestre del año arribaron la tercera semana de octubre.

Sin embargo, personal de la Secretaría de Salud de la CDMX acudió en noviembre al mismo personal para informar que los contratos signados días antes debían ser modificados. Insistieron con que el Seguro Popular se había quedado sin fondos y por tanto era necesario que devolvieran los documentos contractuales previos y, en su lugar, firmaran nuevos.

Los médicos no han aceptado porque el nuevo contrato propuesto reduce en un 20% los ingresos del personal, elimina el sobresueldo que –a manera de aguinaldo– se tenía contemplado para diciembre, y busca pagar a los médicos especialistas como si fueran médicos generales.

Algo huele muy mal en este asunto. Cabe que sólo se trate de una pésima administración con los recursos humanos de ambos hospitales y entonces se estaría ante un caso de excepción que, tanto la CDMX como el Seguro Popular deberían resolver con mejor decencia.

Pero también podría ser el primer brote de una epidemia financiera del Seguro Popular, que en este mismo espacio se ha venido denunciando desde hace ya varios meses. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2015 y 2016 hubo desfalcos al fideicomiso concentrador por casi 20 mil millones, debido a irregularidades y corruptelas de varios gobiernos estatales.

A esa cantidad deben sumarse los 13 mil millones que la Secretaría de Hacienda retiró en 2014 de ese mismo fideicomiso, sin que estuviese autorizada para ello. Es decir que, en total, los recursos extraviados por el Seguro Popular suman ya más de 33 mil millones.

Con este antecedente cabe creer que tiene fundamento la explicación entregada por la CDMX al personal de las clínicas Condesa e Iztapalapa.

ZOOM: Las primeras víctimas de la epidemia financiera que enfrenta el Seguro Popular son 12 mil pacientes con VIH-SIDA. ¿Quién sigue en la lista?
16 Noviembre 2017 04:00:00
¿Bullying?
Hay problema cuando las palabras se trasplantan sin lógica ni razón de una maceta a otra. Según la definición convencional, bully es aquel individuo habitualmente cruel que trata con despotismo a personas débiles o pequeñas. Es un sujeto que intimida y agrede con frecuencia; en el extremo el bully es un matón y un rufián. Por su parte, bullying es el verbo que da significado a las acciones delbully. (The American Heritage College Dictionary).

Estos vocablos no han sido reconocidos por la lengua castellana, pero las traducciones del inglés respetan el sentido del término. En nuestro idioma, bullying implica acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

De acuerdo con cifras de la UNAM y del IPN, alrededor de 18 millones de estudiantes mexicanos, entre los 6 y los 15 años, han sufrido esta especie de violencia dentro de las aulas; es decir, entre un 60 y un 70% de los muchachos inscritos en los niveles primaria y secundaria (Milenio 23/05/14).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dice que México se encuentra en el primer lugar de la escala internacional del bullying. Aquí prevalece un contexto pedagógico feroz a favor de la violencia que ocurre sistemáticamente dentro del sistema educativo. Es un diagnóstico preocupante que por ningún motivo habría de tomarse a la ligera. De ahí que, haber sacado la palabra bullying de su contexto irrite tanto.

Fue errado que el presidente Enrique Peña Nieto desnaturalizara este vocablo para usarlo como argumento defensivo. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, presentó uno de los mejores diagnósticos que se han elaborado en materia de seguridad. Gracias a un ejercicio riguroso de análisis informó que la gran mayoría de nuestras instituciones policiacas no cuenta con instalaciones adecuadas, no tiene sistemas de control eficientes, no se beneficia de un modelo adecuado de profesionalización, ni ofrece protección social.

Ella no hizo una crítica a las personas policías, sino a las dependencias, locales y federales, para las que trabajan. Y sin embargo, el presidente Peña Nieto sobre reaccionó al declarar: “se escuchan más voces que vienen de la sociedad civil que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano”.

El problema no es que el Presidente considere excesiva la crítica a las fuerzas policiales, sino que confunda la exigencia ciudadana con el bullying, o peor aún, que desestime la demanda de sus gobernados por lograr un país libre de violencia, calificando los reclamos como intimidaciones agresivas en contra de una Policía que presupone débil o pequeña.

Es además injusto Peña Nieto cuando señala a líderes de la sociedad como rufianes, crueles o déspotas. Ellos no merecen ser tratados así, y tampoco la institución presidencial tiene derecho a ofender de esa manera.

La definición y el sentido de las palabras importan para la conversación.

Es materialmente imposible que la sociedad civil ejerza bullying en contra de la Policía. Sin embargo, cuando la autoridad señala en estos términos al ciudadano, cabe temer que peores cosas estén todavía por venir.

ZOOM: ¿Son errores del último año de Gobierno o es la intolerancia de quien ya se cansó de dialogar con sus gobernados?
09 Noviembre 2017 04:00:00
Los Moreira y Fidel Herrera se defienden
“Mi Administración jamás ha tenido un vínculo con la delincuencia”, aseguró el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. “No tengo relación con el narco”, respondió el expresidente del PRI, Humberto Moreira. “Es inaudito, atroz e inconcebible que se quiera manchar (mi) nombre, dedicado al servicio de Veracruz”, se quejó con energía el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Los tres políticos desestimaron el reporte de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, dedicado a explicar la mecánica de control que los Zetas han sostenido sobre el estado de Coahuila y otras regiones del país.

