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Jorge Castañeda
Jorge Castañeda
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02 Octubre 2017 04:08:00
Banderazo a las candidaturas independientes
En los próximos días se cierra el plazo para registrar candidaturas independientes o sin partido a los múltiples cargos de elección federal en disputa el año entrante. Las fechas para las elecciones estatales, incluyendo 9 gubernaturas, entre ellas la de la Ciudad de México, varían pero no se alejan demasiado de las federales. De suerte que ya dispondremos, muy pronto, de las respuestas a varias interrogantes.

Primero: ¿Cuántos ciudadanos intentarán obtener las firmas necesarias para figurar en la boleta en 2018? Tomando en cuenta las diferencias entre 2015, 2016 y 2018 (más elecciones, más polarización, mayor participación, mayor tiempo transcurrido desde la legalización de las candidaturas sin partido) ¿serán más o menos que en los años anteriores y pertinentes (2017 fue atípico)? De ser mayor el número, proporcionalmente hablando, podremos decir que la figura comienza a calar en la sociedad civil mexicana, como la única fórmula para hacer política electoral fuera de los partidos (las iniciativas populares en su forma actual no funcionan). De no serlo, habrá que concluir que el descrédito de la política se extiende más allá del ámbito de los partidos. También empezaremos a comprender si la “app” del INE, que permite el casi equivalente de una firma electrónica, facilita la recopilación de firmas, o la
obstaculiza.

Otra pregunta importante consistirá en el cargo para el cual se postulen más candidatos independientes. Los partidarios de esta figura siempre sostuvimos que era a nivel municipal, o distrital, donde las candidaturas de esta índole encerraban mayor sentido. A esa escala, la gente conoce a la gente: al médico, al profesor, al cura en su caso, al profesionista, al empresario, o al activista. El número de firmas, sin dejar de ser leonino, es alcanzable, y resulta más factible la difusión de ideas y características, careciendo de acceso a los medios masivos de comunicación. Es la historia de Pedro Kumamoto en Zapopan, de Alfonso Martínez en Morelia y de Manuel Clouthier en Culiacán. Se juegan un gran número de presidencias municipales trascendentes el año entrante, además de los 300 distritos de mayoría relativa. En pocos días sabremos.

Asimismo, veremos si el poco éxito –por lo menos frente a las expectativas– de las candidaturas independientes en 2017 desa-lienta o no a diversos aspirantes a cargos ejecutivos o legislativos del Senado. Hay un premio para el Senado: por la vía de primera minoría, puede ser más fácil ganar que una diputación uninominal. Supongo que ese es el cálculo de Kumamoto en Jalisco. Para las alcaldías de la capital del país, o para los nueve gubernaturas, tal vez no proliferen las independientes, aunque en la Ciudad de México, después de la movilización pos-sismo, es posible que la tentación –y la realidad– de captar el mismo entusiasmo por la acción solidaria y el mismo hartazgo con los partidos induzca a ciudadanos de a pie a presentarse. El problema sería el tiempo.

Por último, habrá el tema de los aspirantes presidenciales sin partido. Llegó la fecha fatídica para decidir (no para recaudar el millón y pico de firmas necesarias, tomando en cuenta la merma inevitable). Pedro Ferriz ya lo hizo; le deseo la mejor de las suertes, ya que fue el primero en arrancar, con mucho valor y mostrando mucha perseverancia. Doy por descontado que Armando Ríos Piter también lo hará en el transcurso de la semana, y desde luego cuenta con todo mi apoyo para juntar firmas y recursos. Emilio Álvarez Icaza declaró hace tiempo que sólo buscaría aparecer en la boleta si para agosto juntaba 80 mil firmas de apoyo –sin valor jurídico–, pero no he sabido si en efecto las reunió y si va a presentarse en el INE esta semana.

Y luego tenemos a Jaime Rodríguez, quien deberá resolver un dilema propio y otro que se le plantee al INE. Ha recorrido el país durante los fines de semana desde hace un año, tiene un nivel de reconocimiento adecuado, aunque estable, cuenta con los recursos del Gobierno del Estado de Nuevo León, por lo menos para las firmas, y nadie duda de su ambición. Pero lanzarse por las firmas es lanzarse para la elección, porque con toda seguridad las podrá conseguir. ¿Estará dispuesto a renunciar a la Gubernatura para jugar una candidatura presidencial que en las encuestas hoy no supera los 5%? O el INE aceptará que busque firmas, incluyendo en su propio estado, siendo Gobernador en funciones? ¿Se vale que el Gobernador le pida su firma a un empleado en el Gobierno que encabeza? ¿O el PRI y sus votos en el Consejo del INE y en el Tribunal ni siquiera lo plantearán como pregunta?

Esta semana se despejarán las dudas citadas, y otras más. Nadie sabe para quien trabaja, pero albergo la satisfacción de haber trabajado para una idea que hoy se vuelve realidad. No siempre
sucede.
12 Diciembre 2018 04:04:00
Los primeros números de López Obrador
Varias empresas han publicado encuestas en días recientes sobre el arranque del nuevo Gobierno y el final (en todos los sentidos) del anterior. No prejuzgo la calidad o integridad de unas u otras; he optado por comentar la de GEA por cuatro motivos. Es la más reciente: es la que incluye un mayor número de preguntas; abarca la evolución de las opiniones de la sociedad mexicana en relación con el gobierno o victoria de López Obrador en dos etapas (septiembre y diciembre); y comprende algunas comparaciones históricas pertinentes. Aunque los partidarios de la 4T podrán rechazarla por “fifí”, resultan interesantes esos cotejos históricos justamente como respuesta a dicha crítica. Es tan “fifí” o acertada hoy como en 2012, 2006 o 2000.

Según GEA, así terminaron los tres presidentes de la alternancia, en cuanto a aprobación de su labor realizada: Fox, 63%; Calderón, 43%; Peña Nieto, 16%. Además de subrayar la debacle peñista, conviene destacar la correspondencia exacta entre la aprobación de EPN y el resultado del PRI en la elección. Así arrancaron los cuatro presidentes de la alternancia: Fox, 72%; Calderón, 54%; Peña Nieto, 55%; López Obrador, 57 por ciento. Estos datos corresponden más o menos a los de otras series divulgadas recientemente. Al respecto, vale la pena recordar que, desde Carlos Salinas en 1994, el único mandatario en haberle entregado la Presidencia a alguien de su propio partido fue Fox, en 2006. Ni Zedillo, ni Calderón, ni Peña Nieto lo lograron.

Un segundo dato llamativo consiste en el desglose del apoyo a AMLO como Presidente, en particular por nivel educativo. Algunos lectores recordarán que las encuestas de salida del 1 de julio mostraron que entre mayor grado de escolaridad de los mexicanos, mayor la votación por MORENA y AMLO. Ahora, según el desglose de GEA de aprobación condicionada o incondicional, los números tienden a invertirse. Su aprobación condicionada es prácticamente la misma (32%) entre cuatro segmentos: hasta primaria; secundaria o equivalente; prepa; y educación superior. La aprobación incondicional, sin embargo, es mucho menor entre los mexicanos con estudios superiores (12%) que entre los demás (27%). En cambio, la mayor desaprobación de AMLO (29%) surge entre los universitarios, y  es sensiblemente superior a la que impera en la sociedad mexicana en su conjunto (20%). Empiezan a normalizarse las cosas.

Una reflexión adicional se refiere a la evolución entre septiembre y diciembre de los atributos, las propuestas y las expectativas de AMLO. El apoyo a sus principales propuestas es monumental y ligeramente creciente: ayuda a “ninis” (78%), cancelar el aeropuerto (62%), reducir gastos y sueldos en el Gobierno (78%), desaparecer el EMP (76%), devolver el avión presidencial (65%), revisar los contratos de la reforma energética (70%), construir una nueva refinería (77%), construir el Tren Maya (70%). Asimismo, en abstracto, la llegada de AMLO provoca cada vez más felicidad (60% en diciembre, y 46% en septiembre), cada vez más optimismo (66% vs 55%), y cada vez más confianza (60% vs 54%). Tres de cada cuatro mexicanos creen que el gobierno de AMLO representará una nueva etapa en la historia nacional.

No obstante todo lo anterior, y el hecho también digno de subrayarse que estos sentimientos se trasladan a Morena, al Presidente no le va tan bien en cuanto a sus atributos. Son bajos, y van en descenso. Los únicos temas en que las expectativas de éxito de AMLO se mantienen parejas es el combate a la pobreza y el mejoramiento de los salarios. En materia de crecimiento económico, el porcentaje que cree en el éxito cae de 33% a 25%; en disminuir la inflación, de 28% a 21%; en mejorar la educación de 41% a 38%; en defender al país ante el exterior de 28% a 21%; en combate a la corrupción, de 28% a 24%; y en mejorar la seguridad (lo que más le importa a la gente, según GEA) la caída es fuerte: de 28% en septiembre a 21% en diciembre.

En otras palabras, la gente recibe con entusiasmo las propuestas puntuales de López Obrador, por aberrantes o insignificantes que sean; se siente contenta por su llegada al Gobierno y cree que se trata de un acontecimiento histórico, pero no espera gran cosa de su gestión. Entiéndanle.

10 Diciembre 2018 04:06:00
¡Mueran los bien pagados!
Se entiende la lógica de López Obrador y de Morena a propósito de la decisión de un ministro de la Suprema Corte, y de otras por venir, sobre la reducción de remuneraciones en el sector público. Ellos saben que el recorte de sueldos es popular, que los magistrados sí ganan más que otros funcionarios, y que es fácil colocarlos en la posición de juez y parte. Mejor: en la de ser partícipes o cómplices en la redacción de varios recursos de inconstitucionalidad al respecto, y de la avalancha de amparos que ya se presentaron o que vienen en camino. De entrada, el Gobierno y su partido colocaron al Poder Judicial –y al Legislativo– en una posición de debilidad.

La gente aplaude –sin enorme entusiasmo tampoco– la reducción de salarios y prestaciones de los funcionarios, en el sentido más amplio de la palabra. Aunque queda por resolver el asunto, se supone que la Ley de Remuneraciones afecta a todos: los tres poderes, los organismos autónomos y paraestatales o descentralizados (como se decía antes). Incluye a la UNAM y al CIDE, al INEGI y al INAI, a Pemex y a la Suprema Corte. Cualquier recurso jurídico se enfrentará a lo que ya hemos visto: declaraciones de líderes de Morena en las cámaras denunciando a los promotores, y de AMLO acusando a los jueces y/o a los damnificados de ser enemigos de la patria y de Juárez. Sólo falta echarle a la gente -al pueblo sabio- encima, con manifestaciones, en las redes sociales, en los medios, en donde se pueda.

AMLO y MORENA saben también que la inmensa mayoría de los afectados no van a pelear sus salarios y prestaciones. Ante todo por miedo a ser despedidos, pero también porque así es el funcionariado en cualquier parte del mundo, aunque quizás más en México. Fuera de los jueces que ya han presentado solicitudes de amparo, veremos cuando caiga la primera quincena de enero, cuántos servidores públicos aceptan entrar en litigios, protestas y denuncias.

Es una batalla ganada de antemano por AMLO y Morena. El problema es si vale la pena darla, y ganarla. El simbolismo de la reducción de salarios es evidente, como todos los que le gustan a AMLO: apelar al sentido común de la gente, en el entendido de que carece de la información y la experiencia necesarias para reaccionar con sensatez. Los funcionarios ganan mucho; demasiado; fortunas; y el pueblo, no. Visto así, es un silogismo imbatible. El reto consiste en definir cuánto es mucho, quién lo define, y a quién se busca complacer.

A López Obrador le encanta fijarse metas alcanzables, incluso con facilidad (suprimir las pensiones de los expresidentes), para evitar cualquier cotejo de la realidad con sus propuestas más complejas y a mayor plazo. Pero también posee una gran sensibilidad para detectar los símbolos, los gestos, los actos o los razonamientos que a la gente le gustan.

Él y sus partidarios tienen además la enorme fortuna de no plantearse nunca si tal o cual símbolo o decisión es favorable o perjudicial para el país. Lo importante es que una parte importante de la sociedad mexicana –sin duda mayoritaria– aplauda y sinceramente se regodeé de los gestos: Los Pinos, el avión, el Jetta, etc. Carece por completo de sentido reclamarle a AMLO, a sus bases o a sus cuadros este comportamiento. Estaba cantado, y funciona.

La pregunta debe dirigirse a quienes en teoría pueden entender todo esto, y saben hacia donde nos lleva. Hay voces discrepantes, desde luego. Pero comparado con el peligro que representa proceder de esta manera, dichas voces no pasan la prueba de la risa. Hay muchas personas en México que conocen la historia de otros países en estas y otras épocas. Siguen calladas. Recurrir a un símbolo con el exclusivo criterio de su aceptación o aprobación por el pueblo debiera aterrar a más de uno. No los veo.


07 Diciembre 2018 04:05:00
Los desaparecidos de Alejandro Encinas
La intervención del nuevo subsecretario para Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA este pasado miércoles fue sorprendente y bienvenida; Alejandro Encinas reconoció la existencia de una crisis de derechos humanos en México. Se trata de un gran paso adelante frente al Gobierno de Peña Nieto, que aun cuando Roberto Campa era el vocero oficial en esta materia, costaba mucho trabajo admitir la magnitud del fenómeno.

Encinas colocó el acento en el tema de las desapariciones forzadas. Citó las cifras de 38 mil desaparecidos, 26 mil cuerpos sin identificar, y más de 2 mil fosas clandestinas. Se planteó de esa manera un reto gigantesco.

En teoría, la tarea es relativamente sencilla. Por un lado, el Estado mexicano, a través de todas sus instancias, dispone de una lista de nombres de 38 mil desparecidos. Por el otro, dispone de un acervo de 26 mil cuerpos no identificados. El llamado “matcheo”, un anglicismo horrible, pero claro, es factible. Sólo se debe proceder, en el peor de los casos, a pruebas de ADN para “juntar” un nombre con un cadáver y resolver por lo menos 26 mil casos. En los hechos se trata de una tarea titánica, casi imposible, por costo, por falta de recursos humanos y, sobre todo, por las implicaciones que entrañaría.

En efecto, cada desparecido identificado trae consigo la obligación para el Estado de investigar y encontrar la causa de muerte. Aun aceptando la aberrante tesis de Calderón de que casi todos son narcos que se mataron entre ellos, el “pequeño” porcentaje de 10 o 20% equivale a entre 2 mil y 5 mil muertos a manos de “no narcos”, es decir, autoridades estatales. La mayoría terminaría formando parte de las autoridades federales, ya que las municipales con dificultades están armadas, y las estatales son muy pequeñas. ¿Quién va a acusar al Ejército, a la Marina y a la PF de tantas ejecuciones?  Y si la tesis calderonista es falsa, el número resultaría mucho mayor.

Peña Nieto, con toda razón, no se metió en esas honduras. En los hechos, desistió de buscar a los desaparecidos, de identificar a los muertos, y de realizar el cotejo de unos y otros. Según uno de los notables artículos de Daniel Wilkinson, de Human Rights Watch, en El Universal, el Gobierno anterior resolvió poco más de mil casos. Sólo faltan 37 mil.

Ahora bien, la magnitud del reto formulado por Encinas explica bien su reprobable silencio y, sobre todo, el abandono por parte de López Obrador, de los casos más sonados de violaciones de derechos humanos durante el sexenio de Peña Nieto. Sólo los 43 de Ayotzinapa serán objeto de una Comisión de la Verdad. Con esa excepción, los casos incluso más claros y nutridos, como Tanhuato, Tlatlaya, Nuevo Laredo (responsabilidad de la Marina que Encinas aceptó ante la CIDH, pero que no necesariamente tendrá consecuencias) y Apatzingán, entre otros, permanecerán en el olvido, o el silencio. Por una sencilla razón: implican al Ejército, o la PF, o la Marina. Y allí López Obrador no se quiere aventurar.

Encinas cree en los derechos humanos. AMLO, quién sabe. Pero su posible convicción tiene un límite: no tocar a las Fuerzas Armadas. Su pacto con ellas es evidente. Su disposición a mantenerlas quemando sembradíos de mariguana y amapola se comprueba con las mismas fotos ya publicadas durante los primeros días de la 4T de militares cumpliendo con las mismas tareas absurdas que antes. AMLO no quiere a los militares en las calles para proteger a la ciudadanía; los quiere en la sierra destruyendo sembradíos, y deteniendo cargamentos de mariguana, cocaína de América del Sur y heroína de Guerrero y del Triángulo Dorado. ¡Suerte!, Alejandro, y felicidades.
05 Diciembre 2018 04:06:00
Tres sorpresas (no Tres regalos de Los Diamantes)
Tengo la impresión de que el nuevo Gobierno resolvió, hace varios meses, evitar a toda costa cualquier dificultad internacional en sus primeros meses o incluso años, para concentrarse en su agenda interna. Con algo de razón: ni al Presidente le interesan los temas externos, ni son fáciles de entender para su base electoral y militante, ni repercuten de manera directa en el bienestar de la inmensa mayoría de la gente. No era una decisión, o un deseo, absurdos.

Sí resultaron deseos ilusos, ingenuos o fútiles. Ni siquiera mencionaré el desplome de la bolsa de Nueva York ayer, ni la inminente y repetida alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Me limitaré a hablar de tres retos de gran magnitud que hoy debe enfrentar López Obrador, y que nadie hubiera previsto hace un par de meses.

El primero ya lo hemos mencionado en estas páginas: la caravana de hondureños, que llevó al “Secretary-Designate” de Relaciones Exteriores (como lo tituló el Departamento de Estado el domingo) a viajar a Washington el primer día del nuevo Gobierno, en un “bomberazo” evidente y

necesario. Pienso que el nuevo Gobierno se verá obligado a aceptar algún tipo de arreglo de hacerse cargo de los centroamericanos, y de sellar, hasta donde sea posible, la frontera sur o el Istmo de Tehuantepec, y que por supuesto buscará disimular sus concesiones, probablemente inevitables, a Trump. Pero evitar un enfrentamiento costará más de lo previsto, y esperado.

Segunda sorpresa: las dificultades del nuevo TLCAN o T-MEC. Trump anunció de regreso de Buenos Aires a Washington que pensaba invocar el artículo 2205 del viejo tratado, y echar a andar el reloj de seis meses de salida del acuerdo. Lo hizo con una “buena” intención, a saber, amenazar a los Demócratas en la Cámara de Representantes –mayoritarios a partir de enero– que si no aprobaban el USMCA (las siglas en inglés), Estados Unidos se quedaría sin nada: ni el TLCAN, ni el T-MEC.

Solo que recurrir a una amenaza “termonuclear”, es decir, de vida o muerte, o cara o corona, revela una preocupación real. Trump debe pensar (es un decir) que las dificultades venideras con una mayoría opositora en la Cámara baja pueden dar al traste con la aprobación. De allí su recurso a un chantaje hábil, pero basado en la incertidumbre. De creer que la ratificación constituía un asunto resuelto, no hubiera recurrido a un arma tan peligrosa. Y ahora López Obrador deberá dedicar muchos recursos, una buena dosis de capital político, y sobre todo una gran cantidad de concesiones adicionales, al cabildeo en Washington para lograr una aprobación más complicada de lo que muchos vaticinaban.

Tercero, el dilema de los bonos aeroportuarios. La gente de AMLO hizo bien la tarea, y se adelantó a las demandas que algunos tenedores de MEXCAT o Texcoco podrían haber –o pueden aún– interponer por la cancelación de NAICM. La propuesta de recompra de bonos o de consentimiento al traslado a Santa Lucía es inteligente y viable. El precio –95 centavos por dólar reales, si se opta por esta vía pronto, o un premio también si se otorga el puro consentimiento– es razonable. Pero lo último que deseaban los financieros del nuevo equipo era tener que lidiar con fondos “buitre”, que contratar al carísimo bufete de abogados Cleary en Nueva York, o estar pendientes de la aceptación –o del rechazo– de su oferta, por parte de los tenedores originales de bonos. La operación puede salir bien –creo que así será– pero va a costar. Costar dinero, esfuerzo, tiempo y angustia.

Nada de esto debe sorprender. Así son las cosas. Zedillo no se imaginó jamás que tres semanas después de su toma de protesta le reventaría la economía y México caería en una de las peores crisis económicas de su historia. Fox nunca pensó que a los nueve meses de haber iniciado su sexenio se produciría el ataque a las Torres Gemelas. Salinas no pudo prever que al año del arranque de su gobierno, caería el muro de Berlín y desaparecería el bloque socialista. Pero AMLO se ve obligado hoy a lidiar con tres sorpresas, o acontecimientos imprevistos e imprevisibles, que ocuparán el principio de su mandato. Pues sí.
03 Diciembre 2018 04:06:00
La mentira y la restauración de Luis 18
Habría tantos aspectos de lo sucedido en México a lo largo del último par de días que podríamos escribir páginas interminables al respecto. Pero como unos y otros van a decir más o menos lo mismo, me centraré en dos temas: uno, sobre el cual nadie hablará, otro evidente pero imposible de silenciar.

El primer párrafo del discurso en la Cámara de Andrés Manuel López Obrador contiene una gran mentira. Por enésima vez desde el 1 de julio, repite que le agradece a Enrique Peña Nieto no haber intervenido en las elecciones de este año. Es falso: Peña intervino de manera tan abierta –o más descarada– que Fox y Calderón, sólo que no en contra de AMLO. Utilizó toda la fuerza del Estado mexicano, y en particular a la PGR, el SAT, Notimex, y la propia Presidencia, contra el candidato del Frente.

El supuesto escándalo de Barreiro y la bodega de Querétaro golpearon severamente a la campaña de Ricardo Anaya. ¿Cuanto? Imposible saber. Pero sí es un hecho que todo fue inventado por el gobierno de Peña, presentado ante la prensa con la ayuda del Gobierno, en los momentos más delicados de la campaña (cuando no se podía responder con spots), y cuando ya era evidente que la aspiración del PRI de ocupar el segundo lugar era absurda. Los medios más afines al gobierno hicieron la tarea; los columnistas pagados, también. Surgió una acusación de corrupción basada en nada, en hechos inexistentes, todo ello urdido por Peña Nieto.

No conozco a un solo observador del proceso electoral que no admita en privado que así fue. El debate es sobre la habilidad –o falta de la misma– de Anaya para responder, y cuanto se modificó el resultado de la elección. Pero la mejor prueba de la inexistencia del caso de corrupción, y del carácter electoral del escándalo, reside en el absoluto silencio al respecto a partir del 1 de julio. Peña no presentó expediente alguno contra Anaya, ni contra Barreiro; la PGR no volvió a abrir la boca; los medios tan obsesionados por el tema antes del 1 de julio no hablaron nunca más del asunto. En un diario se informó que se extinguió la acusación contra Barreiro porque renunció a recuperar su bodega; algunos me han dicho que Peña ya se la devolvió. El expresidente sí intervino en el proceso electoral, y AMLO miente.

El segundo comentario se refiere al contenido de ambos discursos del nuevo presidente. Detalles más detalles menos, reproduce casi con exactitud el espíritu y la letra de su libro, La salida, publicado a principios de 2017. El análisis, el diagnóstico, la historia, las propuestas, su justificación, son idénticas a lo dicho el sábado en su toma de protesta.

Algunos celebrarán la congruencia argumentativa, la continuidad programática, la fidelidad a las tesis. Parte hay de cierto en esto: AMLO dice lo que hace y hace lo que dice. A la pregunta de ¿Qué va a hacer? La mejor respuesta siempre ha sido: lo que dijo. Pero existen motivos para preocuparse de tal perseverancia conceptual.

Significa en el fondo que nada de lo que vivió López Obrador durante estos dos años le hizo cambiar de opinión, salvo la militarización de la policía a través de la Guardia Nacional. Un año y medio de campaña, con innumerables entrevistas, encuentros, debates con candidatos o con columnistas, corresponsales, empresarios, visitantes extranjeros, no bastaron para modificar sus puntos de vista. Cinco meses como presidente electo, de estudio, discusión, negociación y una perspectiva única en México, resultaron insuficientes para rectificar errores obvios, descartar propuestas aberrantes, o abrazar nuevas ideas. Lo que ha sucedido en México y en el mundo en estos dos años, tampoco.

En pocas palabras, o bien Andrés Manuel se siente tan convencido de todo lo que escribió en 2017, como hoy, casi al comenzar 2019, o bien nada de lo vivido este tiempo le sirvió para aprender algo que a su entender valiera la pena. Después de la derrota definitiva de Napoleón y la restauración de la monarquía francesa en 1815, se atribuyó a Luis 18 la frase memorable, probablemente de Talleyrand: “Rien appris, rien oublié”. Nada aprendido, nada olvidado.
28 Noviembre 2018 04:01:00
La cárcel del Águila Azteca
La entrega del Águila Azteca a Jared Kushner por Enrique Peña Nieto, en uno de sus últimos actos de gestión presidencial, generará mucha controversia. El yerno de Donald Trump, su principal consejero y el encargado de las relaciones de Estados Unidos con México desde 2016, podrá ser visto por muchos observadores como difícilmente merecedor de la máxima condecoración que otorga el Gobierno mexicano a un extranjero. Para fortuna de Kushner y de su mancuerna Luis Videgaray, todo el ámbito de Morena, AMLO, chairos e izquierda bolivariana en México se abstendrá de opinar. Mientras siga la luna de miel entre López Obrador y Peña, no hay que tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Ni a sus amigos tampoco, aunque nos caigan medio gordos.

Otros sí protestarán, no necesariamente con razón. Se entregan al año más 200 Águilas Aztecas, la mayoría en ocasión de visitas de Estado a México de dignatarios extranjeros. En esos casos, entre presidentes, cancilleres, otros ministros, embajadores y funcionarios, puedan llegar a otorgarse más de una docena de condecoraciones, que podríamos llamar “de cajón”. No se entregan por méritos personales, sino debido a un protocolo –casi siempre recíproco– previamente establecido.

Los otros casos –una minoría– consisten en el agradecimiento del Estado mexicano a determinados extranjeros por haber rendido un servicio a México. Servicio de cualquier naturaleza: diplomática, política, cultural, comercial, financiera, deportiva, en fin... Aunque desde hace algunos años existe un Comité (una Orden del Águila Azteca) que le propone al Presidente candidatos, prácticamente todos los propuestos –por la SRE, por jefes de misión, o por otros miembros del gabinete– son aceptados por Los Pinos (en realidad por la Cancillería). Hay de todo en la lista, y sin duda algunos mexicanos cuestionarían los méritos de algunos poseedores del Águila Azteca.

El problema con Jared Kushner no es que no haya rendido servicios. El primer problema es ¿a quién? ¿A México, o al Gobierno de Peña Nieto y sus integrantes? No me queda claro. Pero sobre todo, el riesgo de premiar con una condecoración de esta índole a alguien como Kushner reside en las posibilidades de que el destinatario acabe en la cárcel.

Es por todos sabido que Kushner, junto con Donald Trump (hijo) y en menor medida Ivanka Trump y su otro hermano Eric, están en la mira del Fiscal Mueller. La investigación de Mueller sobre la posible colusión de la campaña de Trump con el Gobierno ruso contra Hillary Clinton se acerca a su etapa final. Nadie sabe hasta ahora qué resultará de casi 20 meses de investigación por 90 investigadores y decenas de millones de dólares de gasto. Los rumores de los últimos días en Washington apuntan en dirección de una inculpación formal de Donald Trump hijo, pero puede haber más.

También parece que la nueva mayoría demócrata en la Cámara de representantes abrirá ahora su propia investigación de las finanzas de la familia Trump. Esta incluirá la exigencia al Presidente de entregar sus declaraciones fiscales personales y de sus empresas, y de sus socios, entre otros, quizás, de su yerno. De nuevo, nadie sabe qué hay en esos documentos, pero tanta resistencia de parte de Trump a presentarlos hasta ahora no augura nada bueno.

¿Qué hará la 4-T si Kushner va a prisión? ¿Le retirará la condecoración? ¿Vale la pena correr el riesgo, para no perturbar las últimas horas de Peña Nieto en el Gobierno? Todo el mundo desea quedar bien con sus amigos y aliados, pero no siempre conviene hacerlo utilizando al Estado. Luego salen mal las cosas. Abundan los ejemplos en la historia moderna de México.
26 Noviembre 2018 04:05:00
Los migrantes bajo gases lacrimógenos
Quisiera posponer mi comentario a propósito del posible acuerdo al que llegaron las nuevas autoridades de Estados Unidos con el Gobierno de México en materia de asilo, migración y seguridad fronteriza. Algunos sabrán que el sábado el Washington Post informó que se había llegado a un acuerdo entre autoridades, que equivale a un convenio de Tercer País Seguro. La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo desmintió en declaraciones hechas horas después, tanto por parte de su oficina como de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En tanto no se sepa si hay o no un acuerdo de esta naturaleza y no conozcamos el contenido, debemos demorar cualquier análisis al respecto.

Sin embargo, existen ya dos conclusiones a las que podemos llegar con respecto a lo que está sucediendo. El primer tema es que no existen buenas soluciones ante el reto que ha generado, desde 2014, los fuertes flujos migratorios centroamericanos hacia Estados Unidos pasando por México. Todos ellos generan enormes desafíos para cualquier autoridad mexicana. Si permitimos la entrada de todos los centroamericanos que huyen de la violencia y de la pobreza, todos llegarán a nuestra frontera con Estados Unidos; todos querrán entrar a Estados Unidos; y todos los gobiernos de Estados Unidos harán lo imposible para presionarnos e impedir que entren a nuestro país, incluso solicitando asilo. Si tratamos de disuadir la entrada, pagaremos nosotros el costo de recursos financieros y de violaciones a los derechos humanos.

Insisto, no hay ninguna buena solución. Con Trump aún menos. Y con la inexperiencia y la calentura de los funcionarios del nuevo gobierno para quedar bien a toda costa con la administración Trump, menos aún. Que ellos se equivoquen, y cometan posibles errores garrafales, e incluso vergonzosos, no significa que se pueda encontrar fácilmente soluciones alternativas.

En segundo término, lo que sugieren las imágenes del día domingo en Tijuana, donde aproximadamente 500 centroamericanos trataron de entrar de manera no autorizada a Estados Unidos, y fueron confrontados y detenidos por autoridades mexicanas, es un camino peligroso. Es cierto que desde hace años la Ley General de Población en México estipula claramente que solo se puede salir del país, siendo mexicano o extranjero, por los puntos autorizados de salida y en posesión de todos los documentos necesarios para ingresar a otro país. En otras palabras, lo que trataban de hacer los hondureños sí es un delito de acuerdo con la ley mexicana. De eso no hay duda y las fuerzas federales y estatales, policiacas y aparentemente no militares, actuaron dentro de la ley.

El pequeño problema es que millones de mexicanos han hecho exactamente lo mismo a lo largo de los últimos años. Todos los días, centenares o miles de mexicanos, buscan entrar a Estados Unidos sin papeles y saliendo de México por puntos no autorizados. Si el flujo neto es nulo o no lo es, significa poco en este sentido; siguen saliendo enormes cantidades, aunque sigan siendo deportados cantidades semejantes. La pregunta que entonces deben hacerse las nuevas autoridades nacionales es si no están sentando un precedente muy peligroso al utilizar a la fuerza pública mexicana, civil o militar, federal o estatal, para impedir la salida de centroamericanos a Estados Unidos. Pero ese precedente sentaría las bases en el futuro para que Estados Unidos exija exactamente los mismos procedimientos por parte de México en relación a mexicanos. De nuevo, si Estados Unidos nos lo solicitara, o México decidiera hacerlo por su cuenta (algo inimaginable en mi opinión, salvo a cambio de enormes concesiones de Estados Unidos) tendrían razón los norteamericanos: solo pedirían que se aplique la ley mexicana a los mexicanos que buscan salir por puntos no autorizados y sin la documentación necesaria para poder ingresar a otro país. El precedente puede ser extraordinariamente peligroso.

Estoy más convencido que nunca que López Obrador y sus negociadores del TLC, junto con Videgaray y Guajardo, llegaron a un acuerdo con Washington sobre el nuevo acuerdo comercial, a cambio de una política migratoria mexicana acorde con los intereses de Estados Unidos. No tengo elementos para comprobarlo, pero hace un par de meses que vengo diciendo que ese fue el cambalache. Cuando corresponsales extranjeros o comentaristas mexicanos preguntan ahora en caso de que haya un acuerdo como el que planteó el Washington Post: ¿Qué recibió México a cambio? La respuesta en mi opinión es muy clara: un NAFTA 2.0 de acuerdo con los tiempos y los caprichos de Peña Nieto y sobre todo de López Obrador.
23 Noviembre 2018 04:02:00
4-T e izquierda latinoamericana
Este jueves en las oficinas de la fundación Open Society de la Ciudad de México tuvo lugar una reunión especialmente interesante para las semanas, los meses y los años que vienen en México. La revista Nexos, la propia fundación Open Society y la Fundación Ebert organizaron un encuentro en torno al número de diciembre, precisamente de la revista Nexos, titulado “¿Qué (no) hacer? Lecciones de los gobiernos latinoamericanos de izquierda”.

Participaron un buen número de los autores de breves ensayos en la revista procedentes de América del Sur y Centroamérica.

La idea que tuvieron los organizadores fue convocar a personas que participaron directamente, o que observaron con simpatía, las experiencias de gobierno de distintos partidos o movimientos de izquierda en América Latina del 2000 para acá. Se trataba de que cada uno de los autores y de los ponentes, que también estarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara este sábado, expusieran, no tanto un balance de lo que sucedió en sus respectivos países, sino lo que quizás a toro pasado y con cierto enfoque reflexivo consideraran hoy que habían sido los errores o las medidas que debieron haber evitado durante sus gestiones.

Algunas de las intervenciones y de los ensayos son más apasionados que otros. Se entiende que Tarso Genro, por ejemplo, exgobernador del estado brasileño de Río Grande del Sur, exministro de justicia y de educación de Lula, aún se encuentre bajo el trauma terrible del triunfo de Bolsonaro en su país.

Otros, como Alberto Fernández, jefe de gabinete de Néstor Kirchner en Argentina, han tenido más tiempo para pensar lo que les sucedió. Gente como Joaquín Villalobos de El Salvador y Sergio Ramírez de Nicaragua han dispuesto de aún más años para distanciarse de sus experiencias y a la vez juzgar con mayor objetividad lo que sucede actualmente en sus países.

Y los mexicanos que analizan en la revista y en esta reunión en la Ciudad de México y la que tendrá lugar en Guadalajara, Cassio Luiselli y Rafael Rojas, a propósito de los casos de Uruguay y de Venezuela, también pudieron ser lo suficientemente objetivos y a la vez distantes como para evaluar sensatamente el terrible fracaso venezolano y el éxito innegable del Frente Amplio en Uruguay.

No hay, desde luego, analogías exactas. La temporalidad, para empezar, es muy distinta.

La llamada ola o marea rosada, que abarcó a buena parte de América Latina a principios de este siglo y hasta hace unos cuatro o cinco años, ya no existe. La llegada de la izquierda al poder en México se da a contratiempo. Asimismo, la situación de México como país exportador de manufacturas y no de commodities, estrechamente vinculado a Estados Unidos y no a China ni a otros países de América del Sur, con una izquierda que nunca ha gobernado salvo en la Ciudad de México y con dificultades, no permite comparaciones fáciles. Sin embargo, varias de las ponencias o de los ensayos ilustraron la pertinencia de la experiencia latinoamericana para un país que lo es cada vez menos.

La tentación de hacer todo rápidamente; el énfasis en la voluntad como factor determinante de lo posible; la centralidad de líderes carismáticos/mesiánicos/geniales/delirantes, es a la vez un elemento de fortaleza de la izquierda en América Latina y también de la debilidad en muchos países durante estos últimos 20 años.