Reaccionaron frente a este documento porque ahí se les relaciona con el grupo criminal más sanguinario de nuestra época: “tanto Los Zetas como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila… En el peor de los casos (el Estado) participó directamente en cometer estas violaciones”.

Para tratar de comprender una mecánica criminal –bien conocida pero aún intocada por la justicia mexicana–, esta clínica de Derecho revisó con rigor tres gruesos expedientes judiciales de Texas, todos relacionados con personas que estuvieron vinculadas con los Zetas:

El juicio que en San Antonio se siguió contra Marciano Millán Vázquez; el proceso contra José Treviño, Francisco Colorado Cessa y otros tres sujetos en la ciudad de Austin y el juicio que en Del Río, Texas, fue conducido en contra de José Eliud Lugo López y Emiliano Villalobos.

El núcleo duro de esta investigación son los 23 testimonios que los fiscales subieron al estrado a lo largo de tales procesos. Se trata de una mina de información que permite aproximarse a la lógica más fina detrás de la devastadora violencia mexicana.

Estos expedientes hablan y el reporte sintetiza: “Los testimonios revelan el control y la colaboración generalizada entre funcionarios del estado, desde la policía municipal hasta el gobernador, y Los Zetas. Muchos funcionarios, incluyendo el exgobernador y el gobernador actual de Coahuila, aceptaron sobornos para permitirle al cártel operar con impunidad”.

El documento académico también refiere a los 12 millones de dólares que Efraín Teodoro Torres, “El Zeta 14”, habría entregado para la campaña de Fidel Herrera en 2004, a través del empresario Francisco Colorado Cessa.

Cabe, como dicen los hermanos Moreira y el exgobernador Herrera Beltrán, que todo sea una mayúscula falsedad. Es decir, que los tres procesos judiciales resueltos en los tribunales estadunidenses, y sus muchos testimonios, sirvan sólo para la basura.

Sin embargo, el sentido común conduciría a tomar una actitud más prudente. Por lo pronto, desaconsejaría menospreciar estas piezas de información.

Si no es mentira que Coahuila, Tamaulipas y Veracruz se convirtieron en un grandísimo panteón mexicano, si no es mentira que fueron los Zetas quienes ejecutaron o desaparecieron a la mayoría de las víctimas en esas entidades, y si no es mentira que la corrupción del Estado mexicano en la región del Golfo es variable relevante para explicar la tragedia, ¿no habrá llegado ya la hora de ubicar a las autoridades precisas que, por acción o por omisión, alentaron uno de los episodios más dolorosos de la historia mexicana?

Aseguran los autores del reporte que “el Gobierno mexicano no ha realizado investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de Estados Unidos compartió información importante de manera directa”.

¿Por qué? ¿Por qué la Procuraduría General de la República no ha tomado con gravedad la evidencia exhibida en estos y otros expedientes judiciales ya resueltos por los tribunales del país vecino? ¿Será que allá la justicia funciona fatal y por tanto no debe confiarse en ella?

ZOOM: No es ante la prensa que los hermanos Moreira y Fidel Herrera deberían estar dando su testimonio. Llegó la hora de que la autoridad mexicana quiebre los pactos de impunidad y complicidad, que tantas decenas de miles de vida se han llevado, procediendo con sus propias investigaciones y procesos judiciales.
06 Noviembre 2017 04:00:00
INM contrata privados para violar derechos
Guardias privados exigieron a los muchachos que se desnudaran y luego hicieran sentadillas para ver si, entre las nalgas, traían escondida alguna sustancia o material indebido.

Afirman los responsables que tal política se implementó desde que encontraron a un migrante con un cigarro de mariguana escondido en ese lugar del cuerpo.

El neoliberalismo mexicano llegó a su extremo: la autoridad decidió privatizar inclusive la violación de derechos humanos.

Una empresa de seguridad fue contratada por la estación que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene en el estado de Puebla. Según mandato explícito, esos guardias únicamente están autorizados para verificar el control de entradas y salidas del inmueble.

Sin embargo, en los hechos la dependencia que dirige Ardelio Vargas Fosado les otorgó permiso para ir más lejos.

Las víctimas de este atropello son muchachos centroamericanos de entre 14 y 16 años, quienes fueron privados ilegalmente de su libertad por el INM. A pesar de que la ley advierte que los menores migrantes deben ser remitidos al DIF, en un plazo no mayor a las 24 horas, se les encerró en esta estación durante más de 15 días.

Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entrevistó a las autoridades del INM sobre estas circunstancias, la respuesta fue sorprendente: dijo el responsable que no estaban enterados de cuanto hacían los guardias de seguridad privada con los menores de edad.

Es decir que los subordinados del comisionado Vargas afirman desconocer lo que sucede en sus instalaciones, al punto que puede desnudarse a un menor y obligarlo a realizar actos indignos, sin que la autoridad se entere de nada.

El contrato entre el INM y la empresa se firmó en marzo de 2016. Por la recomendación de la CNDH (51/2017), emitida el 24 de octubre pasado, se sabe que los guardias reclutados por esa compañía extralimitaron sus funciones.