La estrechez de los márgenes que ofrece el mundo globalizado y la coyuntura internacional es otro elemento común a todas estas experiencias y a la que empieza el 1 de diciembre.

La tentación autoritaria que en varios casos se demoró en materializarse pero que tanto en Argentina, Ecuador, Venezuela y Nicaragua surgió sin la menor posibilidad de duda, no puede dejar de figurar entre las preocupaciones ante el advenimiento de la izquierda al poder en México.

El exministro y exsenador chileno Carlos Ominami quizás formuló mejor que nadie la relevancia del esfuerzo.

Dijo que de nada servía ser profeta tonto, es decir, aquel o aquella que con toda razón vaticina los fracasos por venir, para luego afirmar “se los dije”.

Esta iniciativa se propone contribuir, mediante la experiencia de otros, a lo que vendrá en los próximos días, semanas, meses y años. Suerte.
21 Noviembre 2018 04:02:00
‘El Chapo’ y García Luna
El juicio del “Chapo” Guzmán en Brooklyn ha generado ya una buena dosis de controversia, y algunas viñetas fascinantes de violencia, corrupción, cinismo y poder. Los cárteles de Sinaloa –ante todo–, del Pacífico y hasta del Golfo son señalados, descritos y desmenuzados. Pero también ha generado un dilema jurídico y lógico, sobre todo a partir de los testimonios de los testigos presentados por la Fiscalía Federal del Distrito del Este de Nueva York.

Jesús “El Rey” Zambada, hermano del “Mayo” Zambada, segundo del Chapo o socio igualitario, ha rendido las declaraciones más controvertidas y escandalosas. Una destaca, hasta ahora, por su significado en México. El martes afirmó que entregó maletines que contenían casi 10 millones de dólares (según algunas versiones, mucho más) en 2005, 2006 y 2007, a Genaro García Luna. Durante los primeros dos años mencionados, este era jefe de la Agencia Federal de Investigaciones con Fox; en 2007, el soborno le correspondió en calidad de Secretario de Seguridad Pública de Calderón.

Ya el abogado del “Chapo”, Jeffrey Lichtman, en su presentación inicial ante el jurado, sostuvo la semana pasada que el “verdadero jefe” de Sinaloa, “El Mayo”, transfirió varios millones de dólares a Calderón y a Peña Nieto, en distintos momentos. Ambos negaron haber recibido esa suma, o ninguna otra, de parte del acusado, pero lo de García Luna es más complicado.

Jesús Zambada no es un abogado. No es un testigo de cargo o protegido. Fue juzgado y sentenciado hace varios años, y probablemente va a pasar el resto de sus días en una cárcel en Estados Unidos. No hay delación premiada, o plea bargaining, en su caso. Hasta ahora, ha sido el testigo de mayor peso o jerarquía presentado por el DOJ contra “El Chapo”. En lo tocante a las acusaciones de homicidio, es el que más detalles ha ofrecido sobre el carácter sanguinario y desalmado de Guzmán Loera. El Gobierno norteamericano lo necesita, y lo valora.

Sus afirmaciones han sido formuladas bajo juramento. De allí el dilema que mencionaba. O son ciertas las afirmaciones de Zambada sobre las ejecuciones ordenadas o realizadas por “El Chapo”, en cuyo caso debe otorgársele la misma credibilidad a su dicho sobre García Luna. O bien miente sobre este último, y entonces se derrumba la legitimidad de sus denuncias contra “El Chapo”. Difícilmente pueden coexistir la mentira bajo juramento sobre García Luna, y la verdad bajo juramento sobre “El Chapo”.

Se ha mencionado en la prensa que García Luna vive en Tampa, Florida, donde ha montado un negocio de restoranes. Asimismo, he escuchado que días después de su salida del gobierno de Calderón, recibió su “green card” o residencia permanente, en Estados Unidos, en agradecimiento por servicios rendidos. Lo que no sabemos es si el Eastern District de Nueva York va a actuar contra García Luna a partir de las acusaciones de Jesús Zambada, o si va a exponerse a la contraofensiva de los abogados del Chapo. Estos seguramente buscaran invalidar las declaraciones de Zambada contra “El Chapo”, invocando las “mentiras” del primero a propósito de García Luna.

México desde luego va a mantenerse en lo dicho en 2012, y refrendado en 2018: el pacto de impunidad. Nadie toca a nadie. Probablemente Trump haga lo mismo. Pero quién sabe cuánto más cante Zambada, y qué dirán los testigos que siguen. Siempre estuve a favor de la extradición del “Chapo” a Estados Unidos, justamente por esto. Jamás habría sucedido algo por el estilo en México
16 Noviembre 2018 04:07:00
La vía de la militarización
En el caos de los tiempos de la 4T, se presentan dos acontecimientos con efectos diametralmente opuestos casi el mismo día. Es quizás la huella de la casa. La Suprema Corte tumba la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto y Cienfuegos, por lo menos colocando un freno provisional y hacia futuro a la militarización del país. Pero López Obrador presenta un programa –habrá que ver si se vuelve algún día realidad– de seguridad y guerra contra el crimen organizado que, justamente, tiende a militarizar al país. Quién los entiende.

Me alegra la decisión de la Corte porque nunca me convencieron los argumentos a favor de esta ley o de cualquier otra en esta materia. Proteger a los militares que hubieran violado derechos humanos con un marco jurídico expost me pareció siempre una pésima idea. Y nunca entendí por qué debíamos regular la intervención del Ejército en la guerra contra el narco de Peña y de Calderón, cuando lo deseable era terminar con esa intervención, no perpetuarla mediante la legislación. A menos de que la decisión de la Corte, en su caso pactada con AMLO a cambio de pensiones y sueldos, no abra la puerta a otra ley, más militarista incluso que la del sexenio que termina.

Del plan de AMLO, sin que me quede del todo claro, me agrada el enfoque tácitamente centralista, aunque a muchos les preocupe por el cuento del federalismo. Da la impresión de suponer que las policías estatales y municipales no tienen remedio, ni lo tendrán: un reconocimiento que se agradece por realista y sensato. No hay manera de corregir ese desastre. Pero la solución propuesta me aterra.

Según se desprende de las declaraciones de ayer de AMLO y de su equipo, se creará una nueva fuerza –después de la Policía Federal de Zedillo, Fox y Calderón, y de la Gendarmería de Peña Nieto– inicialmente con los efectivos del Ejército, la Marina y la propia PF, y luego con reclutamiento adicional. Pero esa fuerza dependerá de un mando militar, y estará radicada en la Secretaría de la Defensa. Se trata exactamente del camino inverso de Chile, país modelo en materia de paz y seguridad en América Latina desde hace 29 años. Carabineros, la fuerza policiaca, nacional y militarizada, creada en 1927, perteneció al Ministerio de la Defensa –en manos de un civil desde el regreso de la democracia en 1989– hasta 2011, cuando fue reubicada en el Ministerio del Interior. Colocar a la única policía más o menos utilizable que teníamos en manos militares, deja la peor de las impresiones, dentro y fuera del país. Sé que no se acostumbra decirlo, pero premiar a las fuerzas armadas por la “gran” labor realizada desde 2006 en materia de guerra contra el narco no me tranquiliza.

Además veo dos debilidades en el esquema. El primero es que no se nota la diferencia con el proyecto de Calderón y EPN, solo un instrumento diferente para ponerlo en práctica. Y ni siquiera es diferente: si entiendo bien, sólo les cambiarán el uniforme (ya fue cambiado de gris a azul marino) a los integrantes de la Guardia Nacional. Salvo la elíptica mención a la posible legalización de la mariguana –la cual aplaudo–, no veo la diferencia de enfoque. En segundo término, como lo comentaron Alejandro Hope y varios más ayer y anteayer, se viola la regla mexicana y del mundo entero: amistad que no se refleja en la nómina no es amistad. El programa no contempla ningún ingrediente presupuestal, o sea que procurarán hacer más con lo mismo. Ya sabemos cómo termina eso.

Saludo la franqueza de López Obrador: esto es lo que se puede, y no es ideal. Los instrumentos de Estado existentes no funcionan, sólo queda el Ejército. La pregunta es si en 2024, su sucesor no se verá obligado a reconocer lo mismo, ya que AMLO procedió de la misma manera que sus tres predecesores.
14 Noviembre 2018 04:01:00
La obsesión por el tipo de cambio (y la historia del chivo y el rabino)
Se ha dicho repetidamente que durante las últimas semanas de la campaña Alfonso Romo ofreció lo que parecía ser un sabio consejo a Andrés Manuel López Obrador. Ya se ganó; hay que desentenderse de las encuestas, para fijarse en el tipo de cambio. Eso es lo que cuenta.

Como sugerencia de campaña, quizás Romo tenía razón. Como receta de Gobierno, la idea es en el mejor de los casos confusa, pero sobre todo, de doble filo. Por eso es una mala idea. Sus primeros estragos se ven ya en la pregestión de López Obrador.

El aeropuerto, luego las comisiones bancarias, luego la promesa de no modificarlas durante tres años, después la insistencia de Ricardo Monreal, la caída de Wall Street del lunes, más lo que se acumule en la semana, son todos acontecimientos que movieron el tipo de cambio. Unas en una dirección, otras en la dirección opuesta, con un resultado neto, por ahora, de ligera depreciación del peso. Pero todo esto sucede en el pequeño margen, que afecta enormemente a los “traders”, sobre todo a aquellos involucrados en el “carry/trade”, pero que impactan muy poco a la situación macroeconómica del país. Incluso los cálculos de cuántos pesos más se pagarán de servicio de la deuda pública (en pesos o en dólares), por la depreciación o por el incremento de los rendimientos del papel mexicano, son un poco alegres, y muy provisionales.

No se trata sólo del chantaje de los mercados, que ya comentamos en este espacio. El problema consiste en la obsesión por el tipo de cambio en un país que, en efecto, ha padecido las consecuencias de macrodevaluaciones, pero en el cual es difícil extraer enseñanzas profundas y pertinentes de pequeñas variaciones de 1% para arriba o para abajo. El peso no es el euro, ni el dólar, ni la libra. Es una divisa de petate, no dura, nos guste o no reconocerlo.

Si se fija uno demasiado en el tipo de cambio, los llamados mercados comenzarán a acostumbrarse a esa mirada obsesiva y constante. Más aún, se volverán adictos a aclaraciones, rectificaciones, explicaciones, del que evidentemente manda: López Obrador. Vimos ya cómo las declaraciones del próximo secretario de Hacienda no bastaron; fue necesario que interviniera AMLO. Si el nuevo gobierno persiste en intervenir cada vez que se produzca una turbulencia en “los mercados”, después no podrá desistir de hacerlo. Su silencio será interpretado como aprobación de una determinada iniciativa, declaración o medida. Va a acabar totalmente preso de las reacciones de los tenedores de bonos y acciones o de las calificadoras, cuyos analistas preliminares son jovencitos imberbes cuyo intelecto no es precisamente admirable. Es un mal camino para cualquier gobierno, de izquierda o de derecha.

Ahora a lo esencial: el rabino y el chivo. En un shtetl de Bielorusia, en el siglo 19, un padre de familia de nombre Benjamín padecía las desgracias de los pogrom, la hambruna, la visita de padres, suegros, hermanos y sobrinos, hasta no aguantar más. Fue a conversar con el rabino del pueblo, quien le dio un consejo extraño, “con los escasos ahorros que te quedan, compra un chivo y mételo a tu casa”. Benjamín no entendió gran cosa, pero siguió la sugerencia del rabino. Durante un mes el chivo vivió, comió y durmió en la pequeña choza, de por si desbordada por las visitas. La situación se tornó intolerable; Sara, la esposa de Benjamín, amenazó con abandonarlo, y el pobre Benjamín regresó con el rabino a reclamarle su absurdo consejo. Ecuánime, el rabino le instruyó, “ahora vende el chivo, aunque pierdas dinero”. Recomendación que Benjamín siguió de inmediato, para el alivio de toda la familia, que festejó la partida del chivo, y vivió feliz el resto del año. Mis abuelos maternos se llamaban Benjamín y Sara.
12 Noviembre 2018 04:03:00
El control de precios y el chivo del rabino
Como ya ha dicho media comentocracia, es imposible saber a ciencia cierta si la confusión sobre la propuesta de reducción de las comisiones bancarias fue un error o una jugada táctica de intimidación de los banqueros (extranjeros, porque eso son, y porque se dejan fácilmente intimidar).

Lo primero parece difícil de creer –Ricardo Monreal es demasiado listo para irse por la libre– y lo segundo se antoja excesivamente peligroso: la Bolsa no es una montaña rusa. Pero como todo es especulación –en varios sentidos de la palabra: en verdad ¿nadie en Morena sabía ni se fue corto en las acciones bancarias?– tal vez convenga más discutir una parte del fondo del asunto, y no tanto los detalles “grillos”.

Partamos de tres premisas. Las comisiones bancarias son excesivas en México, y representan una proporción mayor de las ganancias de los bancos que en otros países, incluso tratándose de los mismos bancos. Segundo: la razón estriba en las insuficientes ganancias estrictamente financieras, y la necesidad de reportar/aportar utilidades significativas a las matrices de una banca casi totalmente globalizada.

Y tercero: el origen de esas ganancias insuficientes del lado del crédito bancario yace en la mediocre bancarización de la economía mexicana –menor a la mayoría de los países latinoamericanos– debida, a su vez, a un exiguo mercado interno y a los “recuerdos del porvenir”: 1982, 1994.

Por ende, procurar una reducción de dichas comisiones es a la vez una medida acertada en sí misma, y digna de ser aplaudida por las clases medias bajas: la verdadera base de la 4T. El problema es cómo lograrla. Aquí se complican las cosas, y sobre todo, volvemos al pasado. Porque al final de cuentas, la propuesta dizque pospuesta o fallida de Monreal se reduce a un control de precios. Aunque nunca fuera la intención de que viera la luz del día, es necesario resaltar que la opción “default” de la 4T fue esa: la de hace mil años, de Echeverría, de López Portillo, pero también de Nixon y Maduro, de Mitterand y Alemania. No es un tabú; se debe discutir, pero eso es.

Las comisiones bancarias representan el precio de los servicios –útiles o absurdos– que ofrecen las instituciones financieras. Pueden, en democracia y en una economía abierta y libre, cobrar más o menos lo que quieran, aunque habría que ser muy ingenuo para no pensar que sus tasas no están “cartelizadas”. Si llegaran a pedir demasiado, alguien se iría a otra parte: cajas de ahorro, el colchón, otro banco, Estados Unidos (los que pueden). En realidad no hay tal: las opciones son nulas. Visto así, la única manera de impedir el alza de esos precios, como el de la tortilla, el huevo, el cine o los boletos de avión (no la gasolina, proporcionada en México por el Estado) es con el control de precios. El Gobierno decide que no se podrá cobrar más por un determinado servicio bancario que X, y punto. Si un determinado banco no está de acuerdo, puede cerrar, o en el caso de México, irse.

El detalle yace en que esta postura no suele funcionar, sobre todo en el mediano o largo plazo. El servicio del cual se controla el precio o bien escasea, o bien padece una merma severa de su calidad, o simplemente desaparece, porque el proveedor deja de existir. Se genera un mercado negro –en el caso bancario es complicado, pero no imposible. Viene la reacción del conjunto de los proveedores, en este caso los bancos, cuyas acciones se cotizan en bolsa, y se detona una guerra entre unos y otros: gobierno y bancos; gobierno y transportistas; gobierno y productores de leche, arroz, trigo, maíz, lo que se quiera.

Para finta, no salió mal la jugada. Pero lo interesante para los empresarios del país, que no necesariamente son lectores asiduos de Freud, es el retour du refoulé. Ya Tony Blair les dijo hace un par de días: no se dobleguen. Sobre todo, podríamos añadir ante las muestras repetidas de la reacción recurrente de la 4T, entiendan cuál es la querencia del toro (o del tigre): controles de precios, nacionalizaciones, autoritarismo, confusión e ignorancia. Ni piensen que es otro, ni caigan en la trampa del chivo del rabino. Esa se las cuento otra vez.
09 Noviembre 2018 04:00:00
Demócratas y T-MEC
Son innumerables las consecuencias de las elecciones de esta semana en Estados Unidos, y cuantiosas las reflexiones al respecto. Para no ser repetitivo, y para tratar de aterrizar el asunto en lo que más afecta a los mexicanos, quisiera compartir algunas ideas sobre la nueva Cámara de Representantes en Washington y las posibilidades de aprobación del acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, el T-MEC.

En primer término, como ya lo había advertido el líder del senado, Mitch McConnell, no habrá votación por parte del Congreso saliente, es decir, en noviembre o diciembre. Este tema va a ser tratado por ambas cámaras de la nueva Legislatura, y se requerirá, como siempre, la mitad más uno de la Cámara baja y alta. En seguida, nos hallaremos ante una situación no inédita, pero poco frecuente: un Presidente republicano que le pide a una Cámara de Representantes con mayoría demócrata que apruebe un acuerdo de libre comercio. Clinton y Obama lograron la aprobación de varios acuerdos de esta índole, pero en ambos casos disponían de una mayoría de su propio partido en por lo menos la Cámara baja, que es siempre la más complicada.

En tercer lugar, un número importante de integrantes de la Cámara de Representantes son electos por primera vez. Aquí la duda sobre su actuación no proviene tanto de sus características –étnicas o políticas–, sino de su condición de novatos: sus preocupaciones preliminares probablemente sean otras que las del T-MEC o USMCA.

La incertidumbre más relevante en torno a la aprobación del acuerdo con México y Canadá emana de la actitud que asumirán los demócratas en general, y en particular los “novatos” ante Trump. En el fondo existen dos posibilidades. Pueden buscar puntos de acuerdo sobre temas de importancia análoga para ellos y para la Casa Blanca –por ejemplo, la infraestructura– y no adoptar una actitud de rechazo recalcitrante a todo lo que provenga del Ejecutivo. En mi opinión, sería un error político por parte de los demócratas. La otra posibilidad es que adopten una postura semejante a la de los republicanos durante el periodo de Obama, y que tan buenos resultados les dio: oponerse por principio a todo lo que provenga de Trump, independientemente del contenido, de la importancia histórica o de las repercusiones en distintos ámbitos de la vida nacional. Si lo que quieren los demócratas es volver a la presidencia en el 2020 me parece que esa es una posición más sensata. Pero para México significaría que todos los representantes demócratas se negarían a votar a favor del TLC, incluso tal vez impidiendo que llegara a una votación, más allá de si les parece bien o mal el contenido del mismo.

Subsisten dos dudas: una ¿cuántos republicanos estarían dispuestos a jugarse por el tratado de Trump? En teoría, todos, ya que no sólo son del mismo partido, sino que han demostrado ser acólitos o empleados del Presidente. Sin embargo, ya no impera en el ánimo de los republicanos el mismo sentimiento prolibre comercio que hace 20, 30 o 40 años. Por otro lado, muchos analistas mexicanos sostienen, con mucha razón, que si México y el Gobierno de Estados Unidos, junto con el empresariado norteamericano y mexicano, hacen la tarea de cabildeo en cada distrito demócrata importante, pueden casi obligar a los demócratas –nuevos o viejos– a que voten a favor.

El único problema con esta evaluación yace en lo novato de muchos demócratas, que todavía no tienen claro el vínculo entre su distrito y el comercio con México y Canadá; en la postura de los sindicatos y de los grupos ambientalistas que pueden ser menos partidarios de la teoría del libre comercio que otros sectores de la sociedad; y de la idea, un poco simplista, que una empresa ubicada en un distrito demócrata en el fin del mundo, pero que exporta cualquier producto a México, va a ser escuchada en automático y atendida por uno de los nuevos diputados demócratas. Puede ser que sí, pero también puede suceder lo contrario.

Afortunadamente los mercados, es decir, las personas en Nueva York y en México que se ocupan de estos asuntos, lo entienden muy poco. Por lo tanto, dentro de su ceguera e ignorancia, junto con la de una buena parte del empresariado mexicano, pueden creer que, porque ya se convino en la firma del nuevo acuerdo el 30 de noviembre en Buenos Aires, lo demás es pan comido.

Ya veremos.
07 Noviembre 2018 04:00:00
AMLO, Proceso y los demás
La portada de la revista Proceso ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. López Obrador y su círculo más cercano, en particular, han criticado la fotografía, el encabezado, y el origen de la portada. Algunos distinguidos miembros de la comentocracia respondieron con mayor o menor indignación. Por mi parte, veo dos motivos de desacuerdo con AMLO y sus seguidores, familiares o colaboradores.

Proceso ha sido estridente, incontrolable, desprovisto de cualquier lealtad política o personal desde que existe. Julio Scherer criticaba despiadadamente a todos los funcionarios, incluso quienes habían sido, y fueron de nuevo, sus amigos más allegados, de grande o desde la juventud. Es el sello de la casa. Proceso editorializa, manipula, tergiversa y distorsiona desde 1976, cuando fue creada, bajo Scherer, y en los últimos años, con Rafael Rodríguez Castañeda. A pesar de estas evidentes características, algunos preferimos seguir escribiendo allí durante mucho tiempo: en mi caso, casi quince años. Otros despotricaban contra Scherer y la revista cuando les iba mal, pero aplaudían cuando le iba mal a sus adversarios políticos o enemigos personales. Y otros más acusaban los golpes de Proceso sin mayor réplica, crítica o aplauso: solo el silencio. Pero creo que nadie podía llamarse a engaño sobre lo que era la revista.

Por eso me cuesta trabajo indignarme con la sopa de su propio chocolate que le correspondió ahora a López Obrador. Nunca él o cualquiera de sus compañeros de camino chistaron ante las obvias medias verdades, ofensas, engaños o arbitrariedades de Proceso a lo largo de los últimos veinticinco años, por elegir un plazo que los involucra. La mala leche, la impunidad y la independencia llevada al extremo de la guerra periodística generalizada, jamás provocaron un cuestionamiento, un deslinde o siquiera una duda por parte de los sectores que hoy componen la izquierda lopezobradorista. Esta vez les tocó la de perder; mala tarde, sin lágrimas. Lo cual no significa que carezcan de razón los amlovers: nada justifica la portada, vista en su conjunto. Y menos motivada por una entrevista con alguien que más allá de su prestigio jurídico, posee pocas credenciales para opinar sobre AMLO, bien o mal.

Ahora bien, existe un sofisma aterrador en la respuesta de López Obrador: tengo derecho de réplica. Como mexicano, como político, como candidato, sí. Como Presidente, en un país como México, tengo mis dudas. Ya se ha comentado el tema de la publicidad oficial. A menos de que la eliminara por completo –para nada una mala idea– o que su repartición quedará en manos de una comisión autónoma regida por criterios estrictamente comerciales, AMLO nos está pidiendo la luna. En pocas palabras, nos trata de convencer que puede escindirse en dos. Primero, el AMLO de rompe y rasga, de patín y trompón, de réplica y contra-réplica, que opina diario sobre la calidad del contenido de los medios. Segundo, el AMLO magnánimo, imparcial, despojado de cualquier prejuicio o sentimiento, que distribuirá la publicidad gubernamental sin tomar ni remotamente en cuenta todo lo que manifestó el primer AMLO. A ver quién le cree.

Lo más grave, sin embargo, no es la publicidad oficial. Tenemos el empresariado que tenemos. Lo vimos en 1975, cuando Echeverría exigió a la IP retirar los anuncios en el Excélsior de Scherer, y esta accedió. Lo intuimos en los videos del día después de las elecciones del 1 de julio. Lo comprobamos en las diversas reuniones de los empresarios contratistas con AMLO a propósito de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. ¿Alguien puede creer que los anunciantes privados, nacionales y extranjeros, van a pagar publicidad en medios abiertamente denostados por el Presidente de la República?

La mayoría de los medios impresos serios pueden vivir sin anuncios oficiales. Algunos, muy pocos, sobrevivirían sin anuncios privados. Ninguno, sin ambos. Los empresarios mexicanos, por una y mil razones, y las multinacionales en México, por otras, no van a correr el riesgo de anunciarse en medios impresos –de escasa importancia para ellos– que sean objeto de la crítica y burla, del asedio o desprecio, del primer mandatario. En Suecia tal vez. En México, no.
05 Noviembre 2018 04:04:00
Las caravanas,  ¿dónde está la izquierda?
Visto desde una perspectiva formal y superficial, las caravanas de centroamericanos, o los éxodos de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos huyendo de violencia en sus países, debiera recibir y merecer una solidaridad incondicional de la izquierda mexicana. Para empezar, porque los que marchan son gente de muy escasos recursos, mujeres, niños y jóvenes, que suscitan la simpatía y el apoyo de todos, pero en particular de las personas con una larga tradición de izquierda.

Enseguida, porque es relativamente sencillo y cierto afirmar que la fuga de cientos de miles de centroamericanos a lo largo de los últimos 30 años, y de los miles de refugiados huyendo hoy, se debe por lo menos en parte a la política de Estados Unidos en Centroamérica. O bien por las guerras civiles provocadas o financiadas por Washington, o bien por la deportación de miles de pandilleros o “maras” de Estados Unidos a sus países de origen, o bien porque durante muchos años los norteamericanos protegieron a las oligarquías locales, que se constituyeron en los principales responsables de la pobreza y la violencia en esos países, las caravanas embonan bien con el tradicional antiimperialismo de las fuerzas de izquierda en México.

Además, en algunos casos, los activistas u organizadores, sobre todo de los hondureños, provienen de una especie de izquierda de ese país, encarnada para muchos –no todos– por Manuel Zelaya, el presidente aliado del ALBA y receptor de grandes flujos de recursos de Hugo Chávez, y que fue derrocado en 2009 por los militares. Conviene recordar que la esposa del próximo canciller mexicano fue la embajadora de Zelaya en México. Debiera haber un entendimiento natural entre amplias filas de la izquierda mexicana, a punto de acceder al poder, y las columnas migrantes en el sureste del país. La izquierda mexicana ha construido una narrativa de solidaridad con sectores venidos de fuera y buscando algún tipo de refugio en México, desde la República española hasta los mismos centroamericanos en los años 80, pasando por los conosureños de los años 70. Y hoy, a diferencia de todos esos casos, esa izquierda se encuentra en el poder, o por lo menos en la antesala del mismo, con acceso a recursos cuantiosos para materializar su empatía natural por la causa de las caravanas.

Algo de todo esto ha sucedido, pero en mucho menor medida que lo esperado. Grupos de activistas mexicanos se han acercado a las caravanas y cientos de oriundos de las poblaciones por donde transitan les ofrecen agua, comida, albergues, atención médica, etc., quizás más en los primeros días que ahora. Seguramente al llegar a la Ciudad de México, distintas alcaldías de Morena harán lo mismo, y con mayor énfasis. Mario Delgado, líder de Morena en el Senado, conversó con los primeros hondureños en Tapachula. Tal vez López Obrador reciba a una delegación lunes o martes. Pero un estallido de solidaridad de izquierda con los centroamericanos, sencillamente no ha habido.

La tradicional desidia, desorganización y pasividad de esa izquierda explica en parte el fenómeno. La mezquindad, también, así como un dejo de racismo nunca ausente en México. Pero me parece que conviene ubicar la apatía de la izquierda mexicana, con sus mayorías absolutas en ambas cámaras, en el contexto de la postura de AMLO y Morena frente a Trump y Estados Unidos. Para nadie es un secreto que el Presidente estadunidense está profundamente obsesionado por las caravanas, y que no se trata únicamente de un asunto electoral. Tampoco es ciencia oculta entender que López Obrador ha decidido no entrar en ningún conflicto con Washington mientras pueda, no sólo aceptando concesiones de Peña Nieto en materia del T-MEC, sino incluso ayudando a los norteamericanos con la gente de EPN. No se necesita mucha imaginación para sospechar entonces que por lo menos en lo que a “línea” de arriba se refiere, no la hay de apoyar a los centroamericanos. No les mandan camiones, comida, agua, médicos (salvo parece la Alcaldía Gustavo A. Madero), ni senadores y diputados de Morena los acompañan en las carreteras, ni votan puntos de acuerdo en el Congreso, ni se movilizan mayormente en los medios. Hay que evitar que Trump se enoje, y si los hondureños padecen las consecuencias, ni modo.
02 Noviembre 2018 04:03:00
Trump y las pedradas
Hubiera querido dedicar este espacio hoy a los históricos fallos de la Suprema Corte de Justicia de hace un par de días, con los cuales establece jurisprudencia para el consumo de mariguana con fines recreativos. Pero el discurso de Donald Trump de ayer sobre temas migratorios, asilo, la frontera con México, etcétera, me obligan a hablar de otra cosa. Sin embargo, no quisiera dejar de felicitar a los siguientes camaradas en esta lucha, pidiendo una disculpa por si algún nombre se me queda en el tintero: Armando Santacruz, Blanca del Valle, Juan Francisco Torres Landa, Lisa Sánchez y Aram Barra de México Unido Contra la Delincuencia; Fernando Belaunzarán, Vidal Llerenas y Rosa María; Fabián y Andrés Aguinaco; Alejandro Madrazo; y los llamados “motables”: Luisa Conesa, María Elena Morera, Fernando Gómez Mont, Juan Ramón de la Fuente, Héctor Aguilar Camín, Pedro Aspe y un servidor. Todos debemos de congratularnos y festejar.

Trump amenazó con el anuncio de un cambio radical en la política norteamericana de asilo, a raíz de lo que llamó la crisis en la frontera de Estados Unidos. En realidad, no hubo tal. Repitió las mismas mentiras, las mismas exageraciones, las mismas estupideces. Habló nuevamente de la “invasión” que constituyen las caravanas en marcha hacia Estados Unidos, de los delincuentes y hombres rudos y malos que las integran, y reiteró su amenaza de que no entrarán a Estados Unidos. En el fondo, Trump no dijo nada nuevo.

Con dos excepciones. En primer lugar, advirtió que quienes ingresen a Estados Unidos serían resguardados en unas auténticas ciudades –no quiso pronunciar el término campos o campamentos– de tiendas de campaña, ya que no hay capacidad en los centros de detención tradicionales. Afirmó que allí permanecerían los días y los años que duraran sus audiencias y procesos. Dio a entender que no podrían salir de allí mientras esto se lleva a cabo, lo cual hace suponer que los campamentos de tiendas de campaña se verán rodeados de alambre de púas y de torres de vigilancia con guardias armados. Las imágenes en la televisión norteamericana y del mundo no van a ser muy halagadoras.

En segundo término, avisó que cualquier migrante, refugiado o solicitante de asilo que tire piedras o algún otro proyectil con la intención de agredir a un integrante de las autoridades estadunidenses, civil o militar, será un blanco legítimo de una represalia armada. Es decir, que le podrán disparar. En parte, esto ya ha sucedido a lo largo de los últimos decenios, en varias tragedias intolerables, pero nunca un presidente de Estados Unidos había casi dado órdenes de disparar a civiles desarmados, por agresivos que pudieran ser. De nuevo, imágenes alarmantes.

Voceros de Trump aclararon posteriormente que firmaría una orden ejecutiva con los detalles de estos y otros cambios de política de asilo hasta la semana entrante. Después de las elecciones del martes, esto podrá o no suceder. Lo que sugiere este golpe que se cebó es que Trump no pudo construir un esquema que resistiera los embates de los abogados en los tribunales norteamericanos a propósito de cambios en la política de asilo, ni mucho menos de modificar la Enmienda #14 de la Constitución que estableció el jus soli en 1868.

Pospuso todo para después o para nunca, y seguramente espera que México le siga haciendo el trabajo sucio, ahora organizando boicots de transporte público y gratuito a los marchistas de los éxodos centroamericanos, y arrestando a números crecientes de hondureños. No he visto los autobuses enviados por los diputados y senadores de Morena en Juchitán o Matías Romero listos para apoyar a las caravanas. A lo mejor están en camino.
31 Octubre 2018 04:02:00
El silencio aeroportuario de Peña Nieto
Abundan las aristas de la insólita decisión de López Obrador de enterrar el aeropuerto de Texcoco e inventar el de Santa Lucía. La obsesión nacional al respecto –no sé si del todo justificada– asegura que casi todos los aspectos de la crisis aeroportuaria hayan sido escudriñados por la comentocracia, el empresariado y la clase política. No hay mucho más que decir, salvo repetir lo mismo: una decisión equivocada de AMLO, una incapacidad de sus colaboradores de convencerlo de lo contrario, una consulta ficticia en cuanto a la sociedad mexicana se refiere –no en lo tocante a los seguidores de AMLO– y un sinfín de repercusiones de toda índole en los días y los años venideros. Me limitaré entonces a un aspecto, de menor importancia, pero curioso, de todo este sainete.

Enrique Peña Nieto dejará como legado esencial la terrible derrota del PRI en las elecciones de 2018, la entrega del poder a un candidato presidencial todo poderoso gracias en buena parte a la elección de Estado organizada por el propio Peña Nieto, unas buenas reformas que probablemente se revertirán durante el nuevo sexenio, y el recuerdo de más muertos que Calderón y una corrupción percibida como infinita. Lo único positivo y duradero que hubiera podido entregar era... Texcoco. Nunca llevaría su nombre el nuevo aeropuerto, por todas las razones expuestas, y muchas más, pero la obra la habría iniciado él, y cuando se inaugurara, de panzazo, en el sexenio de su sucesor, sería recordado como quien finalmente pudo hacer lo imposible: un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México. No era poca cosa.

Por eso me extraña sobremanera su decisión de no hacer campaña a favor de –ni de colocar al Estado al servicio de– la opción de Texcoco. Ciertamente se pronunció después de la llamada consulta en cuanto a algunos costos hundidos de la cancelación; permitió que su Secretario de Turismo hiciera proselitismo televiso; manifestó tímidamente su propia posición, pero campaña, lo que se llama campaña, nada. He escuchado tres explicaciones de este silencio o abdicación.

Una consiste en su resignación ante la propia impopularidad. Así como Peña hundió cualquier apoyo a sus reformas justamente por ser suyas, de haber hecho campaña por 500 le habría ido... peor al NAIM. ¿Como por cuánto? ¿Peor que 70% vs 30 por ciento? Me cuesta trabajo creer que el Presidente de México, por impopular que sea, no podía convencer/inducir/acarrear los quinientos mil votos de diferencia entre Texcoco y Santa Lucía. Sobre todo en el Estado de México, primer padrón del país, y hasta donde entiendo, primera entidad en materia de casillas de Morena para la consulta.

Segunda: no quería legitimar una consulta ilegal, sesgada, opaca y hecha a modo. Prefirió mantenerse alejado, y no comprometer la investidura en una farsa. Tal vez, pero entonces hubiera podido hacer campaña contra la consulta, o instruir a su Gabinete a que lo hiciera, aunque se hubiera enojado López Obrador. No me convence mucho la tesis.

Tercera y última: no le correspondía, ya de salida, entorpecer una labor prácticamente de Gobierno del nuevo presidente. La consulta tuvo lugar durante su mandato, pero involucraba una decisión del mandato de López Obrador, y Peña pensó que se hubiera tratado de una injerencia indebida de su parte. En efecto, pero sólo tuvo lugar la consulta durante su sexenio porque así lo decidió AMLO, nadie más. Era perfectamente posible posponer todo el numerito hasta diciembre o enero, incluso con una nueva legislación; la injerencia más bien fue de AMLO en el sexenio de EPN.