Sin embargo, lo que no es posible conocer es el nombre de la empresa. Llama la atención que la CNDH haya evitado darlo a conocer.

¿A quién le está entregando el INM la responsabilidad de los migrantes que recorren ilegalmente nuestro territorio?

El escándalo es grave. Si un guardia privado puede denigrar menores en las instalaciones del INM, sin que sus cabezas estén enteradas, ¿qué más puede hacer?

El contexto permite especularlo todo. Por eso la recomendación de la CNDH llama a revisar los procesos de contratación, tanto de estas empresas como del personal que trabaja para ellas.

Hace ya tiempo que este tipo de compañías viene usurpando funciones exclusivas del Estado. Se encargan de cuidar las calles y las colonias, de controlar la vida en las cárceles, de proteger valores y edificios públicos; ahora también custodian, desnudan, maltratan y violan derechos humanos de los migrantes centroamericanos menores de edad.

Este caso es escabroso por sí mismo y, sin embargo, es más común de lo que podemos sospechar. La seguridad en México no sólo está en manos de privados, sino de privados que pueden ser muy peligrosos.

ZOOM: Lo que nos faltaba: guardias de seguridad que, mandatadas por el Gobierno federal, violan derechos humanos. ¿Cómo se llama la empresa que contrató el INM para que supliera sus funciones?
02 Noviembre 2017 04:00:00
Edomex confunde cárceles con basureros
A Luis González Nieto, “El Tatos”, se le ha querido presentar como el demonio que causó todos los males en el penal de Chiconautla. Para tranquilizar los ánimos, la autoridad del Estado de México anunció que el tumor canceroso fue enviado a una cárcel en Gómez Palacio, Durango, y con ello el tema quedó resuelto.

Se trata de una mentira harto tramposa. “El Tatos” no es la enfermedad, sino una roncha más de sarampión. Una de miles que pueblan las cárceles enfermas de negligencia, falta de presupuesto, autogobierno y una gestión desastrosa.

Chiconautla es un penal construido en el fondo de un basurero. No es metáfora. A mediados de la década de los 80 del siglo pasado, el Gobierno del Estado de México decidió retirar con una inmensa pala el corazón de un vertedero para colocar en su centro una construcción carcelaria que habría de albergar a unos mil 700 reos.

Sin embargo, la misma autoridad que tomó esa extraña decisión olvidó después cerrar el basurero. Hoy Chiconautla sobrevive custodiada por paredes de desperdicio que, por momentos, hacen insoportable el olor dentro de esa instalación, y también de los nuevos juzgados edificados para albergar el nuevo sistema penal y sus juicios orales.

Si llueve, los desperdicios bajan hacia esa cárcel. Si sopla viento, presos y custodios deben utilizar tapabocas para soportar el hedor. Si hace frío, la ropa se pone pegajosa y apesta a cáscara de plátano y pañal desechable. En Chiconautla se tiran los desperdicios humanos junto con los seres humanos olvidados. Mientras en la ladera los camiones de basura arrojan podredumbre, bajo la montaña los reclusos están condenados a recordar todo el tiempo que son la escoria de la sociedad.

Esta prisión alberga una población 400 veces superior a la que debería. Sobreviven aquí más de 4 mil 700 reclusos. La mayoría vive en El Pueblo, la zona donde los internos visten de beige, comen rancho y duermen 12 y 15 por celda, a pesar de que las crujías fueron concebidas para dar alojamiento a sólo cuatro sujetos. Rancho se llama a la alimentación detestable que dentro de ollas inmensas mezcla productos de calidad ínfima y que por su consistencia grumosa es imposible descifrar.

En cambio, los privilegiados en Chiconautla pagan una cuota semanal de 800 pesos para disfrutar de mejores instalaciones. Esos reclusos visten de azul y cuentan con superior nutrición y libertad.

Menos de la mitad de los internos de este penal han sido sentenciados y probablemente seis de cada 10 son inocentes del delito por el que fueron encerrados. Porque la justicia funciona mal en los tribunales, las familias de estos reclusos visitan los miércoles y los domingos, como quien lo hace con un hermano, un padre o un marido que cayó enfermo, por obra del azar, en una sala de hospital. La Familia Michoacana es la banda que ordena la vida en Chiconautla. Este penal se encuentra en el municipio de Ecatepec y, por tanto, esta banda criminal decide aquí quién vive y cómo vive cada quien. Si en este territorio criminal cae por azar alguien perteneciente a otra organización delictiva, como, por ejemplo, “El Tatos”, las cosas pueden ponerse rudas.

ZOOM: La justicia tiene cuatro patas para funcionar. Una de ellas es el sistema carcelario que, de tan devastado, explica por sí solo por qué la justicia mexicana anda por los suelos.
26 Octubre 2017 04:05:00
Defensor ‘polvera’ de derechos humanos
“Vengo a poner una queja porque violaron mis derechos humanos”, informa una ciudadana. “¿Tiene usted cita?”, responde el guardia de la puerta principal. “Es que acaba de sucederme y vine de inmediato”, insiste la mujer. “Pues pida cita por teléfono y no regrese hasta que se la den”, remata el responsable de tener a raya a las visitas.