Me temo que la verdadera respuesta yace en el pacto de impunidad, fraguado al calor de la campaña, o desde las elecciones del Edomex en 2017, entre Peña y López Obrador. AMLO le hizo entender a su predecesor que no deseaba que interfiriera en el tema del aeropuerto; Peña aceptó la súplica/amenaza, y apechugó. Huelga decir que nada de esto me consta, pero ya entrados en dichos, me extraña que siendo araña, Peña Nieto haya permanecido callado por magras razones. Fueron de peso.
26 Octubre 2018 04:01:00
El chantaje de los mercados
Si estuviera en México, iría a votar y lo haría a favor de Texcoco. Como ya he escrito en estas páginas, no comparto la avalancha de críticas dirigidas por colegas y amigos contra la consulta per se de la 4-T, aunque debo reconocer que los organizadores de la misma parecen haber hecho todo lo posible para desacreditarla. Trabajan para el enemigo.

Pero me irrita y me desconcierta mucho uno de los principales argumentos esgrimidos, también por colegas y amigos, a favor de Texcoco y en contra de Santa Lucía/Toluca/Benito Juárez. Se puede resumir en la advertencia estridente: “Aguas con los mercados”. Una columna tras otra explica como si López Obrador opta por Santa Lucía, se espantarán “los mercados”, se debilitará el tipo de cambio, subirá la tasa de interés, se pospondrán o se suprimirán inversiones. Además de la dificultad de saber exactamente quiénes son los mercados, y adivinar cómo se comportan, creo que decisiones de la naturaleza de la del aeropuerto deben tomarse a partir de otro tipo de criterios. Una vez tomada la decisión, en efecto conviene prepararse para atender las consecuencias de la misma: financieras, políticas, diplomáticas, hasta culturales. Pero los movimientos del tipo de cambio no constituyen los mejores consejeros para estas disyuntivas.

Además de estas razones, sin embargo, existe otra, más poderosa. Hoy, se recurre a la amenaza del nerviosismo de los mercados –real o petate de muerto– para oponerse a una mala decisión: cancelar Texcoco. ¿Y qué tal si mañana los mercados se muestran rejegos con una buena decisión, por lo menos a ojos de quienes integramos la comentocracia? Hoy es muy sencillo invocar el riesgo de una reacción negativa de los mercados ante Santa Lucía, por mil razones válidas: no se cumplen compromisos de un gobierno a otro; se tira dinero a la basura; no hay claridad sobre la viabilidad y el costo de Santa Lucía, etc. ¿Y si mañana los mercados, con buenas razones, se oponen a mejores causas?

Doy dos ejemplos, para no aburrir: la caravana y la legalización de la mariguana (y del cultivo de amapola). En ambos casos, como en muchos otros a lo largo de los últimos decenios, es muy probable que si México procede de una manera que desagrade a Washington, los “mercados” rechinarán. Pensarán –suponiendo que haya un sujeto único pensante– que un conflicto entre Peña Nieto y López Obrador con Trump, al no acceder los mexicanos a la exigencia norteamericana de impedir el paso de la caravana y deportar a los hondureños o ubicarlos en el equivalente de campos de concentración, sería dañino para los negocios. Habría represalias de la Casa Blanca, y eso siempre asusta a los mercados. Más aún, si como pienso yo, eso fue parte del arreglo con Trump sobre el TLCAN.

Asimismo, si AMLO sigue adelante con la propuesta de la legalización presentada por su colaboradores, y Washington se opone y reacciona de manera virulenta (recordemos la Operación Intercepción en la frontera en 1969), los mercados pueden molestarse seriamente. Y entonces ¿qué
hacemos?

En ambos temas, el conflicto con Estados Unidos, como tantos otros en el pasado, provoca, para empezar, la histeria y el rechazo de muchos empresarios mexicanos, siempre atentos a lo que dice la embajada o el Tesoro o el Departamento de Estado. En segundo lugar, los adeptos de este tipo de decisiones suelen movilizarse poco, mientras que los adversarios sí. No es una cancha pareja, ni de poder real ni de capacidad de cabildeo o movilización. No es un buen argumento el de los mercados, aunque sea cierto. Se revierte muy fácilmente, o se vuelve contraproducente.

Pensemos en otros temas análogos. Aborto, matrimonios igualitarios con plenitud de derechos, el tren Maya (que repruebo), la amnistía para determinadas personas, la reforma energética (con la que estoy de acuerdo) incluyendo la salida a bolsa de Pemex, la ratificación del T-MEC por el Senado, y muchas más: la supuesta reacción de los mercados no debe fungir como criterio. Debe ser tomada en cuenta para blindar la decisión –cualquiera que sea– y ponerla en práctica en las mejores condiciones
posibles.
24 Octubre 2018 04:00:00
La caravana y un poco de historia
Ahora que unos 7 u 8 mil hondureños han optado por organizarse en una caravana y dirigirse a Estados Unidos, atravesando buena parte de Guatemala y de México, algunos analistas han evocado el recuerdo de los años 80. Al principio de ese decenio, miles de guatemaltecos, en buena parte indígenas del Quiché y de Huehuetenango, entraron a México huyendo de la política de tierra quemada de los militares y en particular de Efraín Ríos Montt. En un primer momento, el Ejército Mexicano llevó a cabo un “refoulement” ilegal y reprobable, pero el presidente José López Portillo, instado por su canciller, rectificó. Finalmente, casi 50 mil refugiados guatemaltecos ingresaron a México, permanecieron en campamentos en Chiapas, coadministrados por la ONU –Acnur– y el Gobierno de México –Comar– hasta 1984, cuando fueron trasladados –por la fuerza– a Campeche.

Algunos volvieron a su país después de los acuerdos de paz de 1995. Muchos se instalaron en México, adquirieron la ciudadanía mexicana, y tuvieron hijos mexicanos hoy ya mayores y magníficos ciudadanos. Tuve la oportunidad de entregarles a integrantes de ambos grupos sus certificados de nacionalidad mexicana en 2001, siendo secretario de Relaciones; unos cuantos recordaban que había sido mi padre el responsable de su llegada al país en 1981-1982. Fue un buen capítulo de nuestra historia de hospitalidad y solidaridad.

Acnur desempeñó un papel importante en esa historia, no siempre con el agrado del Gobierno de México. El próximo director de la Comisión Federal de Electricidad expulsó al representante de la ONU para refugiados en 1984. Con su tacto consabido, Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, no titubeó en declararlo persona non grata por no seguir a pie juntillas las indicaciones del Gobierno de Miguel de la Madrid. Cuando los guatemaltecos fueron reubicados a Campeche, el mismo Bartlett –acuérdate, Tatiana– mandó secuestrar y vejar a Adolfo Aguilar Zínser por protestar contra la medida.

Todo esto viene a colación por el tema de Acnur, la caravana hondureña y la postura del Gobierno de Peña Nieto/López Obrador en estos momentos y a partir de 1 de diciembre. Se enojan conmigo los partidarios de la 4-T porque les adjudico la responsabilidad de lo que ha sucedido. Se la buscaron: AMLO quiso que su gente participara en las negociaciones del TLC, que viajara por su cuenta por el mundo, que ocuparan ya cargos de facto. Para bien o para mal, todo esto ya es su asunto.

Videgaray, con buen tino, metió a Acnur en el tema de la caravana. Hasta donde pueda el alto comisionado, estoy seguro de que enviará personal y recursos materiales para albergar a los hondureños que soliciten asilo en México, que acepten ser atendidos por Acnur y una Comar venida a menos desde 2007, y que deseen permanecer en Chiapas, tal vez Oaxaca, hasta que su caso sea resuelto. En realidad, para un largo período, o para siempre. Pero existen grandes diferencias y algunas semejanzas entre los guatemaltecos de 1981-82 y los hondureños de 2018.

Ambos grupos están organizados. No de manera conspirativa –por Trump, por Zelaya, en aquella época por la guerrilla de Guatemala, pero organizados, sí. Su éxodo respondió a espantosas condiciones en su lugar de origen –el genocidio hace casi 40 años, la ciudad más violenta del mundo en San Pedro Sula hoy– y a una iniciativa de diversas organizaciones de la sociedad civil: armadas entonces, pacíficas ahora. Esto hace que las decisiones que tomen los hondureños hoy, como los guatemaltecos entonces, respondan a consideraciones de fondo, no puramente coyunturales.

Aquí comienzan las diferencias. Los de Guatemala deseaban permanecer lo más cerca posible de la frontera. Por varios motivos. Primero, para recibir a más guatemaltecos. En segundo lugar, para volver a sus pueblos cuando las condiciones lo permitieran. Tercero, porque efectivamente, constituían una retaguardia de la URNG, la organización unida de la guerrilla, comandada principalmente por Rolando Morán, gran amigo, y por Gaspar Ilom, hijo de Miguel Ángel Asturias, ambos fallecidos. Los hondureños de hoy, lo último que buscan, es asentarse en Chiapas como refugiados. Quieren llegar a Estados Unidos, o por lo menos entregar a sus niños allá, y seguir insistiendo en la frontera norte de México para entrar al país del norte, de una manera u otra. Los guatemaltecos de entonces aceptaron la hospitalidad mexicana y la atención de Acnur por esa razón; los hondureños de hoy son diferentes. Por eso dudo que funcione la idea de Videgaray de radicar a los integrantes de la caravana en campamentos de Acnur en Chiapas. Lo que es más, ya no fue.
22 Octubre 2018 04:04:00
La caravana: Cantinflas en Tapachula
A media tarde del domingo, seguimos sabiendo poco de la caravana hondureña –y en alguna medida, guatemalteca, salvadoreña e incluso nicaragüense– ahora estacionada en Tapachula. Pero sí contamos con algunos elementos, y sobre todo con muchas preguntas. Primero, los primeros.

Buena parte de los 5 a 7 mil refugiados/migrantes ya entraron a México. Algunos, con los papeles que les otorgó el Gobierno mexicano; la gran mayoría sin ellos. Ningún medio norteamericano o mexicano in situ se cree el cuento de los presidentes de Guatemala y Honduras en el sentido de que miles ya desistieron de su esfuerzo por llegar a Estados Unidos y volvieron a sus países de origen. Recorrieron los 30 kilómetros de Ciudad Hidalgo a Tapachula en paz y en calma, casi custodiados por la Policía Federal, afortunadamente desarmada.

Muchos se rehúsan a solicitar asilo en México, ni ante autoridades nacionales ni ante los escasos funcionarios de ACNUR en la zona, por temor a que sus datos sean entregados a Washington, o a que al ingresar a un albergue oficial, sean deportados. Todo indica que la gran mayoría de quienes se encuentran en Tapachula muy pronto emprenderán su marcha hacia el norte, empezando por Tuxtla, Tonalá y los puntos que los organizadores escojan. A diferencia de los refugiados guatemaltecos de los años 80 –gracias, Cecilia Soto, por recordar esos tiempos– que preferían permanecer cerca de la frontera, por diversas razones, los del siglo 21 desean alejarse lo más posible y llegar a Estados Unidos. Difícilmente aceptarán ser resguardados en albergues o campamentos de ACNUR, a menos de que se conviertan en campos de concentración de los cuales no podrán escapar.

Por ahora, la astucia del gobierno de Peña Nieto ha funcionado. Hasta estas horas, los medios norteamericanos siguen reproduciendo las imágenes de los “federales” que impidieron el ingreso de los hondureños, y felicitando a las autoridades mexicanas por su apoyo. Hasta Fox News, y en particular Hannity y Laura Ingram, lo han hecho. Han caído en el hábil engaño de Videgaray: México resiste. También se lo han tragado los morenistas: México deja entrar a los hondureños, en los hechos, a pesar de haber reprimido a unas cuantas docenas de mujeres y niños. El secretario ya conoce bien a su izquierda, y sabe que no va a dar la pelea por los hondureños: es, como dice un amigo mío que conoce como nadie a la izquierda mexicana, puro jarabe de pico.

Aquí empiezan las preguntas, y terminan los hechos. Abundan las teorías conspirativas sobre la caravana, más en México que en Estados Unidos, pero también en ese país. Unas sostienen que es producto de una maniobra de Trump y sus servicios, para no perder tantos escaños en las elecciones de noviembre. No es imposible, pero adolece de una debilidad: si alguien, por ejemplo, asesores de Obama, lo supieran, lo dirían. No tienen nada que perder. Otras teorías sugieren que se trata de una manipulación de la oposición hondureña, encabezada por el expresidente chavista Mel Zelaya, para poner en evidencia a su adversario, el presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, o para tomarla la medida a López Obrador y ver si como ronca duerme. No es imposible, pero Zelaya sigue respondiendo a los cubanos, y estos todavía no quieren colocar a AMLO entre la espada y la pared.

No sabemos tampoco –y me parece sensato que el Gobierno de México no lo ande anunciando– que van a hacer las autoridades cuando arranque la caravana, con mil o 7 mil integrantes, hacia el norte. ¿Van a frenar a los marchistas con el uso de la fuerza? ¿Los van a deportar, como se lo prometieron a Trump? ¿Los van a dejar pasar, y que se las averigüen los norteamericanos como puedan? En los hechos, junto con ACNUR, México, quizás impulsado por las autoridades estadunidenses, está poniendo en práctica un acuerdo de “Tercer País Seguro”, aunque no lo reconozca y no la haya firmado. En un mundo ideal para Peña Nieto, se trataría de que todos los integrantes de la caravana solicitaran asilo en México; unos lo recibieran y otros no; los que sí, permanecerían en campamentos en Chiapas, sin salir de ellos; los que no, serían deportados a sus países, y Washington asumiría el costo financiero. Todos contentos. Y nadie se vería obligado a defender un acuerdo formal indefendible, porque no lo habría. ¿Se prestarían Morena y López Obrador a algo tan cínico? Me canso, ganso.
19 Octubre 2018 04:02:00
La caravana hondureña de López Obrador
Las crisis políticas, económico-financieras, diplomáticas o militares no se producen cuando los hombres las desean o las esperan. Suceden con un grado de imprevisibilidad incalculable, sobre todo en un mundo “globalizado”, donde lo que afecta a unos repercute en otros.

Por lo menos desde el verano de 2014, México enfrenta el desafío de las consecuencias políticas internas en Estados Unidos de la migración centroamericana. Esta transita por territorio mexicano, llega a nuestra frontera e ingresa a Estados Unidos. Lo hace en familia, con menores no acompañados, solicitando asilo o intentando internarse a Estados Unidos sin papeles.

Muchos llegan a padecer abusos inenarrables por parte de autoridades y criminales mexicanos (a veces son lo mismo). Otros realizan la travesía resguardados por polleros sin escrúpulos salvo la ley del negocio: quedar bien con el cliente. Desde entonces, y en realidad, a partir de mediados de los años 80, cuando comienza la migración –en esa época detonada por las guerras en Centroamérica– del Triángulo del Norte a Estados Unidos,
Washington ha presionado a sucesivos gobiernos de México para que le hagan el trabajo sucio. Cada uno ha respondido a su manera: resistiéndose; accediendo, pero insistiendo que es por intereses propios; accediendo sin chistar. Hoy la crisis le toca a López Obrador.

Desde que se suspendió la postura de cero tolerancia de Trump hace tres meses y cesó la separación de las familias centroamericanas del lado norte de la frontera, se ha incrementado dramáticamente el éxodo hondureño y guatemalteco, y en menor medida salvadoreño. Septiembre fue el mes del mayor número de detenciones de centroamericanos en la frontera sur de Estados Unidos en la historia.

El volumen ha rebasado la capacidad de alojamiento, procesamiento, alimentación etc. La única solución, de nuevo, es que México haga el trabajo sucio, en la frontera sur de ser posible; si no, en la norte, al impedir allí que los centroamericanos lleguen a los puntos de cruce con Estados Unidos. Es la misma historia de siempre, pero diferente.

Por tres motivos. En primer lugar, porque las cifras son más elevadas, o por lo menos eso dicen las autoridades norteamericanas. En segundo término, porque ya se dio el nuevo TLCAN, y todo indica que, por lo menos en la mente de Trump, sí hubo un quid pro quo: acuerdo y firma en los tiempos de México a cambio de apoyo en materia de drogas y migrantes. Tercero, porque estamos en pleno periodo electoral, al igual que con Obama en el verano de 2014. Y, por último, porque se trata de ver cómo reacciona un nuevo gobierno de México, que al final del día será quien tome la decisión sobre esta caravana y todas las que sigan, nutridas o ralitas.

A eso viene a México el secretario Pompeo, y a eso ha viajado a Washington en múltiples ocasiones el nuevo secretario de Relaciones de López Obrador. Lo que no sabemos es cuál será el desenlace en estos días, y ya en diciembre. Si hubo ese quid pro quo, AMLO lo suscribió; tendrá que cumplir. Si no entendió de qué se trataba, ahora va a entender. Porque de nuevo, se trata de un tema binario, de esos que repugnan a los políticos mexicanos tradicionales. O entran los hondureños a México, o no. Los que entren, aunque se ubiquen en campos de refugiados de ACNUR, buscarán como seguir encaminándose a Estados Unidos. Y Trump sí va a verse obligado a hacer algo en su frontera, porque el tema enardece a sus
bases, y lo obsesiona a él.

¿Es casualidad la caravana hondureña ahora? ¿Puede desentenderse AMLO hasta dentro de seis semanas? Da más o menos lo mismo. Es su asunto, los centroamericanos allí están y van a seguir llegando, y Trump va a seguir exigiendo que hagamos el trabajo sucio. Uno puede esperar por lo menos que el ala izquierda de la 4-T ya esté dirigiéndose a Tapachula para recibir a los hondureños, e impedir que la Policía Federal impida su ingreso. ¿O de qué lado está la 4-T?
17 Octubre 2018 04:03:00
El discurso del método (de AMLO, no de Descartes)
A diferencia de muchos de mis colegas en la comentocracia, no me parece tan mala la idea de López Obrador de recurrir a una consulta (“whatever that means”) y a una encuesta (aún no definida) para decidir qué hacer con el nuevo aeropuerto. Los detalles –quién las pagará; el peso respectivo de cada ejercicio; el carácter vinculante de la consulta en ausencia de todos los datos pertinentes– pierden peso ante la magnitud del tema.

Sí se trata de una inversión gigantesca, probablemente muy superior a la prevista hoy y de cualquier obra pública de la historia de México. Sí compromete al país y a sus sucesivos gobiernos por un tiempo prolongado, de nuevo, en cualquiera de las opciones que se escoja. Sí será examinada con lupa la decisión por inversionistas y calificadoras como la primera señal no retórica de AMLO en materia económica, por los menos de manera indirecta. Y sí reviste una importancia simbólica para las bases radicales de Morena, desde los macheteros de Atenco hasta el ingeniero Riobóo. El asunto no es menor.

Por eso, contar con un par de instrumentos que permitan sondear el estado de la opinión tanto de los partidarios de López Obrador (en los hechos, la consulta) como de la sociedad en general (a través de la encuesta), puede resultar útil. Le sirve a AMLO ya sea para blindarse ante una determinación a favor de Texcoco, que será repudiada por sus bases, ya sea a favor de Santa Lucía, Benito Juárez y Toluca, que será fuertemente criticada por el empresariado, los llamados mercados, y buena parte de la intelectualidad. Incluso le permite lo que seguramente más le complacería: posponer las decisiones difíciles. Puede utilizar un resultado dividido –como en el box– para pedir más estudios, echar a andar los inevitables y enésimos parches de AICM y Toluca, y seguir buscando quién se haga cargo de Texcoco si no lo ha encontrado aún.

En muchos países –más bien a nivel municipal o de estados o regiones en sistemas federalistas– se recurre a una votación para optar o rechazar una obra pública. En general se utiliza la figura de un bono emitido en los mercados por la entidad, y se le consulta a la ciudadanía su disposición a pagar los intereses del mismo mediante impuestos. La participación electoral suele ser baja en estos casos, pero reveladora del estado de ánimo de la población.

El problema de López Obrador ante el aeropuerto no reside entonces, en mi opinión, en el método que ha seleccionado para resolver el dilema que él mismo creó en su campaña. Estriba más bien en privilegiar el método sobre la sustancia, es decir, la decisión misma. Al no tomar partido, muestra su habilidad política si le sale bien la maniobra, pero también su desinterés o desprecio por el fondo de los asuntos de políticas públicas. Es una abdicación de responsabilidad. Ante quienes piden, con sensatez, que se suspenda la crítica hasta que empiece a gobernar, se les puede responder que junto con la designación de su gabinete, esta es la primera decisión de gobierno del nuevo presidente. Se vuelve extraño, por no decir surrealista, que no sepamos entonces qué piensa el que tomará al final de cuentas esa decisión.

La pregunta salta a la vista: una vez que el pueblo decida ¿AMLO va a salir a explicar, defender y promover la decisión del pueblo, cualquiera que esta sea? ¿O también va dejar el asunto en manos de sus colaboradores –divididos– o del pueblo, nuevamente?
15 Octubre 2018 04:03:00
La mariguana de Canadá y de AMLO
El miércoles 17 de octubre –pasado mañana– entra en vigor en Canadá la plena legalización del uso recreativo o lúdico de la mariguana. Detalles más, detalles menos, tanto a nivel federal como en cada provincia, será legal la producción, la distribución y el consumo de cannabis. Junto con Uruguay, nuestro socio en el llamado TLCAN 2.0 se convertirá en el otro país que procedió de esa manera. Otras naciones, como Holanda y Portugal, así como regiones o estados en diversos países (California, Cataluña, Madrid) han actuado de manera análoga.

La reacción de Estados Unidos va a resultar interesante por varios motivos. En primer lugar, veremos cómo reacciona Trump en las oficinas de la ONU en Viena (UNODC), y en particular ante la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). Puede, como Obama en el caso de Uruguay, aceptar tácitamente una interpretación amplia de las convenciones internacionales que rigen el funcionamiento de la JIFE y de la UNODC.

A la inversa, la tentación de “castigar” a Justin Trudeau y a su país, a quienes ya ha demostrado que les guarda escaso cariño,  puede resultar irresistible. Algunos se preguntarán, en todo caso ¿y a nosotros, los mexicanos, qué diablos nos importa? Mucho, por varias razones. La primera proviene de la demostración palmaria del costo que pagamos los mexicanos por la absurda postura de Peña Nieto de negarse a cualquier avance en materia de legalización.

Por conservadurismo personal, por desidia, por el provincianismo que le impidió entender lo que sucedía en la región, nos quedamos muy atrás. Hoy Canadá y tres de los cuatro estados fronterizos con México de la Unión Americana autorizan el uso de la mariguana recreativa.

Nosotros no, pero seguimos mandando tropa a la sierra a quemar sembradíos; seguimos deteniendo “trailers” en las carreteras; y seguimos buscando “chapotúneles” en Tijuana, todo ello con el único propósito de cumplir con antiguos e inconfesables compromisos con Washington. Muy amigos de los socios de USMECA, pero diferentes.

La segunda razón se refiere a la actitud de Washington frente a la posibilidad de que el nuevo gobierno de México avance hacia la legalización de la mariguana y del cultivo de amapola para producción de heroína y morfina médicas. Como ya he escrito en este espacio, han proliferado en tiempos recientes los integrantes del Gobierno entrante y saliente que se han manifestado a favor. Hasta López Obrador externó una opinión si no favorable, por lo menos abierta, con las ambigüedades y los  eufemismos propios de todo político mexicano tradicional.

Pero en el conjunto de contactos que sus colaboradores han sostenido con la gente de Trump, estos seguramente han compartido con los de AMLO su punto de vista al respecto. Con Canadá ya no será secreto el contenido de esos intercambios. Ni podrá ser muy distinta la respuesta a Canadá que a México.

Sé que muchos esgrimen escepticismo, pero sí creo que se amarraron acuerdos secretos entre Peña Nieto, AMLO y Trump en varios ámbitos en torno al nuevo acuerdo comercial. Sospecho que las drogas, y la continuación de la guerra y de la estrategia que el propio AMLO ha tildado de fracaso, constituyen un capítulo fundamental de ese entendimiento. Aunque sólo fuera por eso, estoy cada día más convencido de que el nuevo régimen va a decepcionar a todos aquellos que esperan legalización, cultivo, pacificación y recambio de estrategia. No va a suceder nada de eso. En gran parte, por los compromisos con Trump.

Pero en alguna medida también por la distancia creciente entre la impresión que da el nuevo equipo de no saber lo que quiere, y los enormes retos que enfrenta. Por una gran cantidad de motivos, México ha vivido desde 1994 bajo el fuego cruzado de dos curvas invertidas.

Cada sexenio nos toca un presidente con menos mundo, o más rupestre, que el anterior. Cada sexenio, el país es más sensible a un mundo más complejo. AMLO y México en 2018 confirman ambas tendencias.
12 Octubre 2018 04:02:00
La fuerza civil de AMLO
Conforme se acerca la toma de posesión del nuevo Gobierno, las definiciones y confusiones del equipo de transición van apareciendo con mayor nitidez. Hay temas cuya trascendencia y curva de aprendizaje son tan complejas y largas, que uno esperaría mayor precisión a un mes y medio del cambio. El tema de seguridad es el más evidente.

No se necesita ser un experto en la materia para entender que la propuesta de AMLO de reclutar a 50 mil nuevos efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, es incompatible con la de Alfonso Durazo y de Carlos Urzúa, de mantener exactamente igual, o en términos reales, el presupuesto de seguridad del 2019. Es decir 0.9 del PIB, una cantidad irrisoria y mucho menor que la de varios países de América Latina. Se puede hacer lo uno o lo otro, pero es imposible hacer ambas cosas a la vez. Conviene entonces tratar de desenmarañar la contradicción.

Desde hace 15 años he sostenido que las policías municipales y estatales en México no tienen remedio, con muy contadas excepciones. Que si algún día el país quiere contar con una fuerza civil que pueda realmente brindarle a la sociedad la seguridad que demanda y que merece, sólo se puede hacer a través de una policía nacional única, con un código penal único, y borrando la diferencia entre delitos del fuero federal y del fuero común, y eliminando los contingentes por municipio y por estado. Han pasado 15 años y no ha habido absolutamente ninguna mejora en la competencia, probidad, formación o salarios de los policías municipales y estatales, Una policía nacional única cuesta más y debería tener, por lo menos, entre 300 y 350 mil efectivos.

A su manera lo entendieron Zedillo, Fox y Calderón, pero al segundo el secretario de Hacienda le prohibió aumentar el número de integrantes de la entonces Policía Federal Preventiva, creada por Zedillo; y Calderón sí triplicó sus dimensiones, pero lo hizo dejándola en manos de un personaje no sólo siniestro sino corrupto e incompetente, de nombre Genaro García Luna. Peña Nieto le entrega a López Obrador una policía federal grosso modo del mismo tamaño que recibió de Calderón. La famosa gendarmería, o la ampliación de la PF, nunca se dio más que en cantidades mínimas.

Cuando López Obrador propone “reclutar” (es el término que él usó) a 50 mil jóvenes para expandir las filas del Ejército, la Marina y la PF, tiene toda la razón.

Pero tendría que presentarnos pronto respuestas a varias preguntas. En primer lugar, ¿cuánto tiempo va a durar la formación de dichos policías? ¿los seis meses que, en teoría, recibieron los reclutas de Calderón? ¿Tres meses como sucede en muchas entidades federativas? ¿Un año que parece ser el mínimo razonable para realmente poder cerciorarse de que los nuevos efectivos son competentes, honestos y
sobrevivientes? En segundo lugar ¿Quién los va a formar? ¿El Ejército? ¿La Marina? (¿quizás con mayor capacidad profesional que sus homólogos vestidos de verde?) ¿Algún gobierno extranjero que mande un número importante de instructores a México? ¿De qué países se trata?

En tercer lugar ¿En dónde los van a formar? ¿En la Academia de San Luis Potosí? ¿En otros países? ¿Todos de una vez? ¿Escalonados a lo largo de dos, tres o seis años?

No es posible adelantar en esta propuesta –insisto: sensata e inteligente– sin respuestas. Y desde luego falta la pregunta más importante y la madre de todas las respuestas: ¿De dónde va a venir el dinero? Si el presupuesto de seguridad va a permanecer igual; si no se proyecta duplicar o triplicarlo a lo largo del sexenio que ya empieza; si no se establece un impuesto especial –como se hizo en Colombia– para financiar un gasto de verdadera emergencia; si no se le habla con la verdad a la sociedad mexicana explicándole de qué se trata, es imposible el reclutamiento de esos 50 mil jóvenes.

Porque además el costo, que algunos han estimado en hasta 25 mil millones de pesos depende de lo que se les vaya a pagar. La experiencia de la fuerza civil en Nuevo León no es necesariamente alentadora, en cuanto a que el pago, que sí fue superior al anterior y al de otros estados, de todas maneras parece no haber sido suficiente ni para atraer a oriundos de ese estado a incorporarse a ese contingente, ni para permanecer en él. Y tampoco fue suficiente la contribución puntual y especial del gran empresariado regiomontano para seguir incrementando el número de efectivos de la fuerza civil. ¿25 mil millones? Tal vez, pero a condición de que sepamos cuáles son las respuestas a todas estas preguntas.
08 Octubre 2018 04:00:00
La amapola del general Cienfuegos
Nunca he sido un gran admirador del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, ni del papel de las Fuerzas Armadas en la guerra contra las drogas. Fue un error haber lanzado al Ejército a esta guerra absurda, con el pretexto que Lázaro Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán, solicitó la intervención de los militares al presidente Felipe Calderón. Llevo más de 10 años buscando una huella directa, pública y explícita de dicha solicitud, y no la encuentro. Quizás ahora con sus nuevas responsabilidades Cárdenas Batel nos aclare el tema.

Pero Cienfuegos hizo anteayer una declaración de enorme trascendencia, aunque ya vaya de salida del cargo, al inaugurar un cuartel en Guerrero. Según Reforma y la agencia Reuters, Cienfuegos dijo: “Ya está en la mesa (la propuesta de la legalización del cultivo de la amapola para fines medicinales). Creo que puede ser una salida. Habrá que ver cómo se atendería la seguridad de los campesinos que ya no la van a vender a los delincuentes sino al Gobierno para hacer la morfina...”. Que el titular de la Sedena afirme lo que muchos hemos propuesto desde hace años es lo mejor que le he escuchado al gobierno de Peña Nieto.

No hay comparación posible entre la aceptación o apoyo del Ejército (y Cienfuegos es el jefe operativo del mismo) a la legalización del cultivo de la amapola, y la multitud de opiniones de expertos, comentócratas, expresidentes o académicos. Constituye un cambio de 180 grados en la postura pública de los militares, y de alguien que seguramente influirá en la designación de su sucesor, que no tendría por qué enarbolar una posición diferente.

Se ha explicado en varias ocasiones cómo la amapola, de la cual se derivan tanto la morfina como el opio y la heroína, puede ser cultivada legalmente, incluso dentro del régimen de Naciones Unidas y la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en Viena. Es un proceso largo y complejo, que han recorrido países como Francia y Turquía (entre muchos otros), y que encierra una opción unilateral.

En principio, si México no pretende vender la materia prima a Estados Unidos para su procesamiento y distribución a través de las grandes empresas farmacéuticas, puede producir morfina localmente y consumirla también dentro del país. Somos deficitarios en la producción de este tipo de analgésicos, además de que siempre faltan en los hospitales públicos para aliviar dolores extremos de pacientes terminales o que padecieron cirugías o accidentes graves. Hemos llegado al absurdo: exportamos heroína ilegalmente, e importamos morfina legalmente, cuando ambas provienen de la misma sustancia que se cultiva extensamente en México.

Estados Unidos ya ha aceptado interpretaciones múltiples de las Convenciones de Drogas y del mandato de la JIFE. Esto no significa, sin embargo, que Trump lo hará hoy, en plena crisis de opioides, y con México.

Por otra parte, una cosa es lo que diga Cienfuegos, insisto, ya de salida, y otra la que decide Andrés Manuel López Obrador. Varios colaboradores suyos han insinuado o, como Olga Sánchez Cordero, claramente expresado, que coinciden con la idea de la legalización de la amapola para fines médicos. Pero seguimos sin saber qué piensa AMLO, y menos aún si mantener la misma postura antidrogas fue uno de los acuerdos secretos no comerciales del USMCA, y que AMLO suscribió.

Hay que felicitar al general secretario –honor a quien honor merece– pero no hacernos ilusiones hasta el 1 de diciembre. Si AMLO abandona la guerra y legaliza, su sexenio ya en sí habrá valido la pena.
05 Octubre 2018 04:00:00
¿Es verdad la Comisión de la Verdad?
Varios próximos colaboradores de López Obrador han declarado en días, semanas y meses pasados que el nuevo gobierno creará una Comisión de la Verdad para investigar el caso de Ayotzinapa. Ahora, Loretta Ortiz, coordinadora nacional de los Foros de la Paz y la Reconstrucción, anuncia la creación de una Fiscalía para la Paz, así como un nuevo Sistema Integral para la Justicia, Verdad, Garantía de no Repetición y Reparación a las Víctimas (todo con mayúsculas).  Incluirá una Comisión de Investigación y un Tribunal Penal para la Paz (también con mayúsculas). Según Reforma, la Fiscalía “atenderá los crímenes más graves durante el próximo Gobierno federal”.

No tengo más remedio que aplaudir la Comisión de la Verdad. Luché por ello, con un éxito mediano, durante el gobierno de Fox, y junto con Agustín Basave y Santiago Creel, logré convencer a Ricardo Anaya de que incorporara la idea a su programa, sin que recibiera la prioridad o la resonancia deseables. Siempre he sido partidario del surgimiento en México de instituciones investigativas ad hoc, ya que pienso que las que tenemos no sirven de mucho para estos temas. Ni investigan, ni castigan, ni perdonan. Por lo tanto, el propósito de AMLO de seguir este camino me parece correcto y encomiable.

Tampoco me parece mal toda la parafernalia que se anuncia alrededor de la Comisión de la Verdad. De una manera u otra, todas las comisiones de esta naturaleza, en otros países y otros momentos, abarcan fiscalías o la facultad de ejercicio de la acción penal, tribunales especiales, e instrumentos de reparación del daño. Es excesivo, pero no es grave, ni empaña la idea original.

Sí la empañan dos atributos contradictorios. ¿Será solo para Ayotzinapa? ¿O también para Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Nochixtlán, etc.? ¿Abordará también la tragedia de los 40 mil desaparecidos y los 240 mil muertos de Calderón y de Peña Nieto? ¿Será solo para violaciones a derechos humanos, o también para actos de corrupción? Si, como todo lo indica, se trata de un instrumento de la llamada justicia transicional únicamente para los desaparecidos en Iguala, sin menospreciar la importancia de estos, se volverá rápidamente un engaño más, una simulación más, una mexicanada más.

Segundo dilema: cuando Loretta Ortiz dice que atenderá los “crímenes más graves durante el próximo Gobierno federal” ¿debemos entender que no mirará hacia atrás, salvo en el caso de Ayotzinapa? ¿Acaso significa que nada del pasado será investigado por estas creaciones nuevas y audaces? De ser así, los inconvenientes y las contradicciones inherentes en cualquier comisión de la verdad opacarán por completo su utilidad, que será casi nula. Si nos remitimos a las declaraciones de AMLO sobre chivos expiatorios, indultos y la necesidad de mirar solo hacia adelante, todo sugiere que así será: un vehículo sin reversa, sin retrovisores, sin memoria ni gasolina (o electricidad).

En ese caso, se tratará de una nueva oportunidad perdida, de un nuevo proceso perverso como los de Peña Nieto. Este se pintó solo en su talento para asumir buenas ideas y echarlas a perder por mil y una razones. La Comisión de la Verdad de López Obrador se acerca mucho a los desperdicios de Peña Nieto. Lástima.
03 Octubre 2018 04:02:00
USMCA: dos dudas
De acuerdo con la mayoría de los analistas, tanto en México como en Estados Unidos, el acuerdo alcanzado entre los tres países sobre un nuevo TLCAN es bueno para México. En dicha perspectiva se coteja, con bastante razón, el resultado final con cualquiera de las posibilidades contempladas hace casi dos años, cuando fue electo Trump. Este último no abandonó el TLC; Canadá no quedó fuera; muchas de las exigencias norteamericanas permanecieron en el tintero. Se trata de un logro importante para el equipo de Peña Nieto, y no tiene sentido regateárselo.