Esta escena es común en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. Desde hace tiempo que la puerta se cerró para los quejosos molestos e impertinentes. Ya nadie recuerda ahí dentro las épocas en que esa institución defendía a las víctimas del News Divine o denunciaba los abusos cometidos en las cárceles de la capital.

La CDH de la CDMX es hoy comparsa y cómplice de la autoridad. La presidencia de Perla Gómez Gallardo la volvió light, deslactosada, descremada y desinteresada frente a las violaciones. El mundo al revés: esta Comisión decidió defender al gobernante frente a las quejas de la población.

Se quejan los usuarios porque Perla Gómez se colocó de manera sistemática del lado de la autoridad. También de que las resoluciones emitidas durante su gestión hayan sido regularmente tibias y contradictorias. Algo ha tenido de polvera esta gestión porque en vez de defender a quien debía, la CDH se dedicó a embellecerle el rostro al Gobierno de la ciudad.

¿De qué sirve un defensor de derechos humanos que no está dispuesto a incomodar a la autoridad? ¿Por qué pagar el sueldo a los trabajadores de una Comisión que sólo se ocupa de volver invisibles las quejas ciudadanas?

Muy sorprendida debe estar Perla por la pésima estrategia que siguió durante su primer mandato. Hoy no la quiere el Gobierno, tampoco el partido que la apoyó y mucho menos la oposición en la Asamblea Legislativa de la ciudad. Tampoco la respaldan las organizaciones de la sociedad que se sintieron traicionadas por su actitud sumisa ante el poder.

Esta experiencia debería servir a los legisladores de la capital para no repetir el error. De nada es útil un defensor a modo, suavecito, otro presidente polvera cargado de compromisos con los políticos y desinteresado de la ciudadanía. Y, sin embargo, la tentación de repetir la receta del defensor blandito sigue convenciendo a más de uno.

En la lista corta de aspirantes a la presidencia de la CDH de la CDMX hay dos candidaturas que regresarían dignidad a la institución: Hilda Téllez y Nasyelli Ramírez. Ambas cuentan con una trayectoria intachable, son personalidades con autonomía moral y, al mismo tiempo, entienden sobre política pública y acción de gobierno.

Hilda comenzó su carrera hace más de 20 años como jefe de departamento en el mismo organismo que ahora quiere presidir. Le tocó participar en la comisión desde la época de Luis de la Berreda y consolidó su carrera como defensora durante la gestión de Emilio Álvarez Icaza. Posteriormente se hizo cargo del área de quejas en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lugar donde hizo una estupenda tarea.

De su lado, Nasyelli Ramírez es en México una de las mujeres más tenaces dentro del campo de los derechos de las niñas y los niños. Tiene también más de 20 años haciendo avanzar políticas de inclusión, educativas, de salud y de derechos humanos en beneficio de esa población.

Si algo puede decirse de ambas, es que son personas decentes en una sociedad donde tanta falta hace esa precisa virtud.

ZOOM: el método de selección que la Asamblea de la CDMX está siguiendo podría terminar muy mal. Pero también podría dar un ejemplo de respeto a la dignidad que merece la lucha por los derechos humanos.
19 Octubre 2017 04:00:00
De cómo el narco financia la política
Ayer la Corte Federal de los Estados Unidos condenó a 20 años de prisión a Francisco Colorado Cessa por lavar dinero para los Zetas. Según los testigos que participaron en el juicio que sentenció a este criminal, Cessa estuvo vinculado con los gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

Después de la condena emitida el día de ayer, la PGR debe tomar con seriedad los elementos que, a partir de este caso, evidencian en México la liga entre política y narcotráfico.

De acuerdo con Juan Carlos Hinojosa, contador de los Zetas, Fidel Herrera habría recibido 12 millones de dólares de esa organización como financiamiento para su campaña a gobernador del 2004.

En el mismo juicio referido, el agente del FBI responsable del caso, Scott Lawson, declaró:

“Con base en los interrogatorios de informantes, hay elementos para creer que el gobernador de Veracruz retribuyó los apoyos… consiguiendo para su empresa –ADT Petroservicios– cuantiosos contratos de Pemex”.

Colorado tuvo en ese tiempo como aliado de sus negocios a Efraín Teodoro Torres, “El Zeta 14”. Este otro criminal, que falleció en 2007, era el jefe de la plaza de Veracruz por parte de los Zetas. Fue uno de los responsables principales de la ola de violencia que se desató en esa entidad durante el siguiente lustro.

Otros testigos han referido que la sociedad entre ese grupo criminal y la autoridad formal en Veracruz se extendió al mandato de Javier Duarte. Colorado habría también ayudado a financiar la campaña de este otro candidato priista y, durante sus primeros años de gobierno, obtuvo impunidad a cambio de cantidades grandes de dinero.

El caso Colorado Cessa es emblemático porque revela una realidad que muchos han dado por cierta, pero nadie ha sido capaz de probar: que Los Zetas fueron una organización criminal cómplice de los políticos más encumbrados.

Es imperativo traer a México la parte faltante de la investigación. La Corte Federal en Austin y Nueva Orleáns ya probó el vínculo entre este empresario mexicano y el narcotráfico. Confirmaron que lavó dinero y también que financió su actividad como proveedor de Pemex con dinero proveniente del narcotráfico.

Toca ahora a la autoridad mexicana descifrar la relación entre este intermediario y los políticos veracruzanos responsables de que su estado se convirtiera en un infierno de violencia.

No debe importar si ambos fueron gobernadores del PRI, tampoco debería ser obstáculo que Herrera y Duarte hubieran podido financiar, a su vez, otras campañas de su partido.

Es mucho más importante descifrar el mecanismo mafioso para que los responsables encuentren castigo y también para aprender de este caso porque no debe repetirse.

No hubo otro grupo más sanguinario en la guerra por las drogas que tuvo lugar durante el gobierno de Felipe Calderón; las masacres que Los Zetas impusieron al país son heridas que tardarán muchas generaciones en curarse.

Sería infame arrojar al barranco de la desmemoria a los responsables últimos de tanta mortandad. Sería deslealtad con las víctimas y sus familiares, indecencia para con quienes han sufrido lo indecible.

Luchar contra la impunidad pasa por perseguir hasta sus últimas consecuencias a los funcionarios electos que se hicieron cómplices de la atrocidad.

De ellos se esperaba un estándar moral elevado y, sin embargo, no quisieron estar a la altura. Por eso, es indispensable que estos procesos y sus condenas sean ejemplares. No se trata de enviar carne fresca a los leones enojados por la corrupción mexicana, sino de construir un caso penal que siente precedente para delante.

Sólo así lograremos que el dinero del crimen organizado no ingrese a las campañas políticas ni lesione la vida democrática mexicana. Sólo así será posible que las mafias dejen de utilizar a Pemex como plataforma para lavar su dinero sucio. Sólo así los hampones que asesinan, extorsionan, secuestran y destruyen comunidades, dejarán de contar con la protección de los gobernantes.

ZOOM: Suele ocurrir que los Estados Unidos atraigan casos de la justicia mexicana porque los imputados tienen que enfrentar, allá también, los delitos cometidos.

El caso Colorado Cessa, de su lado, debería igual investigarse en México porque es la hebra que permitirá sacar de las sombras a varios políticos criminales.
12 Octubre 2017 04:00:00
Cuando el idiota ya no quiere vivir contigo
Cuando el imbécil del carro de enfrente avanza a toda velocidad en contra tuya, sólo queda hacerte a un lado y confirmar que traes abrochado el cinturón.

Ese conductor es Donald Trump y los que debemos prepararnos para la colisión somos los mexicanos. El TLCAN está a punto de dejar de ser un tratado para América del Norte, porque el Presidente de los Estados Unidos ha propuesto sustituirlo por acuerdos bilaterales y proteccionistas.

Lo de imbécil es cosecha del secretario de Estado, Rex Tillerson, quien presumiblemente así llamó a su jefe en julio pasado durante una reunión dentro del Pentágono, frente a un grupo amplio de integrantes del gabinete de seguridad.

Luego Tillerson quiso matizar, pero su esfuerzo no rindió frutos porque Trump lo retó a medirse en una prueba de I.Q, y eso sí que fue estúpido.

Las tensiones principales de esos dos señores han sido a propósito del conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos. Mientras el responsable de la política exterior estadunidense se esmera por enfriar la indeseable tensión nuclear con Kim Jong Un, Trump sabotea vía Twitter todos los esfuerzos, con las yemas de sus dedos.

Lamentablemente este señor de entendederas limitadas es el mismo con el que los negociadores mexicanos están teniendo que medirse. Si tan sólo el asunto se tratara de una prueba de I.Q. tendríamos grandes posibilidades de salvar el TLCAN. Lástima que no sea el caso porque lo que se juega en esta cuarta ronda no es neuronal.

En realidad, nunca hubo seriedad en esta negociación por parte de la Casa Blanca. Debimos entender mejor al magnate cuando en enero habló por teléfono con el presidente Peña Nieto: “Creo que podemos tener una solución más simple… poner aranceles a la frontera, porque… los Estados Unidos ya no tendrán esos aranceles (TLCAN) con nadie”.

La negociación ha sido, desde el principio, sólo faramalla, teatro y pérdida de tiempo. El hombre acusado como imbécil será consecuente con su naturaleza. Está interesado en dar un golpe mediático para agradar a sus votantes y el resto le es indiferente.

Acaso reventar el TLCAN será la única cosa que pueda cumplir a sus seguidores. Ya que no pudo sustituir el sistema de salud implementado durante la administración Obama, ni tampoco fue capaz de promover una reforma fiscal a favor de los ricos, romper este acuerdo comercial es la única promesa de campaña que está en sus manos (¿en sus puños?) resolver.

Una vez finiquitado el tratado, los daños a la economía de las tres naciones serán mayúsculos. La economía mexicana saldrá derrotada después de esta barbaridad, pero lo mismo sucederá con las de Texas, California, Arizona, Nevada o Nuevo México. Para Canadá la situación no irá mejor porque el flujo comercial entre esos dos socios perderá rumbo y sobre todo certidumbres.

Hace ya rato que los canadienses hablan de estas mesas de negociación como un modelo similar al que sus primos ingleses están siguiendo para operar su salida de la Unión Europea.