Lo cual no impide formular preguntas al respecto. Por mi parte tengo dos, no sobre el detalle del contenido del acuerdo, que iremos conociendo sobre la marcha, y que puede incluir sorpresas. Una se refiere a la posibilidad de otros acuerdos, aún no divulgados, con Estados Unidos. Otra abarca el tema de la política macroeconómica de la cual el viejo TLCAN fue a la vez el símbolo, la camisa de fuerza y la piedra de toque (Lenin).

Según El Universal, Trump declaró el lunes que “la seguridad fronteriza y la construcción del muro fue un ‘factor’ importante en la renegociación del TLCAN... Fue una gran parte, y se llegó a ciertas cosas, ciertos entendimientos. Aunque al mismo tiempo, tampoco queremos mezclar demasiado”. Expresó algo parecido el 27 de agosto, cuando se hizo público el acuerdo bilateral.

Esta parte no fue citada en otros medios, pero corresponde al audio de su declaración. Es innegable que el presidente de Estados Unidos dice cualquier cosa, presume de todo, y es perfectamente capaz de convertir un intercambio informal con Peña Nieto, o con Videgaray, en un acuerdo formal.

No obstante, surgen varios motivos para no desechar la versión de Trump. El secretario de Relaciones Exteriores, de acuerdo con versiones públicas de corresponsales mexicanos en Washington, ha viajado más de una docena de veces a la capital norteamericana desde la primavera. Las negociaciones estrictamente comerciales, en manos de la Secretaría de Economía, no ameritaban tal frecuencia. Los medios estadunidenses han publicado varios artículos sobre lo que Trump le ha pedido a México, desde un acuerdo de Tercer País Seguro en materia de migración centroamericana, hasta el ofrecimiento de 20 millones de dólares para financiar la deportación de extranjeros en territorio mexicano. En cuanto a drogas, ya vimos cómo México se sumó a un llamado aberrante, punitivo y prohibicionista del mismo Trump en la ONU la semana pasada, que contradice todo lo que ha dicho Peña desde hace meses y, sobre todo, lo que ha manifestado el equipo de López Obrador.

En segundo lugar, conviene recordar que el verdadero motivo del TLC original consistió en “blindar” la política macroeconómica de México contra retrocesos, vaivenes o francas desviaciones.

Siempre fue visto como una camisa de fuerza: para bien, según muchos; para mal, según otros, que consideraban que el acuerdo de 1994 condenaba a México a seguir un solo camino, el llamado “modelo neoliberal”. Imponía un costo exorbitante a cualquier alejamiento del esquema, y a la vez ofrecía garantías de continuidad del mismo. Así lo entendimos sus críticos de aquella época, y lo aceptamos, resignados pero realistas. Así lo denunciaron múltiples voces, sobre todo en el seno de la izquierda mexicana, o en los amplios parajes del nacionalismo revolucionario.

Hoy, la 4-T, empezando por su dirigente, López Obrador, aplaude el nuevo TLC, que desde este punto de vista es casi idéntico al anterior, a la vez que rechaza el “neo-liberalismo” imperante en México desde 1982. Sus aliados, desde Porfirio Muñoz Ledo hasta Pablo Gómez, se congratulan del acuerdo con Estados Unidos y Canadá, y simultáneamente anuncian el arranque de un nuevo modelo macroeconómico. La contradicción es evidente.

Me parece inverosímil que EPN se haya comprometido a acuerdos bilaterales en materia migratoria –mexicana y centroamericana–, de seguridad fronteriza y de la guerra contra las drogas, sin el visto bueno de AMLO. Y se antoja imposible que los equipos de este festejen un convenio igual –o menos favorable para México– a aquel que entronizó, perpetuó y consolidó un modelo de desarrollo que repudian, sin entender lo que hacen. Parece que la incongruencia les preocupa menos que el deshacerse mágicamente de un problema endemoniado. En todo caso, es el suyo.
01 Octubre 2018 04:07:00
Una más del 68
Visto que cada 10 años –o cinco, en 1993 y 1998– se presenta un nuevo aniversario cabalístico del 2 de octubre y del movimiento estudiantil de 1968, y que desde 1993 tengo algo menor que decir al respecto, reitero aquí una tesis de entonces. Tesis poco original, compartida por muchos que saben más del asunto que yo –lo vivieron; yo tenía 15 años–, y que he también expuesto en un par de libros, sobre todo en La Herencia: Una arqueología de la sucesión presidencial (1999).

Más allá de la fuente original de la tesis de los 600 o 300 caídos en Tlatelolco el 2 de octubre (Oriana Fallaci, The Guardian), se construyó durante muchos años la leyenda urbana de los centenares de muertos a manos del Ejército. Volveremos en estos días sobre el tema de la autoría y responsabilidad militar de la matanza, pero por el momento quiero insistir en la cifra de fallecidos. Fueron 68 esa tarde, y entre 81 y 89 durante todo el movimiento, incluyendo las semanas posteriores a la tarde de Tlatelolco.

Esa es la cifra a la que llegó la Fiscalía creada por Vicente Fox en 2001, y encabezada por Ignacio Carrillo Prieto. El resumen de las conclusiones de la Fiscalía fue redactado por Eduardo Valle “El Búho”, uno de los líderes del movimiento. Otro estudio, publicado en 2006, y reproducido ayer por Proceso, cuyo autora es Susana Zavala y que fue realizado con el apoyo del National Security Archive en Washington, arroja básicamente los mismos datos. Diferentes intentos previos o posteriores de arribar a resultados definitivos o bien ofrecen números menores, o bien quedaron inconclusos.

La pregunta entonces se antoja evidente: ¿Por que durante tantos años se siguió esgrimiendo un total más sangriento, más horroroso –como si 68 jóvenes muertos no fueran suficientes–? Siempre he propuesto la misma respuesta. Se debe a un hecho sencillo: al Estado mexicano –y a sus adversarios– le convino desde entonces esa contestación.

A los herederos del movimiento, porque debía tratarse de una masacre sanguinaria, desalmada, multitudinaria, que demostrara sin ambages el carácter infinitamente represor del Gobierno. Se entiende.

Por parte del Estado, la explicación es más sutil, y quizás inconsciente. Para el PRI en el gobierno, hasta el año 2000, el 2 de octubre representó una transacción política invaluable. Por un lado, la gente, es decir, la sociedad mexicana, y sus segmentos opositores al régimen, cada día mayores a partir de esa fecha, la matanza de 600 estudiantes revelaba que el Estado no tenía límites.

Había que temerlo, porque era capaz de todo para defenderse y mantenerse. Pasaron años sin otros movimientos estudiantiles –el 10 de junio fue una marcha–, y cuando reaparecieron, se circunscribían a demandas gremiales, válidas pero estrechas. Otras corrientes opositoras también se aterraron, con toda razón.

Pero al mismo tiempo, el Estado mexicano no pagó el costo de 600 muertos: pagó el de la décima parte. Díaz Ordaz lo expuso con gran inteligencia en una conferencia de prensa en la Cancillería en 1977, cuando fue nombrado embajador de México en España. A una pregunta de Alan Riding sobre su responsabilidad, contestó que no había tal número de fallecidos, que cada muerto dejaba un hueco, un familiar, un novio o novia, un amigo o amiga, que resentían la perdida. Y que los huecos no alcanzaban.

Habría que agregar: cada muerto deja una herida que parientes y amigos buscan cicatrizar, como en todo el mundo, a través de la protesta. Llevar a los culpables a la justicia; recordar los nombres de los caídos; erigir monumentos en su honor; exigir reparaciones del daño. El reclamo de 600 grupos de familiares y amigos de víctimas es más que 10 veces mayor que el de la décima parte. Es inconmensurable con el de 68. Pero no puede haber 600 conjuntos de acompañantes, si no hubo 600 víctimas.

Se dice que el Estado mexicano perdió la capacidad de utilizar el monopolio legal de la fuerza después de Tlatelolco. No sé, sobran los casos de represión desde entonces, y frente a lo que ganó con este macabro pacto faustiano, no fue mal negocio. En fin, una tesis más sobre el 68.
28 Septiembre 2018 04:02:00
Maduro, México y la Corte Penal Internacional
El miércoles pasado, seis países –cinco latinoamericanos y Canadá– anunciaron en Nueva York que presentarán una solicitud a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para que inicie una investigación preliminar sobre crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Se trata de una decisión trascendental, que rompe con una tradición latinoamericana, y con la breve historia de la CPI.

Chile, Colombia, Argentina, Perú y Paraguay pidieron a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, que iniciara la petición de estos gobiernos, a diferencia de lo que ya emprendió la CPI en febrero. Exigen que se investigue a altos funcionarios venezolanos por violaciones de derechos humanos en ese país. Aunque el proceso se prolongue durante varios años, el precedente así establecido es inédito. En la región que ha vuelto sacrosanto el principio de no intervención, y donde en los 16 años de vida de la CPI no ha abierto ningún caso latinoamericano, ahora viene este paso decisivo por parte de varios países importantes de América Latina. Es un elemento adicional en el proceso de aislamiento de Maduro y del régimen venezolano.

Brillan por su ausencia varios países. Estados Unidos obviamente no podía participar, en parte porque no es miembro de la CPI, porque Trump la ha denunciado más que Bush y Obama, incluso en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Brasil se encuentra en pleno proceso electoral, y resultaría absurdo que el Gobierno actual firmara una solicitud que el siguiente equipo gubernamental quisiera borrar en enero. La firma faltante más curiosa y reveladora es la de México.

Desde la salida de José Antonio Meade de la Cancillería, la postura mexicana hacia la crisis venezolana ha ido evolucionando en la dirección que muchos deseamos. Primero Claudia Ruiz Massieu abandonó el mezquino desprecio de Meade por la oposición a Maduro, recibiendo a Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López. A partir de enero de 2017, Luis Videgaray adoptó una postura más moderna, digna y valiente. Pronunció una serie de críticas a las violaciones de los derechos humanos y la falta de democracia en Venezuela, y luego unirse y encabezar el llamado Grupo de Lima, que solo o dentro de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha buscado una solución a la crisis en ese país y censurado las repetidas afrentas a los procesos electorales en Venezuela. Desconocieron las elecciones presidenciales de mayo, y han votado a favor de varias resoluciones en la OEA de condena al régimen venezolano.

Por eso extraña la ausencia de la firma de México. Solo veo dos explicaciones, ambas lamentables. Una es la lógica injerencia creciente del próximo Gobierno en estos menesteres. Es bien conocida la indiferencia de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard por todo lo que sucede en el mundo, y su fascinación anacrónica y plagada de ignorancia simplista por la no intervención. Es posible que AMLO y Ebrard hayan convencido a Peña Nieto y Videgaray de que ya no fastidien al compañero Maduro.

La segunda explicación podría consistir en la renuencia o franca repugnancia de Peña Nieto ante cualquier cosa que huela a CPI. Puede temer, con o sin razón, que en algún momento grupos que no lo quieren en México –y que abundan– pretendan llevarlo a La Haya por crímenes también de lesa humanidad. Se entendería, entonces, que no quisiera abrir tentaciones o legitimar un procedimiento. Conoce bien el precedente de Calderón: en 2005 y 2006, grupos adversos a él juntaron las firmas necesarias para presentar un mal caso ante la CPI, que fue rechazado. En parte lo fue por el apoyo del nuevo Gobierno –EPN– y su pacto de impunidad con Calderón.

En realidad, Peña Nieto no tiene nada que temer: de la misma manera, el pacto de impunidad entre él y AMLO seguramente le salvará el pellejo. Es una lástima que otra vez nos quedemos atrás en temas como este, pero quizás es lógico: los cinco países latinoamericanos tienen gobiernos de derecha y Canadá ya no es amigo nuestro porque Trump no quiere a Trudeau.
26 Septiembre 2018 04:07:00
De nuevo la guerra de las drogas
Resulta difícil saber si la a-dhesión de México al Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas anteayer en la ONU es más una vergüenza o una aberración. Un Gobierno que ya va de salida, como el de Peña Nieto, que ha sido objeto de innumerables ofensas por parte del principal convocante de dicho llamado –Donald Trump y Estados Unidos– y que entrega unas cuentas patéticas en materia de violencia, inseguridad y guerra contra el narco, jamás debiera haber firmado semejante aberración.

Cito solo lo que reprodujo el martes el periódico Reforma: “Reafirmamos nuestra determinación para combatir el problema mundial de las drogas en conformidad con la ley internacional, reconocemos que el problema mundial de las drogas representa retos, incluyendo nuevas drogas sintéticas, las cuales nos comprometemos a combatir y contener a través de estrategias basadas en evidencia, y reconocemos los vínculos entre las drogas y el tráfico de estas: corrupción y otras formas de crimen organizado incluyendo en algunas ocasiones terrorismo”.

Según Reforma, “los países se comprometieron a reducir la demanda de drogas, pero también el suministro de las mismas, al detener su producción ya sea a través del cultivo o fabricación y el flujo a través de las fronteras”.

En otras palabras, se trata de un documento 100% prohibicionista o “punitivista”, muy distinto a varios pronunciamientos previos de la ONU, en particular la Sesión Especial de la Asamblea General celebrada en 2016, y también a definiciones de distintos sectores del actual Gobierno mexicano y del que viene.

Si Peña Nieto pudiera decirle al país que haber seguido la política prohibicionista y coercitiva de su predecesor, Felipe Calderón, trajo buenos resultados, se entendería que se adhiriera a un llamado ciertamente conservador, anacrónico y promovido por un adversario de México. Pero las cuentas de Peña son peores que las de Calderón: más muertos, más delitos, más violencia, mayor fracaso.

¿Qué sentido tiene alinearse nuevamente con las posturas más retrógradas en materia de drogas como lo hizo ayer México? Incluso circulan versiones no confirmadas de que en una presentación ante el Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales –Comexi– el martes, el expresidente Ernesto Zedillo criticó explícitamente la adhesión del Gobierno de Peña Nieto al llamado de Trump.

Si algo nos dice la macabra tragedia de los tráileres de Guadalajara es que resulta cada vez más difícil entender qué puede ser peor que lo que ha padecido México desde hace 12 años. Hasta personas críticas de la postura de Calderón y Peña, pero prudentes o miedosas, afirman todavía que si bien esa política fue un fracaso, las cosas hubieran salido peor si se hubiera seguido el camino anterior, en particular el del sexenio de Fox. La pregunta es evidente: ¿Qué puede ser peor que “El Pozolero” de Tijuana? ¿Qué puede ser peor que los 250 cadáveres ambulantes de Guadalajara? ¿Qué puede ser peor que casi 40 mil desaparecidos? ¿Qué puede ser peor que más de 240 mil muertos en estos 12 años? ¿Qué puede ser peor que la ignominiosa imagen de México en el mundo? ¿Qué puede ser peor que las violaciones generalizadas a los derechos humanos, y sin castigo alguno para sus autores a lo largo ya de estos 12 años de esta verdadera docena trágica?

Se entiende que Peña Nieto quiera quedar bien con Trump en todo, a ver si entre el presidente de Estados Unidos y la Virgen de Guadalupe le rescatan todavía su fotografía del 30 de noviembre firmando el dizque nuevo TLC. Lo que no hemos todavía contabilizado bien es el precio del capricho de este Gobierno saliente. No hemos podido todavía realmente evaluar cuántos compromisos ha asumido Peña Nieto en estos últimos meses en materia de drogas, migración y comercio, para lograr un acuerdo que posiblemente será rechazado por el Congreso norteamericano el año que entra, y que incluye una serie de convenios o cartas paralelas que aún desconocemos. ¿Vergüenza o aberración?
24 Septiembre 2018 04:07:00
El taxista de Santiago Levy
Una de las tesis más interesantes del nuevo libro de Santiago Levy, Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México, consiste en su percepción –compartida por muchos– de que en nuestro país impera una pésima asignación de recursos. No se refiere sólo al capital, sino también a la fuerza de trabajo, y en particular a lo que podríamos nosotros denominar un rasgo decisivo del carácter nacional mexicano.

Se trata, para Levy, de la enorme dispersión de las empresas en México, donde 92% de las mismas emplean entre 1 y 5 personas. Se trata, para Levy, de la insólita propensión del mexicano a preferir trabajar por cuenta propia, o en una empresa minúscula –de ínfima productividad– a hacerlo en una fábrica, en una gran oficina, en un banco o un almacén. Se trata del caso emblemático, dice Levy, del ingeniero que maneja un taxi: no solo sobrecalificado, pero con un ingreso horario y tomando en cuenta la adversidad, menor al que podría percibir en un empleo colectivo.

No voy a insistir en las tesis de Levy: ya han sido comentadas por muchos. Su texto constituye un magnífico esfuerzo para entender por qué no crecemos, sin recurrir a las fatigadas respuestas de los defensores del modelo existente desde mediados de los años 80, o a las simplistas denuncias de sus críticos. Pero sí quisiera detenerme en el terma cultural que subyace con los argumentos de Levy.

Una parte de la explicación de esta peculiaridad mexicana (Levy ofrece estadísticas comparadas con otros países de América Latina) reside tal vez en el exacerbado individualismo mexicano que muchos hemos comentado a lo largo del último siglo. De la misma manera que el mexicano prefiere su pequeña parcela ejidal, su casa horizontal, su salida individual ante la adversidad económica mediante la migración, y se muestra renuente ante cualquier acción colectiva, también opta sistemáticamente por el empleo individual. Es cuentapropista por antonomasia. Si dispone de la alternativa, escoge la unipersonal.

En segundo lugar, existe sin duda un problema de ingreso. Si los salarios en las empresas grandes siguen siendo de miseria, optar por el taller, el changarro, la tiendita, el puesto, el taxi o la fonda es una decisión dotada de cierta racionalidad. Surge así, desde luego, una explicación en parte circular: el mexicano prefiere el empleo individual porque el colectivo paga poco, y este último paga poco porque abundan los mexicanos que podrían ocuparlos. Si uno gana lo mismo mandándose solo, sin prestaciones pero con libertades (e incluso con algunas prestaciones: Seguro Popular), que en una fábrica automotriz, sujeto a los dictados del gerente, del líder sindical, y del dueño en Tokio o Detroit, mejor el taxi.

En tercer término, quizás convenga releer el capítulo de El Capital de Marx sobre el despojo de las tierras de los campesinos ingleses y su transformación imperativa en obreros en las fábricas textiles de Manchester. Nadie en su sano juicio se mete de trabajador industrial si le queda otra, dice Marx. Los agricultores ingleses ingresaron a la revolución industrial porque perdieron sus tierras; de no haber sido el caso, allí seguirían.

La economía informal y el narco en México (y muchos otros países) hace las veces de la tierra (está ya le fue arrebatada a millones de campesinos decenios o siglo y medio atrás). El joven recién egresado de la prepa o de tercer o cuarto semestre de la carrera no se ve obligado a trabajar por una salario industrial que resultaría aún menor que los existentes. Puede emigrar a Estados Unidos, o meterse de sicario, o poner un estanquillo. En ninguno de esos trabajos le irá mejor que en la fábrica, pero prefiere eso a la disciplina de hierro de la maquinaria y la industria. Tiene quizás razón en lo individual. A nivel colectivo o nacional, imposibilita el crecimiento del país.
21 Septiembre 2018 04:07:00
Sí a las consultas populares
Hace un par de días, el periódico Milenio informó de una declaración de Andrés Manuel López Obrador de presentar una reforma a la Constitución y a la Ley Reglamentaria que establece los mecanismos de participación ciudadana, como dice él, o de iniciativas populares o referéndum. No suelo estar de acuerdo con él en muchas cosas y seguramente escribiré pocas columnas en las que manifieste mi convergencia con una de sus tesis. Esta es una de ellas.

Siempre me ha parecido aberrante que el conjunto de disposiciones legislativas, tanto constitucionales como reglamentarias, aprobadas en 2013 y 2014 en materia de referéndum o consultas populares corresponden perfectamente al clásico esquema mexicano. Al igual que las candidaturas independientes, se redactaron y se votaron en el Congreso para poder decir que ya existían estas leyes sin que en realidad fueran aplicables. Se estableció una serie de restricciones, desde lo absurdo –solo puede celebrarse una consulta ciudadana cuando coincida con una elección federal– hasta otras que encierran ciertos méritos, pero solo después de que hay una plena libertad en esta materia. A tal grado se establecieron límites al ejercicio de este derecho democrático que al día de hoy no ha habido una sola consulta ciudadana o referéndum, plebiscito o iniciativa popular sometida a la decisión de todos los mexicanos, de acuerdo con las leyes aprobadas en esos años.

Huelga decir que no comparto la diferencia que establece López Obrador entre democracia representativa y participativa. Eso suena a Chávez y a Cuba y no es lo mío. Pero siempre he pensado que en un sistema presidencial, pero más aún en un sistema híbrido, el referéndum es un instrumento democrático fundamental. Entiendo que se puede abusar de él o, sin caer en el abuso, arroje resultados paradójicos o incluso contrarios al interés nacional: el caso de Brexit es el más evidente en tiempos recientes. A pesar de ello, hay grandes temas nacionales en cualquier país, en cualquier democracia que deben ser resueltos por referéndum, con un simple sí o no. Prefiero, a la inversa de lo que sucede en México, que se pueda utilizar esta disposición para temas constitucionales.

En distintos países se utiliza el referéndum para varios tipos de decisiones. A quienes creen, con razón, que David Cameron cometió un error enorme al llevar el tema de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea a referéndum, conviene recordarles que así entró el Reino Unido a la Comunidad Económica Europea en 1972. Otros piensan que en California, donde se usa y se abusa de la figura del “ballot initiative” para todo tipo de asuntos, solo permanece el amargo recuerdo de cómo en los años 80, la llamada “Propuesta Número 13” redujo el impuesto predial a millones de californianos prósperos. Destruyó las escuelas públicas de ese estado. Pero conviene señalar que en 2016, el mismo instrumento fue utilizado por el actual gobernador Jerry Brown para aumentar los impuestos y destinar los consiguientes recursos a refinanciar la educación pública superior de California, la mejor de Estados Unidos.

Hay siempre errores y abusos. Quizás el mejor ejemplo de los excesos sea Suiza, que con un número relativamente pequeño de firmas permite someter a la consulta ciudadana prácticamente cualquier tema, incluyendo algunos que podrían ser violatorios de los derechos humanos. Debe haber algunas restricciones, y en prácticamente todos los países las hay. Pero en México sería muy sano que tanto ciudadanos, mediante un número determinado de firmas, como el Presidente de la República, por simple decisión, como una proporción determinada del Congreso, puedan presentarle a la ciudadanía una disyuntiva sobre la cual se pronuncie. Puede ser constitucional; puede ser incluso de naturaleza fiscal –en algunos casos, como el de California ya mencionado, o el de Colombia hace unos años, así se ha procedido–; o de cualquier tema que no violente los tratados internacionales de los cuales el país es parte, ni ciertas consideraciones de derechos humanos.

López Obrador tal vez quiera hacer todo esto por sus razones, que tienen que ver con el aeropuerto. Son las peores razones. Pero debiera recordarse también que en muchos países o ciudades se somete a consulta pública o referéndum la emisión de bonos y obligaciones para financiar grandes obras públicas. Es más una decisión fiscal que logística. Yo me opongo a la consulta sobre el aeropuerto, pero no al referéndum en general como lo propone AMLO.
19 Septiembre 2018 04:07:00
Derechos humanos
El tema de derechos humanos va adquiriendo cada día mayor pertinencia en el mundo. La reaparición o amenaza de regímenes autoritarios y represivos en América Latina; de las llamadas democracias “no liberales” en Europa (Hungría y Polonia) o de sectores derechistas antiinmigrantes (Suecia, Alemania, Italia); de dictaduras más o menos disimuladas y con mayor injerencia fuera de sus fronteras (Rusia) y la claudicación de los baluartes de la (relativa) defensa reciente de dichos derechos (Estados Unidos, Canadá, Francia), hacen que el panorama en la materia resulte desolador.

En México, nos encontramos en una situación inédita. Desde finales de 2006, han muerto aproximadamente 240 mil personas, y han desaparecido 40 mil. La inmensa mayoría de estos casos sigue sin resolverse. No sabemos cómo, dónde, cuándo y porqué murieron o desaparecieron. Ya ni hablemos de castigar a los culpables, cualesquiera que hayan sido: sicarios, narcos, militares o policías.

Es cierto que parte de la hecatombe es inercial y no les pertenece a Calderón o Peña Nieto. El promedio de homicidios dolosos por 100 mil habitantes de esta verdadera decena trágica ha sido de 20; sin guerra optativa, hubieran sido 8; la diferencia, digamos 120 mil muertos, sí es de los dos presidentes. Hay muy pocos países en el mundo donde en tiempos recientes se ha producido una carnicería semejante sin saber, ni castigar.

Nadie sabe bien a bien qué hacer al respecto. Comisiones de la verdad, justicia transicional, voluntad de saber, investigación internacional: todas son buenas opciones, ninguna es suficiente en sí misma, y todas son dolorosas.

Lo que resulta imposible es perdonar a la enorme cantidad de asesinos de la diferencia mencionada y de los desaparecidos sin que los familiares de las víctimas se enfurezcan, sin que los organismos externos se indignen, sin que la sociedad mexicana deje de resignarse ante la impunidad rampante que impera en este país. Eso, no se va a poder. ¿Entonces?
17 Septiembre 2018 04:07:00
Los diplomáticos ganarán menos ... a menos de que ganen igual
Es muy difícil discernir con precisión lo que sucede en la Cámara de Diputados. Se aprueban exhortos y puntos de acuerdo que no significan nada, pero que los medios transforman en hechos incontrovertibles. Se votan leyes congeladas durante años, acompañadas por discursos incendiarios de sus autores, que los medios transforman en artículos de la ley, para después rectificar sus afirmaciones y descubrir otros artículos que contradicen lo primero. En un mundo ideal, podríamos esperar a que todo terminara de transcurrir antes de especular o comentar las consecuencias de este caótico frenesí legislativo. Pero en ese caso, cualquier opinión sería a toro pasado, y más inútil incluso que intervenciones como esta.

El jueves pasado la Cámara baja aprobó una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que había sido presentada en 2011 y permaneció en la llamada congeladora desde entonces. De acuerdo con las versiones periodísticas del texto legislativo, el tope máximo de salario, para todos los servidores públicos, de todos los poderes, e incluyendo entes autónomos o paraestatales, sería el sueldo del presidente, es decir 108 mil pesos al mes. Entiendo que se trata de una suma después de impuestos, esto, es, neto. La cifra equivale a un poco más de 5 mil dólares mensuales. Aquí comienzan los problemas. Me limitaré a un caso, que conozco bien y que es ilustrativo, aunque no representativo, de los demás, y de las complicaciones que entraña el método actual de Morena.

La mayoría de los miembros del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y de los funcionarios locales o de llamado Artículo 7 en las embajadas, consulados y representaciones de México ante organismos internacionales o regionales, reciben sueldos correctos, no muy distintos, tomando en cuenta diferencias regionales, de paridad, de funciones, etc, que otros países. Hay pocos jefes de misión que ganen menos de 5 mil dólares al mes; muchos se benefician de ayudas de renta o de escuela para sus hijos menores de edad. No queda clara en la nueva ley si esas prestaciones, así como el seguro médico privado indispensable para ellos (no pueden tratarse en el ISSSTE estando en Turquía, porque no hay clínicas del mismo en ese u otros países), van a desaparecer.

De modo que si se aplicara la nueva legislación a los representantes de México en el exterior, una gran proporción padecería una reducción importante de su ingreso, sin poder fácilmente compensarla con una disminución concomitante de sus gastos. Pablo Gómez, el autor y promotor de la ley desde 2011, parece haber declarado en tribuna, expresamente, que sí se aplicará a los diplomáticos. Pero quién sabe, como veremos.

Ahora bien, las remuneraciones de los funcionarios acreditados en embajadas, consulados y misiones permanentes se encuentran sujetas a las leyes mexicanas. Pero las de los empleados locales –traductores, secretarias, choferes, personal de servicio- no. Estas remuneraciones se hallan bajo la jurisdicción de las leyes del país en cuestión: Honduras o Suiza, Etiopía o Japón, Vietnam o Londres. No sólo no pueden ser modificadas dichas remuneraciones, sino que en muchos casos, como en México, existen pisos o mínimos. En otras palabras, en muchos países caros o con ingresos medianamente elevados, con la nueva ley mexicana, el chofer ganará más que el embajador; la empleada doméstica ganará más que el jefe de cancillería; la secretaria ganará más que el agregado cultural. ¿Eso quiere Morena?

Dicho esto, algunos medios publicaron el martes que la ley aprobada contiene un Artículo 6, que prevé que “funcionarios técnicos calificados, especialistas o quienes desempeñan un trabajo de alta especialización en algún ordenamiento jurídico” podrán ganar más que el presidente: hasta 150% del salario del primer mandatario. En buen mexicano, todos podrán percibir el ingreso mayor, si alguien (¿quien será?) así lo decide. El ejemplo que daba Reforma fue el director de Cancerología, pero también podría ser el embajador ante la Unesco o el cónsul en Amarillo, Texas.

Afortunadamente, la 4-T tiene lugar en México, y será resuelta por mexicanos. Por tanto, siempre habrá cómo darle vuelta a la ley, en este caso a una ley absurda, motivada por buenas intenciones de parte de legisladores confusos e ignorantes. Y de un presidente que rehúye cada vez más a cualquier enfrentamiento.
14 Septiembre 2018 04:07:00
El trabajo sucio… pagado
Desde hace varios meses la prensa norteamericana, y en mucho menor medida la mexicana, informó de la intención del Gobierno de Estados Unidos de imponerle a México lo que en materia migratoria se llama un Acuerdo de Tercer país Seguro.

Como ya se mencionó en estas páginas hace algún tiempo, eso significa que nacionales de terceros países ubicados en México y que desean llegar a Estados Unidos para solicitar asilo deben hacerlo en México, para permanecer en México, ya que Estados Unidos considera que nuestro país es tan seguro como el suyo.

El ejemplo que se suele utilizar en tiempos recientes es el acuerdo entre Austria y Alemania: los sirios en Austria no pueden llegar a Alemania a solicitar asilo, aunque ese sea su destino preferido, sino que deben solicitarlo en Austria ya que ese es un país tan seguro como Alemania.

Cuando se hicieron públicas las discusiones y negociaciones al respecto, el Gobierno de México negó que hubiera tal intención. Le comunicó a las autoridades estadunidenses que no firmaría ningún acuerdo de este tipo y llegó a definirlo como un tema aspiracional que a lo largo de los años quizás se podía ir contemplando.

Hasta ahí parecía haber quedado la cosa. Sin embargo, desde el primer momento, entre varias objeciones que surgieron en Estados Unidos y en México a propósito de este asunto, figuró el costo. Que los centroamericanos con intención de llegar a Estados Unidos a pedir asilo lo solicitaran en México, y que México coadyuvara a disuadirlos de llegar a la frontera entre ambos países, implicaba un costo significativo para México.

En primer lugar, el costo de que recibieran asilo y que durante un tiempo fueran asistidos por las autoridades mexicanas o por ACNUR. En segundo lugar, el de procesar las solicitudes, afirmativa o negativamente. Y, en tercer lugar, el de la deportación al sur del Suchiate para aquellos cuya solicitud fuera denegada: probablemente la mayoría.

Entonces, el gobierno de Estados Unidos respondió: En efecto hay un costo, pero nosotros lo asumimos. Les proporcionamos las sumas necesarias para que México no tenga que incurrir en gastos adicionales por cumplirnos esta faena. En eso había quedado el asunto hasta hace un par de días.

En el ejemplar del jueves 13 de septiembre, The New York Times informó que el presidente Trump había decidido desviar 20 millones de dólares del presupuesto aprobado para temas anticorrupción, antidelincuencia y antidrogas en ciertas comunidades norteamericanas, al pago para costear la deportación de 17 mil centroamericanos en México.

La gran parte de esos recursos se destinarían al pago de boletos de avión y/o autobús para llegar a cualquiera de los países del triángulo del norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). México, como dijo Ali Noorani -director del National Immigration Forum- recibiría ahora dinero para hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos. La embajada de México en Washington no respondió a llamadas de The New York Times al respecto.

Es cierto que en el pasado hemos recibido fondos de Estados Unidos para atender estos asuntos. Sucedió en una muy pequeña medida en los años 80 y, sobre todo, en 2014 cuando Peña Nieto accedió a la solicitud urgente de Obama de resolverle la crisis de los niños migrantes no acompañados que por decenas de miles llegaban a la frontera de México con Estados Unidos. Pero, en primer lugar, se trataba de Obama. En segundo lugar, duró poco el programa. Y, en tercer lugar, no se terminó de hacer público.

En cambio, esta vez, por una u otra razón, se trata de Trump, de un programa que puede tener una duración indefinida, y se hizo público muy rápidamente. ¿Qué demonios está pensando el Gobierno de Peña Nieto al aceptar recursos de esta naturaleza procedentes de Trump para ese propósito a menos de tres meses de dejar el poder? ¿Y qué piensan los nuevos encargados de estos asuntos por parte de López Obrador? ¿Lo saben? ¿Lo aprueban? ¿Lo van a defender en público?
12 Septiembre 2018 04:05:00
Venezuela y Nicaragua: dos retos de arranque para AMLO
Los dos principales retos de política exterior ajenos a Estados Unidos que deberá enfrenar el próximo gobierno son los casos de Venezuela y Nicaragua. Obvio que la relación con Washington será, como siempre, la más importante. Huelga decir que los desafíos con Estados Unidos –desde la ratificación del nuevo TLC hasta las deportaciones en pleno auge, el muro que no desaparece, y la guerra contra el narco– dominarán la agenda. Pero el tema de estos dos países latinoamericanos encerrará una importancia –desde ahora y de manera creciente– que pocos hubieran imaginado hace uno o dos años.

Ambos casos revisten una importancia tanto interna como externa para México. De los dos países, por razones parecidas, huyen miles de personas: más de un millón, quizás dos, de Venezuela; miles, desde Nicaragua, de acuerdo con la nueva Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Muchos de ellos –desde luego no todos, ni siquiera la mayoría– llegan a parajes mexicanos. La primera decisión que deberá tomar el nuevo gobierno es si resuelve darles el beneficio de la duda, en otras palabras, que poseen colectivamente un bien fundado temor por sus vidas y pueden permanecer en territorio mexicano mientras su expediente individual sea revisado. No se trata de un asunto menor.

En los años 80 México permitió la entrada de decenas de miles de guatemaltecos y salvadoreños huyendo de las dictaduras y las guerras en esos países. Aceptar la entrada de unos, acelera la llegada de otros. Sería ignominioso prohibir dicha entrada sólo porque los integrantes del nuevo gobierno mexicano guardan gran simpatía por los regímenes de Nicaragua y Venezuela: represores, corruptos y autoritarios.

Pero el reto no es principalmente interno. La situación en ambos países, y sus efectos regionales e internacionales, chocan directamente con los mantras de política exterior de López Obrador, repetidas incansablemente sin saber qué significan. Si nos atenemos a sus llamados principios de no intervención, etc. (el otro, después del fin de la descolonización ni siquiera es digno de mencionarse), no habríamos roto relaciones diplomáticas con Somoza en 1979; no habríamos censurado a la dictadura de Pinochet –cuyo golpe de Estado recordamos ayer, como cada año– en repetidas ocasiones; no nos habríamos manifestado por una solución negociada a la guerra en El Salvador, en compañía del gobierno socialista de Francia, como en 1981.