México, en cambio, apenas comenzó a decir en voz alta que el tratado se halla a punto de perecer. Todavía aturdidos por el terremoto escuchamos declarar la semana pasada a Juan Pablo Castañón, cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, que cabía la posibilidad de que esta cuarta ronda terminará fatal.

El canciller Luis Videgaray fue más enfático durante el diálogo que sostuvo el lunes en el Senado: “Hay cosas que no vamos a aceptar. No sería el fin del mundo. A México nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Tenemos que prepararnos para… salirnos de ese Tratado”.

¿Así o más claro? Se acabó. Esta ronda es como la última visita que la pareja (el trío) hace al juez para discutir los términos del divorcio. No irá bien y lo peor apenas está por venir.

ZOOM: ¿Tenemos plan B?
05 Octubre 2017 04:00:00
Callarse y ser silenciado
Un periodista no puede ser protagonista. Así como el fotógrafo no debe colocarse entre la cámara y el objeto retratado, de igual manera el reportero debe evitar interponerse entre el lector y la información que reporta.

Ayer, sin embargo, tres profesionales de la información nos encontramos injustamente convertidos en noticia. Un acto de censura nos obligó a serlo y sinceramente lo lamento.

Este texto es un esfuerzo por recuperar la lógica que el oficio exige; es decir, ofrecerle a la audiencia interesada una mirada directa sobre la serie de eventos que llevaron a que uno de los conductores más prestigiados de la radio mexicana, Leonardo Curzio Gutiérrez, se viera forzado a renunciar al micrófono que, durante 18 años, utilizó con gran inteligencia, ponderación y profesionalismo.

Considero relevante consignar tales hechos porque creo que sólo documentando puede conjurarse que en el futuro los periodistas sigamos siendo protagonistas en vez de informadores.

El jueves de la semana pasada publiqué en estas mismas páginas una columna dedicada a criticar la propuesta del presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, a propósito de eliminar los cargos de elección obtenidos por la vía de la representación proporcional.

Ese mismo día, argumentos parecidos encontraron cabida dentro de una discusión más amplia y enriquecida durante la tertulia política que, en la emisión matutina de Enfoque Noticias, durante 12 años condujo Curzio y compartí con mi amiga María Amparo Casar.

Ciertamente ninguno de los tres fuimos condescendientes con las propuestas del presidente del PRI, pero los argumentos expuestos no fueron ligeros ni carecieron de fundamento. La doctora Casar es experta en temas parlamentarios y su conocimiento ayudó, como siempre, para darle densidad a la deliberación.

De mi lado acusé como oportunismo el haber utilizado el ánimo polarizado posterior al terremoto para hacer avanzar una propuesta cuya intención es reducir pluralidad democrática en México.

Una hora después de concluida la emisión, recibí una llamada cordial de Enrique Ochoa. No fue una conversación fácil porque las posiciones de ambos están obviamente en polos muy distintos. Sin embargo, celebré la apertura para discutir y, al finalizar, ambos mostramos interés por hacerlo públicamente en los medios de comunicación.

No obstante, al día siguiente topé con un mensaje que iba en sentido diametralmente opuesto. Leonardo Curzio me informó que el presidente de NRM Comunicaciones, Edilberto Huesca Perrotín, había decidido dar por terminada la relación laboral que desde hace 19 años sostenía yo con esa empresa. Ahí mismo me enteré que mi compañera María Amparo Casar podría correr con la misma suerte.

La tercera pieza de información me sorprendió aún más: Curzio dijo que presentaría su renuncia en caso de que ambos fuésemos efectivamente cesados. Hasta aquí el recuento de hechos.

Me faltan elementos para comprender el paisaje completo. No conozco cuánta fue la presión que recibió don Edilberto por nuestra causa. Supongo que habrá sido mucha porque se trata de un hombre decente con quien comparto una relación cargada de afecto desde hace demasiados años.

Tampoco sé quién, en concreto, ejerció esa presión y sin embargo me consta que fueron los argumentos vertidos en la tertulia los que detonaron nuestra salida.

ZOOM: La valiente renuncia de Leonardo Curzio eleva los costos para que otro periodista después de él sea silenciado por presiones arbitrarias.
28 Septiembre 2017 04:00:00
A propósito del terremoto, hablemos de mí
Uno de los síndromes más mezquinos de nuestros días es la obsesión por colocarse bajo los reflectores, por cualquier medio y a toda costa. No importa lo que suceda alrededor, ni cuál sea el tamaño de la tragedia ajena; en el pequeño cerebro de ciertos personajes el ombligo es la única neurona que funciona.

Padecemos de manera crónica el fenómeno “hablemos de mí”; uno donde todo se conjuga en primera persona del singular: yo, mí, me, conmigo y lo demás viene detrás.

Si bien esta enfermedad no conoce clase social, ciudad, región, sexo o barrio, hay coordenadas donde se manifiesta de manera más álgida y desagradable.

En estos días de tragedia nacional –donde a tantos ha golpeado el látigo del dolor–, resulta moralmente intolerable el juego que se traen algunos líderes políticos buscando desesperadamente que se hable de ellos.