Si nos hacemos de la vista gorda ante las violaciones generalizadas a los derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua, por afinidad con esos gobiernos, disfrazando nuestra indiferencia bajo el manto de los fatigados principios, invitaremos a un bien merecido reclamo de buena parte de la comunidad internacional. ¿Ustedes se oponen a las violaciones a los derechos humanos sólo en países cuyos regímenes desaprueban? ¿O en ningún país les importa? ¿Y en México? ¿Es tan sencillo separar la situación mexicana de la de otros países?

En segundo lugar, se debe reflexionar si de la noche a la mañana conviene abandonar a una serie de países (el Grupo de Lima, en lo tocante a Venezuela, el Grupo de Amigos de la OEA, sobre Nicaragua) con los que hemos trabajado desde hace más de un año. Es cierto que para eso son las elecciones. De la misma manera que Fox cambió radicalmente la política exterior de México en el 2000, porque ganó y advirtió que lo iba a hacer, AMLO tiene todo el derecho de volver al pasado y olvidarse de compromisos regionales, de sustancia y de modernidad. Más aún, al abdicar cada día más de cada una de sus promesas de campaña, cumplir las de solidaridad y cercanía con los gobiernos de “izquierda” en América Latina puede agradar a sus bases, que tal vez no vean con buenos ojos sus otras rectificaciones.

Nunca resulta buena idea hacer depender las posiciones que se adoptan en política exterior del logro inmediato de objetivos. México debe manifestarse, en distintos foros, sobre lo que acontece en Venezuela y en Nicaragua. Si eso es conducente a una salida aceptable a ambos conflictos, enhorabuena. Si no, ni modo. Pero el silencio en aras de la supuesta eficacia es como aquel escritor de enorme talento que nunca se pronunció sobre otra dictadura, porque prefería dedicarse a obtener la liberación de presos políticos encarcelados por esa dictadura. ¿Alguien le encomendó esa tarea? ¿El espíritu santo?
10 Septiembre 2018 04:04:00
El TLC y el chiste del albañil
Seguimos en ascuas en materia de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y en su caso con Canadá. Por ahora quedan pocas opciones: especular (lo mejor); creerle al Gobierno de Peña/Obrador (difícil); esperar (aburrido); o remitirnos a algunas evaluaciones preliminares hasta cierto punto objetivas, a algunas preguntas hasta cierto punto pertinentes, o alguna combinación de lo anterior.

Empezando por las evaluaciones, va una primera, inicial y tentativa del número de esta semana de The Economist: “Para México sin embargo, la incertidumbre se acerca a su fin para el alivio de inversionistas y del Gobierno. Las concesiones otorgadas por sus negociadores no se ven tan malas comparadas con las demandas excesivas con las que empezó Trump. El presidente Enrique Pena Nieto buscó desesperadamente un último logro de su desafortunada gestión... Sin embargo, la prisa de México para llegar a un acuerdo, casi seguramente debilitó su posición en la mesa de negociaciones y contribuyó al aislamiento de Canadá. Durante el verano México abandonó su rechazo anterior a pláticas bilaterales con Estados Unidos. Juró que evitaría temas que le importaban mucho a Canadá. No lo hizo, y concedió mucho más de lo que Canadá tenía planeado... Buena parte de lo que se agrega al Nafta revisado será peor para México que la versión original. Sus negociadores aceptaron muchas demandas norteamericanas sin obtener claras negociaciones a cambio. Los puntos sobre los cuales México canta victoria, no son mejoras sino más bien el abandono de las demandas más absurdas de Trump”.

Las preguntas involucran el tema de Canadá (en mi opinión, se sumará al arreglo, pero demorándose más de lo anunciado, y con modificaciones), y los acuerdos paralelos entre México y Estados Unidos. La especulación versa sobre la fecha de la firma (antes o después del 30 de noviembre) y a propósito de la ratificación del convenio por la Cámara de Representantes, y en su caso, la fecha de la misma. Canadá acabará por ceder porque a pesar de los insultos de Trump y de las dudas sobre su respeto por los acuerdos tomados, Justin Trudeau entregará poco y mantendrá lo esencial de lo que le importa: la excepción cultural y el Capítulo 19 de solución de disputas anti-dumping. Los lácteos de Quebec tal vez impidan la celebración del acuerdo antes de noviembre, pero al final, no trabarán el desenlace.

En cuanto a la fecha, mucho dependerá de la disposición de distintas instancias norteamericanas (la International Trade Commission, el Congreso, la consultoría jurídica de la Casa Blanca) de acomodar los plazos al calendario sucesorio mexicano. Los famosos 90 días son un límite, no un intervalo obligatorio, pero no queda claro que con enmiendas, acuerdos paralelos, cambios impuestos por Canadá, etc., basten los tres meses exactos.

En cuanto a los acuerdos paralelos, justamente, habrá que esperar a que el Gobierno de México los divulgue, y a escuchar la interpretación que de ellos esgrima Washington. Hasta ahora, en forma de rumores –algunos confirmados, otros no– se habla de tres. El primero, el más importante, se refiere a la industria automotriz. Varios analistas lo han descrito como un acuerdo de Voluntary Export Restraint o Restriction, donde México se compromete a no exportar más de 2.4 millones de vehículos, por 90 mil millones de dólares, al año a Estados Unidos. Las autoridades insisten en que no hay tal. Se trata únicamente de una póliza de seguro por si Trump impusiera un arancel de 25% a todos los autos importados a Estados Unidos, invocando la cláusula de seguridad nacional de la legislación comercial norteamericana. Lo sabremos con precisión pronto, o hasta que lleguemos a los 2.4 millones de vehículos exportados, probablemente en 2020 o 2021.

El segundo abarca las exportaciones de acero mexicano. La publicación Morning Trade afirmó el viernes que podría acordarse una cuota de importaciones de acero mexicano por Estados Unidos, semejante al convenio de Trump con Corea del Sur. El tercer acuerdo paralelo abordaría el tema del “enforcement” o puesta en vigor y aplicación fiscalizada de las disposiciones laborales del TLC. Estados Unidos (y Canadá, por cierto) han insistido que no basta con que México se comprometa a crear nuevas leyes o reglamentos en materia sindical, de salarios, de solución de disputas de trabajo, etc. Debe haber mecanismos vinculantes de vigilancia de que en efecto, las leyes mexicanas se cumplan. Por alguna extraña razón, los sindicatos de EU y Canadá no creen que sea el caso. La solución sería un acuerdo paralelo.

Todo esto figura en la agenda. Y como diría el albañil del clásico chiste, de para cuándo y cómo la ratificación por el Congreso de EU, mejor ni hablamos. Por México, cito de nuevo a The Economist: “El Congreso mexicano seguramente ratificará lo que le presenten, mientras esté contento el presidente”.
07 Septiembre 2018 04:06:00
La insularidad en los tiempos de la 4-T
Es lógico que un país insular e introvertido como el nuestro, en momentos durante los cuales en muchas mentes se inician transformaciones fundamentales, se mire más el ombligo que de costumbre. Es comprensible que las votaciones sobre la licencia del gobernador de Chiapas atraigan más atención y comentarios que la nueva crisis argentina; se entiende que los pleitos entre Muñoz Ledo y Fernández Noroña interesen más que la creciente desintegración del Gobierno de Estados Unidos; no debe extrañarnos que las vicisitudes de la lucha interna en el PAN provoquen mayor curiosidad que las próximas elecciones legislativas norteamericanas. La insularidad no es propia de México, y el ombliguismo es casi universal. Pero hay niveles, y ahora nos estamos pasando.

El nuevo equipo de Gobierno ha reducido su tablero de riesgos a los factores externos, y estos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. El grupo saliente le apuesta todo a una buena entrega gracias a una buena disposición, a los pactos construidos a lo largo de la campaña y al buen desenlace del TLC. Así se evitará la clásica crisis transexenal mexicana.

Mucho abona a favor de esta tesis. Algunos hemos sostenido a lo largo de los años que los descalabros finsexenales, sobre todo financieros, de 1976, 1982, 1987 y 1994-95, se debieron de manera fundamental al agotamiento sucesorio del viejo régimen. A partir de la alternancia del año 2000, desaparecieron las crisis económicas de finales de sexenio (aunque en ocasiones AMLO parezca pensar que persistieron). Todas las transiciones desde el 2000 fueron tersas (palabrita de moda) y desprovistas de quebrantos financieros. En la medida en que ya no opera el viejo dispositivo sucesorio agotado, no surgen sus consecuencias.

El problema es que el país de hoy se encuentra en una situación de mayor fragilidad –o sensibilidad, si se prefiere, en estos tiempos de renovados eufemismos– que antes. Su grado de apertura al mundo es mayor. El entorno externo es mucho más complejo y retador. Ante esto, la insularidad se vuelve aterradora. Conviene, entonces, revisar de nuevo los factores de riesgo en el mundo, que más allá del TLC, pueden dar al traste con el optimismo beato de las élites mexicanas y de sus nuevos aliados en Morena.

Los mercados emergentes van en picada, y comienzan a arrastrar a México. Si siempre nos ha costado trabajo deslindarnos de los demás, ahora, con la 4-T, la diferenciación es más ardua. El derrumbe argentino y turco, las nubes cada vez más ominosas en el paisaje brasileño, las caídas de la moneda india y, desde luego, el cuasidefault venezolano, ensombrecen el panorama para México. No es fatal el efecto, pero es peligroso.

La llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China enreda también las cosas. Cada semana, Washington anuncia nuevos aranceles contra importaciones procedentes de China, y cada vez Beijing responde con represalias simétricas. Hasta ahora la economía mundial no ha padecido los efectos de este enfrentamiento, pero se antoja improbable que un choque de esta magnitud no encierre consecuencias perniciosas para todos. Es asunto de tiempo.

Por último, la creciente crisis política y constitucional en Estados Unidos generará inevitables implicaciones negativas para México. Las revelaciones sistemáticas, consistentes, convergentes y cada día más fundamentadas sobre la absoluta incapacidad de Donald Trump de gobernar su país  constituyen una amenaza para el mundo entero, pero sobre todo para México. Los hechos denunciados por el libro de Bob Woodward, por el editorial anónimo publicado por un supuesto miembro del Gabinete de Trump en The New York Times, y por funcionarios menores de la Casa Blanca, muestran un desorden alucinante e irremediable. Asimismo, y en parte como secuela de estos mismos hechos, las encuestas sugieren una amplia victoria electoral de los demócratas en noviembre, incluyendo, tal vez, la recuperación de su mayoría en el Senado. De allí a la destitución o la renuncia de Trump, antecedidas por medidas de de-sesperación de un presidente acorralado, enfurecido e irresponsable, el camino es fácil de detectar. Reducir la complejidad de este conjunto de desafíos a porras absurdas a favor de acuerdos en principio, parciales y desfavorables en el TLC, y a lugares comunes de kínder sobre el diálogo con Estados Unidos, es otra irresponsabilidad. Pensar que con una foto de Peña Nieto, Trump y Trudeau el 29 de noviembre, por ejemplo en Buenos Aires, firmando un acuerdo en principio, se disipan todos estos nubarrones es absurdo. Se pueden incluso obscurecer más.
05 Septiembre 2018 04:03:00
México, país de ritos
Como ya se ha dicho hasta la saciedad desde hace muchos años, una de las principales características del régimen priista, y de la inercia que lo sucedió a partir del 2000 y hasta el 2012, fue el ritualismo. México es un país de ritos, el PRI es lo más mexicano que hay, y por lo tanto era lógico que el PRI sistemáticamente insistiera en el respeto a toda una serie de ritos. Esto va desde la solemnidad y los legalismos de determinadas instituciones –la Presidencia, el Congreso, la Suprema Corte, los gobiernos estatales– y hasta lo ridículo: el día del ingeniero, del albañil, del aviador, de la enfermera, del médico, el día del niño, etcétera.

Se entendía que los gobiernos priistas se empecinaran en eso y que la inclinación de todos los sectores pertenecientes al régimen en su acepción más amplia, también lo hicieran, desde finales de los años 20 hasta el dizque informe de Peña Nieto del sábado. Lo que no se entendió, o en todo caso muchos no entendimos en el 2000, fue cómo el Gobierno de la alternancia, que se proponía explícita o tácitamente construir un cambio de régimen, cayera en el mismo ritualismo.

Fox contempló, durante la transición y a principios del Gobierno, algún tipo de ruptura con todos estos ritos priistas, que son a la vez profundamente mexicanos, pero desistió de hacerlo. La discusión en su equipo de transición y en su gabinete enfrentó a quienes pensaban que había que romper no sólo con el fondo del viejo régimen, sino con su simbolismo y sus ritos justamente, y a quienes pensaban que, al contrario, convenía enfatizar el respeto del Gobierno de la alternancia por la continuidad ritual, identificando institucionalidad con ritos y con mexicanidad. Como es bien sabido, la partida la ganaron los campeones de la continuidad.

Lo extraño es que ahora la cuarta transformación, Morena, y López Obrador, están replicando con gran exactitud el comportamiento de Fox en el 2000, 2001 y 2002. Al escuchar las palabras del propio presidente electo, del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente del Senado y de otros voceros del equipo de López Obrador, se distingue fácilmente esta reverencia por los ritos, identificada con respecto, por las instituciones. No sólo no quieren generar ningún tipo de ruptura con lo que ha sucedido en el pasado, sino que al contrario, buscan subrayar su fidelidad y su pertenencia a esa ritualidad.

De la misma manera, se nota también una división entre las fuerzas de Morena. Hay a quienes les encantan los ritos: desde luego los expriistas que son los más entre las filas de Morena, pero también algunos que, aunque provengan de la izquierda quieren demostrar su institucionalidad a través de ese su apego a esta forma de hacer política y de gobernar. Otros, procedentes del activismo social, de las filas de la izquierda, o quizás de sectores un poco más sofisticados intelectual y culturalmente, se sienten ofendidos por ese respeto reverencial por los ritos y, al contrario, les genera cierta repugnancia que se insista tanto en esa visión.

Todo indica que López Obrador, al igual que Fox, ya tomó su decisión, no habrá ruptura de ritos, porque estos últimos son el equivalente de las instituciones, y las instituciones son la esencia de la mexicanidad y de la Constitución. López Obrador no va a preguntarse cuál es el origen de esa Constitución, de esas instituciones, de esos ritos, y si deben conservarse o desecharse, remitiéndolos por fin al basurero de la historia. Sí querrán recortar el gasto en lujos, prebendas, sueldos, en la burocracia, en el Congreso, en el Poder Judicial, pero no el embalaje en el que todo eso viene envuelto.

Todo parece indicar que piensan que se puede tener lo uno sin lo otro. Lo que se vio hace 18 años en el gobierno de Fox es que no es posible lograrlo.
31 Agosto 2018 04:06:00
¿Acuerdo secreto?
Recordemos que a principios de los años 80, cuando el actual negociador de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, formaba parte del equipo negociador del presidente Ronald Reagan, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Japón, y en particular con las empresas japonesas Toyota, Honda y Nissan, en el que Japón aceptara las “restricciones de exportación voluntaria” para que las exportaciones japonesas no superaran determinados niveles. Por cierto, a Estados Unidos no le salió tan bien porque esa cuota que se le impuso a Japón hizo que otros exportadores japoneses de automóviles cambiaran de exportar coches muy baratos, como era el Corolla, a automóviles más caros como el Lexus o Infinity, ya que si había un tope de número de automóviles, pues mejor exportar automóviles caros que baratos, por razones evidentes.

Durante toda la negociación del TLCAN actual, la posición mexicana y de muchos analistas que siguieron esto de cerca en Estados Unidos, en Canadá y en México fue que lo último que México podría o debía aceptar eran precisamente esas restricciones de exportación voluntarias. Esta es una postura tradicional norteamericana; amenaza o bien con aranceles o bien con restricciones cuantitativas a determinados países en cuanto a sus exportaciones, para que esos países, en lugar de verse sujetos a aranceles, voluntariamente reduzcan o limiten sus exportaciones.

Existen buenas razones para pensar que el acuerdo lateral o secreto o no divulgado inicialmente o como se le quiera llamar, entre México y Estados Unidos, a propósito de la industria automotriz, responde exactamente a los “voluntary export restraints”. Si lo que ha dicho la prensa mexicana y norteamericana es correcto, a partir del 2020 habrá un límite de 2.4 millones de vehículos exportables de México a Estados Unidos sin aranceles. Arriba de ese límite habría un arancel del 25 por ciento. Si México limita las exportaciones a ese volumen, entonces no hay aranceles y no hay ninguna consecuencia.

¿Que significan 2.4 millones de vehículos? En el 2017, fueron 1.8 millones; este año probablemente sean casi 2 millones, un incremento de 10% que es el incremento anual promedio de los últimos años, y a partir del 2019, es probable que estemos llegando a 2.2 millones, es decir a partir del 2020, lo que México exporte va a ser el tope. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ha dicho que esto es un seguro contra un posible arancel de 25% de Estados Unidos a México y a otros países, invocando el capítulo 232 del Código de Comercio de Estados Unidos que permite limitar importaciones norteamericanas por motivo de seguridad nacional. Pero eso es lo de menos.

Lo que es muy importante aquí, y esto no se ha divulgado con claridad, es que se trata de una restricción voluntaria de exportaciones. Yo, México, voy a limitar mis exportaciones de automóviles a Estados Unidos a 2.4 millones para que no me impongan un arancel. Esto significa que México está condenado los siguientes años a no poder incrementar el número de automóviles y el valor de las exportaciones de autopartes a Estados Unidos.

¿Y que pasa con Canadá? Si a Canadá se le aplicara este tope de exportación voluntaria de automóviles, estoy seguro, resultaría inaceptable para los canadienses, mientras que México lo presenta como una póliza de seguro. Y tengo la impresión de que Estados Unidos ni siquiera se propone aplicárselo a Canadá.
29 Agosto 2018 04:06:00
¿Qué hacemos con Canadá?
No es que uno quiera repetir la famosa respuesta de Zhou Enlai a André Malraux en los años 60 cuando el escritor le preguntó al Primer Ministro chino, qué opinión le merecía la revolución francesa: “es demasiado pronto para tener una opinión”. Existen ya muchos elementos informativos, así como filtraciones y opiniones a propósito del nuevo acuerdo de libre comercio entre México y Estados Unidos que deberán en los próximos días permitirnos llegar a un juicio más definitivo y categórico al respecto. Por el momento lo único seguro es, como ha dicho Leo Zuckermann, la incertidumbre, a saber, la dificultad de poder determinar desde ahora exactamente en qué acabará todo esto.

La primera incertidumbre: Canadá. Aunque tengo la impresión que las autoridades canadienses terminarán por alinearse con Washington y aceptar el ultimátum que Trump les presentó, tal vez esto no sea tan sencillo. En primer lugar porque podrán exigir algunos cambios al acuerdo al que llegaron México y Estados Unidos, y va a resultar difícil cerrarles la puerta en la cara.

En segundo término, muchos grupos de la sociedad civil canadiense –empresarios, mujeres, pueblos originarios, trabajadores industriales, agricultores de lácteos– tendrán muchas cosas que plantearle al Primer Ministro Trudeau. Si Canadá llegara a rechazar el acuerdo surgiría un problema legislativo y jurídico en Estados Unidos. Pero aún suponiendo que no sea el caso, persistirán amplias áreas de dudas en torno al posible pacto trilateral.

Segunda incertidumbre: los tiempos de Estados Unidos. Ya hemos insistido en estas páginas que la única prisa mexicana provenía de las ganas –no pasa de eso– de Peña Nieto de salir en la foto con Trump y Trudeau en su caso, el 28 de noviembre. De acuerdo con el calendario que aparentemente se ha aprobado, esto no es imposible. Pero al igual que la firma en 1992 del Tratado de Libre Comercio en San Antonio Texas por parte de los presidentes Salinas y Bush y del primer Ministro Mulroney, no significa gran cosa. Transcurrió casi un año y medio entre ese momento y cuando finalmente el TLCAN fue ratificado por la Cámara de representantes en Estados Unidos.

Lo mismo va a suceder en esta ocasión. Me siento muy cómodo vaticinando que tanto la Cámara baja como la Cámara alta no aprobarán este nuevo acuerdo antes de ser sustituidos por el nuevo poder legislativo surgido de las elecciones de medio periodo en noviembre. Mucho dependerá entonces no sólo del contenido definitivo del acuerdo que aún desconocemos, si no también de la correlación de fuerzas en ese congreso, y en particular en la Cámara de Representantes.

Tercera incertidumbre: a pesar del detalle que han proporcionado varios medios informativos de Estados Unidos y de México, seguimos sin saber a ciencia cierta cual es el contenido exacto del nuevo entendimiento, en una importante cantidad de rubros. Entre otros, destacan, la vigilancia y fiscalización de los compromisos laborales asumidos por México en materia de derechos sindicales; las compras de Gobierno; el comercio electrónico; el texto nuevo o viejo del capítulo de energía; y algunos otros focos rojos que circulan por ahí.

Determinar de antemano, sin conocer todos estos detalles, si el acuerdo es benéfico o no para México y si valió la pena tanto esfuerzo para lograr el acuerdo que se podía y no el acuerdo que se quería, es especialmente difícil.

Habrá quienes se formarán una opinión sin conocer estos detalles. Algunos preferimos esperar. Y algunos más, quizás la mayoría, se pronunciarán antes de saber cualquier cosa, porque esa es la línea que les dan.
27 Agosto 2018 04:07:00
Reflexiones del Frente
Dentro y fuera del PAN y de lo que queda del Frente se ha desatado una sana discusión sobre las ventajas e inconvenientes electorales que tuvo la alianza de los tres partidos. Subrayo el término “electorales”: en materia de la identidad de cada uno de ellos (la desconozco por completo), de estrategia hacia el futuro o destino personal de unos y otros dirigentes, me abstengo de opinar. En cambio, acepto que cualquier comparación con una alternativa hipotética o ejercicio contra-factual es en parte ilusa.

Imposible saber qué hubiera sucedido en un esquema completamente distinto: sin Frente, cada partido por su cuenta, con otr@ canddiat@ de Acción Nacional. Con estas aclaraciones, comparto con los lectores algunas reflexiones y cifras que a su vez compartieron conmigo fuentes cercanas a la dirigencia del PAN.

Los datos se pueden dividir en tres partes: el PAN como beneficiario del Frente; el PRD como beneficiario del Frente; Movimiento Ciudadano como beneficiario del Frente.

Sin coalición, Acción Nacional hubiera perdido la Gubernatura de Puebla. El 25% de los actuales diputados federales panistas, electos por mayoría, hubieran perdido sin los votos de los demás partidos de la coalición. De los dos candidatos al Senado por Querétaro sólo habría entrado uno en primera minoría, y en Quintana Roo y Tlaxcala, AN no tendría senadores.

El Frente en alianza ganó 460 municipios. De haber competido sin coalición, serían únicamente 281 municipios (179 se hubieran perdido). Existen casos emblemáticos como la capital de Querétaro. Aunque el PAN ciertamente aportó la mayoría de los votos, Morena hubiera ganado la elección si descontamos los votos aportados por el PRD y por MC.

En cuanto a los beneficios que el Frente le aportó al PRD, más de la mitad de la bancada del PRD en el Senado no hubiera entrado. Por ejemplo: Miguel Ángel Mancera entró por el PAN, no por el PRD; Juan Manuel Fósil (Tabasco, primera minoría) hubiera quedado fuera sin los votos del PAN; Antonio García Conejo (Michoacán, primera minoría) hubiera quedado fuera sin los votos del PAN.

El caso de Juan Zepeda en el Estado de México es muy interesante. Tampoco hubiera llegado al Senado por la vía normal (aunque también iba por la vía plurinominal) sin el PAN. Pero sobre todo, obtuvo muchos más votos por el emblema del PAN que a través del emblema del PRD: un millón 175 mil 93 por Acción Nacional, 599 mil 473 por el PRD. Abundan los casos en los que los candidatos postulados por el Frente obtuvieron más votos a través del PAN que a través del propio PRD. Otro ejemplo es Emilio Álvarez Icaza: votos PAN: 863 mil 478; votos PRD: 538 mil 344. En cuanto a la Cámara de diputados, el PRD ganó 9 distritos de mayoría. Sin los votos que aportaron el PAN y MC, los hubiera perdido todos, menos uno. Por lo demás, hay decenas de municipios donde hubiera sucedido lo mismo, pero uno es especialmente ilustrativo: Nezahualcóyotl. Sin los votos del PAN, Morena hubiera ganado Neza; igual con las alcaldías de Coyoacán y Venustiano Carranza sin los votos del PAN, entre muchas otras.

En el caso de Movimiento Ciudadano, existe un ejemplo de muchísimos también emblemático: para las senadurías por Jalisco, sin el Frente, el resultado hubiera sido completamente diferente. Morena hubiera ganado las dos de mayoría. Pedro Kumamoto hubiera ganado la primera minoría; es decir, ni Clemente Castañeda ni Verónica Delgadillo serían senadores.

La votación del Senado en Jalisco, desglosada por partido, es la siguiente: PAN: 448 mil 406; MC: 655 mil 954; PRD: 46 mil 614; Kumamoto: 761 mil 812; Morena: 707 mil 268.

En conclusión, sin la complementariedad de votos producto de la existencia del Frente, el resultado para los tres partidos hubiera sido mucho más adverso. Repito: en materia política, cualquier ejercicio contrafactual es temerario. Se puede objetar fácilmente que en otro escenario todo hubiera sido diferente. Tal vez. O tal vez no.
24 Agosto 2018 04:08:00
La foto del 28 de noviembre
Según todas las filtraciones oficiales y las columnas oficiosas, el 25 de agosto se cumple el plazo fatídico para concluir las negociaciones entre México, Canadá y Estados Unidos sobre el nuevo Tratado de Libre Comercio de América Latina. Es decir, mañana. Algo muy grave sucedería si no se cierran las negociaciones antes de esta fecha, algo peligroso para México y el mundo. Estamos todos en ascuas, mordiéndonos las uñas, en espera de que haya humo blanco en Washington, a más tardar al final de la semana.

Pocos se han molestado en averiguar exactamente qué sucede el 25 de agosto que revista tanta trascendencia. Propongo una hipótesis, solo eso. Desde luego que no se trata de una afirmación blindada ni fundamentada en más que especulaciones.  Va: la única razón para amarrar un acuerdo en principio –obvio no habrá un texto jurídico hasta dentro de varios meses– es para que Enrique Peña Nieto pueda aparecer en la foto entre el 28 y el 30 de noviembre firmando un documento con Donald Trump y Justin Trudeau. Digo 28 de noviembre porque Peña desea ir, con razón, al G-20 en Argentina al día siguiente, para despedirse. Es la única prisa.

De acuerdo con las leyes y los reglamentos norteamericanos, el Ejecutivo, antes de firmar un acuerdo comercial –conviene recordarlo: en Estados Unidos no es un tratado– debe cumplir con una serie de trámites. Hasta donde yo entiendo –y hay discrepancias entre gente que sabe mucho más que yo al respecto– primero, 90 días de aviso al Congreso de su intención de firmar un convenio. Segundo, también un plazo máximo –puede ser menos– para que la International Trade Commission le entregue al Congreso una opinión al respecto. Tercero, 60 días antes de la firma, divulgación del documento jurídico. Cuarto, treinta días después de la declaración de la intención de firmar, se somete una serie de informes de comités consultivos. En otras palabras, son tres meses de trámites, por lo menos, antes de que Trump pueda firmar –no ratificar– un acuerdo, incluso en principio. Existen serias divergencias en Estados Unidos sobre la legalidad de un “acuerdo en principio”, para el cual en materia comercial –no de tratados internacionales– no parecen existir antecedentes jurídicos evidentes. Este es el único plazo que se vence a finales de noviembre.

Quienes sostienen que es preferible un mal acuerdo que ninguno, lo más pronto posible, tal vez tengan razón. A condición de que el único acuerdo posible –bueno o malo- refleje la firma de Peña Nieto. ¿Cual sería el problema si se cierra la negociación el 15 de septiembre, y se firma el convenio el 20 diciembre, ya por López Obrador? De cualquier manera, no es serio pensar en una ratificación por el Congreso de EU en una “lame duck session”, es decir de una legislatura saliente a finales de diciembre. No va a suceder. Si los Demócratas alcanzan una mayoría en la Cámara baja, será muy difícil, si no es que imposible, que ratifiquen un acuerdo de Trump.

Si es cierto lo que informa el Wall Street Journal, a saber, que los representantes del gobierno entrante exigieron la supresión del capítulo de energía del TLC, no hay acuerdo inminente. Mala tarde para Peña Nieto. Pero nada más. No sé si un mal TLC, a las carreras, bien valga una foto. ¿Henry IV hubiera estado de acuerdo?  
20 Agosto 2018 04:07:00
NAICM: hablando mal del camello
No sé si me manifieste de un modo u otro en la consulta sobre el aeropuerto. Conozco muy poco de aeropuertos, menos aún de consultas, y no termino de entender qué se me va a consultar. Tampoco me queda claro si los participantes en la conferencia de prensa del viernes, es decir Andrés Manuel López Obrador y sus lugartenientes, saben mucho más que yo. Por ello, albergo varias dudas sobre mi mismo, el aeropuerto y la consulta.

Dicho esto, confieso que por primera vez, tanto Javier Jiménez Espriú como el propio AMLO, me sembraron mucho escepticismo a propósito del NAICM en Texcoco. No tanto por la corrupción: eso, de alguna manera, lo había escuchado de fuentes de cierta confiabilidad.

Me refiero a la decisión misma del gobierno de Peña Nieto de construir ese aeropuerto allí, ahora, y de esa manera. Desde 2002 he sido partidario de un nuevo aeropuerto; siempre creí que el único sitio era Texcoco, y si Norman Foster ganó el concurso con ese proyecto, ni hablar.

Ahora resulta que un equipo de gobierno que, en mi opinión, va a inclinarse por Texcoco, con o sin concesión a Slim; que es abiertamente aliado –algunos dirían cómplice– del gobierno saliente de EPN; y que no se beneficia en lo más mínimo “echándole tierra” al NAICM en su forma actual... lo critica de manera despiadada.

No se lo hubiera creído a nadie más, pero a los técnicos y gerentes de proyecto de AMLO, sí. Por una sencilla razón: ya compraron el camello, pero hablan mal del camello después de comprarlo, mucho menos de venderlo. Han de tener razón.

Hasta donde comprendí todo lo que se dijo el viernes, la opción de Texcoco, en sí misma, independientemente de Santa Lucía, fue una pésima decisión. En primer lugar, el sobrecosto va a ser enorme: casi el doble.

En segundo término, la fecha de entrega será muy posterior a lo anunciado: 2022, o 2023 por las pruebas, y muy posiblemente 2024. No me queda claro –insisto: no sé nada de todo esto– que le toque inaugurarlo a AMLO.

Tercero: el costo de mantenimiento resulta elevadísimo: 2 mil millones de dólares al año, ad perpetuam. En cuarto lugar, los riesgos para el entorno ecológico, desde el Lago Nabor Carrillo hasta las canteras de tezontle en la zona, son enormes y seguirán creciendo.

Quinto: los riesgos de un nuevo hundimiento de las pistas en caso de otro sismo como el de 2017 son significativos. Podría seguir, pero repito simplemente lo más destacado que dijeron o postearon la gente de AMLO.

La pregunta para mí entonces se modifica. No se trata de elegir entre Texcoco y Santa Lucía más Benito Juárez. Se trata de saber por qué Peña Nieto nos lanzó a una aventura demencial como esta, si lo que dicen los colaboradores de AMLO es cierto. En campaña, nunca les hubiera hecho caso. Ahora que son amigos de Peña, me veo obligado a hacerlo.

La única respuesta sensata se la escuché a un amigo que sí sabe de aeropuertos: se construyó para robar. De ser cierto, a ver si Slim lo compra. El camello, digo.
17 Agosto 2018 04:07:00
¿Cuál echeverrismo?
Una de las críticas válidas que se le hizo a parte del equipo de campaña del Frente fue que constante e inútilmente comparábamos a López Obrador con Luis Echeverría. Muy pocos mexicanos, se nos decía, saben hoy quien fue LEA, y mucho menos si fue buen o mal presidente. Es probable que el reclamo haya sido justo; solo gente de mi edad o mayor, por ejemplo recuerda al Echeverría del 68, del 10 de junio, del golpe contra el Excélsior de Julio Scherer, de los interminables discursos y viajes por el Tercer Mundo. Pero poco se discutió si la comparación era acertada o no, con independencia de su pertinencia en una campaña.

Ayer AMLO anunció la creación de SEGALMEX, Seguridad Alimentaria Mexicana, fusionando Diconsa y Liconsa, y en la visión de algunos, re-inventando la Compañía Nacional de Subsistencias Populares o CONASUPO. Esta fue creada en 1962 con el propósito de comprar, almacenar, regular y entregar granos y despensas, sobre todo maíz, a la población de menores recursos en el país. Otros no ven equivalencia entre SEGALMEX y CONASUPO, que ya eviscerada, desaparece en 1999 por decisión de Ernesto Zedillo. La nueva institución, si se limita a realizar las tareas antes encomendadas a Liconsa y Diconsa, ni se acercaría a la inmensidad de las funciones de la instancia creada por López Mateos, en la época de oro del llamado desarrollo estabilizador, que tanto admira López Obrador.

Por si las raíces echeverristas del proyecto de SEGALMEX no fueran suficientemente evidentes, AMLO recurrió a uno de sus primeros jefes para conducir el nuevo organismo. Ignacio Ovalle dirigió lo que se llamó el INI-COPLAMAR en el sexenio de López Portillo; AMLO trabajaba en la delegación del INI en Tabasco. Antes, Ovalle había sido secretario particular y privado de Echeverría en Gobernación y en la presidencia. Después lo nombró subsecretario de la presidencia, y al final del sexenio, titular del ramo. Junto con Fausto Zapata, finado; Juan José Bremer, hasta hace poco embajador de México en Cuba; y Porfirio Muñoz Ledo, quien probablemente le coloque la banda presidencial a AMLO el primero de diciembre, Ovalle fue uno de los llamados niños héroes de Echeverría.

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid fue nombrado embajador de México en Argentina. Allí recibió el apodo de Ovalle Motors, ya que compró con franquicia diplomática cinco Mercedes-Benz del modelo ultra-lujo, que guardó en el garaje de la residencia oficial mientras despachaba en Buenos Aires, hasta que los vendiera antes de regresar a México. Después de una siguiente misión diplomática en Cuba, fue “rescatado” por el gobierno de Carlos Salinas, quien lo designó director de ... CONASUPO, la institución a la que no se parece SEGALMEX... En 1991 renunció o fue renunciado de ese cargo, según algunas versiones de prensa de aquella época, debido a la entrega masiva y descarada de los llamados “tortivales” a millones de personas de escasos ingresos en las zonas marginadas del país.

¿Que van a hacer SEGALMEX y Ovalle? ¿Reconstruir la CONASUPO? ¿Lo mismo que Liconsa y Diconsa, con otro nombre? ¿Algo nuevo, más moderno, eficiente, económico y despolitizado? Empezaremos a saberlo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, que pronto deberá enviar el equipo de AMLO, junto con la Ley de Ingresos, al Congreso. Hagan sus apuestas.
15 Agosto 2018 04:07:00
TLC: ¿ya mero?
Nadie puede descartar que, en efecto, durante los próximos días, México y Estados Unidos alcancen un acuerdo sobre los puntos álgidos y pendientes de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que una vez logrado ese cierre, Canadá y Estados Unidos puedan a su vez resolver los litigios entre ellos, y se sienten los tres gobiernos para finiquitar las últimas divergencias y desembocar en el famoso apretón de manos antes de finales de mes.

Este panorama tan optimista es el que los negociadores mexicanos vienen insinuando desde hace semanas, y haciendo a un lado los detalles, desde hace un poco más de un año. De allí dos preguntas: ¿por qué han insistido tanto en una visión optimista, que ha sido desmentida sistemáticamente? ¿Por que tantos medios, columnistas, analistas y los propios mercados les siguen creyendo? Antes de intentar ofrecer algunas respuestas, conviene señalar un par de ejemplos de los pronósticos falsos sugeridos por las autoridades y los empresarios mexicanos desde finales de 2016.

Se ha vaticinado varias veces que el TLCAN 2.0 podría haberse acordado antes de las elecciones mexicanas del 1 de julio. De esa manera se evitaría que se convirtieran en un tema de campaña. Algunos señalamos que no había manera que se llegara siquiera al acuerdo en principio (whatever that means) antes de los comicios. Ya sabemos que no sucedió.

También se sostuvo, o se filtró, o se esperó, que el Senado mexicano saliente (con mayoría priista) podría ratificar el nuevo TLCAN, evitando de esa manera que un cambio radical de la correlación de fuerzas en su seno entorpeciera y postergara la aprobación. Visto que los senadores actuales se marchan a fin de mes, este vaticinio tampoco se cumplió.

La parte mexicana –y en ocasiones la estadunidense también– ha procurado siempre mostrar tramposamente la mejor cara para proteger el tipo de cambio, para generar una inercia optimista, por pensamiento mágico (al cual es muy afín el presidente Peña Nieto), y porque sabía que podía. Son los mismos motivos por los cuales hoy sostienen en sus filtraciones que se puede llegar al acuerdo en agosto; que Trump apresura los trámites legislativos y jurídicos de tal suerte que ambas cámaras del Congreso norteamericano lo aprueban en noviembre, inmediatamente después de las elecciones de medio periodo allá, en un lame duck session; que México hace lo propio a finales de noviembre o incluso a principios de diciembre, y todo el mundo queda contento. Peña Nieto, porque su equipo habrá concluido las negociaciones y se confirmará que su estrategia con Trump, desde la invitación a Los Pinos, fue la correcta. López Obrador, porque no deberá ocuparse de conflictos con Estados Unidos en esta materia, y podrá mantener su luna de miel con Washington. Y Trump, porque según esta fantasía, gracias al TLC acordado en principio desde septiembre, conducirá al Partido Republicano a la victoria en los comicios de noviembre. Esta serie de deseos piadosos ayuda a estabilizar el tipo de cambio, a no desalentar la inversión, a evitar fricciones entre los dos equipos mexicanos, y a que la comentocracia financiera nacional y extranjera permanezca feliz.

He allí parte de la respuesta a la segunda pregunta. Después de tanta previsión equivocada, Bloomberg, Trade Monitor, El Economista, este mismo diario en ocasiones, los columnistas más afines al Gobierno de Peña Nieto, por lo menos en esta materia, le creen al mismo porque quieren creer. Suelen repetir lo que el Gobierno les susurra al oído, sin hacer la tarea de investigar si las afirmaciones no citables poseen algún viso de viabilidad.

Doy como prueba una joya publicada ayer por un diario de la Ciudad de México, en primera plana y en el equivalente de ocho columnas: “Se respira un ambiente de cierre y acuerdo”, según quien encabeza el grupo empresarial que acompaña las negociaciones. Se vuelve noticia la declaración en sí misma, sin que podamos saber si otros participantes piensan lo mismo, si es verosímil la metáfora, y se ajusta a una serie de restricciones, realidades y tiempos poco flexibles. No importa: ya vamos llegando a Pénjamo.
13 Agosto 2018 04:04:00
Partidos derrotados:  comienza la introspección
Los partidos derrotados el 1 de julio arrancan ya con sus procesos de introspección, debate, en su caso autocrítica, y ajustes de cuentas. Quienes no pertenecimos nunca a ninguno de ellos nos interesa el proceso, pero no nos incumbe directamente. En el caso del PRI, no sólo no me afectan las deliberaciones del mismo, sino que me parecen hasta cierto punto ociosas. Mientras no puedan los priistas responsabilizar a Peña Nieto de su debacle, nada de lo que digan o piensen resultará pertinente. Tratándose del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, la situación es diferente.

Entiendo que debe haber varias interrogantes que los tres partidos puedan formularse a propósito de su desempeño en esta sucesión presidencial, partiendo de que, detalles más, detalles menos, los resultados no fueron los esperados. En primer lugar, si la estrategia del Frente fue la adecuada.

Todo indica que la respuesta se antoja afirmativa: ante el tsunami de López Obrador, ninguno de los tres por su cuenta, con la posible excepción de MC, hubiera alcanzado incluso los mediocres números del 1 de julio. Fue una idea original, audaz, responsable, que no funcionó. No por la idea, sino por la ejecución.

Segunda pregunta: ¿qué pudo haber hecho cada integrante del Frente para que una buena idea prosperara? Las responsabilidades son proporcionales a las dimensiones de cada componente de la alianza. Aunque la discusión es pertinente para las tres fuerzas, la respuesta del PAN y del PRD rebasa en importancia a la de MC. Por lo que he leído de las reflexiones internas de ambas organizaciones, concluyo, por ahora, que se puede dividir la contestación en dos partes. La primera: haber actuado de otra manera durante el sexenio de EPN; la segunda: un enfoque distinto durante los meses finales de la campaña real.

En el primer punto, ya varios dirigentes del PAN y del PRD han iniciado una discusión interesante. Para resumir: la firma del Pacto por México, además de apresurada y sigilosa, dañó mucho a sus autores por lo que siguió: la casa blanca y Ayotzinapa.

Aún suponiendo que fue una buena idea apoyar las llamadas reformas estructurales, y pedir poco a cambio (sobre todo el PAN), el proceso fue en buena medida impresentable. Pero ante todo, ni el PRD ni el PAN entendieron a tiempo –yo tampoco, pero no importa, aunque en el caso del PRD y la Casa blanca, tal vez vi las cosas oportunamente– que resultaba indispensable romper con el Gobierno a partir de ambos acontecimientos.

En lugar de utilizarlos como armas termonucleares contra EPN, ambos partidos terminaron cargando el lastre del régimen, innecesariamente. Cuatro años después, no fue creíble, a ojos del electorado, su propuesta de alternativa verdadera, aunque la otra, que sí fue creíble, hoy en varios aspectos, dejó de existir.

A partir del otoño de 2014, cualquier postura que no fuera de oposición tajante, radical y constante, empalidecería ante el desastre del régimen y la intransigencia de AMLO. Los votantes cobraron la indecisión en las urnas.

Segunda reflexión: aunque parte del PAN considera que la organización se desdibujó durante la campaña, y fue demasiado “frentista”, otros desde fuera pensamos que no fue lo suficiente. Aún atendiendo a las sensibilidades panistas, y de la fuerza muy superior de Acción Nacional –terminó por superar a los otros dos grupos cuatro y cinco a uno– sin Frente, no había alternativa viable a Peña y al PRI.

La ruptura con la idea –y en parte la realidad– del PRIAN, no residía en los supuestos valores trasnochados del PAN, si no en el Frente: una coalición de partidos, organizaciones y personalidades de la sociedad civil, con ideas diferentes a las de cada uno de sus integrantes, con propuestas de políticas y personas distintas.

Por múltiples razones, que ya habrá tiempo de exponer y analizar, el Frente no se “desempanizó”; el PRD y MC no pudieron/supieron/quisieron imponerse como iguales; y el activismo de la sociedad civil, una vez más, prefirió la crítica –en ocasiones fundada– al apoyo y la incorporación –en ocasiones con las narices
tapadas.
10 Agosto 2018 04:07:00
Elba
Para quienes desde el primer día dudamos del fundamento jurídico de la detención de Elba Esther Gordillo en 2013, su puesta en libertad definitiva por un juez constituye una reivindicación. En mi caso, siempre traté de separar mis afectos personales, mis críticas amistosas a su manera de hacer política, y la valoración del caso judicial en su contra.

Desde hace casi 30 años, la considero mi amiga, con los altos y bajos que toda amistad tan longeva entraña; desde entonces también, tanto en público como en privado, he intentado compartirle mis dudas sobre distintos momentos de su actuación política, en el sentido más amplio de la palabra; y nunca vacilé en cuestionar las motivaciones y los procedimientos del Gobierno de Peña Nieto para encarcelarla durante cinco años. Si su puesta en libertad se debe o no a un arreglo entre Peña Nieto y López Obrador ni es asunto mío, ni tengo cómo corroborarlo. Allá ellos.

Dejando a un lado lo personal –pero no es secundario: yo leía las listas de visitantes a los diversos recintos de detención donde yo la visitaba, y eran pocos– el caso de Elba suscita una serie de denuncias lapidarias de nuestro sistema de justicia. Algunos objetarán que se trata del peor ejemplo posible: rica, poderosa, abusiva, excesiva, etc. Es totalmente atípica. Sostengo lo contrario: si a alguien con su poder, sus recursos, su experiencia y sus contactos, le va así, ¿cómo le va a gente indefensa que permanece en la cárcel años sin sentencia?

Primera denuncia: desde el primer día, el caso parecía insostenible. Por evasión fiscal, simplemente absurdo: no hay acusación penal sin auditoría previa. Nunca se produjo. Por lavado de dinero y delincuencia organizada, más absurdo todavía: no se puede conspirar más que con recursos de origen ilícito, y los famosos 2 mil millones de pesos dizque para bolsas de Neiman Marcus provenían de un origen muy claro y lícito, mientras no se demostrara lo contrario: del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El SNTE, totalmente subordinado al Gobierno durante todo el sexenio, jamás presentó querella alguna contra Gordillo. Sus dirigentes saben por qué no lo hicieron; yo, no.

Segunda denuncia: detenerla durante cinco años sin sentencia, es decir, sin que la PGR haya podido acreditar su culpabilidad ante un juez perteneciente a un poder judicial altamente sensible a las presiones del poder ejecutivo, obliga a una conclusión lamentable. Conviene recordarlo por milésima vez: el Estado estaba obligado a demostrar su culpabilidad; ella no estaba obligada a demostrar su inocencia. Más allá de la opinión que cada quien pueda guardar sobre su comportamiento público y privado, Elba fue una presa política.

Tercera denuncia, y quizás la más grave: Elba nunca fue condenada ante la justicia, pero sí frente a la opinión pública. Desde 2012, Peña Nieto candidato, muchos sectores de la sociedad, con buenas y malas razones, los medios de comunicación, y la comentocracia, consumaron un verdadero linchamiento público de la maestra. Es cierto que en parte se lo ganó a pulso; pero el argumento es aberrante. Te lincho por negro; bastaba que no lo fueras, para no lincharte.

Cuarta denuncia: nunca utilizó fondos públicos para sufragar sus excesos privados, ni dilapidó dinero de los contribuyentes en sus gastos ostentosos y moralmente injustificables en este país. Desde un fallo antiguo a propósito del sindicato de trabajadores de la Secretaría o Departamento de Pesca, y sobre todo a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte en 2010, la tesis carece de validez. En agosto de ese año, la segunda sala de la SCJN falló, por unanimidad, que la utilización de las cuotas del sindicato de trabajadores de Pemex, aunque tuvieran un origen público, pasaba al ámbito privado desde el momento en que los salarios de los empleados, incluyendo la parte retenida por Pemex, se devengaran. Lo público se transformaba de facto en privado. Con independencia de la opinión que se pueda esgrimir sobre esta decisión de la Corte, es incontrovertible. Los recursos que el SNTE le entregaba a Elba Esther para sus gastos, no eran públicos, eran privados.

Se trata de una estupidez más del Gobierno de Peña Nieto. La detuvieron sin fundamento jurídico, por razones políticas; la mantuvieron detenida durante cinco años, sin acreditar su culpabilidad; se vieron obligados a liberarla, por razones políticas y jurídicas. Nadie gana con esto, pero es el momento, más que nunca, de defender una causa que a muchos imbéciles y a buenos amigos inteligentes les molesta: el debido proceso vale para los buenos y malos, para los que me caen bien y los que me caen mal, para mis amigas y mis enemigos.
08 Agosto 2018 04:07:00
La desigualdad en México… y en París
A propósito de varias columnas recientes sobre el misterio (para mí) de la votación masiva a favor de López Obrador por parte de los mexicanos con mayor escolaridad, me escribe una amiga mexicana de Houston: “¿Viste las escenas de Angélica Rivera comiendo con sus hijas en L’Avenue en París y al mismo tiempo las escenas de AMLO en el camioncito del aeropuerto jalando sus maletas y haciendo colas? Esa gente con más educación sabe distinguir. No es un tema de números y de si bajar los sueldos y vender el avión ahorra o no. Es la grosería de los excesos con los que se relaciona (con razón) a los políticos. Es castigarlos a todos por parejo”.

No sé si tiene del todo razón. Es obvio, sin embargo, que el uso y abuso de los recursos logísticos y humanos del Estado Mayor Presidencial por parte de toda la familia presidencial ampliada y algunos integrantes del gabinete contribuyó a la pésima imagen de este Gobierno. De allí surgen las propuestas de AMLO de suprimir tanto los aviones como los elementos del EMP. Ahora bien, detrás de esta realidad, hay otra. Tiene que ver con la desigualdad en México.

En un artículo publicado en Nexos en 2017 por Julio A. Santaella, el presidente del INEGI, y dos colaboradores, y que no recibió la atención que merecía, el autor intenta una reconfiguración de las cifras de desigualdad y pobreza en México. Lo hace a partir de una reflexión –válida para muchos países y conocida desde hace tiempo en México- sobre las deformaciones de las cifras de distribución del ingreso de las Encuestas Nacionales de Ingreso/Gasto de los Hogares (ENIGH), base del cálculo del coeficiente Gini, que mide la desigualdad. Dice Santaella que es “sumamente improbable que los hogares de los superricos, que a pesar de ser muy pocos, concentran una parte sustantiva del ingreso total, caigan en la muestra (de las ENIGH).” Y sugiere que “una... fuente de información que resulta especialmente útil para recuperar la dimensión ‘micro’ de la parte más alta de la distribución: los ingresos declarados al SAT por las personas físicas”. Fuente a la que él tuvo acceso.

Por lo tanto, “la desigualdad económica es bastante mayor de lo que la encuesta por sí sola nos permite ver”. Por ejemplo, “el ingreso promedio del 10% de los hogares ubicados en la parte más alta de la distribución sería en realidad más de 55 veces el del 10% de los hogares con menores ingresos, cifra claramente superior a la de alrededor de 25 veces que sugieren los datos de la ENIGH.” O, en plata, el Gini mexicano de 2014 (el más reciente en el momento de la aparición del artículo), sería de 0.63, en lugar de 0.45. Aunque los autores advierten que no deben compararse estas cifras ajustadas con las de otros países, basta recordar que 0.45 es un Gini muy desigual, que los países ricos se hallan en niveles inferiores a los .40 –y algunos en menos de 0.30– y que 0.63 sería probablemente el Gini más elevado del mundo, es decir el que refleja la mayor desigualdad. Claro, suponiendo que las cifras de otros países como Sudáfrica, Chile, Colombia y Brasil publiquen cifras fidedignas.

En el texto, Santaella también aclara que al realizarse las mismas correcciones pero en torno a la pobreza, esta, en lugar de aumentar, como la desigualdad, disminuye de manera dramática. El porcentaje de hogares por debajo de la línea de bienestar del CONEVAL en 2014 pasaría de 53% a 28%, o de 20% a 9% en lo tocante a la línea de bienestar mínimo. Estos ajustes corresponden a muchas impresiones intuitivas o anecdóticas en relación a la pobreza en México: es menor de la que sugieren las cifras tradicionales, citadas por casi todos.

¿Qué tiene que ver todo esto con la primera dama en París y AMLO en el avión? Nada y bastante. México es un país mucho más desigual de lo que indican los datos tradicionales; el Gobierno de EPN llevó la realidad y la percepción de dicha desigualdad a grados nunca vistos, por lo menos desde Alemán. AMLO, por su parte, apela a la justificada indignación de la gente ante estos excesos, con posturas simplistas e ineficaces, pero persuasivas.
06 Agosto 2018 04:06:00
La confianza
Varios distinguidos miembros de la comentocracia –Macario Schettino, Héctor Aguilar Camín, el que escribe, entre otros– hemos... comentado en días recientes cómo la sociedad mexicana se encuentra de plácemes por los resultados electorales. Y hemos contrastado dicho estado de ánimo optimista y positivo con una realidad que no necesariamente embona con las expectativas y la felicidad. Para abonar a lo mismo, van unos nuevos datos económicos.

El pasado viernes se publicó el dato para julio del Índice de Confianza del Consumidor del INEGI. Mostró su mayor crecimiento mensual –14.8%– desde 2001, y alcanzó su nivel más elevado desde 2008. Ambas cifras fueron atribuidas por especialistas y el propio INEGI a los resultados electorales, y a la consiguiente apreciación del peso en relación al dólar. Se trata, desde luego, de un indicador de percepciones, no de realidades, pero una mayor disposición de los hogares a efectuar compras de bienes durables, por ejemplo, suele traducirse, justamente, en mayores compras reales en las tiendas.

Casi de manera simultánea, el 31 de julio, el mismo INEGI hizo públicas las cifras de crecimiento del PIB para el segundo semestre del año, es decir abril, mayo y junio. Ajustadas por estacionalidad, el PIB decreció 0.07%, después de dos trimestres de crecimiento moderado. Es la primera caída del producto desde principios del sexenio de Peña Nieto. En términos anualizados, y corrigiendo por variaciones estacionales, la expansión de la economía, del segundo trimestre de 2017 al segundo trimestre de 2018, según la estimación oportuna del INEGI, fue de 1.6%, una de las tasas más bajas desde 2009.

Asimismo, esta semana, tanto Banco de México como el FMI, redujeron sus pronósticos para la economía mexicana este año y el siguiente. Para el banco central, la tasa de crecimiento de 2018 se aproximará más al 2% que al 3%, es decir en la parte inferior del rango divulgado hace meses. Para 2019, el Fondo prevé un crecimiento menor que el previsto para México –2.7% en lugar de 3%– debido a una serie de razones de coyuntura e internacionales, entre otras el futuro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si tomamos en cuenta el hecho de que la inversión pública y privada, nacional y extranjera, desde finales de 2017, entró en una fase de cierto aletargamiento, se entiende que el futuro económico no resulte demasiado alentador, más allá de lo que un nuevo gobierno pueda o no hacer a partir de diciembre.

En otras palabras, existe un desfase evidente entre lo que la sociedad mexicana siente, medido por las encuestas del INEGI, lo que el INEGI mide en materia de comportamiento de la economía en el período inmediatamente anterior, y lo que organismos nacionales e internacionales pronostican para el resto del año y 2019. Las expectativas de la gente pueden operar sobre la realidad, a través del comportamiento de los hogares –mayor consumo– y de las empresas –mayor inversión. De allí que no se pueda inferir que la sociedad se equivoca: si piensa que la economía va a mejorar, en ocasiones en efecto mejora. Pero también es factible lo contrario: de la misma manera en que la gente no tiene razón en creer que ciertas medidas del nuevo gobierno surtirán determinados efectos, sus sentimientos sobre la economía pueden errarle al blanco por un gran margen. Y a la gente no le gusta equivocarse.
03 Agosto 2018 04:06:00
Los arbolitos de AMLO: algunos antecedentes
Uno de los proyectos de López Obrador más citados por los medios y por él mismo en días recientes es el de la siembra de un millón de hectáreas de árboles frutales, maderables y de café en el sureste mexicano. Lo menciona AMLO en su carta a Donald Trump, ha ido a Chiapas a promoverlo in situ, y ha agregado ciertos detalles: se crearán 400 mil empleos permanentes; los maderables serán sobre todo caoba, hule y cedro; entrañará efectos de restauración ecológica; da a entender en dicha carta a Trump que junto con el proyecto del Istmo de Tehuantepec y la zona libre de la frontera norte, se tratará de la primera “cortina para retener trabajadores en nuestro territorio”.

Aún impera cierta confusión sobre los “detalles” del proyecto. Por ejemplo, si se trata de sembrar un millón de árboles o un millón de hectáreas, que equivalen más o menos a 3% de la superficie nacional cultivada y donde se sembrarían entre 300 y 500 millones de árboles en total; si se sembrarán en tierras ya desbrozadas o si habrá que talar, quemar, desyerbar y clarear tierras selváticas para alcanzar los beneficios anunciados. Asimismo, no queda claro qué árboles comenzarán a producir y cuándo: los cafetos primero, los frutales que les brindarán sombra antes o después, y los maderables ya en sexenios siguientes.

Mi madre visitó Cuba por primera vez en 1967, y volvió muy entusiasmada con la revolución en general y con un proyecto en particular, lanzado por Fidel Castro hacia finales de ese año, y desarrollado a partir de un discurso del comandante en enero de 1968. Se llamaba el Cordón de La Habana. Dijo Fidel: “La superficie del Cordón de La Habana es aproximadamente 30 mil hectáreas, aproximadamente unas 19 mil irán sembradas de frutales con café intercalado en los frutales... La Habana producirá el café que consume, y ya en el año 1970 se autoabastecerá plenamente de café... no sólo abastecería a la capital y el país de café, sino que convertiría a Cuba en una potencia cafetalera mundial”. Según una publicación sobre los proyectos más connotados de Castro cuando murió, “el proyecto de producción de café fracasó cuando se descubrió que los cafetos no progresaban todo lo esperado debido a la plantación paralela de otra planta de crecimiento más rápido, el gandul, destinada a darle sombra a la plantación de café que sólo se da en zonas montañosas. La planta en cuestión destinada a crear un entorno boscoso en tiempo récord absorbía todo el oxígeno de la tierra y mataba al cafeto. Ni La Habana, ni Cuba, se pueden abastecer hoy de café... La última cosecha cafetalera sólo produjo 6 mil 105 toneladas, la décima parte de lo que se producía en 1959”.

El antecedente inmediato del Cordón fue el Plan Citrícola de Isla de la Juventud (antes Isla de Pinos) de 1965. La meta era, según le dijo Castro al periodista Lee Lockwood de Playboy en esos años: “Vamos a plantar de cítricos un área similar a la usada por Israel, con el objetivo de convertir a Cuba en el primer exportador del mundo, triplicando la producción israelí”. Durante décadas, jóvenes de muchos países, ante todo africanos, fueron a plantar cítricos y después, a cuidarlos, principalmente, naranja y toronja. Según una nota periodística de estos años, los cultivos fueron devastados a lo largo de los años por plagas, mala atención y problemas de infraestructura. En 2013, Israel produjo 551 millones de toneladas de cítricos; Cuba, 66 millones de toneladas.

Obvio: Cuba no es la inspiración del proyecto de AMLO. Obvio también: sus encargados ya estudiaron en detalle los intentos cubanos y, en Quintana Roo en tiempos más recientes, de hacer más o menos lo mismo. Conocen perfectamente  las razones debido a las cuales estos esfuerzos fracasaron de manera rotunda.  Asimismo, sin duda revisaron minuciosamente los casos de éxito: el Negev, en particular. Estamos un buenas manos.
01 Agosto 2018 04:06:00
Los universitarios y López Obrador
Varios colegas comentamos las encuestas levantadas estos últimos días sobre las expectativas de la sociedad mexicana ante la presidencia de López Obrador. Todos, sin mayor comunicación entre nosotros, subrayamos a la vez las dimensiones de dichas expectativas, así como una extraña característica de las mismas. Entre mayor el nivel de escolaridad o educación, mayores las expectativas. Sin volver a las cifras, quisiera reflexionar con los lectores sobre esta paradoja.

Los mexicanos con estudios superiores –terminados o parcialmente realizados– deben sumar entre 15 y 20 millones. Pueden tener desde 80 años de edad, es decir, quienes acabaron o salieron de la universidad hace 55 años, hasta 25 años hoy. Se trata de una élite privilegiada, por supuesto, pero nada despreciable en su extensión. Aproximadamente 60% votaron por Andrés Manuel López Obrador –siete puntos más que el promedio nacional– y en proporciones muy superiores, esperan que se produzcan muchos de los cambios que él prometió durante la campaña. Dijimos que más allá de opiniones, estos mexicanos con educación superior simplemente se equivocaban, ya que no existe relación alguna entre los medios propuestos por AMLO y los fines esbozados durante la campaña. Aunque algunos lectores o seguidores comentaron que lo importante no era la factibilidad o la eficacia de las medidas, sino el ejemplo ético o la intención, el hecho es que la falta de causalidad sigue vigente.

La pregunta que me hice después, con algunos colegas, se refiere al tipo de educación superior que el país le dio a los mexicanos desde hace esos 55 años (habrá algunos universitarios de más de 80 años, pero de acuerdo con la esperanza de vida de los años 60, son pocos). Más allá de la calidad –muy dispareja, según la universidad, la carrera y la persona– de dicha educación superior, es obvio que a partir de la mitad de la década de los años sesenta, tuvo un sesgo antigobierno muy pronunciado. No en balde: las múltiples represiones antiestudiantiles de esos años y del decenio siguiente; el hecho de que las universidades públicas se volvieron centros de refugio de la izquierda, reprimida brutalmente en otros ámbitos de la vida pública; las consecuencias virtuosas y enviciadas de la autonomía; las inclinaciones, más adelante, de los profesores formados en esos años, y que dictaron clases a alumnos en los ochenta y noventa; la memoria colectiva del 68 y antes: todo ello sin duda contribuyó a una ideologización del universitario egresado desde mediados de los sesenta hasta hace muy poco.

Al mismo tiempo, y por razones semejantes, puede haber existido el equivalente de lo que Althusser llamó la ideología espontánea de los científicos, entre los egresados de carreras no estrictamente de ciencias sociales. No debe sorprender a nadie que un graduado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde di clases desde 1979 hasta 2005- hoy no solo vote por AMLO, sino que desee y espere que cumpla sus promesas. Más sorprendente resulta que un médico egresado de la magnífica Facultad de Medicina de CU, o un ingeniero, o un abogado, o un veterinario o un contador, piensen lo mismo. Las encuestas nos dicen que sí. Entonces tal vez ellos, no tanto por haber leído o estudiado temas políticos durante sus años universitarios, sino por que ese era el ambiente que reinaba en las universidades públicas del país en ese momento, absorbieron esa ideología, sin saber muy bien que lo hacían.

Conviene recordar que hoy en México la universidad pública incluye a menos de las dos terceras partes de la matrícula de educación superior, pero que hace 30, 40 o 50 años, no era el caso. En fin, vale la pena seguir pensando al respecto, a sabiendas que se trata, por lo menos en mi opinión, de algo enigmático que no se presta a explicaciones fáciles.
30 Julio 2018 04:07:00
Un gran malentendido
Se ha vuelto un lugar común afirmar que la elección de López Obrador ha elevado al extremo las expectativas de una amplia mayoría de la sociedad mexicana. Varias encuestadoras han cuantificado dichas expectativas en días recientes, y aunque todos los vencedores en una contienda electoral en automático ven elevarse sus niveles de aprobación y popularidad inmediatamente después de la votación, los números confirman las impresiones. La gente cree en el cambio.

Una de las encuestas, la de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), además de revelar opiniones inesperadas por parte del sector de mayor educación en el país, muestra con precisión la dimensión del malentendido que se ha generado en el país. Entre las curiosidades destaca, por ejemplo, el hecho de que casi 70% de la población con escolaridad superior piensa que se debe vender el avión presidencial: un porcentaje 30 puntos superior al de los mexicanos sin estudios. Más de la mitad de los ciudadanos sin estudios piensa que el avión no debe venderse. En otras palabras, el pueblo, que según AMLO, es sabio, en este caso... lo es en mucho mayor grado que los mexicanos no tan de pueblo, es decir, con educación superior. La compra de ese avión sin duda fue, en el mejor de los casos, una estupidez, pero la idea de no utilizarlo y venderlo a cualquier costo lo es también. Aunque dos de cada tres mexicanos con educación universitaria no lo entiendan.

Pero la parte en verdad interesante de la encuesta de GCE yace en las respuestas a las interrogantes relacionadas con el plan de austeridad de López Obrador. La pregunta central fue formulada de manera un poco sesgada (no sé si intencionalmente) como sigue: “¿Qué tan importante considera que es esta medida para reducir el gasto público: muy importante, algo importante, o nada importante?” A continuación, las medidas: reducir el sueldo de funcionarios que perciben más de un millón de pesos al año; cancelar las pensiones a los expresidentes; cancelar gastos médicos privados para funcionarios; el próximo presidente ganará menos de la mitad de lo que recibe el actual. A la primera, 87% respondieron que era muy importante o algo importante la medida; a la segunda, 83%; a la tercera 82%; y a la cuarta “sólo” un 71% pensó que, en efecto, reducir el sueldo del presidente a la mitad era muy importante o algo importante para reducir el gasto público.

De nuevo, a mayor escolaridad, mayor trascendencia atribuida a la anunciada decisión de reducir los sueldos a la mitad (94% para personas con educación superior); 90% para las pensiones; 92% para los seguros médicos; y 85% para reducir el sueldo del presidente. En otras palabras, gracias al sesgo de introducir una intencionalidad en la pregunta (“para reducir el gasto público”) sabemos que una mayoría aplastante, de más de 90% en promedio de los mexicanos con estudios universitarios, cree que esas medidas son importantes para reducir el gasto público. Lo cual es absolutamente falso en los cuatro casos: ninguna de estas cuatro medidas, ni siquiera la de los seguros médicos privados, que puede revestir un cierto significado ético, surtirá el menor impacto en un gasto público de más de 250 mil millones de dólares al año. Por cierto, en esta ocasión también los mexicanos sin estudios son los que menos importancia le asignan a las medidas. El pueblo también es escéptico, o tal vez cínico, diría AMLO.

No se trata de asuntos de opinión. Esos 9 de cada 10 mexicanos que piensan que así el Gobierno gastará menos, o que gastará más en asuntos de mayor beneficio para el país, están simplemente equivocados. Allí no hay ni tesoro de Moctezuma, ni ahorro en potencia, ni menores impuestos. Sólo hay una ilusión, fomentada por López Obrador y por Morena, imposible de realizar o cumplir. Estas son las dimensiones del malentendido.
23 Julio 2018 04:06:00
Las nuevas cifras de la guerra del narco
La carta de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, divulgada el domingo en la tarde, merece un largo, detallado y pausado comentario, para el que no hay condiciones hoy. Lo haré el miércoles. Entre tanto, me parece que los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el viernes en la tarde –para que se note lo menos posible– ameritan un breve análisis.

De acuerdo con las cifras de esta fuente –que a lo largo de los últimos 20 años arroja datos inferiores a los del INEGI en un 10 a 15%– en el mes de junio de este año, se produjeron 2 mil 294 homicidios dolosos en México. Junto con los números de los primeros cinco meses de este año, en México en 2018 han tenido lugar 13 mil 738 homicidios dolosos durante el primer semestre, es decir, un incremento de 15% en relación con el año anterior.

Se trata de un monto superior al de 2011, el año de mayor violencia en la historia moderna del país. De seguir la tendencia hasta fin de año, nos ubicaría en unos 23 o 24 homicidios dolosos por 100 mil habitantes, no sólo la cifra más elevada de los últimos 30 años –y probablemente de la historia moderna del país– sino a niveles superiores a los de Brasil y cercanos a los de Colombia.

Conviene recordar que en 2006-2007, los años de menor violencia en la época moderna, alcanzamos una tasa de entre 7 y 8 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Ese es el verdadero saldo de la guerra del narco.

Especialistas más autorizados que yo escudriñarán los datos con mayor detalle: geográfica y generacionalmente, y a propósito de sus orígenes. Por lo pronto, conviene derivar algunas conclusiones políticas para el próximo gobierno. Fox le heredó a Calderón cifras de violencia en pleno descenso, a pesar de lo aparatoso de las cabezas de Uruapan y del operativo en Nuevo Laredo. Calderón le entregó a Peña Nieta una verdadera hecatombe, pero con una tendencia descendente a partir de 2012.

En cambio, junto con sus demás desastres, el nuevo presidente recibirá en diciembre grados de violencia, medidos de esta manera, en pleno ascenso, cualesquiera que sean las explicaciones de este comportamiento de las estadísticas. Como ya se ha dicho en múltiples ocasiones, por múltiples comentócratas, bajo el sexenio de Peña Nieto se habrán generado más muertes que en el de Calderón. Huelga decir que a cambio de nada.

A menos de que algo suceda de aquí a noviembre –y si suscribimos la tesis expuesta en este espacio el viernes, podría acontecer– López Obrador recibirá un país con umbrales de violencia nunca vistos en tiempos modernos. Obviamente los muertos no son suyos; tampoco son ya de Calderón. Su autoría es otra: Enrique Peña Nieto. Pero a partir de diciembre, le pertenecen a AMLO. Es la ley de la vida, de la política, y de la muerte.

Devolver al Ejército a los cuarteles es una manera de acotar la hecatombe, rápidamente. Legalizar la mariguana y el cultivo de amapola, es otra. Elevar la puja, y destinar muchos más recursos humanos y financieros a la guerra contra el narco es otra, aunque únicamente, en el mejor de los casos, a mediano plazo. Supongo que los colaboradores de AMLO han estudiado todo esto, y tenían perfectamente previstas las cifras de junio. Ya contemplan respuestas. Suerte.
18 Julio 2018 04:06:00
¿No intervención?
América Latina no puede sobrevivir sin crisis recurrentes de derechos humanos. Cuba, durante años; México, desde hace 12, y un pasado lejano poco envidiable; Venezuela, ya de manera casi permanente, y ahora, Nicaragua. Las escenas, los números evocan momentos de 1978-1979; el creciente, pero aún insuficiente, clamor internacional, también.

Pero hay de clamor en clamor. Por un lado, un primer paso importante del secretario general de la ONU, lamentando la violencia. Desde antes, denuncias, gestos y artículos magníficos de Sergio Ramírez, otrora vicepresidente de Daniel Ortega, que entre sus 10 años en el poder el siglo pasado y sus 12 en este, comienza a colocarse en las grandes ligas de los gobernantes eternos. Enseguida, una reinvención del llamado Grupo de Lima dedicado a Venezuela, ahora con Uruguay y Ecuador, e incluyendo de nuevo a México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia, condenando las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y haciendo un llamado a elecciones “libres, justas y oportunas”.

Pero el martes 17 de julio, el llamado Foro de Sao Paulo emitió un comunicado en La Habana que hace mención a la situación en Nicaragua. Según Telesur: “El Foro afirmó su hermandad al comandante Daniel Ortega y al pueblo nicaragüense por los hechos de violencia suscitados por grupos de la oposición”, que ya ha costado más de 300 muertos. El comunicado afirma que la “violencia, destrucción y muerte” es responsabilidad de “la manipulación y la acción desestabilizadora de los grupos terroristas de la derecha golpista…”.

El Foro de Sao Paulo es el nombre genérico extendido a una serie de reuniones que comenzaron en 1990 en Sao Paulo, a iniciativa de Lula, entonces candidato recién derrotado a la presidencia de Brasil, y La Habana, para reunir a todas las organizaciones de izquierda de América Latina, desde las FARC colombianas y el Frente Sandinista, hasta el PT de Lula y el PRD en México, fundado un año antes por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. A partir de entonces, el Foro se convirtió en una instancia de solidaridad, sobre todo declarativa, de todas las causas de izquierda de la región. Se concentró, sin embargo, en el apoyo a las “víctimas” de la agresión imperialista: Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras, etc. Nunca se caracterizó por la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, o de los ataques a la democracia representativa en la región.