Evidencia de este síndrome abunda, pero el premio del protagonismo más miserable se lo llevaron sin duda Enrique Ochoa, presidente del PRI, y los correligionarios que lo acompañaron el lunes pasado para presentar una iniciativa oportunista, abusiva y sobre todo grosera con el padecimiento ajeno.

Los dirigentes priístas dicen que detrás de su propuesta hay resortes nobles, pero pocas cosas podrían ser más mentirosas. Han planteado eliminar los cargos de elección popular que responden al principio de representación proporcional –las famosas pluris– porque dicen que de esta manera el país se ahorraría más de 11 mil millones de pesos anuales; dinero que “generosamente” proponen dedicar a la reconstrucción del país.

Aseguran estas personas que su idea tiene respaldo popular, pero detrás de sus intenciones hay ruindad. La propuesta de desaparecer los cargos de elección popular en México la traía el PRI mucho antes del terremoto porque así conviene a los intereses de esa fuerza política. Nada tiene que ver con los muertos, los damnificados o las enormes necesidades derivadas del terremoto.

El cálculo es frío, por no decir gélido: aprovechan el sufrimiento, que es grande, para hacer pasar como obra buena una bajeza.

El PRI quiere que sólo exista mayoría relativa, ya que es el partido más votado por esta vía electoral. En simultáneo, pretende desaparecer la representación proporcional porque, de lograrlo, aniquilaría a varios de sus competidores.

Si se atiende a los números actuales, por mayoría relativa el PRI cuenta hoy con el 46% de los cargos en el Senado y el 49% de los diputados. En contraste, su competidor más cercano –el PAN– apenas logra el 25% de los cargos obtenidos por mayoría en el Senado y el 18.6% de las diputaciones.

Si en México desaparecieran las 64 senadurías y las 300 diputaciones pluris, el PRI volvería a construir una mayoría casi hegemónica, debido a que el PAN desplomaría su representación a nivel federal y los demás partidos tenderían a desaparecer.

Eliminando la representación proporcional saldrían del escenario el PRD, Movimiento Ciudadano, el PT, Nueva Alianza, el PES y posiblemente el PVEM. Sólo sobrevivirían el PRI y el PAN, con Morena en un muy lejano tercer lugar.

Habrá quien, sin ser priista, quiera ver un país con pocos partidos. Sin embargo, vale la pena reflexionar si en este momento lo mejor es reducir equilibrio y contrapeso al sistema político mexicano.

ZOOM: Lo que quiso decir el señor Enrique Ochoa el pasado martes sonó más o menos así:

“A propósito del terremoto, hablemos de mí y mi partido. Les propongo que eliminemos a mis adversarios políticos para que sólo yo gobierne. Luego, con el dinero que ahorraré a los contribuyentes, daré limosna para los damnificados”.

¡Que con su pan se lo coma! Si es que el PAN y los demás partidos son tan estúpidos como para dejarse.
14 Septiembre 2017 04:06:00
Lo virtual no quita lo real
Alejandro González Iñárritu es contagioso. Su fuerza vital no aplasta, pero obliga a conspirar con él. Como torbellino pasó el martes por México y la elocuencia de sus argumentos contagió sin pedir permiso. Verlo trabajar de cerca ayuda a comprender el éxito que ha tenido en su carrera como cineasta.

Carne y Arena es su más reciente creación. Una apuesta artística arriesgada que podría haber significado su primer gran fracaso. Y sin embargo confirmó con ella la potencia de su talento. Con esta instalación de realidad virtual, Iñárritu logró trascender dos fronteras en simultáneo: la de la tecnología y aquella que los migrantes cruzan a pesar de tanto.

El autosubversivo director de Birdman se salió esta vez de la pantalla y la bidimensionalidad. Pero antes debió renunciar a ser cineasta. Hizo como quien comienza de cero. No invitó actores profesionales, sino personas que recrearon su propio personaje. No escribió un solo guion, sino varios; porque cada historia necesitaba su relato.

No ofreció una sola narrativa, porque creó un universo donde el espectador es libre de escoger diversos recorridos. Y lo más importante de todo: logró que el espectador deje de serlo para convertirse en un personaje más de esa caravana de migrantes que atraviesa el desierto de Arizona y es capturada por los agentes de la migra.

Una y otra vez repite González Iñárritu que Carne y Arena no tiene propósitos políticos, porque es una obra esencialmente humana y también artística. En esto se equivoca. De toda su obra esta es la más política. No podría ser de otro modo cuando el tema principal es la frontera. La línea que un nosotros opone frente a una distante tercera persona del plural, teniendo como principal propósito la exclusión.

Nosotros está armado, lleva botas militares, recorre el desierto en helicóptero y vehículos ruidosos, habla fuerte y en inglés, humilla, empuja, interroga, abusa. En cambio, ellos han dejado la mayoría de sus pertenencias en casa, van descalzos, mientras caminan intentan borrar sus huellas, no hablan inglés y alguno tampoco castellano, se arrojan al suelo como si fueran criminales, son vulnerables, son invisibles, son nadie.

Carne y Arena recrea seis minutos de lo que significa el choque entre el migrante y la persona responsable de expulsarlo. Es una exhibición del poder asimétrico, del poder arbitrario, del poder intolerante y por eso se trata de una obra de arte políticamente genial.

El espectador, que es al mismo tiempo personaje, no emerge ileso después de la visita. Iñárritu lo obliga a tener un experimento emocional que será luego imposible de abandonar. Lo somete a ser migrante, lo empuja a cruzar la frontera, lo fuerza a comprender las razones del éxodo y, al final, lo emplaza a definirse dentro de un drama planetario.

“La experiencia sensible nos vuelve más sabios,” afirma con énfasis el artista. Habrá necios que refuten esa hipótesis, pero ciertamente Carne y Arena aporta una poderosa carga de conciencia sobre el fenómeno de la migración. Un trancazo que amorata las neuronas.

Hay una imprecisión en la propaganda para visitar esta instalación que, en México, está localizada dentro el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de la UNAM:

No es cierto que la experiencia dure seis minutos. Por obra de la relatividad del tiempo los compañeros de viaje terminan alojados en la memoria de tal manera que esta vivencia se prolonga por días y meses.

Carne y Arena ocurre gracias a la realidad virtual que el artista inventó para que ellos y nosotros nos diéramos cita en su universo asombroso. Pero en realidad es mucho más que un esfuerzo tecnológico magníficamente logrado, porque en su concepción y ejecución todo el tiempo está presente la belleza.

Mientras Iñárritu es el filósofo que concibió ese sueño singular, Emmanuel Lubezki es quien hizo que las imágenes, los colores y las texturas secuestren la conciencia. Ambos son responsables del contagio, tocan cuerdas del espíritu para volvernos resistentes frente a la guerra extendida que se está librando en contra de la muy antigua práctica humana de migrar.

ZOOM: Carne y Arena trasciende una tercera frontera: si se tiene curiosidad por saber cómo serán en el futuro la educación, la capacitación, los museos, el entretenimiento, la pornografía, la terapia sicológica y tantas otras actividades de lo humano, vale la pena reservarse un lugar para visitar esta talentosa obra del mexicano Alejandro González Iñárritu.
07 Septiembre 2017 04:00:00
Cervantes por Mancera
Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado han apostado todo el capital político con el que cuentan para ir juntos a las elecciones de 2018. Desde hace meses se reúnen en casa del tercero para discutir meticulosamente cada pieza del acuerdo. Hay un tema que desde el principio ha sido fundamental para que su estrategia prospere: ofrecerle a Miguel Ángel Mancera un puesto suficientemente importante como para que desista de competir en solitario por la candidatura presidencial.

El martes pasado la negociación dio su primer fruto. Los tres partidos anunciaron formalmente sus intenciones ante el INE. Fue un acto ritual que sirvió para darse ánimos de cara a la siguiente ronda de negociaciones, que será la más difícil.

En principio resulta obvio que este Frente tendrá un candidato panista a la Presidencia. Cuestión de ver cualquier encuesta para entender por qué. El partido azul le saca al menos 30 puntos de preferencia efectiva al amarillo y casi 40 a Movimiento Ciudadano. El próximo paso para que no se rompa la alianza radica en que los precandidatos Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle encuentren un método aceptable a la hora de resolver sus respectivas ambiciones.

No se necesita ser profeta para saber que, si dentro del PAN se descomponen las cosas, el Frente Ciudadano nacerá mal herido.

En las próximas semanas los azules tendrán que hacer mucha política para decidir si eligen candidato por vía de encuestas o a través de los órganos directivos. Esa sola disyuntiva se antoja cardiaca.

Por otra parte, el acuerdo de la mesa tripartita de negociaciones indica que al PRD le tocará la candidatura al Gobierno de la Ciudad de México. Un cargo que casi de manera natural obtendría otra de las negociadoras, Alejandra Barrales, o quizá Agustín Basave, quien también ha jugado un papel importante en estas conversaciones.

Sin embargo, la gran incógnita de esta ecuación la impone el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Él también ha sido promotor intenso de la construcción del Frente y, sin embargo, no es evidente el beneficio que podría obtener con ello.

Es imposible que el PAN ceda la candidatura presidencial, tampoco puede Mancera repetir como alcalde de la capital y una senaduría le quedaría pequeña como premio de consolación.

Sólo hay un cargo capaz de resolver el rompecabezas. En caso de triunfo, en julio del 2018, el Frente buscaría impulsar al actual jefe de Gobierno como el primer fiscal general autónomo de la República; un puesto que según está estipulado por la Constitución, le daría vida política hasta el año 2027.

Esta pieza es clave de bóveda de todo el entramado político que hace tiempo se traen entre manos los constructores del Frente. A la vez sería la explicación más plausible de por qué Ricardo Anaya encabezó la ruptura de acuerdos contraídos previamente por el PAN con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, para respaldar el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como futuro fiscal general.

De haberse mantenido aquel arreglo se habría anulado toda viabilidad para el Frente. Anaya y demás socios están empeñados en bajar a Cervantes para subir a Mancera porque, de otra forma, la estrategia electoral que han planeado para 2018 estaría muerta.

ZOOM: Paralizarán el Congreso, el presupuesto y todo lo que sea necesario con tal de que el PRI apruebe la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para eliminar el pase automático del procurador Cervantes Andrade. Que Miguel Ángel Mancera ocupe ese puesto es central para que prospere el Frente Ciudadano. Lo demás es lo de más.

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