Morena se afilió al Foro en 2016, recién obtenido su registro. Sus representantes han asistido a varias reuniones, donde se han solidarizado con los diversos regímenes autoritarios latinoamericanos, pero principalmente Venezuela. AMLO no ha acudido a las reuniones, aunque obviamente aprueba la participación de Morena. La presidenta de su partido fue a La Habana, pero aparentemente no pronunció discurso alguno.

López Obrador en cierto sentido hace bien en guardar silencio sobre Nicaragua, por ahora, invocando su sacrosanto principio de no intervención. Ya tendrá oportunidad de desenmarañar la complejidad del asunto después del 1 de diciembre. Pero como seguramente le explicaron sus colaboradores, hay otro tema latinoamericano pendiente y urgente en materia de democracia, tal vez más afín a sus afinidades. Se trata de la prohibición para Lula de ser candidato a la Presidencia de Brasil en los comicios del 7 de octubre. Como algunos recordarán, el expresidente brasileño se encuentra preso en Curitiba, acusado de lavado de dinero y de haber recibido un departamento o la remodelación del mismo de una empresa constructora. Muchos consideran que más allá de los otros escándalos de corrupción en Brasil (Odebrecht, Lava Jato, etc.), y del juicio que cada quien pueda aportar sobre el mandato de Lula y de su sucesora, se trata de una especie de desafuero a la mexicana, o de inhabilitación a la venezolana.

Una elección en México en 2006 sin AMLO era una aberración política, aunque el caso jurídico podía ser robusto. La ausencia de Henrique Capriles o Leopoldo López o María Corina Machado en las elecciones presidenciales venezolanas de mayo lo son también. ¿Tampoco se va a pronunciar AMLO sobre el caso de Lula? Los comunicados y discursos incendiarios de los dirigentes de Morena ya no bastan, si se trata de definirse. La presidenta de Morena firmó el comunicado final apoyando a Lula y a Daniel Ortega. ¿Y la no intervención, apá?
13 Julio 2018 04:06:00
¿Coordinadores estatales o prefectos?
Entre los primeros anuncios del equipo de López Obrador, que no necesariamente recibieron una gran atención en la campaña, figura el de centralizar las delegaciones federales en cada estado en una sola representación. Como tantas otras propuestas surgidas o por emerger durante el período de transición –interminable– se puede tratar de globos de ensayo bien pensados, ocurrencias de un colaborador designado o con ilusiones de serlo, promesas de campaña en búsqueda de una traducción a políticas públicas, etc.

Es difícil determinar por ahora si las declaraciones de Loretta Ortiz, una académica y abogada seria, así como las designaciones de excandidatos a gobernador o senadores electos como Delfina Gómez en el Estado de México y Carlos Lomelí en Jalisco, son simples llamaradas, o si constituyen señales precursoras de lo que viene. De confirmarse el esquema –que no figura, hasta donde pude comprobarlo, en las 480 páginas del Plan de Nación de AMLO– se trataría de la reforma más ambiciosa y significativa de las que ha programado López Obrador, mucho más trascendente que las 13 iniciativas presentadas ante funcionarios electos en estos días. Podría revolucionar el falso, vetusto y disfuncional federalismo mexicano, pero tal vez sustituyéndolo por algo peor.

Es un hecho que las dependencias federales gastan grandes cantidades de dinero en sus delegaciones estatales, y que en algunos casos se duplican funciones. También es cierto que dichos cargos suelen ser premios políticos, y desde 2006, partidistas, para cada nueva administración. Es a través de los delegados que se entregan dádivas, que se desvían recursos, que se ejercen favoritismos, y se roban recursos. Pero al encontrarse fragmentadas y en ocasiones confrontadas entre sí, estas delegaciones carecían de poder frente al gobernador estatal y a sus diputados, quienes eran los que a final de cuentas gestionaban recursos en la Ciudad de México. El gobernador mandaba, o robaba, o ambas cosas, pero representaba un cierto contrapeso al gobierno central. Cada delegado respondía al titular de su dependencia, y no directamente al jefe del ejecutivo. Este esquema alentaba la corrupción e imposibilitaba la rendición de cuentas: todo el dinero era de Hacienda en CDMX, pero solo el gobernador –y su congreso local– supervisaba el gasto de ese dinero.

Con este proyecto, todo eso se acabó. Como ya lo han dicho varios especialistas, los nuevos enviados del poder presidencial van a ser auténticos virreyes, o procónsules al estilo romano. Dependerán por completo de la Presidencia. En los hechos sustituirán a los gobernadores. No es una casualidad que dos de los más importantes prefectos (término romano y francés, como representante de la autoridad central) son dos excandidatos derrotados en elecciones para gobernador: Delfina y Lomelí. Conviene recordar que justamente el “prefecto” fue creado por Napoleón Bonaparte en 1800, para restablecer el orden o poder central después de 11 años de convulsiones revolucionarias. Fue parte del diseño napoleónico de construir una estructura administrativa y política centralista por excelencia.

¿A quién van a pedir audiencia los políticos locales, los empresarios, los medios de comunicación, el obispo o cardenal, el rector de la universidad o el abogado más distinguido de la comarca? ¿Querrán entrevistarse con el gobernador, sin recursos ni accesos en México, o con el representante personal de López Obrador en Chilpancingo o Culiacán?

Desconocemos por definición las verdaderas motivaciones de esta reestructuración: ahorro, lucha contra la corrupción, centralización del poder, volver más eficiente la administración pública, o todas ellas. Tampoco sabemos si el proyecto prosperará: los obstáculos jurídicos, laborales, y burocráticos pueden resultar insuperables. Intuyo, sin embargo, que al igual que en muchos otros rubros, López Obrador se propone aquí poner en práctica una buena idea, por malas razones. No es una buena receta.
11 Julio 2018 04:07:00
C​ontra los contrapesos
Uno de los comentarios, o de las conclusiones, más generalizados sobre la elección del pasado 10 de julio parte de la idea de que el electorado le dio un mandato excesivo a Andrés Manuel López Obrador. No sólo obtuvo 53% de la votación en la elección presidencial –lo cual le hubiera permitido vencer en una primera vuelta, de haber habido segunda vuelta– sino que obtuvo una mayoría en ambas cámaras del Congreso, cercana a la mayoría calificada para modificar la Constitución, y en un número de gubernaturas que no necesariamente se esperaba. Gente con experiencia, ideas, y desde luego inteligencia, ha especulado que la ausencia de contrapesos que implica este resultado es dañino para la democracia en México y puede desembocar, o bien en un régimen autoritario, o bien en un régimen que por la vía democrática impulse cambios contrarios, en el fondo, al interés general de la sociedad mexicana.

Entiendo muy bien esta suspicacia. Desde 1994 no ha habido un presidente con el mandato –real o artificial en aquel momento– de López Obrador. En 1997 el PRI y Ernesto Zedillo perdieron su mayoría en la Cámara de Diputados, y en la jefatura de gobierno de la capital de la República, y mucha gente piensa, creo que con algo de razón, que ahí comenzó la alternancia en México. Y en ese momento y posteriormente en las elecciones sucesivas, muchos colegas consideraron que la ausencia de mayorías legislativas por parte del Presidente –en el 2000, 2006 e incluso en el 2012– eran parte de los checks and balances de una democracia normal. Se comprendía que en un país con una tradición autoritaria y sin separación de poderes este hecho fuera considerado como un avance, digno de aplauso.

Nunca estuve de acuerdo con este enfoque. Desde el 2004, en un libro de campaña, Somos muchos, ideas para el porvenir, propuse que México debía adoptar un sistema que le diera al presidente de la República una mayoría casi automática en el Poder Legislativo para que pudiera poner en práctica el programa de gobierno por el cual había sido electo por la ciudadanía. Posteriormente, en el 2010 y en otros años, con Héctor Aguilar Camín y otros, insistí en lo mismo. Era indispensable para un país tan necesitado de cambios, como el nuestro, y donde el andamiaje institucional resultaba tan reacio a ellos, que legisláramos de tal suerte que se pudieran dar los cambios que la ciudadanía quería. Si los votantes elegían a un presidente que deseaba transformar radicalmente el panorama económico, social, político e internacional del país, entonces debían también contar con una mayoría en el Poder Legislativo para que eso fuera posible. Yo en lo personal podía estar de acuerdo o en desacuerdo con el programa que propusiera tal o cual candidato. Pero me parecía entonces que así debía ser, en un país, insisto, tan ansioso de cambios como el nuestro.

Hoy en día, cuando a López Obrador se le dio ese mandato, resultaría ser terriblemente hipócrita o deshonesto de mi parte reclamarle a él o al electorado el haber votado como votó en esta materia. Desde luego que hubiera preferido yo que la sociedad mexicana no votara tan abrumadoramente por AMLO, ni mucho menos que le otorgara una virtual mayoría constitucional en ambas cámaras. Pero el hecho es que la sociedad mexicana le entregó ese mandato y pienso que debe poder traducirlo en las políticas públicas que él, con mayor o menor precisión o engaño, le propuso a la sociedad mexicana. Siempre he sido partidario de un sistema electoral que le entregue la confianza a los votantes, se equivoquen o no.

Entiendo las objeciones. Nuestras instituciones no son las francesas o las alemanas. Además, el exceso de mandato procedente de la elección de Estado promovida por Peña Nieto, también cuenta. Por último, nadie puede discutir el hecho de que México no es otro país: según entiendo, hubo municipalidades donde sin haber candidato de Morena, igual Morena ganó. Pero no puedo sostener un a priori anti mayoriteo, si eso he pensado siempre que debe ser lo que el país necesita. No fue este mayoriteo. Pero la postura institucional de cada quien no puede depender de la preferencia política. El programa de López Obrador, es en mi opinión, nocivo para el país. Pero es el que los mexicanos escogieron. Tienen derecho a que se ponga en práctica a plenitud.
09 Julio 2018 04:06:00
Fiscal a modo (no carnal)
Cada quien interpretará las distintas señales de los últimos meses y posteriores al 1 de julio como mejor le convenga. En particular a propósito de la existencia de un pacto –tácito o explícito, antiguo o reciente, protocolario o sustantivo– entre López Obrador y Peña Nieto.

Asimismo, habrá quienes alegarán que sí se forjó un pacto, pero que fue irrelevante en lo que a la victoria de AMLO se refiere, ya que su margen de triunfo rebasó el efecto de cualquier factor específico y concebible. Algunos –por ahora muy pocos– insistiremos en la existencia y la vigencia del pacto, no para litigar eternamente la elección –ya fue– sino para entender las consecuencias del entendimiento entre AMLO y EPN en el futuro.

No discrepo en exceso con la apreciación de Andrés Manuel sobre la idoneidad automática de personalidades emanadas de la sociedad civil para ocupar cargos públicos. El ejemplo del INAI no es despreciable, y podríamos encontrar muchos más. Tampoco he sido nunca una gran defensor del Sistema Nacional Anticorrupción, ni creo que el nombramiento de un fiscal General de la Nación y de un fiscal Anticorrupción que le reporte constituyan soluciones apropiadas ni suficientes para acotar los estragos de la corrupción en México. Pero dudo que sean esas las razones de AMLO para oponerse a reformar el Artículo 102 de la Constitución y verse obligado a renunciar a la facultad de nombrar a una terna entre la cual el Senado –donde dispone hoy y a partir de septiembre de una amplia mayoría– elegiría al funcionario. Son otras razones, o más bien una, en el corto plazo, y otra en el mediano.

Un fiscal independiente por definición implicaría que no recibiera instrucciones del Presidente. Ni de perdonar a alguien, ni de perseguirlo. Un fiscal a modo, para no decir carnal, es exactamente lo contrario: el primer mandatario decide quién es el chivo expiatorio –Díaz Serrano, La Quina, Raúl Salinas, Elba Esther Gordillo– y la PGR, la Contraloría, Función Pública o quien sea, acata. Y viceversa: el jefe exonera –esta lista es interminable– y todos se agachan y callan. Eso es lo que necesita López Obrador en su pacto con Peña Nieto.

De lo que se trata es que la decisión permanezca en sus manos, y no en las de una fuerte personalidad, sin antecedentes de cercanía con él, con peso propio más allá del cargo, y susceptible de incumplir las órdenes, implícitas o directas, que reciba de arriba. No es un asunto de mucha ciencia, incluso si Morena no hubiera alcanzado mayoría funcional –la que cuenta– en el Senado.

Ahora bien, si alguien pregunta para qué busca AMLO tal omnipotencia en esta materia, empecemos con el pacto. Lo esencial es garantizarle a Peña Nieto que nadie lo investigará, mucho más lo acuse.

Lo mismo vale para Ruiz Esparza, Rosario Robles, Emilio Lozoya, y los que se acumulen. El tema no es que surjan casos; la pregunta es si se buscan, se investigan, o no. Todo indica que no se investigará a nadie del sexenio de EPN. Pero el compromiso debe blindarse, para que sea creíble. De allí la primera importancia de la sumisión del fiscal.

La segunda viene después. Andrés Manuel se jacta de ser honesto en lo personal. Desde Echeverría, no conozco a un presidente que presuma lo contrario: “¿Soy un ratero y que?” Concedámosle el gusto. ¿Y sus colaboradores? Como cualquier mandatario, aquí y en China (ver a Xi Jinping), AMLO querrá decidir por su cuenta a quién despide, y a quién persigue, a quién perdona y a quién condena.

Tendrá colaboradores corruptos: su pasado, y el de México, lo garantizan. La pregunta es qué hará al respecto. Con un fiscal amigo, la decisión será solo suya. De eso se trata.
06 Julio 2018 04:06:00
Más datos de encuestas de salida
Otro dato interesante que aportan las encuestas de salida proviene de la de GEA-ISA, levantada obviamente el día de las elecciones y publicada el miércoles. Del total de encuestados, 77% desaprobaron la labor del presidente Peña Nieto, 13% la aprobaron. Se trata de números patéticos, de tipo “peruano” (por alguna extraña razón, todos los presidentes peruanos terminan sus mandatos con cifras abismales).

Del total de mexicanos críticos de Peña Nieto, 56% votaron por Andrés Manuel López Obrador, 29% por Ricardo Anaya, y 12% por José Antonio Meade. En otras palabras, AMLO se llevó dos veces más votos de quienes desaprobaban a EPN que el candidato del Frente. Fue más creíble la postura antipeña de López Obrador que la de Anaya, aunque la de Anaya fue más dura y directa.

Del 13% de los votantes que aprobaron a Peña Nieto, dos tercios votaron por Meade: una muy elevada proporción de un segmento muy pequeño de la población. Es decir, la lealtad de Meade con su jefe le resultó redituable: la mitad de sus electores, más o menos, provienen de la bolsa de quienes poseen una opinión favorable de la gestión de Peña. Pero Meade prácticamente no alcanzó votos (solo 12%) del enorme universo de quienes desaprueban a EPN. No había como ser un candidato del PRI competitivo sin una ruptura o deslinde con Peña Nieto, llevado a cabo con mayor o menor intensidad. Meade o no lo entendió, o no lo pudo llevar a cabo, o prefirió hundirse con el barco antes que “traicionar” a su capitán. Con estos números, no había como salvarse sin abandonar a EPN.

Pero si subsiste un dilema relacionado con Meade –no podía competir siendo súbdito de Peña, pero tampoco podía romper con él– no existe ninguna explicación racional y comprobable del comportamiento presidencial. Los índices de aprobación de Peña no se movieron mayormente a partir del escándalo de la Casa Blanca, aunque empeoraron, para recuperarse a sus niveles anteriores, con el gasolinazo. El consultor norteamericano y demócrata Jim Messina viajó a México en varias ocasiones en 2015 y 2016. Le aclaró a los políticos del PRI y del gobierno: con un presidente cuya aprobación es inferior a 30%, no hay como ganar una elección asociándose con él. Todo esto Peña lo sabía. La única manera para el PRI de no desplomarse consistía en construir, en los hechos, un frente antiAMLO, junto con otros partidos, pero no encabezado por el PRI. Y la única manera de proteger el legado de EPN –no su persona– consistía en contribuir a la victoria de una alternativa a AMLO.

Existía una manera de lograrlo: con la segunda vuelta electoral, aceptando que el PRI quedaría eliminado en la primera y contenderían en la final López Obrador y algún candidato PAN-PRD-MC y sociedad civil, a quien los votantes priistas votarían. Dicho frente por definición no podía ser encabezado por un priista, y quizás tampoco por un aspirante emanado de Acción Nacional. Con el pretexto de no desanimar a los priistas aceptando la segunda vuelta y una probable derrota, Peña desestimó los consejos que muchos le profirieron. Como dice Dante Delgado, decidió, con mayor o menor conciencia, no seguir el ejemplo de su colega François Hollande que, al comprobar su enorme rechazo por la sociedad francesa, resolvió no presentarse a la reelección –el primer presidente de la V República en resistir dicha tentación– y construyó, desde el Palacio del Eliseo, la candidatura de Emmanuel Macron.

Peña no lo hizo. Hoy seguramente no se arrepiente. Muchos también argumentarán que, con 30 puntos de ventaja, igual en segunda vuelta ganaba AMLO. Dejo abierta la hipótesis para reflexión: en una segunda vuelta entre Andrés Manuel y un@ candidat@ que no fuera del PRI, sin una campaña previa del Estado contra dicha candidatura, ¿de cualquier manera ganaba AMLO? ¿Con carro completo?
04 Julio 2018 04:06:00
Encuesta de salida:  una primera reflexión
La encuesta de salida de Alejandro Moreno en El Financiero empieza a ofrecernos datos esenciales para comprender lo que sucedió el domingo: una marea morena que puede transformar al sistema político mexicano y en su caso al país. Con todo y los desafíos que presentan las encuestas de salida en general –en México y en el mundo– las preguntas socioeconómicas y las de razones por votar o no votar por alguien pueden recibir respuestas más confiables.

Una primera conclusión inescapable de la encuesta de Alejandro se desprende de la interrogante: “¿Cuál es la principal razón por la que votó por ese candidato?”. Andrés Manuel López Obrador claramente conquistó el sufragio del cambio: 77% de los encuestados para los cuales el cambio era lo más importante votaron por él. Sólo 13% se inclinó por Anaya. La pregunta pendiente estriba en si Anaya perdió el voto del cambio por el PAN, por sus propias posturas, o porque el gobierno de Peña Nieto logró tildarlo de corrupto y deshonesto, siendo que el combate a la corrupción fue el segundo tema más importante de la elección (el primero fueron los empleos y la economía).

Un segundo dato que nos entrega la encuesta se refiere a quienes le confirieron gran importancia a las ideas y propuestas. Aquí salió ganando Anaya: 33% de aquellos para los cuales este tema era primordial, votaron por él, es decir, 10 puntos más que su resultado general. Meade logró 19% de estos votantes, un poquito por arriba de su total, y AMLO 41%, 12 puntos menos. En otras palabras, la idea de que Anaya no formuló propuestas, y Meade sí, o que López Obrador convenció más al electorado por sus propuestas, es falsa, si nos atenemos a este sondeo.

Una explicación del resultado final se halla en otra pregunta, la que tiene que ver con la identificación partidista. El PRI, el PAN y Morena votaron abrumadoramente por sus candidatos: el PRI 78%; el PAN 90%; Morena 97%. Pero sólo 43% de los perredistas sufragó por Anaya, y 45% lo hizo por AMLO. No se trata de una enorme cantidad de electores, pero en este segmento de la población el Frente no cuajó plenamente. Conviene señalar que en el caso del PRI, el voto útil sí se dio (uno de cada cinco priistas no votó por Meade), pero se repartió a mitades entre Anaya y Meade.

Por último, en materia de educación, hubo un resultado contraintuitivo, por lo menos en lo que al Frente se refiere. La gente sin estudios votó 28% por Anaya, su nivel más elevado de todos los segmentos; mientras AMLO sólo obtuvo 42% de los mexicanos sin estudios, 11 puntos menos que su promedio. Mientras que más o menos el mismo porcentaje de mexicanos con estudios universitarios (55%) eligió a López Obrador que su total general: no le fue mejor a AMLO entre estos habitantes del país que entre los demás, pero sorprende que un sector ilustrado, informado y no tan desfavorecido de la sociedad mexicana haya preferido a un candidato con nostalgia del pasado a uno con visión de futuro.

Habrá que ir revisando otras encuestas de salida (Mitofsky, GEA, GCE, etcétera) para formarnos una idea más precisa y compleja del comportamiento de los votantes del domingo. ¿Cuánto pesó el rechazo a Peña Nieto, y cuál fue su importancia en la debacle del PRI? ¿Fue Peña, Meade, o ambos, el factor central? ¿Cuál fue el impacto de la campaña oficial contra Anaya: mucho, como pensamos quienes lo apoyamos, o poco, como creen muchos analistas? Habrá tiempo ahora para estudiar todo esto con calma.
29 Junio 2018 04:06:00
México y los niños de Trump en la OEA
Si todo resulta como está previsto, hoy, viernes 28 de junio, el Gobierno de México presentará un proyecto de resolución ante el Consejo Permanente de la OEA, dirigido a Estados Unidos y su política de “cero tolerancia” en la frontera con nuestro país. Junto con El Salvador, Guatemala y Honduras, México buscará obtener los votos necesarios para la aprobación de un texto que, aunque sea de carácter meramente simbólico, encerraría una gran trascendencia.

Se trata de la primera vez, desde la demanda que México interpuso contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia en 2003 en el llamado Caso Avena, a propósito de la violación por parte de Washington de las disposiciones de la Convención de Viena de Protección Consular, en que nuestro país patrocina un proyecto de resolución en cualquier foro regional o multilateral explícita y directamente dirigido contra Estados Unidos. Quizás nos tardamos demasiado, pero el mérito es innegable.

Los párrafos resolutivos del proyecto de resolución rezan así, y conviene citarlos verbatim para no escatimar respaldo a una iniciativa de esta índole:

“1. Manifestar enérgicamente el rechazo a cualquier política migratoria que conduzca a la separación de familias porque genera una práctica violatoria de los derechos humanos, en particular de niñas, niños y adolescentes.

“2. Urgir al Gobierno de Estados Unidos a no recurrir a la separación de familias migrantes ni a la privación de la libertad de niños, niñas, y adolescentes bajo ninguna circunstancia, velando por el interés superior del niño en todo momento y tomar las medidas necesarias para la reunificación inmediata de las familias separadas.

“3. Exhortar al Gobierno de Estados Unidos a promover la identificación de migrantes y solicitantes de refugio que requieran protección internacional y aplicar el principio de no devolución a personas cuyas vidas y libertades podrían estar amenazadas o en riesgo, conforme al Derecho internacional”.

Huelga decir que las resoluciones de la OEA no son precisamente vinculantes para ningún país, y menos para Estados Unidos, que desprecia o hace caso omiso de todas las resoluciones de dicho organismo, de la ONU, o de otras instancias semejantes. Tampoco está dicho que obtengamos los votos necesarios, es decir, los 18 para una mayoría. Seguramente las naciones del ALBA y los grandes países de América Latina nos apoyarán, pero Estados Unidos todavía tiene con qué obtener votos en el Caribe, al igual que Venezuela, y en otras partes. Además, es un hecho que este tipo de iniciativas mexicanas, o de cualquier otro país, pueden arrojar como consecuencia iniciativas en el Congreso de Estados Unidos para reducir o suprimir el pago de las cuotas de Estados Unidos a la OEA.

En ocasiones los gestos simbólicos, sin mayores consecuencias positivas, y con algunas consecuencias negativas, pueden valer la pena. Después de meses de evitar a toda costa cualquier enfrentamiento con Estados Unidos, de mantener en pistas separadas los temas comerciales, migratorios, de narcotráfico, de seguridad e inteligencia, y diplomáticos, México finalmente adopta una actitud de firmeza, que no es puramente retórica.

No es una casualidad que esto sucede dos días antes de las elecciones presidenciales. Todo el mundo va de salida, algunos van de llegada, pero ya era hora de que algo de esta naturaleza sucediera. Honor a quien honor merece.
27 Junio 2018 04:06:00
AMLO y la libertad de expresión
Varias publicaciones extranjeras han presentado a Andrés Manuel López Obrador como un Trump mexicano, como la respuesta mexicana a Trump, o como un político cuya posible victoria responda a pulsiones sociales parecidas a las que favorecieron al actual ocupante de la Casa Blanca. La analogía se explica en parte por la moda y la facilidad; en parte porque, en efecto, existe una tendencia global hacia los extremos, y AMLO es parte de esa ola; y también en vista de algunos rasgos comparables. Entre ellos, el más obvio, desde luego, reside en el nacionalismo económico: tanto Trump como Andrés Manuel creen en la autosuficiencia, el primero en materia de acero, aluminio y automóviles, el segundo en el rubro alimentario, energético y maderero.

Pero existe otro atributo común a ambos políticos, que conviene resaltar. Federico Arreola, que conoce bien a AMLO, y simpatiza con él, sin ser acólito ni incondicional, publicó una apreciación hace unos días que me parece perspicaz y a la vez alarmante. Dice mi amigo Arreola –lo conocí a través de Luis Donaldo Colosio en febrero de 1994– lo siguiente: “AMLO tendrá el derecho de manejar el presupuesto de comunicación con los criterios que piense más beneficien a su gobierno, siempre y cuando sean legales, y por supuesto, la misma libertad que ampara a los medios para hacer su trabajo, la de expresión, autorizará a Andrés a cuestionar a cualquier crítico con él que no esté de acuerdo.” Las fake news de Trump, y sus respuestas, críticas o ataques a CNN, MSNBC, The Washington Post o The New York Times, no son otras cosa.

Muchos jefes de Estado o de gobierno se niegan a permanecer callados ante críticas de los medios de comunicación que les parecen falsas o injustas. Casi siempre pierden esas batallas, pero es comprensible que la incomprensión, la ignorancia o la mala fe de los medios en ocasiones exasperen a quienes realizan la difícil tarea de gobernar. En otros momentos, presidentes impopulares dirigen réplicas amargas y ofensivas a determinados periódicos o columnistas –o conductores de noticieros de radio y televisión– porque ponen en evidencia –o en ridículo– sus errores, mentiras o escándalos.

Trump ha llevado al extremo esta costumbre esporádica y aislada. Denuncia por Twitter a un medio casi diario, y a veces a varios al mismo tiempo. Los insulta, los anatemiza ante sus seguidores –que no son pocos ni indefensos– y les cuelga el estigma de la falsedad, el sesgo y la intolerancia. ¿Y qué?

Y mucho. No es lo mismo una polémica con un colega, es decir con un par, que con el presidente de un país. En Estados Unidos, existe la Primera Enmienda a la Constitución, que en teoría, en la mayoría de los casos, protege la libertad de expresión. Trump la amenaza, porque los grandes medios –salvo el NYT– son propiedad de grandes consorcios (el WP de Amazon, por ejemplo; MSNBC de Comcast, por ejemplo), que se ven obligados a ser sensibles a las presiones de la Casa Blanca. Pero en México, no hay Primera Enmienda, no hay tradición de libertad de expresión, pero en cambio sí una rica tradición de autocensura.

En verdad ¿salió Rubén Cortés de La Razón por mutuo acuerdo y convenir a sus intereses? ¿O más bien fue porque Morena sugirió que la primera plana dejara de ser tan crítica de AMLO, y los dueños decidieron acceder a esa petición, y Cortés no tanto? ¿Se trata de la primera victima de la autocensura bajo AMLO? En México, el Presidente –que espero no sea López Obrador– no es un ciudadano de a pie en materia de libertad de expresión. No existe simetría alguna entre lo que dice, escribe o proclama, y lo que pueden sostener críticos, escépticos o fanáticos adversos. Si Arreola tiene razón –y creo que sí la tiene– podemos retroceder muchos años. Quienes comenzamos a escribir en los años setenta –sí, 70– lo sabemos bien.

Por cierto, para seguir con algunos números estatales interesantes. De acuerdo con la encuesta de Reforma para Veracruz, AMLO obtiene 48% del voto, Anaya 36% y Meade 15%, en números efectivos. Según la del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la UdeG, en Jalisco, en votación “bruta”, AMLO logra 35.7%, Anaya 32.9%, y Meade 13.2%. Se trata de los padrones tercero y cuarto del país. En Puebla, el quinto padrón, Meade saca 17% en la encuesta de Reforma (20 de junio). No sé si va a salir en segundo lugar gracias a los votos en Campeche (donde tampoco llega), en Hidalgo, o en Colima. En los estados más poblados, no.
25 Junio 2018 04:00:00
Los últimos números
Desconozco el detalle de la legislación electoral en materia de reproducción secundaria de encuestas, pero quisiera compartir, por última vez, los números de la campaña de Anaya para las elecciones del próximo domingo. No pretendo otorgarle a estas cifras un valor definitivo; entiendo los sesgos que siempre pueden presentarse en estudios internos, y es lógico que otras campañas, y otros medios, cuenten con cálculos diferentes.

En el tracking interno de la campaña, el sábado cerramos con una ventaja de AMLO de casi 10 puntos sobre Anaya; con los mismos 10 puntos, el candidato del Frente aventaja al del PRI, y la novedad reside en que “El Bronco”, desde el 20 de junio, comenzó a subir. Pasó de 5% de intención de voto a 8 y medio, es decir, duplicó su preferencia. El número de indecisos permanece anormalmente elevado: 20%. Si resulta que quienes responden “no sé” o “no contestó” encierran un voto oculto a favor de Anaya, la elección se va a cerrar mucho más de lo que sugieren la mayoría de las encuestas.

En un segundo estudio, elaborado por un grupo de matemáticos a partir de las bases de datos de las encuestas entregadas al INE, más las que han levantado las empresas contratadas por el PAN, más datos de INEGI y Coneval; se extrapolaron los resultados a nivel nacional con granularidad a nivel sección; se identificaron, por fin, los drivers de preferencia para cada candidato. Todo esto para elaborar una versión tropicalizada del MrP, esto es, el modelo Multilevel Regression and Post-stratification de Gary Langer. El modelo arrojó una predicción, no una encuesta, de 31.6% para AMLO; de 27.8% para Anaya; de 19.9% para Meade; de 7.4% para “El Bronco”, y 13.3% de indecisos.

Por último, la empresa –registrada con el INE– EXE Consultores ha levantado encuestas de votación presidencial, estado por estado. Procede por Robocalls, como Massive Caller, pero a diferencia de esta y otras firmas buscó resultados entidad por entidad. De los 32 estados en cuestión, emergen números interesantes.

En primer término, AMLO llega en primer lugar en 20 estados, Anaya en 12. Meade queda en tercer lugar en todos los estados medidos. Sumando los números, AMLO termina con 31%, Anaya con 31%, Meade en 17%, “El Bronco” en 5%, con 17% de indecisos.

A partir del jueves, la campaña se acaba. Habrá nuevas encuestas publicadas lunes y martes. Podrán contradecir estas cifras. Sobre todo, la votación le dará la razón a unos o a otros. Los resultados no mienten.


22 Junio 2018 04:06:00
Más sobre los niños: Trump, Obama y EPN
Para entender la tragedia migratoria de los niños en la frontera con Estados Unidos, la dimensión de la pifia de Trump y sus consecuencias, es preciso examinar las causas menos aparatosas, pero más significativas, de este triste episodio. Desde mediados de abril, el Gobierno de Trump empezó a aplicar su política de “cero tolerancia” en la frontera, a través de una serie de mecanismos ya descritos. En particular, el procurador general Sessions decidió encarcelar, y no sólo detener, a toda aquella persona que entrara a EU sin papeles y que no fuera mexicana o canadiense, acusándolos de cometer un delito mayor –”felony”–, en lugar de uno menor –”misdemeanour”–. Esto implicaba ser recluidos en una cárcel federal, no en un centro de detención y, por tanto, ser separados de menores de edad que acompañaran a la persona encarcelada.

Lo importante, sin embargo, no radica en este hecho en sí mismo, por cruel y desalmado que resulte. La clave de la decisión se halla en el aumento vertiginoso del número de migrantes centroamericanos buscando entrar a EU, muchos de ellos acompañados de menores, a partir del mes de febrero de este año. En 2017, las cifras descendieron, en buena medida por miedo a la idea del muro y a las deportaciones inmediatas y masivas. De ahí el descenso de hasta en una tercera parte en febrero, enero, marzo y abril del 2017 en relación con 2016. Pero a partir de febrero de este año, el flujo migrante en general, y en particular centroamericano, medido por el número de aprehensiones en la frontera, empezó a dispararse. En febrero, el aumento fue de 50% en relación con el 2017; en marzo, de más de 200%; en abril y en mayo, igual. De tal suerte que Trump se vio acorralado, de la misma manera que le sucedió a Barack Obama en julio del 2014.

En ese momento estalló otra crisis migratoria, en esa ocasión de miles de menores de edad no acompañados que empezaron a ingresar a EU, a lanzarse a los brazos de la patrulla fronteriza o de otras autoridades, a sabiendas sus padres, o los polleros que los encaminaban desde Centroamérica, que una vez en manos de dichas autoridades, tendrían derecho a distintos tipos de audiencias. En vista de la escasa capacidad de detención de las instancias federales en la frontera, en realidad los niños serían puestos en libertad bajo la tutela de algún familiar en EU hasta que su caso fuera revisado por un juez de migración. Obama, con toda razón, le tuvo terror a las imágenes de miles de niños centroamericanos no acompañados entrando a EU y siendo recluidos en centros de detención desbordados, y decidió hacer lo único que podía: pedirle al Gobierno de México que le sacara las castañas del fuego. Fue cuando Obama, el vicepresidente Biden, y en particular el jefe de la oficina de la Casa Blanca –Denis McDonough–, hablaron con el presidente Peña Nieto, con Aurelio Nuño –jefe de la oficina de la Presidencia en México– y en particular, con el embajador de México en Washington –Eduardo Medina Mora–, para lograr que México realizara lo que desde entonces llamamos el trabajo sucio de EU. Después de alguna resistencia y una escasa negociación, Peña Nieto accedió, se lanzó el Plan de la Frontera Sur, encargado a Humberto Mayans, que después renunciaría al cargo, y empezó el sellamiento, hasta donde se puede usar ese término, de nuestra frontera con Guatemala. Muy pronto, se elevó dramáticamente el número de deportaciones de centroamericanos desde México, y se redujo en la misma magnitud la cifra de deportados centroamericanos desde EU. Así se mantuvo la situación, no sólo hasta la toma de posesión de Trump, sino durante su primer año. Pero cuando se desató nuevamente una ola migratoria centroamericana, Trump primero trató de resolver el problema exigiéndole a México un acuerdo de Tercer País Seguro. Al ser sólo para solicitantes de asilo, no abarcaba la totalidad del flujo adicional. Más aún, no parecía factible pedirle tanto a un Gobierno al cual había insultado y humillado en repetidas ocasiones. De ahí que no hallara solución alguna ante la crisis que pudo esquivar Obama: las escenas de niños separados de sus padres y enjaulados.

La reculada de Trump es más mediática que sustantiva. Va a ser difícil revertir los fallos judiciales previos que impiden la detención de niños por más de 20 días, o que prohíben la detención de padres con niños en cárceles federales. Y no cuenta esta vez con la anuencia del Gobierno de México. A esto se debe tanta confusión, un comportamiento tan errático y tanta actitud vergonzosa por el país más rico del mundo.
20 Junio 2018 04:06:00
Los niños enjaulados y la actitud de México
El Gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que se retira del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Algunos de los lectores recordarán que dicho consejo, antes llamado Comisión de Derechos Humanos, es quien evalúa la situación de respeto o violación a los derechos humanos en todos los países miembros de la ONU, aunque el consejo está compuesto por un número equivalente a poco más de la cuarta parte de los integrantes de la organización en su conjunto.

EU prácticamente ha sido siempre miembro del consejo, pero no está obligado a serlo; cada país presenta su candidatura y es electo, o no.

Ante el nuevo escándalo de violación de derechos humanos por parte del Gobierno de Estados Unidos, uno de los argumentos que se han utilizado, tanto en México como en otros países, ha sido la necesidad –justificada y correcta– de acudir a instancias internacionales para denunciar e impugnar la separación de los niños de sus familias encarceladas en penales federales en EU.

En vista de la salida de Washington del Consejo de la ONU, parece un poco artificial y fútil la noción de acudir a estas instancias. Sobre todo, si es un pretexto para no tratar de infligirle un costo bilateral a EU en la relación con México, por este comportamiento.

El asunto es sencillo. Hasta donde entiendo, a partir de principios de abril, el Gobierno de Trump empezó a aplicar una política llamada de “cero tolerancia” frente a lo que ellos llaman la migración ilegal. Entre otros asuntos, dicha política de “cero tolerancia” considera que el ingreso sin documentos a EU es un delito mayor –felona– y ya no un delito menor –misdemeanour– y por lo tanto, quienes lo cometen, deben ser encarcelados en un penal federal, en lugar de ser enviados a un centro de detención de las autoridades migratorias mientras se resuelve si quieren pelear su caso o aceptan la llamada “deportación expedita”.

Al ser enviados a un reclusorio federal, acusados de violar una ley federal, en automático, menores de edad que los acompañan no tienen el derecho de ser recluidos como ellos, y deben ser enviados a otros centros de detención mientras son colocados con familias en EU. Tampoco pueden ser deportados, a menos de que sean mexicanos o canadienses, de tal suerte que, en el sentido estricto, el Gobierno de Trump, al determinar que la entrada a EU sin papeles es un delito mayor y federal, está aplicando la ley.

Lo condenable es que dicha aplicación es discrecional y no imperativa, como lo demuestra el hecho de que tanto la administración Bush –republicana– como la de Obama –demócrata–, no aplicaron la ley de esa manera. Se trata de una política, y no de la aplicación de la ley.

El dilema para México es evidente. No porque se trate en una gran mayoría de niños mexicanos separados de padres y madres mexicanos, aunque esa cifra puede aumentar, sino porque las consecuencias en materia de imagen, de deportación, y de presión de EU son casi inimaginables.

En julio de 2014, el Gobierno de Obama ejerció una presión brutal sobre el de Peña Nieto para pedir que México se ocupara de hacer el trabajo sucio en la frontera sur, cosa que hicimos, a cambio de nada. De ese modo, Obama evitó, de panzazo, una crisis de imagen, y en su caso electoral, como la que está padeciendo Trump hoy.

Obama fue mucho más sensible, y Peña más anuente, ante una petición de un presidente norteamericano al final del día amigo de México. Hoy un quid pro quo sin quo de esta naturaleza es imposible. Lo que no se entiende es cómo el Gobierno de México hasta hace muy pocas semanas estuvo negociando, como aquí se comentó el 21 de mayo, un acuerdo de País Tercero Seguro, donde se aceptaba que los solicitantes de asilo a EU desde territorio mexicano se vieran obligados a sólo solicitar dicho asilo a las autoridades mexicanas y no pudieran hacerlo a las norteamericanas.

Decíamos entonces ¿país seguro para quién? ¿para los hondureños en San Fernando, Tamaulipas?, por ejemplo. ¿A dónde los quieren mandar a vivir? ¿A Chiapas, a Guerrero, a Tamaulipas de nuevo, a Tijuana? ¿Ese es un país seguro?

En cuanto a que esta opinión encierra o no un conflicto de interés, como lo afirmó el secretario Videgaray anoche con Pepe Cárdenas, me parece que es una alegre e inútil manera de distraer la atención. Sí estaba negociando Relaciones Exteriores un Acuerdo de País Tercero Seguro con EU y sí era una vergüenza hacerlo. Que lo diga yo como coordinador de la campaña de Ricardo Anaya o como cualquier otra persona, da exactamente lo mismo. El tema es si es cierto o no lo es.
18 Junio 2018 04:06:00
Dos consensos opuestos
He notado en varias conversaciones recientes con integrantes de todo el espectro de las élites mexicanas, y con estudiosos del estado de ánimo de la sociedad mexicana, la vigencia de dos consensos contrapuestos en el país. Cualquiera que sea el resultado de las elecciones dentro de dos semanas, tengo la impresión creciente que esta esquizofrenia anímica se erigirá en uno de los retos más significativos de los años por venir.

La sociedad mexicana, según todas las encuestas, grupos de enfoque, estudios en profundidad, etcétera, ansía una ruptura tajante con un pasado que ve como ahogado en una corrupción infinita.

Quiere sangre, en un sentido muy preciso: que los autores, beneficiarios y cómplices de esa corrupción sean investigados y castigados. A pesar de la inenarrable aversión mexicana al conflicto, en este caso se busca pleito, el que sea, y no un buen arreglo.

Por pura revancha, por ira o gracias a una sana dosis de lógica, la convicción popular establece un nexo necesario y férreo entre impunidad, pasado y futuro corruptos, y el imperativo del castigo. Sin duda la gente no va a salir a la calle a exigir cárcel para los culpables –reales o presuntos–, ni se reflejará en las urnas, pero el sentimiento social es ese. Para bien o para mal.

En cambio, rige en el seno de las élites mexicanas –empresariales, intelectuales, académicas, políticas y profesionistas, de izquierda y de derecha, jóvenes y menos jóvenes, partidarios del PRI, del Frente o de Morena– una fuerte renuencia ante cualquier intento de saldar cuentas con el pasado. Nadie quiere una Comisión de la Verdad, una Fiscalía que investiga el pasado, mirar hacia atrás o averiguar lo que ha sucedido a lo largo de los últimos tres sexenios. Prefieren “ver hacia adelante”, no enfrascarse en pesquisas inútiles, a condición de que cese la corrupción en el porvenir. Cómo lograr que la impunidad frente al pasado no estimule la corrupción del futuro, es una pregunta que dichas élites prefieren no formularse. Con la excepción de un pequeño círculo alrededor de Ricardo Anaya, parece unánime la opinión de que más conviene dejar las cosas por la paz. Para bien o para mal.

Antes del 2000, cuando surgían contradicciones de esta naturaleza, se solían resolver mediante el mecanismo del chivo expiatorio. No importaba si el encarcelado era culpable o no –Jorge Díaz Serrano, Raúl Salinas de Gortari, Joaquín Hernández Galicia– su papel era otro: satisfacer la exigencia de venganza y de un simbolismo de sacrificio político, para evitar un universo de sentencias contra un mar de culpables. El sistema político hacía como si persiguiera a los corruptos; la gente hacía como si se diera por bien servida. A partir del 2000, dejó de funcionar ese dispositivo; de allí la parálisis de tres sexenios consecutivos.

Las élites con gusto sacrificarían a uno o dos altos funcionarios del sexenio de Peña Nieto –o incluso al propio presidente– pero presienten que no bastaría. La sociedad mexicana quiere chivos expiatorios, pero no sólo eso: demandan una acción colectiva, antisistémica, que sólo puede producirse a través de instituciones ad hoc, de una gran revuelta moral, de un movimiento social de envergadura, que no tolera indultos o borrones y cuentas nuevas.

Si antes la contraposición era evidente, carecía de la furia y del miedo que hoy invaden a las masas –la primera– y a las élites –la segunda. A ver cómo diablos se resuelve esta contradicción, en un país de masas iracundas y de élites omnipotentes.
15 Junio 2018 04:06:00
Meade y el Consejo de Administración de Pemex
En el post debate del martes en la noche en Televisa, Aurelio Nuño intentó corregir mi dicho, y desmentirlo, en cuanto a que José Antonio Meade como secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex en 2010, había avalado un contrato con la empresa brasileña-mexicana Braskem, socia de la empresa brasileña Odebrecht, que había sido cuestionado por dos miembros del Consejo de Administración de la empresa. Dijo que en el 2010 Meade no era secretario de Energía. Y Nuño tenía razón. Me equivoqué: la fecha correcta era 2011, es un error innegable, no sé si tan grave, sobre todo si se toma en cuenta que todo lo demás que afirmé ahí era absolutamente correcto.

El 29 de abril de 2011, se reunió el Consejo de Administración de Pemex convocado por el consejero presidente José Antonio Meade. Todos los datos siguientes constan en el acta 827 de dicho Consejo de Administración. Entre otros temas, tuvo lugar en el punto III.6 la propuesta del Comité de Estrategia e Inversiones sobre el proyecto Etileno XXI. Se planteó ahí que en una reunión del Consejo de Administración de febrero del 2010 se recibió la petición de analizar el proyecto Etileno XXI y este se turnó para análisis al Comité de Estrategia e Inversiones de la empresa.

Sin embargo, y cito el acta 827, “algunos comentarios de los participantes en la sesión que se deben destacar son los siguientes: a) el Consejo de Administración de Pemex es el responsable de la conducción estratégica de Pemex. Este proyecto tiene implicaciones estratégicas de alto impacto, sin embargo, el contrato NO se presentó al Consejo de Administración de Pemex ni se ha discutido la estrategia de largo plazo para Pemex Petroquímica (PPQ). b) Etileno XXI se presenta como un contrato de suministro cuando es realmente una decisión con enormes impactos estratégicos, lo cual representa una omisión de la administración”. Después de una discusión, viene un largo comentario del consejero Rogelio Gasca Neri al proyecto Etileno XXI sobre todos estos temas, cuestionando el conjunto del proyecto.

Sin embargo, tanto el director general de Pemex en ese momento, Juan José Suárez Coppel, como el presidente del Consejo, José Antonio Meade, junto con el abogado general, no aceptaron los comentarios de Gasca Neri y se adoptó una resolución que básicamente avaló lo que se había hecho anteriormente. En otras palabras, se avaló “que no existía ninguna obligación de presentar el contrato de suministro al Consejo, por lo que ese instrumento se había desahogado en los términos de la normatividad vigente”.

Es decir, se avaló en su totalidad la decisión tomada previamente argumentando que no existía la necesidad de presentar el contrato al Consejo y no que el contrato era bueno o malo para Pemex, ni mucho menos que los cuestionamientos de fondo de Gasca Neri tenían validez. Es decir, se dio una resolución formal y leguleya a una objeción de fondo. Todo esto para decir que toda la historia de Odebrecht, Braskem, Meade y Pemex, a través del proyecto Etileno XXI no ha sido explorada suficientemente a pesar de los artículos aparecidos en la revista Proceso el 3 de junio, y de Javier Risco en El Financiero el 6 de junio. Hay mucho más que explorar ahí, sólo se ha tocado la punta del iceberg. Es muy probable que esto no se pueda investigar antes de las elecciones del 1 de julio, pero es muy probable que alguien sí lo investigará después y que habrá responsables.
13 Junio 2018 04:06:00
Tres hipótesis para dos marranadas
Nadie sabe si el debate de anoche va a incidir en los resultados de las encuestas, menos aún si uno no tiene idea al momento de escribir estas líneas de cómo le fue a cada quien en la feria. Tampoco es evidente si las nuevas marranadas del Gobierno y del PRI contra Ricardo Anaya surtirán un efecto parecido o diferente al de la vez pasada: detener su crecimiento y contribuir al de Andrés Manuel López Obrador. Tengo la impresión que no, por dos razones: segundas partes nunca fueron buenas y, sobre todo, la respuesta de Anaya en esta ocasión fue mucho más oportuna, contundente y completa que hace ya casi cuatro meses. La pregunta que conviene hacerse, si hay el más mínimo ingrediente de honestidad intelectual en el análisis, es por qué Peña Nieto y Meade decidieron nuevamente recorrer un camino que no los llevó a ninguna parte antes.

Existen varias hipótesis. Una, es que no lo emprendieron juntos; en otras palabras, Peña Nieto decidió desatar esta nueva ofensiva contra Anaya sin ni siquiera alertar a la campaña del candidato de su partido, prefiriendo evitarse la discusión con él, y evitarle el dilema de estar de acuerdo o discrepar. En vista de la subordinación completa de Meade a Peña Nieto parece difícil, pero no es totalmente descartable esta interpretación de los hechos.

Una segunda hipótesis consiste en pensar que, partiendo del acuerdo completo entre Peña Nieto y su candidato, hayan decidido que todavía convenía hacer un último intento por descarrilar a Anaya, y creyéndose sus propias encuestas, tan buenas o malas, tan cuchareadas o no como otras, que todavía tenían alguna posibilidad de ocupar el segundo lugar y de esa manera ayudar en alguna medida a los candidatos priistas a diputados y senadores. Las nueve gubernaturas ya están perdidas, pero no es imposible mejorar un poco el resultado a favor de la próxima camada de legisladores. Si bien prácticamente no existen encuestas que confirmen esta hipótesis, es perfectamente factible que en la burbuja que habitan Peña y su camarilla desde hace algún tiempo puedan haberlo pensado.

Circula la versión desde hace semanas que, al empezar a revisar los bienes muebles, en el sentido más amplio de la palabra, que hoy se ubican en Los Pinos, la primera dama hubiera comentado que tal o cual artefacto o sillón mejor se quedaba porque “le va a gustar a Juana”. Dicho de otro modo, es posible que todavía piensen, no sólo que pueden quedar en segundo lugar, sino que incluso siguen acariciando la noción de poder ganar. Me parece improbable esta hipótesis, pero tampoco es del todo descartable.

La tercera, y quizá la más factible, es que no quieren correr el riesgo, ni remotamente, de que el pacto de Peña con AMLO no fructifique. Bastante le va a costar a Peña Nieto y a su equipo con amplios sectores de la sociedad mexicana el haber sido responsables del triunfo de Andrés Manuel si este llegara a suceder. Pero si además pactaron con él y pierde, pues es el peor y más tonto de todos los mundos posibles. Sólo eso faltaba. Mejor tratar de acomodar un tiro de gracia a la candidatura del Frente para no correr ningún riesgo. Me parece que esta es la explicación más plausible.

El problema con ella es que no es seguro que funcione. La respuesta de Anaya, el ligero ascenso que venía experimentando desde antes de las denuncias del Gobierno y de Ernesto Cordero, los exabruptos irreconocibles de parte del candidato del PRI –violando toda legalidad y protocolo– pueden no surtir efecto. Más aún, a juzgar por la eficacia de la respuesta de Anaya y su preparación para el tercer debate, así como la aceptación generalizada, en sectores neutros o independientes de la sociedad, de la tesis del pacto entre EPN y AMLO, no es seguro que aún bajo esta explicación prospere la nueva ofensiva.

Lo bueno es que falta poco, y que todas las hipótesis, las especulaciones, las dudas y mentiras se disiparán a partir del 2 de julio. Ahí veremos quién tuvo razón en cada parte del análisis y del consiguiente comportamiento, y quién no. Quién inventó acusaciones y quién no. Quién fue responsable del resultado, cualquiera que este sea. Siempre llega el ajuste de cuentas. De ese no se escapa nadie.
11 Junio 2018 04:06:00
El Pacto EPN-AMLO no incluye a Trump
Las enormes dificultades que han vivido los negociadores canadienses y mexicanos en su esfuerzo por alcanzar de prisa un acuerdo con Donald Trump sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, debieran poner a pensar a partidarios pensantes de Andrés Manuel López Obrador. Sí los hay –no muchos–, pero su fe ciega en “el pueblo” y su obsesión –compartida con “el pueblo”– por ganar, por una sola vez por lo menos y al fin (el equivalente social y político del quinto partido) les impide ver el tremendo lío en el que se va a meter al país si se salieran con la suya.

Recapitulemos rápidamente. Las negociaciones se atoraron por los cinco o seis puntos en litigio, dejados hasta el final. Esos requieren decisiones políticas, de Trump, Trudeau y Peña Nieto, no de los técnicos: cláusula sunset; reglas de origen para la industria automotriz; tres capítulos de solución de controversias; estacionalidad de productos agrícolas. La imposición de aranceles sobre importaciones norteamericanas de aluminio y acero procedentes de Europa, Canadá y México primero fue una espada de Damocles para el TLCAN, después se convirtió en un litigio adicional en sí mismo; y ahora, debido a las represalias mexicanas y sobre todo canadienses, se ha transformado en el detonador de una crisis mayúscula en la relación entre Estados Unidos y Ottawa. Pero además, debido a la asimetría evidente entre los tres países, Trump ha abierto ahora un nuevo frente, a saber, la opción de construir dos acuerdos bilaterales, en lugar de uno trilateral. Todo esto en el contexto de una virtual guerra comercial de Washington con la Unión Europea, con China, con Canadá e incluso con México.

De verdad ¿AMLO y su equipo de colaboradores pueden con esto? ¿Queremos un presidente que no ha dicho una sola palabra sobre el conjunto de temas relacionados con Estados Unidos, el TLCAN, la OMC, Trump, etc? Insisto: las personas pensantes que apoyan a AMLO ¿están dispuestas a aventar al país a una barranca como la que ha abierto Trump? ¿Creen en serio las tonterías sobre la mejor política exterior siendo una buena política interior, y hacer entrar en razón a Trump?

Quizás la mayor irresponsabilidad no radica en los partidarios activos, entusiastas, comprometidos, de AMLO. Se ubica en el pacto Peña-López Obrador y la increíble falta de sentido del Estado y de nobleza por parte de Peña Nieto, al anteponer su propio pellejo a la suerte del país. Entiendo la lógica del pacto para López Obrador; a cambio de la promesa de un simple indulto, que puede revertir en el momento que quiera, rompe el monolito de los poderes fácticos que le imposibilitó ganar en 2006 y en menor medida en 2012. Pero para Peña Nieto y sus colaboradores, las consecuencias son incalculables.

El pacto no es trasladable a Trump. Peña puede allanarle todos los caminos a AMLO salvo uno: el de Washington. Ni puede amarrar un acuerdo con Estados Unidos antes de irse –siempre se trató de una quimera–, ni habrá cómo transmitirle a AMLO el “mundo” que el mismo nunca tuvo, pero que por lo menos adquirió a lo largo de seis años en Los Pinos. Por eso, el pacto es criminal; y por eso, la única solución frente al desastre de Trump es Anaya.
08 Junio 2018 04:07:00
El pacto de los ardidos
El pacto de inmunidad de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto está dando mucho de que hablar. Columnistas (Pablo Hiriart) lo desmienten o lo vaticinan (José Antonio Crespo), AMLO considera mi insistencia una “volada”, Ricardo Anaya reitera su convicción de que existe, y en los pasillos, prácticamente todo el mundo lo da por hecho, sin animarse a decirlo en público. En vista del revuelo, conviene volver sobre el tema. Fernando Henrique Cardoso ha dicho, a propósito de la democracia brasileña, que un Presidente en funciones no puede imponer la elección de un sucesor afín, pero que sí puede evitar la elección de uno adverso. Algo de eso hay de cierto en México también.

Zedillo hizo lo posible por asegurar el triunfo de Francisco Labastida hasta finales de mayo del 2000, pero a partir de ese momento, al percatarse que su gallo estaba muerto, no buscó impedir la victoria de Fox.

Es sabido, igualmente, que Vicente Fox y Felipe Calderón lograron impedir el triunfo de AMLO en 2006 y 2012, el primero entregándole a un candidato (no el suyo) de su partido; el otro, al PRI. En los tres casos se produjo algún tipo de pacto o entendimiento, tácito o explícito, mutuo o de simple tersura, aunque en el caso de Calderón y Peña Nieto, periodistas que distan de ser antagónicos a la causa de AMLO, como Álvaro Delgado de Proceso, han sugerido que el acuerdo llegó mucho más lejos.

Por tanto, no tendría nada de extraño que se haya producido una convergencia entre AMLO y EPN, donde los intercambios, ya señalados en estas páginas, son evidentes. Lo que es obvio, sin embargo, es que no existe ninguna señal de que Peña Nieto recorra el camino de Calderón y Fox: no se propone cerrarle el paso a AMLO, como se lo sugirieron empresarios, políticos, intelectuales e inversionistas, de manera directa o indirecta.

Asimismo, cualquier plática con un colaborador de las campañas del PRI desemboca de modo ineluctable con el lamento por la falta de recursos, de nuevos logros del Gobierno y de apoyos de Los Pinos. Peña claramente ha comenzado a sacrificar a su candidato, por razones parecidos a las de Zedillo en 2000 y de Calderón en 2012: sus gallos no levantaron.

La lógica indica que un corolario de este comportamiento consistiría en ayudar a AMLO con apoyos significativos de toda índole, a cambio de la impunidad que Peña necesita con cierta
desesperación.

No veo por qué se exasperan tanto unos y otros ante estas afirmaciones, primero que nada obvias, en segundo lugar especulativas, salvo a través de pruebas circunstanciales, y enunciadas por un candidato que supuestamente no tiene futuro, y un coordinador que tampoco.

Lo interesante del asunto es la virulencia con la que AMLO, el Gobierno y sus voceros han respondido. Es una “volada”, es “tóxico”, es “absolutamente falso”. Han dejado pasar innumerables comentarios, entrevistas y artículos míos sin chistar. Parece que este sí caló. Me da mucho gusto que así sea. No sólo porque estoy absolutamente convencido que es cierta la tesis del pacto de impunidad, no sólo porque trataré de combatirlo como lo hice con Calderón y Peña, sino porque pienso que con los votantes indecisos y los resignados de AMLO, el pacto puede ser más “tóxico” que yo. Más aún: entre algunos, puede ser kryptonita.
06 Junio 2018 04:06:00
Comisión de la verdad
Somos muchos los que desde hace años interminables hemos pugnado por la idea de una comisión, o varias comisiones, de la verdad, de justicia y de investigación en México.

Tuve la oportunidad de hablar de ello, en compañía de Margarita González Gamio, con Diana Laura Riojas de Colosio en 1994. Luché por ello antes de la toma de posesión de Vicente Fox en el 2000 y durante los primeros dos años de su Gobierno. He defendido la idea en múltiples foros internacionales, no sólo para México sino para muchos otros países donde se ha realizado. Y por último, en tiempos recientes, junto con muchos otros, he empujado esta idea dentro de la campaña de Ricardo Anaya, en particular con el agregado de la cooperación internacional, tomando como ejemplo –no como modelo– la CICIG en Guatemala.

Por eso no puede más que ser motivo de gran alegría y satisfacción que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas haya fallado ayer que la solicitud de amparo presentada por familiares de las víctimas de Ayotzinapa y por cuatro de los procesados ante la desaparición de los 43 estudiantes, se debe crear una comisión de investigación de la verdad, compuesta por la CNDH, los familiares de las víctimas, la PGR, y el Ministerio Público, para reponer enteramente el proceso, ya que la investigación del caso no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.

El Tribunal Colegiado afirma con o sin razón, y creo que con razón, pero ya lo verá la Suprema Corte en algún momento, que las instancias de administración de justicia mexicana existentes no funcionan. Sostiene que por un lado, el hecho de no haber interrogar o escuchar o investigar a otros posibles actores en la masacre de los 43 estudiantes –el Ejército, la Policía Federal– y aceptar testimonios de personas que fueron efectivamente torturadas o que la PGR no pudo demostrar que no lo fueron, invalida la llamada “verdad histórica”.

Yo no sé si la verdad histórica es verdad o no. No descarto, sería deshonesto de mi parte decirlo, que en efecto la “verdad histórica” haya sido verdad, pero lo que resulta evidente es que el proceso, el sistema, el andamiaje, la estructura de la administración y procuración de justicia en México, no sirve de nada. Y por eso el Tribunal Colegiado pide que se construya una institución ad hoc para paliar esa insuficiencia.

¿Prosperará la comisión de investigación de la verdad ordenada por el Tribunal Colegiado? Quien sabe. Sin duda el Gobierno la llevará a la Suprema Corte; EPN ha podido “cargar” la Corte a un grado tal que posiblemente cualquier fallo contrario al propio EPN o a su legado sea rechazado.

También es posible que, aunque la Corte respaldara al Colegiado, los obstáculos financieros, burocráticos, jurídicos y de todo tipo, resulten tan adversos que no sea posible avanzar por esta vía, pero por el momento se trata de un avance considerable.

¿Qué falta? En primer lugar, la cooperación internacional. Afortunadamente, en esta materia, la aportación del GIEI aceptada por Peña Nieto –debe reconocérsele el hecho de admitirlo, quizás sea uno de los mayores aciertos de su Gobierno– sentó un precedente para que dicha comisión de la verdad, dictaminada por el Tribunal Colegiado, pueda contar con esa asistencia.

En segundo lugar, el hecho de que sea la CNDH y los familiares de las víctimas que determinen las líneas de investigación de la comisión de la verdad, sienta un precedente. El precedente puede o no tener continuidad. Ya veremos, pero el hecho de que en la jurisprudencia mexicana ya nadie pueda alegar que se trata de injerencias externas, ideas exóticas, tesis ajenas a nuestra idiosincrasia, o cualquier otra imbecilidad diaz-ordacista, es un gran avance.

Gracias al Tribunal Colegiado radicado en Tamaulipas.
04 Junio 2018 04:13:00
El nuevo pacto de impunidad
No tiene nada de raro que López Obrador haya montado una campaña a favor de la inevitabilidad de su victoria. Siendo altamente discutible el fondo, la lógica del arroz cocido es impecable: ya gané, y entre más gente crea que ya gané, más probable se vuelve que gane. El capítulo más discutible de esta campaña yace en su corolario: hasta Peña Nieto ya sabe que ya gané, está actuando en consecuencia y se comienza a fraguar el nuevo pacto de impunidad.

Las señales son múltiples, y convincentes. Yeidckol Polevnsky ensalza a Raúl Cervantes, once and future candidato de EPN para ocupar un asiento en la Suprema Corte y para cuidarle sus vulnerables espaldas. La misma dirigente de Morena sentencia que Alejandro Gutiérrez es un preso político de Javier Corral, y lamenta lo que ha padecido Manlio Fabio Beltrones por culpa del gobernador de Chihuahua. El Partido Verde abandona al PRI en Chiapas, lanza su propio candidato a gobernador, que ipso facto, llama a votar por AMLO. Este último, a su vez, emite una declaración insólita, que se agrega a sus diversos indultos anteriores a EPN, en la que llama a “respaldar al Presidente hasta que termine su mandato”, y establece una serie de condiciones para el período de transición.

Entre ellas figuran la vigencia de una política económica única (falso: el presupuesto 2019 se elabora al alimón entre los dos equipos), la autonomía de Banxico, una aceptación tácita de que EPN conduzca las negociaciones con Estados Unidos hasta el 30 de noviembre, y sobre todo, un rechazo a “juzgar” al sexenio de Peña Nieto, después de haberse pasado más de cinco años criticando y denostando todo lo que se ha realizado durante ese lapso. Cómo un líder opositor puede abstenerse de “juzgar” a su adversario en plena campaña electoral rebasa mi entendimiento, pero no parece perturbar mayormente los números de AMLO en las encuestas.

Lo normal sería que una candidatura que se nutre del repudio al gobierno y en particular a Peña Nieto, y que se ha fortalecido al llegar casi a monopolizar la postura antisistémica, no debiera poder cambiar de canal tan fácilmente y llegar a un acuerdo casi público con el objeto previo de su ira. O en todo caso de la ira de sus seguidores: estoy seguro que si se le preguntara a los votantes potenciales de AMLO si aprueban la idea de un pacto con EPN, la respuesta resultaría ser abrumadoramente negativa. Pero o bien no se han enterado, o no lo creen posible de su líder, o ya no les importa nada salvo ganar el 1 de julio.
¿Que obtiene cada quien en el pacto? Peña, la libertad para él y su familia. No es poca cosa. Del lado de AMLO, el intercambio es más complejo. Para empezar logra que lo que le faltó en 2006 y 2012, y que probablemente le costó ambas elecciones: evitar que le “echaran montón”. En esos comicios tanto Vicente Fox como Felipe Calderón jugaron a y organizaron la segunda vuelta virtual:

unificaron a todas las fuerzas y poderes fácticos en favor de una candidatura, la que rivalizaba con AMLO. Si creemos las versiones de innumerables columnas políticas y un video de Ricardo Monreal, Peña Nieto se negó a actuar de la misma manera que sus predecesores al pedírselo una representación de los grandes empresarios de México. Asimismo, todo sugiere que los gobernadores priistas –los pocos que quedan– no sólo no se están prestando al juego en cuestión, sino que tal vez hayan pactado el voto útil no a favor de Anaya, sino de AMLO. No debiera extrañar a nadie. Por último, Andrés Manuel recibe, por parte de los poderes fácticos sensibles a la influencia presidencial, un trato amable o francamente condescendiente, lo cual siempre es bienvenido.

¿Que dirá la historia del pacto de impunidad AMLO-EPN? Si el electorado no lo castiga –y creo que sí lo hará- el juicio podrá ser severo.
01 Junio 2018 04:06:00
Aranceles y TLC
La decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles de 25 y 10% a las importaciones de acero y de aluminio mexicanos (y a la Unión Europea y Canadá) abre un nuevo frente en la relación bilateral. En particular, más allá de las acertadas represalias mexicanas, y de la posibilidad de que esto se resuelva con alguna celeridad, complica enormemente la renegociación pendiente del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Hace dos meses, cuando Trump suspendió la aplicación de los aranceles a México y Canadá, muchos expertos sostuvieron públicamente –y varios funcionarios lo hicieron en privado– que se trató de un importante logro de México. Hubiera sido casi imposible mantener la renegociación del tratado bajo la amenaza de más aranceles, o en plena guerra comercial entre México y Estados Unidos. El gran logro parece nuevamente un argumento tramposo y engañoso: es la misma cantaleta del candidato del PRI a la Presidencia cuando sostuvo que la invitación a Trump en agosto del 2016 fue una gran idea porque, a diferencia de otros acuerdos internacionales, Estados Unidos aún no se ha retirado del TLCAN. Pero quizás el argumento válido sí era que afortunadamente dichos aranceles no se decretaron y eso permitía que las negociaciones siguieran su curso, lento o veloz, según el caso.

Si eso era cierto entonces, hace dos meses, entonces lo es también ahora a contrario sensu. Los aranceles muestran, en primer lugar, que México no ha sido objeto de un trato excepcional en relación a otros países, y también que, en efecto, negociar en estas condiciones con Estados Unidos y Canadá los litigios pendientes del TLCAN es, en la mejor de las hipótesis, extraordinariamente difícil, y quizás imposible. No sólo se trata de una espada de Damocles o, si se prefiere, de un condicionamiento inaceptable: si no hay acuerdo sobre el TLC, en el cual México ceda todo, se mantienen estos aranceles, e incluso puede haber otros, los de la industria automotriz, por ejemplo, que también ya están bajo estudio invocando la misma cláusula de seguridad nacional.

Sobre todo, se ve difícil que el ambiente y la cordialidad necesarias para que una negociación tan compleja y que ya lleva casi un año, pueda darse –insisto–, en circunstancias de una cuasi guerra comercial. Son los mismos negociadores los que atienden el tema de los aranceles y de las represalias, los que buscan acuerdos sobre las reglas de origen o la cláusula Sunset, o los capítulos de solución de controversias. Son los mismos gobiernos que se pelean por un lado en la plaza pública comercial, y negocian supuestamente con toda discreción temas como la estacionalidad agrícola, y las compras de Gobierno.

No es imposible tratar de encapsular el TLC, o los aranceles, y decir con toda inocencia que lo uno no debe contaminar lo otro. En el mundo real eso no es así. Peña había dicho hace casi un año y medio que buscaba una negociación integral con Estados Unidos: no sólo lo comercial sino también lo migratorio, la seguridad, el combate al narco, etcétera. Ahora resulta que hay quienes no sólo no desean una negociación integral de todos los temas, sino que incluso quieren rebanar lo comercial: por un carril los aranceles y las represalias, por el otro el TLCAN. Lo único razonable en este momento, sobre todo a un mes de las elecciones presidenciales, es suspender las negociaciones y dejarlas en manos del Gobierno y del Senado que vienen. Es la forma estadista y responsable de hacerlo.
30 Mayo 2018 04:07:00
Anaya en la Ibero
En 2012, Enrique Peña Nieto aceptó una invitación de alumnos y profesores de la Universidad Iberoamericana para tener un diálogo con ellos en la sede de Santa Fe de dicha universidad. Como muchos recordarán, fue a raíz de aceptar esa invitación que pasó por uno de los momentos más difíciles, si no el más adverso, de su campaña presidencial de aquel año. Fue increpado, interpelado, criticado, abucheado y finalmente casi perseguido por los pasillos y los baños de la institución académica. No fue tanto por el mero hecho de haber ido, sino por haberse equivocado de público: querer afirmar una posición “de estado” frente a los enfrentamientos del 2011 en Atenco, en lugar de mostrar comprensión y tolerancia en relación con los manifestantes en esos incidentes, por lo menos ante un público estudiantil.

Ahora, la Ibero vuelve a invitar a los candidatos, y Andrés Manuel López Obrador ha respondido que no acudirá a la universidad. Se entiende su renuencia a hacerlo. No tiene nada que ganar y mucho que perder. Su ventaja es grande, parece, según algunas encuestas; los estudiantes, de nuevo parecen, según varias encuestas, estar de su lado; y el riesgo de que se tropiece, balbucee, trastabillee o francamente meta la pata en un diálogo espontáneo, de ida y vuelta, y poco organizado, es elevado. Es el peor escenario posible para López Obrador, y es muy entendible que se niegue a enfrentar ese peligro o, mejor dicho, ese auditorio. Serán muchos partidarios de los estudiantes universitarios, pero una cosa es tenerlos de aliados en las redes sociales, o en su caso en algunos mítines muy organizados, y otra es asistir a un encuentro con ellos en su terreno, no en la zona de confort de López Obrador.

En cambio, Ricardo Anaya tomó la decisión audaz y sin duda arriesgada de aceptar la invitación. Acudirá a la Ibero y sostendrá ahí el diálogo que deseen los estudiantes, seguramente negociando previamente en algunos de sus aspectos. Podrá así responder a sus preguntas, enfrentar sus dudas y críticas, y someterse a la posibilidad de que algunos sectores, ya sea partidarios de López Obrador, ya sea provocadores del PRI, busquen ponerlo en evidencia o “reventar” el evento. Sin duda, eso no sucederá, ya que la inmensa mayoría de las autoridades, los profesores y los estudiantes de la Ibero respetan la libertad de expresión y las mínimas reglas de cordialidad y civilidad necesarios cuando uno invita a alguien a su casa.

De José Antonio Meade no sabemos aún si acudirá, si irá a la Ibero y, por tanto, es difícil vaticinar cuál será el desenlace de su asistencia en caso de que la hubiera. Sin embargo, todo parece indicar que tampoco se trata de un recinto apto para él, y muy probablemente buscará la manera de declinar la invitación.

Tendría también mucho que perder, si las cosas salen mal, como es probable que salieran, y poco que ganar, ya que, si muchos estudiantes pueden albergar dudas ante Ricardo Anaya, prácticamente todos las albergan frente al candidato del PRI. No iría Meade a la Ibero, sino el candidato del PRI, el colaborador y el delfín de Peña Nieto. Peores recomendaciones, imposible.

Ha habido momentos emblemáticos en distintas contiendas presidenciales, además de la de 2012, en varias universidades. Es posible que la visita de Anaya a la Universidad Iberoamericana sea uno de esos momentos. O tal vez termine por no encerrar mayor interés, ya que los medios posiblemente decidan, o bien ignorarla o bien enfocar toda su atención en los posibles incidentes menores o poco representativos que tengan lugar. Pero por lo menos Anaya lo habrá intentado. A diferencia de López Obrador, que cuya decisión se resume en dos palabras: “le sacó”.

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